Aunque la conversación pública suele enfocarse en las condiciones físicas, sensoriales o intelectuales, quienes viven con discapacidad coinciden en un punto clave: las mayores limitaciones no provienen del diagnóstico, sino del entorno y de las actitudes que, muchas veces, reproducen prejuicios y exclusiones.

“La discapacidad no es un atributo individual, sino la interacción con un ambiente que no siempre contempla la diversidad humana”, explicó la Dra. Valeria El Haj, médica nacional de Ospedyc. “Un escalón puede ser más limitante que cualquier condición motriz; una conversación que excluye puede generar más aislamiento que una discapacidad auditiva; una mirada condescendiente puede herir más que una dificultad física”.

Según un informe difundido por la Agencia Noticias Argentinas, la especialista remarcó que hablar de discapacidad implica hablar de participación plena, igualdad de oportunidades y accesibilidad cotidiana. “La inclusión se construye en la vereda, en la escuela, en el transporte, en el trabajo y en cada espacio donde las personas desarrollan su vida”, añadió.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en Argentina, también sostiene esta perspectiva social: la discapacidad aparece cuando el contexto impide la participación en igualdad. Por eso, generar entornos accesibles y respetuosos es una responsabilidad colectiva, que no se basa en la lástima ni en la sobreprotección, sino en el reconocimiento de la autonomía de cada persona.

Los gestos simples son clave: preguntar cómo acompañar, respetar los distintos modos de comunicación, ofrecer información en formatos accesibles, evitar suposiciones sobre las capacidades ajenas y, sobre todo, escuchar las experiencias de quienes atraviesan estas barreras día a día.

“Cuando una sociedad se organiza para que todos puedan participar, la discapacidad deja de ser un límite”, concluyó la Dra. El Haj. “Lo que aparece entonces es lo que siempre estuvo allí: personas con proyectos, deseos, talentos y derechos, que solo necesitan lo mismo que cualquier otra persona: un entorno que no les cierre la puerta”.

El fiscal a cargo sostiene que Grant intervino activamente en el armado de compulsas, habilitación de proveedores y en la manipulación del sistema interno del organismo, para garantizar contratos a empresas vinculadas al entramado. 

Por su parte, la defensa de Spagnuolo —quien fuera el titular del organismo hasta su abrupta salida— volvió a mover ficha: presentó un escrito en el que pide la nulidad de la causa, cuestionando la validez de los audios usados como prueba. Argumentan que estos fueron alterados o generados con inteligencia artificial. 

Sin embargo, la fiscalía no se apoya solamente en esas grabaciones: además investiga movimientos bancarios, cruces de llamadas y encuentros privados registrados, lo que, según fuentes oficiales, compone un entramado documental que refuerza la hipótesis de corrupción.

El escándalo en ANDIS salió a la luz tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los cuales se detallaba —según él— un sistema de sobornos requeridos por droguerías proveedoras a cambio de obtener contratos del Estado. En ese contexto, Grant aparece como operador fundamental de ese esquema, encargado de ejecutar órdenes desde lo administrativo: la habilitación de proveedores, definición de pliegos, adjudicaciones, y manipulación de los tiempos del sistema de compras. 

Las sospechas alcanzan además a otros exfuncionarios, y apuntan al uso de un circuito de “consultas y decisiones articuladas” que vulneraba los mecanismos de control internos de ANDIS. 

La gravedad del caso radica en que si se confirma, no se trata de irregularidades menores, sino de un entramado sistemático de corrupción en un organismo clave para la salud y la distribución de medicamentos a personas con discapacidad.

Mirta Sosa, referente de la Asociación Incluir T21, celebró el acuerdo y destacó que este paso representa “la posibilidad de contar por fin con un lugar donde funcionar”, algo por lo que venían trabajando desde hace tiempo. También agradeció el acompañamiento de la gestión municipal y el compromiso de Dora y su equipo para abrir las puertas del Predio de Discapacidad Municipal.

A partir de este viernes, la Asociación podrá utilizar el espacio para desarrollar talleres de expresión corporal, música, canto, baile, cocina y conversatorios con familias, entre otras propuestas que promueven la inclusión y la autonomía.

Desde el Municipio señalaron que este avance “trasciende lo administrativo”, ya que reconoce el esfuerzo de las familias y el trabajo sostenido por una ciudad más accesible, inclusiva y con oportunidades reales para todos.

Desde distintos espacios locales relacionados con la atención y educación de personas con discapacidad se recordó que los valores están atrasados un 70% respecto de diciembre de 2023, al mes de agosto de este año. A este déficit se suma la demora estructural en los pagos, ya que las prestaciones se facturan a mes vencido: el aumento completo recién se percibirá entre marzo y abril de 2026.

“El gobierno comunica este incremento como una mejora significativa, pero en realidad no cubre los costos reales ni la inflación acumulada. Además, se paga fraccionado y muy por debajo de lo que establece la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793)”, remarcaron desde el Foro de Discapacidad.

Entre los puntos más cuestionados del comunicado oficial se destacan:

Desde el Foro insistieron en que la única salida es cumplir integralmente con la Ley de Emergencia en Discapacidad, tal como exige el propio Presidente cuando afirma: “Dentro de la ley, todo; fuera de ella, nada”.

“Basta de engañar a la población. Este aumento no es una respuesta, es una burla a quienes todos los días sostienen el sistema y acompañan a más de 300 mil personas con discapacidad en el país”, concluye el comunicado.

El Gobierno nacional anunció que se implementará un aumento escalonado en los valores del nomenclador para prestadores de servicios a personas con discapacidad, con incrementos que irán del 29 % al 35 % entre octubre y diciembre de 2025. La medida, difundida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presenta como un paso hacia “la normalización y previsibilidad del sistema de atención”. 

Sin embargo, el sector de las organizaciones, prestadores y familiares de personas con discapacidad respondió con indignación. Para muchos, el incremento anunciado resulta insuficiente frente a la magnitud del atraso acumulado.

¿Qué dice el anuncio oficial?Según el comunicado de ANDIS, el ajuste se aplicará en tres tramos sucesivos entre los meses de octubre y diciembre de 2025. El aumento abarca servicios esenciales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.  El organismo asegura que el ajuste busca “fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”. 

Las críticas del sector: el atraso real y el reclamo por la ley de emergenciaPara las organizaciones que trabajan en el terreno, la actualización anunciada está muy por debajo de lo necesario. Según una de las notas periodísticas, la actriz Valentina Bassi, madre de un joven con autismo, calificó la medida como “una burla”. Además, prestadores de servicios de discapacidad alertan que el nomenclador estaba congelado desde fines de 2024 y que los montos vigentes ya estaban “hundidos” frente a los costos reales. Uno de los reclamos centrales es el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que en varias instancias fue sancionada o debatida en el Congreso y que, según quienes protestan, imponía un aumento mayor al autorizado. 

Impactos concretos: servicios en riesgo y prestadores al límiteEl atraso en los valores del nomenclador tiene efectos palpables: centros de día, talleres, transporte adaptado y acompañamientos terapéuticos arrastran desequilibrios financieros que comprometen su continuidad. Uno de los testimonios señala que “venimos con atraso de más del 70 % desde el año pasado”. El retraso también afecta a los trabajadores y profesionales del sector, que deben lidiar con incrementos de costos, movilidad y gastos operativos, con ingresos que no se ajustan al ritmo inflacionario.

Reforma al régimen de DNU: avances y obstáculosEl proyecto que limita las facultades del Poder Ejecutivo para dictar DNU obtuvo aprobación general con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones. Sin embargo, un artículo clave —el que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos— fue rechazado en la votación particular, al no alcanzar el quórum establecido.  Debido a ese cambio, la iniciativa pierde su forma definitiva y deberá volver al Senado. Esta situación le da tiempo al oficialismo para negociar modificaciones antes de una posible sanción definitiva o veto presidencial. 

La reforma pretendía invertir la lógica vigente: actualmente, los DNU rigen desde su firma y pueden ser rechazados por el Congreso; bajo el nuevo esquema, sólo serían válidos si ambas cámaras los ratifican expresamente en 90 días.Durante la sesión, el oficialismo celebró este resultado como una victoria táctica, pues logró postergar una derrota más severa —un veto presidencial ahora podría llegar después de las elecciones legislativas del 26 de octubre— y abrió espacio para ajustes en el diálogo con gobernadores y partidos aliados. 

Interpelaciones aprobadas: quiénes deben afrontar el CongresoLa oposición consiguió también reunir votos para interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo, quien deberá presentarse el miércoles 15 de octubre ante el Congreso para responder sobre negociaciones con Estados Unidos. En la misma sesión, fueron aprobadas las citaciones a Karina Milei (secretaria general de Presidencia) y Mario Lugones (ministro de Salud), por los supuestos audios vinculados al caso ANDIS, donde se investigan coimas y retornos en el organismo nacional de discapacidad. La interpelación para Milei y Lugones fue fijada para el 15 de octubre a las 14 horas. Además, la oposición incluye en su plan de interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. 

El contexto y las expectativasEstas maniobras legislativas se dan en un momento de elevada tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, con añejos conflictos por el uso de DNU, vetos presidenciales y el creciente reclamo de control del poder estatal. Muchas de estas decisiones repercutirán en el tablero electoral de octubre.Para el oficialismo, la reforma a los DNU representa un retroceso institucional que debilita su margen de maniobra, pero al lograr que el proyecto vuelva al Senado, gana espacio para negociar. Para la oposición, aprobar estas interpelaciones y plantear límites al Presidente constituye un paso hacia mayor transparencia y equilibrio de poderes.

Queda por verse cómo responderá el Senado al nuevo texto del proyecto y qué decisiones tomarán los funcionarios convocados ante las interpelaciones. El choque de poderes promete mantenerse vivo en las próximas semanas.

La iniciativa, impulsada por la oposición y con amplio apoyo parlamentario, incluso de fuerzas antes aliadas del oficialismo, superó los dos tercios necesarios tanto en Diputados como en Senado para rechazar el veto.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, indicó que la ley será promulgada, pero su reglamentación dependerá de la definición del financiamiento: “Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de la norma podría aumentar el número de beneficiarios entre 493 mil y 946 mil personas, con un costo estimado entre 1,88 y 3,62 billones de pesos, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI. Además, se requerirían unos $278.323 millones para compensaciones a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción.

La ley de emergencia en discapacidad se sancionó tras movilizaciones de la sociedad civil, en medio de una crisis en el sistema de atención por congelamiento de recursos y reducción de beneficiarios. También busca regularizar deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores vinculados al sistema, actualizar automáticamente aranceles y fortalecer la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Entre sus puntos principales, establece que las Pensiones No Contributivas por Discapacidad corresponderán a quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), cumplan con límites de ingresos y pasen una evaluación socioeconómica. La asignación será del 70% del haber mínimo jubilatorio y compatible con empleo registrado, además de transformar automáticamente pensiones anteriores en vigencia sin nuevos trámites.

El presente convenio tiene por objeto establecer un cupo especial del total de soluciones habitacionales del Programa Habitacional Ahora Tu Hogar.

Las partes acordaron que se reservará un cupo especial del cinco por ciento del total de créditos individuales a sortear, destinado a personas con discapacidad en las operatorias Construcción de viviendas mediante créditos individuales sobre terreno propio y Ampliación de vivienda existente mediante crédito individual.El cupo se calculará sobre el total de créditos individuales de cada operatoria, asegurando una distribución equitativa y diferenciada de las soluciones habitacionales para personas con discapacidad, en línea con los principios de accesibilidad e inclusión.Los requisitos de admisibilidad y el procedimiento de preselección de los beneficiarios comprendidos en el cupo especial establecido en el presente convenio, se regirán por la normativa vigente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda.

Las partes reconocen la necesidad de trabajar de manera conjunta en la identificación y atención de las necesidades de las personas con discapacidad, con el objetivo de asegurar que las políticas públicas de vivienda sean verdaderamente inclusivas y equitativas, alcanzando a quienes más lo necesitan.Del acuerdo también participaron los vocales del IAPV, Luis Uriona y José Artusi y la asesora legal del Iprodi, Flavia Quintana Grasso.

La votación dio como resultado 63 votos en contra del veto y solo 7 a favor, superando ampliamente los dos tercios requeridos para invalidar la decisión presidencial. Con esto, se restablece la emergencia en el área de discapacidad por un período hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. 

Según los voceros de la oposición, "la emergencia en Discapacidad es ley" y representa "un alivio para las familias que estuvieron luchando por la dignidad de más de seis millones de argentinos y argentinas con discapacidad". 

La votación ocurre en un escenario político convulsionado, atravesado por audios filtrados que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), su ex titular Diego Spagnuolo y la hermana del presidente, Karina Milei, en supuestos actos de corrupción. El oficialismo está debilitado frente a estos encabezamientos, mientras crece la presión social y mediática.

Además del rechazo al veto, el Senado aprobó en general una modificación al régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que limita significativamente su uso. La iniciativa, respaldada con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, establece plazos y condiciones más estrictas para su aplicación. 

Este avance confirma el interés del Congreso por reequilibrar los poderes y reforzar los controles legislativos sobre decretos ejecutivos.

El rechazo al veto se da apenas días antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y a pocas semanas de los comicios nacionales de medio término. Para el oficialismo, fue una gran derrota que expone su falta de capacidad para ejercer control en el Congreso.

En términos económicos, el costo fiscal estimado por la nueva ley representa 0,28 % del producto bruto interno (PBI) para este año, y 0,46 % para el próximo

Durante una caravana en Lomas de Zamora, el mandatario, consultado por la prensa, declaró:

“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, asegurando así su intención de actuar judicialmente ante estas acusaciones. 

El canal de streaming Carnaval Stream difundió nuevas grabaciones donde la voz atribuida a Spagnuolo no solo reafirma un sistema de sobornos en la compra de medicamentos, sino que ofrece descripciones detalladas de cómo funcionaba la “repartija” de los contratos, con referencias criticas hacia figuras cercanas al poder. 

Se mencionan nombres clave:

La Justicia secuestró el celular de Spagnuolo y constató que no contiene chats con Javier ni con Karina Milei, pese a ser una figura cercana al círculo presidencial. Se sospecha que estos mensajes fueron eliminados manualmente —no mediante formateo general—, lo que dispara dudas sobre posibles borrados deliberados

Este lunes, el juez federal Sebastián Casanello ordenó el congelamiento de las cajas de seguridad pertenecientes a ex funcionarios y empresarios involucrados: Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, y los miembros de la familia Kovalivker (Jonathan, Emmanuel y Eduardo). La medida, impulsada por el fiscal Franco Picardi, busca preservar pruebas potencialmente relevantes para la causa, que investiga la supuesta entrega de sobornos desde Andis hacia interesados privados. 

Ese mismo día, Jonathan Kovalivker – presidente de Suizo Argentina y uno de los empresarios implicados – se presentó en los tribunales de Comodoro Py junto a su abogado, entregando su celular sin revelar la clave de acceso. El aparato fue retirado por las autoridades, que ampliarán el análisis junto a otros teléfonos ya incautados de los involucrados. 

El objetivo del juez es reunir todos los elementos digitales posibles. Entre los dispositivos en estudio se encuentran celulares de Spagnuolo – presunta fuente de los audios filtrados –, Garbellini (quien sí entregó la clave) y Emmanuel Kovalivker, aunque la pericia técnica podría enfrentar dificultades debido a la sofisticación de algunos aparatos. 

Mientras tanto, el jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, fue indagado como principal sospechoso de haber alertado a Jonathan sobre la presencia policial. Él negó los cargos y entregó dos teléfonos que ahora también serán revisados. 

La empresa Suizo Argentina, vinculada al caso, disparó sus negocios con el Estado: pasó de facturar contratos por aproximadamente $3.900 millones en 2024 a superar los $108.000 millones en lo que va de 2025, una suba que alcanza casi el 2.700%, muy por encima de la inflación acumulada. 

Detrás de este incremento hay un contrato clave: en marzo, el Ministerio de Salud adjudicó a la firma un acuerdo por más de $78.000 millones para distribución y almacenamiento de medicamentos y vacunas con cadena de frío, al que fue prácticamente la única compañía del ámbito farmacéutico que compitió. Según el mismo Ministerio, la operatoria permitió ahorrar casi $48.000 millones al concentrar múltiples procesos en un solo servicio. 

Este contrato es señalado como la causa principal del aumento exponencial del volumen de negocios de Suizo Argentina, que además no ha ofrecido comentarios públicos al respecto. 

Por otro lado, se difundieron frescos fragmentos de audio atribuidos al exdirector de Andis, Diego Spagnuolo. En ellos, el exfuncionario cuestiona a figuras clave del Gobierno como Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger y miembros de la familia Menem, y expresa su percepción de fuertes internas y fricciones dentro del oficialismo. 

Los audios, que datarían desde agosto del año pasado hasta comienzos del año en curso, fueron presentados por un ciclo televisivo y desatan fuertes reacciones entre dirigentes oficialistas. En uno de los mensajes, Spagnuolo critica la actitud de Pettovello y su vínculo con Karina Milei, mientras que en otro menciona directamente la intervención de Sturzenegger respecto a políticas de pensiones. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo no se pronunció oficialmente.

Por orden del juez Sebastián Casanello, la Policía de la Ciudad realizó más de 15 allanamientos en domicilios y oficinas vinculados a Spagnuolo y a los directivos de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Eduardo Kovalivker.

El procedimiento más resonante se concretó en una vivienda del barrio La Isla, en Nordelta, donde los investigadores encontraron 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo. En otro domicilio del mismo complejo, ubicado en el barrio El Golf, no había moradores y se dispuso una consigna policial.

En la sede de la ANDIS, sobre la calle Ramsay, se secuestraron solicitudes de pago y documentación de una transferencia a Suizo Argentina por más de $10.800 millones. A su vez, en las oficinas de la droguería, en Monroe al 800, se incautaron 15 cajas con documentos y un pendrive.

La causa, caratulada como “defraudación por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita”, permanece bajo secreto de sumario mientras se analizan los elementos secuestrados. No se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Con 172 votos a favor y 73 en contra, la Cámara Baja rechazó el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad. La norma busca garantizar financiamiento sostenible a pensiones no contributivas, actualización de aranceles, fortalecimiento de prestadores, apertura de empleo protegido y mayor participación de organizaciones de personas con discapacidad.

Entre los entrerrianos, Marcela Ántola (Democracia Para Siempre) acompañó el rechazo al veto, sumando su apoyo a los cuatro legisladores de Unión por la Patria: Gustavo Bordet, Tomás Ledesma, Carolina Gaillard y Blanca Osuna.

Por su parte, Francisco Morchio (Encuentro Federal, dentro del PRO) votó en contra, en línea con Nancy Ballejos (PRO) y el libertario Beltrán Benedit.

El texto ahora deberá ser tratado por el Senado, que definirá si queda firme o si prevalece la anulación dispuesta por el presidente Javier Milei.

El segundo debate de la jornada giró en torno al aumento de jubilaciones. Con 160 votos a favor, 83 en contra y seis abstenciones, Diputados no alcanzó los dos tercios necesarios para revertir el veto presidencial a la ley que establecía un incremento del 7% en los haberes y una mejora en los bonos.

En este caso, la postura de los entrerrianos volvió a dividirse. Francisco Morchio, junto a Nancy Ballejos y Beltrán Benedit, votó en contra de la insistencia, contribuyendo a que quede firme la decisión del Ejecutivo.

Marcela Ántola, en cambio, optó por la abstención, diferenciándose tanto de los apoyos opositores como de la negativa del PRO y La Libertad Avanza.

Las posiciones de Ántola y Morchio reflejan matices dentro de la representación entrerriana en el Congreso. Mientras ella eligió respaldar la continuidad de la Emergencia en Discapacidad y mostrarse más cautelosa frente al tema jubilatorio, él se alineó con el oficialismo libertario y el PRO en ambas votaciones, rechazando tanto la norma vinculada a discapacidad como la suba de haberes previsionales.

En un contexto nacional de fuerte debate por las políticas sociales y económicas, el voto de los diputados entrerrianos cobra especial relevancia para entender los alineamientos y diferencias hacia adentro de la oposición

La resolución se dictó en respuesta a una demanda iniciada por dos personas contra el Estado Nacional, con efectos directos sobre las prestaciones médicas y asistenciales de dos menores de edad.

La periodista Vanesa Petrillo explicó al difundir el fallo que los efectos se limitan al caso concreto, aunque marcan un precedente que podría impulsar la presentación de nuevos amparos en otros juzgados del país.

El Gobierno aún puede apelar la decisión, pero este es el primer fallo que frena, aunque de manera parcial y limitada, el alcance del veto presidencial en materia de discapacidad.

Respetamos la primera persona en este texto para que se pueda entender lo que vive una familia que acompaña personas con discapacidad en nuestra ciudad. “Acompañarlo es un placer enorme” Martín tiene 27 años y el acompañamiento familiar, sobre todo de mi parte como mamá, es una rutina muy cargada de horarios. A él siempre le gustó la parte deportiva, y entre sus actividades en la asociación y con sus terapeutas, los compromisos son prácticamente de lunes a lunes, porque los fines de semana también participa en algún evento deportivo.

Acompañarlo es un placer enorme para nosotros como familia. Ver que disfruta y está en lo que tanto hemos luchado y nos hemos propuesto como objetivo: que él sea independiente y pueda elegir qué quiere hacer.

Desde muy chiquito, en el ámbito de la discapacidad siempre nos pidieron muchos papeles. Entiendo que haya que presentar documentación, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Me parece bien que ahora se elimine la fecha de vencimiento en algunos casos, porque nosotros debemos renovarlo cada tantos años y, en ciertas discapacidades, eso no tiene sentido. A Martín se le vence en 2026. Cuando era bebé, el certificado era por única vez; después se renovaba cada diez años, y ahora volvería a ser único para algunos diagnósticos, lo que me parece correcto. En casos donde la condición es de nacimiento o irreversible, es irrisorio estar pidiendo la renovación constante.Sobre el veto del Gobierno Nacional

En cuanto al veto a la Emergencia en Discapacidad, para nosotros fue un golpe muy bajo. Ya desde noviembre y diciembre las prestaciones venían atrasadas. En el caso de Martín, que tiene otra obra social, vamos al día con sus profesionales, pero eso no me impide acompañar y tener empatía con otras familias que la están pasando mal.

Hace 25 años, junto con Martín, iniciamos la Asociación Síndrome de Down Gualeguay. Allí hay mamás muy preocupadas por la continuidad de los profesionales. Nosotros tenemos una profesional y varios talleristas que trabajan porque se han hecho muy compañeros de los chicos. Lo que les pagamos es gracias a lo que vendemos y organizamos en la asociación. La sociedad de Gualeguay siempre ha sido muy generosa con nosotros. Pero no todas las instituciones están igual: muchas la están pasando muy mal y reclaman lo que corresponde según la ley.

Nos apena y nos da mucha bronca que se cierren instituciones, hogares y que se rompan los equipos de trabajo que cada familia tiene con sus profesionales. La ley establece que nuestros chicos tienen que tener esas contenciones. Hay familias que no pueden defenderse por sí mismas, pero nosotros sí podemos y debemos hacer valer sus derechos.

“Hay situaciones muy graves” Como familia, no pedimos privilegios ni lástima. Pedimos que se cumplan los derechos que ya están establecidos por ley. No estamos pidiendo lástima ni que se saque dinero “de su sueldo” para beneficiar a las personas con discapacidad. Solo queremos que se cumpla la ley.

En cuanto al relevamiento que se está haciendo en todo el país sobre personas con discapacidad, estoy de acuerdo con que se realice, pero hay diagnósticos que no cambian y en esos casos no debería ser tan complejo. En nuestro caso, todos los años presentamos papeles para la obra social, tenemos todo en regla y en Gualeguay contamos con médicos que conocen cada caso.

Sin embargo, hay situaciones más graves: familias con hijos que no pueden salir de la casa, que no pueden esperar horas en una cola o trasladarse largas distancias. El trámite es presencial, con fecha asignada en una carta documento. Algunos ni siquiera recibieron esa carta por cambios de domicilio o provincia, y si no se presentan, pierden la pensión no contributiva.

Esa pensión, aunque es muy baja —menor a la mínima jubilatoria—, ayuda para pagar tratamientos que no cubre la obra social, medicamentos o cuidadores. Hay chicos que necesitan medicación constante y costosa.

Todo esto se suma a la exigente rutina de terapias y actividades. Las familias, además de organizar la vida diaria de sus hijos, tenemos que asegurarnos de cumplir con todos estos trámites para que no pierdan derechos básicos. Mi deseo es que ningún chico que realmente lo necesite pierda su pensión, y que esto sea solo un trámite más para garantizar que sus derechos sigan intactos.

El 10 de julio de 2025, el Congreso Nacional sancionó por unanimidad la Ley de Emergencia en Discapacidad. En un país atravesado por el ajuste fiscal y la incertidumbre social, la medida fue recibida con alivio por miles de familias que dependen del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La norma buscaba garantizar derechos básicos: actualización de aranceles para prestadores, compatibilidad entre pensión y empleo, mejoras en el Certificado Único de Discapacidad y refuerzos a las Pensiones No Contributivas.La respuesta del Poder Ejecutivo fue inmediata: el presidente Javier Milei vetó la ley el 2 de agosto, alegando que su implementación ponía en riesgo el equilibrio fiscal. En una línea discursiva ya habitual, el mandatario repitió que “no hay plata” y que todo aumento del gasto público es inaceptable. Sin embargo, al analizar en detalle los datos técnicos, económicos y sociales, el veto presidencial aparece más como una expresión ideológica y dogmática que como una decisión fundada en la realidad económica.

El impacto fiscal: cifras que desmienten el relato oficial.

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo de la Ley de Emergencia en Discapacidad oscila entre el 0,28 % y el 0,51 % del Producto Bruto Interno (PBI), incluyendo tanto el refuerzo a prestaciones como la actualización de aranceles para prestadores. Esta cifra  no compromete las metas fiscales trazadas por el propio gobierno, que proyecta para este año un superávit primario del 1,6 % del PBI.Incluso contemplando el paquete completo de leyes aprobadas por el Congreso —que incluye, además de discapacidad, una mejora previsional para jubilados, la prórroga de la moratoria y otras medidas de asistencia—, el impacto total se estima en no más del 1,15 % del PBI. Eso dejaría un margen fiscal del 0,45 % para cumplir con las metas sin necesidad de mayores recortes o endeudamiento.La diferencia entre las estimaciones técnicas y el discurso político expone una disonancia que permite sospechar motivaciones más ideológicas que económicas detrás del veto.

Ideología, no economía.

La gestión de Javier Milei se ha caracterizado desde el primer día por su discurso sobre la rigidez fiscal, que responde a un dogma libertario profundamente hostil al Estado. El presidente ha declarado en reiteradas ocasiones que vetará “cualquier ley que aumente el gasto público”, sin hacer distinciones entre gastos superfluos (como los viajes internacionales recurrentes que realiza junto a su comitiva, más por cuestiones de tinte personal que por asuntos ligados a una agenda nacional de interés geopolítico y diplomático) y gastos esenciales. Bajo esta lógica, la Ley de Emergencia en Discapacidad fue condenada desde antes de su tratamiento. Sin embargo, gobernar exige más que defender un marco ideológico. Requiere evaluar el contexto social, entender las prioridades y actuar con sensibilidad frente a las necesidades más urgentes.El gasto público no es, per se, un problema. Lo es el gasto ineficiente, el clientelismo, la falta de auditoría o la corrupción. No obstante, el gasto orientado a garantizar derechos humanos y sostener redes básicas de atención a poblaciones vulnerables no solo es legítimo: es ineludible en una democracia.En este caso, además, la ley no generaba un gasto estructural permanente. Sus efectos eran temporales, circunscritos al plazo de la emergencia (hasta fines de 2027) y su implementación no implicaba un golpe en el supuesto superávit fiscal.

Las consecuencias del veto: un golpe a los más frágiles.

El impacto del veto no es simbólico. Ya se están viendo consecuencias concretas: prestadores que reducen sus servicios por aranceles desactualizados, centros de día que evalúan cerrar sus puertas o recortar personal y miles de familias que deben cubrir de su bolsillo terapias, traslados y medicamentos que antes eran garantizados por el Estado.La medida también ahonda la brecha entre el discurso de derechos y la realidad. Argentina ha suscripto a tratados internacionales sobre discapacidad y ha reconocido que las personas con discapacidad tienen derecho a una vida autónoma, plena, con acceso a la educación, al trabajo y a la salud. Sin presupuesto, estos derechos se transforman en letra inerte. Más aún: el rechazo a esta ley refuerza un mensaje peligroso. El de que los sectores más frágiles son un gasto evitable, prescindible, una carga. Un mensaje que no solo es cruel, sino que erosiona los consensos básicos sobre solidaridad, inclusión y respeto.

La sensibilidad como cualidad política.

En política, la sensibilidad no es debilidad: es una forma de fortaleza. Gobernar implica tomar decisiones difíciles, sí, pero también implica reconocer que no todos los sectores pueden ser tratados de igual modo en un ajuste. Las personas con discapacidad —y las familias que las acompañan— no tienen margen para esperar que “la economía se estabilice”.La función pública no puede reducirse a una ecuación contable. La sensibilidad social es tan importante como la eficiencia administrativa. Gobernar es también saber dónde ajustar y dónde sostener. Porque no todo gasto es lo mismo: hay inversiones invisibles que permiten mantener el tejido social, evitar el colapso de instituciones comunitarias y preservar la dignidad humana.En tiempos donde la lógica del recorte se impone con violencia, la sensibilidad es un valor político que se vuelve urgente recuperar.

¿Hay margen para revertir el veto?.

Para que el Congreso revierta el veto presidencial, se requiere el voto afirmativo de dos tercios de ambas cámaras, algo que parece improbable en el corto plazo. Sin embargo, el rechazo social y la presión de organizaciones de discapacidad podrían reabrir el debate.Lo que está en juego no es solo una ley. Es una visión de país. Un modelo de Estado. Y, sobre todo, una definición ética: ¿qué lugar ocupan los más vulnerables en la agenda pública?.

La Ley de Emergencia en Discapacidad ofrecía una respuesta razonable, progresiva y financieramente viable a una problemática urgente. Su veto, por el contrario, revela una mirada ideológica que no distingue prioridades y que, en nombre de un supuesto ¿orden?, sacrifica la empatía. En última instancia, este episodio nos recuerda que el verdadero desafío político no es solo administrar recursos, sino decidir a quién se protege.

Julián Lazo Stegeman  

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Gualeguay acompañó la movilización contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. En diálogo con El Debate Pregón, Juan Antonio Etcheverry, integrante de la organización, expresó su preocupación por el alcance de la medida y sus consecuencias para las personas con discapacidad y quienes las asisten.

Etcheverry explicó que la norma vetada contemplaba, entre otros aspectos, la actualización de los sueldos de los prestadores que trabajan con personas con discapacidad. Señaló que la ley abarcaba “la salud, la educación y el trabajo” de este sector, y que desde la APDH no podían estar ausentes frente a lo que consideran un recorte de derechos fundamentales.

El referente también se refirió a la revisión de pensiones por discapacidad que impulsa el gobierno nacional, y que obligará a concurrir presencialmente a todas las personas con discapacidad para “demostrar su condición” en los próximos dìas. Etcheverry consideró que se trata de medidas “de una crueldad inusitada” y rechazó los argumentos oficiales vinculados a la austeridad. “Eso no se lo cree nadie”, comentó y agregó: “Es una política bien direccionada a atacar derechos”, sostuvo, y remarcó que en nuestra ciudad existe un centro como Lucecitas que atiende a decenas de chicos y familias, así como a prestadores que dependen de estos recursos.

En ese sentido, opinó: “No les tienen que quitar nada. Al contrario, hay que protegerlos, hay que darle todos los beneficios y toda la igualdad que se pueda”.

Etcheverry afirmó que, en sus años de vida, no había visto una crueldad semejante por parte de un gobierno, a excepción de la situación de la represión durante la Dictadura, aunque destacó que en ambos casos se trata de vulneraciones graves a los derechos humanos. “Hay que poner la cara y el cuerpo todos los días, y la única forma de revertir estas situaciones es estando en la calle”, concluyó.

La movilización se enmarca en una convocatoria nacional del Foro Permanente Discapacidad, que promueve concentraciones simultáneas en todo el país, con epicentro en Plaza Congreso, Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es visibilizar el rechazo generalizado a la decisión del Poder Ejecutivo de vetar completamente una ley que había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional.

Desde Lucecitas, referente en el acompañamiento de personas con discapacidad en Gualeguay, manifestaron su profunda preocupación ante el retroceso que implica el veto: “La situación es crítica. No se trata solo de números, sino de vidas, derechos y dignidad. Esta ley buscaba dar respuestas urgentes a una crisis que ya es insostenible. Hoy más que nunca, necesitamos estar unidos y presentes en las calles”.

El Foro Permanente Discapacidad también se expresó públicamente con un duro comunicado: “El presidente está desoyendo una ley que reconoce la gravedad de la crisis que atraviesan miles de personas con discapacidad. Un veto total no es austeridad: es abandono y exclusión”.

Entre los argumentos del Foro, se destacan los siguientes puntos: Hay personas que trabajan en talleres protegidos y sobreviven con apenas $28.000 mensuales.

Muchas aún no acceden a pensiones, quedando sin ingresos ni apoyos básicos.

Los prestadores de servicios están al borde del colapso, ya que los aranceles actuales no cubren los costos.

La jornada de protesta incluirá la suspensión de actividades institucionales y se espera una masiva participación en distintas localidades del país. La demanda central es clara: la restitución inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Desde Gualeguay, la invitación está abierta a toda la ciudadanía. Lucecitas insiste: “Movilicemos nuestras instituciones, nuestras voces, nuestros cuerpos. La emergencia es ahora. No podemos mirar hacia otro lado”.

El presidente Javier Milei firmó en la noche del viernes los vetos a dos proyectos aprobados recientemente por el Congreso: el aumento del 7,2% a las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, que contemplaba la asignación de mayores fondos para atender las múltiples necesidades del sector. Ambos vetos serán publicados oficialmente este lunes en el Boletín Oficial.

Mientras tanto, crece la expectativa en torno a la sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados. La oposición analiza si incluirá o no estos vetos en el extenso temario que prevé tratar. Algunas versiones indican que podrían dilatar el debate hasta reunir los dos tercios necesarios para revertir la decisión del Ejecutivo, incluso a la espera del cierre de listas para las elecciones del 26 de octubre.

En Gualeguay, el veto a la ley de emergencia en discapacidad generó un inmediato y profundo rechazo. Desde el Centro de Día Lucecitas, su directora Marianela Fernández expresó con dureza su repudio: “El veto a la ley de emergencia en discapacidad no es solo una decisión política: es un acto de crueldad. Es cerrar los ojos frente a una realidad que quema, que duele, que nos agota todos los días”.

En línea con el malestar expresado por múltiples organizaciones a nivel nacional, Fernández fue enfática al denunciar que esta medida implica retroceder en derechos conquistados: “¿Qué parte de ‘emergencia’ no entendieron? ¿Qué parte de ‘derechos humanos’ eligen ignorar? En un país que se jacta de su historia de luchas y conquistas sociales, que se emociona con los discursos de inclusión, hoy da la espalda a quienes más lo necesitan. Es un retroceso brutal. Injustificable. Indignante”.

La ley vetada preveía declarar la emergencia para priorizar la atención, tratamiento, apoyos y condiciones laborales de las personas con discapacidad y sus familias, frente a un contexto de ajuste económico que ha profundizado las barreras de acceso. “No estamos hablando de favores, estamos hablando de derechos. De acceso a tratamientos, apoyos, educación, trabajo digno. Estamos hablando de dignidad, de humanidad. Vetar esta ley es invisibilizar aún más a las personas con discapacidad y a sus familias, que ya cargan con una montaña de obstáculos cotidianos”, subrayó Fernández.

Además, cuestionó que el argumento del ajuste económico no justifica la inacción: “Duele, pero también enoja. Porque sabemos que no es falta de recursos, es falta de voluntad. Porque la discapacidad no espera. Porque mientras se discute en despachos fríos, hay personas que no pueden acceder a lo básico. Y eso no es solo injusto, es inhumano”.

Finalmente, la directora de Lucecitas reafirmó el compromiso de lucha del sector: “No vamos a callarnos. No vamos a resignarnos. Vamos a seguir luchando, gritando, marchando. Porque los derechos no se vetan. ¡Se garantizan!”

El reclamo se suma al de miles de familias, profesionales y organizaciones de todo el país, que esperan que el Congreso revierta el veto presidencial y que el Estado argentino cumpla con su obligación de garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Ayelén Acosta, Directora de Derechos Humanos municipal, explicó que es fundamental distinguir entre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y las pensiones por invalidez. "Hay personas que pueden tener su certificado de discapacidad y no tener pensión, y hay personas que pueden tener una pensión y no tener certificado de discapacidad", aclaró la funcionaria.

El proceso afecta específicamente a quienes perciben pensiones por invalidez, no a los portadores del CUD, que deben actualizar su certificación según los plazos establecidos en el documento.

Procedimiento y documentación requerida

Los beneficiarios reciben una carta postal en su domicilio registrado en el DNI, donde se especifica el lugar de presentación (generalmente las oficinas de PAMI), la fecha -programada para agosto- y el horario de atención.

La documentación exigida debe ser actualizada y acreditar la condición de invalidez. "Han venido personas que me dicen que tienen documentación de hace 10 años, pero no sirve. Debe ser actualizada", enfatizó Acosta.

Para evitar las complicaciones que genera la obtención de turnos médicos con especialistas, la organización municipal trabaja coordinadamente con el servicio social y PAMI para facilitar turnos en los CIC, la asistencia municipal y el hospital.

Coordinación municipal ante la implementación nacional

La funcionaria señaló que esta medida se implementó a nivel nacional sin coordinación previa con los gobiernos locales. "Esto bajó del gobierno nacional sin ninguna coordinación. No hubo diálogo sobre cómo gestionar esto en el municipio", expresó.

Gualeguay se encuentra entre los últimos municipios de la provincia en implementar este proceso, lo que permitió observar la experiencia de otras localidades y organizar una respuesta más ordenada.

Asistencia para casos especiales

La Dirección de Derechos Humanos implementó un sistema de asistencia diferenciada según el tipo de patología. Para personas con VIH, los turnos ya fueron coordinados con el especialista correspondiente. Para otras condiciones como diabetes, traumatología o diversas patologías, pueden hacerlo con sus propios médicos y en caso de no tenerlos dirigirse al Hospital.

En casos donde la notificación postal no llegó al destinatario -por mudanza, cambio de domicilio o fallas en la distribución-, los interesados pueden acercarse a la oficina municipal, en San Lorenzo 79, en el área de discapacidad ubicada detrás de la Secretaría de Desarrollo Humano, donde se les proporciona información con números de teléfono y correo electrónico para reportar la situación.

Presencialidad obligatoria y excepciones

Todas las personas citadas deben presentarse personalmente, independientemente del tipo de discapacidad que posean. Sin embargo, existen excepciones para casos médicos justificados, como tratamientos oncológicos, que pueden ser comunicados por carta o por correo electrónico, aunque posteriormente requerirán una instancia presencial.

La principal preocupación, según explicó la directora, es evitar que las personas pierdan su pensión por no cumplir con los requisitos de actualización, especialmente aquellas que enfrentan mayores dificultades para acceder a la información o completar los trámites correspondientes.

El proceso forma parte de una revisión nacional que busca actualizar el estado de las pensiones por invalidez, implementándose progresivamente en todos los municipios del país.