La iniciativa busca crear una agencia administradora de bienes del Estado y despertó las alertas por la posible extranjerización de los recursos, así como la autorización de negociados que hoy se encuentran prohibidos. Ambientalistas temen la privatización de casi 190 mil hectáreas de islas que conforman el mayor sistema de humedales de la Argentina.

La agencia de bienes del Estado que impulsa el gobierno entrerriano tendría el objetivo de coordinar y ejecutar políticas, normas y procedimientos vinculados a la actividad inmobiliaria estatal, así como la gestión del inventario de la totalidad de inmuebles cuyo dominio, posesión o tenencia sea ejercido por el Estado provincial. El texto afirma que se busca la “promoción del desarrollo económico, productivo, social y ambiental”, así como la “generación de recursos económicos, a partir de operaciones inmobiliarias sobre inmuebles bajo su administración”.

Ambientalistas alertan que podría estar en riesgo el sistema de humedales del Delta del Paraná, unas 188.773 hectáreas, ya que el proyecto de ley no prevé ninguna excepción y, por el contrario, cuenta con un artículo que va en contra de una ley provincial que asegura que los bienes inmuebles no pueden enajenarse ni gravarse.

Para los expertos, todos los bienes provinciales que estén bajo la agencia de administración de bienes del Estado podrían ser vendidos y gravados sin que interfiera el Poder Legislativo, con un detalle aún más llamativo: el Ejecutivo provincial tiene a su cargo la potestad para designar a las autoridades del nuevo organismo. Por eso, exigen que los humedales sean excluidos “expresamente” del proyecto.

¿La privatización de los bienes naturales?

El abogado Jorge Daneri, integrante de la Asociación de Abogadas y Abogados Ambientalistas, expresó que existe una gran preocupación en la comunidad entrerriana y recordó que el Delta del Paraná cuenta con una protección especial, que fue introducida a la Constitución provincial en la reforma sancionada en 2008. “Las islas del Delta son imprescriptibles, inalienables y están excluidas del comerico”, dijo a Página|12, y resaltó que, de avanzar el proyecto de ley, el Ejecutivo provincial tendrá la potestad de gravar y enajenar las tierras que conforman el humedal, una de las mayores reservas de agua dulce del país.

Para el abogado, la posible venta de estos ecosistemas sería uno de los mayores ejemplos de privatización de los bienes naturales. “Este proyecto es como salir a plantear la construcción de megaplantas de celulosa y la instalación de represas hidroeléctricas. Sería artificializar el río de un modo brutal”, alertó, al tiempo que advirtió que si el proyecto prospera impulsarán una serie de amparos para frenarlo en la Justicia.

Además, resaltó que el proyecto promueve el gobierno de Entre Ríos está totalmente vinculado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que fue aprobado semanas atrás, en el marco de la ley de Bases. “Es una instrumentación del RIGI”, manifestó el abogado ambientalista. “No nos asusta ni nos da temor este poder que supuestamente se quiere llevar todo puesto. Tenemos la posibilidad de defender nuestros territorios”, señaló.

Para la Asociación de Abogados Ambientalistas, “este sistema de humedales, el más grande de la Argentina, debe ser excluido expresamente del proyecto de ley que ha sido remitido para la consideración del Poder Legislativo entrerriano”. “Al ser bienes de dominio público que pertenecen a toda la comunidad, está prohibida su venta, como así también limitados sus usos, conforme las funciones ecológicas y sociales que cumplen, más relevantes aún frente a los delicados y graves escenarios de cambio climático”, dijeron, al citar el Código Civil y Comercial.

El Delta enfrenta además otra situación muy compleja: los sucesivos incendios intencionales de miles de hectáreas en las islas frente a Rosario, que además vuelven irrespirable a la ciudad, que en 2022 registró niveles de toxicidad hasta cinco veces superiores a los que puede tolerar el cuerpo humano, de acuerdo con un informe del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario.

En tren de ampliar la frontera ganadera, los productores buscan “pampeanizar” las islas del Delta para destinarlas al ganado, que ha quintuplicado su carga sobre los humedales en los últimos años, algo incompatible con la conservación del ecosistema. Por otro lado, las islas también son muy codiciadas para los negocios inmobiliarios, con la construcción de viviendas y barrios de lujo. “tenemos un escenario de crisis hídrica e incendios”, resumió Daneri.

Los antecedentes

La provincia de Entre Ríos tiene un largo historial de luchas por causas ambientales: en la década de 1990 la movilización de la comunidad logró frenar la instalación de represas hidroeléctricas en el Paraná Medio, promovida por el entonces presidente Carlos Menem. Hasta logró un fallo de la Corte Suprema de Justicia -adicta al gobierno- contra el proyecto, en 1997

La movilización también fue masiva contra la instalación de las pasteras en territorio uruguayo: allí, si bien el gobierno argentino obtuvo un fallo favorable en la Corte de La Haya, las autoridades nacionales no pudieron probar, de forma científica, la contaminación del río.

La construcción de acueductos también encontró resistencia en la década pasada, al tiempo que desde hace años la lucha por la ley de Humedales ha ganado territorio. “Hay una capacidad movilización social que ha cambiado posiciones políticas relevantes”, se entusiasmó Daneri.

La Asociación de Abogados Ambientalistas recordó otro antecedente clave en la historia reciente, cuando en 2012 el gobierno entrerriano avanzó con la “Ley del Arroz”, que autorizaba la venta de islas del Delta para la producción arrocífera y que se encontró con una fuerte resistencia social y fue derogada tras apenas dos meses de estar vigente. En concreto, le otorgaba por 99 años todas las tierras públicas del Delta a una sociedad anónima que gestionaría permisos para el cultivo del arroz y semillas genéticamente modificadas.

Otro caso que llegó a la Justicia fue el freno a la construcción de un country de lujo en la ribera del río Gualeguaychú (Amarras), que desató un fuerte reclamo de la comunidad entrerriana y que despertó denuncias que incluso llegaron a la Corte Suprema de Justicia, que en 2019 determinó que existieron alteraciones negativas del ambiente, aún antes de que se aprobara el estudio de impacto ambiental. La resolución del máximo tribunal de Justicia destacó la importancia de preservar las cuencas hídricas y los sistemas de humedales. De acuerdo con los informes, el proyecto inmobiliario a construir en una zona de humedales producía “impactos permanentes e irreversibles”.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó parcialmente un fallo de primera instancia que dictó en noviembre último la Cámara en lo Contencioso Administrativo que obligó al Estado a brindar a un particular información sobre quiénes son los dueños de los lotes de tierra en el Delta.

El humedal que ha quedado en el ojo de la tormenta estos últimos dos años a raíz de los continuos incendios y la afectación medioambiental que esa práctica ha producido.

El militante ambientalista del Foro Ecologista, Daniel Verzeñassi, acudió a la Justicia con un recurso de amparo ante lo que consideró «la omisión arbitraria y manifiesta por parte de los funcionarios a cargo del Departamento Ejecutivo del Gobierno de Entre Ríos de brindar una respuesta a la solicitud de acceso a información pública ambiental referida a los datos catastrales de la totalidad de los terrenos de las islas del Delta del Paraná en territorio provincial, el que ocupa parte de los departamentos de Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas de Ibicuy».

En el marco de la causa "Verzeñassi, Sergio Daniel contra el Estado provincial sobre una acción de amparo ambiental", el Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad parcial de la sentencia dictada por la vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Adriana Beatriz Acevedo, el 28 de noviembre pasado, únicamente en lo referido a la aplicación de astreintes.Asimismo, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial, confirmándose en lo esencial el fallo revisado. La resolución fue adoptada por mayoría.

De ese modo, el STJ confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia y rechazó la apelación de Fiscalía de Estado, la que quedó condenada a presentar, el 2 de febrero próximo, un detallado informe sobre quiénes poseen lotes en el Delta entrerriano.

Dicha organización se llama Gualeguay por los Humedales y es un grupo de gualeyos con un objetivo común, que es la protección de un ecosistema tan importante como son los Humedales, en especial del Delta Entrerriano. En este marco dialogamos con Camila Quattrochi, una de las fundadoras de “Gualeguay por los Humedales” para que nos brinde más detalles de éste grupo, objetivos, actividades y cuestiones pertinentes.

“A los fines de lograr una íntegra preservación de los humedales, parte de nuestro accionar consiste en apoyar y solicitar el dictado urgente de la Ley de Humedales. Somos aproximadamente 15 personas quienes participamos activamente de esta organización, como asimismo muchos colaboradores, amigos, familiares y demás personas interesadas en el tema. Cada miembro del grupo aporta al mismo según sus conocimientos y experiencia, tales como la docencia, el arte, el activismo ambiental, lo jurídico, lo político, entre otros”, comenzaba diciendo. 

Y continuaba “Algunos miembros también pertenecen a otras organizaciones como Foro Ambiental, Viva el Río, Guardianxs de la Naturaleza y la Vida, Gualeguay Te Quiero Verde y demás. Gualeguay por los Humedales, a su vez, forma parte de la Red Nacional por los Humedales (ReNaHu), que es un conjunto de organizaciones de todo el país comprometidas con el mismo fin.

Asimismo le consultamos como y porque surgió Gualeguay por los Humedales y Camila explicó “algunos miembros del grupo que ya habían participado anteriormente de actividades por el medioambiente, se contactaron en virtud de la movida nacional por la Ley de Humedales y convocaron a los demás miembros a una reunión, sabiendo que estos también estaban comprometidos con las cuestiones ambientales. Dicha reunión tomó lugar en la Plaza Constitución a principios de agosto e, intercambiando opiniones sobre el tema, decidimos conformar el grupo y realizar actividades para hacer visible la causa en nuestra ciudad”

Entre las actividades que realizaron desde la organización, “la primera fue el Evento cultural y educativo por los Humedales, llevado a cabo el 4 de septiembre en la Costanera. Contamos con la participación voluntaria de artistas visuales, como Maximiliano Crespo, Evangelina Pérez y Julio Saldaña, artistas plásticos, como Marina Ojeda, Abril Gervasoni y Cintia Pérez, músicos, como Laura Balzer, Gera Falcone, Cristian Bibel, Sebastián Schön, Hera, Juan Martín Caraballo, Las Taruchas Samba Reggae, actores/actrices, como Gime Correa y Bruno Carboni, bailarines, como Gauchinbrux, y miembros de otras organizaciones como Foro Ambiental, Aves Ibicuy y S.E.A. Este evento se realizó en el marco de la Acción Plurinacional por los Humedales”, nos contaba Camila. 

Y agregaba “Más adelante, el 17 de septiembre participamos de dos eventos propuestos por otras organizaciones. En primer lugar, en el marco del Día Mundial de la Limpieza (World Clean Up Day Global), organizamos junto a Vamos a Hacerlo Ar (a través de su representante Jhon Vargas) una jornada de recolección de residuos en la zona del balneario municipal. Asimismo, participamos del seminario “Educación ambiental en el territorio de la red” organizado por Humedales en Red y dictado por el Lic. Guillermo Priotto y el Dr. Mariano De Nicola, del cual participaron también representantes de organizaciones ambientales de la Región del Litoral”

En otro párrafo dialogamos sobre las repercusiones que el grupo y sus actividades han generado en la ciudadanía y Camila junto a sus compañeros aseguran “estamos muy contentos por el compromiso de los ciudadanos con esta temática. Los eventos tuvieron una gran convocatoria y pudimos compartir opiniones y experiencias con las personas que asistieron, quienes se mostraron muy interesados en accionar por la protección de los Humedales”

Continuando “Asimismo, en las ocasiones en que el humo y las cenizas de los incendios en los Humedales se vivieron en primera persona en Gualeguay, pudimos observar cómo la sociedad se expresaban en las redes sociales reclamando por una solución urgente a la cuestión y el cese de los incendios. Por último y no menos importante, se han sumado firmas solicitando a los legisladores la sanción de la Ley de Humedales”

Cerca del final indagamos sobre las actividades que tienen mente para el futuro “Estamos en contacto con artistas visuales interesados/as en realizar una nueva actividad por los Humedales próximamente, y también planeamos acompañar otras actividades culturales y educativas relacionadas a la temática”, aseguraban. 

Quienes quieran formar parte de GxH “pueden contactarnos por nuestras redes sociales “Gualeguay por los Humedales”, tanto en Facebook como en Instagram. Estamos considerando realizar una convocatoria abierta para intercambiar ideas con instituciones, organizaciones y la comunidad en general”, finalizaba Camila Quattrochi. 

Recordemos que el Ministro de Ambiente de la Nación, el domingo también desde su perfil oficial en dicha red había escrito: "Pedimos a la provincia de Entre Ríos que arbitre los medios para prevenir nuevos focos ígneos intencionales. En el día de hoy, el SNMF detectó un nuevo foco ígneo intencional en Entre Ríos. Luego de 3 horas de trabajo, con 13 brigadistas logramos controlarlo”.

El mandatario entrerriano recogió el guante y decidió responder en duros términos. “El ministro de Ambiente debería hablar menos y trabajar más. Además de no conocer en absoluto la realidad del Delta, se ha dedicado todo este tiempo a evadir responsabilidades y distribuir culpas que no contribuyen a encontrar soluciones”, indicó.También señaló: “Con la coordinación de las provincias y la Nación, bomberos, policías, rescatistas y fuerzas armadas trabajan a contrarreloj para prevenir y sofocar los incendios en condiciones muy complejas. Sería muy importante contar con un ministro que esté a la altura de las circunstancias”. 

Fuente: El Entre Ríos

Un avión hidrante que participaba del operativo que se realiza en la zona de islas del Delta del Paraná para combatir el fuego, se precipitó a tierra. El accidente se produjo este jueves, después del mediodía, cuando la nave se aprestaba a arrojar el agua sobre el sector afectado.Por causas que se intentan establecer, el avión se desestabilizó y el piloto debió efectuar un aterrizaje de emergencia en medio de la isla.El impacto contra el suelo fue violento, pero el único ocupante logró salvar su vida de milagro, aunque según se precisó, sufrió distintos traumatismos que en principio no serían de gravedad. El brigadista, de 59 años, es oriundo de la localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

El avión hidrante cayó en una isla ubicada en jurisdicción de Entre Ríos, frente a Vuelta de Obligado, donde el operativo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego está abocado hace varias semanas a combatir los incendios.La aeronave que tuvo el accidente es un avión Air Tractor AT-802, que suele ser utilizado para el combate aéreo de incendios y también para tareas de agricultura.

Un rápido operativo encabezado por Defensa Civil y Bomberos, permitió que el hombre sea trasladado de inmediato al Hospital "Emilio Ruffa" de la localidad de San Pedro, en donde está siendo asistido, señaló SanPedroInforma.

Alberto Seufferheld, del Plan de Manejo del Fuego, dio detalles del episodio. "Hubo un aterrizaje forzoso en la zona de islas, pero por suerte el piloto está en buenas condiciones", confirmó.Luego detalló que "fue trasladado primero a San Pedro en helicóptero y luego en ambulancia al hospital. Por suerte está bien, más allá de los chequeos que tienen que hacerlo"."El avión ha tenido un daño en el momento de un aterrizaje, pero estamos hablando de pilotos con mucha experiencia, con muchas horas de vuelo y con aptitud para realizar este tipo de maniobras de emergencia", describió Seufferheld a Rosario3.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, informó oficialmente que “uno de los aviones hidrantes que opera en la ciudad de San Pedro, en el marco del combate de incendios forestales en el Delta del Paraná, tuvo un aterrizaje de emergencia”, indicaron en un comunicado.“Cabe destacar que el único tripulante del medio aéreo, quien fue trasladado al Hospital Emilio Ruffa de dicha localidad bonaerense, está fuera de peligro y que las autoridades competentes investigarán las causas de lo ocurrido”, explicaron desde la cartera de Ambiente.

Carlos del Frade, periodista y diputado provincial por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe, sostuvo que el gobernador Gustavo Bordet es el gran responsable de las quemas en el Delta: “Creo que el principal responsable de las quemas de las islas; fundamentalmente que afecta la salud del sur de la provincia de Santa Fe y que en este país unitario hizo que el humo llegara a Buenos Aires y a partir de allí, se hiciera algo más; es el gobernador de la Provincia de Entre Ríos, el señor Gustavo Bordet.

Al dar cuenta de los motivos de esta afirmación, Del Frade aseveró: “Porque casi todo lo que se incendia, todo lo que se prende fuego son establecimientos clandestinos que ha permitido el gobierno de Entre Ríos”.

“Nosotros tenemos acá un estudio que ha hecho el arquitecto Pablo Payró, que es miembro de un instituto que nosotros manejamos y que es el ‘Instituto Soberanía Popular’, en donde se habla que en la provincia hay 365 establecimientos ganaderos, la mayoría en la zona de Diamante; alrededor de 63 mil cabezas de ganado en esa zona; 85 mil en Victoria; 45 mil en Gualeguay y 316 mil en Ibicuy; todo esto está corroborado por informes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)”.

“Lo cierto es que también hay diques, terraplenes y canalizaciones clandestinas por un total de 8.893 kilómetros, con un impacto ambiental muy grande en todo lo que tiene que ver con la alteración de los ciclos de la inundación y pérdida de la biodiversidad. Esto también tiene que ver con información que viene del Senasa”, agregó.

“En los focos de incendios en lo que se ha investigado y que lo ha denunciado incluso el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Lautaro Javkin, es que se han repetido en los últimos tres años hasta 60 incendios en el mismo lugar que tiene que ver también con el catastro de la Provincia de Entre Ríos. Me parece que si había algo que faltaba justamente el propio Bordet confesó hace dos semanas atrás que tenía que actualizar la información de Catastro; con lo cual la información de Catastro la tenía, la ocultaba o no se la pedían. Con lo cual a mí me parece que hay un grado de responsabilidad política muy pero muy seria en lo que está pasando”.

¿Por qué ocurre esto?, le preguntaron en “Cuestión de Fondo” (Canal 9), a lo que Del Frade respondió: “Porque de acuerdo a la información que aparece en el Senasa hay una serie de obligaciones que han tomado estos establecimientos ganaderos que están en Entre Ríos con dos destinos de la carne: un destino es la República Popular China, en donde generalmente va la carne de menos calidad; y sí, los cortes más importantes o distintos, de calidad, que van para distintos países de Europa. Ante esa demanda empiezan a aparecer entonces, todos estos incendios y, por eso digo, que acá hay una responsabilidad política muy seria, muy concreta del gobernador de la provincia de Entre Ríos”.

Luego recordó que los incendios vienen dándose desde hace más de 10 años: “En el 2008 se produjo el primer gran incendio, que generó alrededor de 300 mil hectáreas quemadas y que repercute en el humedal que une a las tres provincias (Buenos Aires, Santa y Entre Ríos); es decir, han transcurrido 14 años. Y, después, en los últimos dos años hubo distintas cuestiones vinculadas también a miles de hectáreas en toda la zona. Yo no sé si no le encuentran la vuelta o empiezan a darse cuenta que el haber mirado tanto para el otro lado, a distintos emprendimientos económicos, está generando este problema como consecuencia de algo que no quieren controlar: que es el desarrollo económico”.

“Hoy, justamente, en la Legislatura de Santa Fe nos dábamos cuenta de lo que significaba la “justicia selectiva”, que una cosa son los delincuentes de cuello blanco donde funciona la “justicia selectiva” y que eso se ve también acá en quiénes están detrás de estos emprendimientos productivos en la Provincia de Entre Ríos. Por eso, me gustaría escucharlo hablar, con todo respeto, al gobernador Gustavo Bordet; pero tiene que decir algo porque la mayoría de los focos tiene que ver con este desarrollo”.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) detuvieron en las últimas horas a tres hombres acusados de iniciar fuego de manera intencional en la zona de las islas de Paraná, que se suman a los tres detenidos la semana pasada, informaron fuentes oficiales.

Las detenciones se realizaron en la localidad bonaerense de Ramallo, luego del llamado de unos vecinos que los identificaron como quienes iniciaron focos de incendios en la zona del arroyo Tigre, en las islas Lechiguanas, que pertenecen a la localidad entrerriana de Gualeguay.

En el lugar, el personal de la Fuerza identificó a tres hombres, oriundos de San Pedro (provincia de Buenos Aires), quienes manifestaron que habían realizado una quema de pastizales en las inmediaciones a su rancho a modo de cortafuegos (ya que existían focos ígneos que se aproximaban al mismo y sus colmenas), no pudiendo contener el incendio generado.

Por orden de la Secretaría Única, a cargo de Nicolás Beltzer, del Juzgado Federal de Victoria, cuyo titular es Federico Martín, los tres involucrados quedaron detenidos.

Además, se secuestró todos los elementos que pudieron haber sido utilizados para iniciar el fuego.

Cabe destacar que personal de distintas dependencias de la Prefectura, ubicadas sobre el río Paraná, continúan trabajando en la zona de incendios, donde prestan apoyo logístico y colaboran con los equipos de brigadistas que combaten el fuego.

Además, con la participación de efectivos de la Agrupación Albatros (grupo de operaciones policiales especiales de la Fuerza), se realizan patrullajes para brindar seguridad y evitar que se produzcan nuevos incendios.

Con estos detenciones, ya son seis las personas que fueron demoradas y puestas a disposición de la justicia federal de Victoria, en Entre Ríos, donde están incomunicados, explicaron las fuentes.

Desde hace tiempo, la ocupación de las islas del Delta entrerriano y las distintas actividades que se desarrollan en ellas, genera cruces y polémicas. La dificultad para efectuar controles favorece usurpaciones, daños al ecosistema, depredación de recursos naturales, incendios voraces y fiestas con excesos.

Un informe extenso informe, que se compartió en el programa “Cuestión de Fondo” (por Canal 9 Litoral) se adentra en esta realidad y en el trabajo que se realiza para cuidar este territorio de importancia estratégica.

A continuación, El Entre Ríos reproduce el artículo completo que publicó este jueves el sitio “Análisis Digital”:Palabras desde VictoriaEl encargado de la Delegación Municipal de Victoria en Islas, Gustavo Andino, explicó ante Cuestión de Fondo que el organismo se creó en 1999 con la tarea de “fiscalización de todas las actividades comerciales que se realizan en el ejido de islas como playas y balnearios, actividad apícola, amarraderos de barcazas, barcos areneros que extraen arena en nuestra jurisdicción trasladando básicamente hacia localidades vecinas de Santa Fe, y todo lo que es asentamiento de obra nueva”.

También se realiza la fiscalización de caza y pesca y su respectiva prevención, en conjunto con las fuerzas de seguridad. “En la Delegación de Islas hay un cuerpo de 14 guardafaunas que cumplen tareas de fiscalización en suelo firme, cotidianamente en la tarea de embarque y desembarque de pescado, pero también a través de los corrales municipales situados en ejido de islas donde se brinda servicio a los productores ganaderos”, agregó.

Victoria es la única ciudad de la provincia con ejido insular. El ejido de Islas comprende entre 370.000 y 405.000 hectáreas, es decir casi el 75% de la superficie del Departamento Victoria.

Sobre la forma de ocupar esta zona, Andino explicó que “las islas son dominio de la provincia pero también hay una parte de propiedad privada, y en cuanto a las tierras fiscales son algo así como 192.000 hectáreas. En 2006 hubo una selección de ofertas públicas para tierras que fueron otorgadas en arrendamiento, en 2010 esos contratos cayeron y de ahí en más las islas pasaron a estar en una situación irregular respecto a la ocupación de estos lotes fiscales”.

“En la mayor parte de las islas fiscales la situación es todo ilegal. Y en cuanto a los lotes privados entiendo que están en una etapa de revisión de su situación”, advirtió.

Consultado por la cantidad de gente que ocupa hoy las islas, Andino indicó que “de acuerdo al dato histórico que tenemos de productores ganaderos hablamos de 330 productores a partir del registro de embarques y desembarques de los corrales municipales. Pero no podemos tener datos certeros respecto de aquellos que embarcan a través de las costas santafesinas o por arreo, ya que en el último tiempo debido a la bajante hubo introducción de hacienda hacia la isla por arreo y no a través de los corrales y eso dificulta poder tener datos certeros”.

“En el caso de los lotes fiscales, de no contar con un RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios), que es el documento con el cual los productores pueden ingresar animales a determinados lotes fiscales, están en una situación irregular. Para el control, tratamos de aportar información a través de recorridas que se realizan en el ejido de islas a la Dirección de Administración de Tierras Fiscales”, acotó.

En este marco, el funcionario admitió que “hay un conjunto de medidas que han hecho que se haya perdido la presencia que teníamos con mayor frecuencia en años anteriores. Por ejemplo, al no otorgarse desde 2006 la licencia de pesca comercial de manera obligatoria hizo que fuéramos perdiendo el conocimiento de la gente que está ocupando el territorio. Cuando organizábamos las recorridas en su momento, que era muy asiduamente, teníamos un conocimiento de la gente que estaba en la isla, de los pescadores deportivos, de los pescadores comerciales, y demás”.

“Otra situación que nos significó perder presencia en el territorio es la falta de emisión de licencias de acopio para los barcos pesqueros que capturan nuestro pescado en nuestra jurisdicción. Al no tener la guía de tránsito de productos de la pesca esas embarcaciones capturan el pescado y se lo llevan a otra provincia sin estar fiscalizado”, mencionó.

“Esto es algo que venimos planteando desde hace bastante tiempo y es necesario volver a retomar esa actividad fiscalizadora porque era lo que nos daba el dato certero de quiénes ocupan las islas. Al puestero que también es pescador y cazador tenemos una base de información y cuando pasamos por las rancheadas consultábamos por las licencias de caza y de pesca, era una forma de vincularnos. Todo eso se fue perdiendo y hoy nuestros operativos de control se basan en hechos puntuales que tienen que ver con fiscalización de actividades comerciales”, marcó.Terraplenes, endicamientos y paradores de playa“A partir de la información que puede ser aportada por un particular a través de las comisarías, que son una fuente de información, o a través de los grupos ecologistas que nos ayudan un montón porque recorren nuestras islas y nos aportan información, es que nosotros nos constituimos en estos lugares y realizamos las actas de constatación. Esas actas son elevadas al Departamento Ejecutivo Municipal y al Juzgado Federal, a partir de su intervención”, aseveró.

La ley 10.467 incorpora al ejido de islas como área natural protegida, Victoria posee esta área natural protegida bajo la modalidad de reserva de usos múltiples, lo cual permite la actividad humana pero en un equilibrio con la naturaleza. Todos estos terraplenes fueron relevados a través de sobrevuelos de la repartición y están todos informados a las autoridades competentes, a nivel municipal y provincial.Aclaró que esa realización de terraplenes “no está permitida porque además existe una medida cautelar del Juzgado Federal de Paraná, a cargo de Daniel Alonso, vigente desde julio del año pasado que establece la prohibición absoluta de toda actividad con capacidad de alterar el ecosistema. Existen autorizaciones para cuestiones particulares, para quienes realizan actividad ganadera y quiere controlar el campo de especies invasoras, quitando la carga vegetal que muchas veces se acumula y puede producir focos de incendios”.Si bien el organismo no actúa en relación a los incendios, Andino mencionó que se realizan “tareas preventivas, por ejemplo en el viaducto Rosario-Victoria que es una ruta nacional desde el municipio se interviene en el control cotidiano –y especialmente en fines de semana y feriados- en cuanto a campamentos y actividades recreativas que se producen a la vera del mismo, y se estableció la prohibición de acampar, hacer fuego y desarrollar actividades recreativas. Allí se labran actas de infracción, se trabaja en conjunto con Gendarmería, con Prefectura, y con policía de prevención de seguridad vial y de delitos rurales.En relación con los paradores y bares autorizados en las playas e islas durante el verano, Andino admitió que “es un problema porque es una actividad que creció en los últimos años” y recordó que “en pandemia se intervino labrando actas de infracción a fiestas clandestinas que se desarrollaron básicamente en la segunda sección de islas, en la zona conocida como La Invernada, Paraná Viejo y en el kilómetro 9 margen derecha del viaducto Rosario-Victoria”.“Es una gran preocupación para los lugareños de la zona y a su vez el municipio otorgó autorizaciones porque si esto no estuviera regulado y no contaran con autorizaciones lo seguirían haciendo igual, de manera ilegal”, reconoció.En este punto, marcó a importancia de efectuar un trabajo de regulación sobre la zona: “La presión sobre el territorio es tan grande que es por eso que la Municipalidad de Victoria, en conjunto con el gobierno provincial, hoy está trabajando en la elaboración de un plan de manejo de todo este territorio, para darle un ordenamiento, tratar de zonificar y establecer cuáles son los usos permitidos y no permitidos. Porque si bien existe la ordenanza 2.472 que establece lineamientos básicos, hoy requiere de una actualización y acompañamiento de un plan de manejo para poder monitorear y con participación de todos los actores, para lograr un equilibrio”.“Hoy la fiscalización es importante pero también hay mucho descontrol en la zona de islas, y se requieren recursos y acciones coordinadas entre las distintas esferas de gobierno: municipal, provincial y nacional porque al municipio sólo, con los escasos recursos con que cuenta, le es prácticamente imposible controlar 370.000 hectáreas. Acá se requiere la participación de las fuerzas de seguridad pero también equipamiento, medios de comunicación porque a escasos 10 minutos de la isla se pierde señal y se queda completamente aislado. Si bien hay algo de inversión en los faros de conservación, donde comenzaron a colocar algunas antenas para poder georeferenciar y localizar focos de incendio, es sumamente necesario acompañarlo con equipamiento y presencia en el territorio”, sentenció.La provincia recupera su territorio

Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, contó que “la historia comienza con la sanción del Código Civil de la Nación que establece que las islas son del dominio público de la provincia es decir que no se puede prescribir, no se pueden adquirir por usucapión ni se pueden enajenar o vender, están fuera del comercio. Sin embargo, la provincia no llega a los 8 millones de hectáreas y de eso tenemos un millón de hectáreas de islas y humedales, y pese a esa legislación tan clara en 1969 el entonces gobernador de facto, Ricardo Favre, vendió la sección sur de la isla Las Lechiguanas”.“Eran 25.000 hectáreas ubicadas en un lugar estratégico al sur de la provincia, frente al puerto de Ibicuy y muy cerca del Río de la Plata, y a partir de ahí empieza la desposesión o el despojo de la provincia”, puntualizó el fiscal quien recordó que por esto su padre “denunció al gobernador y más tarde escribió un libro al respecto”.“Después con el tiempo mucha gente fue desarrollando una estrategia de establecerse en un territorio o incluso sin establecerse hacían un plano de mensura sobre muchas hectáreas -500, 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas- eso disparaba una orden a ATER para emitir la boleta de impuestos, pagaban esos impuestos y con esa estrategia iban adquiriendo la prueba para hacer el juicio de usucapión y quedarse con el territorio. De esa manera, la provincia perdió miles y miles de hectáreas”, denunció. Para dar una idea de la gravedad de la situación, comentó que al asumir como fiscal de Estado, “había un juicio de usucapión sobre parte del puerto de Concepción del Uruguay”.Ante ello, dijo que “se comenzó a desarrollar una estrategia defensiva muy fuerte, y eso es una constante en la Fiscalía: se prohibió a Catastro que emita planos de mensura, se prohibió a Rentas que emita boletas de impuestos sobre inmuebles fiscales y el Superior Tribunal de Justicia ordenó que en cada juicio de usucapión se notifique a Fiscalía de Estado quien era el que iniciaba ese proceso y si teníamos interés en la defensa del lugar”.“A partir de ahí empezamos a evitar ese despojo y además se comenzó una estrategia de recuperación de transferencias dominiales antiguas mediante acciones de lesividad, anulando las ventas de lotes sobre el territorio que fuera de dominio público de la provincia. Se ganó en la Corte Suprema el juicio Escalada y a partir de allí se comenzaron otros y se siguen haciendo permanentemente. De este modo, en Las Lechiguanas se recuperó una muy buena cantidad de hectáreas que son fundamentales porque es la zona logística para el transporte fluvial que tiene mayor potencial de desarrollo en la provincia, puntualmente el puerto de Ibicuy”, afirmó el fiscal de Estado.Consultado por la situación que se da con los productores que ocupan las islas, explicó que “antes había un régimen de arrendamientos, ley que fue derogada, y hoy hay un régimen de permisos de uso que se administra desde un organismo en el ámbito del Ministerio de Producción”. “Si un productor quiere utilizar un bien del dominio público pide un permiso, el cual es precario y parte del reconocimiento de que la propiedad es del dominio público de la provincia y creo que es la manera de ocupar el territorio, porque ese territorio hay que ocuparlo haciendo un equilibrio entre lo ambiental y lo productivo, pero si no se ocupa hay 90% de posibilidades de ocupación irregular”, especificó.“Por ejemplo, para evitar los incendios, lo mejor es estar alertas en el territorio y como no tenemos una infraestructura con poder de policía que cubra todo ese territorio, la ocupación pasa a ser una estrategia pero con permisos de uso”, mencionó.En ese marco, reconoció que “hay ocupación ilegal y hay ocupación que genera incendios porque utilizan la tierra para pastoreo y cría de ganado”. “Ahora está bastante controlado porque hay una gran intervención del Ministerio de Ambiente de la Nación y de la Secretaría de ambiente de la provincia con la colocación de faros de alarma que están funcionando bastante bien y hoy hay un sistema que vemos todos los días que marca cuantos focos ígneos hay en esa zona”, resaltó.Consultado por la forma de efectuar un mejor control en la zona, dijo que “es un tema que se habló con el gobernador porque creo que falta en la provincia el desarrollo de una policía ambiental, no solamente para las islas, sino también una policía de bienes del dominio público como son las escuelas rurales o los bienes que se expropian y luego no se usan o se usan en parte, por ejemplo”.“Hay otros temas, como las islas que también se utilizan para amarraderos de barcazas, teniendo en cuenta que hay entre 3.000 y 5.000 barcazas circulando por el Paraná; el tema del alije o la transferencia de combustible sobre el río que es un tema ambiental sobre el cual estar muy atentos. Por eso creo que es necesario crear una policía ambiental y de bienes del dominio público, dependiente de la Policía de Entre Ríos, con recursos tecnológicos –embarcaciones, vehículos, drones- porque es una zona muy grande y los bienes están distribuidos en toda la provincia, financiada con el canon por el uso de tierras fiscales y dispuesta a ir a lugares inaccesibles para prevenir los daños. Hoy existe un control de la división rural de la Policía pero no es específica de las islas, humedales y bienes del dominio público”.Sobre ocupaciones ilegales y usurpaciones, afirmó que “hay muchas acciones administrativas y legales que se tramitan desde la Oficina de Control de Inmuebles dependiente de Fiscalía de Estado; hay denuncias de particulares y juicios iniciados desde Fiscalía. Todo lo que es la defensa del dominio público pasan por esa oficina”. Agregó además que “hay muchísimas acciones de lesividad, es decir de ventas que se han hecho y que planteamos su nulidad, sin importar el tiempo en que se hizo o la cantidad de años que hayan pasado, porque si eran tierras del dominio público nunca se debieron haber vendido”.“Es un tema amplísimo, que en lo personal lo tengo entre mis prioridades pero que requiere no tanto más organismo para la defensa legal, que lo tenemos, sino mayor presencia práctica en el territorio”, concluyó.La pata judicial

Por otra parte, el fiscal coordinador de la jurisdicción Gualeguay, Nogoyá y Victoria, Gamal Taleb, confirmó ante Cuestión de Fondo que en la Justicia “hemos tenido denuncias penales por distintas situaciones que se han desencadenado en la zona de islas, en el humedal ubicado entre Victoria y Rosario” y puntualizó que “una de las denuncias es la que efectuó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, con motivos de usurpaciones y estafas que se estaban cometiendo en varios islotes de esta zona, donde algunas personas estaban vendiendo bienes de dominio público –concretamente islas- a ciudadanos particulares”.“Esto cambia con la modificación de criterio que tuvo la Fiscalía de Estado a partir de 2008 donde consideró que las islas eran bienes de dominio público del Estado, criterio jurídico que compartimos absolutamente. A raíz de este cambio de perspectiva jurídica el fiscal de Estado empezó a promover distintas acciones para recuperar y evitar que ciudadanos particulares prescriban en su favor, es decir conviertan en propiedad privada lo que es un bien de dominio público. Eso fue todo un proceso que se dio en la justicia civil y que tuvo algunas ramificaciones en la justicia penal”, explicitó.“En este caso concreto, en 2020 el doctor Rodríguez Signes realizó una denuncia penal porque había al menos uno o dos ciudadanos que estaban vendiendo, loteando, parcelando, distintos terrenos que pertenecían al Islote Wilson y al Islote Ferrini que tienen unos 35 a 40 hectáreas cada uno, y a la Isla Libertad que tiene 69 hectáreas. En el Islote Wilson había un ciudadano de apellido Díaz que tenía un parador y que comenzó a parcelarlo y vender los lotes a otros ciudadanos particulares, como si fuera un bien propio. Comenzó la investigación y se pudo saber que efectivamente en estos tres islotes había edificaciones de ciudadanos particulares pero no había ningún título de propiedad que justifique esas construcciones y que los estén poseyendo como si fueran los propietarios”, informó Taleb.Aclaró que “en ese proceso que comenzó en 2008 hubo un reordenamiento, porque antes se celebraban –por una ley que luego fue derogada- distintos contratos de arrendamiento para permitirle a particulares que exploten diferentes actividades en la zona de islas. Se comenzó a utilizar la figura del permiso de uso pero siempre reivindicando la provincia la propiedad sobre esas islas. En este caso, este ciudadano lo que tenía desde el año 2015 es un permiso precario de uso por seis meses, el cual lo autorizaba exclusivamente a realizar actividades por ese plazo de tiempo”.“Sin embargo en 2020 cuando ya se había vencido ese permiso precario de uso esta persona empezó a vender, a por lo menos dos ciudadanos distintos, como si fuese él el propietario. Por este motivo escuadramos este comportamiento en el delito de usurpación por abuso de confianza y en el delito de estafa por venderles a terceras personas lotes o partes del terreno como si fuese el propietario cuando claramente no lo era”.“Esto tiene detrás toda una historia de muchísimas personas que consideraron que esos eran bienes del dominio privado y por lo tanto podían ingresar y comenzar a hacer lo que se conoce como usucapión, para quedarse con la propiedad del bien. Por eso es que hay anotaciones en registros, como en este caso de 1975, pero que carecen de valor jurídico porque el Código Civil impide claramente que los bienes de dominio público como las islas sean susceptibles de ser apropiadas por ciudadanos particulares”, explicitó.Consultado por la investigación judicial tras la denuncia, Taleb comentó que “no era fácil porque son lugares complejos de acceder pero se hizo una investigación con la policía para que nos aclare esta situación y con ayuda de medios tecnológicos pudimos establecer la situación del islote Wilson, el islote Ferrini y la isla Libertad, establecer quiénes son las personas que están ocupando ese lugar y están haciendo edificaciones, y tomando fotografías pudimos ver el estado y el avance de las mismas. Y también el fiscal a cargo de la investigación, Eduardo Guaita, recabó informes de la Dirección de Tierras Fiscales de la provincia y de la Municipalidad de Victoria con su delegación en Islas”.“Se tomaron declaraciones testimoniales y con motivo de esta consulta periodística me interioricé sobre la investigación que se inició a fines de 2020 a impartí la directiva para que, analizando el conjunto de la evidencia, se reciba la declaración de imputado de esta persona que está usurpando y, en principio, cometiendo también una estafa. La causa avanzó, se esclareció la situación lo que no era sencillo porque los medios para determinar la situación en ese lugar son escasos, pero con la colaboración de todos se pudo reconstruir como fueron los hechos, la situación jurídica de los inmuebles y por eso decidimos dar el siguiente paso procesal que es convocar a esta persona para que declare en carácter de imputado, es decir de persona sospechada de cometer un hecho delictivo”, anunció el fiscal.Respecto de las penas que podrían caberle al imputado, explicó que “hay un concurso ideal entre la usurpación y la estafa; la usurpación tiene un máximo de pena de 3 años y la estafa un máximo de pena de 6 años, con lo cual el mínimo queda en un mes y el máximo en seis años de prisión”. De todos modos, aclaró que “se espera el descargo de la persona, cuál es su explicación, y una vez que tengamos la prueba de cargo y la prueba de descargo, se tomará una decisión al respecto: si se eleva la causa a juicio o si se busca una salida alternativa al juicio”.Asimismo, confirmó: “Esta es la única causa que tenemos por denuncia del fiscal de Estado, pero investigando en el sistema informático vi que entre esta misma persona y otro de los ocupantes de una isla cercana también se había producido una situación en torno a una usurpación, es decir que hay conflictos justamente porque son personas que han ingresado sin un título, simplemente ingresaron a ocupar y son situaciones precarias que motivan conflictos particulares”.Más intervenciones judiciales

El fiscal coordinador Gamal Taleb comentó que “hubo otro tipo de intervenciones en la zona del humedal, de las islas” y mencionó como ejemplo que siendo fiscal en Victoria intervino “de oficio en una causa a raíz de un permiso del Estado para explotar una determinada zona en un islote instalando una especie de amarre de embarcaciones y como consecuencia se había producido el desmonte de todo un islote”.“Por eso se inició una causa penal de oficio y se pudo recomponer la situación mediante una suspensión de juicio a prueba, donde las personas imputadas asumieron la obligación de reforestar y replantar los árboles que habían tirado abajo. Eso fue muy interesante porque la obligación de recomponer está prevista en la Constitución Nacional, y en ese caso se había imputado el delito de daños, que tiene una pena menor, pero también fue algo novedoso”, contó.También se intervino en un caso donde se había desviado un curso de agua, a raíz de un juicio entre la Municipalidad de Victoria y una empresa privada, juicio que había ganado el municipio. “Pero acá el inconveniente fue que el delito de usurpación de agua, que está en el artículo 182, solo se configura cuando la persona que desvía el curso de agua lo hace con la voluntad de perjudicar a un tercero, y no es esa la situación que se da en estos casos. Porque nadie lo hace para perjudicar a otro sino para obtener un lucro personal que no está previsto como situación específica”, explicó.“En esto vimos que se podría realizar una modificación legislativa que sería muy importante porque son situaciones que suelen repetirse sobre todo en esta zona de humedales donde empresas o particulares que las explotan establecen amojonamientos o desvíos de cursos de agua para beneficiar sus propios fundos sin tener ningún derecho a eso, porque el agua es un bien de dominio público”, opinó.Por otra parte, puntualizó que “también se intervino y se cambió el criterio con el tema de los incendios en la zona de islas”. “La práctica histórica y la jurisprudencia histórica en esta materia era considerar que los incendios eran faltas administrativas porque hay una ley provincial referente al uso del fuego en la zona de islas, que eran prácticas atávicas que se desarrollaban con el fin de maximizar beneficios económicos vinculados a la ganadería y otro tipo de actividades económicas que se hacían en el lugar. Nosotros cambiamos ese criterio planteando que estos eran hechos delictivos porque eran incendios que tenían la aptitud para crear un peligro común a bienes y personas y también el delito de contaminación del aire”, planteó.“Luego de iniciarse una causa de oficio, cuando se produjo uno de los incendios más grandes en la zona, se realizó una investigación muy interesante pero tomó competencia la justicia federal, que actuó y pudo esclarecer muchísimas de esas quemas”, agregó.En este contexto, admitió la importancia de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Paraná, a cargo de Daniel Alonso, que estableció la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad de alterar el medio ambiente en la zona. Consideró que “esta es un área natural protegida por ley, tenemos muchas organizaciones ambientalistas que conocen muchísimo la zona y sería bueno un diálogo o una deliberación pública sobre qué se va a hacer con la actividad en las islas. Es necesario que la política avance, se han hecho cosas pero sería importante que se llegue a un consenso para determinar qué se puede hacer y qué cosas no se pueden hacer, pero siempre con un criterio de protección porque son recursos muy importantes del medio ambiente y el ecosistema que hay allí y tenemos que tomar conciencia de esto. La verdad que no veo ningún tipo de interés que justifique que el hombre esté explotando económicamente y de un modo perjudicial para el ambiente esas zonas tan ricas, no veo ninguna razón que justifique que se realicen fiestas electrónicas en ese lugar, que se lleven adelante emprendimientos que no tiene nada que ver con la idiosincrasia y con la necesidad de proteger”.“Si se convoca a estas organizaciones ambientalistas que tienen un criterio muy razonable y que conocen como pocos lo que se está haciendo en ese lugar, podríamos ponernos de acuerdo todos para establecer límites y que todos sepan lo que se puede y no se puede hacer, y eso evitaría estas consecuencias que luego tienen una repercusión en la esfera penal. La normativa está y Entre Ríos tiene, quizás, la protección jurídica del medioambiente más avanzada del país en su Constitución provincial y también tiene muchísimas leyes sancionadas desde la década del ‘90 con el consenso de las organizaciones ambientalistas y me parece que es hora de llevarlas a la práctica. Es el momento de ponerle un punto final a situaciones que afectan e inciden negativamente sobre el medioambiente”, pidió.Conclusiones

Tanto desde el municipio como desde Fiscalía de Estado y la Justicia coinciden en la necesidad de trabajar en un plan de regulación de todas las actividades que se realizan en el territorio de islas, en coordinación entre los actores y las esferas de gobierno: nacional, provincial y municipal, para resguardar un ecosistema estratégico y fundamental.

Fuente: Cuestión de Fondo - Análisis Digital.

Brigadistas y medios aéreos trabajan en el combate de incendios en la isla entrerriana Laguna del Matadero, frente a ciudades bonaerenses de la costa del Paraná. El operativo comenzó en la jornada del jueves y se extendió hasta el viernes.En el marco de la alerta temprana, diseñada para atender y prevenir grandes focos de incendio y de la que participan provincia de Santa Fe, Buenos Aires, comunidad isleña, Defensa Civil y Secretaría de Ambiente, se detectaron incendios en la isla Laguna del Matadero en el Delta entrerriano.Para el combate, se montó un operativo que contó con personal operativo y logístico de Defensa Civil, personal provincial del Plan de Manejo del Fuego, brigadistas forestales de la Policía de Entre Ríos, brigadistas de Respuesta Ambiental de la Secretaría de Ambiente, personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, personal técnico y logístico de Defensa Civil Buenos Aires, Compañía de Ingenieros QBN y Apoyo a la Emergencia 601 del Ejército Argentino , Bomberos Voluntarios de San Nicolás y medios aéreos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. 

Brigadistas nacionales y personal de Entre Ríos y Santa Fe trabajaron por tierra y aire para lograr extinguir nuevos incendios registrados en las últimas horas en las islas del delta del río Paraná, informó este jueves la Secretaría de Ambiente entrerriana, que no descartó nuevos focos en la zona por el intenso calor.

Los trabajos comenzaron por la mañana del miércoles y finalizaron por la noche del mismo día, bajo temperaturas que superaron los 42 grados en la zona, se precisó.Los focos ígneos que afectaron a las ciudades costeras santafesinas se registraron sobre el departamento entrerriano de Victoria, por lo que se instaló un comando de operaciones en el Aeroclub de la ciudad de Alvear, provincia de Santa Fe.Los incendios fueron detectados por la "Red Ciudadana", una organización ciudadana de pobladores del delta, desarrollada por la Secretaría gubernamental, que trabaja en la alerta temprana.Los fuegos "fueron extinguidos, en este momento no hay nuevos pero pueden aparecer otros por el intenso calor", advirtieron. Por ello, el personal equipado y especializado continúa la evaluación de la zona, para "posibles ataques de puntos calientes" que se puedan generar. 

APFDigital

A través de un decreto del gobernador Gustavo Bordet, la provincia cede dos lotes de islas fiscales a la Administración de Parques Nacionales con el propósito de avanzar en la instalación de los faros de conservación en el Delta del Paraná y en la prevención de incendios.

Se oficializó la entrega, en comodato por 20 años, de dos lotes fiscales del Municipio de Victoria, Entre Ríos, que permitió avanzar con el emplazamiento de los faros de conservación en el Delta del Paraná .

El convenio de comodato previamente firmado estableció la cesión gratuita por dicho plazo para el uso de los lotes 30 y 48 en el área del Delta. Mediante esta rúbrica se busca desarrollar en ellos actividades de conservación de los recursos naturales, investigación, capacitación, promoción del desarrollo sostenible, monitoreo y control de riesgos ambientales, con énfasis en acciones preventivas para el combate de incendios, previendo allí la instalación del equipamiento necesario .

Además, ambos organismos ratificaron un segundo acuerdo, el cual se trata de un convenio marco para fortalecer vínculos de colaboración, articulación, asistencia y cooperación entre las partes.

Se oficializó la entrega, en comodato por 20 años, de dos lotes fiscales del Municipio de Victoria, Entre Ríos, que permitirá avanzar con el emplazamiento de los faros de conservación en el Delta del Paraná. Esto es posible a través del decreto 2686, que ratificó los convenios de cooperación y de comodato suscritos oportunamente entre el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico provincial y la Administración de Parques Nacionales.

El convenio de comodato previamente firmado estableció la cesión gratuita por dicho plazo para el uso de los lotes 30 y 48 en el área del Delta. Mediante esta rúbrica se busca desarrollar en ellos actividades de conservación de los recursos naturales, investigación, capacitación, promoción del desarrollo sostenible, monitoreo y control de riesgos ambientales, con énfasis en acciones preventivas para el combate de incendios, previendo allí la instalación del equipamiento necesario.

Además, ambos organismos ratificaron un segundo acuerdo, el cual se trata de un convenio marco para fortalecer vínculos de colaboración, articulación, asistencia y cooperación entre las partes.

Cabe recordar que la estrategia de faros de conservación busca consolidarse como un abordaje integral para proteger el Delta del Paraná, una zona de gran interés ecológico y biogeográfico que se extiende por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y en la que predominan los ecosistemas de humedal. Los bienes y servicios ecosistémicos que provee esta región benefician el desarrollo y la calidad de vida de más de 15 millones de personas.

En el transcurso de 2020, en el contexto de una bajante histórica del río Paraná que generó mayor cantidad de suelos secos en el humedal, se registraron gran cantidad de focos de incendio, la mayor cantidad en los últimos nueve años.

Tiempo antes se reactivó el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, junto con el Estado nacional.

(Prensa Ministerio de Producción)

Durante este año, el Comité Interjurisdiccional de Manejo del sitio Ramsar Delta del Paraná trabajó sobre los efectos de la bajante extraordinaria del río, principalmente en los peces, avanzó con el programa de comunicación y creó la comisión de educación y cultura.

Con un plan de manejo acordado en 2019, este año los representantes de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, junto a los intendentes de los Parques Nacionales Pre Delta e Islas de Santa Fe, universidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, continuaron trabajando de modo virtual. Por la provincia participa activamente la Secretaría de Ambiente.

Las principales temáticas abordadas fueron la bajante extraordinaria y sus efectos sobre los peces, la charla sobre "Denominación de origen para productos del Sitio", avances en programas de comunicación y difusión, campaña de sensibilización, creación de una nueva comisión de Educación y cultura a propuesta de algunos integrantes, reconociendo la importancia de estos temas.

Cabe destacar que este comité responde a los lineamientos de gestión participativa de la Convención Ramsar, siendo de los pocos en el país que se encuentran activos y con un Plan de Manejo aprobado.

El material corresponde a la temática de la Convención para el Día de los Humedales 2021 que se conmemora el 2 de febrero de cada año en todo el mundo.

Según la organización, las emisiones de carbono se incrementaron un 1.483 % este año, en relación a 2019. Durante este año, las emisiones de carbono fueron de 934.790 toneladas. Si son convertidas a CO2, serían 3.427.563 toneladas, lo que equivale a un promedio de 740.294 autos en circulación durante un año.

"A pesar de su importancia en la regulación del agua y el clima de la región, el Delta del Paraná se encuentra amenazado principalmente por la industria ganadera e inmobiliaria. Ante la actual crisis climática, ambiental y sanitaria, necesitamos medidas urgentes y concretas para proteger el Delta del Paraná", sostuvo Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace. "A pesar de su importancia en la regulación del agua y el clima de la región, el Delta del Paraná se encuentra amenazado principalmente por la industria ganadera e inmobiliaria. Ante la actual crisis climática, ambiental y sanitaria, necesitamos medidas urgentes y concretas para proteger el Delta del Paraná", sostuvo Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace.

En lo que va del año, fueron detectados 39.146 focos de calor, en comparación con los 300 detectados durante 2019. La franja entre el 17 de agosto y el 15 de noviembre fue la que contuvo mayor alertas de incendios. El día que contó con más focos fue el 17 de agosto, con 6.609.

Se estima que el 95% de los incendios ocurridos en Argentina este año fueron producidos por intervenciones humanas. Más de un millón de hectáreas se vieron afectadas en todo el país. Entre Ríos es la segunda provincia más impactada con más de 300.000 hectáreas afectadas, luego de Córdoba.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié pidió a la Justicia que tome declaración indagatoria a los Passaglia en la causa iniciada por los incendios sostenidos en las islas del delta del Paraná. Cabe recordar que el hermano del intendente, el diputado bonaerense Santiago Passaglia figura como propietario de 877 hectáreas en las islas de Gualeguay.

Con la mira puesta en el ecocidio que tiene lugar en las islas del Delta del Paraná desde hace aproximadamente cuatro meses, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié se convirtió en querellante en la causa que tiene en sus manos la justicia federal de Entre Ríos.

"Soy querellante en la causa. Lo último que le pedí a la justicia es que llame a indagatoria a los Passaglia", afirmó el ministro en diálogo con Radio 10. "Según información periodística que muestra los registro de Catastro, ellos tienen 800 hectáreas en las islas. Además están geolocalizadas quemas allí", aseguró. Cabandié también puso en duda el origen de esas hectáreas: "¿"Quién les dio esos usos precarios? Esas tierras no se compran, se entregan porque son tierras fiscales. Se hacen usos precarios, por 20, 30 años", reproduce el portal Radio Noba.

Cabe destacar que fue ese portal el que reveló que el hermano del intendente municipal, el Diputado Provincial Santiago Passaglia, es propietario de 877 hectáreas ubicadas en las Islas de Gualeguay, al sur de Entre Ríos, frente a las costas de San Nicolás, más precisamente en el "Distrito 9, Sección 2".

Del volante emitido por la Dirección General de Catastro de la Administradora Tributaria de la Provincia de Entre Ríos al que accedió NOBA, se extrae que las 877 hectáreas conforman un condominio entre Passaglia (50%) y la sociedad anónima "ISLAS DEL MIRADOR S.A." (50%). Dicha sociedad fue creada el 30 de marzo de 2012 y de su estatuto se desprende que su objeto social es "la explotación, en campos propios, de terceros o arrendados, de establecimientos rurales, agrícolas, ganaderos, forestales, avícolas, frutícolas, apicultura, granjas, tambos; cría y/o invernada de ganado de todo tipo y especie; instalación de semilleros bajo controles legales existentes, creados o a crearse".

Los socios de Santiago Passaglia en esta explotación ganadera son Nicolás y Lucía Fernández Motta, miembros de la sociedad anónima. Desde su origen, la firma no ha registrado ningún tipo de actividad.

Agosto fue un mes récord en materia de incendios en el delta del Paraná, según el monitoreo que lleva adelante el Museo de Ciencias Nautrales Antonio Scasso, de la localidad de San Nicolás. Desde los primeros días del año, en el territorio protegido por el plan para la conservación y aprovechamiento sostenible de los Humedales (Piecas) se contabilizaron casi 24 mil focos de calor, de los cuales 13.928 se sucedieron durante el octavo mes del año.

El fin del invierno y los comienzos de la primavera son meses en que tradicionalmente se realizan en las islas quemas controladas para la renovación de pasturas para el ganado. Las estadísticas del museo reúnen datos de los últimos ocho años, pero lo sucedido este 2020 supera con creces la cantidad de focos de incendio de años anteriores.

El sábado 22 de agosto, cuando las llamas llegaron a afectar las zonas más pobladas de Boca de la Milonga e Isla Deseada, fue el día del mes en que se contabilizaron mayor cantidad de fuegos. Fueron 1.433, sólo en una jornada.

El territorio Piecas abarca el sistema de humedales del río Paraná que va desde Santa Fe - Paraná hasta su desembocadura en el Río de la Plata. El monitoreo realizado por el museo tiene como objetivo acercar a los interesados la información actualizada de los incendios, su ubicación y una perspectiva dinámica de su evolución.

Los mapas de calor se confeccionan semanalmente. Para esto se utiliza información procedente de satélites de vigilancia: MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MCD14DL), y más recientemente, VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer) que proporcionan datos diarios de las anomalías térmicas detectadas en todo el mundo.