El senador nacional por Entre Ríos, Adán Bahl, presentó una iniciativa legislativa que busca transformar el paradigma de respuesta ante emergencias en el país. El proyecto propone una modificación integral a la Ley 27.287, la cual regula el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), con el propósito fundamental de dotar al Estado de herramientas para anticiparse a los desastres antes de que estos ocurran.

La propuesta legislativa se apoya en la utilización de información científica y el establecimiento de umbrales objetivos. Estos indicadores permitirán activar protocolos de emergencia y desplegar medidas preventivas de manera temprana, reduciendo así el impacto de los fenómenos adversos sobre la población y la infraestructura. Según el texto presentado, el objetivo es abandonar la lógica de la reacción tardía para adoptar un modelo de gestión proactiva.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la planificación de la recuperación posterior a un desastre. El proyecto establece que, tras cualquier evento adverso, el Estado deberá contar con un esquema de trabajo concreto que incluya responsables directos, plazos de ejecución, fuentes de financiamiento claras y un sistema de seguimiento constante. De esta manera, se busca evitar la improvisación en las etapas de reconstrucción y asistencia a las comunidades afectadas.

El legislador nacional hizo hincapié en la necesidad de cambiar la cultura de gestión pública frente a las crisis ambientales. Al respecto, la iniciativa sostiene: “Se trata de que el Estado no espere a que ocurra el desastre para actuar, sino que pueda anticiparse cuando la ciencia permite prever el riesgo”. Esta visión busca optimizar los recursos estatales y proteger el bienestar de los ciudadanos mediante el uso de datos precisos.

El proyecto contempla de manera específica la elaboración de protocolos adaptados a las particularidades geográficas del Litoral. La región, frecuentemente afectada por fenómenos como El Niño, las crecidas e inundaciones de la Cuenca del Plata, así como las sequías y bajantes extraordinarias del río Paraná y sus afluentes, requiere de una atención diferenciada. La propuesta busca que estas contingencias cuenten con planes de contingencia específicos que permitan mitigar los daños económicos y sociales que históricamente han afectado a estas zonas.

La modificación de la normativa vigente pretende fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado. Al integrar la ciencia en la toma de decisiones, el proyecto busca que la gestión del riesgo deje de ser una respuesta coyuntural para convertirse en una política de Estado sostenida en el tiempo. La propuesta se encuentra actualmente bajo análisis, marcando un precedente en la búsqueda de una mayor resiliencia ante los desafíos climáticos que enfrenta el país.