La ceremonia tendrá lugar a partir de las 12 horas en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y será presidida por el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García, quien dirigirá unas palabras a los presentes. También participarán el presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Leonardo Portela, el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, y otras autoridades provinciales.

Los nombramientos corresponden a funcionarios titulares designados por el Poder Ejecutivo provincial, con acuerdo de la Cámara de Senadores, luego de atravesar los concursos establecidos en el Consejo de la Magistratura, conforme lo dispuesto por la Constitución de Entre Ríos.

En este marco, por la Unidad Fiscal Gualeguaychú prestarán juramento Josefina Beherán, oriunda de Gualeguay, junto a Jorge Luis Gutiérrez y Fernando Ochoa, quienes asumirán formalmente sus funciones dentro del Ministerio Público Fiscal.

El presidente de la Comisión, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), manifestó que “han sido dos jornadas intensas donde han pasado un total de 25 postulantes a distintas Fiscalías de la provincia, de Paraná en su mayoría, pero también del departamento Concordia, Diamante, Gualeguaychú, Villaguay, Gualeguay, La Paz”. En este sentido el legislador señaló que “hemos escuchado a cada uno con atención, algunos que habían sido impugnados tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, y ésta ya es la etapa final prácticamente luego del concurso ante el Consejo de la Magistratura”. Cosso confirmó que la Comisión que preside “se volverá a reunir para evaluar el resultado de estas audiencias y eventualmente emitir los dictámenes sea de aprobación o de rechazo a los pliegos que ha enviado el Poder Ejecutivo”.

Este miércoles la actividad comenzó a las 8,30 horas con la presencia de Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más Para Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), y Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos).

En cumplimiento al artículo 103 inciso 2° de la Constitución Provincial, y el artículo 19 del Reglamento del Senado, se leyeron en el recinto de la Cámara los datos filiatorios y curriculares de cada uno de los postulantes. Los abogados fueron consultados sobre sus situaciones patrimoniales y fiscales, planes de trabajo, motivaciones para el cargo, y temas de actualidad como acceso a la justicia, juicio por jurado, plazos razonables, Código Procesal Penal, situación carcelaria, narcomenudeo, ciberdelincuencia y nuevos delitos, etc.

En primer lugar se presentó ante los senadores este miércoles la postulante a Fiscal Auxiliar N° 1 de la Ciudad de Diamante, María Eugenia Smith. Seguidamente hizo su exposición María de los Ángeles Becker, candidata a Fiscal Auxiliar N° 4 de la ciudad de Concepción del Uruguay. A su turno Laila Taleb, postulante para Fiscal Auxiliar N° 2 de la ciudad de Colón.

Promediando la mañana, Ana Paula Elal, postulada para Fiscal Auxiliar N° 1 de la ciudad de Gualeguay, realizó su defensa sobre la impugnación que recibió su pliego. Seguidamente fue el turno de María Noelia Batto, para Fiscal Auxiliar N° 2 de la ciudad de Villaguay. Josefina Beherán, candidata a Fiscal Auxiliar N° 3 de la ciudad de Gualeguaychú, detalló sus actuaciones en casos puntuales por los cuales recibió impugnaciones a su postulación.

Los últimos candidatos que se presentaron ante los senadores fueron Jorge Luis Gutiérrez, para Fiscal Auxiliar N° 4 de la ciudad de Gualeguaychú, y Natalia Denise Bartolo, candidata a Fiscal Auxiliar N° 2 de la ciudad de La Paz.

Durante su intervención, Burruchaga repasó su formación profesional y su experiencia en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, destacando como un momento clave de su carrera su participación en la causa por el femicidio de Micaela García. Actualmente se desempeña en la Fiscalía de Nogoyá, pero remarcó su fuerte vínculo con Gualeguay: “Tengo mi familia allí y conozco la Fiscalía”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de fortalecer los recursos humanos y técnicos en el Ministerio Público.

Las audiencias fueron organizadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, en cumplimiento de lo que establece el artículo 103 inciso 2° de la Constitución Provincial, y contaron con la participación de los senadores Juan Pablo Cosso, Rafael Cavagna, Jaime Benedetti, Gustavo Vergara y Nancy Miranda.

Las entrevistas a los candidatos incluyeron preguntas sobre su situación patrimonial, sus motivaciones para ejercer el cargo, sus valores democráticos, y su visión sobre temas actuales como el juicio por jurado o los plazos razonables en los procesos judiciales.

Los antecedentes de cada postulante y los videos de las exposiciones pueden consultarse en la página oficial del Senado entrerriano: www.senadoer.gob.ar.

Entre los cargos en análisis se encuentran postulaciones para distintas jurisdicciones como Paraná, Chajarí, Concordia, Rosario del Tala, Feliciano, La Paz y San Salvador. En ese contexto, la abogada Maite Burruchaga será entrevistada este miércoles como candidata para ocupar el cargo de fiscal auxiliar en Gualeguay.

Las audiencias del miércoles 25 de junio están previstas a partir de las 8:30 y también incluyen entrevistas a Eduardo Santo (Concepción del Uruguay), Micaela María Di Pretoro (Colón), Mauro Ramón Quirolo (Villaguay), Fernando Ochoa (Gualeguaychú), Juan Manuel Pereyra (La Paz) y María Elizabeth Bordin (Paraná).

La ciudadanía puede acceder a los antecedentes de cada postulante en la web oficial del Senado: www.senadoer.gob.ar, donde también se transmiten en vivo las entrevistas.

Entre hoy y mañana se llevarán a cabo diversas audiencias públicas en el Senado de Entre Ríos para evaluar a quienes fueron propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos en el Poder Judicial y en la Fiscalía de Estado provincial. Entre los nombres convocados se encuentra el de la Dra. Maite Burruchaga, propuesta como Fiscal Auxiliar N° 2 para la ciudad de Gualeguay.

La audiencia de Burruchaga está prevista para el miércoles a la mañana en el Recinto de la Cámara de Senadores, en el marco de las reuniones que encabeza la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos).

Estas audiencias, establecidas por el artículo 103 inciso 2° de la Constitución Provincial, son instancias públicas en las que los candidatos y candidatas deben responder ante los legisladores sobre su idoneidad, antecedentes y criterios para el ejercicio de sus funciones.

Además de la propuesta para la fiscalía local, se analizarán otros nombramientos para fiscalías auxiliares de distintas ciudades de la provincia, como Feliciano, Concordia, Paraná, Chajarí, Villaguay, Colón, Gualeguaychú y La Paz, entre otras.

Los datos filiatorios y antecedentes curriculares de cada persona propuesta están disponibles en la página oficial del Senado entrerriano (www.senadoer.gob.ar), donde también se transmiten en vivo las audiencias.

En paralelo, durante la jornada del martes también habrá una reunión conjunta de las comisiones de Salud Pública y Drogadicción, y de Presupuesto y Hacienda, para tratar el proyecto sobre recupero de costos de financiamiento de servicios de salud. Asimismo, el Senado fue convocado a sesión los días martes a las 19, miércoles a las 13 y jueves a las 11 en el marco del 146° período legislativo.En las próximas semanas tendrán lugar el resto de las audiencias públicas, entre las que se encuentra la correspondiente a la Dra. Ana Paula Elal, candidata a Fiscal Auxiliar N° 1. 

La mencionada normativa exige que ante todo pedido de acuerdo del Poder Ejecutivo, para el nombramiento de magistrados y/o funcionarios públicos, se siga un procedimiento (a saber:  Publicidad, Consulta Ciudadana, Informes, Audiencia Pública, Confección de Dictamen, Sesión Pública), La publicación hecha en el Boletín Oficial de este viernes, según indica el documento: “es a los fines de permitir a la ciudadanía y organizaciones en general, el ejercicio del derecho a manifestarse fundadamente y por escrito respecto de las calidades y méritos de los candidatos propuestos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la segunda publicación y ante esta Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (Art. 19 Inciso b) Reglamento (H.C.S.). Las manifestaciones por escrito que la ciudadanía desee realizar deberán presentarse de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas Mesa de Entradas de la H. Cámara de Senadores o vía email en formato PDF a la siguiente dirección: comisiones_ferrutti@mailsenadoer.gob.ar”.

Una vez transcurridos los diez días llegará la etapa de Informes, en la cual la Comisión podrá requerir a los organismos públicos y/o privados, informes atinentes a la situación del candidato y en referencia al cargo a cubrir. 

En Paraná, se destaca la inclusión de Valeria Vilches y María Elizabeth Bourdín. Vilches, fiscal de género en esta ciudad, originalmente estaba destinada a Diamante, mientras que Bourdín, secretaria general de la Procuración General, no figuraba en la lista anterior. En esta misma jurisdicción quedó fuera Constanza Bessa.

La lista completa para Paraná es la siguiente:

María Jimena Ballesteros

Sonia Beatriz Vives

Cristina Giunta

Mercedes Nin

Valeria Vilches

Martín Wasinger

Andrea Carolina Guzmán

Jorge Sueldo

Paola Farinó

Martín Millán

Eric Zenklusen

María Elizabeth Bourdín

En Chajarí, donde previamente se contemplaban solo dos designaciones, ahora aparecen tres nuevos nombres:

Ileana Viviani

Mario Dayub

María Mondragón Profundi

En Gualeguaychú, de los tres fiscales propuestos, dos fueron modificados:

Fernando Ochoa

Josefina Beheran

Jorge Luis Gutierrez

Concordia amplía su nómina de tres a cuatro fiscales:

José Martín Nuñez

Juan Pablo Giambattista

Daniela Montagie

Francisco Paoli

En La Paz, se reemplazó a Acuña, quien ahora será destinada a Diamante, por dos nuevos nombres:

Juan Manuel Pereyra

Natalia Denisse Bartolo

Por su parte, Villa Paranacito tendrá como fiscal auxiliar a Leonardo Schonfeld, en lugar de Viviani, quien fue trasladada a Chajarí. En Rosario del Tala, Emilse Paola Reynoso ocupará el cargo que originalmente se había asignado a San Salvador.

En Gualeguay, se destaca el reemplazo de Laila Taleb por Maite Burruchaga y Ana Paula Elal.

La lista completa por jurisdicción es la siguiente:

Uruguay

Eduardo Santo

María de los Ángeles Becker

Diamante

María Florencia Acuña

María Eugenia Shmith

San Salvador

Guillermo Moutone

Rosario del Tala

Emilse Paola Reynoso

Colón

Micaela María Di Pretoro

Laila Taleb

Feliciano

Vanesa Espinosa

Villaguay

Mauro Román Quirolo

María Noelia Batto

Gualeguay

Maite Burruchaga

Ana Paula Elal

Esta nómina refleja una importante reorganización de fiscales auxiliares que, de ser aprobada por el Senado, implicará un nuevo esquema de funcionamiento judicial en diversas jurisdicciones de la provincia.

Fuente :Página Judicial

Según se explicó, para la elaboración del informe publicado por APF, se compara la cantidad de casos penales ingresados, con la cantidad de salidas de calidad político-criminal básica: condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios.

En todos los casos, se trata de información oficial solicitada a los propios Ministerios Públicos Fiscales.

En Entre Ríos, la tasa es del 6,88 por ciento, es decir que se resuelven menos de 7 causas de cada 100 que ingresan.

En el ranking, la provincia se ubicó por debajo del techo general del 10 por ciento de eficacia que había mostrado el de 2019. Primera se ubicó la provincia de Neuquén con una tasa del 19,99 por ciento y la siguió Río Negro con una tasa del 14,04 por ciento.

Por su parte, el Ministerio Público de la Nación es el menos eficiente según la publicación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, ya que tiene una taza que no llega al 1 por ciento (0,36 por ciento)

El informe completo: https://www.scribd.com/document/654573092/INECIP-Reporte-de-Eficacia-Final

(Fuente y foto: APF)

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que, en la primera cuota del sueldo anual complementario, los salarios brutos de hasta $ 880 mil quedarán exentos del impuesto a las Ganancias. La medida beneficiará a 12.629 trabajadores entrerrianos.

En este sentido, el Proyecto de Decreto que aumenta la exención del inciso z del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias implica que los sueldos anuales complementarios estarán exentos del impuesto a las ganancias si la remuneración mensual del trabajador no supera los $ 880 mil brutos, lo que equivale a 10 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Se trata de un beneficio extraordinario por única vez para los trabajadores que pagan el impuesto a las Ganancias, con el objetivo de que “recompongan el poder adquisitivo y proyectando que esta mejora del salario de bolsillo se traduce en mayor consumo y actividad económica”.

La medida “beneficia a 513 mil trabajadores y trabajadoras de todo el país que se encuentran sujetos a retenciones del impuesto a las Ganancias y registran salarios brutos mensuales de entre $ 506.230 y $ 880.000”. En este sentido, “más del 50% de los trabajadores que hoy pagan el impuesto a las Ganancias están alcanzados por el beneficio”, indicaron desde el Ministerio de Economía de la Nación.

La medida anunciada por Massa implica una mejora de bolsillo promedio por empleado que supera los $ 110 mil ($ 112.600), y un incremento sobre el sueldo mensual promedio de bolsillo del 26%.

En el caso del aguinaldo, la retención del impuesto se va calculando mes a mes. Por esto, la medida propone devolver lo retenido para estos salarios en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas, junto con el cobro de las remuneraciones mensuales devengadas en los meses de junio y julio. Para ello, los empleadores deberán exponer la devolución en un renglón separado del recibo de sueldo, identificando claramente el beneficio de la medida.

Se trata de uno de los fiscales que pidió condenar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, Diego Luciani, quien este fin de semana fue a “La Feliz” junto a su pareja y amigos a disfrutar del fin de semana largo. Sin embargo, según declararon los testigos, el fiscal fue increpado por Artemio López, un encuestador y politólogo simpatizante del kirchnerismo, y su pareja.

Según trascendió a los medios este domingo, el hecho tuvo lugar este sábado por la noche en un restaurante denominado “Lo de Fran”, donde Luciani ya había apartado una mesa previamente por teléfono, pero cuando este y los suyos llegaron no habían tomado la reserva, por lo que tuvieron que esperar varios minutos en las afueras del reconocido lugar gastronómico.

A raíz de esto, el fiscal cree que se puede tratar de un escrache programado y que en realidad los empleados de "Lo de Fran" no quisieron reservarle la mesa con la intención de que no ingresara. Finalmente, tras esperar varios minutos, el fiscal, su pareja y sus amigos pudieron ingresar, pero debieron irse tras ser insultados por una mujer.

El incidente se originó cuando una mujer que acompañaba a Artemio López, increpó al representante del Ministerio Público Fiscal y comenzó a expresar que la presencia del mismo le daban "ganas de vomitar" y "asco". Tras los despectivos dichos, la mujer de nombre Claudia comenzó a grabar a Luciani con su celular, lo que provocó que el fiscal se retirara de la casa de comidas.

Luciani detalló que cree que se pudo tratar de un hecho programado con el aval del dueño del establecimiento gastronómico

Lo que agrava la situación es que, según Luciani, el mozo que atendía a Artemio y Claudia se mostraba "amistoso" como si los conociera y en ningún momento intervino para impedir que se violenten.

"Pedimos la cuenta y ese mismo mozo se nos acercó para saber si queríamos quedarnos y pedir algo más. Le conté que no me había sentido cómodo y, ante su sorpresa, le expliqué por qué. Le dije que la mujer de al lado me había insultado y que él había estado riéndose con ella a carcajadas; que yo no había hecho nada malo, así que no tenía por qué recibir un insulto. Le dije que, si la mujer quería vomitar, podía ir al baño a hacerlo; que lamentaba mucho esto", explicó el fiscal.

Estas declaraciones son confirmadas por el mismo dueño y chef del restaurant, Francisco Rosat, que detalló que en el momento que el fiscal se levantó de la mesa para retirarse del establecimiento, la mujer se abalanzó sobre él con la clara intención de golpearlo. Este desenlace pude evitarse gracias al amigo de Luciani que se percató y puso el brazo para protegerlo.

"A vos la historia te va a condenar", gritaba Claudia, a lo que el letrado respondió: "Es a ustedes a quien va a condenar".

Del total de 120 postulantes, 45 dieron la prueba escrita en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en Oro Verde; otros 32 en la sede Paraná de la Universidad Católica Argentina (UCA); 23 postulantes en la sede de la Escuela de Comercio N° 1 Justo José de Urquiza; y 14 postulantes en la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER). Después de que los jurados evalúen la prueba escrita, sobrevendrán las entrevistas personales en audiencias públicas.Esos concursos fueron convocados en 2019 para la designación de 13 cargos de fiscales auxiliares en Paraná; 2 en Diamante; 1 en Feliciano, 2 en La Paz; 2 en Concordia; 1 en Chajarí; 2 en Concepción del Uruguay; 1 en Colón; 1 en Rosario del Tala; 1 cargo en Villaguay; 2 en Gualeguay; 2 en Gualeguaychú; 1 en Villa Paranacito; y 1 en San Salvador, para los cuales se habían presentado en un primer momento un total de 206 postulantes (118 mujeres y 88 varones).A través de la resolución N° 1.144, dictada el 4 de noviembre de 2021, el Consejo de la Magistratura dispuso una excepción del Reglamento General de Concursos, solicitar que los postulantes asistan a la prueba de oposición con sus computadoras personales, implementar un protocolo tendiente a resguardar la integridad y el anonimato de la prueba de oposición; y receptó positivamente una solicitud de prórroga planteada por dos postulantes mujeres para la realización de la prueba por estar cursando sendos embarazos.Enterados de esas decisiones, un grupo de postulantes reprochó lo resuelto por el Consejo de la Magistratura por entender que se producirían transgresiones al reglamento y se resentiría la garantía de igualdad, anonimato, imparcialidad y unicidad, y pidieron que se prorrogue la fecha de la prueba de oposición para todos los candidatos, que había sido resuelto para el 14 de diciembre último. El Consejo de la Magistratura rechazó esa petición mediante la resolución N° 1.145, del 24 de noviembre de 2021. Fue entones que el caso llegó en apelación ante el Ministerio de Gobierno, que a través del decreto N°3.853, del 6 de diciembre, revocó lo resuelto por el Consejo e instruyó al organismo “a adoptar las medidas tendientes a concretar la instancia de oposición en el primer cuatrimestre del año 2022”.El Ministerio de Gobierno actuó guiado por un dictamen de Fiscalía de Estado y entendió que “la relevancia de los principios en juego en materia de selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, la necesidad de preservar los postulados y garantías involucrados y particularmente la interdicción de la arbitrariedad, cuya violación traería aparejado la proliferación de pleitos innecesarios con la generación de perjuicios patrimoniales al Estado, imponen a nuestro criterio una decisión contundente de este Poder Ejecutivo sobre el caso aquí examinado”.La decisión se adoptó por cuanto el Consejo de la Magistratura es un “órgano administrativo sujeto a vínculo jerárquico , con la salvedad de las facultades que ejerce por mandato legal en forma exclusiva, sus decisiones pueden ser objeto de control no sólo de legalidad sino de oportunidad, mérito y conveniencia”, según el decreto de Gobierno.

Polémica y debate

En noviembre último, el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos había ratificado realizar una prueba escrita diferida a dos postulantes a cargos de fiscales auxiliares por cursar en ese momento embarazo. El caso abrió una discusión con otros concursantes, quienes se opusieron a dicho procedimiento y plantearon que las mismas contarían con mayor tiempo de preparación y, además, que sería violatorio del principio del anonimato de los postulantes, puesto que al rendir por separado, podrían ser facilmente identificadas por el jurado.En su resolución, el organismo encargado de evaluar a los profesionales consideró que diferir el examen para las postulantes embarazadas «logra componer las reglas de mandato constitucionales contenidos en los artículos 180 y 182 de la Constitución Provincial con los principios de igualdad y paridad de género».La prueba escrita que generó de debate es para 13 cargos de fiscales auxiliares en Paraná, dos en Diamante, uno en Feliciano, dos en La Paz, dos en Concordia, uno en Chajarí, dos en Concepción del Uruguay, uno en Colón, uno en Rosario del Tala, uno en Villaguay, dos en Gualeguay, dos en Gualeguaychú, uno en Villa Paranacito y uno en San Salvador, para los cuales se presentaron 206 postulantes (118 mujeres y 88 varones).La evaluación escrita se fijó para el 14 de diciembre, en una sola sesión, con una duración máxima de 7 horas. Sin embargo, las fiscales Ileana Viviani y Valeria Vilchez solicitaron se tenga en cuenta que se encuentran impedidas de concurrir puesto que ambas transitan embarazos de 32 y 25 semanas, respectivamente.En razón de esa especial situación, el 4 de noviembre el Consejo de la Magistratura resolvió postergar la prueba de oposición respecto de las dos mujeres y fundamentaron que no hacer lugar al planteo «implicaría caer en el ‘dilema de la diferencia (o de Wollstonercraft)’ y obligar a las postulantes a realizar una opción electiva entre igualarse a los varones o resignarse a las labores de cuidado, es decir, forzar a las mujeres a decidir la ciudadanía a través de una igualdad entendida como mismidad, constituyendo una trampa de lógica patriarcal dicotómica».Además, argumentaron que "la adopción de acciones positivas por parte de este Consejo de la Magistratura luce procedente en consideración a que en el presente caso, atento a la situación particular de la presentación conjunta de dos postulantes, se produciría una potencial exclusión de mujeres embarazas en fases de los procesos evaluativos para acceder a la magistratura. En tal sentido, siguiendo el método de operativo del principio de igualdad como no sometimiento o no exclusión, se recurre a las acciones afirmativas, como medidas de discriminación inversa, de trato (estatal) diferenciado o privilegiado de modo justificado, con el propósito de evitar la perpetración de inferioridad legal, social, económica, política y/o cultural, removiendo valladares discriminatorios y habilitando que las postulantes puedan competir en condiciones de igualdad, reduciéndose al máximo las asimetrías que puedan surgir del procedimiento de selección en curso".En tal sentido, se decidió "instaurar un régimen alternativo y complementario para llevar adelante las instancias de la oposición escrita de los concursos públicos Nº232 a N°245, que garantice de modo efectivo la posibilidad de concursar a las postulantes que se encontrarían momentáneamente inhabilitadas físicamente en orden a la fase gestacional que cursan, para el supuesto en que no puedan presentarse ambas a rendir la prueba de oposición en la fecha fijada".Así, se resolvió que el 14 de diciembre serán sorteados dos casos de examen: el primero será el que deberán analizar y trabajar ese mismo día los demás postulantes; mientras que el segundo será reservado en sobre lacrado "hasta el momento de fijación de la fecha complementaria en que las solicitantes puedan realizar la prueba de oposición". "Se utilizarán ambos casos presentados por el mismo jurado, a los fines de garantizar la mayor proximidad en los estilos y modalidades de la consigna a resolver. Posteriormente, se instruirá a los jurados para que presenten las correcciones de los casos de modo conjunto debiendo entregar una única corrección, de todos los postulantes del concurso en el mismo momento, con un único dictamen", se agregó.Sobre ese procedimiento, el organismo destacó que "logra componer las reglas de mandato constitucionales contenidos en los artículos 180 y 182 de la Constitución Provincial con los principios de igualdad y paridad de género".Tras esa decisión, un grupo de postulantes presentó su oposición y solicitaron la prórroga del examen, en una fecha que permita que todos rindan el mismo día. En primer lugar, señalaron que sin desconocer la situación particular de las postulantes y que la misma fue tratada con perspectiva de género por el Consejo, "ello no obsta que las mismas contarán con mayor tiempo de preparación, y asimismo que es indefectible que sean fácilmente identificables al momento de la corrección", lo que resultaría violatorio del principio del anonimato de los postulantes.Además, consideraron contradictorio que que el Consejo "haga mención a que para garantizar que la prueba de oposición sea efectivizada en una sola sesión, se deje sin efecto excepcionalmente la prohibición del uso de computadoras personales; y que por otro lado se desdoble el examen en dos sesiones, justamente lo que se pretendía evitar con la disposición respecto de las computadoras".También se quejaron con que, ahora, cada postulante deba llevar su computadora personal a la prueba, por entender que "es un requisito poco accesible, que afecta la igualdad de recursos de los distintos postulantes" y pidieron que las mismas sean provistas por el Consejo.Finalmente, en su resolución del 24 de noviembre, el Consejo, por mayoría, rechazó las quejas al entender que "las alegaciones vertidas no logran conmover los fundamentos de la citada resolución a los cuales cabe remitirse en su totalidad". El único que se manifestó en disidencia fue el consejero Martín Cabrera.Sobre le planteo de que se violaría el principio de anonimato en la prueba, contestaron que "torna improcedente la interpretación del método reglamentario del anonimato (“velo de la ignorancia”), tal como lo formulan los y las recurrentes al concederle un incorrecto carácter de «principio» o de «garantía» jurídica a una mera técnica metodológica como lo es la ignorancia desprejuiciada". Y agregaron que en este caso se procede a tomar "medidas de discriminación inversa de trato (estatal) privilegiado justificado, con miras a evitar la perpetuación de inferioridad y para remover valladares discriminatorios que padecen las mujeres embarazadas en determinadas etapas del proceso de gestación".Respecto del planteo de que las postulantes embarazadas tendrán "más tiempo de preparación", sostuvieron que "soslaya los condicionantes estructurales que las tareas de cuidado a cargo de estas conlleva, en virtud de la maternidad y sus requerimientos tuitivos en atención de los respectivos niños y/o niñas recién nacidos/as, constituyéndose ello en una asimetría irreductible que debe ser considerada de modo diferenciado en salvaguarda del principio de igualdad".Finalmente, el Consejo les advirtió a los recurrentes que en su mayoría se encuentran desempeñándose de manera interina y que "esta circunstancia evidente debe generar una reflexión de todos los interesados en el sentido de la responsabilidad ciudadana y compromiso funcional que les cabe respecto a la remoción de esa severa y dilatada situación de precariedad institucional que el Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos padece".Fuente: Entre Ríos Ahora

El pasado sábado una gran tormenta azoto a nuestra ciudad, en la misma hubo gran cantidad de agua caída lo cual provoco el anegamiento de calles como así también la inundación de ciertas instituciones, entre las cuales se encuentra la Escuela N° 6 Victoriano Montes.

Durante la mañana del domingo, antes de comenzar los comicios, los fiscales y autoridades de mesa se acercaron a la institución y para su sorpresa observaron que la misma estaba bajo agua.

Ante esto, debieron realizar la jornada electoral en el patio, reduciendo a cuatro aulas las ocho mesas electorales.

Nos acercamos a la institución durante la mañana del domingo y dialogamos con Amilcar Suparo, fiscal general de la lista Juntos por Entre Ríos, quien en conjunto con los demás fiscales debió trabajar a contrarreloj para que las elecciones se desarrollen de manera normal en la Escuela N° 6.

"Cuando llegamos a las 7.15 de la mañana, nos desayunamos con una escuela totalmente inundada, lamentablemente entre todos tuvimos que colaborar para empezar con los comicios. Los cuales se desarrollaron en el patio, en cuatro aulas que funcionan de cuarto oscuro para las 8 mesas que funcionan en la escuela", comenzaba diciendo.

Y continuaba "esto se tuvo que modificar por el problema que tuvimos. Era un panorama difícil de afrontar, empezamos a colaborar los fiscales generales, la directora de la escuela, todo el grupo de ordenanzas y también acudimos a la ayuda de los bomberos"

"Como quien uno saca agua de su casa, tuvimos que sacar agua de la escuela, una altura de 5 cm y es lamentable porque eso produce un deterioro en la institución y se ve la falta de mantenimiento que no se hace relevamiento en los techos ni mucho menos", culminó Amilcar Suparo.

Una millonaria demanda que entabló una licenciada en Bromatología contra el Instituto Autárquico de la provincia de Entre Ríos, se podría constituir en el inesperado y más fuerte argumento que podría desmoronar la condena a prisión perpetua a Nahir Galarza, por el asesinato de su novio, Fernando Gabriel Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguay. Es que Gabriela Estefanía Laiño, así se llama la bromatóloga, denunció que pese a sus nulos conocimientos en investigaciones criminales "fue obligada a cumplir una función que desconocía absolutamente", y apuntó contra dos fiscales y un jefe policial que le encomendaron pericias fundamentales en el caso.

Laiño entabló una demanda por más de 3 millones de pesos en el Juzgado Laboral 1 de Gualeguaychú, contra sus superiores, el ex fiscal Sergio Rondoni Caffa, el Coordinador de Fiscales, Lisandro Beherán, y el Comisario General, Fabián Pérez, quienes, según la bromatóloga, la obligaron a realizar en la investigación tareas para las cuales "no había sido instruida".

En la demanda, Laiño indicó que ingresó por decreto el 2 de febrero de 2008 en la división Criminalística de Gualegaychú como agente de servicios auxiliares. Tres años después, le dieron tareas tales como "realizar allanamientos sin protección; tomar fotografías de cadáveres en la morgue judicial; manipular occisos; presenciar autopsias a niños; realizar patrullajes policiales sin ningún tipo de armamento; realizar peritajes telefónicos en todas las causas hasta el 2020".

Respecto de la causa Galarza, Laiño informó que "tuve que manipular al occiso para extraer patrones de huellas dactilares para realizar la apertura de su teléfono celular y el propio celular de la imputada sin tener, para ninguna de esas tareas, los conocimientos técnicos y elementales". Pero debó realizarlas de igual manera por orden de los fiscales Caffa y Beherán y el comisario Pérez.

Agregó en su demanda que fue víctima de acoso sexual y bulling sexista "por ser profesional ingresada por decreto", y que sufrió sugestivos robos en su vivienda particular luego de haber sido obligada a participar de allanamientos en causas por narcomenudeo.

Su trabajo en el caso Nahir

"En diciembre de 2017 fue la muerte de Fernando Pastorizzo, obviamente también llegó a mis manos el celular de él; el mismo tenía el bloqueo de huella dactilar y no se podía acceder, así que por orden del fiscal Sergio Rondoni Caffa fui a la morgue acompañada por el subcomisario Córdoba Jalil y allí estaban los funcionarios de la morgue, los señores Carlos Ghilia, el doctor Marcelo Benetti y un celador; el fiscal no pudo asistir. Era la primera vez que yo entraba a la morgue y que veía a una persona muerta en la sala de evisceración. El occiso estaba desnudo, limpio y frío, recuerdo que el señor Ghilia tomó su mano y probó abrir su celular con todos sus dedos de ambas manos; pusieron un poco de agua tibia y repitieron el procedimiento; informaron luego al fiscal y el celular, así como llegó, volvió a la fiscalía".

"Siguiendo con las desgravaciones, también tuve que acceder a las redes sociales de Nahir Galarza; fue una pericia larga, de más de 40 hojas; yo solo copiaba y pegaba las conversaciones de ambos. También fui convocada al debate el 7 de junio de 2018; recuerdo que, por suerte, no me hicieron leer las más de 40 hojas".

También señaló que declaró como perito en numerosas causas, pero que rara vez el juez le preguntaba su profesión, sino que genéricamente debía mencionar el lugar en el que trabajaba.

Prestaron juramento en Entre Ríos, cinco nuevos fiscales

El Procurador general de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, tomó juramento a cinco nuevos fiscales, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal (MPF). Los nombramientos de los funcionarios titulares fueron realizados por el Poder Ejecutivo provincial, con Acuerdo de la Cámara de Senadores, luego de sustanciarse los respectivos concursos en el Consejo de la Magistratura, de acuerdo al mecanismo previsto por la Constitución de Entre Ríos.

El acto de jura y toma de posesión de cargos se llevó a cabo en el Salón de Actos Virtuales del Superior Tribunal de Justicia y fue presidido por el Procurador general de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, acompañado por la Procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, y el secretario general del MPF, Oscar Dosba.

La ceremonia se realizó, en forma virtual, considerando las medidas y protocolos de seguridad e higiene por la pandemia COVID-19.

Fiscales que prestaron juramento y fueron puestos en posesión del cargo son: Agente Fiscal Titular de la ciudad de Chajarí, Matías Raúl Arguello de la Vega; Agente Fiscal Titular N°2 de Concepción del Uruguay María José Labalta; Agente Fiscal Titular de Villaguay Nadia Paola Benedetti; Agente Fiscal Titular N° 1 de Gualeguay , Fernando René Martínez, y Agente Fiscal Titular N° 2 de Gualeguay ,Facundo Javier Barbosa, quien lo hizo en forma presencial.

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y del de Agricultura, Ganadería y Pesca, y representantes del sector de la carne vacuna comenzarán este viernes a discutir y consensuar los lineamientos del Plan Ganadero Nacional impulsado por el Gobierno para elevar la producción a 5 millones de toneladas.

Los principales puntos que se empezarán a tratar en la reunión serán sobre financiamiento, beneficios fiscales, ordenamiento de la cadena y cuestiones sanitarias, de acuerdo con un documento base al que Télam tuvo acceso.

Por parte del sector productivo, participarán miembros de la Mesa de las Carnes, de las entidades y del Consejo Agroindustrial Argentino.

"Es el proyecto inicial sobre lo que se va a empezar a discutir este viernes para enriquecerlo y que también se va a discutir con los gobernadores, para dentro de los 30 días tenerlo listo", indicó una fuente oficial.

En primer lugar, el Gobierno entiende que el estado de situación del sector ganadero es de un estancamiento productivo que no acompañó al crecimiento de la población.

Estancamiento productivo

"Desde 1924 la producción de carne aumentó un 65 % y la población aumentó un 310 %. En paralelo, hubo un caída del consumo de carne bovina, dado que presentamos un consumo hab/kg similar al de 1920", explica el documento.

Por otro lado, ven una baja eficacia reproductiva del rodeo, con una relación ternero/vaca del 63,5 % mientras que en países competidores como Australia ese índice alcanza el 70 % y en Estados Unidos el 89 %.

También considera que las pasturas, verdeos y forrajes conservados son "insuficientes", lo que genera un "problema para una nutrición adecuada de los rodeos durante el ciclo productivo".

Por el lado de la cadena comercialización, el Gobierno asegura que es un "sistema ineficiente", sobre todo porque el producto que llega a las carnicerías son medias reses, sin discriminación de cortes.

También considera que hay una "heterogeneidad higiénico-sanitaria de los establecimientos", ya que "conviven 4 tipos de clase de frigoríficos", por lo que hay "problemas en términos de sanidad y calidad de la carne".

Las herramientas que propone el Gobierno

Para corregir estos índices y problemáticas del sector, se propondrán herramientas de financiamiento, beneficios fiscales, capacitación, ordenamiento comercial y sanitario y acceso a nuevos mercados.

En el primer punto, considera una batería de instrumentos, como financiar a través del Banco Nación el incremento del peso promedio de faena, pasando de 210/226 kilogramos a 430; financiar la implantación de pasturas, verdeos y forrajes conservados; también los tratamientos de inseminación a tratamiento fijo; y la incorporación de toros puros controlados que permitan la recomposición del rodeo.

Asimismo, estudia el financiamiento a la infraestructura intrapredial orientada al abastecimiento de agua y al manejo de los animales; la adecuación de la industria frigorífica, para el paso de un esquema de comercialización interna por medias reses a uno por trozos de hasta 32 kilos; y la prevención de enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales de los rodeos de cría, recría y engorde.

Por el lado de los beneficios fiscales, "se busca incentivar la inversión productiva y en infraestructura, favoreciendo la producción de bienes de capital de producción nacional, mejorando así la productividad de la actividad ganadera".

Para esto, el documento base estipula amortizaciones aceleradas para inversiones realizadas en bienes muebles nuevos -excluidos automóviles-, como mínimo en 3 cuotas anuales, iguales y consecutivas, que en el caso de las cooperativas se aplicará sobre Contribución Especial sobre el Capital.

Para inversiones en construcciones y de infraestructura, -excluidas viviendas-, la amortización se dará reduciendo al 50% el cálculo de vida útil para determinar el período de amortización.

De la misma manera, para "promover el uso de semillas fiscalizadas, estimular la producción sustentable con fertilizantes e insumos e incrementar la productividad ganadera, se propone un sistema de crédito fiscal del 50% de las erogaciones realizadas en adquisición de semillas, fertilizantes orgánicos y no orgánicos, y pasturas para el pago del impuesto a las ganancias, con un tope del 50% del impuesto a pagar".

Respecto al ordenamiento de la cadena, tanto en lo comercial como en lo sanitario y "en línea con la readecuación productiva para la comercialización por trozos, es menester unificar los diversos estándares sanitarios que conviven actualmente, como así también morigerar los impactos impositivos, sobre todo para los eslabones más chicos de la cadena".

"En este sentido, se plantea promover un estándar sanitario único a nivel nacional vía revisión de la ley de carnes, promover un régimen fiscal particular para las carnicerías así como un tratamiento fiscal específico para pequeños productores ganaderos", concluye el documento.

Dicha instancia comenzó el miércoles con las primeras seis audiencias, mientras que ayer se retomó la evaluación con la exposición de otros cinco candidatos.

Este jueves fue el turno de Martina Noemí Cedres, Agente Fiscal N° 3 de Gualeguaychú; Gonzalo Ariel Badano, Agente Fiscal N° 1 de Gualeguaychú; María José Labalta, Agente Fiscal N° 2 de Concepción del Uruguay; Facundo Javier Barbosa, Agente Fiscal N° 2 de Gualeguay; y Fernando René Martínez, Agente Fiscal N° 1 de Gualeguay.

Cabe recordar que durante la primera jornada de audiencias públicas, llevadas a cabo el miércoles, expusieron: Julia Elena Rivoira, Agente Fiscal N° 8 de Concordia; Gustavo Esteban Confalonieri, Agente Fiscal N° 7 de Concordia; Mario Andrés Figueroa, Agente Fiscal N° 3 de Concordia; Pablo Jorge Garrera Allende, Agente Fiscal N° 2 de Concordia; Nadia Paola Benedetti, Agente Fiscal de Villaguay y finalmente Matías Raúl Argüello de la Vega, Agente Fiscal de Chajarí.

Este trámite legislativo es una atribución exclusiva del Senado y su modalidad está establecida en el artículo 19 del reglamento de la Cámara, el cual establece que el objeto de la audiencia pública es conocer al candidato o candidata al cargo, motivación profesional y laboral, planes de trabajo y desafíos, valores éticos y situación patrimonial, entre otros puntos.

Luego de las audiencias públicas, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado se reunirá para emitir los dictámenes correspondientes.

Participaron desde el recinto de la Cámara los senadores Horacio Amavet (Uruguay-Frente Justicialista), Gastón Bagnat (Victoria-Cambiemos), Marcelo Berthet (San Salvador- Frente Justicialista), Nancy Miranda (Federal -Frente Justicialista), Armando Gay (Concordia - Frente Justicialista), Rubén Dal Molín (Federación -Cambiemos) y mediante plataforma virtual, el senador Amilcar Genre Bert (La Paz- Frente Justicialista).

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado entrerriano continuó este jueves con la segunda jornada de audiencias públicas para aspirantes a agentes fiscales de la provincia.

Participaron desde el recinto de la Cámara los senadores Horacio Amavet (Uruguay-Frente Justicialista), Gastón Bagnat (Victoria-Cambiemos), Marcelo Berthet (San Salvador- Frente Justicialista), Nancy Miranda (Federal -Frente Justicialista), Armando Gay (Concordia - Frente Justicialista), Rubén Dal Molín (Federación -Cambiemos) y mediante plataforma virtual, el senador Amilcar Genre Bert (La Paz- Frente Justicialista).

Este jueves fue el turno de Martina Noemí Cedres, Agente Fiscal N° 3 de Gualeguaychú; Gonzalo Ariel Badano, Agente Fiscal N° 1 de Gualeguaychú; María José Labalta, Agente Fiscal N° 2 de Concepción del Uruguay; Facundo Javier Barbosa, Agente Fiscal N° 2 de Gualeguay; y Fernando René Martínez, Agente Fiscal N° 1 de Gualeguay.

Cabe recordar que durante la primera jornada de audiencias públicas, llevadas a cabo este miércoles, expusieron: Julia Elena Rivoira, Agente Fiscal N° 8 de Concordia; Gustavo Esteban Confalonieri, Agente Fiscal N° 7 de Concordia; Mario Andrés Figueroa, Agente Fiscal N° 3 de Concordia; Pablo Jorge Garrera Allende, Agente Fiscal N° 2 de Concordia; Nadia Paola Benedetti, Agente Fiscal de Villaguay y finalmente Matías Raúl Argüello de la Vega, Agente Fiscal de Chajarí.

Este trámite legislativo es una atribución exclusiva del Senado y su modalidad está establecida en el artículo 19 del reglamento de la Cámara, el cual establece que el objeto de la audiencia pública es conocer al candidato o candidata al cargo, motivación profesional y laboral, planes de trabajo y desafíos, valores éticos y situación patrimonial, entre otros puntos.

Luego de las audiencias públicas, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado se reunirá para emitir los dictámenes correspondientes.

Este miércoles la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado entrerriano llevó adelante audiencias públicas para evaluar a los aspirantes a agentes fiscales de la provincia propuestos por el Poder Ejecutivo.

De la jornada participaron desde el recinto de la Cámara los senadores Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista), Gastón Bagnat (Victoria - Juntos por el Cambio), Marcelo Berthet (San Salvador - Frente Justicialista), Nancy Miranda (Federal - Frente Justicialista), Armando Gay (Concordia - Frente Justicialista), Rubén Dal Molín (Federación - Juntos por el Cambio) y mediante plataforma virtual, el senador Amilcar Genre Bert (La Paz - Frente Justicialista).

Este trámite legislativo es una atribución exclusiva del Senado y su modalidad está establecida en el artículo 19 del reglamento de la Cámara, el cual establece que el objeto de la audiencia pública es conocer al candidato o candidata al cargo, motivación, forma en que desarrollará eventualmente su tarea, valores éticos y situación patrimonial, entre otros puntos.

Cabe destacar que debido a la pandemia, las audiencias de este miércoles fueron transmitidas desde la página web de la Cámara de Senadores.

En la jornada expusieron Julia Elena Rivoira, Agente Fiscal N° 8 de Concordia; Gustavo Esteban Confalonieri, Agente Fiscal N° 7 de Concordia; Mario Andrés Figueroa, Agente Fiscal N° 3 de Concordia; Pablo Jorge Garrera Allende, Agente Fiscal N° 2 de Concordia; Nadia Paola Benedetti, Agente Fiscal de Villaguay y finalmente Matías Raúl Argüello de la Vega, Agente Fiscal de Chajarí.

Este jueves 10 prosigue el cronograma de audiencias con el siguiente cronograma:

9:30 horas: Martina Noemí Cedres, Agente Fiscal N° 3 de Gualeguaychú.

10:00 horas: Gonzalo Ariel Badano, Agente Fiscal N° 1 de Gualeguaychú.

10:30 horas: Susana Griselda Irurzun, Agente Fiscal de Federal.

11:00 horas: Facundo Javier Barbosa, Agente Fiscal N° 2 de Gualeguay.

11:30 horas: Fernando René Martínez, Agente Fiscal N° 1 de Gualeguay.

12:00 horas: María José Labalta, Agente Fiscal N° 2 de Concepción del Uruguay.

El senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, presentó un proyecto en la cámara alta para la colonización de tierras fiscales con el fin de ser incorporadas a los procesos productivos, en explotaciones agropecuarias de economías familiares y rurales.

"El espiritu de este proyecto es impulsar la agricultura familiar y que ésta sea económicamente viable para que una familia pueda vivir y desarrollarse, y en un plazo razonable, afrontar el pago de la tierra adjudicada" señaló el legislador del PRO. "El espiritu de este proyecto es impulsar la agricultura familiar y que ésta sea económicamente viable para que una familia pueda vivir y desarrollarse, y en un plazo razonable, afrontar el pago de la tierra adjudicada" señaló el legislador del PRO.

"Lo fundamental en la Argentina que vivimos hoy es lograr las 3T: Tierra, Techo y Trabajo" enfatizó. "Con este proyecto no tengo dudas que es posible alcanzarlo", garantizó. A su vez, De Angeli sostuvo que "en todas las actividades de la economía hay un proceso de concentración económica, y el sector agropecuario no escapa de eso", por lo cual afirmó que "la posibilidad de distribuir la tierra pública representa una oportunidad para que nuevos productores puedan consolidar su vocación y aumentar el número de familias dedicadas a la actividad agropecuaria".

Para llevar a cabo el reparto de tierras públicas, De Angeli propone crear el Instituto Nacional de la Colonización, integrado por cinco miembros: tres propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Congreso Nacional, uno en representación de las entidades ruralistas y un representante de las provincias. Este instituto realizará planes de colonización, según la región del país, siguiendo algunas pautas técnicas. Además establecerá las condiciones para quienes desean participar de una adjudicación, y también, fijará el valor de las tierras adjudicadas y los plazos de pago que no podrá exceder los 25 años. El adjudicatario recibirá el título de propiedad tras el pago completo al Estado.

"El campo genera desarrollo, arraigo y movimiento en todas las ciudades y pueblos del país. Es fundamental que desde el Estado se trabaje con herramientas concretas en sectores que tienen potencial para generar trabajo y mayor competitividad para producir y comercializar más, y así poder crecer en el mercado interno e internacional" finalizó.

La resolución de la Anses que intima a los funcionarios judiciales que tienen aprobada su jubilación a presentar sus renuncias -y les advierte que de lo contrario, sus trámites podrán ser revisados- alcanza a 222 personas: 182 jueces, desde la Corte hasta juzgados de primera instancia, 20 fiscales, incluido el procurador interino, Eduardo Casal; diez defensores y diez funcionarios de menor rango (secretarios y subsecretarios).

La nómina incluye a jueces y fiscales que fueron muy cuestionados por el kirchnerismo, inclusive algunos a quienes busca remover, como Casal, el camarista federal Martín Irurzun y el camarista de Casación Eduardo Riggi. En el Gobierno sostienen que no hay una intencionalidad política detrás de esta reglamentación y que solo busca que quienes iniciaron los trámites jubilatorios definan si quieren irse o no. Un funcionario kirchnerista que trabaja en temas judiciales lo definió, no obstante, como "una invitación a la depuración etaria".

En la lista de quienes tienen concedida la jubilación que circula por despachos oficiales están la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton, y cinco camaristas de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal: Riggi (denunciado ante el Consejo de la Magistratura la semana pasada por el abogado de Cristina Kirchner), Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques (exministro de Justicia bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal), Ángela Ledesma y Liliana Catucci.

De los fiscales, además de Casal, figura el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello. No figuran en la lista, aunque también iniciaron sus trámites jubilatorios, Carlos Stornelli, a quien el kirchenrismo le pidió el juicio político, y el fiscal ante la Casación Raúl Pleé.

De la Cámara Federal, además de Irurzun, aparece en la nómina Leopoldo Bruglia, que deberá deberá decidir si presenta su renuncia o si se queda hasta que culmine el concurso abierto para cubrir su cargo, tras el fallo de la Corte Suprema que le puso plazo al traslado por el que llegó a la Cámara.

De los jueces federales de Comodoro Py, después de las últimas renovaciones del fuero, solo la jueza federal María Servini, la única con competencia electoral, aparece en la lista.

Todos ellos deberían, según la resolución de la Anses, decidir si van a renunciar dentro de los próximos 30 días. Si no lo hacen, sus trámites jubilatorios serán analizados nuevamente por la Anses. "De no acreditarse la presentación de la renuncia se procederá a la revisión integral de las actuaciones, en uso de las facultades conferidas a esta Administración por el artículo 36 de la Ley N° 24.241", dice la resolución.

La norma sostiene que después de esa revisión, si no surgieran "observaciones", se "procederá al archivo" de las actuaciones. En cambio, si "se detectaren desvíos", se adoptarán "las acciones de rigor" y "eventualmente" se hará uso de "la facultad prevista en el artículo 15 de la Ley N° 24.241".

Ese artículo establece la posibilidad de anular las jubilaciones concedidas "en sede administrativa, mediante resolución fundada", sin necesidad de un proceso judicial. Jueces alcanzados por la nueva disposición adelantaron a LA NACION que, si la Anses hace uso de este artículo para retrotraer jubilaciones ya aprobadas, los magistrados recurrirán a la Justicia.

Por: Paz Rodríguez Niell