Cada mes, la Provincia de Entre Ríos gira a la Municipalidad de Gualeguay su parte de la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales. Los números en pesos, tomados de forma aislada, cuentan una historia de crecimiento: la ciudad recibió 526,7 millones de pesos en enero de 2024 y 1.221,7 millones en junio de 2026, más del doble en términos nominales. Pero cuando esos montos se ajustan por inflación, la foto se invierte: en pesos constantes, la coparticipación de junio de 2026 equivale a 16,4% menos que la de enero de 2024.

El dato surge de un relevamiento de los registros del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) de la Contaduría General de la Provincia, que reconstruyó mes a mes los giros a Gualeguay entre enero de 2024 y julio de 2026 —este último mes con datos parciales, ya que la liquidación disponible solo cubre hasta mediados de julio— y los deflactó con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Una caída que se acelera

El análisis no muestra una tendencia lineal, sino una pérdida de poder adquisitivo que se profundiza con el correr de los meses. El total recibido en 2025, medido en pesos constantes, fue 3,8% inferior al de 2024. Pero al comparar el primer semestre de cada año —el corte más reciente disponible con datos completos—, la caída es mayor: el semestre enero-junio de 2026 quedó 9,1% por debajo de igual período de 2025, y 12,2% por debajo del semestre enero-junio de 2024.El promedio mensual real de los giros —siempre expresado en pesos de junio de 2026 para poder comparar— pasó de 1.655 millones de pesos en 2024 a 1.592 millones en 2025 y a 1.437 millones en el primer semestre de 2026.

La explicación de fondo, según el propio comportamiento de la serie, es el proceso de desinflación que atravesó el país en ese período: los montos nominales que recibió el municipio subieron todos los meses, pero a un ritmo menor que la suba de precios en la mayoría de los tramos analizados.

El ruido de las "garantías"

El análisis detectó también un patrón que conviene tener en cuenta antes de sacar conclusiones de un mes puntual: los registros oficiales muestran picos muy pronunciados en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, asociados a una columna que la Contaduría identifica como "Garantía", vinculada a ajustes y conciliaciones de Ingresos Brutos y del Impuesto Automotor. Esa periodicidad bimestral genera variaciones interanuales extremas en algunos meses —marzo de 2026, por ejemplo, quedó 36% por debajo de marzo de 2025 en términos reales, mientras que abril de 2026 superó a abril de 2025 en 26%— que responden más al calendario administrativo de esas liquidaciones que a un cambio real en la política de distribución de fondos.

Para seguir ampliando

El relevamiento tiene, por ahora, dos límites que vale la pena explicitar. El primero es que julio de 2026 quedó afuera de las comparaciones por tratarse de un mes incompleto. El segundo es que, para deflactar junio de 2026, se usó una estimación privada de inflación —la de la consultora Libertad y Progreso, de 1,8%—, porque al cierre de este informe el INDEC todavía no había difundido el dato oficial de ese mes.

Falta, además, un dato que permitiría dimensionar mejor la situación de Gualeguay: qué porcentaje representa el municipio sobre el total coparticipable de la provincia, y cómo evolucionó esa proporción en el mismo período. Sin esa información —y sin una serie comparable de otros municipios entrerrianos de tamaño similar, como Gualeguaychú, Concordia o Villaguay— no es posible saber si la caída real que muestran los números de Gualeguay es un fenómeno generalizado en toda la provincia o una situación particular del municipio.

Nota elaborada a partir de datos oficiales del SIAF (Contaduría General de Entre Ríos) e IPC del INDEC.  

Desde la oposición remarcaron la urgencia de recibir respuestas en el plazo establecido de diez días y enfatizaron que el foco debe ponerse en la responsabilidad sobre el control de los recursos de la comunidad.

En estos días tomó estado parlamentario un pedido de informes que apunta directamente al corazón de la administración de los recursos públicos locales. El proyecto surge en una semana marcada por dos acontecimientos críticos: la denuncia y pedido de remoción del Tesorero Municipal por parte del propio Ejecutivo tras la detección de un supuesto faltante de dinero, y la intimación a un club local por una deuda no reflejada en las utilidades de la máxima fiesta de la ciudad.

Al respecto, la concejala Micaela Cevasco (Más por Entre Ríos), impulsora de la iniciativa, dialogó con este medio y remarcó la necesidad de que el Municipio brinde respuestas perentorias ante lo que calificó en el documento como "trascendidos públicos de gravedad". "Todos los vecinos y vecinas de Gualeguay merecen que los fondos y cada centavo sea administrado con responsabilidad y transparencia", argumentó justificando la solicitud de un plazo perentorio de diez días para que el Ejecutivo remita la documentación respaldatoria.

Las cuentas del Carnaval bajo la lupa

El primer eje de la presentación radica en las inconsistencias detectadas en la liquidación del Carnaval 2026. Según consta en los considerandos del documento, tras la presentación pública del balance oficial de la última edición, se conoció la existencia de deudas pendientes vinculadas a la explotación de cantinas. Específicamente, trascendió la intimación al Club Quilmes por una cifra cercana a los 15 millones de pesos en concepto de canon de explotación.

Sobre este punto, Cevasco aclaró que la intención legislativa no busca penalizar a la entidad civil involucrada. "Bajo ningún punto de vista queremos caerle al club que tiene esta deuda millonaria, sino poner el foco en la responsabilidad que tiene que tener el Municipio y quienes manejan la plata de todos los vecinos", diferenció. En ese sentido, la concejala apuntó a los mecanismos de control interno de la comuna: "Desde la Secretaría de Hacienda se debería haber hecho lo que estaba claramente establecido en el pliego licitatorio".

Ante este escenario, el articulado del pedido de informes exige al Ejecutivo que remita copia íntegra del balance económico-financiero del Carnaval 2026, detallando cuentas a cobrar y el tratamiento contable otorgado a los créditos pendientes. Asimismo, la requisitoria amplía el espectro temporal y solicita las rendiciones de las ediciones 2023 2024 y 2025, con un foco especial en los movimientos realizados a través de plataformas de cobro electrónico y billeteras virtuales —especialmente Mercado Pago—, incluyendo conciliaciones bancarias, titulares de las cuentas y transferencias efectuadas durante los últimos cuatro ejercicios.

El caso del Tesorero

El segundo componente que motivó la presentación legislativa se vincula a las actuaciones administrativas y judiciales que derivaron en el desplazamiento del Tesorero Municipal, un hecho que sacudió la política local tras la confirmación desde el propio Ejecutivo sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos. El pedido de informes solicita formalmente conocer qué funcionarios y agentes municipales tuvieron intervención directa en el control y registro de las partidas, así como también si existen auditorías internas, investigaciones administrativas en curso o expedientes sumariales vinculados al área en los períodos mencionados. Respecto a esta arista, la concejal Cevasco se mostró cauta pero firme en el reclamo de claridad: "Hay que ser muy cuidadosos con el presunto delito que hay sobre lo del Tesorero, pero la sociedad exige saber qué pasó".

La próxima semana se tratará en audiencia pública el pedido de remoción presentado por el Ejecutivo ante el Concejo Deliberante. 

Mientras el Departamento Ejecutivo avanza con un sumario administrativo, una denuncia penal y un pedido de remoción en el Concejo Deliberante, la defensa legal cuestiona de raíz la validez del operativo contable montado en la Comuna.

El Debate Pregón: Desde el Ejecutivo confirmaron el inicio de tres vías concurrentes: sumario, denuncia penal y pedido de remoción. ¿En qué estado procesal se encuentra su defendido?

Dr. Marcelo Sánchez: Legalmente mi defendido aún no ha sido notificado ni imputado en el ámbito penal. Al momento, solo se nos ha anoticiado el inicio de un sumario administrativo con una suspensión provisoria por 30 días. Lo llamativo es que el dictamen del asesor legal esboza supuestos incumplimientos de manera laxa, pero formalmente aún no sabemos qué hecho concreto se le atribuye en el sumario; ni siquiera le han pedido explicaciones todavía.

EDP: La Secretaría de Hacienda matizó que lo que existía era una "salida irregular" de fondo fijo sin los requisitos formales.

M.S.: Lo que ha estado pasando denota una marcada animosidad. El Ejecutivo tomó conocimiento de la existencia de un recibo temporal por 1.500.000 pesos firmado de puño y letra por el Tesorero en una de las cajas exteriores. Apresuradamente, convocaron al escribano con el único fin de constatar la existencia física de ese papel antes de que desapareciera por el flujo normal de la actividad municipal.

La extracción temporal de dinero de la caja chica mediante recibos internos para afrontar contingencias inmediatas es una práctica habitual y prevista por los usos del Tribunal de Cuentas. Si un área necesita pagar de urgencia una carta documento, el tesorero entrega el efectivo y guarda un recibo firmado por el empleado. Cuando el agente regresa con la factura oficial, el recibo provisorio se destruye y el gasto se incorpora formalmente. El apuro del Municipio radicaba en "encontrar" el recibo firmado por Estapé antes de que se formalizara el comprobante definitivo, para instalar en la opinión pública que se estaba llevando el dinero.

EDP: ¿Y dónde se encontraba ese dinero al momento del procedimiento notarial?

M. S.: El dinero siempre estuvo dentro del Municipio. Lo que ocurre es que durante el arqueo se negaron terminantemente a abrir la caja fuerte principal de la Tesorería. Si hubiesen continuado el procedimiento adecuadamente abriendo la caja fuerte, habrían encontrado los fondos o los documentos de respaldo correspondientes. Cuando llegue el momento del descargo formal, Estapé planteará este vicio metodológico: ¿con qué rigor técnico me acusan de un faltante si ni siquiera revisaron la totalidad de las dependencias?

EDP: El concepto que quedó instalado en la comunidad es el de un faltante de fondos en las cuentas públicas. ¿Cómo responde a esa calificación?

M. S.: Técnicamente es imposible hablar de desfalco cuando existe un documento firmado por la máxima autoridad de la Tesorería autorizando la salida. Mi cliente no ocultó nada; dejó asentada su firma haciéndose cargo de la extracción en la caja que custodiaba otra empleada, precisamente para que a ella le cerraran los números al finalizar la jornada.

Nadie que pretenda defraudar al Estado deja un recibo con sus datos y su firma en el lugar del hecho. Tampoco se puede argumentar que Estapé sea responsable de las demoras en rendir cuentas al poder legislativo; la obligación de confeccionar los balances es una responsabilidad política del Ejecutivo, no de los cuadros técnicos de control.

Además, hoy la Tesorería opera con un sistema informatizado y trazable. El Secretario de Hacienda, el Contador y el Tesorero poseen usuarios y claves individuales. Cada movimiento que realiza Estapé queda grabado con una huella digital inalterable. No podemos ser tan ingenuos de pensar en una intencionalidad dolosa en un entorno donde todo genera una alerta automática.

EDP: El Concejo Deliberante tiene previsto dar tratamiento inmediato al pedido de remoción. ¿Qué análisis hace de este paso legislativo?

M. S.: Nos preocupa profundamente la celeridad con la que el oficialismo pretende resolver esto, contando simplemente con la mayoría automática de votos, sin esperar siquiera a que concluyan los plazos mínimos del sumario administrativo o la investigación de la Justicia. Estamos hablando de un empleado público con 23 años de carrera intachable y 18 años de ejercicio continuo en el cargo de Tesorero. Si el proceso se ejecuta vulnerando el debido proceso y mañana la Justicia nos da la razón, el juicio millonario resultante contra la Municipalidad no lo pagarán los funcionarios de turno; lo va a pagar "Juan Pueblo" de sus propios impuestos. Institucionalmente es de una fragilidad alarmante.

El Tesorero y el Contador son las figuras creadas por la Constitución de Entre Ríos y la Ley de Municipios para ejercer el control de legalidad y limitar el poder político. Si con un sumario express y una mayoría simple podés deshacerte con tanta ligereza del técnico que tiene la función legal de controlarte, el sistema democrático y la institucionalidad se dañan. 

En un anticipo de lo que será la entrevista de nuestro diario con  la Secretaria de Hacienda, sobre este y otros temas, te compartimos las tres medidas que se tomaron para avanzar sobre Estapé. 

Esta es la instancia a la que te referías y que involucra directamente al poder político local.

Es el procedimiento interno de la Municipalidad para determinar las responsabilidades laborales y civiles del funcionario.

Va en paralelo a todo lo anterior y busca determinar si se cometió un delito (como malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes o destrucción de documento público).

La medida alcanza a los Presidentes, Secretarios y Tesoreros de los centros rurales de población, cumpliendo con lo estipulado en la Ley Nº 7.555. Según los considerandos de la norma, mientras que el desempeño de los vocales es honorario, estas tres figuras reciben una compensación mensual vinculada al escalafón general de la administración pública provincial.

Criterios de asignación y actualización

El decreto detalla que el Presidente de cada Junta percibirá el equivalente a dos sueldos básicos de la categoría 10, mientras que el Secretario y el Tesorero recibirán el equivalente a un sueldo básico de la misma categoría.

Un aspecto relevante de la normativa es la facultad otorgada al Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, para disponer la actualización de estos montos mediante resolución ministerial. Dicha actualización se ajustará a los incrementos salariales que se otorguen durante el año 2026 para la categoría 10 del escalafón general.

Control y transparencia

Para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos, el Artículo 2º del decreto establece que todas las Juntas de Gobierno deberán rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Este proceso se realizará a través de la Dirección de Comunas y Juntas de Gobierno, organismo encargado del control previo.

La entrega de los fondos será mensual y se canalizará a través de la Tesorería General de la Provincia hacia el Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Gobierno y Trabajo. 

Alcance territorial

La imputación del gasto abarca partidas destinadas a numerosos departamentos de la provincia, tales como Concordia, Colón, Gualeguay, Gualeguaychú, La Paz, Nogoyá, Paraná, Uruguay y Victoria, entre otros.

El decreto también menciona casos especiales, como el del departamento Nogoyá, donde los centros rurales de Chiqueros y Laurencena son administrados por una misma Junta de Gobierno, por lo que se contabiliza una única compensación para ambas localidades. 

De acuerdo a los datos disponibles, durante enero de 2026 Gualeguay recibió hasta el momento alrededor de 740 millones de pesos en concepto de coparticipación, una cifra que refleja la importancia de estos fondos para el funcionamiento cotidiano del Estado local y la prestación de servicios esenciales.

El nuevo índice para ingresos brutos fue formalizado mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial, ante la imposibilidad técnica de contar con los datos definitivos necesarios para calcular los índices finales del próximo ejercicio. Según se explicó en los considerandos, al 11 de diciembre de 2025 la Contaduría General de la Provincia aún no disponía de la recaudación definitiva del impuesto sobre los Ingresos Brutos generada en cada jurisdicción municipal durante el año calendario anterior, información clave para aplicar la fórmula polinómica prevista por la Ley N.º 9.638.

Recursos clave para la gestión local

Los fondos que Gualeguay percibe por coparticipación de Ingresos Brutos constituyen una de las principales fuentes de financiamiento municipal. Estos recursos permiten afrontar gastos corrientes, sostener servicios básicos, ejecutar tareas de mantenimiento urbano y acompañar distintas políticas públicas. En ese marco, los $740 millones ingresados en el primer mes del año representan un alivio para las arcas municipales en un contexto económico complejo, aunque desde el Ejecutivo local se sigue con atención la evolución de la coparticipación, teniendo en cuenta que los índices actualmente vigentes son de carácter provisorio.

Un esquema transitorio

La Provincia aclaró que los índices aprobados tendrán vigencia hasta tanto se definan los valores definitivos para el año 2026. La demora responde, además, a la reciente creación del municipio de Sauce Montrull, que debe ser incorporado formalmente al régimen de distribución. Mientras tanto, la Dirección General de Relaciones Fiscales con Municipios tomó intervención para garantizar una herramienta que permita liquidar sin interrupciones la coparticipación a los 84 municipios entrerrianos, entre ellos Gualeguay, desde el inicio del nuevo año.

El decreto establece que la Contaduría General de la Provincia será la encargada de efectuar las liquidaciones mensuales y los reajustes que correspondan una vez que se aprueben los índices definitivos. Hasta entonces, Gualeguay continuará recibiendo fondos bajo el esquema provisorio, con un impacto directo y tangible en su presupuesto.

Después de idas y vueltas discursivas, tras la derrota del oficialismo en la votación de este jueves, la contadora Busso se presentará en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

¿Cuáles son los dos temas más importantes? En primer lugar, en qué consisten las modificaciones al Presupuesto Municipal que se hicieron sin previo paso por el poder legislativo. En segundo lugar, a través de qué recurso administrativo se podrá disponer libremente de los fondos nacionales para la finalización del Barrio 100 Viviendas. Cabe recordar que la decisión política de la gestión es adelantarlo (ya sea por Decreto o a través de una nueva norma de reasignación con mayor consenso) y después recuperarlo cuando lleguen los fondos desde Casa Rosada. La pregunta que se hacían los concejales del resto de los bloques era cómo hacer eso sin incurrir en ninguna irregularidad o tener que devolver el dinero y no poder utilizarlo.

¿Qué pasó el jueves?

Como publicamos en El Debate Pregón en forma exclusiva,  el bloque de Juntos por Entre Ríos buscaba aprobar el Expediente 029/25 reasignando partidas del presupuesto para finalización de las cien viviendas.  La idea era tener eso resuelto antes del sorteo que se realizó este viernes.

Sin embargo, concejales de Más por Entre Ríos, Vamos Gualeguay y Juntos por el Desarrollo pusieron dudas sobre la posibilidad de disponer de esos fondos de Nación para otro fin. En concreto, se reclamaba la presencia de la Secretaria de Hacienda para dar las explicaciones técnicas que fueran necesarias. Sin embargo, el oficialismo sacó un despacho por mayoría en comisión y puso a votación la norma.

A su vez, en la sesión se planteó que los anexos de esta Ordenanza también dejaban en evidencia otras modificaciones hechas al presupuesto que no pasaron por el Concejo Deliberante. El resultado fue un debate acalorado y una votación que tuvo el resultado esperado. Sólo los cuatro concejales de Juntos por Entre Ríos apoyaron su ordenanza y el resto de los bloques la rechazaron. Desde la oposición aseguraron que “las casas se van a terminar”, e intentaron quitarle dramatismo a la decisión, al tiempo que reclamaron "mayor prolijidad" para tratar estos asuntos.  El oficialismo, por su parte, acusó al resto de los bloques de frenar la finalización de la obra. 

La necesidad de finalizar el Barrio 100 Viviendas ya no es solamente una urgencia social por la dramática situación habitacional que sufren vecinas y vecinos de Gualeguay. El oficialismo ha preparado un acto para esta semana en el que se espera otorgar mediante un sorteo ante autoridad notarial, a los distintos grupos (discapacidad, educación, fuerzas de seguridad, empleados municipales, privados, salud, bomberos voluntarios y cupo trans) su cupo y su ubicación. Sin embargo, en la sesión de este martes del Concejo Deliberante se pusieron de manifiesto algunas dudas respecto de la disposición de los fondos para culminar el tan ansiado complejo habitacional.

Desde el oficialismo naturalizaron la situación y explicaron que la reasignación de fondos es una práctica habitual. Uno de los casos resonantes fue en relación al Plan Tené Tu Casa, cuando apareció un superávit en una sesión y fue incorporado para apuntalar el proyecto. Sin embargo, en este caso la diferencia radica en que los fondos destinados, de acuerdo a lo presentado por el Ejecutivo tienen el siguiente origen:

Se reasignan las partidas de la Construcción cloacas 100 Viviendas ($177.000.000)y de Terraplén Crematorio Municipal ($ 9.000.000) por un total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CON 00/100 ($ 186.000.000) a la partida Terminación 100 Viviendas.

Esto implica que luego habrá que conseguir los fondos para construir dichas cloacas. Fuentes del oficialismo le manifestaron a El Debate Pregón que ese dinero se repondrá cuando Nación pague la deuda que tiene pendiente.

De todas maneras, otros bloques manifestaron sus dudas en la sesión de este martes sobre la forma en que podrá disponerse de esos fondos sin caer en el delito de malversación. A tal fin propusieron citar autoridades de Hacienda, para poder acompañar la decisión con un paraguas administrativo.

Por más que sea un buen fin, que tiene apoyo unánime de la sociedad como la finalización de este Plan de Viviendas, los fondos públicos no se pueden disponer de cualquier manera, y también es preciso asegurarse que se podrán utilizar los fondos que lleguen (si es que llegan) de Nación.

En ese marco se dará la sesión pública de esta noche que promete un debate intenso para lograr aprobar contra reloj los fondos necesarios para finalizar el Barrio Cien Viviendas.

El lanzamiento de la convocatoria se realizó de forma virtual, en las oficinas de la Secretaría de Inversión Pública y Desarrollo Territorial, dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

El encuentro fue encabezado por el responsable del Fondo Multisectorial, Santiago Solís, quien abrió la convocatoria, acompañado de parte del equipo que lleva adelante el programa.

La presentación contó con la presencia de Mónica Beber, en representación de la Secretaría de Turismo de la provincia y con la participación de varios referentes de turismo de distintos municipios de la región; por el sector privado, estuvieron presentes propietarios de alojamientos turísticos, de complejos termales y proveedores de equipos generadores de energías renovables.

“Desde el Fondo Multisectorial, buscamos mejorar la competitividad de las empresas turísticas de Salto Grande, lo que implica fomentar inversiones que reduzcan los costos energéticos y a la vez minimicen el impacto ambiental”, explicó Solís.

“El objetivo de esta convocatoria es financiar a aquellas empresas de turismo de los departamentos Colón, Concordia y Federación que deseen invertir en equipos generadores de energías renovables o pretendan realizar adaptaciones post-COVID. En esta oportunidad, el reintegro de las inversiones será del 60 por ciento”, finalizó el responsable del Fondo Multisectorial.

Proyectos financiables

Proyectos de inversión en energías renovables: se financiarán aquellos que propendan al uso de las mismas (calefacción, climatización de piscinas, termotanques y paneles solares) o bien, al ahorro de los recursos utilizados (luminarias de bajo consumo, reductores de agua, depósitos de inodoro de doble descarga, etc.).

Proyectos de inversión para realizar adaptaciones post-covid: se financiarán aquellos que quieran hacer ampliaciones o readecuación de espacios comunes, o la creación o ampliación de espacios al aire libre. Además, contempla la incorporación de tecnología compatible con el sistema "manos libres" (implementación de sistemas de apertura de puertas, sensores de movimiento para iluminar ambientes, etc.).

La convocatoria está vigente desde el 12 de julio al 12 de septiembre de 2023.

Para consultas e inscripción puede escribir a los siguientes correos electrónicos:

admfondomultisectorial@gmail.com

fondomultisectorialsaltogrande@gmail.com

Desde la Dirección de Comedores, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social, se informó que este viernes 27 de mayo se acreditan los fondos de comedores correspondientes a la partida de junio.De esta manera, desde las 8:00 estarán habilitados los fondos para comedores escolares, comunitarios y de hogares de personas mayores. 

Hoy viernes 21 de enero, se acreditarán los fondos para los comedores a los que asisten cientos de chicos entrerrianos.Desde la Dirección de Comedores, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social, se informó que este viernes se acreditan los fondos de comedores correspondientes a la partida de febreroDesde las 12 hs del viernes 21 de enero, estarán habilitados los fondos para comedores escolares, comunitarios y de hogares de adultos mayores. 

La construcción de 60 nuevas viviendas, con financiamiento del gobierno nacional para nuestra ciudad, fue el tema desarrollado durante una reunión de trabajo que mantuvo el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni. De la misma, participó el titular del Bloque de concejales del Frente de Todos, Martín González, quien fue acompañado por presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller. El Debate Pregón dialogó sobre este y otros temas con González.

Sobre el comienzo, Martín González indicó: "Bisogni nos comunicó que en febrero de este año el gobernador Gustavo Bordet firmó un convenio con el Ministro de Hábitat y Vivienda de la nación por el cual ese Ministerio se comprometía a la construcción de 2.200 viviendas en la provincia en el marco del programa Casa Propia Construir Futuro y que a Gualeguay le toca un cupo de 60 viviendas. Es un plan interesante porque serian 60 viviendas financiadas por el gobierno nacional, que no sólo construye las mismas, sino que también se encarga de las veredas y el parquizado, la provincia garantizaría la construcción total de los servicios de cloacas y agua para todos los lotes y en este caso, el municipio se debería hacer cargo de garantizar y escriturar a nombre del Iapv un terreno donde pueda llevarse adelante esas 60 viviendas. Lo importante es que debe haber un trabajo conjunto entre nación, provincia y municipio para garantizar este derecho de acceso a la vivienda digna".

"Respecto de los terrenos municipales, entiendo que el municipio cuenta con un lote detrás del barrio 150 Viviendas, pero también cuenta con la posibilidad de acceder a través de la compra a terrenos. Lamentablemente, en el último tiempo no se ha cumplido con la ordenanza de creación del Banco de Tierras, una ordenanza de 2014, que establece incluso la creación de un fondo municipal de tierra y vivienda, que debería ser del 1 por ciento o pasado un tiempo del 0,5 , eso debería haber garantizado que durante todo este tiempo se haya ido generado la compra de lotes y fortaleciendo ese Banco municipal de tierras que lamentablemente al incumplir con la ordenanza el gobierno municipal no lo ha hecho".

Concejo Deliberante

En otro orden de cosas, González se refirió a la sesión de comisión en el Concejo Deliberante que tuvo lugar este martes: "Tuvimos la suerte de contar con la visita de representantes de la Multisectorial de Mujeres de Gualeguay en el Concejo que quisieron charlar con nosotros respecto de las ordenanzas de género que se habían venido trabajando durante el año pasado y que se están trabajando en el trascurso de este año. Charlamos con ellas y luego discutir en comisión un proyecto de ordenanza mandado por el Ejecutivo que tiene que ver con la Declaración de Emergencia Pública en materia social por violencia de género".

"Concretamente, el proyecto del ejecutivo consta de un sólo artículo y fundamentalmente tiene que ver con una cuestión declarativa de la Emergencia por Violencia de género hasta el 31 de diciembre de este año. Entendemos que a la cuestión meramente declarativa de la emergencia se le tienen que agregar cuestiones específicas que tengan que ver con, por ejemplo, una asignación presupuestaria y otras cosas. En ese sentido tratamos de trabajar modificaciones desde nuestro bloque a ese proyecto de ordenanza y las discutimos ayer, como por ejemplo, la necesidad de que el ejecutivo municipal planifique, diseñe y ejecute políticas públicas efectivas que aborden la situación de la violencia de género de manera integral, tal cual los establece la ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer, que se den respuestas de manera inmediata y se garantice la mirada trasversal y con perspectiva de género en la totalidad de la gestión. Nosotros propusimos que no sea hasta el 3 de diciembre de este año sino que sea por dos años", señaló.

Asimismo, añadió: "También entendemos que debe ser el ejecutivo municipal quien garantice el fortalecimiento del sistema de protección integral para la mujer en la comunidad de Gualeguay coordinando con el resto de los organismos del estado y con aquellas ONGs e instituciones de la sociedad civil que trabajen en defensa de los derechos de las mujeres y con competencias específicas en la materia".

"Además, entendemos que respecto a situaciones concretas, y casos específicos enmarcados en situaciones de violencia por motivo de género la municipalidad debe garantizar el abordaje, que no lo está haciendo, hay una ausencia total del estado municipal en eso, constituyéndose como instancia originaria de intervención a través de la Secretaria Correspondiente, que a nuestro entender es la Secretaria de la Mujer, tal cual se deriva de la adhesión que el municipio hizo el año pasado a la ley de Protección Integral. Es importante en relación a lo de la Secretaria correspondiente que el municipio se pueda clarificar las competencias y sea todo unificado en la Secretaria de Desarrollo Humano y la Dirección de la mujer".

"El ejecutivo debe garantizar y cumplir en el marco de la Emergencia y en la totalidad de la gestión con la reglamentación, implementación y cumplimiento de las ordenanzas en materia de género que hay en la ciudad con las que lamentablemente no viene cumpliendo. Recordemos que el año pasado el Concejo Deliberante de Gualeguay fue uno de toda la provincia que más ordenanzas en materia de género sancionó y sin embargo hay muchas de ellas que ni siquiera han sido reglamentadas. Entendemos que a través de un artículo en la ordenanza que declara la emergencia de género se tiene que instar y obligar al municipio a que cumpla con estas ordenanzas, que las reglamente y lleve adelante y también que cumpla con las ordenanzas que vienen de años anteriores, como por ejemplo la ordenanza 2700 del 2013 que tiene que ver con la creación de la Casa Refugio para Víctimas de Violencia de Género con la que tampoco ha cumplido en los seis años que lleva de gestión ni con la ordenanza de creación del Instituto municipal de la mujer, creado por ordenanza del 2012", expresó.

En esa línea, continuó: "Se tienen que generar cupos específicos para víctimas de violencia en los programas de viviendas, el municipio tiene que otorgar una asignación económica mensual específica para el desarrollo autónomo de las víctimas de violencia y para esto no es necesario siquiera que el municipio tenga que poner demasiado dinero, entendemos que el municipio tiene que firmar el convenio específico con el ministerio de la mujeres para implementar en el ámbito de Gualeguay el Programa Acompañar, que brinda una ayuda económica a través del Anses a las víctimas de violencia de género. A ese convenio el municipio no lo ha firmado".

"Para todo eso hay que autorizar al departamento ejecutivo municipal a la reasignación de las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la totalidad de la ordenanza de Emergencia por violencia de género. Esto debería ir acompañado de la discusión y lo vamos a presentar nosotros como bloque en el Concejo Deliberante en una ordenanza específica que reglamente el abordaje integral a través de un equipo interdisciplinario de la municipalidad, cosa que hoy el municipio no tiene", finalizó.