Tiene como objeto mejorar la calidad de la gestión pública, a través de la digitalización y resguardo de documentación, la simplificación de trámites y la incorporación de la firma digital.

En unanimidad, en su séptima Sesión Ordinaria, la Cámara de Senadores de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto de Expediente Electrónico presentado por el Poder Ejecutivo. La nueva norma establece la implementación y utilización de expedientes electrónicos, lo que conlleva la digitalización de documentos, la incorporación de firmas electrónicas y digitales, audiencias telemáticas; así como documentación, comunicaciones, domicilios y notificaciones electrónicas en todos los procedimientos administrativos generales y especiales que se tramitan en el ámbito del sector público provincial.

La propuesta fue elaborada por la Secretaría de Modernización en articulación con la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación y Fiscalía de Estado, y presentada en la Legislatura Provincial por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2020, con el objeto de avanzar hacia una administración pública con mayores niveles de eficiencia, eficacia administrativa, transparencia y seguridad jurídica.

Escandón también afirmó "con la implementación de esta ley acercamos un poco más al Estado con su ciudadanía, un Estado que sea capaz de atender sus demandas con eficiencia y garantizar sus derechos. Estas nuevas herramientas tecnológicas permiten innovar en los procedimientos, otorgar resguardo a la documentación pública, reducir los tiempos de respuesta, ahorrar recursos y eliminar el uso del papel. Pero por sobre todas las cosas, representan un cambio cultural en el quehacer de la administración pública."

Mientras que la titular de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Claudia Gieco, indicó "fui parte del proceso de despapelización del Estado y testigo directo de los beneficios que esto conlleva. Hoy desde mi rol de legisladora puedo afirmar que esta nueva norma significa un gran paso en la desburocratización del Estado. Entiendo que es oportuna la decisión de poner al servicio de la comunidad estas herramientas, máxime cuando nos hallamos inmersos en una pandemia ocasionada por el Covid-19, la cual muchas veces nos limita o nos impide transitar a la hora de viajar hacia la capital entrerriana sólo para averiguar el estado de una tramitación."

Por su parte, el subsecretario de Modernización Administrativa, Mariano Maffei, explicó que "con la ley la etapa que comienza es de gran complejidad pero venimos preparando los equipos técnicos para ello. Su implementación implica un cambio cultural en las prácticas de la administración pública, en la tramitación de los casi 200.000 expedientes anuales en formato digital y la capacitación de las y los trabajadoras/es, por lo que el camino recién empieza y es un desafío que celebramos".

El proyecto para avanzar en la implementación del Sistema de Expediente Electrónico tiene la finalidad de fortalecer la gestión pública a través de la simplificación de trámites y procesos administrativos, mayores niveles de seguridad jurídica y transparencia.

Como así también la incorporación de tecnologías como la digitalización, la despapelización y la firma digital. Esta iniciativa del Ejecutivo provincial fue presentada por la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, y su equipo técnico de trabajo ante la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.

Convocada por la presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Carina Ramos, la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, junto al subsecretario de Modernización Administrativa, Mariano Maffei, y la coordinadora de Asuntos Legales, Soledad Price, expuso los alcances de la iniciativa que se elaboró y traccionó desde su cartera junto a la Secretaría General de la Gobernación y la Secretaría Legal y Técnica. Fue bajo la modalidad virtual y desde el Centro Provincial de Convenciones.

"Es un proyecto que apunta a un cambio cultural sobre el cómo trabajamos en el Estado Provincial y que involucra hábitos y prácticas cotidianas. La finalidad es generar un sistema de administración pública más eficiente, eficaz, transparente y que simplifique los trámites para el ciudadano y también el trabajo diario de los agentes públicos", sintetizó la funcionaria. "Es un proyecto que apunta a un cambio cultural sobre el cómo trabajamos en el Estado Provincial y que involucra hábitos y prácticas cotidianas. La finalidad es generar un sistema de administración pública más eficiente, eficaz, transparente y que simplifique los trámites para el ciudadano y también el trabajo diario de los agentes públicos", sintetizó la funcionaria.

En relación con el impacto, la secretaria de Modernización transmitió a los legisladores que "este proyecto de ley buscar fortalecer la gestión pública porque contribuye en diversas aspectos, como la despapelización, la seguridad jurídica, inmutabilidad e integralidad de los documentos públicos, la transparencia y accesibilidad, la simplificación de los procesos administrativos, el acortamiento de los tiempos de tramitación, el ahorro de recursos públicos -refiriéndose al uso de papel, archivos y transporte de expedientes- la tramitación a distancia y la incorporación de la notificación electrónica, entre otras ventajas", remarcó.

En referencia a la implementación, Escandón advirtió que "habrá un tiempo de convivencia entre la tramitación del expediente digital y el de papel. Es un proyecto de mediano y largo plazo", y adelantó que será necesario tener conformado un equipo de capacitadores y de mesas de ayuda para llegar a todos los organismos de la administración pública provincial. "Hoy el sistema de seguimiento de expediente tiene aproximadamente 3000 usuarios, y entendemos que esto se duplicará o triplicará ", acotó.

A través de un proyecto de ley elevado por el Ejecutivo, Entre Ríos implementará el expediente electrónico en todos los procedimientos administrativos que se tramitan en el ámbito del sector público provincial.

Concretamente, la provincia implementará y utilizará expedientes electrónicos, documentos, firmas, comunicaciones y notificaciones, y domicilios electrónicos, además de la digitalización de documentos, firmas digitales y audiencias telemáticas en todos los procedimientos administrativos que se tramitan en el ámbito del sector público provincial.

Por tal motivo, los actos realizados gozarán de idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales, y alcanza a la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado o toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Desde el gobierno provincial, se entiende que el fortalecimiento de las capacidades institucionales del sector público provincial requiere la implementación paulatina y progresiva de sistemas electrónicos de gestión de los expedientes y procedimientos de la administración pública con el objetivo de lograr una mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad, celeridad en los trámites, integración e interoperabilidad de los sistemas de información elevando en definitiva la calidad de la gestión de gobierno. Los nuevos principios del procedimiento administrativo son la simplificación administrativa, digitalización y accesibilidad.

Por tal motivo, y en el marco del proceso continuo de mejora en el funcionamiento del servicio de la administración pública, se propone realizar de manera sistemática y progresiva la digitalización de datos, documentos y procedimientos, así como la instauración de las firmas digital y electrónica cuya validez jurídica encuentra sustento en diversas leyes nacionales y provinciales. Normas que, además, constituyen la infraestructura tecnológica necesaria para alcanzar los objetivos de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y servicios públicos en forma segura a través de internet, así como procurar la gradual despapelización y mayor eficiencia del Estado en la gestión de sus recursos y la prestación de sus servicios.

Por otro lado, se advierte que el cambio tecnológico debe ir acompañado de un cambio en la forma de gestión y para ello es necesario promover nuevas competencias para el desarrollo del trabajo digital y sus elementos esenciales, los que deben estar expuestos y definidos en la norma.