La Cámara de Diputados de la Nación inicia una semana de intensa actividad en comisiones, con una agenda que incluye la penalización del vandalismo rural, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculado a las Islas Malvinas y la discusión en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. El debate del Presupuesto 2027, en tanto, quedó postergado.

Uno de los temas de mayor interés para el sector productivo es la penalización de los daños en establecimientos rurales. Las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería convocaron a un plenario con el objetivo de emitir dictamen sobre la reforma del Código Penal, una iniciativa que responde a reclamos planteados por entidades agropecuarias en reuniones anteriores.

El debate se basa en dos proyectos con enfoques complementarios, presentados por los diputados Martín Ardohain (PRO), que preside la Comisión de Agricultura, y Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria).

En paralelo, las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, retoman el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno. La iniciativa propone endurecer las sanciones para las empresas que realicen operaciones no autorizadas en la zona de las Islas Malvinas.

La primera reunión informativa estuvo marcada por fuertes cruces verbales entre el diputado Juan Grabois e integrantes del bloque de La Libertad Avanza. En esa ocasión expusieron Paula Tadei, por la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía.

Para esta nueva jornada, la oposición propuso trece expositores de los ámbitos académico, diplomático y de excombatientes. Entre ellos figuran Daniel Filmus y Guillermo Carmona, ambos exsecretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; representantes de centros de excombatientes; especialistas universitarios, y el intendente de Punta Indio, David Angueira.

Tras las aclaraciones de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras, en las que remarcó que la cuestión está pendiente de resolución en el Congreso, la oposición formalizó el pedido de una sesión especial para rechazar el DNU 70/23. En el temario también incluyó proyectos sobre discapacidad y endeudamiento de las familias.

Según las estimaciones citadas por la fuente, los bloques opositores contarían con un piso de 115 votos para rechazar el decreto, y su estrategia apunta a sumar a los legisladores de Misiones, Salta y Tucumán, alineados con sus gobernadores. Como el Senado ya rechazó el decreto, un voto en el mismo sentido en Diputados implicaría su derogación definitiva.

Por su parte, el oficialismo negocia con los gobernadores para evitar que la oposición reúna la mayoría necesaria, ya que la caída del DNU implicaría el restablecimiento automático de numerosas normas que fueron derogadas.

Aunque el oficialismo había previsto iniciar esta semana el debate del Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la convocatoria fue postergada por las negociaciones en curso entre el Gobierno nacional y los gobernadores.

Esas conversaciones tuvieron un hito reciente en el viaje a Francia por la "Argentina Week", donde doce gobernadores y el jefe de Gobierno porteño acompañaron al presidente Javier Milei. Desde el Poder Ejecutivo buscan vincular el tratamiento del presupuesto con el avance de la reforma electoral, que consideran prioritaria.

Completan la agenda las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, que se reunirán para tratar una modificación de la Ley 24.467. La propuesta busca simplificar los requisitos administrativos para facilitar la incorporación de las cooperativas al régimen de MiPyME.

Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de resolución para excluir de la Cámara baja al diputado nacional Juan Grabois, de Unión por la Patria. El pedido se basa en los incidentes ocurridos el miércoles 30 de septiembre durante un plenario de comisiones.

La iniciativa lleva la firma de la diputada Silvana Giudici y cuenta con el acompañamiento de los integrantes de la bancada oficialista. El proyecto sostiene que Grabois incurrió en "desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones".

El plenario reunía a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, y discutía una iniciativa sobre la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas. Durante el encuentro hubo fuertes cruces entre Grabois y legisladores oficialistas.

Según se informó, el diputado santacruceño Jairo Guzmán intervino desde su banca, y Grabois se acercó a confrontarlo. Luego le reclamó al presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, que interviniera. También hubo intercambios con el diputado tucumano Gerardo Huesen, con insultos de ambas partes.

La tensión derivó en la interrupción de la reunión. Horas después se produjo otro incidente entre Grabois, la diputada libertaria Juliana Santillán y Zapata.

Los fundamentos sostienen que los hechos excedieron los límites de una discusión política y afectaron el normal funcionamiento del Congreso. Según el texto, Grabois agravió reiteradamente a las autoridades del plenario, a otros diputados y a los presentes, además de provocar la interrupción definitiva de la reunión.

El proyecto afirma que la Cámara no puede permitir que la "provocación y el amedrentamiento" reemplacen la discusión legislativa, y que una sanción es necesaria para fijar un límite y garantizar la continuidad del trabajo parlamentario.

También describe que Grabois habría abandonado su banca y avanzado hacia Huesen, y que otros diputados debieron intervenir para evitar que la situación escalara. Ese relato corresponde a lo que plantea el oficialismo en el proyecto.

El proyecto invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional, que permite a cada Cámara corregir, con el voto de dos tercios de sus miembros, a cualquiera de sus integrantes por desorden de conducta, e incluso disponer su exclusión.

Por eso, para que la sanción prospere, La Libertad Avanza necesitaría el respaldo de otros bloques. Unión por la Patria cuenta con 92 integrantes, según la nómina oficial de la Cámara.

La presentación deberá seguir ahora el trámite parlamentario correspondiente.

El debate en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno envió a la Cámara de Diputados el pasado 17 de septiembre en medio de la escalada de tensión con el Reino Unido por la situación de las Islas Malvinas, tiene fecha confirmada de inicio: este miércoles 30 de septiembre.

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12, en el marco de un cronograma de trabajo que finalizaría el martes 6 de octubre con la firma de los dictámenes. El oficialismo marcará el pulso del debate, ya que controla la conducción de las tres comisiones a través de Carlos Zapata (Defensa), Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal) y Juliana Santillán (Relaciones Exteriores).

El proyecto prevé el endurecimiento de las penas, con hasta 20 años de prisión, para quienes exploten o cooperen con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, además de inhabilitar a esas personas o empresas para operar en la Argentina.

La iniciativa reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía las prohibiciones, que ya no alcanzarían solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. Se crea además un registro público de infractores, con los que el Estado y los particulares tendrían prohibido contratar, y se incorpora el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.

Otro de los ejes es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Ese organismo coordinaría las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, y podría disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, y restringir importaciones y exportaciones.

Entre las prerrogativas más resonantes figura la autorización para derribar aeronaves y hundir buques considerados hostiles, como último recurso tras agotar otras instancias de un protocolo de actuación.

El texto también prohíbe los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas, e incorpora nuevos delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar con operaciones clandestinas de inteligencia, y realizar, con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación.

Además, redefine las funciones de la Defensa Nacional, autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales, y crea por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que habilitaría la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas con quienes estén inscriptos allí.

Desde la oposición, el proyecto genera fuerte resistencia. Un diputado nacional de Unión por la Patria, que el viernes había organizado en la Cámara baja una audiencia informativa denominada "¿Soberanía o patio trasero?", calificó la iniciativa como un "caballo de Troya" y sostuvo que, detrás de la reivindicación de Malvinas, se esconde "un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio".

Según su lectura, se trataría de "una extorsión política por Malvinas", al incluir las sanciones vinculadas a las islas en el mismo proyecto que crea el Consejo de Seguridad Nacional, de manera que votar en contra "parezca votar contra Malvinas". Sobre el RePET, cuestionó que permita congelar bienes "sin orden judicial previa" a partir de una inscripción por "motivos razonables para sospechar" y sin causa penal, y objetó que el proyecto habilite instalar radares militares en cualquier provincia sin aprobación de la jurisdicción correspondiente, además de permitir la coordinación con Estados extranjeros sobre territorio argentino.

La oposición buscará sesionar el próximo miércoles a las 12 en la Cámara de Diputados con el objetivo de emplazar a las comisiones los proyectos vinculados al endeudamiento de las familias y a la emergencia en discapacidad. Mientras tanto, el oficialismo trabaja para convencer a sus aliados de no dar quórum y así evitar que se abra esa reunión del pleno del cuerpo.

Los bloques opositores, encabezados por el peronismo, enfrentan el desafío de mantener unida a la mayoría que lograron conformar en la última sesión, cuando reunieron 133 votos para impulsar el debate de esas iniciativas. Además, deberán acordar cuáles serán los proyectos que pedirán tratar en comisión, de entre el medio centenar que se han presentado, para poder avanzar con el pedido de emplazamiento, ya que tienen giros diferentes.

Con la convocatoria oficial a la sesión ya realizada por el secretario parlamentario, Adrián Pagán, para el próximo miércoles, se espera que se multipliquen las negociaciones de la oposición para retener a los bloques que hasta ahora funcionaron como aliados del Gobierno nacional a la hora de hacer caer sesiones.

La Libertad Avanza avanzó con una estrategia que consiste en abrir el debate en la comisión de Finanzas, presidida por Santiago Pauli, para tratar 35 proyectos con la expectativa de estirar la discusión hasta fin de mes. Sin embargo, ese esquema de trabajo fue rechazado por las bancadas opositoras.

Según señalan desde la oposición, el objetivo de utilizar la comisión como una suerte de "carnada" para atraer a los diputados dialoguistas no sería inocente, sino que apuntaría a quitarle fuerza a la convocatoria del 9 de septiembre, bajo el argumento de que la sesión carecería de sentido al estar uno de los temas ya en debate en comisión. La "trampa", según los opositores, radica en que la reunión de Finanzas tendría un carácter meramente informativo y no apuntaría a dictaminar para poder llevar los proyectos al recinto.

En ese marco, el oficialismo buscará persuadir a los legisladores que votaron a favor de habilitar el debate pero que no firmaron el pedido de sesión, como los tres legisladores de Independencia, además de intentar que no se sumen los radicales que se abstuvieron en la votación anterior. También aspira a convencer a cuatro legisladores de Provincias Unidas, que suelen acompañar al oficialismo.

Por lo pronto, este martes a las 15 continuará el debate en la comisión de Finanzas, donde expondrán invitados propuestos por los bloques opositores.

Entre Ríos dará un nuevo paso en la eliminación de regímenes especiales para la dirigencia política. La Cámara de Diputados tiene previsto tratar este miércoles la derogación de la Ley N.º 4.506, que desde hace más de seis décadas establece una pensión vitalicia para quienes hayan ejercido la Gobernación y la Vicegobernación de la provincia.

La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo, encabezado por Rogelio Frigerio, en enero de 2024, como parte de una serie de proyectos vinculados con la transparencia, la ética pública, el control del gasto y la eliminación de privilegios.

La Ley N.º 4.506 creó un régimen especial para quienes ocuparan los principales cargos del Poder Ejecutivo provincial, que establece para los beneficiarios un ingreso equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

El proyecto enviado por Frigerio propone directamente la derogación de la norma y se apoya en dos argumentos centrales: que las razones históricas que justificaron la creación del beneficio quedaron desactualizadas, y que su permanencia entra en tensión con los actuales principios de igualdad y ética pública. En el mensaje remitido a la Legislatura, el Ejecutivo definió estas prestaciones como un régimen especial cuya continuidad debía ser revisada.

La eliminación de las pensiones tuvo un recorrido legislativo más extenso del previsto inicialmente. La Cámara de Diputados le había dado media sanción al proyecto en abril de 2024, y luego el debate pasó al Senado, donde uno de los principales puntos de discusión estuvo vinculado con el alcance de la reforma y las condiciones para dejar sin efecto beneficios ya concedidos.

Finalmente, la Cámara alta modificó el proyecto y eliminó el artículo referido a las causales de caducidad, con lo cual el alcance central de la reforma quedó proyectado hacia el futuro, sin avanzar sobre los beneficios ya otorgados. Con esas modificaciones, la iniciativa regresó a Diputados para completar su tratamiento.

La decisión adquiere una dimensión política particular porque quienes impulsaron el cambio también quedarán alcanzados por sus efectos: si la Cámara baja completa el trámite legislativo, Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán las primeras máximas autoridades provinciales cuyos mandatos queden alcanzados por la eliminación del régimen.

El gobernador había vinculado la eliminación de esta pensión con la situación previsional de Entre Ríos y con la necesidad de que la dirigencia política diera una señal antes de avanzar sobre modificaciones más amplias del sistema. En ese sentido, había sostenido que, frente a la magnitud del déficit de la Caja de Jubilaciones, correspondía que las máximas autoridades provinciales comenzaran dando ese gesto. La vicegobernadora Aluani acompañó la iniciativa.

La eliminación del beneficio cobra relevancia en el contexto de las reformas impulsadas para ordenar el sistema previsional entrerriano. El mensaje político del Gobierno apunta a que, si el Estado debe revisar estructuras y beneficios para recuperar sustentabilidad, la dirigencia también debe formar parte de ese esfuerzo.

El impacto económico inmediato de la medida será acotado, ya que se trata de evitar dos futuras pensiones. Su principal alcance, en cambio, es institucional y político: eliminar un régimen especial para las máximas autoridades provinciales y establecer que quienes ocupen esos cargos no podrán acceder al beneficio una vez finalizados sus mandatos.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto que promueve la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con media sanción por 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones. Será girado al Senado para su aprobación definitiva.

Según los fundamentos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, la norma busca dotar al BCRA de un régimen legal que garantice su independencia funcional y financiera, consagre la preservación del valor de la moneda como su misión primaria y elimine los mecanismos de financiamiento monetario del sector público.

El diputado Santiago Pauli (LLA) sostuvo: "Esta reforma pretende que nuestro Banco Central vuelva a defender el valor del peso argentino y que sea el guardián". En el mismo sentido, la diputada Sabrina Ajmechet (LLA) definió la norma como "una ley fundamental y extraordinaria, de un gobierno limitándose a sí mismo".

Desde la oposición, el diputado Itai Hagman (UxP) cuestionó que "le sacan funciones al Banco Central para blindar la política monetaria", mientras que la diputada Romina del Plá (FIT) sostuvo que se trata de "la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que pide el FMI". El diputado Martín Lousteau (Provincias Unidas) adelantó que su bloque se abstendría en la votación.

También obtuvo media sanción la iniciativa vinculada a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, la prescripción tributaria y el régimen sancionatorio, conocida como Inocencia Fiscal II. Se aprobó por 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones, y será girada al Senado.

La diputada Laura Rodríguez Machado (LLA) defendió el proyecto al señalar que busca "confiar más en el contribuyente que trabaja, que paga sus impuestos, y no tomarlo como un sospechoso" por haberse protegido en épocas de hiperinflación mediante el ahorro informal.

Desde la oposición, el diputado Ariel Rauschenberger (UxP) opinó que se trata de "un cuasi blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias", mientras que el diputado Nicolás Del Caño (FIT) sostuvo que el proyecto "premia a los evasores, a los grandes evasores".

La Cámara baja también respaldó el proyecto de ley venido en revisión del Senado por el cual se aprueba el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), firmado originalmente en Washington en 1970. Obtuvo 147 votos a favor, 93 en contra y ninguna abstención, aunque deberá volver al Senado para su ratificación final por una modificación introducida en Diputados.

A pedido de los laboratorios nacionales, la Cámara baja incorporó una reserva al capítulo II del tratado, que habilita al INPI a apoyarse en informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras para analizar nuevas invenciones.

El PCT crea una "solicitud única" para iniciar trámites de patentamiento en los 158 países miembros, lo que evitará que los inventores argentinos deban gestionar presentaciones por separado en cada jurisdicción. Además, amplía de 12 a 30 meses el período de prioridad para proteger invenciones, y según el oficialismo permitiría reducir hasta un 90% los costos internacionales del trámite.

El impacto se concentraría especialmente en dos sectores: la industria agropecuaria, por los desarrollos vinculados a semillas, y la farmacéutica, por la creación de nuevos medicamentos.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), principal opositora al proyecto, advirtió que los nuevos criterios podrían facilitar el fenómeno conocido como "evergreening", mediante el cual las grandes compañías extienden monopolios sobre medicamentos ya existentes a partir de modificaciones menores, lo que podría demorar la aparición de genéricos, reducir la competencia y encarecer los precios en el mercado local.

La Cámara de Diputados se prepara para debatir este miércoles 26 de agosto el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa del Gobierno nacional que propone cambios en el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, los criterios de fiscalización de ARCA y las sanciones tributarias. El oficialismo buscará darle media sanción durante una sesión especial convocada para las 12, en la que también se debatirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El proyecto ya obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, donde reunió 44 firmas sobre 75 diputados presentes, luego de incorporar modificaciones al texto original para conseguir el respaldo de bloques aliados.

La iniciativa modifica la Ley de Procedimiento Tributario 11.683 y la normativa que creó el régimen simplificado de Ganancias, además de disposiciones vinculadas al Registro del Trabajo Rural. Uno de los puntos centrales es la eliminación de los anteriores límites de ingresos y patrimonio para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), lo que ampliaría el universo de contribuyentes que pueden incorporarse al sistema.

El proyecto también introduce cambios en los criterios bajo los cuales ARCA puede fiscalizar e impugnar declaraciones juradas, así como en las sanciones previstas ante determinados incumplimientos tributarios. Desde el Poder Ejecutivo remarcaron durante el debate en comisiones que la iniciativa no constituye un nuevo blanqueo ni una flexibilización del régimen penal tributario.

Una de las principales modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo fue la exclusión de funcionarios públicos de los principales beneficios del Régimen Simplificado de Ganancias. El cambio establece restricciones para quienes ocupen o hayan ocupado cargos públicos de alta responsabilidad durante los últimos cinco años, una definición que surgió de las negociaciones del oficialismo con bloques aliados.

El texto también prevé una reducción de multas para pequeñas y medianas empresas y personas humanas, otro de los puntos sumados durante la discusión parlamentaria.

Otro de los ejes del proyecto tiene que ver con el alcance de las facultades de ARCA sobre los contribuyentes incluidos en el régimen. La iniciativa busca fijar condiciones específicas para la impugnación de declaraciones juradas y modificar determinados procedimientos tributarios, al tiempo que introduce mecanismos para la regularización de ciertas obligaciones.

La Libertad Avanza y los legisladores aliados solicitaron la sesión especial de este miércoles, a la que el oficialismo llegará con el respaldo obtenido de sectores del PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas. Si consigue la mayoría necesaria, el proyecto obtendrá media sanción y continuará su tratamiento en el Senado.

Las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de Entre Ríos finalizaron este jueves el tratamiento conjunto del proyecto de ley denominado "Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional", que ya cuenta con media sanción del Senado con modificaciones.

Las reuniones fueron presididas por los diputados Bruno Sarubi y Vilma Vázquez, y posteriormente por la legisladora Carola Laner. Con la firma del dictamen de mayoría, el expediente quedó en condiciones de ser incorporado al temario de sesiones para su debate definitivo.

Durante la primera jornada, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, sostuvo que la iniciativa busca garantizar la sostenibilidad del sistema previsional en el largo plazo.

El funcionario explicó que el objetivo central no es reducir el déficit, sino asegurar que la Caja pueda continuar otorgando jubilaciones a las futuras generaciones de trabajadores entrerrianos.

Bagnat señaló que el sistema enfrenta un deterioro estructural provocado por diversos factores, entre ellos la disminución de aportantes activos, la ausencia histórica de estudios actuariales, la incorporación de beneficiarios sin aportes suficientes, el reconocimiento de años de servicios extraprovinciales no compensados y distorsiones generadas por el actual esquema de movilidad.

"No vemos a los activos y a los jubilados como un número; ellos no tienen la culpa de que se haya llegado a esta situación", expresó.

En la mesa de trabajo participaron representantes de distintos sindicatos estatales, docentes, judiciales y viales.

Desde AGMER, su secretario general Abel Antivero calificó la propuesta como un ajuste y sostuvo que implica la pérdida del 82% móvil, además de advertir sobre el impacto que podría tener en la salud de los docentes.

Por su parte, ATE cuestionó que la iniciativa avance hacia una armonización con el sistema nacional. El secretario de Interior, Esteban Olarán, reclamó políticas previsionales de largo plazo, mientras que Víctor Sartori criticó la modificación del cálculo del haber inicial, al considerar que no garantizará el porcentaje histórico de las jubilaciones.

En tanto, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, defendió la participación del gremio en la discusión y valoró las modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo. También sostuvo que una reforma debatida años atrás podría haber evitado la situación actual del sistema previsional.

Además participaron representantes de AMET, APLER, SOEVER, AJER, la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos y autoridades de la Caja de Jubilaciones.

Durante el debate parlamentario también quedaron expuestas las diferencias políticas.

El diputado Jorge Maier defendió la necesidad de avanzar con la reforma y rechazó las críticas sobre un supuesto tratamiento apresurado.

La legisladora María Elena Romero insistió en la necesidad de que la Nación transfiera a Entre Ríos los fondos que, según la Provincia, adeuda por el sistema previsional.

Desde la oposición, Juan José Bahillo anticipó el rechazo de su bloque y cuestionó especialmente la modificación del cálculo del haber inicial, al considerar que ampliar de 10 a 15 años el período tomado para la liquidación significará una reducción en las futuras jubilaciones.

En la misma línea, María Laura Stratta pidió un debate responsable, respetuoso y con criterio de humanidad frente a una problemática que afecta a miles de trabajadores y jubilados.

En la segunda jornada expusieron el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Cánepa coincidió en la necesidad de reformar la Caja, aunque advirtió que algunos artículos podrían presentar conflictos con principios constitucionales y criterios jurisprudenciales. También cuestionó la declaración de emergencia previsional por dos años, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y la posibilidad de establecer jubilaciones de oficio.

Por su parte, Rodríguez Signes repasó el reclamo judicial que Entre Ríos mantiene ante la Corte Suprema por los fondos previsionales que considera adeudados por el Estado nacional.

El Fiscal de Estado afirmó que ese reclamo es necesario, aunque aclaró que por sí solo no resolverá el problema estructural del sistema. Además, consideró indispensable discutir aspectos como la edad jubilatoria, la movilidad y el equilibrio financiero de la Caja para garantizar su sustentabilidad.

Con la firma del dictamen de mayoría, el proyecto completó su paso por las comisiones legislativas y quedó formalmente habilitado para ser tratado en una próxima sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde se definirá si la reforma previsional obtiene sanción definitiva.

La Cámara de Diputados volverá a sesionar este miércoles en base a un temario confeccionado por el oficialismo que tiene como eje central la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI).

El Súper RIGI busca captar mega inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en industrias de frontera tecnológica y energéticas, a partir de suculentas exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios. Alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

Entre los beneficios están la reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, exenciones aduaneras y la libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones. Mientras los impulsores del proyecto señalan que el régimen busca un impacto transformador en la estructura productiva mediante actividades innovadoras como la fabricación de baterías de litio y semiconductores, recibe críticas que califican la medida como un esquema de enriquecimiento para capitales extranjeros que debilita la recaudación nacional y la soberanía fiscal.

Para garantizar previsibilidad, el proyecto establece una estabilidad normativa por 30 años y limita la capacidad de las provincias para imponer nuevos gravámenes a las empresas adheridas.

El Súper RIGI está diseñado para promover proyectos con un "impacto transformador en la estructura productiva nacional" en sectores que actualmente no se desarrollen en el país o tengan un carácter experimental.

Entre las actividades mencionadas por el Ministerio de Economía se encuentran la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio, además de infraestructura tecnológica como centros de datos e inteligencia artificial.

Para acceder al régimen, las empresas deben constituirse como Vehículos de Proyecto Único (VPU) y comprometer al menos el 20% de la inversión total en los primeros dos años. A cambio, el Estado ofrece un paquete de incentivos que se extiende por 30 años.

Asimismo, el proyecto exige a las provincias y municipios que se adhieran el compromiso de no aplicar nuevos gravámenes locales ni alícuotas superiores al 0,50% en Ingresos Brutos para asegurar que la carga fiscal nacional no sea neutralizada por tasas locales.

Desde sectores de la oposición el proyecto se cuestiona por considerarse "un esquema de enriquecimiento para los grandes capitales extranjeros" que no deja riqueza real en el país.

Uno de los puntos de mayor fricción es la eliminación del piso de contratación local (que en el RIGI original era del 20%), permitiendo que las empresas operen sin la obligación de integrar proveedores nacionales.

Las críticas también apuntan a que la libre disponibilidad de divisas provocará que "en Argentina no quede ni un solo dólar", convirtiendo al país en un "enclave tecnológico" donde las ganancias fluyen hacia el exterior sin impacto en el conocimiento o el trabajo local.

Además, se denuncia una desigualdad fiscal, señalando que mientras los grandes capitalistas reciben exenciones masivas, se mantienen o aumentan impuestos para los trabajadores y pequeños contribuyentes. Finalmente, la posibilidad de recurrir a justicia internacional para resolver disputas es vista por estos sectores como una cesión de soberanía nacional.

El proyecto de ley del Súper RIGI está específicamente orientado a lo que el Gobierno denomina "industrias del futuro" o "tecnología de frontera". Las industrias y actividades mencionadas explícitamente son:

El Súper RIGI elimina por completo el piso del 20% de contratación local que existía en el RIGI original. Las empresas no tendrán obligación mínima de contratar proveedores o empleados locales, lo que permitiría que operen como un "enclave" sin dejar riqueza o conocimiento en el país.

En tanto, mientras se otorgan exenciones masivas a los grandes capitalistas tecnológicos, el Gobierno y el FMI impulsan medidas que afectan a los trabajadores, como el aumento del Impuesto a las Ganancias para empleados y la suba del Monotributo.

Se argumentó, además, que el esquema está diseñado para que las ganancias fluyan al exterior con "libertad plena", sin que el desarrollo de estas industrias de frontera (como la IA o las baterías de litio) se vea reflejado en un incremento genuino del trabajo o el conocimiento nacional.

La iniciativa establece penas de prisión de entre 2 y 8 años, además de multas de hasta 12 veces el valor del daño ocasionado, para quienes destruyan, hagan desaparecer o dañen stocks de materias primas almacenadas en silo bolsas o instalaciones dentro de establecimientos rurales.

Según explicó el legislador, el objetivo es responder a modalidades delictivas que afectan al sector productivo y que, a su entender, actualmente no cuentan con sanciones suficientemente severas dentro de la legislación vigente.

El proyecto también contempla sanciones para quienes ingresen a propiedades rurales sin autorización. En esos casos, se prevé una pena de prisión de un mes a un año para quienes entren a un campo “contra la voluntad expresa” del propietario o de quien tenga derecho a excluir terceros.

En los fundamentos de la propuesta, Martín Ardohain señaló que muchas intrusiones clandestinas funcionan como tareas previas de inteligencia para cometer delitos posteriores en establecimientos agropecuarios. Asimismo, remarcó la preocupación existente por la caza furtiva, una práctica que —según indicó— provoca daños en alambrados, altera al ganado y genera riesgos para las familias rurales.

“La destrucción de un silobolsa no es un simple acto vandálico; es un ataque directo al esfuerzo productivo y a la capacidad exportadora del país”, expresó el diputado al presentar la iniciativa.

El proyecto deberá ahora ser tratado en el Congreso Nacional, donde ingresará al debate legislativo junto a otras propuestas vinculadas a seguridad rural y protección de la producción agropecuaria.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la denominada Ley Hojarasca, un proyecto impulsado por el Gobierno que propone eliminar decenas de normas que el oficialismo considera obsoletas, inútiles o desactualizadas. La iniciativa pasa ahora al Senado para su tratamiento y eventual sanción definitiva.

El proyecto fue presentado originalmente en 2024 con las firmas del presidente Javier Milei, el entonces ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, pero no llegó a ser tratado en el Congreso. El 25 de marzo de este año fue relanzado con la firma del actual ministro coordinador, Manuel Adorni.

Según el texto oficial, la iniciativa "apunta a eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales".

La Ley 94, la primera de la lista, data de 1864 y sanciona con diez años de inhabilitación a quien "haga azotar a una persona". Más de 160 años después, el Gobierno la incluyó en el paquete de normas a eliminar.

La Ley 20.802, de 1974, prevé el carnet de mochilero y establece la preferencia para acampar en zonas de turismo nacional, provincial y municipal.

La Ley 20.843, conocida como la "Ley del Lobizón" o "Ley de Padrinazgo Presidencial", fue sancionada durante el último gobierno de Juan Domingo Perón. Otorgaba una medalla, un diploma y una beca de estudios al séptimo hijo varón o a la séptima hija mujer de una pareja. En 2009, la entonces presidenta Cristina Kirchner la modificó para ampliar sus alcances.

La Ley 27.171, sancionada en 2015, regula la colombofilia, la actividad deportiva basada en competencias con palomas mensajeras. La norma creó la Federación Colombófila Argentina y establecía, entre otras cosas, el registro de la matrícula y el año de nacimiento de las palomas. Por ahora, la actividad sigue funcionando dentro de la órbita de la Secretaría de Deportes de la Nación.

La Ley 21.159 otorga un descuento del 50% en pasajes y fletes en empresas estatales de transporte a actores, artistas y técnicos de compañías de teatro y variedades argentinas, además de tarifas especiales en hoteles del Estado durante sus actuaciones.

La Ley 19.787 declara de interés nacional la difusión de la música argentina, pero solo incluye géneros folklóricos, tango, milonga, vals criollo y obras de autores argentinos. Desde el oficialismo señalan que "no incluye a toda la música generada por autores y compositores argentinos", lo que la hace anacrónica.

Las Leyes 22.964 y 22.109, referidas al aislamiento obligatorio de personas con lepra y viruela, también serán derogadas por considerarse que estigmatizan las enfermedades y obligan a internar a personas contra su voluntad.

También se derogarán leyes que por el paso del tiempo quedaron sin objeto, como las que autorizan las emisiones de televisión a color, la reglamentación para almacenar información estatal en microfilms, reconocimientos como el Premio Nacional a la Calidad y el Premio Prevención de Adicciones, y la ley que permitía al Estado sortear premios entre quienes compraban boletos de cine, financiada con fondos del INCAA. Sobre este último punto, el Gobierno argumentó que el impuesto destinado a financiar ese sorteo encarecía las entradas y perjudicaba tanto a los espectadores como a la industria cinematográfica.

A ocho meses de haber ingresado a la Cámara de Diputados, las Comisiones de Presupuesto y de Deportes comenzaron a analizar un proyecto que establece la creación de un régimen de flexibilización y adecuación de las exigencias renditivas para clubes deportivos y asociaciones civiles orientadas al deporte.

La iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Damasco y parte de un diagnóstico preciso: la mayoría de las instituciones deportivas son conducidas por dirigentes que trabajan sin cobrar honorarios y sin personal administrativo, lo que les impide cumplir con la carga burocrática que exige la rendición de los fondos que reciben del Estado provincial.

El texto propone un mecanismo de rendición basado en la acreditación simplificada de actividades realizadas, sin que eso implique eliminar el control estatal. El objetivo es adaptar las exigencias a la realidad concreta de estas instituciones.

Además, el proyecto contempla una exoneración de las rendiciones pendientes que hoy se encuentran observadas o en trámite ante el Tribunal de Cuentas o en sede judicial, siempre que se demuestre que los fondos recibidos se destinaron al cumplimiento del objeto social para el que fueron otorgados.

Damasco, del Bloque La Libertad Entre Ríos, fue claro en los fundamentos del proyecto: "Esta propuesta no debilita el control estatal, sino que lo adapta a la realidad concreta de instituciones esenciales, muchas veces relegadas o excluidas del sistema por no poder afrontar una estructura burocrática que no se corresponde con su modo de operar cotidiano".

Entre los legisladores de Entre Ríos, el posicionamiento quedó claramente dividido por bloques políticos.

El bloque oficialista acompañó la iniciativa. Entre los entrerrianos que respaldaron la propuesta se encuentran:

También votaron afirmativamente:

Desde el bloque Unión por la Patria

Guillermo Michel -su voto fué afirmativo

 Quiénes votaron en contra  y rechazaron el proyecto:

Tras la media sanción, la iniciativa deberá ahora ser tratada en el Senado, donde se anticipa un debate intenso debido a las diferencias políticas y jurídicas que genera la reforma del régimen penal juvenil.

El proyecto fue respaldado por el oficialismo de La Libertad Avanza, junto a bloques como la UCR, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y otras bancadas provinciales. En contra votaron legisladores del peronismo, la izquierda y espacios provinciales.

La propuesta establece un nuevo esquema legal para menores de edad, reemplazando la normativa vigente. Entre los principales puntos se destacan:

Además, el texto prevé alternativas a la prisión para delitos menores. Para hechos con penas inferiores a tres años se descarta el encarcelamiento, mientras que en delitos de entre 3 y 10 años —sin muerte ni lesiones graves— se priorizarán sanciones sociales y educativas.

Uno de los puntos más discutidos fue el financiamiento del sistema. Sectores opositores propusieron mecanismos directos de asignación de recursos, aunque el oficialismo mantuvo la idea de acuerdos entre Nación y provincias.

La diputada Laura Rodríguez Machado sostuvo que el objetivo no es aumentar la cantidad de menores detenidos sino “resocializarlos”. En contraste, la legisladora Victoria Tolosa Paz cuestionó el enfoque del proyecto y advirtió que el debate se aleja de soluciones estructurales.

Desde bloques aliados también surgieron advertencias. La diputada Gisela Scaglia apoyó la baja de imputabilidad, pero reclamó que el costo del nuevo sistema no recaiga únicamente sobre las provincias. Por su parte, Cristian Ritondo señaló que la medida por sí sola no resolverá el problema de la delincuencia juvenil.

En rechazo a la iniciativa, la diputada Myriam Bregman afirmó que el régimen podría ampliar la criminalización de jóvenes de sectores vulnerables.

El proyecto representa el primer avance parlamentario de este tipo desde el regreso de la democracia. Si el Senado lo aprueba, la edad de imputabilidad en Argentina se reducirá oficialmente a 14 años, modificando de manera sustancial el sistema penal juvenil vigente.N.A.

El monto fue acreditado en cuentas sueldo de empleados que ya habían cobrado el aguinaldo con bono extra, así como sus haberes habituales de diciembre, lo que profundizó la confusión inicial. 

Desde el cuerpo legislativo aclararon que se trató de un “error bancario” en la operatoria del Banco Nación, y convocaron a los trabajadores a no utilizar el dinero, porque será descontado de las cuentas el próximo viernes conforme al ajuste contable correspondiente. 

El insólito depósito quedó registrado bajo el concepto “rend.pesos” en varios extractos, lo que llevó a algunos empleados a pensar en un pago no anunciado. Sin embargo, fuentes oficiales precisaron que no existe ninguna disposición que habilite ese crédito adicional. 

La noticia se difundió rápidamente entre los grupos internos de mensajería de trabajadores legislativos, donde se desató una mezcla de sorpresa y humor: “Estuvimos felices un ratito”, comentó uno de los empleados afectados. 

El diputado socialista Esteban Paulón también se expresó sobre el episodio a través de la red social X, con un tono irónico sobre la gestión operativa del banco estatal. 

Si bien la Cámara de Diputados fue el caso más visible del error, informes preliminares sugieren que operaciones similares se replicaron en otras dependencias del Estado cuyos empleados operan con cuentas en el Banco Nación.

La aprobación del Presupuesto Nacional 2026 en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados reavivó el debate político entre oficialismo y oposición, con posiciones encontradas también entre representantes entrerrianos. El diputado nacional por Entre Ríos y oriundo de Gualeguay, Francisco Morchio, celebró la sanción del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, mientras que Guillermo Michel, referente del peronismo y uno de los principales dirigentes opositores en la provincia, cuestionó con dureza el contenido y los alcances del plan económico. 

“Un trabajo difícil pero necesario”

 A través de sus redes sociales, Morchio sostuvo que el Presupuesto 2026 constituye “el plan de gobierno que estipula las acciones que se tomarán durante el año, en función de las prioridades y necesidades que fije el Gobierno Nacional”. En ese sentido, remarcó que el proyecto tiene como eje central el déficit cero, con una administración basada en los recursos efectivamente disponibles.

 “El proyecto apunta a gestionar con los recursos que se obtienen a partir de diversas fuentes de ingreso, excluyendo contenidos demagógicos que durante años pretendieron explicar cómo resolver problemas que no solo no se resolvieron, sino que fueron generados por quienes gobernaron”, afirmó el legislador gualeyo. En esa línea, Morchio cuestionó los presupuestos de gestiones anteriores, a los que acusó de haber sido sistemáticamente deficitarios, postergando obligaciones de pago y comprometiendo a futuras generaciones.

 El diputado oficialista también vinculó la aprobación del Presupuesto con el proceso de estabilización económica impulsado por el Gobierno nacional. “Se viene haciendo un trabajo difícil, pero necesario, que apunta a ordenar las cuentas públicas y aplicar los recursos a las necesidades más urgentes”, expresó, y destacó como uno de los principales logros la desaceleración de la inflación, a la que definió como “el impuesto más perverso que sufrió cada argentino durante décadas”.

 “Se dio vuelta como una media”

Desde la vereda opuesta, el diputado nacional Guillermo Michel rechazó de plano el proyecto aprobado y advirtió que se trata de un Presupuesto que no guarda relación con la realidad. En declaraciones recogidas por medios provinciales y nacionales, el dirigente peronista sostuvo que el texto aprobado es “un dibujo”, “papel pintado” y que presenta contradicciones internas, especialmente en relación con otras iniciativas del Gobierno, como la reforma laboral.

Michel señaló que el Presupuesto carece de previsiones claras y realistas sobre variables clave de la economía y cuestionó la falta de definiciones concretas en materia de obra pública, políticas sociales y desarrollo productivo. Además, advirtió que el ajuste implícito en el esquema de déficit cero tendrá impacto directo en las provincias y municipios, afectando áreas sensibles como educación, salud e infraestructura.

 El legislador opositor también puso el foco en Francisco Morchio, quien aseguró “que se dio vuelta como una media, cambió el voto de lo que había votado hace dos meses y ahora votó en línea con el gobierno”. Para Michel, el Presupuesto 2026 “no es una hoja de ruta confiable”, sino una herramienta diseñada para sostener un relato económico que no se condice con la situación social del país.

“Esta distinción busca reconocer en Roberto Romani no sólo a un creador prolífico, sino a un hombre que dedicó su vida a honrar a Entre Ríos y a la Argentina profunda, difundiendo sus valores, su historia y su belleza”, expresó Benedetti.

Romani, nacido en 1957 en Larroque, es una de las voces más representativas del litoral argentino. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, comenzó su carrera difundiendo la poesía y la música popular en ciclos radiales, y se consolidó en medios entrerrianos como LT 38 Radio Gualeguay, donde trabajó junto a Mario Alarcón Muñiz, llegando a ocupar la dirección artística de la emisora. También se desempeñó en el Diario Noticias de Gualeguaychú, entre otros medios provinciales.

Autor de más de 400 obras musicales, 30 libros, 16 grabaciones y 5 producciones audiovisuales, Romani ha retratado con sensibilidad única los paisajes, la historia y el sentir del litoral. Sus obras —entre ellas Bajo el cielo de Entre Ríos, República de los Trinos y Semblanza Provinciana— fueron seleccionadas por el Ministerio de Educación de la Nación para su distribución en escuelas de todo el país, llevando la cultura entrerriana a nuevas generaciones.

A lo largo de su extensa trayectoria, recibió importantes reconocimientos: el Premio Nacional de Poesía del Ateneo Cultural del Nuevo Mundo, el Premio Santa Clara de Asís, la Faja Nacional de Honor de la Asociación de Escritores Argentinos, la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, y fue declarado Ciudadano Ilustre de Entre Ríos. También fue distinguido como Prócer de la Cultura por el Museo del Cabildo de Buenos Aires y el Instituto de Arte Folclórico.

En el ámbito público, se desempeñó como director de la Editorial de Entre Ríos y secretario de Cultura de la provincia, promoviendo la obra de autores entrerrianos y fortaleciendo las fiestas populares como espacios de identidad.

Desde los escenarios de los festivales folclóricos hasta lugares emblemáticos como el Teatro Colón o el propio Congreso de la Nación, Roberto Romani ha llevado su palabra y su canto como un verdadero embajador del litoral argentino.

Los nuevos diputados nacionales entrerrianos serán Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider por La Libertad Avanza, y Guillermo Michel junto a Marianela Marclay por Fuerza Entre Ríos.

Laumann, de Paraná, es referente libertario en la provincia y cercano al presidente Javier Milei. Fregonese, dirigente del PRO, preside actualmente el Consejo General de Educación y ya tuvo experiencia en el Congreso. Schneider, ministro de Infraestructura provincial y exintendente de Crespo, representa al radicalismo dentro del espacio oficialista.

Por el lado del peronismo, Michel —abogado y contador de Gualeguaychú, exdirector de la Aduana Nacional— y Marclay —secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay— ocuparán las dos bancas obtenidas por el frente opositor.

Con esta renovación, se despedirán en diciembre los legisladores Atilio Benedetti, Nancy Ballejos, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma y Marcela Ántola, esta última oriunda de Gualeguay, quien culmina su mandato tras haber representado a la provincia desde 2021.

El mapa político entrerriano se tiñó de violeta y consolidó la sintonía entre el gobierno provincial y la Casa Rosada, confirmando el peso de la alianza libertaria en el electorado.

“Emitir el voto es el acto más importante de nuestra democracia”, le dijo Dora Bogdan a  este medio.

"Hoy temprano voté en la escuela Rocamora de Gualeguay, por primera vez con el sistema de Boleta Única Papel. Un sistema que permite mayor celeridad al momento de votar y que aporta mayor transparencia a todo el proceso.Cada jornada de elecciones es motivo de alegría y compromiso, eligiendo a quienes mejor nos puedan representar en el Congreso Nacional. Debemos ser cada día más los comprometidos con la gente de trabajo y de bien que quiere ver una Argentina desarrollada", afirmó.