En la audiencia desarrollada el martes 20, los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano respondieron a los planteos formulados por los abogados defensores del ex gobernador Sergio Urribarri y del empresario Diego Armando Cardona Herreros. El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, dictó un cuarto intermedio y comunicará su resolución tras la notificación de la Oficina de Gestión de Audiencias.

La defensa, representada por Miguel Cullen, Ignacio Díaz y José Velázquez, había cuestionado aspectos del proceso. Sin embargo, los fiscales rechazaron los pedidos por considerarlos extemporáneos. Argumentaron que no existe diferencia alguna en los montos atribuidos que afecte el derecho de defensa o el debido proceso.

Sobre la hipótesis de que los hijos de Urribarri poseían capacidad económica propia, la fiscalía sostuvo que la evidencia colectada indica que las compras de inmuebles, refacciones y viajes al exterior fueron adquiridos por Cardona Herreros, a quien señalan como testaferro del ex mandatario. Según la acusación, los gastos eran descontados del patrimonio de Urribarri, tal como surgiría de la documentación secuestrada en allanamientos realizados en Buenos Aires, Concordia y Paraná.

Respecto a las pericias contables, los fiscales señalaron que las conclusiones del informe realizado por una contadora del Ministerio Público Fiscal y un perito de parte coinciden en los montos. Al respecto, los funcionarios expresaron:

Aunque no figuren a su nombre, el beneficiario era Urribarri.

Finalmente, los fiscales criticaron que la defensa haya presentado información parcializada y solicitaron continuar con la etapa de admisión de evidencia y la formulación de acuerdos probatorios, si los hubiera.

El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni a justificar su evolución patrimonial en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento contiene 20 preguntas concretas que deberá responder en un plazo de 15 días, según informó TN.

La medida representó un nuevo avance en la investigación luego de que se incorporara un informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), organismo que analizó la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti.

De acuerdo con el documento judicial, el análisis "conjunto y pormenorizado" de las pruebas, las declaraciones juradas patrimoniales integrales —tanto públicas como reservadas—, sus rectificativas y el estudio técnico de la SIFRAI-DAFI "permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial".

La Fiscalía requirió explicaciones sobre incrementos patrimoniales, compras y desembolsos reconstruidos durante la investigación. Según consta en el expediente, esas operaciones, "confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente".

El informe de la DAFI había detectado "inconsistencias" en la evolución patrimonial de Adorni y Angeletti, aunque no determinó una cifra específica correspondiente a un eventual desbalance. Pollicita había solicitado el estudio con el objetivo de reconstruir integralmente la evolución del patrimonio del exfuncionario y su pareja desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.

Con el informe técnico incorporado al expediente, la Fiscalía confeccionó un requerimiento compuesto por 20 preguntas específicas destinadas a esclarecer distintos movimientos patrimoniales. Los interrogantes comprenden desde las rectificaciones realizadas sobre declaraciones juradas hasta gastos en efectivo efectuados en el exterior y arreglos realizados en una propiedad de Indio Cua.

La DAFI realizó un análisis individual sobre Adorni y Angeletti y otro consolidado sobre el grupo familiar. Entre los aspectos examinados estuvieron la composición y evolución de los bienes, las disponibilidades de dinero, inversiones, créditos y deudas existentes durante los períodos investigados. Otro de los objetivos fue identificar los ingresos y las fuentes de fondos con respaldo documental y diferenciarlos de operaciones que no implicaran la incorporación de nuevo dinero, como transferencias entre cuentas propias, rescates de inversiones, préstamos y ventas de activos.

La investigación también puso el foco sobre los criptoactivos, con el objetivo de identificar depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias en plataformas y billeteras vinculadas. Uno de los puntos bajo análisis son los supuestos US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin.

Los investigadores revisaron además el costo, la fecha de adquisición, la modalidad de pago y las fuentes de financiamiento correspondientes a los bienes incorporados al patrimonio, así como la capacidad económica de las partes involucradas en préstamos y mutuos.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni continúa en etapa de instrucción, por lo que el requerimiento patrimonial constituye una instancia dentro de la investigación y no implica una determinación sobre la existencia del delito.