En una decisión clave para el sostenimiento del empleo local, los trabajadores del frigorífico Tres Arroyos, ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay, aceptaron formalmente la propuesta presentada por la empresa para evitar las desvinculaciones que se habían anunciado semanas atrás. El acuerdo se alcanzó luego de una asamblea en la que se evaluaron las alternativas para mantener la operatividad de la planta.

El conflicto se había originado ante la posibilidad de que la firma implementara una reducción drástica de su plantilla de personal debido a la crisis que atraviesa el mercado avícola. Sin embargo, el esquema aceptado por el gremio y los operarios contempla una serie de ajustes en las jornadas laborales y la implementación de programas de retiro voluntario para aquellos que decidan dejar la compañía de manera acordada, evitando así los despidos directos.

La propuesta ratificada establece que la prioridad absoluta será la conservación de la fuente de trabajo de quienes deseen permanecer en la empresa, buscando equilibrar los costos operativos sin recurrir a cesantías forzosas.

El entendimiento llega tras la intervención de autoridades del Ministerio de Trabajo y representantes sindicales, quienes mediaron para destrabar una situación que amenazaba con generar un fuerte impacto social en la región. La planta de Tres Arroyos es uno de los mayores empleadores de la zona, y su estabilidad influye directamente en la cadena comercial de Concepción del Uruguay.

Durante el proceso de negociación, los puntos principales fueron:

Aunque el acuerdo representa un respiro necesario, desde el sector avícola advierten que la situación sigue siendo compleja debido al incremento de los costos de los insumos y la caída del consumo interno. No obstante, la resolución de este conflicto en particular marca un precedente importante sobre el diálogo entre las partes para proteger el tejido laboral entrerriano.

Con la aprobación de esta propuesta, la actividad en la planta comenzará a normalizarse en los próximos días, llevando tranquilidad a las cientos de familias que dependen directamente de la producción de esta industria frigorífica.

La compañía llegó a contar con 355 empleados directos, pero tras las recientes desvinculaciones actualmente opera con apenas 135 trabajadores, lo que representa un recorte superior al 60% de su planta laboral.

El gerente general de la firma, Felipe Kopelowicz, describió el momento que atraviesa la empresa como “un jaque total”. Según explicó, si bien el negocio vinculado a los preservativos mantiene cierta estabilidad por su posicionamiento en el mercado, otras unidades productivas de la compañía registran una fuerte caída en la demanda.

“Tenemos caídas de ventas de hasta el 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así”, afirmó el directivo en declaraciones radiales.

Además de preservativos, la empresa también fabrica elásticos para ropa interior, globos y distintos productos elaborados con látex. La producción se desarrolla principalmente en plantas ubicadas en San Martín (Buenos Aires) y San Luis.

Desde la compañía indicaron que la crisis responde a varios factores económicos, entre ellos:

En particular, señalaron que la importación de textiles provenientes de China afecta la continuidad de la producción nacional, especialmente en rubros intensivos en mano de obra.

El caso de Tulipán se suma a otras empresas industriales que en los últimos meses han debido reducir su producción o ajustar su plantel de trabajadores, en un contexto de menor consumo y mayor competencia externa, lo que genera preocupación en distintos sectores productivos del país.

Estas cifras implican un promedio de casi 30 empresas que se dan de baja cada día y una pérdida de 416 empleos diarios, según el informe. El rubro más afectado fue Transporte y Almacenamiento, con 4.468 empresas que salieron del registro laboral. Lo siguieron Comercio mayorista y minorista (–3.131 empleadores), Servicios inmobiliarios (–2.829), Profesionales científicos y técnicos (–1.952) y Construcción (–1.737). 

En cuanto a puestos de trabajo registrados, el sector más golpeado fue la construcción, con una pérdida de 83.803 empleos, dentro del total de 253.728 puestos perdidos. Otros sectores con retrocesos significativos fueron:

El informe apunta que estas pérdidas no son producto del azar, sino que están íntimamente vinculadas con una combinación de políticas aplicadas por el Gobierno: ajustes económicos, apertura indiscriminada de importaciones, primarización de la estructura productiva y lo que denominan “bicicleta financiera”.

Desde CEPA advierten que el cierre masivo de empresas y el derrumbe de empleos registrados reflejan una destrucción del entramado productivo nacional. Se sostiene que estas políticas, más alineadas a una lógica de mercado liberal extremo, estarían debilitando la capacidad competitiva local y desincentivando el desarrollo industrial y comercial.

Por su parte, críticos del gobierno podrían argumentar que estas cifras son consecuencia de un shock externo, ciclos recesivos globales o la herencia económica previa. Pero el informe sostiene que las medidas específicas adoptadas —como la apertura de importaciones y recortes— habrían acelerado el proceso de desmantelamiento productivo.

La escala del colapso empresarial y laboral señalada en estos datos exige un debate profundo sobre la dirección económica del país. Si bien las cifras oficiales no son definitivas (el estudio utiliza registros de la Superintendencia), el cuadro que se presenta es contundente: una economía cuya producción y empleo formal retroceden con fuerza en apenas 20 meses de gestión.

En el contexto electoral y político que vive la Argentina, estos números pueden transformarse en una piedra de toque para el Gobierno y su correlato opositora, que no podrá ignorar el costo social de estas políticas ni la exigencia de reactivar la producción nacional.

El funcionario de La Libertad Avanza (LLA) se refirió en su habitual conferencia de prensa a una nueva "barrida" y "limpieza" de empleados del Estado:"El 30 de junio será otra barrida y otra limpieza que se le dé a ese universo, de todas maneras los que continúen vigentes también será por un tiempo determinado"."Se seguirá evaluando cada uno de los casos ya que lo estamos haciendo de una manera absolutamente quirúrgica para no cometer ningún tipo de error. El objetivo acá es que nadie se quede sin trabajo, sino que se queden trabajando los que efectivamente tienen una función válida, útil y que agregue valor”, agregó.Tras las declaraciones de Adorni, la cantidad de despidos que se comunicará este lunes podría ascender a 5.000 y en su mayoría serían trabajadores provenientes del Ministerio de Capital Humano, cartera encabezada por la funcionaria Sandra Pettovello.Según estimaciones gremiales, este 30 de junio vencen entre 50.000 y 60.000 contrataciones, muchas de ellas renovadas en marzo pasado por apenas tres meses. Las desvinculaciones apuntarían a trabajadores con contratos transitorios y de otras nominaciones por fuera de la planta permanente, y tendría impacto en ministerios y organismos del Estado.

En medio de una muy fuerte caída de ventas, que llevó a la acumulación de stocks, el fabricante de productos muy populares como La Gotita, Voligoma y Poxipol suspendió a 150 operarios de su planta bonaerense de Pilar.

La empresa Akapol, que también produce Fastix y Poxi-Ran, explicó que la caída de ventas en medio de la recesión hizo que se acumularán stocks muy por encima de lo previsto.

Las suspensiones regirán en principio por dos meses. 

Según informó Pilar a Diario, la empresa fundada en 1960 informó que bajaron mucho las ventas desde principios de año y se cuenta con stock para abastecer la plaza por los próximos cinco meses.

En las últimas semanas se empezaron a extender las suspensiones y los despidos en grandes empresas de diferentes sectores. 

La principal firma de griferías del país, FV, ya anunció un plan de suspensiones para 800 operarios. 

Hubo además cierres de dos textiles en provincias del norte del país.

Por su parte, el fabricante de electrodomésticos Whirpool anunció una reestructuración que incluye el recorte de un turno de producción y la reducción de al menos 60 puestos de trabajo en su planta de Pilar.

Fate, una de las mayores empresas de fabricación y exportación de neumáticos en el país, anunció el recorte de 97 empleos por “pérdida de competitividad” en su rubro.

En este escenario, Acindar evalúa paralizar por segunda vez en el año su planta de Villa Constitución (Santa Fe), de la que dependen unas 2.500 personas. 

Entre las automotrices, General Motors paralizó tres veces la producción en el año y puso en marcha un programa de retiros voluntarios (tiene 1.200 empleados). 

Por su parte, Toyota estima recortar a 400 de sus 8.500 operarios y Renault no renovó 270 contratos.

La multinacional Pepsico despidió a 36 de sus 400 trabajadores de la planta del Parque Industrial General Savio de Mar del Plata. 

En la mayoría de las industrias se insiste en señalar que se está ante un escenario económico de fuerte caída del consumo y con perspectivas inciertas sobre una recuperación rápida, como sostiene el Gobierno.

Luego de varias versiones sobre lo que se haría con esta medida a partir del próximo año, finalmente el gobierno decidió implementar a partir del 2022 una reducción gradual de la doble indemnización por despidos injustificados. La decisión se confirmó mediante el Decreto 886/21 que se publicó en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el documento, la nueva norma plantea que, en el caso de despido sin causa, el trabajador afectado "tendrá derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación aplicable, un incremento equivalente al 75% del monto de la misma, desde el primero de enero y hasta el 28 de febrero de 2022″.

En tanto, esa cifra será del 50% desde marzo y hasta el 30 de abril próximos, y del 25% desde el primero de mayo y hasta el 30 de junio de 2022.

La normativa aclara que los porcentajes indicados "se calcularán sobre todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo", pero que el monto correspondiente "no podrá exceder, en ningún caso, la suma de 500.000 pesos".

Además, se remarcó que el beneficio "no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia" de esta ley, que fue implementada por primera vez a mediados de diciembre del 2019, poco después del cambio de Gobierno.

Junto con la prohibición de despidos, la doble indemnización fue una de las dos medidas que puso en marcha la Casa Rosada en el contexto de crisis sanitaria, que fueron extendidas por decreto sucesivamente a lo largo de 2020 y, más recientemente, hasta fin de este año.

Esas dos políticas forman parte de uno de las quejas más pronunciadas de las cámaras empresarias en los últimos meses. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, lo bautizó como el "triple cepo" laboral, en lo que identifica como una de las razones por las que el sector privado no puede crear puestos de trabajo formales.

Por el contrario, fuentes del Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, negaron que la rigurosidad de esta legislación pueda incidir en el ritmo de generación de empleo. "Nos cuesta pensar en evidencia empírica que demuestre que flexibilizar las normas laborales impacte positivamente, ni siquiera el FMI piensa eso ahora", consideraron en la cartera de empleo.

No obstante, en agosto pasado las autoridades laborales reconocieron que el empleo privado aún estaba 1,5 puntos por debajo del nivel que tenía en febrero de 2020, el último mes antes de la pandemia, y lo comparaban con la situación de otros países para aseverar que la Argentina tenía hasta ese momento una situación menos apremiante. Brasil, estimaron, todavía estaba 11 puntos por detrás de la prepandemia; Chile, unos 6 puntos porcentuales, y los Estados Unidos, unos 5 puntos.

Meses atrás el gobierno ya se encontraba analizando la posibilidad de pasar a un "esquema intermedio" en el 2022, en el cual la doble indemnización y la prohibición de despidos no iban a desaparecer del todo, pero se iban a flexibilizar, con el objetivo de que eventualmente se eliminen ambas medidas.

Teniendo en cuenta que ya se anunció cómo seguirá la primera de estas políticas, ahora resta saber qué harán las autoridades nacionales con respecto a la prohibición de los despidos, iniciativa que generó que las renuncias se mantuvieran como la principal causa de la desvinculación laboral durante el 2021.

En los considerandos del Decreto, el Poder Ejecutivo señaló que "si bien en la actualidad se observa un marcado proceso de recuperación del empleo asalariado registrado del sector privado", la cifra todavía "se encuentra un 5% por debajo del nivel observado en diciembre del año 2015″, por lo que "es necesario mantener el objetivo de acrecentar el nivel de protección de trabajadores y trabajadoras formales mediante un incremento de los resarcimientos originados en los despidos incausados".

"Los efectos de la pandemia sobre la población y el todavía incierto panorama acerca de su evolución, atento a las experiencias que se observan en otros países y al crecimiento del número de contagios en nuestro país, imponen la necesidad de seguir un criterio de prudencia y gradualidad para dejar sin efecto la medida establecida", se explicó.

Fuente: Infobae

La prohibición de despidos dejará de regir el 1 de enero y el recargo indemnizatorio vigente para las cesantías que de todos modos se producen se reducirá a partir de ese día de manera gradual hasta desaparecer antes de mitad de año. Se trata de la hoja de ruta definida por el Ministerio de Trabajo y el gabinete económico, que debe convalidar en última instancia Alberto Fernández, respecto de dos de las medidas clave sobre las que el Gobierno buscó blindar los puestos de trabajo desde el arranque de su gestión y, en particular, a partir de la pandemia, según publica el diario Ámbito Financiero.

El incremento de las indemnizaciones arrancó con la gestión del Frente de Todos con la duplicación de los montos y se mantuvo en el tiempo como un recargo del pago legal que en la actualidad tiene un tope de 500 mil pesos. La prohibición de las cesantías, en tanto, fue implantada en marzo de 2020 como coletazo directo de las tensiones en el mercado laboral por las restricciones a la actividad económica derivadas de la crisis sanitaria. Desde entonces el sindicalismo bregó por mantener ambas medidas y las cámaras empresarias, por derogarlas con el argumento de que representaban un desaliento a la creación de empleo.

El criterio fue expuesto a dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante una charla de la que participaron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a sus pares de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y sus respectivos equipos. Moroni respondió a una pregunta al respecto y blanqueó la planificación, confirmada luego por funcionarios: la prohibición de despidos tendrá fecha de defunción junto con el año y al mismo tiempo la penalidad se reducirá en un escalonamiento todavía no resuelto en el lapso de cuatro a seis meses. Una opción es bajarle 20% por mes a los 500 mil pesos del actual recargo indemnizatorio.

Desempleo

El equipo económico se convenció de tomar ambas determinaciones con los últimos números del mercado laboral: en septiembre la medición del segundo trimestre del año marcó un 9,6% de desempleo, el nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández y por primera vez, de vuelta en un dígito. En el segundo trimestre de 2020 la desocupación tocó un pico de 13,1 por ciento en el momento de mayor rigor de las restricciones por la pandemia del coronavirus. Desde entonces la actividad económica mostró mejorías aunque en el caso del mercado laboral lo hicieron en un contexto de sostenibilidad de una mayor precarización, marcada por el reemplazo de empleos de calidad, formales y de salarios de medios a altos, por otros precarios y ligados a formas como el monotributismo.

Junto con la crisis sanitaria el Ejecutivo desplegó acciones para garantizar el sostén de los puestos de trabajo en el sector privado que incluyeron, además de la prohibición de despidos y la multa indemnizatoria, el pago de parte de los salarios a través de herramientas como la Asignación para el Trabajo y la Producción (ATP), primero, y un fortalecimiento del subsidio Repro que abona el Ministerio de Trabajo a las empresas de los sectores más golpeados por la baja en la actividad económica.La prohibición de efectuar despidos fue una de las primeras reacciones en momentos en que el Grupo Techint anunció la cesantía de 1.450 operarios de la construcción en obras que desarrollaba en varias provincias. Pese a las instancias de negociación abiertas y a los reclamos del propio Alberto Fernández (sugirió que Paolo Rocca era "miserable" por echar personal en el inicio de las restricciones) el conglomerado siderúrgico completó todas las desafectaciones pautadas.

El Gobierno nacional decidió extender la suspensión de despidos por 30 días, hasta el 30 de junio, en un encuentro del Gabinete económico que encabezó el presidente Alberto Fernández.

"Se decidió prorrogar la suspensión de despidos hasta el 30 de junio, es una medida muy importante en estas circunstancias, atravesando la segunda ola", dijo la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, al finalizar la reunión que se desarrolló en la quinta presidencial de Olivos.

Agregó que la suspensión de despidos "es un instrumento que al país le ha dado muy buenos resultados en términos de la protección del empleo y de las capacidades que tienen las empresas".

La reunión del Gabinete económico

Las declaraciones de Todesca se realizaron, luego de finalizado el encuentro que había comenzado en la Quinta de Olivos a las 10.45.

Si bien la reunión de Gabinete económico se realiza todas las semanas, la de este jueves tuvo especial relevancia en el marco de las medidas más restrictivas que el Gobierno nacional debió tomar para hacer frente a la segunda ola de coronavirus, que en las últimas semanas mostró un crecimiento exponencial de casos y requerimientos de internaciones en terapia intensiva.

Dado que los sectores más afectados por estas medidas son los más vulnerables, el Gobierno nacional trabaja desde el inicio de la pandemia en medidas para mitigar sus efectos en ese sector.

En este marco es que se anunció la prórroga de la suspensión de despidos por 30 días y se repasaron otras medidas que desde el Poder Ejecutivo nacional se vienen tomando en el mismo sentido.

"El viernes pasado se pagó a las personas que ya tenían el plástico de la Tarjeta Alimentar, ya se hicieron los depósitos para las familias que tienen chicos hasta 14 años incluidos", dijo Todesca respecto a esta medida que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo.

"Es un instrumento que al país le ha dado muy buenos resultados en términos de la protección del empleo y de las capacidades que tienen las empresas"

CECILIA TODESCA, VICEJEFA DE GABINETE

El alcance de la Tarjeta Alimentar fue ampliado recientemente para alcanzar a mayor cantidad de familias, se hizo llevando la edad de los niños cuyas familias reciben este beneficio a 14 años y elevando el monto en los casos de aquellas familias con varios hijos.

Todesca señaló que "para quienes no tienen la Tarjeta Alimentar, el monto que corresponde a las familias, que son 6.000, 9.000, o 12.000 pesos de acuerdo a que tengan un hijo, dos, tres o más, se va a depositar a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de aquí hasta el 3 de junio".

En cuanto a las familias, explicó que "no tienen que hacer ningún trámite" y que "lo hace la Anses, en base a los datos que tiene cruzados".

"Esto alcanza a casi a 4 millones de niños y niñas de la Argentina, y creemos que es una buena plataforma para este momento", dijo Todesca.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por el Presidente e integrada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el titular de Producción, Matías Kulfas; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

La agenda de la reunión tenía como temas principales aquellos que vienen siendo tratados durante los últimos encuentros del Gabinete económico, en especial la cuestión del alza de precios y la coyuntura económica durante la pandemia, pero el principal anuncio fue la extensión de la suspensión de despidos.

Se incluyeron así en la agenda el tema del Repro, que ya tiene abierta la inscripción, en el que el Estado asiste con hasta 22.000 pesos por trabajador e incluye a monotributistas y autónomos; la inflación, con el consenso en cuanto a continuar con el sistema de precios cuidados, y seguir trabajando la ley de góndolas.

También se incluyó la situación fiscal, en la que dieron cuenta de "un aumento importante de los ingresos tributarios" debido a la implementación de la ley de solidaridad social, la reactivación productiva y el aporte extraordinario de las grandes fortunas y los controles de la AFIP "en la cadena de alimentos y en particular de la carne".

La norma, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de la totalidad del Gabinete nacional, también establece la prórroga hasta la misma fecha de la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de "fuerza mayor o falta o disminución de trabajo".

El artículo 4 del decreto indica que los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto "no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales".

El texto puntualiza que la prohibición "no" será aplicable "a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19 ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran".

"Quedan, asimismo, exceptuados o exceptuadas de las prohibiciones quienes se encuentren comprendidos o comprendidas en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción de la Ley N° 22.250", añade el texto.

La prórroga rige también para los trabajadores "dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular", informó Télam.

El financiamiento de estas prestaciones será imputado al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales creado mediante el Decreto N° 590/97, y deberá garantizarse el mantenimiento de una reserva mínima equivalente 10 % de los recursos, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro. (APFDigital)

Parece una paradoja: en una Argentina donde los despidos están prohibidos, en 2020 hubo al menos 360.000 desocupados más. El número surge de los datos que difundió el Indec este jueves y que dan cuenta del impacto de la pandemia en el mercado laboral.

Si la medida no estuviera, el escenario sería peor, coinciden los especialistas. Aun así, las empresas encontraron vericuetos legales para recortar personal durante la pandemia, que generó una de las peores caídas en la economía local, con números en rojo del 9,9%.

Para entender por qué hubo cerca de 360.000 desocupados más en un año hay que saber que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), de donde se toman los datos para elaborar el informe del mercado de trabajo, releva tanto "asalariados con descuento jubilatorio" como "asalariados sin descuento jubilatorio". En otras palabras, empleados que están en regímenes de formalidad y de informalidad.

En este último universo -y en el medio de los dos, los "grises", los que perciben parte de su salario de manera registrada y otra parte no- las reglas no existen. No hay decreto que frene despidos ni doble indemnización que valga para desincentivarlos. Ese universo, además, es grande: al menos un tercio de la economía total.

"En muchos casos tiene que ver con negocios que cerraron, porque la prohibición de despidos es para trabajadores que son desvinculados sin causa y que están registrados. Los que no están registrados fueron despedidos sin carta documento y seguramente les dijeron: 'Después vemos cómo te va con el juicio'", señala Juan Carlos Cerutti, director de Derecho de Trabajo de Plan A.

Ese sector informal es cada vez más frondoso, explica el abogado laboralista y asesor sindical Matías Cremonte. La economía argentina ya venía de dos años de crisis en 2018 y 2019 que llevaron a una caída en la actividad industrial, dice, que a su vez generó el reemplazo de asalariados por monotributistas. "Sucede sin que ello implique un crecimiento del cuentapropismo, sino también del fraude laboral: probablemente sea el mayor problema del mercado de trabajo", concluye.

En el sector formal también proliferaron los acuerdos que le escapaban a la prohibición. Se trata de "desvinculaciones de común acuerdo", o "retiros voluntarios". Así lo explica Enrique Stile, socio de Marval, O'Farrell & Mairal: "Los empresarios saben que estas normas se extienden en el tiempo y hacen cuentas: o esperan un año pagando sueldos o llegan un acuerdo en el que le pagan al empleado la doble indemnización y un 20% o 30% más, por ejemplo".

Detalla que estas opciones muchas veces resultaron atractivas para empleados con muchos años de antigüedad que pudieron llevarse a sus casas sumas cuantiosas, pero no tanto para los más jóvenes. Estas acciones se realizan a cuentagotas y deberían ser una solución a la que se llega por mutuo acuerdo, es decir, con el consentimiento del empleado que ya no trabajará más en ese lugar.

"Para entender por qué sigue habiendo desempleo hay que entender dónde opera la prohibición -dice Javier Adrogué, de AMZ & Asociados-, porque solo tiene efecto en empresas medianas tirando a grandes y para el personal fuera de convenio, o dentro de convenio con bajo nivel de sindicalización".

El especialista detalla que son las grandes empresas las que les prestan atención a las normas, porque están más expuestas a que se las hagan cumplir mediante una acción judicial, como un juicio de reinstalación o una medida cautelar. "Si hablamos de una pequeña empresa, como las del rubro gastronómico o los comercios, que son grandes dadores de empleo, cierran y a los dueños no los encontrás en ningún lado: que vos les hablés de prohibición de despidos y todo el andamiaje jurídico es irrelevante", sentencia.

En el caso de las actividades con alto nivel de sindicalización, indica el abogado, la prohibición de despidos también fue irrelevante "porque los sindicatos ya no permitían hacerlos", concluye Adrogué.

El gobierno nacional decidió hoy prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, informaron esta noche fuentes oficiales.

Los portavoces dijeron a Télam que la medida estará contenida en un decreto que está a la firma del presidente Alberto Fernández y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

De este modo las empresas privadas no podrán despedir empleados sin causa justa, como ya está vigente.

Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad.

El primer decreto rigió desde el 1° de abril, luego se dispuso una prórroga desde el 1° de junio y hubo una tercera disposición desde el 1° de diciembre.

La medida fue resuelta por la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus.

Claudio Moroni confirmó este sábado que el Gobierno Nacional prorrogará hasta fines de enero la prohibición de despidos y hasta fines de febrero la doble indemnización, a la vez que sostuvo que el Estado "no se retira" de la asistencia a los sectores más vulnerables sino que "readecua" esa ayuda.

"Siempre dijimos que mientras se mantuviera un escenario extraordinario íbamos a mantener medidas extraordinarias. Si bien estamos entrando en una etapa de recuperación económica importante, vamos a mantener las medidas sobre despidos y suspensiones por fuerza mayor", dijo Moroni esta mañana en declaraciones a radio La Red.

El decreto que establece la prórroga de la prohibición de despidos hasta fines del mes de enero del 2021 se conocerá en las próximas horas, según indicaron a Télam fuentes de la cartera laboral.

En tanto, la doble indemnización -que vence el 25 de este mes- será prorrogada hasta "fines de febrero", según precisó Moroni.

El funcionario explicó que la medida buscó desde un primer momento "proteger los contratos" en un contexto de pandemia, por lo cual "desde marzo suspendimos los despidos sin causa y las suspensiones sin pago de salario, y ahora seguimos con esta prórroga, por lo que no hay ninguna novedad".

"Si bien estamos entrando en una etapa importante de recuperación económica, consideramos que no hemos salido plenamente (de las consecuencias de la pandemia) por lo que mantenemos estas medidas", indicó.

Por otro lado, dijo que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es "una herramienta extraordinaria" que dejará de ser implementada porque "estamos modificando los mecanismos de ayuda económica ya que se empieza a reactivar la actividad".

"Dijimos que el IFE era una medida extraordinaria en un contexto de parate de la economía, que ahora vemos, está repuntando. Creció el trabajo registrado en monotributistas y eso quiere decir que crece mucho el sector informal", argumentó.

Moroni afirmó que "esto, junto a otros indicadores, muestran que no es necesaria una asistencia tan extraordinaria como el IFE, pero sigue el Ministerio de Desarrollo, sigue la AUH y otros programas" y agregó: "Es decir que se readecua la asistencia, no es que el Estado se retira".

El ministro añadió que "no tiene sentido mantener el mismo grado de asistencia cuando estaba totalmente parada la economía que cuando uno ve que hay actividad" y dijo que esto "tiene que ver con la racionalidad".

Moroni fue consultado también sobre el comunicado emitido esta semana por la CGT, donde la central sindical expresó su preocupación por las medidas "que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales".

En el texto, los sindicalistas sostuvieron que ante la continuidad de la pandemia "no es posible desarmar el andamiaje socio-económico construido con tanto esfuerzo, y hay que garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios previsionales".

Según Moroni, la relación con la CGT es "perfecta, como siempre, está bien" y añadió: "Es razonable que hayan canalizado sus inquietudes en un momento donde estamos entrando en una nueva etapa (de la pandemia) y donde estamos modificando los mecanismos de asistencia. Eso genera inquietudes".

No obstante, consideró que "en algunas cosas hay ansiedades o falta de información, como que se le podía cobrar las vacunas a las obras sociales, cuando nosotros dijimos claramente que las va a proveer el Estado. Por eso, yo creo que es una mezcla de cosas".

Por otra parte, sobre la generación de empleo, el titular de la cartera laboral consideró que "necesitamos llevar adelante un plan de desarrollo como el que impulsa el Gobierno" y remarcó que existe una "vocación" de ir hacia adelante en ese tema porque la generación de trabajo "no es un hongo que crece solo".

La Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI), denunció despidos en el organismo y declaró el "estado de alerta". Serían más de un centenar las cesantías aplicadas en el Pami desde el inicio de la pandemia.

La primera advertencia del sindicato que conduce Osvaldo Barreñada fue realizada en marzo pasado a días de iniciado el período de aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Los despidos se registraron en distintas unidades de gestión del PAMI, como Chivilcoy, en provincia de Buenos Aires, y en ciudades de Chaco y Formosa, entre otras.

El número de cesanteados superaría los 100, según el registro del sindicato, afectado el desempeño y atención de los adultos mayores, el grupo más vulnerable de riesgo de contagio y fallecimiento por COVID-19.

Las decisiones de la titular del PAMI Luana Volnovich, según precisó el sitio Mundo Gremial.com van en contra del decreto del presidente Alberto Fernández que prohíbe los despidos en todo el país. Una medida que fuera ratificada y extendida en septiembre pasado con vigencia hasta el 30 de noviembre.

Las desvinculaciones de trabajadores generaron una lluvia de denuncias ante la Justicia y varias de ellas ya tuvieron resultados en contra de la gestión Volnovich, como en el caso de empleados chaqueños donde un juez federal determinó la reincorporación inmediata.

Ante la escalada de despidos, desde la UTI decretaron el "estado de alerta" y exigen respuestas urgentes por parte de la presidencia del PAMI.