n el marco del Plan Anual de Capacitaciones de UPCN, este martes por la mañana se llevó a cabo en Gualeguay el curso Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) – ART, dictado de manera presencial en el Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), ubicado en Alfredo Palacios 912.

La actividad está validada para la Recategorización 2026 y contó con la presencia del equipo de capacitación del sindicato.

Durante la jornada, Ramón Dietz, integrante del equipo de capacitación de UPCN Seccional Entre Ríos, dialogó con El Debate Pregón y explicó el alcance del nuevo esquema de formación incorporado a las paritarias.

“Nosotros venimos trabajando desde el sindicato UPCN Seccional Entre Ríos, y el año pasado, en el 2025, junto con la mesa de paritaria con la Secretaría de Trabajo de la provincia, se trabajó un instructivo”, señaló. “No fue un instructivo más como todos los años, donde se discutían condiciones de trabajo y cuestiones salariales, sino que también se incorporó un nuevo componente a la negociación, que es la capacitación”.

Dietz remarcó que esta incorporación responde a una realidad presente en la administración pública. “La mayoría del trabajador, por una cuestión de tradición o como queramos llamarle, por ahí no se involucra mucho, no se actualiza en las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos, los nuevos procesos o las nuevas normativas inclusive”, explicó. “Se trata de darle importancia a lo que es la capacitación”.

Capacitación como requisito para recategorizar

En ese sentido, el referente sindical fue claro al señalar el cambio introducido en el régimen de recategorización. “Se incorporó que, además de un cúmulo de años, también tiene que tener capacitación para recategorizar”, afirmó.

Según detalló, el instructivo fue firmado en 2025 y estableció distintos cortes para acreditar formación. “Hay una primera instancia que llegó a un corte allá por julio y agosto del año pasado y un segundo corte que va al 28 de febrero para acreditar conocimientos y capacitaciones nuevas”, explicó.

Asimismo, indicó que habrá una segunda etapa de implementación. “A partir del mes de agosto ya van a haber impactado la nueva recategorización a aquellos trabajadores que realicen capacitaciones hasta el 28 de febrero”, precisó.Una amplia oferta formativa en toda la provincia

Dietz destacó que UPCN viene recorriendo distintos puntos de Entre Ríos para garantizar el acceso a estas instancias. “Nosotros andamos recorriendo la provincia con diferentes capacitaciones”, expresó. “Tenemos una oferta educativa con 200 cursos que sirven para acreditar, y tienen resolución de la Dirección de Recursos Humanos de la provincia”, señaló. “Son cursos calificados, con docentes con título de grado de nivel universitario, con certificación y con evaluación”.

En el caso de Gualeguay, resaltó la participación lograda. “Estuvimos en Gualeguay con más de 60 compañeros trabajadores de la administración pública que nunca habían realizado una capacitación y accedieron a ella”, subrayó.

El cronograma continuará en distintos departamentos. “Seguimos por Gualeguaychú, Concepción, Colón, Concordia, Federación, Chajarí. Vamos a estar todo el mes de febrero en simultáneo con todos los departamentos haciendo capacitaciones”, indicó.

Formación y mejora salarial

Dietz detalló que el equipo está conformado por “más de 30 o 40 profesionales dando capacitaciones en diferentes lugares de la provincia sobre higiene y seguridad, ART, condiciones y medio ambiente de trabajo”. Además, enumeró otras temáticas disponibles: “Normativas de empleo público, Ley 9.755, convenio colectivo de trabajo, negociación, escritura y un montón de temas. Son 52 capacitaciones que vamos a poner a disposición de los trabajadores para que puedan cumplir el requisito y recategorizar en sus lugares de trabajo”.

Finalmente, remarcó el impacto económico del proceso. “Esto va a ser algo beneficioso porque algo de plata van a poder ver con esta recategorización en sus salarios”, concluyó.  

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos informó que las resoluciones oficiales reconocen los cursos “Empleo Público y Normativa Vigente” e “Introducción a la Ley de Riesgos del Trabajo”, diseñados por ese sindicato y habilitados para ser tenidos en cuenta en la segunda etapa de recategorizaciones conforme al instructivo vigente.

Las capacitaciones, que se dictarán en modalidades virtual y presencial, incluirán dictados en distintos departamentos del interior provincial —entre ellos Gualeguay—, con el objetivo de garantizar el acceso a la formación en todo el territorio.

Desde la Secretaría de Capacitación de UPCN, a cargo de Adriana Satler, se destacó que estas instancias “fortalecen la formación del trabajador estatal, aportan herramientas para el desarrollo de la carrera administrativa y contribuyen a mejorar la calidad de los servicios que brinda la administración pública provincial”.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, también reconoció formalmente instancias de formación de trabajadores, que ahora serán consideradas en los procesos de recategorización del personal, poniendo en valor “el esfuerzo continuo de los agentes por perfeccionar sus competencias profesionales”.

Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondientes a mayo de 2025, se registró una caída neta de 4.800 empleos públicos y una reducción del 0,3% en los salarios del sector. En contraste, el sector privado formal incorporó 6.000 nuevos puestos en el mismo período.

El informe también detalla que en mayo se perdieron en total 20.000 empleos formales respecto al mismo mes de 2024, lo que representa una baja del 0,2%.

El IIEP advierte que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) continúa perdiendo poder adquisitivo. En julio de 2025 cayó un 0,5% real, acumulando un deterioro del 32% entre noviembre de 2023 y la actualidad.El estudio recuerda que, en términos históricos, el salario mínimo real se ubica por debajo del nivel de septiembre de 2001 (antes de la crisis de la convertibilidad) y un 62% por debajo de su máximo de septiembre de 2011.

Actualmente hay alrededor de 10,1 millones de trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, entre los sectores privado, público y casas particulares.El IIEP concluye que, pese a pequeñas fluctuaciones mensuales, el empleo asalariado formal total se mantiene en niveles similares a los de diciembre de 2024, aunque con una marcada pérdida en la administración pública.

En una jornada marcada por votaciones ajustadas y tensos cruces parlamentarios, la oposición se mantuvo unida durante las más de doce horas de sesión para bloquear el avance del oficialismo, que intentó sin éxito levantar el quórum para evitar el tratamiento de los decretos.

Los DNU rechazados apuntaban a desarticular o reformar estructuras clave del Estado en áreas como Economía, Transporte, Cultura, Derechos Humanos y Marina Mercante. La decisión de la Cámara baja ahora deberá ser confirmada por el Senado para que las derogaciones queden firmes.

Además del rechazo a los DNU, la oposición también logró avanzar con la media sanción de los proyectos que declaran la emergencia del Hospital Garrahan y que amplían el financiamiento a las Universidades Nacionales, dos temas que el Gobierno no respaldaba.

El revés marca uno de los momentos más críticos para el oficialismo desde su llegada al poder. Aunque logró en marzo la aprobación del acuerdo con el FMI, viene perdiendo la iniciativa parlamentaria ante una oposición que mostró capacidad de articulación y consenso frente a los avances del Poder Ejecutivo.

Ahora, toda la atención se traslada al Senado, donde se definirá si los decretos rechazados en Diputados quedan definitivamente anulados.

La Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, oficializó la transformación de cinco empresas estatales en Sociedades Anónimas (S.A.). La medida se enmarca en el programa de modernización del Estado que lleva adelante el gobierno nacional, con el objetivo de reducir el gasto público y limitar el uso político de las empresas públicas.

De acuerdo al comunicado difundido por el Ministerio bajo el título “Motosierra”, la conversión apunta a que las nuevas sociedades funcionen bajo las normas y exigencias del sector privado, debiendo presentar balances, rendir cuentas y operar con criterios de eficiencia empresarial.

Las compañías involucradas en esta transformación son:

Corporación Buenos Aires Sur

Fabricaciones Militares

Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)

Administración General de Puertos (AGP), que fue absorbida por la nueva Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN)

Télam, que fue directamente disuelta

Con esta decisión, el Ejecutivo continúa avanzando en su política de reestructuración del aparato estatal, promoviendo la racionalización de recursos y apuntando a un modelo de gestión más austero y transparente.

Un total de 42.034 empleados públicos dejaron sus cargos en los últimos 14 meses, de acuerdo a un informe difundido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La medida, que forma parte del plan oficial de ajuste fiscal, fue presentada como un paso clave hacia el equilibrio de las cuentas públicas.

El ministro Federico Sturzenegger señaló que, calculado a valores de febrero, este recorte implica un ahorro anual de aproximadamente US$ 1.650 millones. “Son menos impuestos para todos nosotros”, destacó el funcionario a través de sus redes sociales, y subrayó que se trata de una política que involucra a todo el Gobierno. “Este trabajo, columna vertebral de la política indeclinable de superávit fiscal, es tarea de todo el gobierno”, agregó.

Según los datos oficiales, del total de cesantías, 24.244 corresponden a la administración central y descentralizada, 13.711 a empresas del Estado y 4.079 a personal militar y de seguridad.

Solo en el mes de febrero de 2025, 1.544 empleados estatales fueron dados de baja, como parte del proceso de revisión y recorte del gasto público impulsado por la actual gestión.

La información llegó como marca la estrategia comunicacional del Gobierno Nacional por sorpresa y hasta los propios empleados se enteraron por medios informales. Sin embargo, más allá del golpe de efecto que se intenta lograr (que se festeje la pérdida de empleos es parte de esa búsqueda), la disposición real tiene muchos puntos grises.

Qué dice la disposición 36/2025

El documento con fecha 28 de febrero de 2025, y publicado en el Boletín Oficial el 5 de marzo de 2025 aborda la modificación de unidades organizativas dependientes de la Dirección General Impositiva (DGI).Contexto y fundamento oficial:Emergencia pública: La Ley N° 27.742 declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. Esta declaración en teoría busca evitar el uso de recursos públicos en perjuicio del Estado y los contribuyentes. También se escuda en una supuesta mejora de la eficiencia del Estado, transparentando la gestión pública, reduciendo el ‘sobredimensionamiento de la estructura estatal’, equilibrar las cuentas públicas y asegurar el control interno de la administración pública nacional.

Todo esto se enmarca en la reestructuración de la AFIP: El Decreto N° 953/2024 disolvió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A su vez, el Decreto N° 13/2025 redujo la estructura organizativa de ARCA hasta el nivel de Subdirección General inclusive. Se instruyó al Director Ejecutivo a realizar adecuaciones y aprobar la estructura organizativa de segundo nivel operativo inferior.

Disposiciones:

Entre lo que se definió está la modificación de unidades organizativas: Se modifican las unidades organizativas dependientes de la Dirección General Impositiva. También se avisa que se notificará a los contribuyentes sobre los cambios de jurisdicción y la fecha de entrada en vigencia que será en 45 días corridos desde la publicación en el Boletín Oficial, por lo tanto, hasta el 18 de abril todo sigue igual.

La letra chica

Cuando uno lee la fundamentación difícil pueda estar en desacuerdo en el gasto eficiente y evitar el sobredimensionamiento. Sin embargo, los cambios que están previstos en Gualeguay parecen no apuntar en esa dirección. En primer lugar, cabe decir que la ciudad pierde una institución que en la actualidad recauda más que Gualeguaychú y pasa a depender de la ciudad vecina. El criterio no queda muy claro, por ejemplo, junto con Gualeguay se pretende eliminar Concepción del Uruguay que tiene un peso muy importante. En toda la provincia quedarían solamente Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

A su vez, de acuerdo a lo que pudimos averiguar, los empleados seguirán trabajando en el inmueble (que es alquilado) y pasarán a depender de la vecina ciudad. Se ahorrarían los adicionales de los jefes, pero la gente ya no tendrá atención al público a nivel local. El contribuyente local quedará más desamparado, y el ahorro será casi insignificante. No parece buen negocio para la ciudad. Sobre la gente que festeja que un vecino de Gualeguay se quede sin trabajo preferimos no emitir opinión. Sobran las palabras ante esa actitud. 

La perspectiva histórica: Karl Polanyi.

Uno de los autores más influyentes en el estudio de la relación entre Estado y capitalismo es el economista austríaco Karl Polanyi. En su obra “La Gran Transformación” (1944), Polanyi argumenta que el mercado autorregulado es un mito y que el capitalismo solo pudo emerger y consolidarse gracias a la intervención estatal. Según él, el Estado fue crucial en la creación de mercados mediante la implementación de leyes, la protección de la propiedad privada y la formación de mercados laborales. En su noción de “doble movida”, Polanyi explica cómo las políticas del Estado tanto crean mercados como responden a las reacciones sociales que estas políticas generan. Este concepto se ejemplifica claramente en la historia del desarrollo del mercado laboral en Inglaterra durante la Revolución Industrial.

Primera movida (creación de mercados laborales libres) : durante la Revolución Industrial, el Estado británico impulsó políticas que facilitaron la creación de un mercado laboral libre. Ésto incluyó la derogación de leyes medievales que restringían la movilidad laboral y regulaban los salarios, como las Leyes de Asentamiento y el Speenhamland System, que brindaban apoyo a los trabajadores rurales. A su vez, el proceso de cercamiento (Enclosures) transformó tierras comunales en propiedades privadas, desplazando a los campesinos y forzándolos a buscar empleo en las fábricas urbanas. Este movimiento creó una fuerza laboral disponible para la naciente industria manufacturera.

Segunda Movida (respuesta social y reguladora): con el tiempo, las condiciones de trabajo en las fábricas se volvieron insostenibles, provocando una fuerte reacción social. En respuesta, el Estado implementó leyes laborales para proteger a los trabajadores. Los ejemplos incluyen las Leyes de Fábricas (Factory Acts), que comenzaron en 1833 y establecieron regulaciones sobre las horas de trabajo y las condiciones laborales, especialmente para mujeres y niños. Asimismo, la creciente presión social también llevó a la creación de instituciones de bienestar. La Ley de Pobres de 1834 reformó el sistema de asistencia social, aunque inicialmente de manera punitiva, lo que luego evolucionó hacia un sistema más inclusivo y protector con el tiempo.

El enfoque contemporáneo: Mariana Mazzucato.

Mariana Mazzucato es una economista italiana que ha hecho contribuciones significativas al entendimiento del papel del Estado en la economía moderna. En su libro “El Estado emprendedor” (2013), Mazzucato argumenta que el Estado no solo debe regular y corregir fallas del mercado, sino que también debe ser un actor clave en la innovación y el crecimiento económico. Según ella, muchas de las innovaciones tecnológicas más importantes del siglo XXI, desde Internet hasta la biotecnología, han sido posibles gracias a la inversión y el liderazgo del aparato estatal. La autora sostiene que el Estado debe ser visto como un socio activo y visionario en la economía, capaz de asumir riesgos que el sector privado no puede o no quiere tomar. Un ejemplo de ésto es el desarrollo de internet. En la década de 1960, ARPA, una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, inició un proyecto llamado ARPANET. Este proyecto fue diseñado para crear una red de computadoras que pudiera resistir ataques nucleares y permitir la comunicación entre distintas bases militares. La inversión inicial y la visión del Estado fueron fundamentales para establecer los cimientos técnicos de lo que eventualmente se convertiría en Internet. A lo largo de los años, la investigación financiada por el gobierno continuó contribuyendo al desarrollo de tecnologías esenciales para Internet, como los protocolos TCP/IP que fueron adoptados por ARPANET en 1983. Estos protocolos son la base del funcionamiento de la red y fueron desarrollados en gran parte gracias a la financiación y dirección de instituciones académicas y gubernamentales. Además, universidades como el MIT y empresas emergentes apoyadas por fondos públicos jugaron un papel crucial en la expansión de Internet más allá de los usos militares. La creación de centros de investigación y la apertura de la red a aplicaciones comerciales y académicas fomentaron su crecimiento y desarrollo como una infraestructura global.

Esta infraestructura básica proporcionada por el Estado permitió a empresas privadas desarrollar aplicaciones comerciales que transformaron la economía global, desde motores de búsqueda y redes sociales hasta comercio electrónico y servicios en la nube. Sin la inversión inicial y la infraestructura proporcionada por el Estado, muchas de las aplicaciones que damos por sentado hoy en día no habrían sido posibles.

La visión crítica: Nancy Fraser.

Nancy Fraser, una destacada filósofa y teórica crítica estadounidense, ofrece una perspectiva incisiva sobre el papel del Estado en el capitalismo contemporáneo. En su trabajo, Fraser explora cómo el capitalismo se sostiene no solo a través de la economía de mercado, sino también mediante la intervención estatal y la política social. En “Escalas de justicia” (2008), argumenta que el Estado debe garantizar no solo la estabilidad económica, sino también la justicia social y la equidad. Fraser subraya la importancia de reconfigurar el Estado para enfrentar las desigualdades y las crisis ecológicas del capitalismo contemporáneo, proponiendo una mayor participación democrática y políticas inclusivas que respondan a las necesidades de todos los ciudadanos. Ella argumenta que el Estado debe actuar como mediador entre el sistema económico y las demandas sociales, para evitar la desintegración de la cohesión social. Según su teoría, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que las decisiones económicas no socaven los derechos y necesidades de los ciudadanos. Fraser, subraya la importancia de la legitimidad democrática y el papel del Estado en la protección de los derechos sociales frente a las presiones del mercado. 

La importancia actual del Estado.

En la actualidad, la intervención del Estado sigue siendo esencial para el funcionamiento del capitalismo. La crisis financiera de 2008 es un ejemplo claro: los gobiernos de todo el mundo intervinieron con rescates financieros masivos para evitar el colapso del sistema bancario y estabilizar la economía global. Asimismo, la pandemia de COVID-19 ha subrayado la importancia de la acción estatal en la gestión de crisis económicas y sanitarias, demostrando que los mercados por sí solos no pueden manejar crisis de tal magnitud.

Además, el Estado desempeña un papel crucial en áreas como la protección social, la regulación del trabajo, la educación y la infraestructura, todos componentes necesarios para una economía capitalista funcional y sostenible. La capacidad del Estado para adaptar sus políticas a los desafíos contemporáneos, como el cambio climático y la digitalización, también es fundamental para la evolución del capitalismo en el siglo XXI.

El Estado ha sido y sigue siendo, con sus aciertos y errores a mejorar, un actor fundamental en el sistema capitalista. Desde la creación de mercados hasta la gestión de crisis, pasando por la regulación y la protección social, su intervención es esencial para el mantenimiento y la evolución del capitalismo. Las teorías de Karl Polanyi, Mariana Mazzucato y Nancy Fraser son algunos de los tantos marcos valiosos para comprender esta compleja relación, subrayando que, a pesar de las variaciones en las políticas y enfoques, el rol del Estado sigue siendo central en la configuración del sistema económico global.

Julián Lazo Stegeman 

 Este mencionado conjunto de instituciones conforma la estructura del régimen y determina cómo se organiza y distribuye el poder en una sociedad. Al regular la lucha política, las instituciones garantizan las formas que adoptan las conductas sociales. Estas conductas refieren, a la lucha por el poder y a las actividades sociales vinculadas a ella. 

Un régimen democrático se sustenta en normas que garantizan la participación, el pluralismo, el consenso, la libertad, la solidaridad, la igualdad, la seguridad, la tolerancia, entre otros. 

A su vez, las instituciones regulan la lucha por el poder. Esto incluye la relación entre aquellos que detentan la autoridad y el resto de la sociedad. Se debe examinar si el régimen se impuso en forma violenta o pacifica, si fue legítima o ilegitima, si se ajusto a lo previsto por la ley o fue violando todas las normas al respecto. A su vez, además de observar como se accede al poder, también hay que ver como se ejerce. Es decir, de que manera ejercen el poder esos actores que llegan a ocupar los espacios del Estado.

El linchamiento a Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en la última semana por parte de un grupo de colectiveros por el asesinato de su compañero de trabajo no es solamente una agresión física hacia el funcionario en cuestión, es también un golpe hacia todas las instituciones y el régimen político de nuestro país. 

Como se comentó en uno de los párrafos anteriores, la instituciones median entre aquellos que tienen el poder político y el resto de la sociedad. Cuando ocurre lo sucedido días atrás, claramente se produce un quiebre en esta mediación. Asimismo, está ruptura no es neutral ni natural, existen responsables: los políticos. Muchas veces estás personalidades olvidan las funciones que cumplen y esto es sumamente grave ya que ponen en jaque a las instituciones del régimen democrático. Cada error de ellos no sólo genera riesgo para las vidas de las personas, sino que además resquebraja el marco institucional en el cual vivimos.

La trompada a Berni es un golpe a las instituciones es términos de metamensaje: la sociedad está cansada y desbordada de tanta ineficiencia pública. Lejos de reivindicar la violencia contra un administrador del Estado, lo cierto es que habría que observar que es lo que está fallando para que esto no ocurra.

Es cierto, además, que comenzaron a circular teorías conspiranoicas del lado del espacio del Ministro, de todas maneras los análisis en estas cuestiones tan complejas deben realizarse sobre lo que hay y sobre lo que, hasta el momento, ha establecido la justicia. 

Los límites entre la sociedad civil y el régimen político no deben romperse, es el orden institucional necesario para que, desde lo político, el país pueda tener la estabilidad concreta para desarrollarse.

Lo ocurrido esta semana debería encender una alarma hacia la clase política para que comprendan las responsabilidades de su deber público, lo ocurrido no puede pasar por alto ni quedar en un dimes y diretes meramente electoralista.

Julián Lazo Stegeman

(Fuente: Eve Labandeyra. Licenciada en Ciencia Política. Magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bologna, Italia.)

Este plenario cumple el rol de órgano consultivo para articular políticas de Estado en materia de eficiencia y transición energética de manera federal.

Los temas abordados en el cónclave fueron: ahorro y eficiencia energética, transición (electromovilidad, almacenamiento y generación distribuida), ampliación de transporte eléctrico, energías renovables, segmentación energética, estado de avance del Gasoducto Néstor Kirchner, y abastecimiento de combustibles.En lo que respecta a Entre Ríos, se expuso sobre el estado de la matriz energética y los objetivos trazados para hacer de la energía un vector de desarrollo del entramado económico y social.

Al respecto, la secretaria de Energía, Silvina Guerra, expresó que “si bien cada provincia tiene su propia realidad, entramado económico/social y características geográficas que hacen que cada jurisdicción tenga sus propios desafíos y sectores que merecen mayor atención, en este tipo de encuentros hay una agenda común de todas las provincias donde uno de los temas que más impera es la eficiencia energética y uso racional de la energía”.

Se trata de un hombre cuyos antepasados habían hecho patria como parte de las guerras así llamadas “de la independencia” y que luego habían sido grandes estancieros, pero “el Personaje”, luego de varias decadentes peripecias, había devenido en un burócrata empleado del Estado al frente de una “amansadora” en la que “el postulante alegre no tarda en degollar sus ilusiones, el iracundo se metamorfosea en cordero y el hablador pierde hasta los rudimentos del idioma”. 

En uno de los diálogos, el Personaje dice a sus visitantes: “Señores un consejo útil: no intenten jamás ni siquiera en broma, la menor imposición de la máscara, ella termina adueñándose del rostro”. Y, más adelante, el Personaje recibe en su oficina “a un amigo antiguo peón de un matadero en quiebra que necesitaba trabajo y que sonreía bajo sus grises bigotes y a mirarme largamente con un lagrimón cristalizado en cada ojo mientras a su lado la mujer adolescente callaba también y sonreía. Sentí de pronto –decía el personaje- que un calor interno me derretía la máscara”. 

Entonces, según Marechal, si bien a veces es imprescindible una máscara, nunca debe ser impuesta por encima del rostro porque este puede trágicamente desaparecer y volver irreconocible a la persona. Por otro lado, también nos dice que un instante de empatía con sufrientes y lagrimosos ojos hace que una máscara se caiga con un fuego que derrite, y que resplandezca el rostro: un desnudo rostro despojado de toda circunspecta simulación. 

Es sabido que en cualquier tipo de relación (noviazgo, matrimonio o amistad) llega un momento en el que se caen las máscaras y “los vestidos para la ocasión” y aparece nuestro rostro tal como es y ya es inútil la imposición de la máscara. Recordemos la bella canción de Juan Manuel Serrat: “No escojas solo una parte/Tómame como me doy/Entero y tal como soy/No vayas a equivocarte/Soy sinceramente tuyo/ Pero no quiero mi amor/ Ir por tu vida de visita/ Vestido para la ocasión/Preferiría con el tiempo/Reconocerme sin rubor”. Ciertamente, lo misterioso es que haya hermanos nuestros que pasan toda la vida enmascarados, como lobos vestidos de corderos, según la conocida frase de Jesús de Nazaret y de la fábula de Esopo. 

Hay, también, quienes por falta de autoestima se pasan toda la vida interpretando un personaje porque no se atreven a ser lo que son y se pasan siendo “protagonistas” de una novela en la que la máscara se adueña del rostro, tal como decía Marechal. 

Fácilmente nos enmascaramos hasta que al final desaparece el “vestido para la ocasión”. Fácilmente lo hacemos para no implicarnos y evitar que aparezca la vulnerabilidad de nuestro rostro. Fácilmente somos “rostros con máscaras”, como ese empleado de oficina de Marechal, sintiéndonos vanamente seguros en el mostrador de la “amansadora” mirando desde la careta el rostro de la angustia. 

Recemos para que el calor interno de la compasión se encargue de derretir máscaras.

Allí estuvieron representantes del INAES ; RENATEP ; Instituto Becario ; Área de la Mujer de la Nación ; Secretaría de Trabajo de la Provincia ; Prevención Vial de la Provincia de Entre Ríos; Secretaria de Agricultura familiar, campesina e indígena , además , por la Municipalidad estarán presentes Área Joven; Área Mujer ; Área Vejez ; ANAF ; Talleres Municipales ; Oficina de Empleo ; Veterinaria y Zoonosis ; SEPACC ; Medio Ambiente ; Tránsito ; DICSA y CIC 1.

En diálogo con El Debate Pregón la Secretaria de Desarrollo Humano, Dra. Dora Bogdan, valoró la presencia de las reparticiones nacionales y provinciales: “Lo que no es tan fácil muchas veces comunicarse telefónicamente o por mail”.

“El Inaes es determinante para poder conformar una cooperativa y ahora en todo lo que es obras públicas desde nación cuando nos bajan las obras que afortunadamente en Gualeguay tenemos tantas, nos piden que un 35 por ciento de la obra sea realizada con cooperativas. Sería muy bueno que Gualeguay tenga muchas cooperativas, no solamente para que estén en Gualeguay sino que tengan también la posibilidad de salir de nuestra ciudad y ofrecer en lo que ellos están especializados. En tres meses está conformada la cooperativa, es una pregunta que va mucha gente con esta inquietud pero después lo que no tenemos es el acompañamiento y asesoramiento sino determinados tips de presentación y nada más”, mencionó. 

Por otra parte, comentó: “Tenemos el Renatep, que es el Registro Nacional De Economía De Agricultura Familiar, el Instituto Becario, el Área de la Mujer de la nación, la secretaria de trabajo de la provincia, prevención vial de la policía de Entre Ríos, el programa de la Secretaria De Agricultura Familiar Campesina e Indígena que tiene distintos programas”.

Por otra parte, indicó respecto a la nueva sala de estimulación temprana inaugurada en el CIC 2: “Es  muy importante porque no es fácil tener un equipo interdisciplinario como el que hemos podido conformar y por otro lado la parte del equipamiento porque si tenemos recursos humanos pero no equipamiento no podemos prestar el servicio como corresponde”.

“Para mí es una gran satisfacción porque sé la preocupación y el desgaste que es para toda una familia cuando hay algún chico con problema y poder garantizarle que sea atendido de manera integral a través de este equipo interdisciplinario es fundamental”, finalizó.

Allí estarán representantes del INAES ; RENATEP ; Instituto Becario ; Área de la Mujer de la Nación ; Secretaría de Trabajo de la Provincia ; Prevención Vial de la Provincia de Entre Ríos; Secretaria de Agricultura familiar, campesina e indígena , además , por la Municipalidad estarán presentes Área Joven; Área Mujer ; Área Vejez ; ANAF ; Talleres Municipales ; Oficina de Empleo ; Veterinaria y Zoonosis ; SEPACC ; Medio Ambiente ; Tránsito ; DICSA y CIC 1.

En diálogo con El Debate Pregón la Secretaria de Desarrollo Humano, Dra. Dora Bogdan, indicó que: “Vamos a tener tanto reparticiones a nivel nacional como provincial, lo que no es tan fácil muchas veces comunicarse telefónicamente o por mail por eso invito a toda la ciudadanía a que lo aproveche mañana de 9 a 13 hs en el corsódromo por cualquier tipo de inquietud. Desde el municipio vamos a estar con las distintas secretarias, direcciones y áreas por lo que vamos a ser muchos para poder atender a todos”.

“El Inaes es determinante para poder conformar una cooperativa y ahora en todo lo que es obras públicas desde nación cuando nos bajan las obras que afortunadamente en Gualeguay tenemos tantas, nos piden que un 35 por ciento de la obra sea realizada con cooperativas. Sería muy bueno que Gualeguay tenga muchas cooperativas, no solamente para que estén en Gualeguay sino que tengan también la posibilidad de salir de nuestra ciudad y ofrecer en lo que ellos están especializados. En tres meses está conformada la cooperativa, es una pregunta que va mucha gente con esta inquietud pero después lo que no tenemos es el acompañamiento y asesoramiento sino determinados tips de presentación y nada más”, mencionó. 

La empresa Enersa , aclaró nuevamente, frente a la importante demanda de la población para inscribirse en el programa de segmentación de subsidios energéticos, que los únicos que realizan tales trámites, son organismos de la Nación.

La semana pasada comenzó la inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) para continuar accediendo a los subsidios en las tarifas de gas y electricidad. 

Y ante la importante cantidad de consultas, Enersa aclaró que "el formulario de adhesión al Régimen de Segmentación de Subsidios del Estado Nacional no se completa en las oficinas comerciales de la empresa".

Se reiteró que los únicos canales para adherirse al sistema, es a través de:

Fuente: UNO

El próximo lunes 27 no habrá atención en la administración pública de todo el país por celebrarse el Día del Trabajador del Estado. 

Según se supo, en la provincia de Entre Ríos, ese día sólo habrá guardias mínimas en el sector salud.Esta celebración está instaurada desde julio de 2013 mediante la Ley 26.876. De acuerdo al artículo 2 de esa ley el 27 de junio es un “día de descanso” para los empleados de la administración pública nacional, “en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. 

Fuente: APFDigital

La gestión pública es una entidad que se especializa en la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los ciudadanos e impulsar el desarrollo de la nación. 

Ésta, en las sociedades democráticas, debe caracterizarse por una eficiente capacidad de respuesta ante la complejidad de las problemáticas que surgen a diario en los espacios sociales. 

Ante esta situación, la gestión pública es la responsable de producir y desarrollar estrategias para llevar a cabo una acción conveniente y efectiva. Dado su carácter institucional, ella debe elaborar y aplicar las políticas públicas correspondientes, para ello se deben emplear una serie de prácticas, procesos, y metodologías específicas para que la implementación y evaluación de dichas políticas se efectúe con la ayuda y responsabilidad compartida entre las instituciones administrativas y las organizaciones ciudadanas (Fuente: www.educativo.net https://www.educativo.net/articulos/que-es-la-gestion-publica-754.html).

Sin lugar a dudas, proyecto, plan y territorio son tres ejes fundamentales de cualquier tipo de gestión pública. Sin estos tres puntos, es inviable el hecho de conseguir llegar a los objetivos planteados.

Uno de los fines de la gestión pública consiste en llevar a cabo las tareas de gobierno y cumplir, mediante las instituciones administrativas, los compromisos de gobierno. Asimismo, mediante su labor se busca fortalecer la capacidad administrativa de los gobiernos y nutrir al mismo tiempo los procesos gubernamentales mediante la contribución de las instituciones administrativas. 

Ella es responsable de desempeñar todas aquellas tareas que representen un apoyo administrativo en cualquier ámbito del Estado; colaborar en el proceso de elaboración y ejecución de proyectos de aplicación de políticas públicas; participar del proceso de desarrollo, ejecución y administración de aquellos programas destinados al mejoramiento del sector público; y participar activamente en la implementación de nuevas técnicas de gestión, evaluación y control de las tareas administrativas (Fuente: www.educativo.net https://www.educativo.net/articulos/que-es-la-gestion-publica-754.html).

En definitiva, un correcto desarrollo de la gestión pública es clave a la hora de administrar el Estado. Si bien el debate político mantiene diversas posturas y diferentes visiones de cómo hacer las cosas, debería existir el consenso acerca de la importancia fundamental de incluir en los planes de gobierno a aquellas personas de gestión verificada y eficiente

La actividad se enmarca dentro del Plan de Capacitaciones de la Administración Pública y es impulsada de manera conjunta entre la Secretaría de Modernización y Equipo de LSA del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) del Ministerio de Desarrollo Social, que llevan adelante bajo modalidad virtual este nuevo curso de Lengua de Señas Argentina (LSA) - Nivel I.La propuesta es para trabajadores y trabajadoras de la administración pública de distintas áreas provinciales y municipios, con el objetivo de brindar herramientas de comunicación que permitan el acceso de la comunidad sorda a todos los ámbitos del Estado.La directora del Iprodi, Inés Artusi, destacó esta posibilidad de "acercar la lengua de señas a la mayor parte de la población" y fortalecer las políticas de inclusión en toda la provincia.

El Gobierno estableció este lunes que el 1° de mayo es la fecha límite para disponer el retorno de los trabajadores del Estado dependientes de la administración pública nacional a la presencialidad, después de la serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecieron la modalidad remota a causa de la pandemia de coronavirus.

A través de la Resolución 58/2022 publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete estableció que antes del 1º de mayo "cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional" deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual antes del decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020.

Además, se dispuso que quedan "exceptuadas" de la presencialidad aquellas personas que presenten documentación médica que acredite que pertenecen a grupos de riesgo.

Por otra parte, la Secretaría de Trabajo llamó a mantener presentes las "recomendaciones de cuidado generales para la prevención de Covid-19 y otras enfermedades respiratorias agudas".

Además, se ordena que aquellos trabajadores "que tengan diagnóstico de Covid-19 que no hayan requerido internación podrán reincorporarse a sus lugares de trabajo sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta", detalló la resolución.

En tanto, el Poder Ejecutivo estableció que las oficinas responsables de Recursos Humanos "deberán solicitar a los trabajadores el Certificado de Vacunación", mientras que aquellas personas que hayan optado por no inocularse "recibirán asesoramiento del Departamento de Sanidad, o su equivalente" en cada organismo, a fin de "obtener información sobre las ventajas y posibles desventajas de la vacunación en su caso puntual".

Estos empleados, de continuar con la decisión de no vacunarse, deberán firmar un "consentimiento informado", con carácter de Declaración Jurada, expresando que han recibido y comprendido la información vinculada a la vacunación y que "asumen toda responsabilidad derivada de la conducta que adopten".

Los empleados no vacunados también deben comprometerse a "tomar los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión" de no vacunarse "pudiera ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo".

Finalmente, la Secretaría de Gestión y Empleo Público dictaminó que aquellos trabajadores que no cumplan con la modalidad de servicios exigible "serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicable".

El triste episodio ocurrido en esta semana exhibe una vez más la falta de un Estado eficiente y certero a la hora de combatir este flagelo social. Sin lugar a dudas, a la pasividad de los funcionarios a cargo, se le suma la falta de herramientas políticas para llevar adelante tareas de regulación y control.

La cocaína es una de las sustancias que más demanda provoca en las guardias de los hospitales, junto al alcohol y los medicamentos recetados. Su capacidad de daño relativa total es menor a la del alcohol pero considerable en comparación a otras sustancias. Según la ONU, en el mundo se producen unas 800 toneladas de cocaína pura al año. En Argentina, la sustancia fue identificada por primera vez en época de Yrigoyen, más precisamente 1918, cuando la Policía alertó sobre un “avasallante consumo de cocaína” importada de París. En 1937 –y desde una posición llamativa y bastante avanzada para la época–, la Policía reclamó que se brindara asistencia adecuada en los hospitales para los consumidores repentinamente privados de la droga al ser capturados sus proveedores. A partir de entonces, el consumo creció y creció.

En los últimos años, Argentina pasó a producir cocaína en su propio territorio en lugar de sólo importarla. Las cocinas clandestinas se multiplicaron y los consumidores también. Pero la adulteración no es una práctica nueva. Es, de hecho, casi imposible encontrar cocaína pura en el mercado. Se la suele adulterar con almidón, anfetaminas o cualquier otro producto de aspecto similar, para obtener mayor volumen y hacer el negocio más rentable. Entonces, ¿qué tenemos? Un mercado enorme, no regulado, en manos de mafias, donde el Estado no puede participar ni velar por la salud de los consumidores. 

En ese contexto, tragedias como la de días atrás son más probables, ya que no hay herramientas para controlar la calidad de los productos que circulan y se consumen. ¿Esto significa que hay que legalizar la cocaína? Por lo menos, despenalizarla y regularla. Eso no quiere decir que haya que promover el uso, que te tenga que caer bien el uso o que haya que dejar de perseguir el mercado ilegal, particularmente del lado de la oferta. Quiere decir que la prioridad es cuidar a las personas. Las sustancias ilegales tienden a estar adulteradas, precisamente, porque no hay un marco de control sobre ellas. En The Paradox of Prohibition (1993), el Dr. John Marks describe cómo la oferta, la demanda y los daños de las sustancias psicoactivas pueden ser minimizados a través de la implementación de un enfoque a mitad de camino entre los extremos de la “legalización” y la “prohibición”. Mientras tanto, cualquier mensaje que esté dirigido a cuidar a los consumidores en vez de a alimentar el discurso es bienvenido. (Fuente: El Gato y La Caja, comunidad científica integrada por múltiples especialistas de distintas ramas).

Un Estado inerte con capacidades políticas nulas para resolver esta situación desemboca en la profundización de esta terrible contingencia social. Es tiempo de que los funcionarios decidan si van a ser cómplices o se van a encargar de desconectar toda la trama que posibilita el desarrollo de las drogas en nuestro país.

Ante la falta de políticas públicas y regulación estatal, el problema continuará. Si no se toman las medidas necesarias, lejos se está de una solución

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Miguel Cosentino Moreto, y gestionó la transferencia de inmuebles que son propiedad del Estado Nacional a municipios.

Dichos espacios serán destinados para la construcción de viviendas, espacios públicos y planta de efluentes.

Al respecto, el gobernador precisó que en el encuentro "se actualizó una agenda que la provincia tiene en común con la Agencia de Administración de Bienes del Estado para lograr la transferencia de distintos inmuebles que son propiedad del Estado Nacional a municipios entrerrianos que lo han solicitado para cuestiones que tiene que ver viviendas, espacios públicos para ser utilizados, plazas saludables y en otros casos, como el de Concepción del Uruguay que es muy importante, para una planta de efluentes que se licitará con un crédito BID".

"Ha sido una reunión muy buena porque nos permitió avanzar mucho en estos trámites que son de interés general para la provincia, pero en particular para los municipios solicitantes", detalló.