El mercado laboral argentino continúa mostrando señales de deterioro. Según el último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, el empleo asalariado formal privado acumuló en julio de 2026 su decimocuarto mes consecutivo de caída.

El relevamiento señala que, en comparación con julio de 2025, el empleo asalariado formal total retrocedió un 1,5%, equivalente a la pérdida de aproximadamente 155.000 puestos de trabajo. Si se toma como referencia noviembre de 2023, la reducción acumulada alcanza los 370.000 empleos.

En julio se registraron alrededor de 9.100 puestos asalariados formales menos que en junio, mientras que el sector privado perdió 12.700 empleos durante ese mes.

El informe advierte que la contracción del empleo se concentra especialmente en actividades vinculadas con la producción y el consumo interno.

Durante julio, el comercio perdió aproximadamente 3.800 puestos de trabajo, la industria manufacturera registró una reducción de 2.800 empleos y la construcción sufrió una disminución de 2.200 trabajadores.

Desde noviembre de 2023, el sector privado formal acumula 266.000 empleos menos, una caída del 4,2%. De esta manera, la cantidad de trabajadores registrados en empresas privadas regresó a niveles similares a los de mayo de 2014.

Uno de los aspectos que destacan los investigadores es la diferencia entre la evolución de la actividad económica y la generación de empleo. Mientras la actividad se ubicó un 2,2% por encima del nivel de noviembre de 2023, el empleo privado formal disminuyó más de un 4% en ese mismo período.

El deterioro laboral también se refleja en el poder adquisitivo de los ingresos.

Según el estudio de la UBA y el Conicet, el salario mínimo, vital y móvil perdió un 40,8% de su capacidad de compra entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026.

En términos reales, se encuentra por debajo de los niveles registrados en 2001 y presenta su valor más bajo desde junio de 2003. Además, representa aproximadamente un tercio del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011.

Actualmente, el salario mínimo establecido para octubre de 2026 es de 391.200 pesos mensuales, de acuerdo con la escala oficial del Gobierno nacional.

El informe presenta una situación dispar entre los trabajadores privados y los empleados públicos.

La remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado cayó un 0,4% real en julio, aunque las estimaciones preliminares de agosto anticiparon una recuperación del 1,3%.

En cambio, los salarios del sector público registraron en agosto una pérdida acumulada del 15,3% de su poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023.

Estas diferencias reflejan que la evolución salarial no es uniforme y que el deterioro del salario mínimo no necesariamente coincide con el comportamiento de todas las remuneraciones.

La persistencia de la caída del empleo registrado constituye uno de los principales desafíos económicos del país.

La disminución de puestos laborales en la industria, el comercio y la construcción genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre el consumo, la actividad de las pequeñas y medianas empresas y los ingresos familiares.

El panorama también plantea interrogantes sobre la capacidad de una eventual recuperación económica para traducirse en nuevos empleos formales.

Los datos difundidos por la UBA y el Conicet muestran que, pese a la mejora de determinados indicadores de actividad respecto de noviembre de 2023, la recuperación del empleo privado registrado continúa pendiente. Fuente NA

A octubre de 2026, el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) se consolida como una herramienta clave para el desarrollo productivo de Entre Ríos. El programa cuenta con 180 proyectos elegibles, lo que representa una inversión comprometida de 266,75 millones de dólares y la creación de 2.930 puestos de trabajo directos.

La iniciativa es gestionada por el Ministerio de Desarrollo Económico, bajo la conducción de Guillermo Bernaudo, a través de la Secretaría de Industria, liderada por Catriel Tonutti. Según datos oficiales, el 77% de los proyectos corresponde a ampliaciones de empresas ya instaladas, mientras que el 23% restante se vincula con nuevos emprendimientos.

Al respecto, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la importancia de la previsibilidad para el sector privado:

El Estado tiene que ser un facilitador de todo este proceso y estas decisiones de inversión.

El mandatario provincial añadió que el Estado debe facilitar las decisiones empresariales para quienes buscan ampliar su actividad en la provincia. En cuanto a la distribución sectorial, la industria concentra el 58,3% de las iniciativas, seguida por el turismo con el 9,2%, la cría de aves y el transporte con el 7,4% cada uno, y la fibra óptica con el 5,5%.

Entre los casos destacados se encuentra la empresa Nogopaint, en Seguí, que recibió la certificación para una inversión superior a los 255 millones de pesos destinada a maquinaria e infraestructura. Diego Pietroboni señaló que este paso permite trasladar beneficios a la producción, mientras que Carlos Pietroboni detalló innovaciones en productos con material reciclado. Por otro lado, el Grupo Motta, a través de Calisa 2 en General Racedo, proyecta una inversión de 45 millones de dólares para fortalecer su capacidad exportadora en el sector avícola.

El RINI ofrece beneficios fiscales que incluyen exenciones de hasta el 100% en impuestos provinciales, reintegros energéticos y acceso a garantías del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer), con una vigencia de 15 años prorrogables.

En diálogo con El Debate Pregón, el delegado de la Dirección Provincial de Trabajo en Gualeguay, Mauricio Balbuena, adelantó los ejes operativos de la medida y subrayó que la primera fase requiere la adhesión de los sectores comerciales e industriales. "Este programa es una herramienta que lanza el Gobierno de Entre Ríos para acompañar a los jóvenes, principalmente mayores de 18 años que no tengan trabajo, para que puedan tener su primera experiencia laboral", explicó Balbuena.

Una oportunidad para las empresas con respaldo de Provincia

El programa permite que las empresas participen en la formación práctica de los jóvenes, con actividades definidas y un tutor responsable de acompañar el aprendizaje. El entrenamiento no genera una relación laboral con el establecimiento y no puede utilizarse para reemplazar puestos de trabajo existentes. La Provincia asume la totalidad del estímulo económico (beca) y la cobertura del seguro de accidentes personales. "No implica ningún riesgo para las empresas, todo lo contrario: las becas son directamente financiadas por el Gobierno de Entre Ríos y el seguro se hace cargo la Provincia", aclaró el funcionario. "Las empresas no tienen una relación laboral con el trabajador, sino una función de tutor para enseñarle a trabajar".

La carga horaria contemplada es de hasta 20 horas semanales (con jornadas de hasta 4 horas diarias, de lunes a viernes). El monto de la beca será informado una vez que lo establezca la Secretaría de Trabajo. El delegado remarcó que se tratará de una retribución adecuada para motivar el inicio de la trayectoria profesional.

¿Cómo funcionará la inscripción?

La dinámica exige un paso previo imprescindible: que comercios, talleres, PyMEs e industrias formalmente constituidas se den de alta en la plataforma digital "Mi Entre Ríos". Allí deberán registrar sus propuestas de entrenamiento y los perfiles que buscan formar.

Posteriormente, la plataforma habilitará la inscripción para los aspirantes en cada localidad. De este modo, los jóvenes de Gualeguay podrán visualizar las oportunidades de entrenamiento disponibles y postularse según sus intereses de formación. "Las dos partes se controlan: si un joven entra para capacitarse como administrativo, la empresa debe enseñarle esa función y no asignarle tareas ajenas", enfatizó Balbuena, destacando la importancia del seguimiento para garantizar el carácter formativo del entrenamiento.

Una puerta de entrada al empleo formal

El programa forma parte de la política de empleo impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, que busca articular al Estado con el sector productivo para generar oportunidades concretas de inserción laboral. La iniciativa es llevada adelante por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, que conduce Manuel Troncoso, y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a cargo de Mariano Camoirano.

Además de brindar oportunidades de formación y experiencia laboral, la iniciativa busca acercar a los jóvenes al empleo formal. En ese sentido, Balbuena adelantó que la Provincia trabaja en una instancia complementaria orientada a facilitar la posterior contratación de los participantes, con el propósito de "ayudar a que las empresas puedan incorporar definitivamente a estos trabajadores".

El mercado laboral de Entre Ríos mostró un comportamiento dispar durante el último año, con diferencias entre los principales centros urbanos de la provincia y una disminución del empleo privado registrado. Así lo indica un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos, que analizó los principales indicadores laborales y previsionales.

El estudio se basa en el procesamiento de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) Total Urbano correspondientes al tercer trimestre de 2025 y se complementa con información oficial sobre empleo registrado privado, empleo público y sistema previsional al primer trimestre de 2026.

Uno de los principales hallazgos del informe es la evolución desigual del mercado laboral entre los distintos aglomerados urbanos entrerrianos. En el Gran Paraná se observó una mejora interanual de las tasas de actividad y empleo, acompañada por una leve disminución de la desocupación. En contraste, Concordia registró una caída tanto en la actividad como en el empleo, mientras que la desocupación aumentó. En el resto de la provincia también crecieron la actividad y el empleo, aunque con un leve incremento de la tasa de desempleo.

El documento también señala que los asalariados continúan siendo la principal categoría ocupacional en los tres aglomerados evaluados, y advierte que la informalidad laboral continúa afectando con mayor intensidad a los trabajadores jóvenes, con diferencias tanto por género como por región.

En materia de empleo formal, el informe indica que Entre Ríos contabilizó en marzo de 2026 un total de 135.567 trabajadores asalariados privados registrados. Esto representa una reducción de 1.365 puestos de trabajo respecto de marzo de 2025.

Con estos números, la provincia registra 93 empleados privados cada 1.000 habitantes, un indicador que la ubica por debajo de Santa Fe, con 138 trabajadores privados por cada 1.000 habitantes, y de Córdoba, con 129.

El relevamiento también muestra una disminución del empleo público provincial. Durante marzo de 2026 se registró una caída interanual del 1,3%, equivalente a 1.143 agentes menos que en igual mes del año anterior.

De esta manera, Entre Ríos pasó a tener 60 empleados públicos cada 1.000 habitantes, dos menos que un año atrás. A su vez, el gasto en personal de la Administración Pública Provincial alcanzó los $202.365 millones, con un gasto promedio de $2.295.406 por trabajador.

En cuanto al sistema previsional, el informe señala que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos contabilizó en marzo de 2026 un total de 66.458 jubilados y pensionados, lo que representa un incremento interanual del 2,3%.

Al sumar los beneficiarios previsionales y los empleados públicos activos, el estudio concluye que actualmente 154.619 personas dependen del Estado provincial. Frente a este escenario, el IIES sostiene que fortalecer el empleo privado formal resulta clave para mejorar la sostenibilidad del mercado laboral entrerriano, garantizar el equilibrio del sistema previsional y contribuir a la estabilidad de las cuentas públicas de la provincia.

El Gobierno nacional oficializó este martes un nuevo incremento salarial para distintos sectores de la Administración Pública Nacional que se desempeñan bajo regímenes especiales, mediante el Decreto 553/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La medida, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, establece nuevas escalas salariales, adicionales y viáticos que comenzarán a regir de manera escalonada a partir del 1° de julio y del 1° de agosto de 2026.

La decisión traduce en valores concretos el acuerdo alcanzado el pasado 18 de junio en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional (APN), que dispuso un nuevo incremento retributivo para sectores que no están comprendidos en el escalafón general de la administración pública.

La normativa alcanza a trabajadores de instituciones educativas nacionales, docentes, personal del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), integrantes de la Curia Castrense, personal militar destinado en la Antártida, agentes del Servicio Exterior de la Nación y profesionales del Tribunal Fiscal de la Nación, entre otros sectores específicos.

Uno de los sectores alcanzados es la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, que tendrá nuevas escalas salariales desde julio y agosto: el cargo de Rector percibirá $222.053,90 desde julio y $226.272,93 desde agosto; el de Regente, $195.066,14 y $198.772,39; y el de Ayudante de Trabajos Prácticos, $118.658,48 y $120.913.

El valor de la hora cátedra para el personal docente de la Administración Central y organismos adheridos quedará fijado en $8.650 desde julio y $8.815 desde agosto. En el caso del ISER, dependiente del ENACOM, el cargo de bedel tendrá una remuneración de $118.132 en julio y $120.377 en agosto, mientras que los adicionales remunerativos quedaron en $7.502 y $7.644 para los docentes, y en $55.695 y $56.754 para los bedeles.

El plus salarial por prestación de servicios en la Antártida Argentina, que percibe el personal militar destinado en ese territorio, ascenderá a $1.539.083 desde el 1° de julio y a $1.568.326 a partir del 1° de agosto.

La norma también modificó la tabla de viáticos del personal del Servicio Exterior de la Nación y de quienes ocupan cargos extraescalafonarios. Entre Ríos quedó encuadrada dentro de la región Noreste Argentino (junto con Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco), cuyo monto diario pasará a $55.301 en julio y $56.351 en agosto, el mismo valor que percibirán quienes viajen a la Región Metropolitana de Buenos Aires.

El resto de las zonas quedó así: Zona Sur (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), $96.700 y $98.537; Noroeste Argentino (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja), $79.192 y $80.697; Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis), $79.192 y $80.697; y Región Centro (Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa), $66.114 y $67.370.

El decreto también actualizó las remuneraciones de la Curia Castrense: el Obispo Auxiliar o Vicario Castrense percibirá $1.907.227 desde julio y $1.943.464 desde agosto; el Vicario General y Moderador de la Curia, $1.589.373 y $1.619.571; y el Secretario General Castrense, $1.198.387 y $1.221.156. También se ajustaron los haberes del Asesor Eclesiástico, el Coordinador Administrativo y el Secretario o Notario de Curia.

En el Tribunal Fiscal de la Nación, se actualizó la Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional en tres categorías: la primera, integrada por profesionales con posgrado y responsabilidades directas en sentencias de fondo, percibirá $890.556 desde julio y $907.476 desde agosto; la segunda, $518.067 y $527.910; y la tercera, $248.434 y $253.154.

Según indicó el organismo, la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público será la encargada de dictar las normas complementarias para la implementación de los nuevos valores. El último ajuste para estos sectores se había realizado en marzo pasado, también de manera escalonada.

El diputado nacional Gustavo Bordet presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para crear el "Régimen Nacional de Promoción del Empleo Joven", una iniciativa destinada a fomentar la inserción laboral formal de jóvenes de entre 18 y 28 años mediante incentivos a las empresas, capacitación y articulación entre el sistema educativo y el sector productivo.

"El trabajo formal no es solamente un ingreso: es dignidad, integración social y posibilidad de construir un proyecto de vida. Argentina necesita volver a vincular educación, producción y empleo", expresó el legislador entrerriano.

La propuesta tiene un fuerte anclaje en una experiencia desarrollada con resultados positivos en Entre Ríos durante la gestión de Bordet como gobernador, donde se impulsaron políticas de articulación entre el Estado provincial, el sector privado y las instituciones intermedias para promover la incorporación laboral de jóvenes entrerrianos.

El proyecto nacional busca reducir la informalidad laboral juvenil, facilitar el acceso al primer empleo formal y generar incentivos concretos para la contratación de jóvenes en sectores productivos estratégicos.

Según se destaca en los fundamentos, la desocupación juvenil duplica los índices generales y gran parte de quienes logran insertarse laboralmente lo hacen en extremas condiciones de informalidad. La iniciativa también pone el foco en la necesidad de fortalecer las economías regionales, promover el arraigo juvenil y recuperar la relación entre educación, producción y trabajo.

La iniciativa de Bordet prevé, entre otras herramientas, una reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales durante los primeros 18 meses de contratación y una reducción del 50% durante el año siguiente.

Además, incorpora programas gratuitos de capacitación técnica, formación en oficios, educación financiera, inteligencia artificial y herramientas digitales, junto con mecanismos de articulación entre escuelas técnicas, universidades y sectores productivos.

La iniciativa también crea un Registro Nacional de Empleo Formal Joven y promueve beneficios adicionales para las empresas que incrementen efectivamente su nómina de trabajadores registrados.

"Tenemos que volver a construir un horizonte de oportunidades para nuestros jóvenes. Hoy miles de chicos y chicas estudian, se esfuerzan y aun así no logran acceder a un trabajo formal. El empleo joven debe ser una prioridad estratégica para el desarrollo argentino", señaló Bordet.

La iniciativa retoma el espíritu del Programa de Promoción del Empleo Industrial Entrerriano, implementado durante su gobierno junto a la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), cámaras empresarias y distintos actores del sector productivo. Aquella experiencia fue destacada como un modelo exitoso de articulación público-privada, promoviendo instancias de capacitación e inserción laboral para jóvenes de distintos puntos de la provincia.

"El Estado no puede mirar para otro lado frente a la precarización laboral juvenil. Pero tampoco alcanza con discursos. Hace falta generar incentivos reales para que las empresas incorporen trabajadores jóvenes y para que esos jóvenes puedan acceder a empleo registrado, capacitación y perspectiva de futuro", sostuvo el exgobernador.

El proyecto buscará abrir un debate sobre políticas activas de empleo orientadas especialmente a las nuevas generaciones y al fortalecimiento del entramado productivo nacional.

En un contexto nacional difícil para la industria, Entre Ríos logra diferenciarse. Según el informe de Coyuntura Industrial elaborado por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), durante 2026 el empleo industrial registrado en la provincia creció un 0,5% interanual, mientras que el promedio nacional mostró una caída del 3,6%.

El secretario de Industria provincial, Catriel Tonutti, señaló que los números reflejan el impacto de medidas concretas. "Detrás de esos números hay medidas prácticas. Entre Ríos cuenta con un Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) que ya proyecta 2.000 empleos privados y comienza a materializarse en inversiones reales dentro del territorio provincial", destacó.

El funcionario también mencionó otros factores que contribuyen al resultado: una actualización impositiva por debajo de la inflación, la energía eléctrica más accesible de la Región Centro y el diálogo permanente con el sector empresarial.

El dinamismo también se refleja en el sector exportador. Las exportaciones entrerrianas cerraron 2025 con un récord histórico de 2.116 millones de dólares, impulsadas principalmente por productos primarios y manufacturas de origen agropecuario.

Desde el gobierno provincial destacaron que los resultados responden a una política sostenida de acompañamiento al sector productivo, basada en incentivos a la inversión, mejora de la competitividad y diálogo permanente con las empresas.

El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral a través del Decreto 315/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida apunta a reducir la informalidad laboral ofreciendo a los empleadores del sector privado una rebaja en las contribuciones que deben pagar al Estado por cada trabajador que incorporen en relación de dependencia.

El principal beneficio es la reducción de las alícuotas de contribuciones patronales durante los primeros 48 meses —cuatro años— desde el inicio de cada nueva relación laboral. El esquema apunta a aliviar los costos de contratación y estimular la incorporación de personal en blanco.

La norma está orientada a la contratación de trabajadores que no tenían empleo formal previo o que se encontraban desempleados al momento de ser incorporados, incluyendo monotributistas y personas que habían trabajado en el sector público. Las nuevas incorporaciones deben realizarse entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027 para que el empleador pueda acceder a los beneficios previstos.

El decreto también establece que los empleadores que se hayan registrado recientemente en el sistema pueden incluir hasta el 80% de su nómina bajo este régimen, siempre que cumplan con los requisitos fijados por la ley.

Un punto importante es que los trabajadores incorporados podrán seguir teniendo ingresos de otras actividades económicas sin que eso afecte los beneficios que recibe el empleador, lo que amplía el alcance del programa.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de implementar los mecanismos de control y liquidación del régimen. La Secretaría de Trabajo podrá dictar normas complementarias para garantizar su aplicación correcta.

Si un empleador incumple las condiciones establecidas, perderá automáticamente los beneficios y deberá reintegrar las contribuciones no abonadas con los intereses y sanciones que correspondan.

El decreto también prevé la articulación con programas sociales y laborales existentes, mediante el intercambio de información entre organismos, para facilitar la transición de trabajadores hacia el empleo formal sin que pierdan beneficios que ya perciben.

El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral se enmarca en la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial de este lunes.

Sobre la foto actual Morchio enmarcó su posición en un diagnóstico estructural del mercado laboral argentino. “Primero los números reales del sistema laboral hoy. Hay 22 millones de argentinos en condiciones de estar trabajando. 10 millones de esos trabajan en negro. 10 millones trabajan en blanco. 2 millones están desempleados. De los 10 millones que trabajan en blanco, tres millones son empleos públicos. Es decir que algo hay que cambiar. Tenemos una ley que es del año 1974 (yo no había nacido todavía). Evidentemente hoy no está dando los resultados esperados.”

Para el legislador, el sistema laboral argentino tiene un problema estructural que combina garantías robustas con exclusión masiva. “Analizando la ley, primero pensemos cuál es la realidad del sistema laboral argentino hoy: es un sistema con derechos y garantías laborales robusto, comparado con otros países es un sistema que da derechos y garantías. Eso es bueno. ¿Qué es lo malo? Que hay un montón que quedan afuera”.

Tres objetivos concretos Uno de los ejes centrales de su argumentación fue la litigiosidad: “Después tiene una alta litigiosidad laboral que es traumática para el empleado y también para el empleador. Si vos pensás a veces cómo hacés para pagar una indemnización impensada o cómo hacés para aguantar siendo empleado que te paguen hasta que termine el juicio, es malísimo tener una alta litigiosidad tanto para el empleador como para el empleado. ¿Para quién es bueno esto? Para los abogados que se dedican a eso y para los sindicatos porque usufructúan eso. Ahora, ¿en quién tenemos que pensar? ¿En los empleadores y en los empleados o en los abogados que se dedican a la litigiosidad laboral y en los sindicatos? Yo creo que en los primeros”.

Otro de los puntos que destacó fue el costo tributario del empleo formal. “Vos tenés que el costo tributario en Argentina es el 34% y el promedio en los países de la OCDE es 22%. O sea, que tenés un altísimo costo tributario, que con esta ley baja un 6,8% y se lleva al 27%. Sigue estando arriba del promedio, pero por lo menos es más bajo que lo anterior.”

Según Morchio, el proyecto apunta a tres objetivos concretos: “Primero busca que haya más gente en blanco. Hay una moratoria laboral que creo que va a funcionar. Busca bajar la litigiosidad laboral, que por sí es algo bueno. También va a fomentar que haya más gente en blanco porque vos vas a tener menos miedo siendo empleador PYME de que un juicio te haga perder el restaurant como el caso que todos supimos. Y bajar la carga tributaria laboral. Esas tres cosas son las que creo que ganás acá y por eso es que yo apoyé con mi voto este proyecto de ley”.

Las licencias por enfermedad y los tiempos de debateEl diputado también hizo referencia a modificaciones realizadas durante el tratamiento legislativo. “Hubo un artículo estúpido que se metía con las licencias por enfermedad. Era el único con el cual yo me oponía. Gracias a Dios en Diputados se sacó ese artículo y volvió al Senado. Lo que nosotros aprobamos no incluía ese artículo.”

Consultado sobre los tiempos de debate, admitió tensiones entre dinámica política y trabajo legislativo. “Creo que los tiempos que manejan los oficialismos a veces se basan en las posibilidades políticas de sacar la ley y los tiempos legislativos deberían requerir mucho más trabajo en comisión. También te digo que las comisiones se han vuelto proclamas políticas, con lo cual tampoco hay tanto trabajo en comisión. Ahora, cuando realmente se hacen trabajos en comisión para aportar, para consensuar, yo estoy a favor de eso.”

Frente a quienes sostienen que la reforma no garantiza generación de empleo, fue tajante. “Es una estupidez pensar que una ley puede generar trabajo. Lo que genera trabajo son las condiciones económicas y el rumbo que tenga el país. Ahora, hay señales y un norte que se hace a través de leyes. Si el país mejora, va a mejorar las condiciones de empleabilidad en ese sentido.”

Y agregó: “Vos tenés un montón de gente que está pensando si viene a invertir acá o va a invertir a otro lado y de acuerdo a las leyes laborales que haya lo va a hacer o no. Pero sobre todo ese mundo para mí es medio lejano, yo no los conozco a esos tipos. Pero sí conozco a los tipos que tienen una PYME, que muchas veces dicen ‘no me animo a tomar uno más en blanco por el riesgo que me genera’. Si vos tenés previsibilidad en los riesgos y se genera un fondo, vos no tenés que salir a vender el local para pagar la indemnización”

Críticas a su voto El legislador sostuvo que su voto recibió críticas previsibles.

“Hay una buena manera de saber a quién beneficia y a quién perjudica un proyecto de ley: es ver quién te critica. Este proyecto de ley, tanto el proyecto como mi voto, recibió muchas críticas de los sindicalistas, de los kirchneristas y de los abogados, no de todos, de los que se dedican a fomentar los conflictos laborales. Entonces yo tengo la tranquilidad que yo no represento a esa gente. Es más, estoy seguro que no me votaron.”

Sin generalizar, hizo una salvedad: “S rescato al ´Dr Enzo Cabrera, con quien no coincido, pero no incurre en ninguna falacia demagógica cuando hace su explicación, sino en una argumentación sólida desde el punto de vista de la ley. No quiero meter a todos en la misma bolsa”. También cuestionó a sectores de la oposición. “Muchos viven del conflicto empleado-empleador. No solo algunos abogados o sindicalistas, hay diputados que deben sus bancas a esas teorías”. En esa línea comparó con otros debates recientes. “Es lo mismo que con la ley de inimputabilidad de menores. Si vos tenés un oficialismo que hace dos años que está ahí y trae una propuesta para cambiar las cosas y la oposición hace 20 años que gobierna y no hizo nada, todo se vuelve estéril. Porque es como decirte ‘a partir de hoy me voy a empezar a portar bien’. Tuviste 20 años portándote mal.”A quién representa en el Congreso

Finalmente, definió desde qué lugar dice representar en el Congreso. “Yo vengo de otro mundo, del mundo del trabajo y la producción. Donde el empleador y el trabajador se ven las caras todos los días. Se conocen, quieren que al otro le vaya bien porque así a él le va a ir bien. Ese es el mundo de las pymes y es el mundo laboral de hoy, no el de 1974. A esos empleados y empleadores que quieran trabajar y crecer es a quienes represento en mi banca.”

Y cerró con una reflexión sobre el debate público: “Sé que cuando suban esta nota a las redes del diario algunos aprovecharán para atacar con las barbaridades de costumbre. Solo deseo, aunque sea, que no solo lean el título, sino que lean la nota completa”.

Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondientes a mayo de 2025, se registró una caída neta de 4.800 empleos públicos y una reducción del 0,3% en los salarios del sector. En contraste, el sector privado formal incorporó 6.000 nuevos puestos en el mismo período.

El informe también detalla que en mayo se perdieron en total 20.000 empleos formales respecto al mismo mes de 2024, lo que representa una baja del 0,2%.

El IIEP advierte que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) continúa perdiendo poder adquisitivo. En julio de 2025 cayó un 0,5% real, acumulando un deterioro del 32% entre noviembre de 2023 y la actualidad.El estudio recuerda que, en términos históricos, el salario mínimo real se ubica por debajo del nivel de septiembre de 2001 (antes de la crisis de la convertibilidad) y un 62% por debajo de su máximo de septiembre de 2011.

Actualmente hay alrededor de 10,1 millones de trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, entre los sectores privado, público y casas particulares.El IIEP concluye que, pese a pequeñas fluctuaciones mensuales, el empleo asalariado formal total se mantiene en niveles similares a los de diciembre de 2024, aunque con una marcada pérdida en la administración pública.

En estos días, un comerciante local expuso la situación del sector en los medios. Un resumen de lo que dijo tiene que ver con la fuerte presión impositiva (cincuenta por ciento del precio son impuestos); los recargos que absorben los comerciantes por la venta digital; la falta de control por parte de Rentas, AFIP, ni tampoco locales. También destacó que vienen cerrando comercios en lo que va del año y que las páginas de venta online, sin local a la calle ni empleados ni impuestos representan una competencia desleal. Si a eso se le suma la presencia de supermercados extranjeros sin control, esto va a llevar primero a reducir la planta de empleados y después cerrando los negocios. A continuación, un informe exclusivo de El Debate Pregón con datos que profundizan el panorama.

Sobre la situación económica del comercio, un informe del Instituto de Estadísticas de la Provincia marca que en lo que va del año las ventas en supermercados cayeron un quince por ciento en Entre Ríos (de 49.000 a 42.000 millones en el primer cuatrimestre). Si esa es la caída en comida, se especula que en el resto de los productos es mayor aun la retracción.  El mismo organismo informa un aumento por encima del treinta por ciento en alquileres en lo que va del año, y una variación interanual por encima del doscientos por ciento. Pagar por un local y encima no vender se convierte en una bomba de tiempo.

Estos factores, sumados a la caída del poder adquisitivo de los argentinos (sólo Venezuela tiene peor salario en dólares en Latinoamérica según Bloomberg) empujan al consumidor a buscar oportunidades y a muchos comerciantes a la informalidad. Un dato que apoya este diagnóstico es que la recaudación Provincial por Ingresos Brutos (en términos reales, deflactados) presentó una variación negativa (-5,9%) en lo que va del año. Baja la recaudación y se presiona cada vez más a los que cumplen sin premiarlos por hacer las cosas bien.

Respecto a los controles, se combinan una serie de situaciones. Desde el Gobierno Nacional es harto conocido que la delegación local de AFIP ha sido degradada y pasó a depender de Gualeguaychú. Eso tiene consecuencias en la cantidad de empleados y también en el tema de las inspecciones. Por lo que pudo saber este medio, los inspectores que hacen controles a nivel local en la mayoría de las ocasiones provienen de Gualeguaychú y de Paraná. En general, la bajada a nivel nacional también tiene que ver con buscar a los que ya tienen CUIT y presionar sobre ellos. Existen no sólo pequeños emprendedores, sino también grandes fortunas en nuestra ciudad que no están inscriptas y que no declaran absolutamente nada a la vista de todo el mundo.   Otro tema relacionado  tiene que ver con el origen de la mercadería que se comercializa. No es lo mismo tener todo en regla que obtener la mercadería a través de fraude y sin controles en puertos y aeropuertos.  

Por último, en relación a la instalación de supermercados extranjeros no hay legislación ni ordenanza que lo prohíba. Desde el oficialismo señalaron que existen artilugios legales que impiden presentar una normativa local que los limite. También que se trabaja en normativas que faciliten la inscripción de los comercios locales. Desde el sector sindical plantearon que la falta de controles en ese sentido también es notable.  

Mientras tanto, muchos comercios locales sienten la presión y se van achicando hasta despedir los empleados, o en el peor de los casos, desaparecer. 

El Gobierno nacional informó que logró reducir en un 9,6% el empleo público entre diciembre de 2023 y abril de 2025, lo que representa la desvinculación de 47.925 trabajadores estatales. Según el informe elaborado por la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, este recorte permitiría un ahorro anual total estimado en US$1.885 millones.

De acuerdo al documento oficial, los mayores recortes se produjeron en la Administración Pública Nacional (APN), donde el personal disminuyó un 13,7%, y en las empresas estatales, con una baja del 16,4%.

El análisis detalla que el impacto fue desigual según el tipo de vínculo laboral. Los empleados de planta permanente y transitoria cayeron un 8%, mientras que los contratados bajo la Ley Marco (Ley 25.164) bajaron un 20%. El ajuste más severo se observó entre los contratados como LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17), cuyo número se redujo en un 55,2%.

En términos económicos, el Gobierno estimó que solo en sueldos, la poda de personal público genera un ahorro anual de US$942,5 millones. Sin embargo, al considerar también los costos operativos asociados —como espacio de oficina, equipamiento y servicios—, el monto se duplica: el ahorro total proyectado asciende a US$1.885 millones anuales.

El informe detalla, además, el ahorro segmentado por tipo de contrato:

Ley Marco: US$231 millones en sueldos y US$462 millones en total.

Planta permanente y transitoria: US$254 millones en sueldos y US$508 millones en total.

Contratos LOYS: US$67 millones en sueldos y US$134 millones al sumar infraestructura.

Desde el Ministerio de Desregulación señalaron que estas medidas “reflejan el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público” y anticiparon que “la estrategia se profundizará en los próximos meses, con nuevas reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan funciones esenciales”.

El recorte forma parte del plan de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei, quien desde su campaña sostiene como bandera la idea de un Estado más chico y eficiente. En este marco, el informe oficial reafirma que la llamada “motosierra” continuará siendo una herramienta clave de la actual administración.

La cantidad de empleados públicos se redujo en 19.223 personas entre diciembre de 2023 y abril del 2024, según datos del INDEC.

En diciembre habí 33.784 empleados y a abril había caído a 322.250.

El dato confirma el ajuste en las plantillas de empleo público implementado por el gobierno de Javier Milei. 

En esta oportunidad, Mauro, Walter y Exequiel realizan un entrenamiento en la Dirección de Ambiente Sustentable, a cargo de Verónica Gómez.

Los jóvenes se encuentran realizando tareas en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU), recolectando y clasificando los materiales que son obtenidos dentro de la Campaña "Gualeguay + Limpia". Se destaca la tarea que desempeñan ya que participan activamente con el cuidado del ambiente.

Es importante recordar que dicho programa está dirigido a mayores de 18 años con certificado de discapacidad vigente que busquen empleo y/o capacitación.

Aquellos interesados, deben acercarse a la Oficina de Empleo, ubicada en Segundo Gianello e H. Yrigoyen, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00hs. Allí recibirán asesoramiento y se les informará sobre las convocatorias vigentes.

En octubre de 2022, quince provincias tuvieron  un crecimiento del empleo registrado superior al 5%: Catamarca, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Misiones, San Luis, Chaco, Santiago del Estero, La Pampa, Río Negro, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Buenos Aires.El informe presenta un segundo grupo de distritos que registraron alzas entre el 2% y el 5%. En este grupo se encuentra las provincias de Entre Ríos, Jujuy, Corrientes, Santa Cruz y Salta.En tanto CABA, Mendoza y Chubut cerraron en niveles cercanos al equilibrio.

Los datos relevados por el Ministerio de Trabajo muestran que en octubre se generaron 17.171 puestos de trabajo registrados en el sector privado, lo cual implica un 0,3% de crecimiento con respecto a septiembre y una continuidad de 22 meses consecutivos de crecimiento. 

Fuente: APF

En esta oportunidad, Talia Aquino realiza un entrenamiento en “Supermercado El Rey”. Ante esto, desde el Municipio aseguran que “Es importante recordar que dicho programa está dirigido a mayores de 18 años con certificado de discapacidad vigente que busquen empleo y/o capacitación”

Aquellos interesados, deben acercarse a la Oficina de Empleo, ubicada en Segundo Gianello e H. Yrigoyen, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00hs. Allí recibirán asesoramiento y se les informará sobre las convocatorias vigentes.

Por más información, dirigirse a la oficina antes mencionada o comunicarse al teléfono (03444) 15 535511 o al mail OEGUALEGUAY@trabajo.gob.ar.

Luego de la firma del acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, precisó que "el trabajo que concluimos hoy con ATE y UPCN, es un perfeccionamiento de los instructivos anteriores para poder iniciar proceso de recategorizaciones”, y subrayó que el objetivo es “jerarquizar la carrera de la administración pública”.El funcionario provincial detalló que en este instructivo plantea que "el tener una capacitación, y por otro lado, una trayectoria sin mácula, le permitirá al empleado público contar con una mejor categoría dentro de la administración pública”, y adelantó que “beneficiará a miles de trabajadores y trabajadoras de la administración provincial, y mejorará sus ingresos”.“Lo que busca el gobernador es contar con un Estado eficiente, moderno y transparente, que sus empleados y empleadas puedan formarse, crecer y tener remuneraciones adecuadas. Por eso estamos muy conformes con el trabajo que desarrollamos este año en el que llegamos a acuerdos paritarios por encima de la inflación y a acuerdos como este que sientan las bases para un mejor desarrollo de la carrera de la administración pública”, concluyó Labriola.Beneficio para miles de trabajadoresAl respecto, Secretario de Organización de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Víctor Hugo Sartori, señaló que los sindicatos suscribieron un instructivo con la representación del gobierno provincial, como parte de los acuerdos paritarios, donde "miles de trabajadores se van a beneficiar con una recategorización a nivel general que va a abarcar al conjunto".En ese sentido, precisó que "hay una serie de pautas objetivas, que se basan en antigüedad, capacitaciones y responsabilidades funcionales. Se ha avanzado sobre el instructivo de 2018, producto de la negociación, y estamos satisfechos, si bien quedará otra etapa de regularización".Por su parte, la Secretaria Adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, señaló que "independientemente del tiempo que lleve el proceso, el instructivo se va a aplicar a partir del 1 de enero de 2023, lo cual significa una garantía de que todos los trabajadores a esa fecha van a tener reconocida la categoría que le corresponde".Luego consideró que "la discusión de las recategorizaciones nos pone en camino a discutir más que un proceso estanco, sino que hablamos de políticas de Estado porque ya llevamos varios procesos de recategorización; y los trabajadores que a veces iniciaban y se jubilaban con la misma categoría hoy no dependen de la voluntad o subjetividad de ningún funcionario para poder llevar adelante este proceso".Por otro lado, detalló que "se han contemplado varios escalafones, no sólo el general, sino también Salud Mental y agentes sanitarios, comprendiendo al conjunto de los trabajadores".Como uno de los puntos incorporados, mencionó una cláusula que indica "que si el trabajador no fue recategorizado en 2018 y tampoco lo es en el 2022 porque no entra dentro de los parámetros, igualmente va a recibir una categoría. También se hace hincapié en la parte superior del escalafón y que pueda llegar con menos cantidad de años a la categoría indicada; con esto no sólo beneficiamos a los trabajadores más antiguos, sino también al que está más cerca de jubilarse".“Estamos conformes con el avance de la paritaria, rescatamos el ámbito paritario como una instancia fundamental para debatir las condiciones laborales de los trabajadores y los salarios. Porque las recategorizaciones son salarios. De manera que creemos que al finalizar el año, en un 2022 muy difícil, terminar con recategorizaciones implica un esfuerzo de las dos partes, tanto de los sindicatos como del gobierno, en beneficio de los trabajadores", concluyó Domínguez.

Esta primera liquidación corresponde a las incorporaciones de personal que se haya realizado en el período comprendidos entre agosto, septiembre y octubre de este año.El director General de Industria, Cristian Kaehler, destacó la importancia del programa y su adhesión, al tiempo que mencionó que “este programa es una herramienta lanzada por el gobierno provincial en un trabajo mancomunado y por sugerencia de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), que busca generar 1.500 puestos de trabajo, en el que el gobierno de la provincia pagará a las industrias el equivalente a entre el 50% y 80% de un salario mínimo vital y móvil (hoy entre 27.000 y 43.000 pesos aprox.) por cada empleado incorporado durante 1 año”.Asimismo, el funcionario remarco que “todas aquellas industrias que deseen adherirse al programa tienen tiempo hasta el 31 de enero de 2023, siendo fecha tope para ingresar a la primera liquidación el 31 de octubre (correspondientes al primer trimestre del programa)”.

A través de la Subsecretaría de Fomento y Empleo provincial, se tramita la adhesión al programa Registradas (Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social), que estará vigente hasta el mes de diciembre.El programa consiste en la transferencia por parte del Estado nacional de una suma por mes equivalente al 50 o 30 por ciento de la remuneración neta mensual declarada por el empleador al momento de la inscripción al programa. Será por un monto de hasta 15.000 pesos, y tendrá una vigencia de seis meses desde el momento del alta de la trabajadora.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre permanecerá abierta la inscripción para el programa Registradas, que se tramita en la Subsecretaría de Empleo y Fomento provincial a cargo de Mariela Ponce, y tiene como objetivo reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares.