Personal municipal de D.I.C.S.A, a cargo del Sr. Oscar Abel Rodríguez, se encuentra realizando trabajos de fumigación en distintas locaciones de la ciudad;▶Parque Aéreo▶Puerto Ruíz▶Barrio Dunat▶Costanera▶️Hipódromo ▶La Olla▶Club Libertad▶Barrio Norte▶Cementerio Municipal▶Corsódromo▶Tiro Federal 

Entre otros lugares se fumigó en Parque Intendente Quintana y Pezzuti, Costanera, AIPRODIS, Parque Aéreo Minuanes, predio Feria La Estación, clubes de la ciudad y lugares abiertos de Puerto Ruiz.

Los especialistas precisan que las especies de insectos que aparecen cuando los ríos aumentan su caudal o con las lluvias abundantes no necesariamente son Aedes aegypti, sino que se los denomina “mosquitos de inundación”, porque los huevos depositados en charcos eclosionan, por lo que se puede ver una mayor cantidad. La única forma de protegerse es con el uso de repelente.

Cabe señalar que el Aedes aegypti puede proliferar en la acumulación de agua en recipientes producto de las precipitaciones ocasionadas en las últimas semanas, ya que son los que se reproducen en entornos intradomiciliarios.

El vocal de la Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná, Guillermo Federik, resolvió tener por promovida la acción de amparo ambiental iniciada por la presidenta de la Comisión Vecinal de la urbanización Tierra Alta y en representación de los vecinos y vecinas de la misma.

El objeto de la acción presentada por los y las habitantes del lugar es que se ordene el cese de una actividad contaminante con impacto directo en el loteo Tierra Alta, Colonia Ensayo, en razón de las fumigaciones terrestres con agrotóxicos que se realizan en las adyacencias de la mencionada zona.

La demanda fue presentada contra César Gabriel Haberkorn, Sonia Roskpf, el Gobierno de Entre Ríos y la Comuna de Colonia Ensayo y procura el cese de una actividad contaminante con impacto directo en el loteo Tierra Alta, Colonia Ensayo, en razón de las fumigaciones terrestres con agrotóxicos que se realizan en las adyacencias de la mencionada zona.

En la presentación, pidieron que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2º de la resolución Nº 47 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales del Gobierno de Entre Ríos y los artículos 1º y 2º de la resolución Nº 49 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales.

El magistrado, Guillermo Federik, ordenó además la inscripción del presente proceso en el Registro de Procesos Colectivos del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, conforme el Reglamento de actuación de procesos colectivos. 

Más de mil escuelas rurales entrerrianas han quedado desprotegidas de los nocivos efectos de las fumigaciones en los campos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) decidió rechazar un amparo presentado por dos entidades ambientales de la provincia para establecer una zona de no vaporización de al menos mil metros para el rociado terrestre y de 3 mil metros para el rociado aéreo. Con la decisión del máximo organismo judicial del país, ahora la línea de cobertura será de apenas 150 metros.

Como si fuera poco, los privilegios de la Corte Suprema se ponen nuevamente de manifiesto en este fallo. Como todo órgano que se maneja discrecionalmente y con actitud monárquica, no sólo se tomó cuatro años para dormir el amparo, sino que además decidió darlo de baja poniendo como argumento el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que reza: "La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia". Es decir, lo rechazó porque sí, sin intenciones de explicar por qué.

El debate en torno a los agroquímicos y su aplicación en zonas rurales cercanas a establecimientos escolares entrerrianos no es nuevo. Hace varios años que el Foro Ecologista y un grupo de docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer- vienen luchando para que se establezcan perímetros más amplios. No es una cuestión caprichosa: en más de una ocasión comunidades educativas enteras han sido literalmente fumigadas por aviones que sobrevuelan la zona tirando productos químicos. El más habitual, el glifosato. Esa batalla llevó a un recurso presentado en la Justicia, que tuvo eco en un juez de primera instancia que reglamentó los mil metros terrestres y los 3 mil aéreos. Las apelaciones de la Mesa de Enlace llevaron a que tuviera que expedirse el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que decidió en 2018 no quedar mal con nadie, como suele suceder cuando hay tantos intereses en juego: le dio lugar al pedido, pero le tiró la pelota al Poder Ejecutivo, para que reglamentara las distancias. En medio de un fuerte lobby de dirigentes rurales presionando con tractorazos y manifestaciones frente a la Casa Gris, el gobierno elaboró el Decreto 2.239, que puso como coto los 150 metros. Naturalmente la lucha judicial tuvo su curso hasta la Corte Suprema, que más de 1.200 días después decidió rechazar de plano lo solicitado, no dar explicaciones y dejar sin resguardo a estudiantes y docentes.

A novedad la dio a conocer el fiscal coordinador de la jurisdicción Victoria, Gualeguay y Nogoyá, Gamal Taleb, quien precisó que el fiscal Rodrigo Molina es quien quedó al frente de la investigación.La Escuela N° 51 Sofía Clotilde Fernández, ubicada en el Octavo Distrito del departamento Gualeguay, lindante al establecimiento rural La Gateada, fue fumigada el pasado jueves sin que las autoridades estuvieran al tanto de esa aplicación ni bajo qué condiciones se hizo.Se trata de un establecimiento educativo que, hasta 2011, tenía el nombre de “El Viejo Pancho”, pero cuya designación le fue modificada por resolución N° 4.140, que dictó el Consejo General de Educación (CGE) el 15 de noviembre de 2021. Sofía Clotilde Fernández de Paredes fue quien en 1959 habilitó una habitación de su casa para dar clases a los niños de la zona, un total de 48 alumnos. Fue la primera docente.Liliana Monti, directora departamental de Educación de Gualeguay, indicó que el docente a cargo de la escuela de personal único, Leandro Quitero, llegó a las 7,30 del jueves 9 “y ve que en un campo lindero hay una maquinaria que estaba fumigando. El docente es nuevo en la zona rural, por lo que recibió a los estudiantes. No había nada que llamara su atención, hasta que aproximadamente a las 10 o 10,30 que el viento tuvo un cambio de dirección y esto hizo que desde la escuela se empezara a sentir un olor intenso a productos químicos”. 

El maestro se comunicó con la Departamental de Educación y se le brindó asistencia y conocimiento del decreto N° 2.239/19, que establece una serie de pautas a seguir. “En este caso, no había un aviso a la comisaría, que no estaba al tanto de esta fumigación. El docente tuvo también irritación en la garganta y como es una zona rural y por una medida preventiva de resguardo de la salud de los chicos es que se decide que los papás retiren a los estudiantes alrededor de las 11, ya que le quedaba poco tiempo de actividad y por una cuestión de desinfección, ventilación y para evitar cualquier inconveniente”, expresó la funcionaria.En 2021, el fiscal Taleb emitió una instrucción dirigida a todos los fiscales de la jurisdicción respecto a qué pasos dar ante una denuncia por afectación de la salud producto del manejo imprudente de la aplicación de agroquímicos en campos próximos a zonas pobladas. Taleb destacó “la prioridad que debemos asignarle a la protección penal de los bienes ecológicos (…) y de la salud de las personas en el caso de las aplicaciones de productos agroquímicos en zonas rurales y periurbanas de la jurisdicción, sobre todo si tenemos en cuenta que la ley de la explotación económica desconsiderada parecería no ser efectiva para la seguridad cognitiva de los pobladores de zonas rurales y del ejido de los centros urbanos”.La decisión surgió tras un caso que se tramitó en la Unidad Fiscal de Nogoyá.Jorge Alberto Guzmán denunció que la mañana del 16 de febrero de 2021, en la zona rural del departamento Nogoyá, donde vive, salió a caminar por la banquina de la ruta provincial Nº 35, en cercanías de Don Cristóbal Segundo, “y en tales circunstancias advirtió que una máquina terrestre pulverizadora estaba aplicando productos agroquímicos fitosanitarios dentro de un campo de propiedad de una persona de apellido Fiore, encontrándose la actividad a cargo del Sr. Ricardo Weber. Cuenta Guzmán que la máquina se hallaba a escasos metros de la ruta y que cuando él pasó caminando muy cerca, la misma continuó pulverizando y que incluso su ropa se mojó por el uso del producto. Refiere Guzmán que sufrió lesiones en su aparato respiratorio y que llegó a su casa prácticamente sin aire, que se sintió mal y que sus afecciones respiratorias previas se vieron agravadas. Narró también que como consecuencia de tal daño a su salud debió concurrir al médico”.Tal  cita el texto de la Ley de Plaguicidas N° 6.599 y señala que esa norma “contiene una serie de normas protectorias del ambiente y de las personas, a la par que, bajo determinados requisitos, habilita el uso de este tipo de productos agroquímicos, sea por aspersión aérea o terrestre. Es notable observar cómo la ley se funda en principios e instituciones esenciales de nuestra civilización”. Y que esa ley “prescribe la obligación de responder por las consecuencias de una aplicación imprudente o dolosa de los plaguicidas. La ley deja así en claro que los aplicadores de plaguicidas no deben ampliar su ámbito de organización sin consideración a otras personas y a costa de ellas”, señala el fiscal. Fuente: Entre Ríos Ahora

El gobernador Gustavo Bordet presentó a senadores y diputados una serie de aportes para el proyecto de ley denominado de "buenas prácticas agrícolas", con el que se busca regular las fumigaciones con agrotóxicos en Entre Ríos.

Al respecto se anunció que a semana entrante se conformará la comisión bicameral que fue anticipada por el mandatario en su mensaje ante la Asamblea Legislativa del 15 de febrero.

Según dijo el propio mandatario, la reunión fue para "empezar a trabajar, escuchar a todos los sectores, y después llevar adelante un proceso que desemboque en la sanción de una ley". Según dijo el propio mandatario, la reunión fue para "empezar a trabajar, escuchar a todos los sectores, y después llevar adelante un proceso que desemboque en la sanción de una ley".

El anteproyecto fue elevado este miércoles por el mandatario provincial. Cuenta con el aporte de distintos sectores de la sociedad, la producción y de las universidades, según se indicó oficialmente. Desde la Provincia se busca completar el vacío legal existente en la materia y prometen dotar de "seguridad ambiental" y "previsibilidad" al trabajo en el sector primario de la economía.

Según dijo Bahillo, durante 2020 se llevó a cabo un trabajo con 31 instituciones de los sectores productivos, públicos, universidades y entidades del conocimiento, y se llegó a una propuesta consensuada que puede constituirse como una línea de trabajo y una propuesta para empezar a debatir el tema de los agrotóxicos.

"Entendemos que ese consenso y esos acuerdos logrados de manera previa pueden aportar mucho para el trámite legislativo; no obstante esta convocatoria debe ser amplia, multipartidaria y multisectorial, y trabajar en el sentido de armonizar el desarrollo sustentable, el crecimiento de la provincia y el cuidado del medio ambiente. Creo que podemos atender estos pilares en una misma legislación", sostuvo.

La historia de Zulema se sumaba a la de Lidia Moreira y Ulma Baez, quienes en reiteradas oportunidades habían denunciado este tipo de fumigaciones en los campos linderos a sus viviendas, sufriendo así las consecuencias en su salud.

Esta situación se repite en toda la provincia de Entre Rios y es por eso que la ONG Basta es Basta, que brega por la vida sin agro tóxicos, presento un amparo ambiental para declarar inconstitucionales las fumigaciones a 50 metros de las viviendas. Tal y como sucedía con las tres vecinas del Sexto Distrito, nombradas anteriormente.

El colectivo Basta es Basta presentó un pedido para declarar inconstitucional el artículo 2° de la resolución N° 47/2004 de la Secretaria de agricultura provincial que habilita la fumigación a 50 metros de distancia de caseríos lindantes a campos de siembra. La presentación se efectuó en el Juzgado de La Paz, ya que además se demanda a la comuna de Colonia Avigdor y el gobierno de Entre Ríos por el descontrol de las aspersiones con agrotóxicos en esa localidad. Piden también como medida precautelar prohibir las pulverizaciones terrestres a menos de 1.000 metros de zonas pobladas de toda la provincia y de 3.000 en el caso de las aéreas.

La presentación del amparo ambiental ingresado en el Juzgado N° 1 de La Paz plantea asimismo que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2° de la resolución N° 47 del año 2004 emitida por la entonces Subsecretaria de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales provincial, en donde establece "limitar el uso de agroquímicos en lugares donde existan casas o caseríos lindantes a lotes de uso productivo, a una distancia de 50 metros", ya que estos perímetros "resultan irrisorios y aberrantes para proteger la salud y hasta tanto se cree esta nueva normativa", se indicó en un comunicado.

Este amparo es apoyado por las distintas organizaciones ambientalistas de la provincia, dentro de las cuales se encuentra el Foro Ambiental Gualeguay, quien ha presidido en más de una oportunidad, los reclamos ante la justicia por la situación con las fumigaciones en el Sexto Distrito de Gualeguay.

Las medidas de resguardo se piden ante el avance desmedido de venenos y ante la absoluta omisión del contralor y poder de policía, poniendo en altísimo riesgo la vida y salud de toda la comunidad.

Este matutino, en reiteradas oportunidades a contado la historia de terror que vive Lidia Moreira, ciudadana residente en el Sexto Distrito, quien desde hace tiempo es víctima de las fumigaciones y de promesas sin soluciones.

Hoy y por intermedio del Vicepresidente del Foro Ambiental Gualeguay, el docente y activista ambiental, Ramón Velázquez, les acercamos la historia de los hermanos Milezi.

Dicha historia transcurre a solo 20 minutos del centro de Gualeguay, en el límite de la sección chacras, en su tierra, donde también son fumigados.

Ante esto, Ramón Velázquez afirma "Carlos Milezi, junto su hermano conservan unas hectáreas de campo hasta que el paso irremediable del tiempo decida que deben partir, según propias palabras. Son apicultores de años y ven pasar la vida con tiempos diferentes a los que nos obliga la ciudad, con otros aires, con otras expectativas pero también con sueños y esperanza"

Y prosigue, "Desde hace un tiempo y a la fecha han sido víctimas de los vapores de las fumigaciones a merced del viento que reciben periódicamente de un terreno lindero al suyo destinado al monocultivo" Y prosigue, "Desde hace un tiempo y a la fecha han sido víctimas de los vapores de las fumigaciones a merced del viento que reciben periódicamente de un terreno lindero al suyo destinado al monocultivo"

Ramón nos cuenta que desde el primer momento, han empezado con el derrotero que es reclamar ante quien corresponda por lo que implica en su salud, en la de su terreno y en la de sus abejas "con todo el desgaste y burocracia que bien conocemos en historias similares. En la tierra de los hermanos Milezi los reclamos continúan, las fumigaciones también"

"De un lado de algún alambrado las abejas y las flores celebran la vida, del otro la lado, el monocultivo, y como según se mire, puede ser un modo de vida para algunos, un gran perjuicio para otros y una tierra, que si bien no puede expresarse, nos muestra una imagen tan monótona y plana que se parece a la de un desierto", culmina Ramón Velázquez.