El Gobierno argentino formalizó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales con el objetivo de frenar la explotación de hidrocarburos que el Reino Unido pretende llevar adelante en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. La presentación busca proteger los derechos soberanos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia existente.

La medida se enmarca en el procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre, bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El Ejecutivo fundamentó el pedido en el artículo 290, inciso 5, de dicha normativa, que permite solicitar acciones preventivas mientras se constituye un tribunal arbitral para evitar daños graves al medio marino.

La estrategia jurídica es coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno, con la intervención de la Consejería Legal Internacional y la Procuración del Tesoro. El Gobierno reafirmó su postura histórica sobre los territorios en disputa y sostuvo:

Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas.

El proyecto en cuestión, denominado Sea Lion, es impulsado por la compañía Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. El yacimiento se ubica a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Según los planes de las empresas, las perforaciones de desarrollo comenzarían en 2027, con el objetivo de iniciar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028.

El Tribunal deberá determinar si existe la urgencia necesaria para imponer restricciones al desarrollo del proyecto mientras continúa el procedimiento arbitral principal. El planteo argentino no busca una resolución sobre la soberanía territorial, sino que el organismo intervenga sobre las obligaciones marítimas que el Estado considera vulneradas por la explotación unilateral de los recursos.

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