La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanzó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta digital que permite a cualquier persona denunciar hechos de violencia vial y conductas peligrosas en la vía pública a través de WhatsApp. El número habilitado es el 11-2787-0000 y el anuncio se realizó en el marco de la Semana de la Seguridad Vial.

La iniciativa busca complementar los controles presenciales y ampliar la capacidad de detección de conductas riesgosas mediante evidencia digital aportada por los propios ciudadanos, incorporando tecnología y participación comunitaria como herramientas de fiscalización y prevención.

El sistema está habilitado para reportar una amplia variedad de conductas peligrosas: alcohol al volante, exceso de velocidad, picadas ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo, uso del celular al volante, patentes adulteradas y situaciones de violencia vial, entre otras.

Para realizar un reporte será necesario enviar videos o fotos del hecho en los que la patente del vehículo sea visible, informar el lugar, la fecha y la hora aproximada, y completar un breve formulario. El material debe ser registrado por terceros —acompañantes o peatones— y nunca por quien conduce un vehículo.

Cada reporte será analizado por equipos técnicos de la ANSV junto con las pruebas aportadas. La denuncia no implicará automáticamente una sanción, sino que será evaluada conforme a la normativa vigente y las competencias del organismo. Según la gravedad del caso y la evidencia presentada, los reportes podrán derivar en sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

Además de habilitar sanciones, el sistema permitirá recopilar información para mejorar la fiscalización, identificar patrones de riesgo y fortalecer campañas de concientización vial en todo el país. La ANSV lo encuadra como parte de una estrategia integral de modernización de los mecanismos de control orientada a reducir situaciones de riesgo en rutas y calles.

Mientras el Departamento Ejecutivo avanza con un sumario administrativo, una denuncia penal y un pedido de remoción en el Concejo Deliberante, la defensa legal cuestiona de raíz la validez del operativo contable montado en la Comuna.

El Debate Pregón: Desde el Ejecutivo confirmaron el inicio de tres vías concurrentes: sumario, denuncia penal y pedido de remoción. ¿En qué estado procesal se encuentra su defendido?

Dr. Marcelo Sánchez: Legalmente mi defendido aún no ha sido notificado ni imputado en el ámbito penal. Al momento, solo se nos ha anoticiado el inicio de un sumario administrativo con una suspensión provisoria por 30 días. Lo llamativo es que el dictamen del asesor legal esboza supuestos incumplimientos de manera laxa, pero formalmente aún no sabemos qué hecho concreto se le atribuye en el sumario; ni siquiera le han pedido explicaciones todavía.

EDP: La Secretaría de Hacienda matizó que lo que existía era una "salida irregular" de fondo fijo sin los requisitos formales.

M.S.: Lo que ha estado pasando denota una marcada animosidad. El Ejecutivo tomó conocimiento de la existencia de un recibo temporal por 1.500.000 pesos firmado de puño y letra por el Tesorero en una de las cajas exteriores. Apresuradamente, convocaron al escribano con el único fin de constatar la existencia física de ese papel antes de que desapareciera por el flujo normal de la actividad municipal.

La extracción temporal de dinero de la caja chica mediante recibos internos para afrontar contingencias inmediatas es una práctica habitual y prevista por los usos del Tribunal de Cuentas. Si un área necesita pagar de urgencia una carta documento, el tesorero entrega el efectivo y guarda un recibo firmado por el empleado. Cuando el agente regresa con la factura oficial, el recibo provisorio se destruye y el gasto se incorpora formalmente. El apuro del Municipio radicaba en "encontrar" el recibo firmado por Estapé antes de que se formalizara el comprobante definitivo, para instalar en la opinión pública que se estaba llevando el dinero.

EDP: ¿Y dónde se encontraba ese dinero al momento del procedimiento notarial?

M. S.: El dinero siempre estuvo dentro del Municipio. Lo que ocurre es que durante el arqueo se negaron terminantemente a abrir la caja fuerte principal de la Tesorería. Si hubiesen continuado el procedimiento adecuadamente abriendo la caja fuerte, habrían encontrado los fondos o los documentos de respaldo correspondientes. Cuando llegue el momento del descargo formal, Estapé planteará este vicio metodológico: ¿con qué rigor técnico me acusan de un faltante si ni siquiera revisaron la totalidad de las dependencias?

EDP: El concepto que quedó instalado en la comunidad es el de un faltante de fondos en las cuentas públicas. ¿Cómo responde a esa calificación?

M. S.: Técnicamente es imposible hablar de desfalco cuando existe un documento firmado por la máxima autoridad de la Tesorería autorizando la salida. Mi cliente no ocultó nada; dejó asentada su firma haciéndose cargo de la extracción en la caja que custodiaba otra empleada, precisamente para que a ella le cerraran los números al finalizar la jornada.

Nadie que pretenda defraudar al Estado deja un recibo con sus datos y su firma en el lugar del hecho. Tampoco se puede argumentar que Estapé sea responsable de las demoras en rendir cuentas al poder legislativo; la obligación de confeccionar los balances es una responsabilidad política del Ejecutivo, no de los cuadros técnicos de control.

Además, hoy la Tesorería opera con un sistema informatizado y trazable. El Secretario de Hacienda, el Contador y el Tesorero poseen usuarios y claves individuales. Cada movimiento que realiza Estapé queda grabado con una huella digital inalterable. No podemos ser tan ingenuos de pensar en una intencionalidad dolosa en un entorno donde todo genera una alerta automática.

EDP: El Concejo Deliberante tiene previsto dar tratamiento inmediato al pedido de remoción. ¿Qué análisis hace de este paso legislativo?

M. S.: Nos preocupa profundamente la celeridad con la que el oficialismo pretende resolver esto, contando simplemente con la mayoría automática de votos, sin esperar siquiera a que concluyan los plazos mínimos del sumario administrativo o la investigación de la Justicia. Estamos hablando de un empleado público con 23 años de carrera intachable y 18 años de ejercicio continuo en el cargo de Tesorero. Si el proceso se ejecuta vulnerando el debido proceso y mañana la Justicia nos da la razón, el juicio millonario resultante contra la Municipalidad no lo pagarán los funcionarios de turno; lo va a pagar "Juan Pueblo" de sus propios impuestos. Institucionalmente es de una fragilidad alarmante.

El Tesorero y el Contador son las figuras creadas por la Constitución de Entre Ríos y la Ley de Municipios para ejercer el control de legalidad y limitar el poder político. Si con un sumario express y una mayoría simple podés deshacerte con tanta ligereza del técnico que tiene la función legal de controlarte, el sistema democrático y la institucionalidad se dañan. 

En un anticipo de lo que será la entrevista de nuestro diario con  la Secretaria de Hacienda, sobre este y otros temas, te compartimos las tres medidas que se tomaron para avanzar sobre Estapé. 

Esta es la instancia a la que te referías y que involucra directamente al poder político local.

Es el procedimiento interno de la Municipalidad para determinar las responsabilidades laborales y civiles del funcionario.

Va en paralelo a todo lo anterior y busca determinar si se cometió un delito (como malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes o destrucción de documento público).

En plena discusión nacional por la modificación de la legislación penal para endurecer sanciones contra las falsas denuncias, un informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos arrojó cifras que relativizan la magnitud del fenómeno. El estudio, realizado sobre datos de 17 jurisdicciones del país durante el período 2023-2025, analizó un universo de 8.254.672 causas penales iniciadas en los ministerios públicos fiscales. Dentro de ese volumen, se detectaron 7.517 investigaciones por falsa denuncia, lo que equivale al 0,09% del total: aproximadamente una cada 1.098 expedientes. 

Entre sus principales hallazgos, el informe señala que el 86% de las falsas denuncias correspondió a conflictos de otra índole y que solo el 8% estuvo vinculado a contextos de violencia de género o intrafamiliar. 

En el caso de Entre Ríos, el relevamiento detectó 27 causas por falsa denuncia en el período analizado, una cifra que muestra la escasa incidencia del fenómeno en la provincia en relación con el total de expedientes penales tramitados durante los tres años.

La conclusión del documento es tajante: no existe evidencia empírica que permita hablar de una proliferación de falsas denuncias que justifique un agravamiento penal. 

El principal cuestionamiento a la iniciativa que debate el Senado es que desalentaría la denuncia, cuando los datos muestran que ya son pocos quienes denuncian. El 88% de las víctimas de ofensas sexuales no denuncia, según la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC. 

El diagnóstico nacional tiene una limitación relevante: ocho distritos no remitieron datos al relevamiento federal: Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán. Esa ausencia impide construir una radiografía completa del país y obliga a tomar los resultados con una aclaración metodológica expresa. 

El informe también marca entre los puntos pendientes que "no se relevó el resultado procesal de las causas", por lo que no es posible saber cuántas de las falsas denuncias registradas son efectivamente acreditadas como tales por el sistema judicial.

La política habitacional de la Municipalidad de Gualeguay fue objeto de una fuerte denuncia pública que cuestiona el trasfondo económico y jurídico de los planes locales de acceso al techo propio. A través de una publicación que encendió la polémica, el dirigente Marcelo Sánchez afirmó categóricamente que “Gualeguay no tiene un programa de viviendas serio y real”, poniendo bajo la lupa tanto el plan "Tené tu Casa" como el proyecto de las "100 Viviendas".

El eje del conflicto radica en las condiciones contractuales que se les exigen a los adjudicatarios del plan de las 100 Viviendas, una obra ejecutada originalmente con aportes del Estado Nacional. Según un documento contractual que tomó estado público, el precio total estipulado en concepto de recupero de fondos por la adjudicación asciende a la cifra de Pesos setenta y dos millones seiscientos veinte mil ochocientos treinta y uno con 64/100 ($72.620.831,64), un valor fijado a diciembre de 2025 que equivale exactamente a 58.485,98 Unidades de Vivienda (UVIs). Para Sánchez, este esquema desvirtúa por completo la función del Estado en materia de asistencia social. “Del modo propuesto, el 100 viviendas dejó de ser un Programa Social de Vivienda y se ha convertido en un proyecto inmobiliario, igual al que puede realizar cualquier desarrollador privado”, fustigó el referente del PJ local, añadiendo que la operatoria representa “un engendro jurídico que raya lo ilegal”.

Las claves del contrato: cuotas en UVIs por 30 años

El texto del documento adjuntado a la denuncia detalla de manera taxativa las obligaciones financieras que deben afrontar las familias beneficiarias en la cláusula CUARTA:

•Financiación a largo plazo: El pago se estructuró en “Trescientos Sesenta (360) cuotas mensuales, consecutivas y ajustables”, lo que representa un período de endeudamiento de 30 años.•Mecanismo de indexación: Cada cuota mensual se calcula en UVIs y su equivalente en pesos se determina al “último valor de UVIs publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondiente al último día hábil del mes anterior al de vencimiento”.

•Fórmula de conversión: El contrato especifica de manera técnica que la conversión se rige bajo la fórmula: Cuota en pesos = (Cuota en UVIs, en este caso 162,46) × (Valor de la UVIs BCRA del último día hábil del mes anterior al vencimiento).

A esto se le suma que la cláusula QUINTA establece un margen estricto de cumplimiento, indicando que “la cuota deberá ser abonada por la Adjudicataria del 1 al 10 de cada mes” (mecanismo que comenzó a regir a partir de marzo de 2026) y advierte que el retraso colocará al beneficiario en mora de forma automática “sin necesidad de interpelación previa, generando el devengamiento de intereses”.

Cruce por la propiedad y sospechas de desvío de fondos

Uno de los puntos más críticos señalados por Sánchez es la falta de seguridad jurídica sobre la titularidad del inmueble. El dirigente alertó que, a pesar de que el adjudicatario termina pagando “más de 50.000 Dólares” a lo largo de las tres décadas, lo hace por “una vivienda ÚNICA, que no le pertenece”, ya que el municipio retiene la titularidad y otorga únicamente una “TENENCIA PRECARIA”. En contraste, la cláusula TERCERA del documento ratifica que los beneficiarios deben dar “ocupación efectiva y permanente de la Vivienda, no pudiendo darle otra utilidad, ni cederla, ni transferirla o de cualquier manera enajenarla por ningún concepto”.

Por último, la denuncia siembra sospechas sobre el destino que la administración municipal le da a los recursos recaudados, vinculando directamente el financiamiento de este plan con las falencias de otros programas locales.

Sánchez afirmó que “el Plan Tené tu Casa es deficitario y debe ser financiado por el municipio con mano de obra y recursos económicos” debido a que allí “el propietario es dueño de la vivienda -que no necesariamente es única- y paga una cuota subsidiada”.

El reciente intento de robo en la sede de la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión (Aptra) expuso la vulnerabilidad de la institución y la preocupación de su presidente, Luis Ventura. La situación, marcada por reiterados hechos de inseguridad, llevó al periodista a realizar un descargo público en televisión, donde expresó su angustia y cansancio ante una cadena de ataques a la entidad.

El periodista relató con indignación cómo los sistemas de seguridad son blanco de los delincuentes: “¿Por qué nosotros tenemos que tener cámaras que son violentadas, que son rotas, que son corridas, justamente para pagar robos en cadena de computadoras, de laboratorios, de oficinas?”, cuestionó. Su intervención no solo reflejó la gravedad del episodio reciente, sino el hartazgo acumulado por hechos previos.

La entidad, que desde hace décadas premia a lo mejor de la radio y la televisión argentina, enfrenta una seguidilla de episodios que van más allá del daño material. Ventura describió el accionar del sospechoso, señalando que “este señor pasa como Pancho por su casa, espía, fuerza a ver si la puerta cede, mete el brazo, rompe el vidrio, intenta buscar una llave de la parte interna justamente para poder ingresar”. El presidente de Aptra dejó en claro que no se trata de un incidente aislado, sino de parte de una seguidilla alarmante.

El periodista también se preguntó, entre la bronca y el desconcierto, cuál es el objetivo de quienes atacan la sede: “¿Para robar qué? ¿Estatuillas? ¿Martín Fierro? ¿Qué es lo que espera buscar? ¿Computadoras? ¿Plaquetas? La verdad que yo creo que ya después de tanta inseguridad que está sufriendo Aptra, hay alguien que está elucubrando justamente joder a la entidad”.

Lejos de limitarse a denunciar, Ventura defendió el rol cultural de la entidad que preside, que organiza los premios Martín Fierro y actividades para la promoción de la cultura nacional. En ese sentido, expresó: “Jode a una entidad de periodistas que lo único que hace es entregar premios, hacer fiestas, tratar de convocar a la cultura nacional, salir y vender premios en el exterior. ¿Qué más quieren?”.

En medio de su relato, Ventura reveló la dimensión de la amenaza que enfrenta: “Estoy con botón antipánico hace cuatro meses. Ya son más de 50 amenazas. ¡Estoy podrido!”. La implantación de este dispositivo de seguridad refleja el nivel de riesgo para el periodista y el clima de hostilidad hacia la institución.

Finalmente, Ventura enfatizó que la situación trasciende a su persona y a la propia entidad: “Esto no es contra mí o contra Aptra. ¡Es contra la Argentina!”. Sus palabras resumen el sentimiento de vulnerabilidad e impotencia que recorre a quienes integran organismos culturales en el país.

En marzo, la sede de Aptra, ubicada en Balvanera, fue escenario de una amenaza de bomba. Luis Ventura, presidente de Aptra, relató que la policía logró identificar por cámaras a un vecino que había dejado una bala de mortero junto al basurero frente a la institución. El artefacto, de grandes dimensiones, no tenía capacidad explosiva, pero contenía perdigones, lo que motivó la evacuación de varias cuadras como medida preventiva.

El operativo incluyó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde se hallaron otros elementos bélicos. Una vecina realizó la denuncia al observar el proyectil en la vereda, lo que activó la intervención policial. Ventura también mencionó antecedentes de amenazas previas en el entorno, y detalló que durante el procedimiento se encontraron una bomba de humo y un misil inactivo cerca de la entrada de Aptra. El episodio generó alarma en la comunidad y obligó a evacuar la zona afectada.

“La policía, a través de la bajada de los videos de seguridad, de las cámaras, se pudo determinar que es un vecino de la cuadra de Aptra quien sacó a la vía pública esa bala. No la tiró adentro del basurero, la dejó afuera a un costado, razón por la cual, en caso de haber entrado en conexión, hubiera generado un buen riesgo”, señaló el periodista en Secretos verdaderos (América TV).

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde la Oficina de Género del Superior Tribunal de Justicia de la provincia difundieron hoy un informe que da cuenta de la cantidad de denuncias que fueron radicadas durante el año pasado por situaciones de violencia familiar y contra la mujer.Según la información que pudo constatar esta Agencia, el STJ recibió en 2022 17.200 denuncias por violencia familiar y contra la mujer, de las cuales 13.229 son denuncias nuevas, mientras que el 27 por ciento restantes son redenuncias.De esta cifra se desprende que una de cada 90 mujeres entrerrianas durante el año pasado sufrió –al menos- una situación de violencia que ameritó radicar una denuncia y ser judicializada.Además, desde el Superior Tribunal de Justicia dieron cuenta que en los últimos seis años 94.017 personas fueron ingresadas como víctimas en procesos de violencia, de las cuales 84.825 son mujeres. Es decir el 90 por ciento.

La concejala de Ubajay Natalia Gisela Guiot denunció una serie de intimidaciones que viene sufriendo por razones políticas y aseguró que teme por su vida.

La edila recurrió a Facebook para denunciar que su auto fue dañado de manera intencional, hecho que asoció con publicaciones en su contra en las redes sociales emanadas de “cuentas ficticias”, según consta en la exposición policial que efectuó.

“Realmente se ha alterado por completo la paz social, y lo que antes parecían solo indirectas o amenazas, hoy tristemente es realidad. Nada justifica estos actos. Temo por mi vida y la de mi familia. Ya no sé qué sigue... en mi pueblo, el que me vio nacer, el que fue siempre tranquilo. Espero esto se aclare pronto porque vivir con miedo no es vivir”, expresó la edil en su publicación.

En la denuncia ante la Policía Guiot detalló que a su auto le pincharon un neumático, dañaron las micas y, con rayones en la pintura, escribieron en una de las puertas la palabra “puta”. La dirigente opositora a la actual gestión municipal reveló que tres meses atrás su vehículo también había sido dañado, pero que en aquella ocasión no denunció lo ocurrido.

Fuente: UNO

En el marco de la presentación de su nuevo single "Solo por Hoy", Axel habló sobre las causas judiciales que enfrenta desde 2019 por dos denuncias de abuso sexual y señaló: " Creo que el tiempo siempre saca la verdad a la luz".

En diálogo con la periodista Pilar Smith para el programa "Me gusta la tarde" (Canal 26), el artista contó que se siente "más fuerte que nunca" y que está feliz. Y agregó: "La paciencia es el don supremo, la ciencia de la paz".

Además, sostuvo que no hay ninguna prueba para incriminarlo. "La Justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí. Si no yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando y hablando con ustedes", señaló.

Cuáles fueron las denuncias que recibió

En octubre de 2019 en Río Negro, una joven denunció penalmente por abuso sexual simple, pero ante la falta de testimonios, la justicia decidió archivar el caso. Pese a esto, a los tres días el artista fue denunciado nuevamente.

También, protagonizó un confuso episodio con Tini en una conferencia de prensa en Madrid en los que se la ve juntos y cuando él intenta abrazarla ella corre su hombro.

Tras la difusión del video, la intérprete de "Bar" se expresó a través de las redes sociales: "Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional, y aclarar que ningún gesto mío que haya sido extraído de la nota que dimos obedece a una incomodidad con Axel".

La difusión que tuvo el caso del niño Lucio Dupuy, de cinco años, quien falleció en un hospital de La Pampa a raíz de las heridas recibidas presuntamente por su madre y su pareja, motivó que las denuncias por maltrato a la niñez al programa del Ministerio de Justicia de la Nación se multiplicaran en un 73% en los últimos cinco días.

La psicóloga especializada en maltrato infantil y directora del programa "Las Víctimas contra las Violencias", Eva Giberti, dijo a Télam que se trata "de un incremento exponencial que no se daba desde la denuncia de Thelma Fardín por violación contra Juan Darthés" y aseguró que "cada vez son más los chicos que se animan a denunciar".

"Son denuncias hecha por sus protagonistas, o por vecinos del mismo barrio o por niños que aseguran que un familiar suyo es abusado. Acá las víctimas son absolutamente ingenuas e inocentes y no pueden hacer nada para defenderse", destacó Giberti.

La conmoción por el asesinato del nene de 5 años trascendió las fronteras de La Pampa al ser descubiertos todo tipo de golpes, quemaduras de cigarrillo, mordeduras y abusos sexuales que databan de años.

Las acusadas son su madre Magdalena Valenti y su novia Abigail Pérez y, tras la autopsia, se descubrió que el niño tenía heridas de vieja data y que la causa de la muerte fue por hemorragia interna a raíz de un golpe, presuntamente provocado por una de las tantas palizas que recibía.

"Los sistemas de protección hacia los niños están fracasando ante situaciones como esta, porque la escuela y el barrio tendrían que haber estado viendo lo que pasaba. En esos sistemas hay varias cosas que no funcionan bien, protocolos hay, esta el síndrome del niño golpeado que es típico, pero aquí tenemos a dos perversas que se ocupaban placenteramente de golpearlo", refirió Giberti.

Línea 137

Para Giberti lo que ocurrió después de la difusión de este hecho lamentable es que se haya superado en un 73% la media de denuncias que recibimos y aseguró que "cada vez más son chicos de 7, 8, 9 y 10 años los que se animan a denunciar en la línea 137".

Esta vía totalmente anónima es utilizada por los niños mediante los llamados por WhatsApp "y no sólo llaman para denunciar el maltrato o abuso que reciben sino que también lo hacen cuando se enteran de que por ejemplo una tía es abusada", destacó la profesional.

Entre los meses de octubre de 2020 y septiembre de 2021, las consultas recibidas por el Programa a través de la Línea Nacional 137 y la línea de WhatsApp fueron 15.118, para un total de 20.520 víctimas (pueden existir más de una víctima por consulta), de las cuales 9.989 fueron niños, niñas y adolescentes.

En la cuarentena los llamados a la línea 137 por violencias intra familiares y/o sexuales aumentaron un 20% respecto al mismo período de 2019.

En la cuarentena los llamados a la línea 137 por violencias intra familiares y/o sexuales aumentaron un 20% respecto al mismo período de 2019. La cantidad total de niñas y niños que sufrieron estos tipos de violencias se incrementó un 23%, mientras que hubo un aumento del 28% en violencia familiar y del 13% en violencia sexual.

En tanto, la cantidad de chicos y chicas que fueron violentados/as en el entorno digital, lo que incluye principalmente al grooming y la utilización de imágenes en pornografía, creció un 267%".

La invisibilización del niño

"Lo novedoso e impresionante que vemos este año es como los chicos llaman. Tenemos una perversión que aumenta, pero también tenemos gente que se ocupa. Los que denuncian los niños son las situaciones de maltrato y las cuentan a las operadoras con mucha valentía", dijo Giberti.

Pero el hecho de que los adultos no denuncien un hecho de maltrato tiene que ver "por un lado con la naturalización de la violencia y por el otro con el no registro del chico como persona sujeta de derechos: La invisibilización del niño es un fenómeno que ocurre en toda América Latina", remarcó Giberti.

"Tampoco la Justicia los ve como personas -dijo la especialista- , hay mucha legislación en favor de los chicos pero los que tienen que intervenir no los ven como personas".

En los casos de abuso, "es difícil probarlo salvo que haya habido penetración y sabemos que los abusos están muy lejos de ser sólo un acto físico. Hay tocamientos, manoseos, muestra de imágenes pornográficas, las formas de abuso son de una variedad enorme".

Y explicó que, en este contexto, "los medios juegan un papel fundamental. Pese a lo terrible del hecho sufrido, los chicos cuando llaman a la línea 137 no tienen reparos en decir su nombre, donde viven y asombra que ellos mismos digan que fueron abusados".

La Justicia

Por otra parte, Giberti consideró que la legislación que hay en la Argentina en la materia "es aceptable", pero dijo que los responsables de llevar justicia "tienen que estudiar y escucharnos a los psicólogos que estamos en el terreno. La Justicia no sólo es machista, sino fanáticamente patriarcal".

Y esto, concluyó, "incide en el juzgamiento de los casos de maltrato y abuso infantil, por eso cuesta tanto conseguir que un abusador de niños vaya preso. La tendencia es que una vez que se consolida la denuncia, cuenten con la simpatía de mucha gente de la Justicia".

Desde 1981 cada 25 de noviembre se evoca el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en conmemoración por el asesinato de las hermanas Mirabal. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las "Las Mariposas", activistas políticas de la República Dominicana.

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas y a la vez más naturalizadas de los derechos humanos en el mundo. Del informe del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV), elaborado por la Oficina de Violencia de Género del STJ (OVG), se desprende que desde 2019 y septiembre de este año se registraron 31.800 denuncias de mujeres en situación de violencia.

Desde la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia Entre Ríos, su directora Fernanda Baima reseñó que, a efectos de llevar adelante acciones concretas con el fin de erradicar estas violencias, se impulsó la creación del organismo, la formación en Género y Derechos Humanos al interior del Poder Judicial, ello en pos de acrecentar y fortalecer los conocimientos y saberes en estas temáticas.

Perspectiva

El objetivo y compromiso del organismo, es impulsar en el ámbito del Poder Judicial la incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional, y en los procesos internos para lograr la pretendida igualdad, tanto para las usuarias y los usuarios del sistema de justicia, como en el ámbito de las relaciones interpersonales de quienes lo integran.

Asimismo, dijo que el Poder Judicial constituye la primera línea de defensa para la protección de los derechos y las libertades individuales de las mujeres, y por ello, la importancia de su respuesta efectiva ante violaciones de derechos humanos. Una respuesta Judicial idónea resulta indispensable para que las mujeres víctimas cuenten con un recurso ante los hechos sufridos y que éstos no queden impunes.

Informe REJUCAV

Entre 2019 y septiembre de este año se registraron 31.800 denuncias de mujeres en situación de violencia. Así surge del informe del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV), elaborado por la Oficina de Violencia de Género (OVG), dependiente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER).La estadística señala que en 2019 hubo 11.853 mujeres en situación de violencia y que al año siguiente se contabilizaron 11.589 denuncias. En tanto que hasta septiembre pasado se habían registrado 8.358 presentaciones ante el REJUCAV.

Tasa de denuncia

El informe se presenta con la Tasa de denuncias de violencias en cada una de las jurisdicciones de la provincia. Para eso se tomó la población total de mujeres según el censo nacional de 2010, determinando así la cantidad de víctimas por departamento que denunciaron violencia familiar (infracción a la Ley 9.198), violencia contra la mujer (infracción de las leyes 10.058-24.635) y delitos vinculados a ellas.

Las jurisdicciones con mayor número de mujeres en situación de violencia registradas en 2019 y 2020 fueron La Paz, Federal y Feliciano, mientras que en 2021 los distritos con más denuncias fueron La Paz, Gualeguay, Feliciano y Federal.

La información reunida por el REJUCAV busca dimensionar la problemática de la violencia en toda la provincia para así evaluar el servicio judicial y adecuar las políticas de género del Poder Judicial que garanticen el acceso efectivo a la justicia de ese sector vulnerable.

La fiscal Martina Cedrés precisó que el intendente "tiene denuncias por abuso sexual con acceso carnal", y agregó que en la declaración de imputado, Constantino defendió su inocencia en cada uno de los tres hechos.

"La semana pasada hubo una ampliación de los hechos que se le atribuyen, con acusación un poco más grave. Hasta el momento tenemos tres denuncias. Hay situaciones de acoso que no llega a ser un delito, pero si evidencia el accionar de la persona, una tendencia de conducta. Las denuncias son de abuso sexual con acceso carnal, son todas mayores de edad, aunque no todas tienen relación laboral con él", explicó la fiscal.

En relación a la postura de Constantino, la fiscal señaló que "le informamos los hechos en declaración de indagatoria, él hizo un descargo de cada uno de los tres hechos, manteniendo su inocencia de las acusaciones".

"Seguimos recabando mayor prueba en los hechos que se investigan, es una causa compleja por las circunstancias, no solo por la persona de quien se trata, sino por el lugar y porque los delitos denunciados son complejos porque se dan en la soledad del imputado y la víctima", concluyó Cedrés

El médico ginecólogo Armando Aguiar, quien se desempeñaba en el Centro de Salud San Isidro, de Gualeguaychú, fue separado de su cargo por el Ejecutivo municipal luego de que se conociera la presentación de una denuncia judicial en su contra por abuso.

La investigación penal, a cargo de la fiscal Martin Cedres, de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, sumó tres nuevas denuncias: dos mujeres se acercaron a la Fiscalía para denunciarlo por tocamientos durante la práctica de un examen médico, mientras que también se radicó una denuncia por presunta mala praxis en un centro de salud privado de la ciudad del sur provincial.

El primer hecho investigado ocurrió en el Centro de Saludo San Isidro, con una menor de 14 años que concurrió a un examen ginecológico. Días posteriores, "un miembro del entorno próximo de la menor se acercó al efector municipal a comunicar lo sucedido; frente a esto se activó el correspondiente protocolo elevando un informe por sospecha a la Defensoría de Menores - en base a la presunción de un abuso sexual perpetrado en el marco de la consulta médica- según el testimonio del familiar, a la vez que resolvimos apartar de su función al médico denunciado", de acuerdo a lo que explicó el director de Asuntos Legales de la Municipalidad de Gualeguaychú, Martín Britos.

Mientras esa investigación se desarrollaba, este lunes se radicaron tres nuevas denuncias contra el médico acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años.

Se trata de dos nuevas denuncias por abuso sexual, mientras que también se radicó una tercera acusación por presunta mala praxis en un efector de salud privado. En este marco, la Fiscalía investiga cuatro denuncias penales relacionadas al médico ginecólogo apartado de sus funciones como profesional en diferentes centros de salud dependientes de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Una de las mujeres que se acercó a la Fiscalía hizo mención a un hecho denunciado en el año 2003 (durante el anterior sistema procesal penal de Entre Ríos). La fiscal a cargo de la investigación envió oficios para ubicar el trámite en el juzgado correspondiente. La mujer, mayor de edad en aquel momento, había concurrido con el médico para una revisión ginecológica por un embarazo. En la denuncia, la víctima hizo referencia a tocamientos en sus partes íntimas durante una consulta en un sanatorio privado.

La tercera denuncia refiere un hecho ocurrido hace tres meses, en el Centro de Salud San Isidro. Se trata de una mujer de 32 años que se encontraba embarazada. En este caso, además de denunciar un presunto abuso sexual, la mujer reportó "una muy mala atención" que vincula al posterior fallecimiento de su bebé, a pocas horas de nacer.

Por último, también fue radicada una denuncia contra el médico ginecólogo por presunta mala praxis durante un parto acontecido hace algunos días. "Una joven fue a parir su bebé en la clínica Jeanot Sueyro y fue atendida por este médico, quien le habría practicado una episiotomía provocándole lesiones de gravedad", explicaron fuentes judiciales al portal Entre Ríos Ahora. En esta oportunidad la denuncia fue radicada por el padre del recién nacido.

Separado del cargo

En el hecho que ocurrió hace dos semanas, una adolescente de 14 años concurrió a una consulta ginecológica en el Centro de Atención Primaria de la Salud de su barrio.

En declaraciones a R2820 Radio, la fiscal que investiga la causa confirmó que "la denuncia fue radicada por la madre de la menor contra el médico ginecólogo Armando Aguiar, quien se desempeña en el CAPS San Isidro". Por otra parte, aseguró que "se dispusieron medidas restrictivas y que se solicitó Cámara Gesell para tomar el testimonio de la menor", a la vez que aclaró que "aún no sabemos cuál es la gravedad de la situación"

Por su parte, la integrante de la coordinación de Salud municipal, Keila Heincenreich, explicó que el médico en cuestión "fue separado del cargo mientras esperamos que se expida la justicia". En el mismo sentido aclaró que en la toma de la decisión intervinieron varias áreas municipales: "Asuntos Legales, Salud, Personal, Género y Diversidad y otras direcciones, ya que debido a lo complejo de la situación, se resolvió desvincularlo para brindarle todas las garantías a la menor y a su familia".

Por último, la funcionaria aclaró que el médico "se encuentra suspendido sin posibilidad de atención en ninguno de los efectores municipales".

Hasta la denuncia en su contra, el médico brindaba servicios los centros de salud ubicados en los barrios San Isidro, La Cuchilla, San Francisco y realizaba ecografías en el efector Patico Daneri.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad detuvo a seis personas producto de una gresca en las tribunas del estadio "Monumental", mientras que se registraron 200 denuncias por venta de entradas falsificadas para poder ver el duelo entre Argentina-Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas.

En el retorno del público a los estadios luego de un año y medio, también el organismo a cargo de Juan Bautista Mahiques informó que se detuvo a una persona por ejercer la actividad de cuidacoches sin autorización.

En el operativo de control realizado por la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales en la cercanía del estadio de River Plate, se tomaron más 200 denuncias de personas damnificadas por entradas apócrifas.

Se secuestraron esas entradas y se le pidió a los denunciantes que aportaran precisiones sobre el método de compra, quiénes se las vendieron o se las entregaron. También se tomaron capturas de pantallas, y todo elemento que indique a los responsables para avanzar en la investigación del ilícito.

Además la Fiscalía ordenó la detención de seis personas que se encontraban dentro del estadio y que participaron de una riña que enfrentó a simpatizantes del Club Atlético General Lamadrid con hinchas del Club Comunicaciones, luego del intento de robo de una bandera que colgaba en la tribuna.

Sobre el femicidio de Noelia Soledad Almada, de 33 años, ocurrido en la madrugada de este lunes en Victoria, el jefe departamental comisario mayor Omar Rigodi confirmó que había al menos cinco denuncias previas al hecho, a las que definió como "cruzadas", y una orden de restricción perimetral para Claudio Andrés Paera, de 40 años.

Pesaba sobre Paera una orden de restricción perimetral para no acercarse a Noelia Soledad Almadaq que había sodo notificada el viernes por la Comisaría del Menor y la Familia de Victoria. La orden judicial fue encontrada en la billetara del femicida. La mujer no contaba con botón antipánico.

Había al menos cinco denuncias radicadas por violencia familiar de la mujer hacia su pareja y de él hacia ella. La pareja tenía dos años y medios de convivencia y Almada era madre de dos hijos menores de edad de una pareja anterior.

Sobre el femicida se indicó que presentaba lesiones de arma blanca en el cuello y el pecho. Al llegar al hospital Fermín Salaberry se lo estabilizó y trasladó al hospital San Martín de Paraná donde permanece internado, entubado y con custodia policial en calidad de detenido, por disposición de la Fiscalía local.

En tanto se revisan las cámaras de la zona para determinar cómo fue el acercamiento del femicida a la vivienda y si iba solo ya que testimonios habrían indicado que llegaron juntos al domicilio.

La audiencia se llevará a cabo en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia, ubicado en el segundo Piso del Edificio de Tribunales de la ciudad de Paraná.

La misma se realizará durante varias jornadas, concluyendo con el veredicto -absolución o destitución- que dictará el Jurado, integrado por los Dres. Marcela Davite, Daniel Omar Carubia, Bonabotta Guillermo, Gustavo Zavallo, Armando Guy, Luis María Campos y Sonia Rondoni. Por otro lado, las audiencias serán transmitidas en vivo, por lo que toda la comunidad podrá acceder en forma remota a las instancias del juicio.

Recordemos que el Juez de Paz, se encuentra suspendido en sus funciones desde el día 11 de noviembre de 2020, por decisión del Jurado de Enjuiciamiento. Y que las denuncias en su contra, tuvieron origen en las presentaciones efectuadas por la Secretaria del Juzgado, y por una empleada (en 2018 y 2019), ambas integrantes de dicho Juzgado de Paz, contra su titular. Las causales de las denuncias fueron violencia de género laboral, maltrato y hostigamiento.

Dos fueron las denuncias perpetradas contra el funcionario, quienes lo denunciaron por violencia y hostigamiento laboral. Las denuncias fueron elevadas al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en el año 2018 y 2019; y a fines de 2019 se constituyó el Jurado de Enjuiciamiento para la tramitación de la causa.

En vista de los hechos y considerando que la Junta Médica del propio STJ y del Ministerio de Trabajo dictaminó la existencia de violencia laboral, el Alto Cuerpo no tuvo más que pronunciarse reconociendo la "gravedad de la situación" en Gualeguay, otorgando licencia a ambas funcionarias, argumentado hacerlo en protección de su salud física y mental, manteniendo a Salem en funciones y disponiendo que se le asigne personal de sexo masculino.

Finalmente, luego de una lucha incansable por parte de las víctimas, el Juez fue suspendido y las denunciantes pudieron reintegrarse al Juzgado de Paz para cumplir sus funciones.

Concluyendo, el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos ha dictado un precedente histórico a nivel provincial, resolviendo la suspensión en sus funciones a un Magistrado acusado de violencia y maltrato laboral contra dos mujeres, reivindicando de este modo los derechos de las denunciantes.

Finalmente, resta esperar el veredicto del Jury, quien tiene la oportunidad de sentar un importante precedente en el marco de una causa de violencia de género iniciada contra un integrante del Poder Judicial de Gualeguay.-

El fiscal Carlos Stornelli imputó este miércoles al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y a su ministro de Salud, Fernán Quirós; al requerir que se investiguen las denuncias por presunta "privatización" de la vacunación contra el coronavirus en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los funcionarios suscribieron convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados, lo cual fue calificado como "privilegios en detrimento del resto de la población".

El fiscal dio impulso a dos denuncias recibidas el martes en las que se apuntó a "las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", según surge del dictamen que transcribió en parte la agencia Télam.

Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo, quien se centró en la supuesta firma de convenios entre el gobierno porteño e instituciones privadas en las cuales delegó parte del plan de vacunación contra el coronavirus "otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población".

Al solicitar las primeras medidas de prueba, el fiscal Stornelli reprodujo la parte de la denuncia en la que la abogada Salvo aseveraba que "Horacio Rodriguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general".

La denunciante había señalado: "Esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal".

Dicha prohibición está vigente en el decreto municipal 784/20. El cual rige desde el 21 de Octubre y establece: "Impónese, a partir del día 21 de octubre de 2020 y hasta tanto mantenga vigencia el presente; la Sanción de Multa por el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00), la que se aplicará contra todos ,y cada uno de los individuos que revistan la calidad de Asistentes a la reunión y cuya presencia se constatare en el lugar y contra el/los Titular/es Dominial/es del Inmueble dentro del cual se constatare la realización de la reunión objeto del presente régimen".

En este sentido, dialogamos con el Sub Jefe de Policía, el Comisario Inspector Jorge Sosa para que nos brinde más detalles al respecto. "Recibimos 15 denuncias por reuniones sociales, desde el jueves a la madrugada del lunes. Asimismo, de esas 15, se corroboro una, en calle Irigoyen, donde al llegar los patrulleros al lugar, muchos jóvenes se dieron a la fuga por la parte trasera de las casas"

Ante esto, el Sub Jefe Jorge Sosa afirma que tanto el dueño de la casa, como tres personas mas que se quedaron en el lugar, se hicieron responsables y fueron notificados sobre la sanción.

Con respecto a las personas que se fugaron, Jorge Sosa sostiene "De la gente que se fue, se divisó que se subieron a un 147. A los mismos, mientas los móviles se encontraban patrullando, se los pudo ver por las calles de la ciudad, haciendo maniobras peligrosas. Al punto tal que casi llega a colisionar un patrullero. Por este motivo el vehículo es detenido, iban 4 personas, 3 mayores y una menor."

Y finaliza, "una vez detenido, se procede a llamar al personal de tránsito, se retiene el vehículo, porque le dio alcoholemia positiva al conductor. Y ante esto, quedaron detenidos los tres mayores por el delito de contravención que es ebriedad y desorden en la vía pública. En lo que respecta a la cuarta persona, una joven menor de edad fue entregada a sus padres"

Durante el fin de semana, se pudo ver que mucha gente se acercó a las distintas zonas balnearias de la ciudad. Ante esto, el Sub Jefe de Policía, Comisario Inspector, Jorge Sosa aclara que "no están habilitados, si están habilitados los sectores gastronómicos, y en los dos lugares en donde hay balnearios, tanto el Paso de Alonso, como el Paso Coronel, tienen cantinas o comedores, por ese motivo abren y la gente concurre con esa excusa"

En la misma línea, agrega "Mas allá de eso, recibimos un montón de denuncias que ponen en conocimiento que la gente va a los balnearios, montamos un operativo de identificación de personas, para tener un control de la cantidad de personas que andaban por el lugar" En la misma línea, agrega "Mas allá de eso, recibimos un montón de denuncias que ponen en conocimiento que la gente va a los balnearios, montamos un operativo de identificación de personas, para tener un control de la cantidad de personas que andaban por el lugar"

"En el transcurso de una hora, se identificaron 40 personas, todas con la excusa de que iban a estos comedores. Todo queda en investigación", alega.

Con respecto a las reuniones sociales, el Sub Jefe hizo mención a que, durante el fin de semana, "se recibieron 20 denuncias, en 10 se constata música elevada y se hicieron actas por ruidos molestos, de esos 10, 2 eran reuniones sociales, motivo por el cual se hicieron las actas correspondientes"En resumen,

"Hicimos 10 actas este fin de semana relacionadas al acta municipal y el cobro de los $50.000 y en forma paralela también nosotros actuamos en cuanto al decreto presidencial", culmina. "Hicimos 10 actas este fin de semana relacionadas al acta municipal y el cobro de los $50.000 y en forma paralela también nosotros actuamos en cuanto al decreto presidencial", culmina.

La Comisión Directiva de Boca emitió un informe en el que por primera vez se detalla en qué condiciones recibieron el club luego de haber ganado en las elecciones de diciembre de 2019. Allí, realizaron una serie de denuncias públicas contra la dirigencia presidida por Daniel Angelici en la que se destaca las acusaciones de que hubo un "intermediario fantasma" que se llevó casi un millón de euros en la venta de Darío Benedetto al Olympique de Marseille, las finanzas disfrazadas y una "plusvalía sospechosa por un pase inexistente" de Cristian Pavón.

El material consta de un PDF de 28 páginas y de un video de 36 minutos. Además, advierten que el club "efectuará en los próximos días las denuncias correspondientes en el marco de las irregularidades que merecen ser investigadas por la Justicia".Respecto a la transferencia de Benedetto, en el club sostuvieron: "El 30 de octubre de 2019, prácticamente a los tres meses de concretada la operación de venta del jugador al Olympique de Marseille de Francia, Boca firmó un contrato de intermediación sobre esa operación con una empresa con sede en Holanda: Essel Sports Managements B.V. Allí, pagó una comisión de 830 mil euros. No se encontraron instrumentos que reflejen actividad de dicha empresa ni tampoco pruebas de la intervención de la supuesta agencia en la operación del jugador".

Se habla también de las irregularidades en la situación financiera. "Boca adelantó la cobranza de 13 millones de euros en documentos por los pases de Darío Benedetto y Nahitan Nandez. Todo ese dinero, que en realidad debía cobrarse más adelante, no solo desfinanció la gestión 2020, sino que además pasó a formar parte de un saldo de caja favorable que, de otra manera, hubiera arrojado una deuda cercana a los 10 millones de dólares", explicaron en el documento. Y agregaron: "Así, la exComisión Directiva entregó el club con un saldo generado por el cobro de dinero que no le correspondía percibir dentro de su gestión".

"Antes de finalizar su mandato, la Comisión Directiva saliente debía presentar un balance de corte para exhibir el saldo final. Este trámite es fundamental porque, de acuerdo al estatuto del club, un presidente debe responder con su propio patrimonio ante la pérdida de recursos financieros institucionales", continuaron. Y aseguraron: "Oportunamente, la actual CD le envió una carta documento al expresidente Daniel Angelici solicitando la presentación de su balance de corte. Además de no presentarlo, contestó con otro documento incluyendo agresiones y amenazas a la actual conducción", expresaron.