A través de una resolución oficial, el Gobierno formalizó la declaración de emergencia agropecuaria para los productores citrícolas de la localidad de La Criolla y zonas rurales aledañas. La decisión se tomó tras evaluar los graves daños sufridos en las hectáreas de cítricos debido a fenómenos climáticos que afectaron el rendimiento y la calidad de la fruta en la presente campaña.

La medida tiene como objetivo principal aliviar la carga económica de los productores que hayan visto comprometida su capacidad productiva en más de un 50%. La declaración establece un marco de protección por un período determinado, permitiendo que los afectados puedan reestructurar sus deudas y sostener los puestos de trabajo que genera la actividad en el noreste entrerriano.

Para obtener el certificado de emergencia, los citricultores deberán completar los formularios de declaración jurada, donde se especifique el nivel de afectación de sus quintas. Este documento será indispensable para gestionar los beneficios ante los organismos públicos y entidades bancarias.

La entrada en vigencia de esta emergencia activa automáticamente una serie de herramientas de apoyo:

La Criolla es una de las zonas con mayor densidad de plantaciones de mandarinas y naranjas de la región. La pérdida de fruta no solo impacta en los dueños de las tierras, sino que reduce la demanda de mano de obra en tareas de cosecha y empaque, motor fundamental de la economía del pueblo.

Desde los sectores productivos señalaron que, si bien la ayuda estatal es un alivio necesario, el proceso de recuperación de los árboles frutales dañados puede llevar varias temporadas. Por ello, la asistencia financiera resulta vital para evitar que los pequeños y medianos productores abandonen la actividad ante la falta de recursos para afrontar los costos de mantenimiento básicos de sus establecimientos.

Respetamos la primera persona en este texto para que se pueda entender lo que vive una familia que acompaña personas con discapacidad en nuestra ciudad. “Acompañarlo es un placer enorme” Martín tiene 27 años y el acompañamiento familiar, sobre todo de mi parte como mamá, es una rutina muy cargada de horarios. A él siempre le gustó la parte deportiva, y entre sus actividades en la asociación y con sus terapeutas, los compromisos son prácticamente de lunes a lunes, porque los fines de semana también participa en algún evento deportivo.

Acompañarlo es un placer enorme para nosotros como familia. Ver que disfruta y está en lo que tanto hemos luchado y nos hemos propuesto como objetivo: que él sea independiente y pueda elegir qué quiere hacer.

Desde muy chiquito, en el ámbito de la discapacidad siempre nos pidieron muchos papeles. Entiendo que haya que presentar documentación, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Me parece bien que ahora se elimine la fecha de vencimiento en algunos casos, porque nosotros debemos renovarlo cada tantos años y, en ciertas discapacidades, eso no tiene sentido. A Martín se le vence en 2026. Cuando era bebé, el certificado era por única vez; después se renovaba cada diez años, y ahora volvería a ser único para algunos diagnósticos, lo que me parece correcto. En casos donde la condición es de nacimiento o irreversible, es irrisorio estar pidiendo la renovación constante.Sobre el veto del Gobierno Nacional

En cuanto al veto a la Emergencia en Discapacidad, para nosotros fue un golpe muy bajo. Ya desde noviembre y diciembre las prestaciones venían atrasadas. En el caso de Martín, que tiene otra obra social, vamos al día con sus profesionales, pero eso no me impide acompañar y tener empatía con otras familias que la están pasando mal.

Hace 25 años, junto con Martín, iniciamos la Asociación Síndrome de Down Gualeguay. Allí hay mamás muy preocupadas por la continuidad de los profesionales. Nosotros tenemos una profesional y varios talleristas que trabajan porque se han hecho muy compañeros de los chicos. Lo que les pagamos es gracias a lo que vendemos y organizamos en la asociación. La sociedad de Gualeguay siempre ha sido muy generosa con nosotros. Pero no todas las instituciones están igual: muchas la están pasando muy mal y reclaman lo que corresponde según la ley.

Nos apena y nos da mucha bronca que se cierren instituciones, hogares y que se rompan los equipos de trabajo que cada familia tiene con sus profesionales. La ley establece que nuestros chicos tienen que tener esas contenciones. Hay familias que no pueden defenderse por sí mismas, pero nosotros sí podemos y debemos hacer valer sus derechos.

“Hay situaciones muy graves” Como familia, no pedimos privilegios ni lástima. Pedimos que se cumplan los derechos que ya están establecidos por ley. No estamos pidiendo lástima ni que se saque dinero “de su sueldo” para beneficiar a las personas con discapacidad. Solo queremos que se cumpla la ley.

En cuanto al relevamiento que se está haciendo en todo el país sobre personas con discapacidad, estoy de acuerdo con que se realice, pero hay diagnósticos que no cambian y en esos casos no debería ser tan complejo. En nuestro caso, todos los años presentamos papeles para la obra social, tenemos todo en regla y en Gualeguay contamos con médicos que conocen cada caso.

Sin embargo, hay situaciones más graves: familias con hijos que no pueden salir de la casa, que no pueden esperar horas en una cola o trasladarse largas distancias. El trámite es presencial, con fecha asignada en una carta documento. Algunos ni siquiera recibieron esa carta por cambios de domicilio o provincia, y si no se presentan, pierden la pensión no contributiva.

Esa pensión, aunque es muy baja —menor a la mínima jubilatoria—, ayuda para pagar tratamientos que no cubre la obra social, medicamentos o cuidadores. Hay chicos que necesitan medicación constante y costosa.

Todo esto se suma a la exigente rutina de terapias y actividades. Las familias, además de organizar la vida diaria de sus hijos, tenemos que asegurarnos de cumplir con todos estos trámites para que no pierdan derechos básicos. Mi deseo es que ningún chico que realmente lo necesite pierda su pensión, y que esto sea solo un trámite más para garantizar que sus derechos sigan intactos.

La Ministra Verónica Berisso refrendó el decreto que autoriza una licitación pública por un monto de $293.700.000 destinada a la adquisición de materiales de construcción para atender situaciones habitacionales críticas en toda la provincia de Entre Ríos.

Alcance y características de la licitación

La medida, formalizada mediante el Decreto 2025-1395-E-GER-GOB y firmada por el gobernador Rogelio Frigerio, faculta a la Unidad Central de Contrataciones a efectuar el llamado correspondiente, respondiendo a una solicitud de la Coordinación de Operaciones Logísticas del Ministerio de Desarrollo Humano.

Los materiales incluidos en esta adquisición comprenden elementos esenciales para intervenciones habitacionales de emergencia: chapas, rollos de film de polietileno, tirantes, clavos y clavadoras.

Estos insumos están destinados específicamente al arreglo de techos y la realización de construcciones menores, configurando una herramienta de respuesta inmediata ante situaciones críticas que afecten a familias entrerrianas.

Marco Institucional

El decreto forma parte de los instrumentos normativos que regulan las adquisiciones del Estado provincial, estableciendo mecanismos de transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos. La medida se inscribe dentro de las competencias regulares del Ministerio de Desarrollo Social en materia de provisión de materiales para intervenciones habitacionales.

La autorización contempla los aspectos procedimentales necesarios para el desarrollo del proceso licitatorio, desde la publicación del llamado hasta la adjudicación final, siguiendo los lineamientos establecidos en la legislación provincial de contrataciones. 

Representantes de la Coordinación de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la provincia asistieron a productores de La Paz en el procedimiento de rendición de los ANR otorgados en el marco de la Emergencia Agropecuaria 2023.Se realizó una reunión de trabajo entre agentes del Ministerio de Desarrollo Económico y productores de la zona de las localidades de La Paz, Ombú, San Gustavo, Colonia 3 y 14, y San Ramírez, que tramitaron la Emergencia Agropecuaria 2023 de Agricultura Familiar, y que han recibido o están por recibir el subsidio por las pérdidas declaradas.El encuentro fue en la Sociedad Rural de La Paz. En las siguientes semanas, se seguirán haciendo visitas a los distintos territorios a los que pertenecen los productores alcanzados por los aportes, con el objetivo de asistirlos en esta etapa y de conocer las adquisiciones realizadas.En la oportunidad, los representantes del gobierno provincial asistieron a los productores en el procedimiento de rendición de los fondos, canalizando consultas y dudas sobre el llenado de formularios, el destino de los fondos, y los plazos y vías de presentación de la documentación requerida en las respectivas ventanillas.Participaron la coordinadora de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Valeria Mosetich, junto a su equipo técnico; y el presidente municipal de La Paz, Walter Martin, acompañado por el secretario de Desarrollo Social, Josías Garnier, y un legislador de la localidad.A partir del 5 de junio, el gobierno provincial inició el pago de los aportes no reembolsables correspondientes a la Emergencia Agropecuaria 2023. Se comenzó por la zona norte de la provincia, por tratarse de la más castigada por la sequía.Por Agricultura Familiar, los productores que declararon pérdidas y que estuvieron en condiciones de acceder al subsidio son 707 en total, los cuales se distribuyen de la siguiente manera según los departamentos: 350 de La Paz, 184 de Feliciano, 59 de Victoria, 18 de Nogoyá, 18 de Tala, 17 de Federación, 17 de Paraná, 13 de Colón, 10 de Diamante, 8 de Federal, 5 de Concordia, 3 de San Salvador, 2 de Uruguay, 2 de Villaguay, y 1 de Gualeguaychú.Las principales actividades productivas contempladas son ganadería, tanto bovina como ovina y caprina, horticultura y apicultura.

Durante la quinta sesión ordinaria del 145° periodo legislativo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se declara el estado de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria en el ámbito de la provincia de Entre Ríos hasta el 31 de diciembre de 2024.

El objetivo de la norma, que se trató sobre tablas, es “garantizar la atención básica de la alimentación a través de la provisión de alimentos de calidad y la nutrición adecuada, priorizando la atención de la población en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de subsistencia”.

En ese sentido, se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar contrataciones directas, al tiempo que se dispone un incremento de los créditos y partidas presupuestarias vigentes para las políticas alimentarias y se autoriza a realizar ampliaciones y modificaciones al Presupuesto con un incremento de un 50% como mínimo.

Además, la ley crea la Mesa de Diálogo Social en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano, como órgano de participación y consulta, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo, las universidades, las organizaciones sociales e integrantes de la Mesa Contra el Hambre de Entre Ríos.

El presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), sostuvo: “La alimentación es un derecho fundamental para el desarrollo y está muy ligada al derecho a la vida y a la dignidad humana. Al mismo tiempo, la inflación es un flagelo que nos atraviesa a todos, que daña fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Fue del 20,6% en enero y 254% interanual, el índice más alto de los últimos 33 años”.

Sarubi explicó que cuando asumió el actual gobierno provincial encontró 20.000 módulos alimentarios y ningún proceso licitatorio abierto, siendo que en 2023 la demanda había sido de 107.000 módulos. Agregó que las licitaciones demoran por lo menos seis meses, lo cual hace que fracasen debido al aumento de precios.

Laura Stratta (Más para Entre Ríos) argumentó: “Esta es una declaración de emergencia de las más urgentes, porque el deterioro en la calidad de vida de grandes sectores de la población se vio impactado muy fuertemente debido a la devaluación abrupta que implementó el presidente Javier Milei”. Resaltó además los aportes realizados por su sector político en el Senado.

Julia Calleros (Fe y Libertad), Roque Fleitas (La Libertad Avanza) y Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) manifestaron el acompañamiento de sus bloques a la iniciativa. En el mismo sentido se expresaron Carolina Streitenberger (Juntos por Entre Ríos) y Silvia Moreno (Más para Entre Ríos).

Educación pública

Por otro lado, se aprobaron distintos proyectos de declaración y de resolución. Entre estos últimos, los que peticionan al gobierno nacional por el financiamiento para las universidades, presentados desde los bloques Juntos por Entre Ríos y Más para Entre Ríos.

El tema estuvo presente también en el turno de los homenajes. Fabián Rogel (Juntos por Entre Ríos) se refirió a la defensa de la educación pública. En ese sentido, Laura Stratta reivindicó la manifestación popular de esta semana.

Asimismo, se refirieron al tema los diputados Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos), Vilma Vázquez (Juntos por Entre Ríos), Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos), Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), Carola Laner (Juntos por Entre Ríos), Roque Fleitas, Liliana Salinas y Julia Calleros.

Esta alerta se realiza a pedido de la autoridad judicial que lleva adelante la investigación penal (debe haber denuncia oficial).

La difusión pública de la información vinculada a la desaparición no debe perjudicar la integridad de la NNyA, por eso es orientada a través de afiches específicos, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales y medios de comunicación de todo el país, A nivel internacional cuenta con el apoyo del Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC).

El caso Sofía Herrera: Sofía desapareció a la edad de 3 años, el 28 de septiembre de 2008, en un camping en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Su búsqueda continúa vigente.

¿Hay que esperar 24/48 horas para denunciar una desaparición? NO. La denuncia se puede hacer inmediatamente en la sede de la Policía, Fiscalía o Juzgado más cercano. En todos los casos están obligados a tomar la denuncia y dar una copia. En caso de negativa llamar al 134 (es una línea nacional).

El denunciante puede ser o no pariente de la persona desaparecida. No hay límite en cuanto a la jurisdicción -puede ser en la jurisdicción donde desapareció la NNyA o la del denunciante-.

¿Que se pide? Datos personales de la persona buscada: nombre, apellido, edad, DNI, domicilio, teléfonos de contacto del denunciante y la persona buscada. Foto actual y todos los datos relevantes vinculados a la ausencia. 

Luego de la denuncia hay que notificar el caso al Ministerio de Seguridad de la Nación llamando al 134.

Si la persona aparece, dar aviso a las autoridades y bajar la búsqueda de redes sociales y medios donde se difundió. 

En todo el mundo, muchos NNyA desaparecen cada año y no son encontrados. Huidos, secuestrados por parientes o por otras personas son actos difíciles de prevenir y tienen graves consecuencias para los niños/as afectados.

Pueden identificarse dos grandes tipos de desaparición: Fugitivos: NNyA que dejan voluntariamente sus hogares, sus familias de acogida o las instituciones en las que viven y Secuestros. Estos últimos pueden ser parentales, ocurren por el desplazamiento de uno o de varios niños por uno de los progenitores sin el consentimiento del otro, y puede incluir llevarlos al extranjero.

El secuestro de NNyA por uno de los padres suele tener muchas consecuencias dañinas. Cuando es a corto plazo, puede sentirse como si tuviera que elegir entre los progenitores, pensando que ha traicionado al otro, o incluso sentir que es la causa del problema.

Cuando el secuestro es de larga duración, el daño para el niño es más grave. Lejos de su otro progenitor y su centro de vida, el NNoA se encuentra aislado, no tiene nada a lo que aferrarse y, con frecuencia, pierde la capacidad de desarrollarse socialmente y de crear vínculos. 

Otras modalidades de NNyA desaparecidos suelen ocurrir después de desastres naturales (por ejemplos el terremoto de Haití en enero de 2010, las inundaciones en Pakistán en agosto de 2010 o el tsunami en Japón en marzo de 2011, inundaciones de Brasil en febrero de 2023).

En Europa es importante tener en cuenta la desaparición de NNyA extranjeros no acompañados que huyen de su lugar de origen sin un adulto responsable.

Por último, la pedofilia, conducta enmarcada dentro de los delitos contra la integridad sexual de los NNyA en nuestro Código Penal. 

Fuentes consultadas: Ministerio de Seguridad de la Nación. Decreto 1093/16. Título III del Libro Segundo del Código Penal Argentino.  Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.  Artículo 18, párrafo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que “si bien se realizaron reuniones para elaborar el proyecto de reglamentación de la Ley de Enfermería, éstas no están dando resultados concretos” y advirtieron que “desde el Ministerio de Salud no se toman las definiciones necesarias para que la reglamentación avance”.Es por eso que desde el sector enfermería, pasados seis meses desde la sanción de la ley, definieron declararse en estado de alerta en todo el ámbito provincial.“Es urgente que se convoque a una reunión donde asisten autoridades del Ministerio de Salud con la suficiente representación para avanzar en los puntos concretos y no se siga dilatando la puesta en vigencia de esta ley”, enfatizaron.Cabe destacar que la ley se sancionó el 27 de octubre y se promulgó el 11 de noviembre del año pasado.

Fuente: APF Digital

De ese modo, la Comisión Nacional de Emergencia y/o Desastre Agropecuario dio cuenta de los perjuicios de la sequía que acechó a la región entre diciembre y enero. Así, los productores de las cadenas productivas primarias contemplados en la emergencia provincial serán alcanzados por los beneficios nacionales que se materializan en asistencia para recuperar capital de trabajo.El ministro de Producción, Juan José Bahillo, definió: “Dimos un detallado análisis de la situación, con fotografías, datos precisos que incluyen estimaciones de pérdidas, en especial en las actividades agrícolas, pecuarias y frutihortícolas. La información surgió del trabajo propio del gobierno, junto a INTA y la Bolsa de Cereales”, definió Bahillo.La Ley Nacional de Emergencia contempla la implementación de una prórroga del vencimiento del pago de los impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta, y a los Bienes Personales mientras dure el período de emergencia. Además, activa el plan de emergencia estipulado en el programa permanente de deuda exigible con un plazo de hasta 48 cuotas, suspende el plazo de la emergencia la iniciación de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados por los contribuyentes incluidos en el decreto; los juicios que estuvieran en trámite para el cobro de impuestos deberán paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado y cuando se produzcan ventas forzosas de hacienda se podrá deducir el 100% de los beneficios derivados de esas ventas en el Impuesto a las Ganancias.

En el marco de un nuevo encuentro de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, este miércoles los ministros de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo y de Economía, Hugo Ballay se reunieron con representantes de las gremiales del campo, entidades académicas y científicas.En el foro abordaron la evolución de las actividades primarias impactadas por la sequía de este verano y los medios generados para asistirlos luego de la declaración del Estado de Emergencia Agropecuaria en la provincia que dispuso el gobernador Gustavo Bordet.“Queremos ser parte del cambio cultural en el sector agropecuario para que, en el futuro, los daños de los eventos climáticos puedan superarse a través del cobro de una póliza de seguro. Trabajamos muy fuerte en ese sentido junto a las organizaciones del agro y los expertos del Instituto del Seguro”, sentenció el ministro de Producción, Juan José Bahillo, en el marco de un nuevo encuentro de la Comisión de Emergencia Agropecuaria que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones.Bahillo ponderó la batería de medidas dispuestas por mandatario, quién en enero se reunió con los dirigentes del campo y, como dijo, en menos de 48 horas gestionó una línea de créditos por 800 millones de pesos garantizada por el Estado entrerriano y a tasa subsidiada, incluso de cero en el primer año.

Al abordar el diseño de una póliza de seguro que cubra las inversiones en capital de trabajo que realizan los productores en las principales cadenas de valor, desde el Instituto del Seguro dieron a conocer las variantes en estudio, para dar la mayor protección posible. “Nuestro objetivo es ejecutar una política de Estado para dejar atrás la Emergencia Agropecuaria; con un seguro bien aplicado los productores deben estar tranquilos con que su trabajo está protegido. A esa situación debemos llegar con el aporte de todos los sectores involucrados”, determinó Bahillo. 

   Las actividades alcanzadas por esta medida son las explotaciones agrícolas de maíz y sorgo, ganaderas bovina, caprina y ovina, tamberas, hortícolas, pecaneras, citrícolas y forestales de toda la provincia.   A partir de esta declaración, Administradora Tributaria de Entre Ríos dispone de la facultad para diferir impuestos y establecer planes de pago especiales de los vencimientos del anticipo único y los anticipos 1º y 2º del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2022 a una fecha posterior al 31 de agosto del 2022.   La decisión se adoptó a instancia de la Comisión de Emergencia Agropecuaria que concluyó que "los daños sufridos en la producción agrícola y ganadera, como consecuencia del déficit hídrico acaecido a partir del mes de mayo del 2021, agravó con las altas temperaturas en algunos casos, superando registros históricos".   El procedimiento establece que "los productores agropecuarios afectados deberán presentar una declaración jurada ante el Ministerio de Producción, conformada por un profesional de las Ciencias Agropecuarias y avalada por una entidad público/privada representativa y/o vinculada al sector afectado y quedará sujeta a la verificación individual por parte de las áreas específicas de la Secretaría".   Luego la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia las recibirá durante 60 días corridos a partir de hoy y verificará los daños producidos, para aprobar la presentación.   Por su parte, se informó que el Ministerio de Producción gestionará ante el Poder Ejecutivo Nacional los instrumentos necesarios para la declaración de emergencia y de acuerdo a los alcances del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios- Ley N° 26.509.   La Comisión de Emergencia Agropecuaria Provincial indicó que la sequía de "carácter imprevisible y/o inevitable conforme estimaciones realizadas, ha provocado en muchos casos daños considerables a la producción o capacidad productiva de las actividades correspondientes".   Añadió que esta situación "impactó por un lado en los cultivos estivales, principalmente de maíz y sorgo lo cual acarrea consecuencias en otras actividades productivas de la provincia, tales como la ganadería mayor y menor de carne y leche".   Acerca del sector forestal se evaluó que "la provincia sufrió por consecuencia de la sequía el incendio de un importante número de hectáreas ocasionando pérdidas irreparables en plantaciones de más de 10 años de edad".   Por otra parte, un relevamiento provincial con referentes de cada región indicó que "el 90 % de los encuestados refiere una situación de sequía con serio compromiso de las reservas hídricas en su región". 

La medida se tomó en función del riesgo extremo de incendios en todo el territorio nacional. En la provincia se trabaja intensamente en el combate de focos en la costa del Uruguay y en el Delta.

En la reunión que se realizó ayer de manera virtual, el Cofema declaró la emergencia ígnea en todo el territorio nacional en función del riesgo extremo de incendios a efectos de prevenir y mitigar los daños ambientales personales patrimoniales. Además, se solicitó respetuosamente al presidente Alberto Fernández a sumarse a la iniciativa.

Por Entre Ríos participó el coordinador del Plan de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, Mauro Andrés Rodríguez.

La emergencia fue declarada por el plazo de 12 meses y se insta al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en coordinación con las autoridades provinciales, a tomar las medidas excepcionales que fueran necesarias.

También se solicitó autorizar los mecanismos administrativos y las partidas presupuestarias que fueren menester en forma excepcional para robustecer las acciones que la emergencia requiera.

India aprobó este martes el uso de emergencia de la vacuna del laboratorio estadounidense Novavax, producida en el país asiático por el Instituto Serum de la India (SII); y la nacional Corbevax, que se suman a otras cinco fórmulas que emplea el país para luchar contra el Covid-19.

Las autoridades además notificaron la aprobación de la licencia de uso para el tratamiento oral para el Covid-19 Molnupiravir, desarrollada por la farmacéutica estadounidense Merck Sharp & Dohme (MSD), anunció el ministro de Salud indio, Mansukh Mandaviya.

"Para fortalecer aún más la lucha contra la covid-19 (...) se han concedido tres aprobaciones en un solo día: la vacuna Corbevax, la vacuna Covovax y el medicamento antiviral Molnupiravir para uso restringido en situaciones de emergencia", indicó en Twitter.

Corbevax, la fórmula hecha por la empresa india Biological-E, es la segunda fórmula que consigue una licencia de uso en la India, junto con Covaxin, el suero producido por el laboratorio indio Bharat Biotech y el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR), cuyo permiso fue otorgado en enero de este año.

Merck asegura que su Molnupiravir redujo el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente un 50 por ciento. India acaba de aprobar su uso de emergencia. Archivo.

Corbevax es la primera fórmula autorizada en el país hecha en base a subunidades del dominio receptor-obligatorio (RBD por sus siglas en inglés) o el "pico" de la proteína, responsables del surgimiento de nuevas mutaciones, lo que según los estudios podría producir una respuesta más especifica para evitar el asiento del virus.

Por su parte Covovax, como se denomina en el país la fórmula de Novavax que fabrica Serum, se suma al portafolio del mayor productor de vacunas del mundo, que también se encarga de manufacturar en la India la fórmula anti-covid de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, que se produce en el país asiático bajo el nombre de Covishield.

El medicamento que se fabrica en la ciudad india de Pune, gracias a un acuerdo con el laboratorio norteamericano, "muestra datos excelentes en el grupo de edad de hasta tres años" en las pruebas clínicas, aseguró Serum recientemente.

Por otra parte la licencia de uso para el medicamento antiviral Molnupiravir, supone el primer tratamiento oral aprobado en la India y su uso estará destinado a pacientes adultos con Covid-19 con un alto riesgo de progresión de la enfermedad.

Las autoridades ya habían dado licencias de uso de emergencia para Covaxin, Covishield, la fórmula rusa Sputnik V, y las estadounidenses Moderna y Johnson & Johnson para tratar de impulsar la campaña de inmunización en el país, que comenzó a mediados de enero y que es vista por las autoridades indias como la única esperanza para erradicar el virus.

Desde que la India comenzó esta ambiciosa campaña se han administrado más de 1.400 millones de dosis, 7,2 millones de ellas en las últimas 24 horas; y 587 millones de personas han recibido la pauta completa, sobre un total de 1.350 millones de habitantes.

El país trata ahora de contener la propagación de la nueva variante del coronavirus Ómicron, que ya suma 653 casos pese a que las infecciones generales se mantienen a la baja, con 6.358 contagios y 293 muertes notificadas en las últimas 24 horas, según el último parte de las autoridades indias.

El Gobierno autorizó "con carácter de emergencia" la aplicación de la vacuna rusa Sputnik Light, la cual consta de una única dosis y sería efectiva contra la variante Ómicron. La medida se anunció a través de la Resolución 3451/2021, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión de aprobar este inoculante, que al igual que la Sputnik V, es producido por el Instituto Gamaleya, fue firmada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y se tomó "de conformidad con las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)".

Las autoridades argumentaron que la Dirección de Evaluación y Registros de Medicamentos informaron que "los resultados de la evaluación de la eficacia y seguridad" de este fármaco avalan que el mismo "es seguro y eficaz contra la COVID-19 en personas mayores de 18 años".

Además, señalaron que "se ha desarrollado un sistema de vigilancia que permite detectar los eventos supuestamente atribuidos a vacunas e inmunizaciones (ESAVI) y realizar un correcto análisis y clasificación de los mismos".

Asimismo, remarcaron que la ANMAT "ha recibido de manera secuencial la información correspondiente, según lo establecido por el procedimiento para la autorización de emergencia, en relación con el cumplimiento de los estándares requeridos por la autoridad regulatoria de las plantas elaboradoras, el desarrollo y la elaboración de los productos, su certificación en el país de origen y el cumplimiento de los estándares de calidad".

Al respecto, precisaron que con la Sputnik Light "no se han presentado eventos adversos graves, ni se han identificado diferencias significativas en la eficacia observada en los diferentes grupos etarios que participaron de los ensayos clínicos".

"En este contexto y dada las características de los procesos de desarrollos de las vacunas en situaciones de pandemia, se ha establecido un Plan de Gestión de Riesgos por parte del Ministerio de Salud en su calidad de adquirente, que permite el monitoreo y la recolección de información relacionada a la seguridad y eficacia del producto y el registro de posibles efectos adversos o clínicamente significativos, acorde a los establecido en los esquemas vigentes", se aseguró.

Recientemente, el Instituto Gamaleya afirmó que tanto la Sputnik V como la Light son efectivas contra la nueva variante Ómicron, surgida en África y que ya está presente en varios países, incluida la Argentina, donde este domingo por la noche se registró el primer caso de un infectado con esta mutación del coronavirus.

El organismo ruso explicó que ambos inoculantes "han demostrado ser altamente efectivos contra todas las mutaciones hasta ahora conocidas" e incluso confió en que no será necesaria ninguna modificación del preparado, aunque anunció que comenzó a "desarrollar la nueva versión" que va a estar específicamente diseñada para combatir este linaje.

En tanto, la prestigiosa revista médica The Lancet publicó un estudio científico del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú en el que sostuvo que la vacuna rusa de monodosis tiene un alto perfil de seguridad y genera una fuerte respuesta inmune celular y humoral contra el coronavirus.

De acuerdo con esta investigación, el fármaco desencadenó una respuesta inmune en personas que no tenían anticuerpos (seronegativas) y en aquellas que se recuperaron de la enfermedad (seropositivas).

Para llegar a esta conclusión, los expertos midieron la inmunidad humoral específica del antígeno (anticuerpos) y la seguridad (número de participantes con eventos adversos monitoreados durante todo el estudio) hasta el día 42 después de la vacunación.

En la Resolución publicada este lunes, el Gobierno argentino destacó que la ANMAT "acredita sólida experiencia en la vigilancia de la seguridad de medicamentos en general y, en lo que respecta a vacunas, ha dispuesto un plan específico para la vigilancia".

"Por lo antes dicho y teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ha recomendado, a través de su informe IF-2021-115547776-APN-ANMAT#MS, otorgar la Autorización de Emergencia de la vacuna Sputnik Light del laboratorio Centro Nacional de Investigaciones Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Ministerio de Salud de la Federación de Rusia, teniendo en cuenta que esta vacuna actualmente se presenta como una herramienta terapéutica segura y eficaz de acceso para que nuestro país baje la mortalidad, reduzca la morbilidad y disminuya la transmisibilidad de la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-Cov-2″, se concluyó en los considerandos.

El hecho ocurrió en la tarde de este viernes cuando el aeroplano matrícula LV-FIU, de la empresa El Pájaro, debió hacer un aterrizaje de emergencia mientras volaba sobre la zona haciendo publicidad.

Según el relato del piloto, se detuvo el motor en pleno vuelo, por lo que resolvió aterrizar en el campo de deportes del Club Pucará, ubicado en las calles Falucho y España, de Burzaco, en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros del caso precisaron a Télam que, pese a que la avioneta sufrió daños por la violencia de la caída, su piloto resultó ileso.

En diálogo con TN, el presidente de Pucará remarcó que el accidente ocurrió minutos antes de que comenzara un entrenamiento en la cancha, lo que evitó que hubiera heridos.

"Fue una avioneta que estaba trabajando haciendo publicidad en el aire. Por lo que me cuenta el piloto, se le para el motor, lo logra arrancar y se le vuelve a parar el motor. Ahí empieza a buscar un lugar donde aterrizar", explicó Gustavo Jorge.

Y desarrolló: "Quería llegar al Brown de Adrogué, pero vio que no llegaba y viendo que habían chicos en la cancha de rugby, que está ahí muy cerquita, fue para el lado de la cancha de hockey (donde finalmente aterrizó)".

En este sentido, remarcó que se trató de una desgracia con suerte, dado que no había gente en el predio y que el piloto no salió herido. Además, aseguró que tanto Defensa Civil, como los bomberos y la Policía arribaron al lugar minutos después del accidente.

"El piloto es joven y estaba muy asustado. Por lo que entiendo hizo una buena maniobra: impactó sobre una tribuna, que en media hora más había gente mirando el entrenamiento. Después golpea con un alambrado perimetral y ahí en seguida se clava", detalló sobre el suceso y añadió que cerca del predio, a 70 metros, hay varias casas.

VIDEO | Así fue el aterrizaje de emergencia de la avioneta de El Pájaro en una cancha del Club Pucará de Burzaco#4Medios pic.twitter.com/oAAazYB00V

Según lo registrado por las cámaras del club, la avioneta planeaba en paralelo a la cancha. Al estrellarse, los primeros que llegan son los chicos que se encontraban en la cancha de rugby. "Curiosos, fueron enseguida a ver aunque habláramos para que no vuelvan a hacerlo. Ahí se acerca un entrenador de hockey que estaba en el banco de suplentes armando el entrenamiento", dijo Jorge.

Y concluyó: "En el lugar habían otras zonas donde podría haber aterrizado en donde hay más espacio, Incluso estamos armando una nueva cancha, en la que en los alrededores no hay nada. Pero no sabemos si no lo vio o si no pudo llegar ahí", finalizó acerca de las posibilidades del piloto.

Tras el hecho, fuentes confirmaron que no hubo grandes destrozos y que no hubo ningún herido. El conductor fue asistido rápidamente y se encuentra en buen estado.

Esta conjetura no se deriva de la mera crisis de un país, de un continente o de una cultura, sino del conjunto de todo eso que llamamos civilización. A su vez, un período de crisis nos pone en estado de emergencia: emergencia educativa, ecológica, económica (entre hambre, deuda externa-eterna e inflación), emergencia en la familia y, por ende, en su capacidad para transmitir valores... Podemos afirmar que en la tradición profética del Antiguo Pueblo de Dios existieron tres etapas frente al deterioro de la cultura religiosa y civil: la amenaza previa al exilio, la invitación al consuelo, la exhortación a la reconstrucción.

Por tres instancias distintas y complementarias transitó la profecía en Israel. En un momento se necesitó la amenaza para prevenir, luego el consuelo para sanar las heridas de la catástrofe y la valentía para rehacer. (La gran catástrofe del Pueblo Hebreo fue la destrucción de Jerusalén y el destierro al comienzo del siglo VI (A C)). San Agustín de Hipona, en el norte de África, sufrió también la crisis y la decadencia del imperio romano de occidente en el siglo V de nuestra era: Tres fueron los factores de ese declive de la gran civilización de la Latinidad: la decadencia de la moral en las familias y en los dirigentes, las invasiones de los bárbaros con interminables guerras y la devaluación de la moneda que trajo grandes deterioros al comercio y modificó, por tanto, las condiciones del trabajo.

Este santo entonces, profundo conocedor de su cultura y del Evangelio, penitente y converso fruto de la oración de su Madre Mónica y de la predicación de San Ambrosio de Milán, vivió con mucho dolor la crisis de la civilización a la que pertenecía.

Pero - desde el silencio personal y eclesial- tomando lo mejor del mundo latino al que pertenecía y la fuerza del humanismo cristiano, supo ser profundamente creativo ante la adversidad hasta tal punto que fue uno de los grandes gestores del nuevo tiempo que vino con el auge de las universidades europeas y de los nuevos reinos medievales del viejo mundo.

Como los viejos profetas de Israel, también San Agustín fue hombre del llamado a la conversión, dispensador de verdaderos consuelos, constructor de nuevos tiempos. Nosotros, discípulos misioneros de este nuevo milenio, estamos llamados a ser profetas que anticipen otra civilización: la del "amor y la verdad", decía Juan Pablo II, el santo.

Para la emergencia educativa tendremos que cultivar la verdad, la firmeza y la ternura. Para la emergencia ecológica, la frugalidad y la solidaridad intergeneracional. Para la emergencia económica, la búsqueda de la justicia y la fraternidad. Para la emergencia familiar, el arte de los buenos vínculos entre varón y mujer y entre las generaciones.

Para la crisis de valores, una gozosa disciplina que nos dé la percepción de lo bueno y lo bello. ¡Ya puedo empezar a ser un profeta de la reconstrucción como Ageo, Zacarías o como el querido Agustín! ¡Ya debo comenzar a ser servidor de la nueva civilización! No veré la nueva civilización, pero seré "raíz enterrada que algún día ha de brotar".

Pbro. Jorge H. Leiva

La vicegobernadora Laura Stratta encabezó este martes la apertura del Consejo Federal de Gestión del Riesgo y Protección Civil, cuyo tema central será la emergencia hídrica por la bajante del río Paraná.

El Consejo Federal de Gestión de Riesgo sesionó en Paraná el martes y continuó ayer miércoles 4 de agosto con la presencia de las Regiones NEA y Centro.

La agenda tuvo como eje fundamental la emergencia hídrica declarada por la bajante histórica del río Paraná respecto de la que, además de trabajar sobre el diagnóstico y análisis de la situación, se expone el Plan de Coordinación operativa para NEA y Centro y la función que el sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (SINAME) cumple ante esta situación y su relevancia para la articulación interjurisdiccional.

En la apertura la vicegobernadora, Laura Stratta, definió: "El desafío que tenemos es el de seguir construyendo la agenda federal con el compromiso muy fuerte del presidente de la Nación y de la vicepresidenta, de sus ministras y ministros, y también con la responsabilidad que tenemos en cada una de las provincias, de empujar para que esta agenda se materialice luego en hechos concretos".

"Trabajar hoy en la emergencia hídrica para nosotros como entrerrianos y entrerrianas es trascendente porque tiene un impacto ambiental en nuestras comunidades y porque nos parece que trabajando de manera articulada es importante para que podamos generar respuestas integrales a este contexto histórico que nos necesita con mucha responsabilidad y compromiso, abordando con seriedad el impacto que tiene este fenómeno", subrayó.

En este marco, mencionó: "El gobernador Bordet decía ayer que esta bajante es histórica en la provincia de Entre Ríos, no solamente por lo bajo que está nuestro río, por el tiempo que lleva esta bajante y el impacto que tiene para la vida".

Un grupo de santafecinos, oriundos de Villa Gobernador Gálvez, pescó un surubí de unos 40 kilos en el río Paraná. Según contaron, el espécimen fue capturado en la localidad de Aldea Brasilera, del departamento Diamante.

Ariel Albil, quien posa en la foto comentó a MediosIntegrales de Santa Fe: "Fue a caña y desde la orilla. Para sacarlo tuvimos que subir y acompañarlo en lancha, luché y trabajé, una hora y media. Para que se canse y poder sacarlo", resaltó el afortunado pescador.

En Entre Ríos están habilitadas actividades de paseos en el agua, en parques y reservas naturales, viñedos, recorridos de avistaje y de pesca, y también los complejos termales.

Declararon la "emergencia hídrica" por la bajante del Paraná

El presidente Alberto Fernández declaró el "Estado de Emergencia Hídrica" por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, ante la histórica bajante que se registra en esa región.

La declaración de la Emergencia Hídrica, instrumentada a través del decreto 482/2021 que se publicó en el Boletín Oficial, faculta al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su carácter de presidente del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, a "delimitar las áreas afectadas por la emergencia".

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó un plan de pagos de hasta 90 cuotas para productores, empacadores, comercializadores e industrializadores de la cadena citrícola.

La medida de alivio fiscal se instrumentó mediante la Resolución General 5030/21, publicada este viernes en el Boletín Oficial, como parte de la emergencia sectorial para las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán.

Los distintos actores de la cadena citrícola podrán cancelar las obligaciones vencidas al 19 de junio de 2021, permitiéndose regularizar deudas impositivas y de la seguridad social, entre otros tributos.

La AFIP instrumentó el plan de pagos en el marco de la emergencia citrícola dispuesta por la ley 27.507, sancionada en mayo de 2019, y extendida por la ley 27.569 de octubre de 2020.

En la resolución general 5030/21 se detallan las características del plan de facilidades de pago, que tendrá hasta 90 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, y una tasa de financiamiento efectiva mensual del 1%.

Los interesados en adherir al régimen deberán ingresar a la web institucional www.afip.gob.ar, al sistema denominado "Mis Facilidades", en la opción "Plan Emergencia Económica para la Cadena de Producción de Cítricos".

Las características, funciones y aspectos técnicos para su uso se especifican en el micrositio "Mis Facilidades".

Una vez ingresado al sistema, se deberá convalidar, modificar, incorporar y/o eliminar las obligaciones adeudadas a regularizar.

Posteriormente, se tendrá que elegir el plan de facilidades de pago conforme al tipo de obligación que se pretende regularizar y seleccionar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) a utilizar.

Una vez confirmada la deuda, se calcularán los intereses resarcitorios y punitorios correspondientes, quedando para el final el envío del plan y la descarga, a opción del contribuyente, el formulario de declaración jurada 1003 junto con el acuse de recibo de la presentación realizada.

En el artículo 2 de la resolución se especifican las obligaciones fiscales que quedarán excluidas del régimen, entre las que se destacan el IVA y el impuesto adicional de emergencia sobre e precio final de venta de cigarrillos.

Tampoco podrán incluirse las cuotas destinadas a las Aseguradores de Riesgos del Trabajo (ART), las contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) o Agrarios (RENATEA), al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, las retenciones y percepciones de los recursos de la seguridad social.

Luciana Pighín tenía 19 años y era oriunda de Malabrigo, en la provincia de Santa Fe. La joven padecía fibrosis quística y falleció este miércoles 21 de julio en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires, donde esperaba un trasplante de pulmones. Luciana estaba desde la semana pasada en emergencia nacional cuando su estado se agravó notablemente.

Luciana tenía 19 años y estudiaba psicopedagogía en Reconquista. Hasta el 16 de julio pasado permaneció internada con asistencia respiratoria en el Sanatorio Reconquista por su cuadro de fibrosis quística. Luego fue trasladada en ambulancia hasta el aeropuerto de la III Brigada Aérea donde la esperaba un avión sanitario que la llevó a Buenos Aires, donde esperaba el trasplante que nunca llegó a concretarse.

Este miércoles a las 18:00 los padres de Luciana recibirán el cuerpo para iniciar el traslado hacia la ciudad de Malabrigo, donde será la despedida final en el cementerio el jueves 22 a las 11:00. El comisario Sergio Pighín, padre de Luciana, posteó esta mañana en su cuenta de Facebook, "En tan solo días se me fueron estos dos pilares mi viejo primero y hoy mi compañera de mates y charlas mi hija una luchadora un ángel con el corazón más grande del mundo vuela alto hija y que brille para vos la luz que no tiene fin".

Este Agmer ratificó que el proceso educativo seguirá dándose en el marco de la virtualidad en función de la emergencia sanitaria.

Agmer, a través de un comunicado, señaló que "a pesar de las presiones, las operaciones y las amenazas de la patronal y de sectores partidarios irresponsables que recurren al escrache y los aprietes mediáticos y en redes sociales las y los docentes y los equipos directivos venimos sosteniendo con firmeza la decisión colectiva de garantizar la tarea escolar desde la no presencialidad. La docencia entrerriana tiene muy claro que el mandato urgente en estos momentos es el cuidado y la protección de la salud y la vida de nosotros, nuestros estudiantes y nuestras familias".