La destitución del Tesorero Municipal, Rodolfo Estapé, sancionada este jueves por la noche por el Concejo Deliberante, consolidó un conflicto político e institucional de alto impacto local que venía gestándose en las últimas semanas. El caso, que comenzó con denuncias del Ejecutivo respecto a presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y la posterior suspensión provisoria del funcionario mediante un decreto, alcanzó su punto culminante en el recinto legislativo con la aprobación de la ordenanza de remoción definitiva.La cronología de los hechos que derivaron en la destitución tomó estado público cuando El Debate Pregón publicó que el gobierno local detectó un faltante de dinero en las arcas municipales y ordenó el desplazamiento preventivo de Estapé para iniciar una investigación interna.

Desde el oficialismo se denunció a Estapé por la vía administrativa y penal, y se lo desplazó de inmediato. Por a defensa de Estapé se desmintieron las acusaciones afirmando que "el dinero siempre estuvo en el municipio" y atribuyó la maniobra a una puesta en escena para justificar el desplazamiento.  A esto se sumaron los cuestionamientos sobre el balance del Corso local, donde se ventilaron deudas no registradas del Club Quilmes que avivaron las sospechas sobre el funcionamiento de los controles contables de la Comuna.

La palabra de Sánchez

Tras conocerse la sanción de la ordenanza, el abogado defensor de Estapé, Marcelo Sánchez, reveló en declaraciones exclusivas los pasos judiciales que seguirán y lanzó duras críticas al procedimiento implementado por el Ejecutivo. Sánchez confirmó que la Justicia Contencioso Administrativa rechazó una medida cautelar preliminar que buscaba frenar el tratamiento en el Concejo Deliberante, aunque aclaró que el proceso de revisión de los actos municipales sigue en marcha."Todo fue previendo que esto iba a pasar anoche, así que quedó a la espera porque no era clara la resolución", detalló el letrado y siguió: “Le van a dar traslado al municipio y va a tener que contestar en qué legislación funda su decisión. A partir de ahí, el contencioso administrativo va a tomar la decisión de suspender o no".Para Sánchez, el marco temporal en el que operaron el Ejecutivo y el Legislativo demuestra una intencionalidad puramente política que vulnera las garantías administrativas. "Creo que con el sumario administrativo, después de todo lo que hicieron, o van a tener que cesantearlo o van a tener que suspenderlo para poder justificar la destitución, porque si después no le imputan nada, ¿cómo va a quedar la destitución? Ahora que lo destituyeron, sí o sí lo van a tener que sancionar. No le va a quedar otra que esperar que lo sancionen y luego ir a cuestionar esa sanción al contencioso administrativo", analizó. El defensor apuntó contra el argumento legislativo utilizado por el oficialismo: “Vino del Ejecutivo la propuesta, viene con toda una línea argumental, porque ellos no saben lo que pasa en una tesorería si el Ejecutivo no les hubiese mandado el proyecto de ordenanza. Ellos lo destituyeron antes de sancionarlo, básicamente. Todavía el tipo no está ni siquiera condenado y ya le sacaron su cargo de tesorero. Ni siquiera se lo sacaron provisionalmente mientras dure el sumario administrativo. Lo cual implica que ahora el municipio lo va a tener que sancionar sí o sí para no dejar en offside al legislativo. La decisión política del Ejecutivo era destituirlo porque el tipo ya no les era funcional, y entonces mandaron la ordenanza y el legislativo obró como un notario del Ejecutivo, sancionando una ordenanza incluso sin que el Ejecutivo todavía lo sancione. Eso es el corolario de todo esto, una locura".

El riesgo del precedente institucional, según la oposición

La votación en el recinto contó con dos abstenciones, de Micaela Cevasco y Martín González, del bloque Más por Entre Ríos. González fundamentó su postura argumentando que las pruebas presentadas en el expediente administrativo carecían de la solidez necesaria para justificar un desplazamiento de tal magnitud de forma tan apresurada. "Hubo dos abstenciones, que fueron la de Micaela y la mía. Pero lo que se discutía ahí en definitiva era el precedente que se está sentando", advirtió el edil opositor. "Lo que subió a discutir es un proyecto de ordenanza para autorizar al Ejecutivo a que saque al tesorero con elementos muy endebles. Lo que nosotros planteamos antes de discutir la cuestión de fondo era que se sustanciara el sumario administrativo como corresponde, si así eso subía al Concejo y teníamos más elementos. El tipo está suspendido por un mes, tranquilamente podríamos haber estado un mes esperando. Sin embargo, lo mandaron para arriba y decidieron hacerlo rápido".

González alertó sobre el impacto a largo plazo que esta metodología puede tener sobre los órganos de control interno de la administración pública local, los cuales requieren de estabilidad institucional para ejercer sus funciones sin presiones políticas de turno. "A mí lo que me preocupa es el precedente que se sienta para cualquier intendente que venga con los argumentos de ese proyecto de ordenanza y con lo justificados que estaban en el expediente administrativo, que era bastante endeble, como te digo. Cualquier intendente que venga puede sacar con una mayoría simple al contador o al tesorero. Al contador también, que es el mismo mecanismo. Y es el control interno del municipio... o sea, ¿no me gusta la cara del que me controla y lo saco?", concluyó el concejal.

Con la destitución consumada en el plano legislativo, el conflicto se traslada ahora a dos escenarios paralelos: por un lado, el desarrollo del sumario interno en el municipio que determine si existieron faltas administrativas o perjuicio económico; y por el otro, la batalla judicial en los tribunales contencioso-administrativos, donde la defensa buscará revertir la remoción del cargo de Estapé.

Según el comunicado del abogado aclara la situación de su defendido y confirma que todavía no está confirmada la destitución del Dr. Salem, solo se denegó la concesión del recurso extraordinario.

Compartimos el comunicado de la Defensa

Contrariamente a lo que difunde la especie publicada en el día de la fecha en el semanario "analisis", el Jurado de Enjuiciamiento no ha confirmado la destitución del Dr. Sebastián Eduardo SALEM, solamente ha denegado la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la defensa para ante el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, el que actualmente se encuentra avocado al entendimiento y resolución del recurso de queja radicado en el Superior ante la denegatoria de esa apelación extraordinaria. El Jurado de Enjuiciamiento no es el habilitado a confirmar o desestimar la impugnación extraordinaria, sino que la misma debe ser resuelta por un Órgano Jurisdiccional distinto. Formulamos esta aclaración para esclarecer a la opinión pública ante una información retorcida, tendenciosa y equívoca instalada a través de tan errónea publicación. -

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) fue notificado de las sentencias dictadas el 3 de mayo y 20 de agosto del corriente año por el Jurado de Enjuiciamiento en las que se dispuso destituir al Juez de Paz de Gualeguay, abogado Sebastián Eduardo Salem y denegar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por su defensa, respectivamente.

Según la Resolución STJER 611, el 14 de septiembre pasado, se dispuso tomar razón de las sentencias y dar intervención a Contaduría General para que cese el pago de los haberes, disponiendo, además, designar como Juez a cargo del despacho a quien se venía desempeñando como suplente, el Dr. Carlos Federico Antola, aclarando que lo será "...hasta la cobertura definitiva del cargo por los mecanismos constitucionales o nueva disposición, lo que ocurra primero", y comunicar "la vacancia del cargo al Honorable Consejo Deliberante y a la Intendenta Municipal de Gualeguay, Arq, Veronica Berisso, a sus efectos".

Fuente : Análisis Digital