En el marco del fin de semana largo por Semana Santa, la provincia de Entre Ríos fue escenario de un amplio despliegue de controles rurales y náuticos que arrojaron resultados significativos en materia de prevención del delito. Dentro de ese esquema, Gualeguay tuvo un rol central, tanto por la articulación operativa como por su intervención en procedimientos clave.

La Dirección General de Prevención de Delitos Rurales llevó adelante acciones coordinadas en distintos departamentos, entre ellos Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy. Como resultado, se logró el secuestro de un total de 21 armas de fuego en operativos realizados en zonas rurales y en el río Paraná, en un contexto de mayor circulación de personas y embarcaciones.

Uno de los hechos más relevantes tuvo vinculación directa con Gualeguay: un hombre fue detenido en la zona de islas frente a Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, y posteriormente trasladado a la Jefatura local, quedando alojado en la Alcaidía de la ciudad por disposición de la Fiscalía interviniente.

En paralelo, los operativos permitieron decomisar más de 665 kilos de pescado en el departamento Victoria. Según se informó, la mercadería era transportada sin cumplir las condiciones sanitarias exigidas, además de detectarse especies protegidas y ejemplares por debajo del tamaño reglamentario.

Asimismo, se realizaron controles sanitarios en otras zonas de la provincia, como Federación y Feliciano, donde se detectó la presencia de garrapatas en tropas de ganado vacuno. Ante esta situación, intervino la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (FUCOFA), que dispuso el retorno de los animales a su lugar de origen para evitar la propagación del parásito.

Más allá de los resultados globales, la participación de Gualeguay en estos procedimientos volvió a poner de relieve su ubicación estratégica dentro del mapa provincial. Desde la ciudad no solo se coordinaron acciones, sino que también se concretaron traslados y actuaciones judiciales que forman parte del engranaje operativo.

Además, en el marco de los operativos “Campo Seguro”, se intensificaron controles en distintos puntos de la provincia, incluyendo zonas cercanas a Gualeguay, con el objetivo de reforzar la prevención del delito rural y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

De este modo, el balance del fin de semana largo dejó en evidencia un trabajo articulado entre fuerzas de seguridad y organismos de control, con Gualeguay como uno de los puntos neurálgicos en la lucha contra las infracciones rurales y ambientales en Entre Ríos.

El Consejo Federal está integrado por los poderes del Estado, entre ellos los ministerios nacionales, un representante de cada una de las provincias, la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y tres organizaciones de la sociedad civil. La coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, Silvina Calveyra, participó en su rol de consejera en representación del gobierno de la provincia de Entre Ríos.

El inicio estuvo a cargo del viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, junto a autoridades nacionales y de todas las jurisdicciones, quien "destacó el esfuerzo de todos los gobiernos provinciales para estar presentes en el conclave, anunciando la puesta en vigencia del Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del delito de trata de personas", explicó Calveyra.

Posteriormente, se desarrolló el orden del día previsto, presentación del Informe Anual del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; del Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas; del Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas 2024-2026; análisis de las propuestas respecto del destino de los bienes puestos a disposición del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, en el marco de Legajo Fiscal; para luego continuar con el trabajo de las Comisiones Permanentes.

"Durante la sesión plenaria se destacaron pautas en referencia a la restitución de derechos a víctimas, la eliminación del fondo fiduciario, por los altos costos que generaba en su mantenimiento y el proceso burocrático que significaba para la asistencia eficaz; y su reemplazo por un mecanismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación de asistencia directa a víctimas, con recursos provenientes de bienes decomisados, con la finalidad de lograr mayor operatividad en el sistema de restitución", explicó Calveyra.

Asimismo, comentó que, "en materia de asistencia a víctimas, se pone en vigencia el programa nacional Restituir Derechos, bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, con el fin de garantizar la restitución de derechos al momento del rescate. Está destinado a víctimas en autos de procedimiento judicial desde la fecha de aprobación de la resolución 246/25. Consiste en una asistencia económica por tres meses con posibilidad de prórroga, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil". También el programa incluye otra línea de "acompañamiento para la inclusión laboral y social", equivalente a medio salario mínimo, vital y móvil por igual periodo", agregó.

"La Trata de Personas es un delito complejo, dinámico, que modifica su modus operandi a medida que se lo persigue; un delito que no distingue rango etario, género o situación socio-económica, en sus diferentes modalidades, donde la primera fase de ofrecimiento y captación se ha modificado mediante la utilización de nuevas tecnologías, sitios, aplicaciones, plataformas digitales, streaming, juegos online, entre otras; en este sentido es fundamental continuar fortaleciendo las acciones de prevención, detección de indicadores y alertas tempranas", acotó.

Por último, destacó que "la gestión del gobierno provincial ha puesto entre las prioridades de su agenda la prevención, persecución y combate al delito,  entre ellos el de trata de personas y delitos conexos. Esta decisión nos permite desarrollar políticas públicas en un sentido integral, con la experticia del delito complejo; lo que quedó plasmado en la XXII reunión del Consejo Federal", concluyó.

Hace un mes y medio el nombre de Ayelén Paleo volvió a irrumpir la agenda luego de que se conociera la noticia de que su madre, Elizabeth Rodrigo, había sido arrestada y acusada de formar parte de una red de trata. Luego de más 40 días en prisión, Elizabeth recibió la libertad, si bien seguirá bajo investigación y se cambiará la carátula de su caso, habló por primera vez.

Decidió hacerlo en el aire de Intrusos (América TV). "Cuarenta y ocho horas, más o menos. Acá estoy, consternada por todo, por todas las acusaciones hechas contra mí, graves, delitos graves, y me han imputado como jefa de una banda de trata. Tremendo todo. La verdad que… Bueno, estuve muy mal, a partir de ahora voy a demostrar, por supuesto, mi inocencia. Ya estoy en libertad, pero bueno, tantas injurias, tantas calumnias“, comenzó diciendo Elizabeth en comunicación telefonía con el ciclo de América.

“Nadie sabe lo que es hasta que uno llega ahí. Es estar privada de tu libertad. No sabés qué está pasando afuera, nadie te dice nada. Es muy feo, muy triste. Es muy duro, es horrible, horrible lo que te puede pasar”, contó acerca de lo que vivió al estar tras las rejas. Y siguió: “Es una prisión. Lo que se ve en las películas, en una prisión. Igual. Literal, lo mismo. Si bien a mí, este, trataban… Me cuidaban en el sentido que no me lastime, pero bueno, es eso, la cárcel es eso“.

Durante el tiempo que estuvo en la cárcel la mantuvieron aislada del resto de las reas, con la intención de cuidarla: “Yo estaba aislada y solo tenía una hora para ver la luz del día, digamos, dentro de tu celda, no sabés si es de día, de noche, siempre está una luz artificial y que te controla mucho si estás bien“.

Cuando le consultaron acerca de como fue el momento del allanamiento, contó: “Ellos me golpean la puerta y yo pienso que me estaban robando. La verdad es esa. Entraron por una puerta de servicio y les dije que esa puerta estaba cerrada, realmente no sé dónde estaba la llave. Le dije: ‘Por favor, entren por la puerta principal’. Y me puse a derecho. Lo primero que hice fue entregarles mis teléfonos, eh, todo el material que buscaban. Les pasé mis claves, porque es lo, es lo que quise hacer, pasarle mis claves, porque yo no tengo nada que ocultar”.

Rodrigo hace tiempo se dedica a la fotografía erótica, pero ella nunca consultó acerca de para que propósito iba a utilizar las imágenes que salieron de la sesión de fotos: “Te doy un turno para fotos en mi agenda, cuando ella llega a mi estudio, le pregunto el vestuario que quiere usar, traerse un vestuario, yo tengo un vestuario en mi casa. Hablamos de qué tipo de fotos le gustaría hacer. Puede ser para vender contenido, para una campaña publicitaria, puede ser para muchas cosas. No todos los casos son iguales, tampoco les pregunto tanto de eso“.

“No sé por qué me hicieron tantas acusaciones, son delitos atroces. No creo que alguien me haya traicionado. Yo hago mi trabajo en forma profesional, hago todo con mucho amor, mucha paciencia, solamente estoy muy consternada por todo esto”, aseguró Elizabeth.

Debido al nombre de su hija y los escándalos que la supieron unieron a Carmen Barbieri y Santiago Bal, el caso adquirió una veta mediática, en la que la propia Carmen decidió opinar. Por esta razón, Adrián Pallares, uno de los conductores de Intrusos quiso saber si había escuchado lo que la capocómica había dicho de ella.

“Sinceramente, trato de no escuchar porque si no me hago peor mala sangre de la que… como estoy, imaginate. Hay gente que se alegró por verme presa”, fue lo que dijo la mujer y sumó: “Me han contado un montón de cosas, pero hay gente que se alegró. Pero la verdad que eso, con el tiempo, mis abogados, el doctor Fernando Burlando y el doctor Juan Tiberio, que han trabajado en forma constante, me han acompañado en todo momento, me han contenido. Yo en estos momentos estoy muy sobre mi persona. Me tengo que recomponer, porque no es fácil todo lo que me está pasando

El procedimiento fue posible gracias a un trabajo mancomunado entre distintas fuerzas de seguridad. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el funcionario de la Brigada jurisdiccional, Maximiliano Fernández Arellano, explicó:

"Se concretó un operativo conjunto entre nuestra dependencia de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, la Comisaría 3ra. de la Sección Islas, el Comando de Prevención Rural San Nicolás, la DDI y la Comisaría 2da. de San Nicolás. Gracias a la colaboración entre estas fuerzas, pudimos avanzar en el esclarecimiento material y de autoría del hecho."

Según precisó, las tareas investigativas realizadas tanto en Entre Ríos como en Buenos Aires permitieron recolectar indicios sólidos, los cuales fueron presentados ante la Justicia. A partir de las pruebas aportadas, se autorizaron allanamientos en San Nicolás, donde se encontraron elementos clave que vinculan al detenido con el delito de abigeato.

Durante el allanamiento en San Nicolás, los efectivos policiales lograron el secuestro de cortes cárnicos, una balanza, ganchos tipo carniceros y una escopeta de dos caños. Este último elemento tenía un pedido de secuestro activo desde el año 2014, lo que refuerza la hipótesis de la participación del sospechoso en actividades delictivas.

Tras el procedimiento, el imputado fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguay, donde quedó a disposición de la Fiscal Dra. Mariángeles Shell. Si bien el acusado quedó supeditado a la causa, la investigación continúa para determinar si hay más personas involucradas en la organización delictiva.

El abigeato, delito que afecta severamente a los productores rurales, ha sido una preocupación constante en la provincia de Entre Ríos, donde las fuerzas de seguridad trabajan de manera articulada para combatir este flagelo. Desde la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales destacaron la importancia de estas acciones y reafirmaron su compromiso en la protección del sector ganadero y la lucha contra el cuatrerismo en la región.

Los productores de la zona han valorado el accionar policial y esperan que este tipo de operativos continúen desarticulando bandas delictivas dedicadas al robo de ganado y faena clandestina.

FUENTE: FM Estación Plus

En ese sentido en aguas del Río Gualeguaychú se identificó a personas que estaban acampando en la costa, quienes navegaban en un bote y utilizaban para ejercer la pesca dos trasmallos de 50 metros de longitud que calaban en el agua atravesando el Río de orilla a orilla.

De igual manera y en la zona del Paso Corralito, en Larroque, y en aguas del Río Gualeguay, se identificó a larroquneses que regresaban de pescar con tres trasmallos de medidas antirreglamentarias, artes de pesca ilegales para ser tendidas en esa zona.

Tanto el Río Gualeguaychú y el Río Gualeguay, están considerados en el Decreto N° 4671/69 M.E.0 y S.P cómo zona de reserva, dónde solo se habilita la Pesca deportiva con cañas y lineas de mano, y se prohíbe la utilización de artefactos fijos para desarrollar dicha actividad.

Los brigadistas llevaron a cabo una operación crucial en respuesta a varias denunciadas efectuadas por un productor de la zona que venía siendo víctima de hechos de abigeato bajo la modalidad de carneada, por lo que en relación a eso personal de la Brigada Quebracho desplegaron diferentes actividades operativas en puntos estratégicos de la zona para dar con los delincuentes.

Es por eso que en esta oportunidad al momento que los brigadistas se encontraban realizando recorridas peatonales en inmediaciones de los campos del establecimiento Santa Sofía, por zona de circunvalación, lograron detectar a tres masculinos con mochilas cargadas que venían saliendo del interior del campo, quienes al darles la voz de alto emprendieron la fuga por el monte, descartando las maletas, en las cuales llevaban diferentes cortes cárnicos de animal bovino, con resto de pasto, tierra y pelo; fue así que inmediatamente los agentes del orden implementaron un exhaustivo rastrillaje en forma peatonal en la zona, y utilizando el apoyo de herramientas apropiadas para el lugar como son visores térmicos, lograron aprehender a dos de estos sujetos, uno de 28 y el otro de 26 años de edad con domicilio en barrio Hipolito Irigoyen de la localidad de Santa Elena, mientras el restante consiguió darse a la fuga.

Inmediatamente en comunicación con la Fiscal en Turno, se ordenó el secuestro de la carne y demás efectos, y la aprehensión y puesta a disposición de ambos delincuentes y su traslado a la Jefatura de Policía Departamental La Paz donde quedaron alojados a disposición del Juzgado de Garantía y Transición de esa ciudad.

Continuando con la investigación, lograron individualizar el sujeto prófugo, y durante el transcurso del jueves 23 los brigadistas de Quebracho con el apoyo de sus pares de la Brigada La Paz, realizaron un allanamiento en el domicilio del mismo, también del Barrio Hipolito Irigoyen de la localidad de Santa Elena, donde secuestraron prendas de vestir con barro y manchas de sangre que guardarían relación al hecho investigado, habiéndose individualizado correctamente al autor en el domicilio allanado el cual quedó supeditado a la causa.

También en Gualeguay

También la Brigada de Gualeguay, por la noche del miércoles, mientras patrullaban la zona de segunda Sección Chacras, al oeste del camino a Puerto Ruiz, en el departamento Gualeguay, divisaron a dos ciudadanos sexo masculino que venían saliendo del interior de un campo con bolsas plastiyeras bien cargadas y al darles la voz de alto emprendieron la fuga, descartándose en el lugar del cargamento que llevaban y que se trataba de cortes cárnicos de un animal bovino faenado recientemente, robado a un productor de la zona, además de los cuchillos utilizados para el hecho y otras herramientas afines.

Inmediatamente los brigadistas emprendieron un arduo rastrillaje en la zona pero no lograron localizar a los malhechores. Continuando con la investigación dieron intervención a la fiscalía en turno de la ciudad de Gualeguay quien dispuso el secuestro de lo hallado en el lugar, además de proseguir la investigación a fin de individualizar a los prófugos.

Esta operación refleja el compromiso de las autoridades en la lucha contra el abigeato y su determinación para hacer justicia en beneficio de los productores rurales y la comunidad en general.

El secuestro de armas de siete armas fuego de distintos calibre, cartuchería, miras telescópicas, e incluso visores térmicos, fue el saldo de los operativos llevados a cabo este fin de semana por la Dirección Prevención de Delitos Rurales en distintos puntos de la provincia.

En un operativo realizado en conjunto con personal del Destacamento Cabo Blanco en Arroyo Martínez, Mosquito y La Tinta se identificó un número importante de personas que se conducían en distintos tipos de embarcaciones.

La información policial señala que “fueron identificados tres hombres mayores de edad en posesión ilegal de armas de fuego”. Allí se secuestró una carabina calibre .22 con seis cartuchos y una escopeta calibre 12 UAB sin marca visible con cuatro cartuchos. Los poseedores no contaban con la documentación legal exigida por Ley para la tenencia de armas de fuego.

En la ciudad de Bovril y ejido Colonia Viraro, y en el marco de un hecho de abigeato, se realizaron tres allanamientos con el secuestro de un arma de fuego. Los allanamientos se cumplieron en los barrios San Martín y Juventud Unida. Se secuestraron elementos de interés para la investigación. La información señala que en la vivienda allanada en el Barrio San Martín se secuestraron armas calibre 12; 19, cartuchos calibre 30-06; 32 proyectiles de distintos calibres y una mochila con sangre y demás elementos de interés para la causa.

En tanto, personal de Brigada Tala, secuestró una carabina calibre .22 en la ruta 12 y acceso a Gobernador Echague.

Finalmente, las Brigadas de Gualeguaychú, Gualeguay y Uruguay, secuestraron tres armas de fuego con miras telescópicas, cartuchería y un visor térmico.

En circunstancias que los uniformados se encontraban realizando operativo y vigilancia, logran divisar saliendo del campo «El Coroniyo», a cuatro masculinos mayores de edad, de 25, 30, y dos de 32 años, todos domiciliados en la ciudad de Victoria.

Los mismos salían con bolsos tipos maletas cargándolos en el baúl de un vehículo marca Fiat Siena perteneciente a la empresa TAXI LIBRE de la ciudad de Victoria, siendo inmediatamente interceptados y demorados en el lugar, ya que en las maletas trasladaban 180 kilogramos de un animal vacuno, además de un arma de fuego tipo carabina calibre 22.

Minutos más tarde se constata dentro del establecimiento «El Coroniyo», los restos del animal ultimado con dos disparos de arma de fuego en su cabeza.

En comunicación con la fiscalía en Turno Dra. Ana Paula Elal, ordena el secuestro del animal faenado, el arma de fuego y el remis utilizado en el ilícito; además de la detención de los cuatro masculinos, quienes quedaron aprehendidos por el delito de abigeato en flagrancia y fueron trasladados hacia Jefatura Departamental Gualeguay a disposición de la fiscalía interviniente.

Ello era así porque en la pesca utilizaban redes (trasmallos) que están absolutamente prohibidas en los ríos y arroyos de nuestra zona.

Especialmente se identificó el paraje conocido como Paso Corralito como escenario habitual de los actos depredatorios, alertando de tal modo a las autoridades para que tomaran intervención.

Ello dio motivo a la inmediata intervención del personal de las brigadas pertenecientes a la Dirección de Prevención de Delitos Rurales tanto del departamento Gualeguaychú como de Gualeguay, que dispusieron un amplio operativo en aguas del Gualeguay, desplazándose en navegación en un amplio radio del curso de agua.

Fue gracias a ello que los brigadistas lograron decomisar  trasmallos que habían sido colocados en arroyos que desembocan en el río Gualeguay, identificándose también a los ocupantes de varias embarcaciones, en una de las que se encontró un arma de fuego larga, calibre 16, al igual que proyectiles para la misma, de la que su portador no tenía ninguna documentación respaldatoria de su propiedad ni autorización de uso.

Mientras lo actuado quedó a consideración de la UFI en turno de nuestra ciudad, los operativos de los policías rurales continúan en la zona antes detallada.

Menor extraviado en plena autovía artigas

Personal dependiente de Comisaría Talitas, departamento Uruguay, fue comisionado  a la estación de servicios  ubicada en el Km. 105 de la Autovía General Artigas (RN14) donde se requería la presencia policial.

Una vez en el lugar se entrevistaron con un chico de 14 años de edad, quien estaba asustado y manifestaba que viajaba con su familia rumbo a la localidad de San José, departamento Colón, a ver a un familiar.

De forma inmediata se dio aviso al puesto de Policía Caminera Bella Vista, logrando localizar a los padres del menor, quienes se trasladaban en un Ford Fiesta Max.

Posteriormente los progenitores del niño se hicieron presente  en la estación de servicios, donde manifestaron a los policías que efectivamente allí se habían detenido para hacer uso del sanitario, continuando después el viaje hacia Colón, sin percatarse de que en la parte trasera del vehículo no se encontraba su hijo, lo que recién advirtieron varios minutos después, emprendiendo el regreso inmediato hacía la estación, recibiendo entonces el alerta policial.

Pese al final feliz del episodio, igualmente todo fue informado a la UFI en turno en el vecino departamento.

Varios detenidos por peleas y resistencia a la policía

Las primeras horas de ayer domingo fueron de ardua tarea para efectivos policiales que tuvieron intervenir en actos de violencia.

Uno de los casos ocurrió poco antes de las 6 de la mañana en la zona de calle 25 de Mayo casi San Lorenzo, donde en el interior de un local bailable se originó una pelea entre varios individuos, encontrándose uno de ellos en la vereda con una herida cortante en su rostro producto de un golpe con un objeto contundente.

Los policías lograron identificar a los dos supuestos agresores, siendo aprehendido en el lugar un joven de 21 años de edad, mientras que el restante fue localizado  en las inmediaciones de Bolívar y Caseros.

Los individuos fueron conducidos a la Jefatura, donde quedaron alojados a disposición de la Fiscalía actuante.

La víctima, luego de recibir las curaciones pertinentes, radicó formal denuncia por la agresión recibida.

Más violencia

Otro caso ocurrió pasadas las 7 de la mañana, donde personal policial de la Sección Motorizada de la Departamental local intervino ante un incidente también protagonizado por varias personas en la zona de calle Brasil, casi Urquiza, en cercanías de locales bailables.

En esta ocasión los uniformados se dispusieron a   dispersar a los violentos, pero uno de estos intentó agredir a los policías con golpes de puño, pero fue reducido.

Fue entonces que otro joven pretendió intervenir  en ayuda de su compañero, tratando de interferir en el procedimiento policial, por lo que también fue reducido.

Estos individuos fueron trasladas a a la Jefatura Departamental, donde, al igual que los partícipes del otro incidente, también quedaron alojados a disposición de la UFI en turno.

Mientras los casos de delitos informáticos siguen en aumento en Argentina, trascendió que un nuevo método de ciberdelito llegó al país: el "SIM swapping", un fraude en el que los estafadores cibernéticos logran, mediante engaños, obtener información para poder clonar tarjetas SIM de celulares y así robar cuentas bancarias y demás datos sensibles del usuario.

Así lo dio a conocer la empresa de ciberseguridad ESET, respecto a la ola de casos de SIM swapping, es decir, el fraude "mediante el cual estafadores utilizan la ingeniería social para hacerse pasar por clientes legítimos ante representantes de atención al cliente de compañías telefónicas y obtener una nueva tarjeta SIM con la línea telefónica de los usuarios".

"Una vez que los criminales se quedan con la línea, teniendo en cuenta que las llamadas y mensajes ahora están bajo el control de los criminales, utilizan información adicional de las víctimas, como la dirección de correo, documentos de identidad u otra información, para solicitar una nueva contraseña para acceder a sus cuentas bancarias y otros servicios online y recibir en su línea el código de verificación de un solo uso que llega a través de SMS. De esta manera, obtienen acceso a cuentas para robar su dinero y otros datos personales", comenzó la entidad, con sede principal en Eslovaquia, pero que también trabaja en otros 202 países de todo el mundo.

Según indicó Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, la primera señal que identifican las víctimas de SIM swapping es la pérdida de señal de la red en sus equipos. "Esto se debe a que una vez que los criminales activan la nueva tarjeta SIM en un nuevo dispositivo automáticamente se desactiva la línea. Evidentemente, los mecanismos de validación de identidad de las compañías telefónicas son un tanto débiles y esa es probablemente una de razones más importantes para entender el crecimiento y la vigencia de esta modalidad de fraude", agregó.

Si bien todavía no se conocen estadísticas contundentes en la Argentina, se sabe que esta modalidad -nueva en nuestro país, pero vieja en otros puntos del mundo-, aumentó de forma considerable en el último año.

Mientras los casos de delitos informáticos siguen en aumento en Argentina, trascendió que un nuevo método de ciberdelito llegó al país: el "SIM swapping", un fraude en el que los estafadores cibernéticos logran, mediante engaños, obtener información para poder clonar tarjetas SIM de celulares y así robar cuentas bancarias y demás datos sensibles del usuario.

Así lo dio a conocer la empresa de ciberseguridad ESET, respecto a la ola de casos de SIM swapping, es decir, el fraude "mediante el cual estafadores utilizan la ingeniería social para hacerse pasar por clientes legítimos ante representantes de atención al cliente de compañías telefónicas y obtener una nueva tarjeta SIM con la línea telefónica de los usuarios".

"Una vez que los criminales se quedan con la línea, teniendo en cuenta que las llamadas y mensajes ahora están bajo el control de los criminales, utilizan información adicional de las víctimas, como la dirección de correo, documentos de identidad u otra información, para solicitar una nueva contraseña para acceder a sus cuentas bancarias y otros servicios online y recibir en su línea el código de verificación de un solo uso que llega a través de SMS. De esta manera, obtienen acceso a cuentas para robar su dinero y otros datos personales", comenzó la entidad, con sede principal en Eslovaquia, pero que también trabaja en otros 202 países de todo el mundo.

Según indicó Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, la primera señal que identifican las víctimas de SIM swapping es la pérdida de señal de la red en sus equipos. "Esto se debe a que una vez que los criminales activan la nueva tarjeta SIM en un nuevo dispositivo automáticamente se desactiva la línea. Evidentemente, los mecanismos de validación de identidad de las compañías telefónicas son un tanto débiles y esa es probablemente una de razones más importantes para entender el crecimiento y la vigencia de esta modalidad de fraude", agregó.

Si bien todavía no se conocen estadísticas contundentes en la Argentina, se sabe que esta modalidad -nueva en nuestro país, pero vieja en otros puntos del mundo-, aumentó de forma considerable en el último año.

La Justicia de La Paz condenó a 2 años y 6 meses de prisión efectiva al santaelenense Ramón Eduardo Berón, quien tras cumplir condena por dos homicidios, en el marco de un juicio abreviado reconoció cuatro hechos en los que cometió 12 delitos, entre ellos abigeato, violación de domicilio, lesiones leves y amenazas; lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, coacciones, desobediencia judicial y amenazas simples, entre otros.

El hombre, de 42 años, fue enviado a la Unidad Penal N° 8 de Federal. Según pudo saber La Sexta, Berón venía de cumplir un largo período en prisión por dos homicidios: en marzo de 2005, con 26 años, fue condenado a 10 años de prisión por el asesinato del sexagenario Luis Gonzaga Acevedo; y en marzo de 2012 se lo condenó a 8 años y 6 meses de cárcel (se le computaron con lo que ya venía cumpliendo) por el homicidio del preso Daniel Martínez en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. El 27 de septiembre de 2020 cumplió la condena.

Ya en libertad, Berón volvió a Santa Elena y cometió hechos delictivos de diferente índole. Según la sentencia a la que accedió La Sexta, el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, emitió la condena el 15 de noviembre -hace poco más de un mes-, luego de que Berón admitiera cuatro hechos en los que se engloban 12 delitos.

En primer lugar, reconoció que el 6 de abril de este año "se apoderó ilegítimamente y faenó un animal bovino ajeno, en la zona rural de Timbo; siendo aprehendido en flagrancia y con restos del animal en su poder por personal policial de Brigada El Quebracho de Prevención de Delitos Rurales en zona Ejido, camino de ingreso al Barrio 120 Viviendas, de Santa Elena".

En segundo lugar, aceptó que el 21 de junio, aproximadamente las 2:20, "saltó el tapial de la vivienda sita en calle Pública s/n° del Barrio Hipodromo, ingresó al domicilio propiedad de XX y munido de un fierro lo golpeó provocándole excoriación en cara lateral de brazo izquierdo; para luego perserguirlo hasta el domicilio de XX, sito en calle Pública s/n° del Barrio Hipodromo, lugar donde XX huyó a refugiarse. Una vez allí Berón amenazó a XX y a XX diciéndoles que los iba a matar e iba a prender fuego su casa".

En tercer término, Berón admitió que el 30 de septiembre de este año, alrededor de las 23, se presentó en el domicilio de su expareja y golpeó a su pareja actual y amenazó de muerte a ambos. El cuarto hecho que confesó fue que el 9 de octubre ingresó a la vivienda de su expareja, incumpliendo las medidas de restricción que le había impuesto el juez de Paz local. A la mujer, le expresó diferentes advertencias de carácter coactivas y le propinó golpes de puño en su cabeza y la mordió en su pómulo derecho.

En el escrito de juicio abreviado, la fiscal Josefina Caballero y defensor oficial Fernando Báez, señalaron: "Sin perjuicio de la confesión de los hechos que realiza el imputado, a los fines de la procedencia del presente procedimiento abreviado, existen evidencias y/o elementos probatorios suficientes, de los cuales surge acreditado con grado de certeza la materialidad de los hechos investigados y la autoría de Ramon Eduardo Berón. En efecto, evaluados los sucesos a la luz de las evidencias objetivas colectadas en la IPP, las mismas son concordantes en cuanto a la existencia de los ilícitos imputados, tanto en cuanto a su ocurrencia material, como a su autoría y son concluyentes en cuanto al desarrollo de los mismos. Entendemos que con las evidencias colectadas - que las partes le hemos acordado valor probatorio- , hay indicios vehementes que permitirán arribar a la certeza positiva sobre la configuración de los injustos y la respectiva condena por las figuras penales".

Más adelante, agregaron que "las partes hemos considerado, en este caso en particular, los antecedentes penales con los que cuenta el imputado, siendo que el mismo fue condenado en fecha 27/03/2012 en la ciudad de Paraná por la Sala I de la Cámara Primera del Crimen, a la pena de 8 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio conforme se desprende del Regisro Nacional de Reincidencia. Por lo que el solicitamos que se le imponga a Ramon Eduardo Berón la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva".

Al homologar el acuerdo y aplicar la pena solicitada, el juez de Garantías consideró como elementos atenuantes que el imputado haya reconocido su culpabilidad y valoró como agravantes "las reincidencias en las que ha incurrido el imputado, y el grado de violencia con el que se han ejecutado los hechos, como asimismo, los antecedentes con los que cuenta conforme se desprende del informe del Registro Nacional de Reincidencia".

"Cabe tener presente que el acuerdo de Juicio Abreviado como la pena acordada, fue puesto en conocimiento de las víctimas, no habiendo expresado objeciones al respecto, debiendo en el presente caso, requerir opinión de la víctima respecto si quiere ser avisada, en caso que el condenado esté en condiciones de gozar de salidas de la Unidad Penitenciaria N°8, de la ciudad de Federal o en la que se aloje", finalizó el magistrado.

LOS 12 NUEVOS DELITOS

Berón fue condenado por 12 delitos cometidos en los cuatro hechos: abigeato, violación de domicilio, lesiones leves y amenazas en concurso ideal; lesiones leves agravadas (en contexto de violencia de género) y coacciones en concurso ideal; desobediencia judicial y amenazas simples, lesiones leves agravadas (en contexto de violencia de género), violación de domicilio, amenazas y desobediencias judicial.

HOMICIDIOS

Berón fue condenado -junto a sus hermanos- a 10 años de prisión el 9 marzo de 2005 por el homicidio de Luis Gonzaga Acevedo, un hombre de 59 años. El imputado tenía entonces 26 años. El hecho ocurrió el 5 de noviembre de 2003 a la una de la madrugada en calle Varela, del barrio 25 de Mayo de Santa Elena, donde vivían tanto víctima como victimarios.

Aquella causa fue relatada por los medios provinciales, que señalaron que todo comenzó cuando Acevedo había discutido con los hermanos Berón, tras pedirle que bajen el volumen de la música, ya que quería descansar. Como respuesta obtuvo una brutal golpiza propinada por los tres hermanos, en la que no sólo terminó lesionado, sino que a trompadas le arrancaron los dientes postizos y se los robaron. Por ese hecho los denunció. Luego, los hermanos decidieron emboscarlo cerca de su casa una noche. Cuando lo tuvieron al alcance lo apedrearon con pedazos de ladrillos y lo golpearon con un grueso madero, mientras los otros lo pateaban. Producto de las lesiones, el hombre murió en la vereda.

Tiempo después, recibiría su segunda condena por homicidio. Esta vez el hecho ocurrió en la Unidad Penal de Paraná, donde estaba alojado. El 13 de febrero de 2010, en el pabellón N° 1 de la cárcel de Paraná, una pelea terminó con el asesinato de Daniel 'Patucho' Martínez, un interno de 27 años que cumplía una condena por robo calificado. Los acusados fueron los hermanos Ramón y Daniel Berón.

Según relataron en el juicio los testigos -e incluso se pudo observar en la filmación que quedó registrada por las cámaras de vigilancia-, Martínez caminó hasta la celda 12, y con una faca en la mano le pidió el televisor a Berón. Este le quitó el arma y lo hirió, por lo que Patucho corrió unos 30 metros, hasta la zona de los baños, donde Ramón y su hermano Daniel lo ultimaron a puñaladas.

El 27 de marzo de 2012, el Tribunal de la Sala 1 de la Cámara del Crimen, integrado por José María Chemes, Miguel Ángel Giorgio y Hugo Perotti, concluyó que "si bien consideramos suficientemente probado que hubo una agresión en principio por parte de Martínez, entendemos que Ramón Berón actuó primeramente en legítima defensa, luego se excedió en los límites de esa legítima defensa, pero posteriormente se inició la persecución innecesaria, por cuanto esta persona estaba desarmada y gravemente herida". Los hermanos fueron condenados a 8 años y 6 más de prisión por el homicidio. La sentencia -que fue comprensiva de la pena que les restaba por cumplir por el primer homicidio- culminó el 27 de septiembre de 2020.

Ayer se dio aviso a la Policía de Santa Elena, por parte de trabajadores rurales de un establecimiento ubicado a 16 kilómetros de esta localidad, del hallazgo de material militar explosivo.

Personal de Delitos Rurales, corroboró que se trataba de un proyectil calibre 105 mm. de un cañón Citer Argentino, con la particularidad que dicho artefacto contaba con la espoleta necesaria para ser detonado.

Desde la fiscalía en turno se dispuso la inmediata intervención del personal de Explosivos de la Brigada de Bomberos Zapadores de Paraná.

El proyectil fue secuestrado y se procedió a su inmediata inutilización, para continuar la investigación que pudiera establecer el origen del mismo.

Los zapadores llevaron el material a un lugar seguro para ser desarmado, y luego con los recaudos del caso sería detonado. (Uno)

Un productor ganadero de ejido rural de Hasenkamp (departamento Paraná), denunció que encontró una vaquillona de unos 400 kilos con extrañas mutilaciones. El personal policial de Delitos Rurales concurrió a un campo en paraje "El Sambuyón", donde este lunes por la mañana, se examinó al animal.

La vaquillona Aberdeen Angus, de pelaje colorado, estaba muerta debajo de un árbol y presentaba llamativas mutilaciones. Según indicaron fuentes policiales, al animal le faltaba la ubre, genitales, parte de la quijada, lengua y ojos. Además, se podía observar el hueso de la mandíbula, sin rastros de carne y en las zonas de los cortes se encuentra cauterizada la piel, sin sangrado.

"Junto a mi empleado, pensamos que era una muerte normal, pero al revisarlo, encontramos que le faltaba la quijada con la lengua, la parte de atrás y las ubres del animal", relató el productor y agregó que "todo el pasto negro alrededor de donde le cortaron las partes es algo muy rareo jamás en los años de ganadero vi algo igual".

La Brigada Prevención Delitos Rurales de Paraná Campaña concurrió al lugar en compañía del Médico Veterinario de Policía, quien procedió a examinar el animal, ante la presencia del dueño del animal. El semoviente, que fue hallado este domingo en horas de la tarde, llevaría aproximadamente dos días sin vida, se informó.

El animal presentaba singulares cortes y faltaban algunas partes anatómicas del cuerpo. La vaca tenía cortes perfectos, milimétricos y específicos, los mismos estaban cauterizados, en la cabeza y el cuerpo, les habían extraído la lengua y las glándulas salivales, toda la glándula mamaria, el recto y parte del intestino grueso y los órganos reproductivos, los ojos.

Además, el hombre de campo, explicó que el pasto estaba ennegrecido en los lugares donde se notaban las partes extraídas.

El fallo dictado este miércoles por la Cámara de Casación Penal convalidando que no son delitos de lesa humanidad las presuntas torturas cometidas por militares argentinos contra soldados de su propia tropa, durante la guerra de Malvinas, podría "tener un efecto dominó y caerse toda la investigación" que se desarrolla desde 2007, reconocieron hoy fuentes judiciales.

"Si el criterio no es revertido por la Corte Suprema y aun hasta que ello ocurra, el juzgado Federal de Río Grande, donde se investiga el caso, podría suspender todas las actuaciones en trámite", admitieron los voceros consultados por Télam.

En la práctica, ello implicaría la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

Resolución del 2009

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y enterramientos de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de "cosa juzgada".

"Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también", analizaron los voceros judiciales.

El pronunciamiento del Cecim

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que "reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido", además de ser "arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante".

El pronunciamiento del Cecim califica a la resolución judicial como "una vergüenza" y acusa a los jueces Barroetaveña y Petrone de "reproducir una épica militar y patriarcal" que "no aprobaría un examen de derecho constitucional y/o de derecho penal en una universidad pública".

"Más intenten silenciarnos o desalentarnos, más activarán la inteligencia colectiva en aras de que logremos, en conjunto, escribir el Nunca Más de Malvinas", asevera el comunicado de la entidad de excombatientes.

El Organismo que se ocupa del tratamiento de información para la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y los Delitos Económico- Financieros Complejos, fue aceptado como parte de la querella en la causa que involucra actos de lesión ambiental e investiga el terraplenamiento, la quema y la presencia de maquinaria agrícola en las Islas de las Lechiguanas en Gualeguay, Entre Ríos.

Desde la UIF señalaron que los incendios del Delta del Paraná ocurridos el año pasado, podrían haberse originado con el propósito de modificar el uso del suelo para siembras ilícitas y otro tipo de actividades que se encontraban vedadas. De esta manera, mediante prácticas desleales, se podrían generar ganancias ilegítimas para luego ser incorporadas al mercado legal.

A comienzos del 2020, la enorme pérdida de biodiversidad ocasionada por miles de focos de fuego en las islas del Delta -que recorre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires- marcaron la agenda pública. Debido a un detallado trabajo realizado por la Prefectura Nacional sobre las Islas Lechiguanas, se observaron fumigaciones sobre el cultivo de maíz que ya tenían brotes de siembra. Asimismo, se determinó que los terraplenes de tierra -construidos por las maquinarias del lugar- poseían una extensión aproximada de 4.500 metros, rodeando grandes hectáreas de campo en las que se hallaban lagunas naturales, extintas actualmente por falta de conexión con los afluentes linderos. El informe expone también grandes excavaciones que se conectan a tubos que atraviesan los terraplenes finalizando sobre los arroyos. Por las características que presentan los mismos, se estima que podrían utilizarse para que los fertilizantes y químicos vertidos sobre el campo (producto de las precipitaciones), sean vertidos en los arroyos.

La causa fue iniciada por los abogados Martiñena, Castillo y Maggi, fue presentada el 18 de septiembre de 2020 ante la Fiscalía Federal de Victoria a cargo del Fiscal Federal Carlos García Escalada. El expediente bajo el nombre "N.N. s/incendio u otro estrago (Art.186 Inc.1)" se encuentra en el juzgado Federal de Paraná N°1, en Entre Ríos, en la Secretaría Penal N° 2 que maneja el Juez Leandro Damián Ríos.

Por otro lado el organismo que conduce el Dr. Carlos Cruz también ingresó como parte querellante en otra causa vinculada a los delitos ambientales. Se trata de una denuncia por contaminación que recayó sobre la Cooperativa de Provisión de Agua Potable en el Pueblo General Belgrano.

La pesquisa iniciada por una denuncia que presentó el Fiscal interino a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Materia Ambiental (UFIMA), indaga sobre la provocación intencional del vuelco de efluentes cloacales sin su correspondiente tratamiento por parte de la Cooperativa. Provocando contaminación en el río Gualeguaychú y el río Uruguay.

Desde la UIF enfatizan en que la Cooperativa, con el deficiente tratamiento de los efluentes, omitiría su obligación de desarrollar medidas preventivas para el cuidado al medio ambiente. Por tal motivo, indican que la investigación patrimonial centrada en los flujos económicos que genera su actividad, resultaría clave para establecer no sólo la magnitud del daño ambiental y su costo ulterior de reparación, sino también la cantidad de activos ilícitamente generados para su beneficio.

Asimismo, se ha requerido al Juez interviniente, la formación de Legajos Patrimoniales de los imputados a los fines de profundizar la investigación patrimonial sobre los flujos económicos que genera este accionar. Para el Organismo de control, este es un caso que además de poner en riesgo la salud pública, también se estaría afectando gravemente la producción de los terrenos aledaños.

La causa tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay N° 1 bajo el expediente FPA 016213/2017 DENUNCIADO: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELGRANO s/INFRACCIÓN LEY 24.051 (ART.55).