El Ministerio de Salud reglamentó el cobro de la atención médica a extranjeros no residentes permanentes en establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional. Deberán contar con un seguro de salud o abonar previamente las prestaciones habituales que reciban.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución 1066/2026, firmada el 10 de agosto, que aprobó un procedimiento operativo específico para aplicar los cambios introducidos previamente en la Ley de Migraciones. La normativa entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Sin embargo, la resolución mantuvo una excepción fundamental: ante una emergencia, ninguna persona extranjera podrá ser privada o limitada en el acceso a la atención sanitaria, independientemente de cuál sea su situación migratoria.

La medida alcanzará a personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente en Argentina y requieran atención sanitaria habitual en establecimientos dependientes del Estado nacional.

El nuevo procedimiento deriva de la modificación del artículo 8° de la Ley de Migraciones realizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025. Allí se estableció una diferenciación según la condición migratoria y el tipo de atención requerida. En el caso de los extranjeros con residencia permanente, la legislación determinó que podrán continuar accediendo al sistema público de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos.

La normativa estableció expresamente que el nuevo régimen de cobro no alcanza a las situaciones de emergencia. En esos casos, la atención no podrá negarse ni restringirse por razones migratorias o económicas, ya que la ley dispone que ante una emergencia no puede negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia sanitaria a ningún extranjero, cualquiera sea su situación migratoria.

Por lo tanto, la exigencia de contar con cobertura médica o realizar el pago previo corresponde exclusivamente a la atención sanitaria habitual fuera de situaciones de emergencia.

Para quienes no tengan residencia permanente y necesiten una prestación habitual, se establecieron dos posibilidades: presentar un seguro de salud o cancelar previamente el costo del servicio. El Ministerio de Salud dispuso dos circuitos independientes de cobro: uno para el recupero financiero cuando el paciente cuenta con seguro, y otro para el cobro directo a quienes no tienen cobertura.

Un punto central para dimensionar los alcances de la resolución es que no establece por sí misma el cobro obligatorio en todos los hospitales públicos provinciales o municipales del país. El texto se refiere específicamente a los "establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional".

Esto resulta relevante para Entre Ríos: la resolución nacional no implica automáticamente que una persona extranjera sin residencia permanente deba pagar por atenderse en un hospital público provincial entrerriano. Las condiciones aplicables a los establecimientos administrados por las provincias dependen de las respectivas jurisdicciones y de la normativa que corresponda en cada caso.

Un informe del Observatorio de Tierras reveló que el 3,23% de la superficie de Entre Ríos —unas 247.000 hectáreas— está en manos de propietarios extranjeros. El trabajo, elaborado con datos oficiales, sitúa a la provincia entre las de mayor presencia de capitales del exterior en la cuenca del río Paraná.

Según el relevamiento, el corredor formado por Misiones, Corrientes y Entre Ríos concentra algunos de los departamentos más comprometidos del país en esta materia.

La Paz es el departamento con mayor extranjerización de Entre Ríos, con el 8,76% de su superficie en manos foráneas. Gualeguay lo sigue de cerca, en segundo lugar, con el 8,57%. Más atrás se ubican Concordia (5,68%) y Federal (3,78%).

En ambos departamentos —La Paz y Gualeguay— predominan las inversiones de origen holandés, español y uruguayo, según precisó el informe.

A nivel provincial, los capitales uruguayos son los que más superficie poseen, con más de 44.000 hectáreas. Les siguen los de origen italiano (40.700 hectáreas), holandés (36.000), español (34.600) y francés (28.500). El informe también señala variaciones según la zona: en Concordia predomina el capital alemán, mientras que en Federal sobresale el italiano.

Juan Echeverría, exdirigente de la Federación Agraria Argentina e integrante de Bases Federadas, oriundo de Hernandarias, advirtió sobre el impacto de la concentración de tierras en la producción familiar. Según su testimonio, los pools de siembra y grandes actores financieros van desplazando al pequeño productor de los campos alquilados, con una suba en los precios de arrendamiento en su zona.

El informe se conoció en medio del debate por el proyecto del Gobierno nacional para eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una iniciativa que genera posiciones encontradas entre quienes esperan mayores inversiones y quienes temen una mayor concentración de la propiedad rural.

El Gobierno publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que remarcó que expulsará o prohibirá el ingreso al país de aquellos extranjeros que "incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino" o directamente "ultrajen los símbolos patrios". La medida, que lleva la firma de Javier Milei, fue dada a conocer por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) y es en respuesta "a las recientes manifestaciones de hostilidad" contra el país.

"La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios", indicó el DNU en su comienzo.

Y remarcó: "Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

Los ataques a los que se refiere Milei se intensificaron durante el último Mundial de fútbol disputado en los Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo en redes sociales. El Presidente intenta atemperar así su manifiesto silencio en la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas y Atlántico Sur.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acordaron mantener los cambios que consensuaron los senadores libertarios y las bancadas dialoguistas sobre la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros.

Bullrich informó a los periodistas acreditados en el Senado que el ministro aceptó las reformas incluidas en el proyecto, y remarcó: "El 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados". La senadora y el ministro mantuvieron una reunión durante la tarde en el Senado, de la cual también participó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.

Uno de los puntos que había generado malestar entre Bullrich y el ministro es el referido a las potestades que tendrán las provincias para aprobar una venta a un inversor extranjero, donde se deja abierta la posibilidad de que puedan dictar sus propias normas. Sobre esta cuestión, Bullrich sostuvo: "Las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a sacar leyes propias".

La legisladora explicó además que Sturzenegger "tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho", y que le explicaron que tenían que ver con "una mirada federal del uso de la tierra, sumando a las provincias en decisiones sobre zonas fronterizas para facilitar inversiones". Bullrich remarcó que se trata de "un proyecto consensuado entre todos los bloques", y que "no pone en peligro la soberanía, ya que la propiedad de la tierra no afecta la soberanía nacional; las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros".

Las diferencias dentro del oficialismo y la ausencia de algunos aliados que iban a votar el proyecto obligaron al Gobierno a postergar por cuarta vez el debate de esta iniciativa en la sesión del pasado 16 de julio, cuyo eje central es la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

El texto fija que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites y, en ejercicio de sus competencias, podrá establecer el régimen jurídico aplicable a tal efecto.

Se prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Toda adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros deberá ser inscripta en el Registro Nacional de Tierras Rurales previsto en el artículo 14 de la ley.

La adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por parte de extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se elimina el artículo del silencio administrativo, por el cual, si no había un pronunciamiento de la provincia o la Nación en un plazo de seis meses, la venta quedaba consagrada automáticamente.