La reunión paritaria a la que se convocó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), será el viernes 18 de julio a las 10 en la Secretaría de Trabajo.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso expresó que "esta norma pone reglas claras para el traspaso de mando entre las autoridades salientes y electas para que sea un proceso transparente de cara a la ciudadanía".

Troncoso agregó que la nueva Ley "traduce el compromiso que asumió el gobernador Rogelio Frigerio en campaña en hechos concretos, porque los entrerrianos merecemos que el traspaso de mando sea prolijo, ordenado y permita al nuevo gobierno ponerse a trabajar de forma inmediata".

Entre sus objetivos fija criterios de coordinación para el relevamiento y sistematización de información y busca evitar el ejercicio abusivo de prerrogativas durante el período de transición, además de contribuir al intercambio entre el gobierno en funciones y el electo.

En ese sentido, la norma prohíbe que el gobierno saliente designe o recategorice personal durante el último año de gestión, y que transfiera cargos en el ámbito de la propia administración o entre los poderes del Estado. También prohíbe que se inicien licitaciones y/o contrataciones que excedan los compromisos establecidos en la Ley de Presupuesto vigente.

La encargada de llevar adelante este proceso es la Comisión de Transición, quien podrá solicitar los informes a cada ente u organismo con la función de reunir y sistematizar la información, y de realizar un "Informe de transición" que deberá ser entregado al gobernador/a electo treinta (30) días previos y corridos a su asunción.

Asimismo, la Ley establece que el informe de transición es de carácter público y que deberá ser publicado en el sitio web oficial para que cualquier persona pueda consultarlo.

El Ministerio de Capital Humano de la Nación anunció un aumento del 5,8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para el mes de octubre. Será por decreto.

Desde el Gobierno indicaron que la decisión se toma “pese al rechazo gremial”. Indicaron que además será “el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas”.

Por otro lado, desde el Gobierno argumentaron que “esta medida llevaría el salario universitario a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), empleados administrativos y profesionales dentro de la Administración Pública Nacional”.

Finalmente, informaron en un comunicado que “se activará la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas contempladas dentro de la escala docente“.

RechazoLa Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) publicó un comunicado titulado “Sin acuerdo en la Reunión de la mesa técnica salarial”, en el que manifestaron que seguirán insistiendo en la necesidad de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Por lo tanto, exigirán a los diputados que “sean coherentes con su mandato popular” y rechacen el veto del presidente Javier Milei para que se convierta en ley.

A la salida del encuentro, los gremios remarcaron que lo que exigen “no es un incremento salarial, sino converger los salarios y la inflación para no seguir perdiendo más poder adquisitivo”.

“Como ya lo hemos dicho reiteradas veces, tenemos el salario en dólares más bajo de América Latina y el salario en pesos más bajo desde el retorno de la democracia”, precisaron.

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, recibió a integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, luego de que se diera a conocer un informe sobre las condiciones de detención en comisarías y alcaldías. La funcionaria aseguró que la provincia no tiene el alojamiento en comisarías como práctica y afirmó que “en Entre Ríos se respetan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución”.

La ministra recibió a una comitiva nacional integrada por Diana Conti, Gustavo Palmieri y Alan Iud, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, luego de que los organismos de derechos humanos de la provincia hicieran público un informe en el que relevaron catorce comisarías y alcaidías y señalaron que “la situación de las personas privadas de la libertad en lugares de encierro transitorio de la provincia de Entre Ríos es verdaderamente alarmante en materia de garantía, respeto y realización de los derechos humanos”.

En la reunión, la ministra hizo un repaso por las obras realizadas en el Servicio Penitenciario durante las dos gestiones del gobernador Gustavo Bordet y resaltó que se duplicó la capacidad de las unidades penales, construyendo 650 plazas solo entre los nuevos pabellones de las cárceles de Paraná, Federal y la nueva de Gualeguaychú.

No obstante, afirmó que “Entre Ríos no tiene una realidad de alojamiento en comisarías como práctica, ni en aplicación de la Ley Número 3.815 (de contravenciones) que es mínima y está próxima a reformarse, ni en la decisión de los jueces, que establecen la prisión preventiva como excepción y cuando la ordenan, se cumple en las unidades penales” y agregó que “el alojamiento en comisarías es excepcional y puede ser en algunos casos por horas hasta que las personas sean puestas a disposición del juez actuante. Las alcaidías en algunas ciudades ni existen o no se usan”.

Dijo también que “en la ciudad de Paraná, no se alojan detenidos a disposición del Poder Judicial en comisarías, sino que van directamente a la alcaidía de tribunales, que depende del Poder Judicial y en este momento también está siendo refaccionada”.

“Es importante tener debidamente en cuenta que a diferencia de la provincia de Buenos Aires o de otras, donde esa práctica es habitual, en Entre Ríos los detenidos van directamente a disposición de los juzgados”, sostuvo la ministra.

“Una cosa es reflejar una dependencia con algún deterioro, pero que no viene siendo usada y otra cosa es poner en balance o equilibrio todas las tareas que el Estado entrerriano viene realizando en la estructura del sistema penitenciario, que es donde las personas privadas de la libertad cumplen sus condenas”, agregó en tono crítico.

La ministra Romero no esquivó la polémica en cuanto a un viejo reclamo de los organismos de derechos humanos para la implementación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

El eje de la discusión está planteado en el reclamo de los organismos de derechos humanos para que los representantes de la sociedad civil perciban una remuneración, algo que está previsto en la ley, pero que el Gobierno pretende modificar y que el trabajo se realice ad-honorem.

En ese sentido, la funcionaria provincial dijo: “Yo sé que de parte de la Red (de organismos de derechos humanos) que hizo este relevamiento existe un reclamo de la integración de siete cargos legislativos para el Comité contra la Tortura en Entre Ríos, hay una propuesta que se ha realizado a las organizaciones de reducir este número en aras de lo que es la realidad del Estado entrerriano y el empleo público y estamos trabajando y hemos ofrecido alguna alternativa, que espero sean aceptadas por las organizaciones de derechos humanos”, afirmó la ministra.

Por otra parte, indicó que “en Entre Ríos, la formación en derechos humanos es permanente” y que los policías y agentes penitenciarios deben cumplir con la capacitación en género y diversidades que establece la Ley Micaela y que tienen materias obligatorias en las currículas de los institutos de formación como en los cursos para los ascensos.

Un repaso por las obrasEn la reunión con los comisionados nacionales la ministra también repasó las obras que ha encarado el Gobierno provincial en las unidades penales y lugares de encierro transitorio durante la gestión de Gustavo Bordet.

“En las dos gestiones del gobernador Bordet se han hecho ingentes esfuerzos por mejorar el sistema carcelario con obras en Paraná, Federal y en la cárcel modelo El Potrero de Gualeguaychú, lo que nos ha dado la posibilidad de cerrar definitivamente la histórica Unidad Penal 2”, señaló la ministra.

En ese sentido, detalló una serie de reparaciones, refacciones y cambios de mobiliarios que se han realizado en los últimos meses en la Alcaidía Contravencional de Paraná, en las alcaidías de Concordia, Gualeguaychú, Victoria, Gualeguay, Diamante, Federal, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay. Según se indicó en un comunicado de prensa, las mejoras consistieron en refacciones, reparaciones edilicias, trabajos de pintura, cambio de mobiliarios y reparaciones sanitarias.

Además, en la Unidad Penal Número 9, se culminó con la primera etapa de la obra de pabellones que consta de dos módulos de alojamiento que permiten incorporar 144 plazas nuevas, 72 en cada pabellón. Esta obra cuenta con 18 celdas por pabellón, grupo sanitario, celaduría, patio cubierto y patio exterior. Asimismo, se continúa con la segunda etapa que consta de tres pabellones de alojamiento. La misma se encuentra con un avance del 70 por ciento, se indicó oficialmente.

En tanto, en la Unidad Penal Número 8 de Federal, se continúa con la obra del anexo alojamiento que se trata de dos pabellones con ingreso diferenciado. Esta primera etapa, que comprende 26 celdas dispuestas en dos pabellones con sanitarios, comedor, salones de visita, celaduría y cerco perimetral, tiene un avance del 80 por ciento. En esta unidad se podrán albergar, una vez finalizada la obra, un total de 100 nuevos internos.

Estas dos ampliaciones, dijo la ministra, permitirán el traslado de los 270 internos alojados en la Unidad Penal Número 2 de Gualeguaychú y su reubicación para cerrar definitivamente la cárcel más antigua de la provincia, ofreciendo mejores condiciones y herramientas de inserción para las personas privadas de la libertad.

Fuente: Página Política

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, entregó este lunes aportes por más de 9 millones de pesos destinados a financiar obras, compra de equipamientos y mejoras en viviendas en centros rurales de población.

El acto se desarrolló en la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno, con la presencia de funcionarios y legisladores provinciales.

Recibieron aportes, en el marco del programa Juntas a la Obra del Ministerio de Gobierno y Justicia, las siguientes localidades del departamento Paraná: Distrito Tala, que será utilizado para la compra de broza y ripio; Quebracho, destinado a la adquisición de acoplado y neumáticos; Arroyo Corralito, para ripio y transporte, y Paso de la Arena, destinado a adquirir neumáticos de tractor.

Por el departamento Gualeguay, recibió la Junta de Gobierno de Punta del Monte, destinado a adquirir tubos de hormigón, y por el departamento Nogoyá, Gobernador Febre recibió un aporte para una niveladora de arrastre.

En cuanto a los fondos afectados por el Programa Mil Evitas, que está destinado a mejora habitacional para personas de bajos recursos, recibió la comuna de Villa Fontana, departamento Paraná.

El monto total depositado a los distintos centros rurales de población suma $9.253.131.

“Esta entrega es parte de una política del Gobierno provincial a través de distintos programas que funcionan en el ministerio y, como siempre, elogiamos el modo en que se usan estos fondos públicos, porque se aplican con muchísima responsabilidad, lo administran las juntas de gobierno y las comunas de la provincia, que hacen obras y lo rinden al Tribunal de Cuentas. El dinero estatal cumple verdaderamente un rol fundamental en esas localidades y desarrollan el trabajo en el territorio con gran nivel de respuesta a los vecinos”, indicó la ministra Romero al término de la entrega.

“Siempre el propósito está predeterminado, es específico. Son objetivos que habitualmente nos llegan. Las demandas, en muchos casos, son en beneficio de espacios públicos, como plazas o veredas y en otros casos son mejoras de caminos internos o mejoras de caminos de acceso que son donde hacemos el trabajo compartido con Vialidad provincial”, explicó la ministra.

Estuvieron presentes el diputado Gustavo Zavallo y la diputada Carina Ramos. Acompañaron la entrega el secretario de Asuntos Municipales, Fabián Flores; el subsecretario Daniel Kramer; el subsecretario de Comunas, Mariano Núñez y el director de Juntas de Gobierno, José Bantar.

Una patrulla de la fuerza entrerriana, con personal especializado para acciones terrestres, náuticas y aéreas con la misión de alerta temprana, diseñada para atender y prevenir focos de incendios, aprehendió en flagrancia de tres hombres mayores de edad, con domicilio en la vecina Provincia de Santa Fe.

Los hombres fueron sorprendidos por la Policía de Entre Ríos en una margen del Arroyo "Los Laureles" sobre la isla "Del Holandés" en la 3° Sección de Islas. Inmediatamente el juez Federico Martín dispuso el traslado de los detenidos hacia la Unidad Carcelaria del Servicio Penitenciario provincial y el secuestro de los componentes incriminatorios en la causa penal iniciada por supuesto incendio. Desde la fuerza se informó a APFDigital que se incautó una embarcación con motor fuera de borda junto a otros elementos de interés para la investigación en proceso.

También en otros puntos del interior de las islas fueron sorprendidas otras personas infringiendo las leyes de caza y pesca, labrándose 18 actas por la Dirección de Prevención Delitos Rurales. Además en los operativos se identificaron más de medio centenar de individuos, y 10 conductores fueron notificados por infracciones de tránsito en el viaducto Victoria – Rosario, entre otras transgresiones.  

La Policía de Entre Ríos está desarrollando amplios operativos en toda la extensión del Delta entrerriano sobre el Río Paraná para lo cual ha incrementado la presencia y desplazamiento de más recursos humanos, logísticos y técnicos a los ya ubicados en toda la región de islas, que comprende la participación de fuerzas de Seguridad Federales coordinados por el Juez Federal de Victoria; colaboran también agentes de Defensa Civil, brigadas de Bomberos, de Secretaría de Ambiente y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Estos operativos son constantes con intervención coordinada de la Dirección Operaciones y Seguridad, Dirección Prevención Vial, Dirección Delitos Rurales, y Jefatura Departamental Victoria con la supervisión de las autoridades judiciales de jurisdicción.

· La detención

En la zona de Arroyo Los Laureles, los oficiales observaron a tres hombres realizando quema de pastizales, a quienes se les secuestró una horquilla, una pala ancha, un encendedor, tres celulares y una lancha tracker amarilla con motor fuera de borda Suzuki 40.

Los detenidos pertenecen al mismo grupo familiar –todo indica que un padre y sus dos hijos- y fueron identificados con las siglas D. R. H., de 54 años; R. D. A. H., de 22 años; y A. I. H., de 18 años. Los tres tienen su domicilio de residencia en Villa Constitución y al ser sorprendidos por los oficiales iniciando el fuego argumentaron ser apicultores y que “realizaban tal actividad de limpieza usando este método para preservar los cajones”, según consta en el acta oficial. Luego del arresto, fueron trasladados a Victoria en donde este domingo prestarán declaración indagatoria ante el juzgado federal de esa localidad que fue inaugurado hace pocos meses y absorbió todas las causas por incendios que hasta entonces se tramitaban en los juzgados de Paraná, publicó Rosario/12. El fiscal Federal N°2 de Rosario, Claudio Kishimoto, se encuentra prestando tareas en ese juzgado como fiscal subrogante por lo que le tocará intervenir en esta nueva causa.

· Otros operativos

Por otro lado, el jueves comenzaron los rastrillajes de la Agrupación Albatros, la unidad de operaciones especiales que está bajo el mando de Prefectura, en el terreno isleño y, según pudo averiguar, en lo que va del fin de semana son más de 50 las personas identificadas por parte de las fuerzas nacionales. Si bien no trascendió si se realizaron detenciones, si se las encontró en flagrancia iniciando algún fuego o solo son casos sospechosos, la información fue remitida al juzgado federal, el cual deberá resolver si se les inicia una causa.

El desembarco de esta fuerza especial llegó tras una charla entre el gobernador santafesino Omar Perotti y el ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernández, luego de la reunión que mantuvieron el miércoles pasado el intendente Pablo Javkin y otros jefes municipales de la región en la localidad de Alvear, donde funciona la base de los brigadistas que trabajan para combatir el fuego en las islas en el Delta del Paraná. En la mesa de trabajo, que también contó con la presencia de la ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Erika Gonnet, se realizó una evaluación de la situación y se acordaron acciones en conjunto. Entre ellas, el pedido de audiencia al juzgado federal y al fiscal de Entre Ríos, al gobierno de la provincia de Entre Ríos, al Ministerio de Seguridad de la Nación y también a la Corte Suprema de la Nación, para evaluar qué otras alternativas hay con los elementos que se posee para generar prevención de incendios en islas.

A propósito del máximo tribunal, el viernes también se conoció una resolución de la Corte en la que ordena que se constituya de manera inmediata el Comité de Defensa Ambiental y dispuso que se libre oficio a la Cámara Federal de Paraná para que amplíe el informe del estado de tramitación de las medidas cautelares y de su efectividad sobre las islas del Delta del Paraná. En ese marco, la Municipalidad de Rosario expresó su satisfacción con la medida y remarcó que la resolución recoge lo solicitado por el Grupo de Intendentes y Presidentes Comunales de la Costa del Paraná.

Mientras las autoridades y la justicia parecen comenzar a moverse para resolver el flagelo de los incendios, Rosario tuvo ayer una nueva jornada marcada por el humo. Aunque los brigadistas habían informado que pudieron apagar uno de los focos frente a la ciudad, desde la costa central se observaban claramente nuevos incendios en la zona de las islas entrerrianas. De acuerdo al reporte diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) correspondiente a la jornada de ayer, hasta la tarde permanecían activos focos en Victoria (Ranchada, Laguna La Chata, Laguna Vásquez, Barrancoso, Las vueltas) y en Gualeguay (Islas La Lechiguana 1, Ibicuy, Falso Alsina, Islas, Dormilón). También había incendios activos en provincia de Buenos Aires, a la altura de Zárate y Baradero.

De la reunión también participarán los gremios docentes. El objetivo es alcanzar un acuerdo integral con los representantes sindicales de las y los trabajadores del Estado en el marco de lo establecido en el acuerdo suscripto en abril entre el gobierno y las entidades gremiales del sector público.

La decisión del gobierno provincial es promover el diálogo para consensuar las medidas a tomar en el contexto de la escalada inflacionaria de las últimas semanas y continuar garantizando los objetivos trazados en materia salarial para el sector público este año.

En la mañana de este martes la titular de la cartera de Gobierno y Justicia entregó aportes por 1.721.003 pesos a instituciones entrerrianas con el fin continuar fortaleciendo la labor que desarrollan en la comunidad.

Estuvieron presentes la senadora por Diamante, Claudia Gieco, el senador por Colón, Mauricio Santa Cruz, los diputados Mariano Rebord, Leonardo Silva y la diputada, Sara Foletto, el presidente del Instituto de Promoción Cooperativas y Mutuales, Ricardo Etchemendy, el subsecretario de Asuntos Municipales, Daniel Kramer, el subsecretario de Comunas, Mariano Nuñez y el director de Juntas de Gobierno, José Bantar.“Es un gusto realizar esta entrega de aportes y continuar en contacto con las instituciones que completan la labor del Estado en la comunidad”, mencionó la ministra Romero durante el acto en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno.

En este sentido, detalló: “Venimos realizando este tipo de acompañamiento a organizaciones no gubernamentales desde distintos Ministerios de la Provincia. En este caso, el Ministerio de Gobierno tiene una línea de aportes destinados a instituciones que sabemos ejecutan con muchísima eficiencia los fondos públicos”.

“Entendemos que estos fondos que destina el gobierno provincial posibilita a las organizaciones de la sociedad a seguir en esa labor y queremos seguir estimulando esta tarea”, subrayó.

En esta oportunidad fueron 10 las instituciones que recibieron aportes para materiales de construcción, equipos informáticos y técnicos, insumos y maquinarias.

Del departamento Tala recibieron la Asociación Cooperadora Escuela de Educación Técnica N° 1 Osvaldo Magnasco, Cooperativa de trabajo Nuevo Tala Ltda., Radio Club Tala y Junta de Gobierno de Arroyo Cle; de Colón Municipalidad de Alcaraz, Asociación Cooperadora de Escuela Primaria N° 1 Juan José Pasos; de Diamante Club Atlético Huracán, Centro de Jubilados de Aldea Brasilera; de Gualeguay a ALAS Asociación Civil y de Gualeguaychú Cooperativa de Trabajo La Solapa Ltda.

El tesorero de la Cooperadora de la Escuela de Educación Técnica N° 1 Osvaldo Magnasco, Gustavo Albornos, agradeció los aportes otorgados a la institución y explicó: “Estos fondos van a ser utilizados para la obra de una de las entradas a la Escuela que quedó obsoleta con el correr de los años. Somos un grupo grande de personas que siempre estamos trabajando para la institución y para la ciudad en general. La idea es siempre aportar el máximo posible para nuestros alumnos y la comunidad”.

Otra de las instituciones en recibir aportes en esta oportunidad fue el Club Atlético Huracán de Diamante. Su vocal y ex presidente, Esteban Rau explicó que los fondos obtenidos “facilitan mucho la tarea que realizamos en el club ya que tenemos mucho verde y a veces no damos a basto para mantenerlo. Con esto vamos a poder comprar una máquina a propulsión para cortar el pasto en el predio”.

“Nuestro Club trabaja en el Centro de Educación Física con diferentes clases de gimnasia, básquet, vóley y hockey. También tenemos convenios con la municipalidad de Diamante y con otras instituciones que desarrollan allí tareas. Cuando solicitamos estos aportes es para seguir dando respuestas a la sociedad de Diamante”, puntualizó.

Los aportes entregados por el Ministerio de Gobierno y Justicia a instituciones civiles deben ser rendidos por las entidades ante el Tribunal de Cuentas, una vez realizado el gasto por el cual se solicitó. Esto garantiza a las organizaciones solicitantes la posibilidad de obtener nuevos aportes y así sostener la labor en la comunidad.

A través de la Resolución 332/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio Interior multó a la empresa Molinos Cañuelas por $150 millones. La sanción económica se da en el marco de la pelea entre el Gobierno y harineros por el incremento en los precios de la harina.

La multa también se extendió, con $93 millones, a la Cámara de Industriales Molineros y con $51 millones a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras.

Según el texto oficial, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia observó que la empresa y las cámaras involucradas "idearon, diseñaron, implementaron y monitorearon un acuerdo para la fijación de precios con el objeto de limitar la competencia entre las empresas molineras de trigo y harina".

Multas a empresas que aumentaron preciosEl pago de las multas deberá hacerse efectivo dentro de los diez días hábiles desde la notificación (es decir hasta el 21 de abril), y Comercio Interior instó a las partes a que "cesen y se abstengan de realizar acuerdos de fijación de precios e intercambiar información sensible, en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo.

Según la denuncia, el 13 de agosto de 2015, en el marco de la "Fiesta de la Harina" llevada a cabo en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, las cuatro partes denunciadas y "por lo menos 107 empresas" sellaron el denominado "Acuerdo general de la libre competencia en el sector molinero", que implicaría la fijación de precios mínimos en forma convenida por todo el sector, en lo que Comercio Interior consideró un "cartel institucionalizado".

A partir de entonces, se indica en los considerandos de la resolución, "comenzó un accionar de prácticas anticompetitivas" por parte de Molino Cañuelas, organizando reuniones de precios convocadas por FAIM que "habrían perseguido la subordinación de parte de los pequeños molinos con la amenaza de eventuales sanciones institucionales y sus potenciales perjuicios y consecuencias económicas".

Impulsar sostuvo que FAIM "está al servicio de un oligopolio y es conducida con un estatuto que establece un mecanismo de decisión en base a la capacidad de molienda", y en consecuencia "el más grande decide y los demás acatan".

Asimismo, aseguró que Molino Cañuelas "limita, distorsiona y restringe la libre competencia en el mercado y el desarrollo de fuentes de trabajo generadas por los pequeños y medianos molinos, esenciales para el funcionamiento y la sustentabilidad de la economía nacional".

De acuerdo con el dictamen de la CNDC, "las conductas anticompetitivas imputadas tuvieron lugar en todo el territorio nacional en el período comprendido, desde el mes de octubre de 2014 hasta, al menos, el mes de abril de 2017".

Esas conductas configuraron "una práctica colusiva horizontal entre las imputadas, para la fijación de precios mínimos de venta e intercambio de información sensible, con el objeto de limitar la competencia entre las empresas molineras en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, resultando perjudicial para la libre competencia y el interés económico general", señaló Comercio Interior en la resolución.

"Un acuerdo de las características del aquí analizado requiere de un coordinador con peso suficiente en el mercado que brinde cierta estabilidad, en nuestro caso, la firma Molino Cañuelas", remarcó.

Si bien la multa fijada a la empresa fue de $150 millones, por tratarse del máximo legalmente permitido, Comercio Interior aseguró que "a partir del cómputo de un 20% sobre ventas netas de harinas de trigo para el año 2017, es decir, tomando el porcentaje mínimo del rango recomendado a nivel internacional para casos de carteles, ascendería a la suma de $1.083.806.800".

Fuente: Ámbito

El Gobierno aprobó el regreso de la actividad teatral y musical con público presencial en salas de espectáculos, el cual será habilitado por cada una de las jurisdicciones luego de siete meses y medio de inactividad por la pandemia del coronavirus.

Así lo confirmaron representantes de la actividad tras reunirse con funcionarios de los ministerios de Cultura, Salud y Trabajo mientras un grupo de actores y actrices, liderado por el bailarín Flavio Mendoza, realizaba una ruidosa protesta sobre la avenida Corrientes, en pleno centro porteño.

Durante la reunión se aprobó un protocolo que será recomendado para cada una de las jurisdicciones del país, que a su vez presentarán sus propias recomendaciones ante la Jefatura de Gabinete de la Nación.

En la reunión participaron además representantes de la actividad como miembros de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) e integrantes de la Asociación Argentina de Actores (AAA).

El encuentro se produjo tras un fin de semana en el que los representantes del sector expresaron su malestar por haber quedado fuera de las actividades autorizadas en esta nueva etapa de distanciamiento social en la región metropolitana.

Según informaron fuentes oficiales en un comunicado, este protocolo "es resultado del trabajo con las partes involucradas para atender las demandas y necesidades específicas del sector para la vuelta segura a la actividad".

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Quedó confirmado que el Rally Entrerriano volverá a correr en el presente año el fin de semana del 22 y 23 del corriente por caminos de Villa Libertador San Martin, en el departamento Diamante. Lo harán bajo un protocolo sanitario que fue aprobado por el gobierno provincial.

Será la primera fecha del Campeonato "Río Uruguay Seguro" del presente año.

Recordemos que el inicio se frustró en el mes de marzo debido a la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, debido a la Pandemia del Covid-19. En aquella oportunidad se iba a correr por caminos de la localidad de Santa Anita, en el departamento Uruguay. En los próximos días el promotor de la categoría y los organizadores de la carrera comenzarán a trabajar en el trazado que deberán realizar los autos.

Este reinicio es gracias a las gestiones que venían realizando desde hace mucho tiempo las autoridades de la categorías, quienes agradecen al intendente de la localidad de Villa Libertador San Martín, Raúl Casali, quien brindó el apoyo para que la carrera se pueda realizar.

En los próximos días se dará a conocer la programación a desarrollarse.

(fuente La Calle)

Tras el desalojo del predio de Guernica, que había sido tomado a mediados de julio, el gobierno de Axel Kicillof desligó el anuncio del subsidio de hasta $50.000 mensuales de la crisis provocada por las tomas en distintos puntos de la provincia. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, atribuyó "la confusión" a los medios y subrayó que el plan que se publicó en el Boletín Oficial bonaerense dos días antes de la desocupación por la fuerza del terreno de Presidente Perón es una actualización de programas que existen desde 2007 y que solo se utilizan para casos de extrema vulnerabilidad. Cerca del gobernador remarcaron que los usurpadores no pueden aspirar al beneficio.

"La provincia de Buenos Aires tiene un esquema de subsidios que se generó en 2007. Se habían actualizado los topes de montos por última vez en 2009, por lo que había un retraso, porque iban de $7500 a $30.000. Lo que hicimos fue actualizar los montos y los topes", explicó Larroque en declaraciones a la radio AM 750. Esa actualización lleva la suma hasta un límite de $50.000, que puede redundar en un año en un ingreso de $300.000 si el beneficiario obtiene el monto máximo previsto y por el plazo más extendido, seis meses (originalmente, está establecido para tres meses).

"Es un subsidio destinado a situaciones muy críticas. No está pensado para nada como un subsidio generalizado, pero rápidamente, al verlo en el Boletín Oficial, ciertos medios informaron mal y generaron confusión", completó el ministro al referirse al Programa de Asistencia Crítica y Habitacional, cuyos nuevos montos marca el decreto 938/2020, que se publicó en el Boletín Oficial el martes.

Más allá de los dichos del ministro, lo cierto es que, desde el primer minuto, dentro del gabinete bonaerense se sucedieron explicaciones cruzadas y en algunos casos contradictorias sobre el destino del subsidio: algunos funcionarios lo desligaron de la toma de Guernica, mientras otros señalaban lo contrario: que era un última apuesta por desactivar la toma antes del desalojo.

Fuente La Nación

Entre la noche del miércoles y esta mañana, el Gobierno finalmente dio luz verde a las aerolíneas extranjeras, que habían solicitado las autorizaciones para sus cronogramas de vuelos previstos —desde y hacia la Argentina— para noviembre. Esta semana, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Cámara de Compañías Aéreas en la Argentina (Jurca) habían enviado una carta a Paola Tamburelli, la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), reclamando por la demora en la autorización de las operaciones especiales que habían solicitado las empresas para el mes próximo, a solo cuatro días de su realización.

Desde mediados de octubre, los vuelos de cabotaje ya funcionan bajo la modalidad de vuelos regulares. Pero en el caso de los vuelos internacionales aún no fue habilitada esa modalidad y las compañías aéreas deben solicitar cada mes la autorización correspondiente para su cronograma de vuelos previsto.

El Ministerio de Transporte autorizó la reanudación de los vuelos internacionales de manera regular

"La operación de las aerolíneas requiere una preparación específica para su planificación operativa y comercial. Adicionalmente, los pasajeros confían en que los vuelos se realizarán con base en las solicitudes realizadas de manera oportuna", indicaron en la carta firmada por las autoridades de las dos cámaras.

Según adelantaron fuentes del Gobierno, este próximo viernes se publicará en el Boletín Oficial la Resolución del Ministerio de Transporte donde se pide a la Anac la aprobación de la programación de las operaciones de transporte aéreo internacional de pasajeros. Y también se considera oportuno promover la reanudación de "vuelos internacionales de manera regular", para dar certeza y previsibilidad a los pasajeros y a las operaciones proyectadas.

Algunos de los vuelos que ya fueron autorizados para noviembre son:

- Lufthansa: Tendrá tres vuelos semanales. La ruta Frankfurt-Buenos Aires los domingos, miércoles y viernes. Y la ruta Buenos Aires-Frankfurt los lunes, jueves y sábados.

- Air Europa: Un vuelo por semana Madrid-Buenos Aires.

- American Airlines: Continuará operando un vuelo diario desde Miami.

- Latam: un vuelo diario a Santiago de Chile, un vuelo diario a San Pablo y tres frecuencias semanales a Lima.

Este jueves también se publicó la reglamentación que autorizó el ingreso de turistas a través de vuelos desde países limítrofes. Según la resolución oficial, esta primera etapa será una "prueba piloto" para permitir luego nuevas flexibilizaciones. Quienes ingresen al país deberán hacerlo con un test de COVID-19 negativo, un seguro de asistencia médica y completar una declaración jurada.

La medida había sido confirmada días atrás por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. "Hemos trabajado toda la semana con el Ministerio de Salud para crear las condiciones para que esto pueda suceder. Consideramos que es una nueva etapa en la lucha contra la pandemia y creemos que representa un ingreso importante para nuestra economía", manifestó el funcionario.

De esta forma, se exceptuó de las medidas restrictivas "al servicio público de transporte internacional y a la actividad de turismo, exclusivamente a los fines de realizar una prueba piloto para la reapertura del turismo receptivo para turistas provenientes de países limítrofes que sean nacionales e extranjeros residentes en los mismos, y cuyo destino sea el Área Metropolitana de Buenos Aires".