El Gobierno nacional dispuso la implementación de un bono extraordinario de $40.000 destinado a los efectivos de las fuerzas federales de seguridad. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, busca reforzar los ingresos del sector en un contexto de reclamos salariales y se abonará por única vez junto con la liquidación de abril de 2026.

El pago alcanza al personal en actividad de las cuatro fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). También incluye al Servicio Penitenciario Federal y a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

La normativa establece que la suma fija es de carácter no remunerativo y no bonificable, lo que significa que no impactará en el cálculo de aguinaldos ni aportes previsionales.

Lo más destacado de la resolución, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, es la segmentación de sumas adicionales que varían inversamente a la jerarquía. 

En la fuerza policial, la distribución se divide en tres grandes grupos según la responsabilidad del cargo:

La estructura para los centinelas mantiene una lógica similar, enfocada en los rangos operativos:

Tanto en la Prefectura Naval Argentina como en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), los importes se ubican en la misma escala técnica:

El personal penitenciario también fue incluido en este refuerzo de haberes:

El anuncio se produce en la antesala de una jornada de protestas anunciada por sectores de las fuerzas en demanda de mejoras en los haberes básicos. Según el decreto, el gasto que demande la medida no requerirá de una ampliación de partidas, sino que será afrontado con los créditos vigentes asignados a la Jurisdicción 41 del Ministerio de Seguridad.

Además del bono y los adicionales, los haberes de abril ya contemplan un incremento del 1,7% correspondiente a la pauta de actualización mensual y acumulativa establecida para el primer semestre del año.

El nuevo reglamento establece que los miembros de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria van a poder obrar de acuerdo a la normativa internacional vigente en países como Uruguay, Chile, México, Paraguay y Estados Unidos.

Los integrantes de las fuerzas federales podrán emplear las armas de fuego en casos de defensa propia o de terceros ante un peligro inminente de muerte o de lesiones graves, para impedir la comisión de un delito particularmente grave con peligro para la vida o integridad física de las personas y para proceder a la detención o impedir la fuga de aquellas personas que hayan cometido un delito.

La nueva normativa establece pautas objetivas para obrar frente a un delito en el que exista un peligro inminente contra la vida o integridad física de las personas, previendo los casos en los que exista pluralidad de agresores y alguno de ellos posea un arma, o se presuma verosímilmente sobre la existencia de armas de fuego; ante agresiones potencialmente mortales aún sin armas de fuego, o cuando ya se haya matado, intentado matar o se hayan producido lesiones graves a una víctima, entre otras situaciones.

Es importante destacar que el nuevo reglamento no modifica el empleo de armas ante manifestaciones o protestas públicas, ya que continúa vigente la normativa que establece el uso de armas no letales para estos casos.

Las condiciones previas a la reglamentación de esta nueva normativa les impedían a los miembros de las fuerzas federales utilizar sus armas para defenderse o defender a la gente. Asimismo, los efectivos tampoco podían utilizarlas para detener a los delincuentes o impedir su fuga, incluso aunque hayan matado o intentado matar a una persona. Lo mismo sucedía en los casos en los que se intentaba impedir la comisión de un delito grave que atentara contra la vida o la integridad física de terceros o de ellos mismos, ya que los efectivos debían esperar a que el agresor disparara y, solamente después de eso, podían repeler las hostilidades a modo disuasivo. Incluso, ante la duda, debían “hacer memoria” y recordar cómo estaban vestidos los agresores o si llevaban tatuajes que posteriormente les permitiera identificarlos en algún momento.

El nuevo reglamento establece las condiciones en las cuales un miembro de las fuerzas federales de seguridad actúa en cumplimiento de un deber y unifica por primera vez las normativas para el uso de armas de fuego. Las fuerzas federales adecuarán sus reglamentaciones internas a las nuevas disposiciones.

Los reglamentos que derogó Bullrich

A partir de la creación del nuevo reglamento general para el empleo de armas de fuego, institucionalizado a través de la Resolución 956/2018 que se publicó en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, derogó una serie de pautas que regían en las distintas fuerzas federales de seguridad.

En el caso de la Gendarmería Nacional, la norma anterior exigía que, para abrir fuego, los efectivos tenían que esperar a que les dispararan primero e incluso establecía que, antes de extraer sus armas de fuego, debían utilizar la disuasión y graduar el empleo de la fuerza: ante un enfrentamiento debían usar la fuerza física natural; luego aplicar conocimientos defensivos como el yudo; manipular agresivos químicos no letales, proyectiles de goma; y, por último, podían esgrimir sus armas pero sin disparar, solo con fines intimidatorios.

SI bien se incorporó la recomendación de Naciones Unidas de emplear armas de fuego en defensa propia o de otras personas en casos de serio peligro de muerte, no se había modificado la normativa anterior (Procedimiento Operativo Normal N°1/06 “Normas básicas para el personal que se desempeña en tareas de seguridad”) que aclaraba que la extralimitación de las facultades conferidas implicaba para el gendarme una grave responsabilidad administrativa y penal.

Por su parte, en la Prefectura Naval Argentina regían las Directivas N° 8 y 9 “S”/2007 DOPE UP4, que permitían abrir fuego después de que les dispararan a los uniformados, en respuesta a una agresión previa y similar, luego de intentar lograr un cese de la agresión. Con todo eso, aun cuando resultaba absolutamente necesario abrir fuego, en principio sólo podían hacerlo con sentido estrictamente disuasivo, utilizando el sonido como advertencia, efectuando disparos en sentido descendente, sin posibilidad de rebote, tratando de causar el menor daño posible al oponente.

Para la actividad de la Policía Federal Argentina regía el Reglamento General de Armas y Tiro, RGPFA N° 8, modificada por la ODI N° 25, que disponía que en el caso de fuga no se justificaba el uso de armas. Solo podían usarlas si previamente les disparaban, autorizando al personal policial a abrir fuego solo si el agresor continuaba disparando en su huida y, ante la duda, se fijaba que no se debían efectuar disparos.

Los policías solo podían “hacer memoria”: recordar cómo estaban vestidos los delincuentes o si, por ejemplo, tenían algún tatuaje, para poder identificarles posteriormente.

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, recibió este viernes a la subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad de Nación, Sabrina Calandrón, junto al médico intensivista de la Prefectura Naval Argentina y representante de las Fuerzas Federales, prefecto Principal, Mario Fiorentino; y el asesor técnico del COES, del Ministerio de Salud de la Provincia, Enzo Bucarello. Durante el encuentro se valoró el proceso de vacunación a las Fuerzas Federales y se destacó la labor conjunta entre provincia y Nación.

"Hace poco más de una semana comenzó el proceso de vacunación a las Fuerzas de Seguridad, a través del Ministerio de Salud, que se dio en simultáneo en los distintos puntos de la provincia", explicó la ministra Romero.

En este marco, agregó: "Esto corresponde a un pedido especial que nos había realizado la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y pudimos dar cumplimiento con esta tarea, reforzando el compromiso de continuar trabajando en conjunto".

Por su parte, la subsecretaria Sabrina Calandrón, agradeció el trabajo de la provincia de Entre Ríos en la vacunación de las Fuerzas Federales y subrayó: "Es muy importante porque esto le da a todo el personal de las Fuerzas tranquilidad, baja mucho la ansiedad y también cumple con los objetivos que tenemos desde el Ministerio de Seguridad, que es cuidar a cada una de las personas que estuvieron trabajando durante la pandemia, que redoblaron su compromiso y su esfuerzo en la medida en que la situación lo requirió".

El representante de las Fuerzas Federales, prefecto Principal Mario Fiorentino, se refirió al proceso conjunto que se desarrolló con el Ministerio de Salud de la provincia. "Tratamos de armar una estrategia propia de vacunación para con las Fuerzas, muy bien definida y clara. Tratamos de lograr en el lapso de siete días y conformamos el día de ayer el último sitio de vacunación en la ciudad de Colón, en el cual estamos ya finalizando el proceso. Quedan algunos miembros de la Fuerza todavía para completar la vacunación, porque han estado infectados o tienen tareas laborales fuera del proceso de vacunación, pero lo irán haciendo de a poco en los Centros de Salud", detalló.

Finalmente, el asesor técnico del COES, Enzo Bucarello, agregó: "Pudimos hacer un trabajo mancomunado con Nación para poder realizar esta campaña de las Fuerzas Armadas y Federales. Tenemos el agrado de decir que la tenemos en más de un 90 por ciento. Nos quedan muy poquitos que es gente que está o cursando el Covid o está esperando que pase el tiempo de su vacuna de la gripe o neumonía. Es un orgullo haber terminado el trabajo con el Ministerio de Seguridad de la Nación".

Según informaron fuentes oficiales, en los controles de ayer se pudo constatar una "considerable merma" en la cantidad de pasajeros respecto de los días anteriores.

Tras la publicación del decreto con las nuevas medidas, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic ordenó el despliegue de las cuatro fuerzas de seguridad federales en diferentes lugares del país para realizar un estricto control para el cumplimiento de las pautas fijadas desde las 00 hasta las 6, horario durante el cual solo puede circular el personal exceptuado y los trabajadores esenciales.

Según se explicó, los controles se realizan con dos modalidades: fijos y móviles.

Los primeros se corresponden con lugares fundamentales para la reducción de la circulación poblacional, mientras que los segundos se relacionan con la intervención circunstancial de las Fuerzas ante coyunturas que requieren su colaboración, sobre todo por requerimiento de autoridades jurisdiccionales.

Los controles fijos, además de responder a las zonas de responsabilidad del Estado nacional (entre ellas, los ferrocarriles, las rutas nacionales, los aeropuertos y las fronteras), incluyen peajes, rutas y puentes en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lugar de mayor concentración de los contagios de esta nueva fase de la pandemia del Covid-19 y de mayor densidad poblacional del país.

En esos puntos, la Policía Federal Argentina desplegó a sus efectivos en el Puente La Noria, en el Camino de la Ribera y en la Autopista Panamericana (peaje ramal Tigre).

En tanto, la Gendarmería Nacional se instaló en el Acceso Oeste (peaje Ituzaingó); peaje Dock Sud y en la Autopista Panamericana (peaje ramal Pilar).

Por su parte, la Prefectura Naval realiza los controles en la Autopista Panamericana (peaje del ramal Campana), en el Puente Pueyrredón y en el Puente Avellaneda.

Finalmente, la Policía de Seguridad Aeroportuaria controla el tránsito vehicular en la Autopista Richieri, en el peaje Mercado Central.

En los puentes, además de los controles vehiculares, las Fuerzas realizaron tareas de control en el transporte público, donde solicitaron a los pasajeros la posesión regular y actualizada de las autorizaciones correspondientes para realizar ese tipo de viajes.

Allí, además, se solicitó el cumplimiento del distanciamiento social de dos metros y se evitó la aglomeración de personas dentro de las unidades.

Según se constató, hubo una considerable merma en la cantidad de pasajeros respecto de los días anteriores.

En lo que respecta a la tarea en los ferrocarriles, se intensificó el trabajo de las fuerzas federales mediante el control de la reserva de boletos, la posesión de los respectivos permisos de viaje, el uso de barbijos y la preservación del correcto distanciamiento social.

Por otro lado, el ministerio de Seguridad decidió que los trabajadores de las fuerzas estén a disposición de los 31 municipios del conurbano bonaerense donde los agentes prestan tareas de seguridad ciudadana.

En similar sentido, se puso a disposición federal la articulación con los Comités de Crisis provinciales que requieran y soliciten la ayuda de las Fuerzas dependientes de la cartera de Seguridad de la Nación para tareas en rutas y accesos provinciales, del mismo modo que en aquellos lugares donde haya delegaciones, bases y escuadrones operativos.

La ministra Frederic resolvió además aumentar el trabajo preventivo, asistencia y control en aeropuertos y fronteras.

En este sentido, se dispuso que las autoridades de las Fuerzas que se encuentren en cada jurisdicción participen de los comités de crisis locales.

En relación con el control ciudadano dentro de cada una de las localidades, se aclaró que la responsabilidad recae sobre las autoridades de cada jurisdicción, es decir, no forman parte de las competencias del Ministerio de Seguridad ni de las fuerzas que le dependen.

El despliegue iniciado, y que continuará por lo menos hasta el 30 de abril, fue definido durante el encuentro que Frederic mantuvo esta semana con los jefes y subjefes de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval.

Por otro lado, se convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior para el próximo lunes, para avanzar en la articulación del trabajo de las fuerzas federales y las jurisdiccionales.

Télam.

Durante el encuentro, que se desarrollo en el Salón de Acuerdos de Casa Gris, se valoró positivamente el cumplimiento de los protocolos por parte del sector turístico en lo que va de la temporada y acordaron fortalecer las medidas de cuidado entre los efectores y de cara a los turistas.

No obstante, y ante las consultas recibidas por parte de las y los intendentes, desde la provincia se trabajará de manera articulada con cada gobierno local y las fuerzas federales en el marco de los lineamientos trazados por el gobierno nacional, para profundizar los controles para evitar aglomeraciones.

"La pandemia sigue y las medidas de cuidado y de distanciamiento las tenemos que seguir adoptando", expresó al término del encuentro la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

En ese marco, comentó que "en la reunión de gabinete se conversó sobre cómo acompañamos los procesos de control que en cada localidad de la provincia se vienen dando". "Vamos a acompañar con la fuerza policial y vamos a hablar con autoridades nacionales para seguir conjuntamente con los controles con las fuerzas de seguridad nacionales", aseguró Romero.

Asimismo, señaló que "vamos hacer labores de restricción en las grandes concentraciones que se están dando en las playas y en las islas, porque eso es completamente inadecuado respecto de los resultados que vienen dando los controles de pandemia". "Los números muestran un crecimiento en los últimos días que tenemos que advertir a tiempo para no tener luego que adoptar medidas de restricción más severas", advirtió la titular de la cartera política.

Por último, Romero explicó que "la policía viene labrando actas y comunicando a la Justicia Federal en todas las actividades masivas no permitidas. Recordemos que las actividades masivas no están permitidas por el DNU nacional; esto sigue vigente a pesar de que hemos tenido varias experiencias de que la masividad se produce; no es lo adecuado, ni conveniente, ni autorizado, de modo tal que con la Policía vamos a seguir notificando y comunicando a los Juzgados Federales".

En esa línea, la ministra de Salud, Sonia Velázquez contó que "todo el fin de semana, y los últimos días del año pasado, estuvimos en contacto con el gobernador, quien fue monitoreando en forma permanente la situación epidemiológica y sanitaria en función de la cantidad de casos, que se han duplicado y triplicado en algunos casos en las últimas semanas".

La titular de la cartera sanitaria aclaró que "el escenario y la situación epidemiológica de hoy es el resultado de las conductas de interacción social de los ciudadanos de hace 12 días atrás y, por el comportamiento que estuvimos viendo en las últimas horas y por las consultas que hemos tenido en los servicios Covid y en los consultorios de afecciones respiratorias en todas las regiones sanitarias, realmente ha sido una preocupación".

En ese sentido indicó que "se han denotado mayores consultas por sintomatologías compatibles con Covid-19 en un rango etáreo de 19 a 50 años, pero lo que nos preocupa sobremanera es que estas personas son convivientes a su vez de adultos mayores y personas con factores de riesgo que hoy los tenemos en nuestras terapias. Eso es lo que más nos preocupa, no solamente por la capacidad del sistema sino porque queremos proteger a nuestra población".