La votación dio como resultado 63 votos en contra del veto y solo 7 a favor, superando ampliamente los dos tercios requeridos para invalidar la decisión presidencial. Con esto, se restablece la emergencia en el área de discapacidad por un período hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. 

Según los voceros de la oposición, "la emergencia en Discapacidad es ley" y representa "un alivio para las familias que estuvieron luchando por la dignidad de más de seis millones de argentinos y argentinas con discapacidad". 

La votación ocurre en un escenario político convulsionado, atravesado por audios filtrados que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), su ex titular Diego Spagnuolo y la hermana del presidente, Karina Milei, en supuestos actos de corrupción. El oficialismo está debilitado frente a estos encabezamientos, mientras crece la presión social y mediática.

Además del rechazo al veto, el Senado aprobó en general una modificación al régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que limita significativamente su uso. La iniciativa, respaldada con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, establece plazos y condiciones más estrictas para su aplicación. 

Este avance confirma el interés del Congreso por reequilibrar los poderes y reforzar los controles legislativos sobre decretos ejecutivos.

El rechazo al veto se da apenas días antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y a pocas semanas de los comicios nacionales de medio término. Para el oficialismo, fue una gran derrota que expone su falta de capacidad para ejercer control en el Congreso.

En términos económicos, el costo fiscal estimado por la nueva ley representa 0,28 % del producto bruto interno (PBI) para este año, y 0,46 % para el próximo

En una jornada marcada por votaciones ajustadas y tensos cruces parlamentarios, la oposición se mantuvo unida durante las más de doce horas de sesión para bloquear el avance del oficialismo, que intentó sin éxito levantar el quórum para evitar el tratamiento de los decretos.

Los DNU rechazados apuntaban a desarticular o reformar estructuras clave del Estado en áreas como Economía, Transporte, Cultura, Derechos Humanos y Marina Mercante. La decisión de la Cámara baja ahora deberá ser confirmada por el Senado para que las derogaciones queden firmes.

Además del rechazo a los DNU, la oposición también logró avanzar con la media sanción de los proyectos que declaran la emergencia del Hospital Garrahan y que amplían el financiamiento a las Universidades Nacionales, dos temas que el Gobierno no respaldaba.

El revés marca uno de los momentos más críticos para el oficialismo desde su llegada al poder. Aunque logró en marzo la aprobación del acuerdo con el FMI, viene perdiendo la iniciativa parlamentaria ante una oposición que mostró capacidad de articulación y consenso frente a los avances del Poder Ejecutivo.

Ahora, toda la atención se traslada al Senado, donde se definirá si los decretos rechazados en Diputados quedan definitivamente anulados.

Ocho de los nueve diputados nacionales de Entre Ríos estuvieron presentes en la sesión, con la única ausencia de Blanca Osuna (Unión por la Patria - UxP). Entre los legisladores que tomaron la palabra durante el debate estuvieron Carolina Gaillard (UxP) y Atilio Benedetti (UCR - Juntos por Entre Ríos).

Como era previsible, el diputado libertario Beltrán Benedit votó a favor del DNU, sumándose a los legisladores Marcela Ántola (UCR - Democracia para Siempre), Nancy Ballejos (PRO), Atilio Benedetti (UCR - Juntos por Entre Ríos) y Francisco Morchio (PRO - Encuentro Federal). En contraste, los legisladores entrerrianos Tomás Ledesma, Gustavo Bordet y Carolina Gaillard (todos de UxP) rechazaron la iniciativa del Ejecutivo.

El primero en tomar la palabra fue Atilio Benedetti, quien, a pesar de que su discurso parecía inclinarse por la negativa, confirmó su respaldo al decreto. "Vamos a acompañar esta singular autorización", expresó el legislador radical. En su exposición, sostuvo que "el Congreso le dio el blanqueo y la sanción del RIGI al Gobierno nacional, nos aseguraron que el problema iba a ser el exceso de dólares. Eso no se produjo y los esfuerzos no alcanzan para equilibrar la economía". Asimismo, enfatizó la necesidad de "generar dólares genuinos" y pidió mayor apoyo para el sector agropecuario y agroindustrial.

Por otro lado, Carolina Gaillard, del bloque opositor, expresó su enérgico rechazo al decreto presidencial. Durante su intervención, recordó que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sigue sin funcionar, a pesar de tener en agenda el pedido de juicio contra Milei por la estafa con la criptomoneda $Libra. Sobre el DNU, señaló: "Es un acuerdo con el FMI para cagar a los argentinos, como siempre a espaldas del pueblo de la Nación". Además, cuestionó la ausencia de un presupuesto aprobado por el Congreso: "Por decisión de Milei no tenemos presupuesto; si lo tuviéramos, podríamos hablar de las herramientas, pero pretenden endeudarse por DNU. No vivimos en una monarquía, sino en un sistema republicano y federal, y contraer deuda externa es una atribución del Congreso".

La incorporación de ese tramo se obtuvo mediante el Decreto 949/20 y se mantiene en el proyecto de DNU en trámite y es esencial no solo para la logística entrerriana, sino también para la Mesopotamia y la región. Allí están alojados los puertos entrerrianos de Ibicuy y Guazú, y es una zona apta para desarrollar otras terminales.

Concretamente, en el proyecto de DNU, y a diferencia del contrato celebrado en 1995, el tramo correspondiente a los ríos Ibicuy, Guazú y Talavera y la salida por el canal Martín García, está incorporado a la vía navegable troncal. Por dicha iniciativa, se faculta a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables a efectuar el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

De este modo, Entre Ríos quedará incorporada a la vía navegable troncal de esa vía de navegación.

El proyecto dispone, además, declarar como servicio público a todas las actividades inherentes a la navegabilidad de la vía navegable troncal y demás vías navegables de la República Argentina.

El proyecto especifica que la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables queda facultada para efectuar el llamado y adjudicación de la licitación para las tareas de dragado y redragado, mantenimiento y señalización, con relación a otros tramos de la vía navegable no comprendidos en los tramos mencionados.

Por último, el sistema de contratación será por el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley Nº 17.520, a riesgo empresario y sin aval del Estado.

Hasta tanto sea adjudicada la concesión, se instruye a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado para que garantice la navegabilidad de la vía navegable troncal, manteniendo el actual nivel de prestación del servicio en un marco de eficiencia, eficacia, y transparencia.

Con el objetivo de impulsar la digitalización del sistema de salud argentino, el Ministerio de Salud de la Nación avanzó con la reglamentación del DNU 70/23, a través del Decreto N°345/2024, para la implementación obligatoria de la receta electrónica.

Dicho avance tecnológico tiene el propósito de mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud a los ciudadanos, a través de la eficiencia y la seguridad, facilitando la identificación de los profesionales que prescriben medicamentos.

En la misma dirección, contempla la integración y estandarización de las plataformas digitales ya existentes en el sistema, la definición de un diccionario nacional de medicamentos y el seguimiento eficaz del tratamiento de los pacientes.

Asimismo, la medida se inscribe en las acciones dispuestas por el Gobierno nacional para aumentar la competitividad del mercado, lograr una mayor agilidad de la industria y minimizar costos.

Implementación

A partir del 1 de julio de 2024, fecha de entrada en vigencia de la presente normativa, la implementación de la receta electrónica y/o digital será obligatoria en todo el país, mediante la coordinación con las autoridades jurisdiccionales competentes y los organismos con incumbencia en la materia.

Cuando resulte necesario, corresponderá a las autoridades jurisdiccionales promover el dictado de las leyes de adhesión jurisdiccional que contemplen los cambios en las respectivas leyes de ejercicio profesional y sus regímenes sancionatorios.

Las actuales implementaciones de receta electrónica y/o digital continúan vigentes en su uso, en tanto cumplan con los requisitos previstos en la presente reglamentación, los que en un futuro la normativa o la autoridad de aplicación establezca y en los términos del cronograma de implementación que se acuerde.

Claves de la decisión

Sobre la venta y despacho de medicamentos bajo receta

La venta y despacho deben realizarse desde la farmacia, en presencia de un farmacéutico responsable (director técnico y/o farmacéutico auxiliar), su venta y entrega al paciente podrá ser acordada por canales electrónicos determinados por la farmacia, mediante traslado al lugar que éste disponga a su conveniencia.

Es responsabilidad del profesional farmacéutico garantizar que el traslado se realice de modo seguro conforme los requisitos aplicables y los que la autoridad sanitaria establezca a tal efecto.

Las farmacias deberán archivar y guardar las recetas digitales durante 3 años.

El paro nacional por 12 horas convocado por la (CGT) en contra de las políticas del presidente Javier Milei comenzó este mediodía. La central obrera rechaza el mega DNU 70/23 y la ley ómnibus que impulsa el Gobierno, en especial sus apartados con reformas laborales. Tras una movilización, se realizó un multitudinario acto frente al Congreso.

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer reclamó hoy a los diputados nacionales que "no actúen agazapados en la oscuridad, miren al pueblo a la cara" y rechacen el DNU y la ley "Bases" promovidas por el Gobierno de Javier Milei, tras lo cual advirtió que desde la central obrera "vamos a seguir la lucha y no vamos a dar un paso atrás hasta que caigan" esas medidas.Al hablar ante una multitud en la Plaza Congreso, en el marco del paro nacional y la marcha contra el Gobierno organizados por la CGT, Daer dijo que los planes de la administración Milei "destruyen los derechos individuales de los trabajadores, los derechos colectivos, los sindicatos y la libertad de acción sindical".

El paro es acompañado por diferentes gremios y sindicatos como transporte, bancarios, personal de salud y la administración pública, por lo que muchas actividades se verán demoradas o completamente interrumpidas.Es la primera medida de fuerza contra las medidas económicas del presidente, Javier Milei, a menos de dos meses de su asunción.

"Vamos a seguir la lucha hasta que lleguemos al éxito, hasta que caigan el DNU y la ley ómnibus; no vamos a dar un paso atrás, ¡viva el pueblo argentino, viva el movimiento obrero, la Patria no se vende!", enfatizó."Lo advertimos antes de las elecciones y nos decían que metíamos miedo a la sociedad, pero nos aumentaron todo: los alimentos, los combustibles y ahora nos dicen que no hay aumento para los jubilados", enfatizó.

En su crítica al Gobierno afirmó que "apuntan a todo lo popular" y ejemplificó que procuran "privatizar el deporte"."Soy hincha de Huracán, pero quieren venir por los grandes clubes, por Boca, River, Independiente, Racing...Sepan que a los clubes también hay que defenderlos", sostuvo Daer y alertó que también "vienen por la ciencia y no les importa regalar las empresas que son fruto de los científicos argentinos; no les importa la educación; no les importan los compañeros del empleo público ni los docentes".

Al referirse a los diputados que discuten el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y el proyecto de ley "Bases", el líder del sindicato de la Sanidad les advirtió, dirigiéndose a los manifestantes: "Ahora les decimos que de acuerdo al mandato popular que miren a todos ustedes a a la cara, que nos miren a los ojos, que actúen en consecuencia, que no actúen en la oscuridad, agazapados, porque les dijeron que son coimeros"."Cuando los llevan a discutir, cuando ponen todo sobre la mesa no se discute nada. Son 600 leyes (contenidas en los proyectos), cada diputado tiene cinco minutos en comisión y cinco minutos en el recinto", describió.

Daer destacó que "hoy vinieron acá la CGT, las CTA y todos los sindicatos y organizaciones obreras de nuestro país, los científicos, la cultura, el deporte, los inquillinos, los jubilados, los socialistas, los de izquierda, de la Unión Cívica y los radicales que no olvidan a (Hipólito) Yrigoyen ni a (Raúl) Alfonsín"."Todos los que estamos acá más el acompañamiento de organizaciones internacionales, como el presidente de la Confederación Sindical de las Américas, junto con los que están en las provincias, en el mundo, reclamando frente a las embajadas", amplió.

Las palabras de Pablo MoyanoEl cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, pidió hoy a los legisladores rechazar la Ley "Bases" que se encuentra en la Cámara de Diputados y reclamó que "no traicionen a los trabajadores" y a la "doctrina del peronismo", que es "defender a los laburantes, a los que menos tienen y a los jubilados".

Al hablar en la Plaza del Congreso, en el contexto del paro y marcha que realiza la CGT, el dirigente señaló que quienes tienen una gran responsabilidad de respaldar al movimiento obrero son los mismos legisladores que "hacen campaña cantando la marcha, con los cuadros de Perón y Evita, pero cuando tienen que tratar una ley se esconden y los tenemos que venir a buscar a su despacho"."Que digan públicamente si están con los trabajadores o con las corporaciones y el modelo económico que lleva adelante el presidente Javier Milei", pidió. 

Moyano advirtió que "un peronista no puede votar este DNU que va en contra de los trabajadores y la soberanía nacional"."Les pedimos a los diputados que tengan dignidad y principios y no se ofendan si les dicen algo en los medios. Les pedimos que no traicionen a los trabajadores, a la doctrina del peronismo, que es defender a los laburantes, a lo que menos tienen y a los jubilados", sostuvo.

También se expidió en contra de Ganancias y pidió a los legisladores que "no se les ocurra poner otra vez el impuesto a los trabajadores. Si son tan guapos aumenten el impuesto a las grandes fortunas, aumenten las retenciones, pero no a los trabajadores".

En otra parte de su discurso, preguntó por qué "YPF no se privatiza y las otras empresas (del Estado) sí", en alusión a la exclusión de esa empresa del listado de las compañías estatales a privatizar, según el dictamen de las comisiones que analizan el proyecto en la Cámara baja.

"No se pueden privatizar las empresas del Estado como Aerolíneas Argentinas, Télam, Banco Nación, Radio Nacional. Van a dejar a millones de trabajadores en la calle y se las van a entregar a los amigos", advirtió Moyano.Agregó que "esta ley de reforma laboral la escribió Paolo Rocca y Mercado Libre" y sostuvo que "la patria no se vende, la patria se defiende".

Moyano recordó también que "hace pocos días el Presidente, en forma risueña, dijo que al ministro de Economía, por las medidas que estaba tomando, hay que llevarlo en andas" y agregó que se trata del "mismo ministro de Economía que fue socio de Macri, que fugó 45 mil millones de dólares y que debería estar desfilando por tribunales dando explicaciones".

"Y yo le digo ante miles de compañeros que si lleva adelante estas medidas económicas de hambre, ajuste y despidos, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas al ministro pero para tirarlo al Riachuelo", afirmó.

La justicia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el pedido del Poder Ejecutivo para que el amparo concedido a la CGT contra el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno salga de la órbita de los tribunales del Trabajo, en tanto el mismo fuero rechazó dos pedidos de cautelares contra la misma medida argumentando que el DNU se tramita normalmente en el Congreso de la Nación.

En un fallo firmado este martes, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal definió que el problema de competencia planteado por el Poder Ejecutivo ya había sido resuelto en la causa de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y que por tanto correspondía declarar la "inadmisibilidad formal".

El Estado Nacional apeló la medida cautelar otorgada a la CGT en todo el capítulo laboral por la sala de feria y solicitó la nulidad, argumentando que la competencia debía ser del fuero Contencioso Administrativo Federal y no del fuero nacional del Trabajo.

Efectivamente, los abogados del Estado, encabezados por Procurador del Tesoro, el exministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra, reclamaron que deben aplicarse en el proceso "normas de derecho público", en tanto sostuvieron que el fuero nacional del Trabajo resulta "incompetente" ya que "la intervención del Estado Nacional implica necesariamente la competencia del Fuero Federal".

Planteados los argumentos del Ejecutivo, y con la opinión del fiscal general Fabián Canda por el rechazo, los jueces Sergio Fernández y Carlos Grecco desestimaron la apelación y confirmaron la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en el amparo concedido a la CGT.

Dos rechazosEn tanto, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal de feria Enrique Lavié Pico desestimó dos acciones de amparo contra el DNU impulsadas por el extitular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Jorge Rizzo y por el exdiputado nacional y economista Claudio Lozano, entre otros firmantes.

Lavié Pico fundamentó su decisión en la falta de un "perjuicio" concreto para los demandantes, destacando que el DNU está siguiendo el procedimiento constitucional de revisión en el Congreso de la Nación.

En su decisión el juez subrayó que "no es competencia del Poder Judicial pronunciarse sobre alegatos de nulidad presentados de manera genérica y abstracta con respecto al decreto impugnado, ya que esto implicaría interferir en competencias legales asignadas a otro poder del Estado, especialmente cuando existe un mecanismo constitucional para su evaluación en el ámbito del Congreso Nacional".

Del mismo modo, Lavié Pico señaló que "se desprende de la página web del Congreso de la Nación, y también fue señalado por la parte demandada en este caso, que después de la emisión del DNU por parte del Poder Ejecutivo Nacional se cumplió con el procedimiento constitucional y legal establecido para el ejercicio del control previsto al efecto".

"En consecuencia, dada la estructura normativa aplicable al mencionado decreto y la falta de un perjuicio concreto para la parte actora en este caso, tampoco es posible considerar cuestiones que ya están sujetas a examen y control primario por parte de las autoridades competentes, como es el caso del Congreso de la Nación", añadió.

Rizzo, ahora consejero de la Magistratura en la Ciudad de Buenos Aires, no tardó en reaccionar a la decisión del juez y sostuvo que "en una demostración de celeridad total el juez Lavié Pico nos rechazó el amparo", tras lo cual prometió apelar y recurrir a la Corte Suprema nacional en "per saltum" (por salto de instancia).

El conjunto de reformas impulsadas, tanto en el DNU como en el proyecto de ley, debilitan los cimientos mismos de la democracia ya que atentan contra la división de poderes e implican una delegación de facultades que la Constitución Nacional prohíbe expresamente”, sostienen.

“Está claro además que hay una intención privatista, de desmantelamiento de las capacidades estatales, y de entrega de soberanía (vinculado a la posible venta de empresas estatales y la explotación de nuestros principales recursos naturales), así como también una intención de quitarle derechos y políticas de protección a los trabajadores activos y pasivos en su conjunto”, señalan.

“Este gobierno lo primero que hizo fue devaluar un 118 % la moneda, quitándole poder adquisitivo a los sectores de ingresos fijos, asalariados y jubilados, que ya vienen sufriendo esa pérdida también por el alza desmesurada de precios y el retraso de sus sueldos que no se han actualizado. Luego sobrevino el dictado de un Decreto de necesidad y urgencia que no reúne el mínimo viso de legalidad y finalmente el proyecto de ley ómnibus que lo incluye, ambas iniciativas lesivas para el ordenamiento político propio de un estado de derecho. Así las cosas, a medida que los sectores productivos y sociales fueron tomando conocimiento de la magnitud e implicancia de los cambios que se pretenden imponer, el rechazo y la oposición a estas medidas ha ido y seguirá creciendo, lo que quedará palmariamente demostrado en las calles el próximo miércoles 24 de Enero”, afirman.

CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

GUALEGUAY ENTRE RÍOS

La Asociación Bancaria (AB) anunció que se suma al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el miércoles 24 de enero, con la finalidad de mostrar su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei.

"No estamos dispuestos a validar un ajuste sin precedentes que recae únicamente sobre los trabajadores/as, los jubilados/as y que afecta al pueblo en su conjunto", argumentó en un comunicado el gremio de los trabajadores de los bancos encabezado por Sergio Palazzo.

En ese sentido, explicaron: "Consideramos que el ajuste lo deben pagar los poderosos, el poder real, los grandes grupos económicos, los que siempre e históricamente fueron los mayores beneficiados en la Argentina y que ahora, en su voraz y desmedido apetito, pretenden siempre más".

A su vez, remarcaron que "el Estado debe garantizar la igualdad y proteger siempre al más débil, para que no se vean cercenados sus derechos".

Por lo tanto, apuntaron: "No se está en igualdad de condiciones si nadie regula ni garantiza equilibrio en una negociación entre partes, cualquiera sea la índole".

La Asociación Bancaria se mostró "en contra de todas y cada una de las medidas anunciadas y propuestas por el Gobierno" y justificaron que es porque "implican pérdidas de derechos, de puestos de trabajo, de independencia económica, sumado a privatizaciones indiscriminadas (en el caso de los bancarios/as nos toca de lleno con el Banco Nación y todas sus empresas vinculadas, Banco BICE y Casa de la Moneda)".

"Consideramos que es un avasallamiento a la Constitución Nacional y un sinfín de atrocidades que pretenden desregular la economía en nombre de la libertad, teniendo como único objetivo realizar un salvaje ajuste que afecta a todo el pueblo argentino en beneficio de unos pocos privilegiados", agregaron.

Luego, detallaron que se adhieren al paro nacional a partir de las 12 horas del 24 de enero, con posterior movilización al Congreso.

¿Qué cambios introduce el nuevo DNU en materia ambiental? ¿Qué implican?

El sitio especializado Chequeado, publicó un relevamiento de temas que están vinculados al ambiente y directamente a la producción agropecuaria.

La derogación de la Ley de Tierras

El DNU firmado por el nuevo gobierno de La Libertad Avanza (LLA) deroga la Ley 26.737 de protección de tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras. Según los considerandos del decreto, la norma limitaba “el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector”. En la presentación del DNU en cadena nacional, Milei justificó que la modificación era para “promover las inversiones”.

Sancionada en 2011, la Ley de Tierras ponía límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales: establecía un límite de 15% a tierras en manos de extranjeros y prohibía que un titular extranjero de una misma nacionalidad pueda tener más del 30% de ese 15% total sobre las tierras rurales ni superar las mil hectáreas en la zona agrícola núcleo (las tierras más productivas) o sus equivalentes. Además, prohibía la titularidad o posesión de tierras ribereñas de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.

“La derogación de esta ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez, esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables. Comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera”, señalaron en un comunicado el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).

Por su parte, desde Greenpeace alertaron sobre la derogación de la Ley de Tierras y señalaron que esto “atenta contra los bosques nativos y humedales e incentiva su destrucción”.

Energías renovables y minería

En términos de fuentes de energía, el decreto deroga los artículos 16 al 37 de la Ley N° 27.424, titulada “Régimen de Fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica”. Se llama generación distribuida a la utilización de fuentes renovables, como el sol, el viento, la geotermia o la biomasa, para la generación de energía destinada para el autoconsumo, teniendo la posibilidad de inyectar a la red de distribución los excedentes de dicha generación.

Según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la derogación de esos artículos desarman un fideicomiso denominado Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) “que otorgaba préstamos y estímulos a quienes incorporaran en sus residencias equipos de generación de energía para autoconsumo o para ser introducidas a la red”.

“Los artículos derogados también fomentaban espacios de investigación y un régimen de beneficios para la producción de equipos. Durante el 2023, el FODIS implementaba sus acciones sin costo alguno para el Estado, ya que el Fideicomiso se sostenía con fondos generados de rentas propias, según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto”, sumó la FARN.

“Se derogaron (DNU) los artículos que otorgan al Estado instrumentos para acelerar el ingreso de las renovables en la modalidad de generación distribuida. No es una medida inteligente dejar al Estado sin mecanismos disponibles para ser utilizados para acelerar el ingreso de renovables. Usados de manera eficiente y transparente, son mecanismos que generan energía, eficiencia y empleos”, señaló en X Juan Carlos Villalonga, ex diputado nacional por Cambiemos (2015-2019) y especialista en sustentabilidad y transición energética.

Por otro lado, el DNU también derogó el decreto 1060/00, que establecía plazos máximos de duración para los contratos de abastecimiento de combustibles entre compañías petroleras y/o proveedoras de combustibles y quienes explotan estaciones de servicios, algo que habilitaría, según la FARN, “una mayor concentración en la comercialización para las empresas abocadas a la extracción”.

Además, la nueva norma deroga 2 leyes relacionadas con la actividad minera: la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera. Según el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), estas modificaciones implicarían “una mayor opacidad” en la actividad.

La incógnita sobre la Ley de Manejo del Fuego

En su discurso, Milei también anunció la modificación de la Ley (de Manejo) del Fuego. Sin embargo, en el DNU publicado no figura ningún artículo que modifique esa norma.

La Ley 26.815 de Manejo del Fuego establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional. Esta norma aplica a las acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales, en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas y zonas agrícolas, entre otras áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural.

“Esta mención genera alarma en la medida que los incendios crecientes, vinculados a los usos de la tierra y agravados por las sequías y el calentamiento global requiere de un importante presupuesto, no solo para el combate del fuego, sino para su prevención”, señalaron desde FARN.

Chequeado consultó al Ministerio del Interior de la Nación, área que absorbió el antiguo Ministerio de Ambientes y Desarrollo Sostenible en el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), para obtener más precisiones sobre lo anunciado por Milei, pero al cierre de la nota no obtuvo respuesta.

En los últimos días, a raíz de 12 focos de incendio en distintas provincias, el ministro del Interior, Guillermo Francos criticó a la administración de Fernández y aseguró que “la gestión anterior no previó medios para contrarrestar los incendios”.

Por su parte, la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, precisó: “Estamos trabajando para tener a los brigadistas listos y los fondos necesarios para prepararnos. Se le renovaron los contratos, y el número total de brigadistas suman 450 efectivos”. Y agregó: “Hay una dotación muy importante para atender cualquier tipo de incendio que se produzca de aquí a abril en la zona más dura en la zona patagónica”.

*Chequeado, es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, no partidaria, cuya misión es contribuir a mejorar la calidad del debate público para fortalecer el sistema democrático.

Lo hace a través de la verificación del discurso público, la lucha contra la desinformación, la promoción del acceso a la información y la apertura de datos en entornos innovadores para aportar evidencia a la discusión pública y alentar el pensamiento crítico de la sociedad.

La Federación Argentina de Municipios (FAM) informó este viernes que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal n°6 dio curso al recurso de amparo presentado por 500 intendentes contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica presentado por el presidente Javier Milei.Según precisó la FAM en un comunicado, el juez Enrique Lavié Pico dio curso a la acción presentada el martes 2 de enero, primer día hábil del año.En el recurso, que lleva la firma del presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se pidió que se deje sin efecto el DNU 70/2023 "hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada".A la vez, solicitó "que se ordene, como medida urgente de protección cautelar, la inmediata suspensión de los efectos del decreto hasta tanto las Cámaras del Congreso de la Nación se expidan por la aceptación o rechazo del Decreto 70/23".

"Desde la Federación Argentina de Municipios hemos decidido trabajar para ponerle un freno al accionar inconstitucional que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei. Por eso, 500 intendentas e intendentes de todo el país presentamos este recurso de amparo ante la Justicia para frenar el DNU que avasalla los derechos de las argentinas y argentinos", explicó Espinoza en un comunicado.

Para el dirigente peronista, el decreto presidencial "afecta gravemente muchos aspectos de la vida de nuestras vecinas y vecinos, deja desprotegidos a nuestros jubilados y jubiladas, y atenta contra nuestras pymes y los productores regionales".

En el pedido de acción de amparo se señaló que "el decreto cuestionado viola el presupuesto de validez esencial fijado por la Constitución, por cuanto arremete contra el principio general consagrado por el art. 99 inciso 3º, que es la prohibición del Presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo".

"Pero para ello, y sin la intermediación -como corresponde- del Congreso, prefirió arrogarse facultades extraordinarias equivalentes a ejercer la suma del poder público y así derogar el siguiente paquete normativo de amplia vigencia en el país", mencionó.

Y se sostuvo que el DNU "viola el principio rector que sustenta el estatuto del poder: la separación de poderes y conduce a la suma del poder público" y se destaca que "constituye una amenaza cierta e inmediata sobre el sistema democrático".

En ese sentido, Espinoza consideró que "a días de haber asumido Milei, ya se generó un antes y un después en la Argentina. Vemos cómo se van cayendo argentinos del sistema laboral y cómo se está generando un desmoronamiento del poder económico de todo el pueblo", afirmó.

"Nosotros, como primer escalón de la democracia, tenemos la responsabilidad de defender las voces de millones de mujeres, hombres, abuelas y abuelos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras y pymes, productores rurales y regionales que representamos en cada una de nuestras ciudades", dijo.

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), organismo que representa a todas las agencias de viajes argentinas, presentó un amparo mediante el cual solicita que la Justicia declare la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 en el punto en el cual pretende derogar el régimen general de los agentes de viajes (ley 18.829).

“Es fundamental resaltar que la derogación del régimen de agentes de viajes impacta directamente sobre los derechos adquiridos por las empresas de viajes y turismo que, cumpliendo con esta ley, brindan seguridad a los pasajeros y estabilidad al sector”, remarcaron a través de un comunicado.

“La desaparición de esta norma, tal y como plantea el DNU, promovería una competencia absolutamente desleal con personas que no son profesionales de la actividad turística y que no tendrán ningún control para cumplir correctamente con su labor ni brindar ningún tipo de garantía a los pasajeros”, explicó Andrés Deyá, presidente de Faevyt.

“La oferta de servicios turísticos sin control alguno habilita la intermediación sin cumplir con pautas mínimas de legalidad y responsabilidad frente a los usuarios y consumidores que quedan expuestos a cualquier tipo de estafa y abuso por parte de sujetos que obtienen beneficio lucrativo operando en la informalidad”, agregó.

Los concesionarios de autos salieron a aclarar este jueves que los costos de registración y patentamiento de vehículos sólo representan entre 1,5% y 2% del valor total de las operaciones, y rechazaron los proyectos para eliminar los registros de propiedad automotor porque sería "atentar contra la seguridad jurídica".

Los empresarios pidieron ''no confundir a la gente con cifras exorbitantes que en realidad corresponden a impuestos que cobran las provincias o los municipios''. Alertaron que la idea de que la compraventa de autos se realice entre particulares, sin intervención de los registros de propiedad, representaría "acabar con la seguridad jurídica".

La palabra de Alberto Príncipe, presidente del CCAEl presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), Alberto Príncipe, se reunió con el titular de la Federación Argentina de Cámaras del Comercio Automotor (FACCARA), Alejandro Lupo, para salir a aclarar versiones sobre el costo de la transferencia de automotores en el país, en el marco del mega DNU impulsado por el gobierno.

Ambas entidades representan en la Argentina a más de 3.000 empresas, y emitieron un comunicado en el que explicaron que "el costo de los aranceles registrales no superan en ningún caso, el 2% del valor del auto en todo el país".

"En el 2022 los aranceles tuvieron un aumento del 40,6% y en 2023 un 55,7%. El aumento total en el período 2022-2023 fue del 96,38%, habiendo sido el IPC de ese período de casi del 300%", explicaron.

Dijeron que "el resto de los conceptos que integran el costo de una transferencia corresponde a impuestos que son exclusiva responsabilidad, tanto de los gobiernos provinciales como municipales (impuestos de sellos, reclamo de infracciones de tránsito y de patentes). El costo termina siendo de una magnitud inusitada, producto no por la transferencia del vehículo en sí, sino por los agregados diversos que se fueron sumando en el tiempo".

Príncipe consideró que existe una "confusión muy importante, porque están mal informados, inclusive en los proyectos de modificación de la ley".

Explicó que "los formularios y costos de aranceles para terminar una transferencia o un patentamiento, no superan el 2% del valor del vehículo. El resto son impuestos diferentes. El más gravoso es el sellado, porque lo pone el gobierno. En la Ciudad de Buenos Aires es del 3 por ciento'', dijo en diálogo con Noticias Argentinas.

Incluso, señaló que existen muchas verificaciones que las realiza el registro nacional "pero en realidad tendría que hacerla Rentas de cada gobierno".

"Lo hace la Dirección Nacional sin tener ninguna contraprestación. Pensar en que se puedan transferir autos entre particulares sin ese contralor es una utopía, porque se terminaría con la seguridad jurídica", afirmó Príncipe.

Además señaló que uno de los problemas es cómo efectuar en forma idónea el control prendario que es a nivel nacional: "Eliminar ese control indispensable para saber si un auto cumple con las leyes es indispensable para mantener la seguridad jurídica, sino sería tierra de nadie".

De todas formas, Príncipe dijo que el sector está "a favor de la digitalización del sistema, pero no de la eliminación de los registros de propiedad, como impulsan algunos proyectos".

Por otro lado, explicó que "los registros de propiedad son entidades autónomas, que corren con los costos de sus empleados", por lo que no le generan cargos extra alguno al Fisco.

Fuente: Ámbito

Mientras escribo estas líneas entra en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 presentado el 20 de diciembre por el Presidente de la Nación que consta de 83 páginas y 366 artículos. Ambas normas lo que plantean en la mayoría de sus artículos es eliminar las herramientas que tiene el Estado para intervenir en la vida social. Volviendo al DNU, el problema de su magnitud y la mezcla de temas que lo conforman es que este tipo de norma sólo puede ser aprobada o rechazada en su totalidad. Para que deje de tener validez debería ser rechazado por la Cámara de Diputados y Senadores. También puede ser anulado por la Corte Suprema de Justicia, ya que nuestro país, por ahora, cuenta con tres poderes que se controlan entre sí: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ya veremos que la Ley Ómnibus pone eso en discusión. Volviendo al DNU señalamos un último detalle: todos los derechos adquiridos desde este momento, no podrán ser revertidos si termina siendo rechazado. Esto quiere decir que el daño que se pueda hacer en estos días no podrá ser subsanado posteriormente. Aspectos positivos Como dijimos más arriba, el problema del DNU es que es un paquete cerrado que sólo puede ser aprobado o rechazado en bloque. Decidimos comenzar esta nota por algunos ítems que consideramos rescatables para que quede claro que hay un trabajo de lectura y análisis detrás de este informe.  - En su artículo 3 llama a dictar “todas las normas necesarias para adoptar estándares internacionales en materia de comercio de bienes y servicios, procurando armonizar el régimen interno, hasta donde sea posible, con los demás países del Mercosur u otras organizaciones internacionales”. De todas maneras, el espíritu de toda la norma no parece ir en ese sentido. - Respecto al trabajo informal, la figura de trabajador independiente con colaboradores que se desarrolla desde el artículo 96, podría ser un camino para acercar a autónomos e informales a la protección de la Ley de Contrato de Trabajo. Claro que con toda la quita de derechos laborales que tiene la norma esto queda más que rengo. También  - Las recetas electrónicas o digitales que se impulsan en el artículo 307 pueden ser un avance en materia de auditoría, reducción de fraudes, costos, y agilidad. Sin embargo, no están dadas las condiciones de acceso digital para llevarlo a cabo. - Las modificaciones del registro automotor se explican desde el artículo 351 en adelante, implican que se reducirán algunos costos como el impuesto de sellos, el Informe de Dominio, el certificado de libre deuda de multas, el de patentes, y la verificación policial.

Riesgos concretos Reiteramos que el DNU ya entró en vigencia, por lo tanto, todo lo que vamos a mencionar a continuación no es una campaña del miedo, sino legislación vigente. En su artículo 2do denominado desregulación queda claro el meollo de toda la discusión, cuando se plantea que se eliminará toda norma que impida “la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”. Se desconocen las posiciones dominantes y los monopolios que existen y que son penados en todos los países desarrollados, incluso en Estados Unidos. El Estado pretende dejar de ser árbitro y que el partido se juegue sin falta, ni amarilla, ni roja.- Empezamos con las dos que pueden traer peores consecuencias para la vida del pueblo gualeyo en el corto plazo. El DNU plantea la derogación (eliminación) de la Ley de Abastecimiento y de Góndolas. La primera de ellas habilita al Estado a intervenir en los mercados y controlar la compraventa de productos esenciales, por ejemplo, ante situaciones de emergencia, desabastecimiento, disparadas de precios. ¿Se imaginan una pandemia sin esa Ley? La de góndolas determina que cada producto debe contar con al menos cinco marcas disponibles y obliga a que las micro y pequeñas empresas cuenten con espacio de exhibición, fomentando la oferta de productos artesanales o regionales. Estas leyes no venían funcionando de la mejor manera, pero la respuesta del DNU es que los hipermercados y las multinacionales de alimentos decidan libremente los precios sin ningún tipo de control. Ya sabemos cómo termina esa historia. - En materia laboral, el título 4 del DNU del presidente Milei reduce el monto de las indemnizaciones por despido al modificar el cálculo de esta liquidación en favor del empleador. Se eliminan las multas por falta de registro de un trabajador o registro deficiente. En el caso de un juicio, “los hechos deben ser probados por quien los invoca”, es decir por el trabajador. El periodo de pruebas pasará de tres a ocho meses, lo que aumentará los temporales y contratos basura. De todo lo referido a la jornada de trabajo, lo único que se respeta son las 12 horas de descanso. Se establece un sistema denominado “banco de horas” para que el empleador no pague nunca horas extras.-  A su vez, desde el artículo 97 se limita notablemente el derecho a huelga al declarar a todas las actividades económicas como “esenciales” o “trascendentales” y obligando al setenta y cinco por ciento (en el caso de los primeros) y a la mitad (en el segundo caso) de los trabajadores a cubrir su puesto. Por citar un ejemplo de nuestra ciudad, sólo uno de cada cuatro docentes estaría autorizado a hacer paro y sólo la mitad de los obreros de un frigorífico. Aunque dejen de pagarles el sueldo (cosa que ya ha sucedido hace veinte años en el caso de los docentes) deberían concurrir igual, según este DNU vigente. - En el título 3 denominado Reforma del Estado, se abre la puerta para la privatización de las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada (YPF, Banco Nación, INTEA, Fabricaciones Militares, etcétera). Esto habilita el remate de las empresas públicas, incluso de aquellas que son superavitarias. Es curioso que se repite una y otra vez que no hay plata, pero se pretenden vender también las empresas que no dan pérdidas. No es otra cosa que la vuelta de la Ley de Reforma del Estado impulsada por Menem en la Nación y por el Gobernador Moine en Entre Ríos y que dio origen a los despidos masivos, las puebladas y los piquetes en todo el país. - En el capítulo 9 dedicado al régimen legal del ejercicio de la actividad farmacéutica se habilita la venta libre de medicamentos en otro tipo de negocios. Cabe recordar que esto ya se probó en nuestro país también en los años noventa y los medicamentos aumentaron muchísimo de precio, se vendían en cualquier lado, con altos índices de automedicación y sin ninguna garantía de origen. - En el artículo 11 se deroga la Ley 26.736, que declaraba de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y papel para diarios. Eso pone en riesgo la libertad de expresión, la pluralidad de voces y la subsistencia del diario que usted tiene en sus manos en este momento.  Hay mucho más: la Ley Ómnibus Bajo el nombre “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que le tira a un guiño al texto fundacional de Alberdi, el Presidente de la Nación, elevó una Ley Ómnibus al Congreso. Así se denomina porque en su interior contiene un paquete de leyes y reformas que se tratan y se votan todas al mismo tiempo. Esto no será tratado por los legisladores antes del 24 de enero, pero vamos adelantando algunos puntos breves. -En el artículo 1ero se explica que la ley “contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social” por el plazo de dos a cuatro años. Esto implica que el Congreso deje de cumplir funciones y otorgarle al Presidente Facultades Extraordinarias. Se habla de Alberdi, pero se actúa como Rosas. La batalla cultural Como dijimos, esto todavía debe ser tratado, pero teniendo en cuenta que muchos militantes y dirigentes de la Libertad Avanza hablan en repetidas oportunidades de una batalla cultural decidimos analizar algunos puntos de la Ley Ómnibus: ¿Qué urgencia hay para que los jueces usen toga y martillo? ¿Qué necesidad hay de prohibir la palabra “gratis”? ¿Qué urgencia hay para eliminar las barreras de los peajes? ¿Qué necesidad hay de eliminar el INADI o destruir el espíritu de la Ley Micaela? ¿Sabrán el presidente y sus colaboradores qué porcentaje del PBI representan el Instituto Nacional del Teatro, de la Música y el Fondo Nacional de las Artes que pretenden eliminar? ¿Qué otro objetivo que no sea evitar que la gente lea, puede tener desfinanciar las Bibliotecas Populares y derogar la Ley del Libro? La resistencia en Gualeguay Durante la semana se organizaron diferentes formas de rechazo al DNU y la Ley Ómnibus en nuestra ciudad. En primer lugar, una Multisectorial que elaboró un documento y pretende nuclear todos los reclamos de los diversos sectores afectados por estas medidas. A su vez, este viernes se congregó en la Plaza Constitución un grupo de defensa de la cultura, que se enfrenta a las medidas que anunciamos en el párrafo de arriba y a otras que también ponen en riesgo su subsistencia. Como cierre de esta nota, compartimos un extracto del documento de la Multisectorial y sus consignas: “En el caso de Gualeguay, destacamos algunos puntos concretos que atentan contra la comunidad: la apertura irrestricta de importaciones afectará a nuestras principales industrias; la derogación de la ley de fuego pone en riesgo humedales e islas; nuestras tierras pueden ser vendidas a extranjeros sin restricciones; se abre la puerta para la pesca indiscriminada en el río Gualeguay, incluso con embarcaciones extranjeras; los prestadores turísticos quedan en estado de total indefensión”.No a la quita de los remedios a los jubilados; No al aumento de precios de los alimentos; No a la desregulación de los alquileres; No a la pérdida del poder adquisitivo del salario; No a la quita de derechos sindicales; No a la quita de subsidios (transporte, energía y gas); No a la destrucción de la Industria Nacional; No a la quita de Ayuda Social a los más necesitados; No al desguace del Estado; No a la reforma educativa de la Ley Nacional de Educación 26206; No a la declaración de Servicio Esencial a la Educación Pública; No a la liberación de las importaciones; No a los despidos de trabajadores públicos y privados; No al cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT), del Fondo Nacional de las Artes (FNA); y al desfinanciamiento del INCAA, el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

El colectivo Teatristas Autoconvocadxs de Entre Ríos convocó para el martes 2 a las 20 para manifestarse en defensa de la cultura, contra el proyecto de “Ley Ómnibus” que propone el cierre del Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), y a la reforma del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). 

En este contexto, la agrupación de artes considera que estas medidas “perjudican y atacan al conjunto de derechos de nuestra sociedad”.

Además Teatristas Autoconvocadxs emitió un comunicado, al que esta Agencia tuvo acceso,en el que manifiestan sus razones para protestar:

“La existencia de estos organismos ha fortalecido el desarrollo y crecimiento de la actividad cultural independiente en cada rincón de nuestro país, contribuyendo a la transformación de la sociedad en una más plural, equitativa, justa y creativa, garantizando el derecho a la cultura”.

“Llamamos a los trabajadores culturales y a la comunidad en general a acompañar esta lucha y alzar sus voces para que quienes están en el poder escuchen al pueblo”.

• ¿Dónde serán las convocatorias?

-Paraná: Plaza 1° de Mayo el a partir de las 20.

-Concordia: Plaza 25 de Mayo a partir de las 20.

-Gualeguay: Plaza Constitución a partir de las 20.

-Gualeguaychú: Concentrarán en Avenida Del Valle y San Lorenzo y marcharán hasta Obeliscos, a partir de las 19:30.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del gobierno del Presidente Javier Milei que entró en vigencia hoy establece varios cambios en el expendio y la prescripción de medicamentos.

Distintos sectores, como la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad de Buenos Aires y varias asociaciones de médicos iniciaron un fuerte reclamo por la implementación. En ese sentido, las farmacias de todo el país nucleadas en COFA convocaron a un paro hoy de 12 a 13, en rechazo a las reformas que rigen desde hoy.

¿Qué cambios introduce el DNU y afectan al sector farmacéutico?La posibilidad de que los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, puedan ser vendidos fuera de las farmacias.Que las farmacias funcionen sin profesionales farmacéuticos para realizar y controlar las dispensas. Además, Los profesionales farmacéuticos podrían ejercer la Dirección Técnica de más de una farmacia, aún sin estar presentes, lo que implica que las ventas de medicamentos podrían efectuarse por auxiliares de despacho.Que en la receta prescripta por el médico se describa sólo el nombre genérico y no se especifique la marca comercial.La medida reduce los controles sanitarios sobre los medicamentos al aumentar las bocas de expendio fuera de las farmacias, y según los farmacéuticos esto hará más difícil quitar el lote del mercado en caso de algún problema en la partida.¿Qué sectores adhieren a la medida?Como muestra de disconformidad, las farmacias de todo el país cerrarán hoy sus persianas durante una hora como protesta por la implementación del DNU 70/2023. La medida de fuerza se implementó hoy de 12 a 13 en todo el país.

COFA anticipó ayer también que presentará un recurso de amparo ante la Justicia para frenar la implementación del DNU de Milei por considerar que “lleva a la destrucción a la profesión farmacéutica” y “pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos”.

La presentación de la medida de amparo se realizó hoy a las 13, acompañada de una concentración frente al Palacio de Tribunales, según confirmó ayer el presidente de COFA, Ricardo Pesenti.

“Esta no es una medida política; de hecho, muchos farmacéuticos votaron a este gobierno. Sin embargo, creemos que hay desconocimiento de las consecuencias graves que trae este DNU”, indicó Pesenti en un comunicado. “Con el argumento falso de bajar el precio de los medicamentos, el DNU lleva a la destrucción de la profesión farmacéutica, minando 20 artículos de la Ley 17.565 de ejercicio profesional”, sostuvo la Confederación Farmacéutica en un comunicado.

DNU: los cambios en las farmacias, uno por unoEl DNU 70/2023, mediante la modificación de la ley 17.565, elimina la exigencia de que “los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas”.

Además, el DNU suprime un requisito que estaba vigente y el sector farmacéutico considera clave, que los medicamentos denominados de venta libre sean dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio. Según indicó la COFA, la modificación actual implica que personal no matriculado podría atender a una persona y dispensarle el fármaco.

A su vez, la medida dictada por el Gobierno deja sin efecto lo que establecía la ley, que determinaba que “la venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal”.

“También lleva al fin de las farmacias que están en los barrios más alejados, en los pueblos, beneficiando a las cadenas que se concentran en los grandes centros urbanos”, detalló COFA.

Además, según publicó Infobae, los farmacéuticos señalan que, con estas medidas, “los medicamentos no van a bajar de precio, porque el precio lo fijan los laboratorios, no las farmacias”, pero “lo que sí va a suceder es que se pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos quitando controles sanitarios sobre los medicamentos”.

“Si hay desvíos en la calidad, problemas de fabricación, adulteración o falsificación, no va a haber forma de detectarlo oportunamente ni de retirar esos productos del mercado”, destacó el presidente de COFA.

La Corte Suprema de Justicia aceptó hoy analizar el pedido del gobierno de La Rioja para que declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei.

El Alto Tribunal recibió en su oficina de juicios originarios la solicitud del gobernador Ricardo Quíntela para que haya una declaración sobre la inconstitucionalidad del DNU.

En una decisión de una sola carilla, la Corte anunció que “estudiará” el planteo luego del receso de enero. Mientras tanto, el expediente pasa a manos del Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal, quien deberá dictaminar.

Casal emitirá un dictamen sobre si la Corte es o no competente para tratar el asunto y luego si es o no constitucional el DNU. Su dictamen no es vinculante, con lo cual el Tribunal puede adoptar un criterio distinto.

Junto con la acción declarativa también el gobierno de La Rioja presentó una cautelar, con lo cual el Tribunal tiene la potestad de dar marcha atrás con el DNU más allá de si el mismo se declara inconstitucional. 

Mientras tanto, con la feria judicial ya encima pues empezó pasado el mediodía de este viernes y recién se retoman funciones en febrero, es que hay otras presentaciones pidiendo la inconstitucionalidad en el fuero Contencioso Administrativo Federal y en el del Trabajo.

No obstante, esos Tribunales aún no habilitaron la feria para tratar los respectivos amparos y, de no hacerlo, todo quedará en poder de la Corte Suprema de Justicia. N.A.

El polémico mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei provocará cambios sustanciales en innumerables aspectos de la vida económica de la gente, desde la forma de alquilar hasta el sistema de salud, con epicentro en el costo prácticamente impagable que pasarán a tener los servicios de financiamiento de la salud que brindan las empresas de medicina prepaga.

En su decisión de ir hacia un economía de libre mercado, con un giro de 180 grados respecto de las políticas aplicadas por el kirchnerismo a lo largo de los últimos 20 años, Milei busca provocar no sólo un fuerte cambio económico, sino también "cultural", según explicó.

El DNU 70/2023 -titulado "Bases para la reconstrucción de la Economía argentina"-, apunta a la desregulación de la economía a partir de la modificación y derogación de cientos de leyes.

Tras desatar innumerables polémicas y temores entre las familias en medio de una disparada descomunal de precios, el decreto entra en vigencia en el primer segundo de este sábado, según el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Los cambios regulatorios incluidos en el decretazo de 366 artículos, son mayúsculos: deroga la ley de alquileres, introduce cambios en recetas médicas, permite la acreditación del sueldo en billeteras digitales, simplifica la compra-venta de autos y permite a los bancos cobrar intereses sin tope sobre el saldo deudor de las tarjetas de crédito.

En el Capítulo I del DNU, el Poder Ejecutivo introdujo cambios fundamentales al Código Civil. Deroga dos artículos sancionados en 2015 y dispone que el que tome obligaciones en dólares, deberá pagar en esa moneda.

Estas medidas de desregulación son acompañadas por un "plan de estabilización de shock" ortodoxo, que sorprende a propios y extraños por su magnitud, y que como efecto inmediato prácticamente eliminó la brecha cambiaria, que según especialistas de distintas corrientes ideológicas, es la gran causa de que no lleguen inversiones extranjeras a la Argentina.

Las medidas también están acompañadas por un intento de sanear el casi quebranto del Banco Central, que si bien está recomponiendo reservas a pasos agigantados, aún tiene un enorme volumen de deudas.

Fuentes del kirchnerismo confían en que algún magistrado frene la entrada en vigencia del decreto aceptando los distintos pedidos de amparo que circulan por los tribunales de Comodoro Py.

En su defensa del decretazo, Milei dijo que con la derogación de la ley de alquileres, el mercado inmobiliario volverá gradualmente a funcionar".

Desde este viernes a la noche ya no se aplica la ley sancionada en 2020 y modificada en octubre de este año. Pero además, el DNU modifica el Código Civil y borra los plazos mínimos de alquiler, que el Código fijaba en dos años.

Ahora, inquilino y propietario deberán negociar sin el paraguas de la ley, sin que esté especificado el tiempo y sin reglamentación para los ajustes y actualizaciones.

El DNU deroga la Ley de Abastecimiento (sancionada por Juan Domingo Perón) y la Ley de Góndolas, que intentaba regular la exhibición de productos en los supermercados.

En el caso de las tarjetas de crédito, los consumidores deberán prestar mucha atención a los intereses que les cobran cada vez que se retrasan en un pago.

Es que el DNU elimina los topes existentes a los intereses pero indica que la entidad emisora deberá "obligatoriamente" dar a conocer el público la tasa de financiación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito.

Para quienes están endeudados con las tarjetas será muy complicado de aquí en más. Es que Milei derogó el artículo que fijaba topes a los intereses punitorios, los que rigen si la persona no llega a saldar ni siquiera el pago mínimo, por los atrasos en la cancelación del resumen.

El DNU modifica el artículo 766 Código Civil y Comercial y establece que el deudor "debe entregar la cantidad correspondiente de la moneda designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene". Por eso la canciller Diana Mondino dijo que "se podrán pactar contratos en Bitcoin y también cualquier otra cripto y/o especie, como kilos de novillo o litros de leche".

Hasta este jueves, por una normativa del Ministerio de Trabajo desde 2020, los salarios sólo pueden pagarse en una cuenta bancaria o en efectivo. A partir de ahora, por el contrario, el DNU abre la puerta para que los empleadores puedan comenzar a acreditar los haberes en billeteras digitales.

El DNU también desreguló la medicina prepaga, donde las empresas ya avisaron a sus afiliados que habrá incrementos del 38% al 42% con la cuota a pagar en enero.

El decreto modifica además la ley de Obras Sociales. Desde ahora, los aportes se podrán derivar a cualquiera de las 300 obras sociales que existen, y por supuesto también seguir haciéndolo a una prepaga. El DNU quita la obligación de "triangular" pasando por una obra social de convenio con la prepaga en cuestión.

El decreto modifica la ley 25.649 de especialidades medicinales. Desde ahora, el médico queda obligado a prescribir por droga genérica del medicamento, por lo que la marca del remedio que el paciente adquiera surgirá de su conversación con el farmacéutico.

También se busca migrar a la receta electrónica, a los fines de lograr una mayor agilidad de la industria y minimizar costos".

En cuanto a las farmacias, el decreto de necesidad y urgencia cambia el artículo 1, que si bien dice que los remedios sólo se pueden vender en farmacias habilitadas, ya no contiene la parte que afirmaba que la venta de medicamentos "fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia", con consecuencias penales.

Uno de los componentes del decreto que viene generando más polvareda es la reducción de las indemnizaciones por despido.

El decreto aclara que la base de cálculo de la indemnización "no incluirá el Sueldo Anual Complementario, ni conceptos de pago semestral o anual".

Esto dejaría afuera contabilizar beneficios como bonos anuales, ticket canasta o vales alimentarios, pese a que fueron reconocidos en varios fallos.

En este marco, en el mercado laboral regirá la extensión del período de prueba, que sube de de 3 a 8 meses, por lo cual el empleado podrá ser despedido sin derecho a indemnización en ese lapso. 

También eliminan todas las multas establecidas por ley que el empleador debe pagar al trabajador afectado para la falta de registro de la relación laboral o su registro irregular.

El DNU establece un indemnización "alternativa" inspirada en el sistema de la construcción. "Las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable", señala.

El mega decreto busca simplificar los trámites para poder comprar un auto. Mieli defendió especialmente este punto al recordar que hasta ahora comprar o vender un auto requería 12 trámites y los "gestores" se llevaban hasta el 6% del precio del rodado, el más caro de toda la región.

Uno de los objetivos principales de la medida es que la patente pertenezca al usuario y no al vehículo. Esto quiere decir que el dueño tendrá tantos dominios únicos como autos tenga, y las patentes estarán unidas al Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada persona.

El DNU empieza a hacer lugar para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas, pero aún no se reglamentó.N.A.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció penalmente al presidente Javier Milei, junto a "todos los involucrados" en la elaboración del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido la semana pasada y los acusó de haber incurrido en abuso de la autoridad y "varios delitos".

"Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU", informó el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de la plataforma X (exTwitter).

El dirigente gremial sostuvo que la denuncia penal es por "la comisión de varios delitos" y enumeró el de abuso de autoridad y la usurpación de autoridad enmarcados en el Código Penal.

Además, añadió el "delito tipificado en el art. 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al Presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su Gobierno".

La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2 a cargo de Sebastián Ramos, según surge de la información pública de los sorteos de causas que a la que puede accederse a través del Centro de Información Judicial (CIJ). El fiscal para este caso sería Carlos Stornelli.

La denuncia es "contra el Presidente de la Nación, señor Javiel Milei y demás funcionarios que resulten responsables por la posible comisión del delito de abuso de autoridad, del delito de usurpación de autoridad", según fue escrito en la denuncia a la que accedió Télam.

También acusaron a los posibles involucrados "del delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno".

"Nos encontramos con el Poder Ejecutivo Nacional arrogándose facultades por fuera de la Constitución que implican trastocar radicalmente y estructuralmente la economía del país, su sistema productivo, su organización social y estatal, la prestación de los servicios públicos, la organización de la sociedad civil, el comercio interno e internacional, las relaciones laborales, las relaciones de consumo, sin permitir que estos cambios sean debatidos por el órgano democrático por antonomasia que es el Congreso Nacional de forma previa a la entrada de su vigencia", advirtieron los denunciantes.

"La envergadura y los alcances del DNU implicarán, desde su entrada en vigencia, la modificación fundamental del estilo de vida de toda la población argentina, con flagrante menoscabo de sus principios, Republicanos, Representativos, Democráticos y su carácter Federal", continuaron.

"Desde la recuperación de la democracia en el país, hace 40 años que no ha visto una concentración de poder tan mayúsculo por los que ´la vida, el honor o las fortunas de los argentinos van a quedar a merced´ de una persona, el presidente del país y su gobierno", sostuvieron.