La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por las doctoras Cintia Graciela Gómez (presidenta) y Beatriz Estela Aranguren (vicepresidente), junto al doctor Mateo José Busaniche, confirmó el procesamiento de Altamirano y convalidó lo resuelto por el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay. La resolución, fechada el 21 de agosto, ratifica la ampliación del auto de procesamiento dictada el 18 de junio, por la cual el gendarme quedó procesado como coautor del delito de violación de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con los delitos por los que ya estaba procesado: violación de correspondencia agravada y hurto doblemente agravado, reiterado en dos oportunidades.

La causa se inició el 25 de enero de 2020 tras una denuncia de dos choferes de la empresa "Vía Cargo" ante el Escuadrón N° 6 "Concepción del Uruguay" de Gendarmería. Los denunciantes advirtieron, en un control de cargas en el puesto caminero de la Ruta Nacional N° 14, a la altura de Colonia Elía, que los precintos de seguridad de las puertas estaban violentados y varias bolsas presentaban cortes que permitían acceder a su contenido. El transporte viajaba desde Puerto Iguazú hacia Pablo Nogués.

La instrucción judicial detectó que entre marzo y julio de 2020 se repitieron episodios similares en controles a camiones de la misma empresa, realizados por una patrulla del Escuadrón N° 6. Se sospecha que los efectivos abrían bultos y encomiendas sin autorización judicial, sustrayendo teléfonos celulares y dejando en los paquetes solo las cajas vacías y accesorios, en hechos ocurridos el 5 y 15 de marzo, y el 5 y 26 de julio de 2020.

El 8 de septiembre de 2020, una denuncia con reserva de identidad señaló directamente a Altamirano como responsable de la sustracción. Informes de las prestadoras telefónicas sobre los códigos IMEI confirmaron que una de las líneas activas en uno de los teléfonos robados pertenecía al cuñado y conviviente del suboficial.

Los allanamientos ordenados los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2020 permitieron hallar diversos precintos de seguridad en la vivienda de Altamirano, mientras que en poder de su cuñado se incautó un celular Motorola E6S cuyo IMEI coincidía con uno de los bultos robados.

La causa también alcanza a los agentes Oscar Alfredo Caballero y Fernando Fabián Fleitas, cuyo procesamiento fue ampliado el 18 de junio con la misma imputación de incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso con hurto y violación de correspondencia.

La defensa de Altamirano había solicitado su sobreseimiento por atipicidad, argumentando que integrar una patrulla junto a otros agentes no bastaba para procesarlo por incumplimiento de deberes, y que la resolución no individualizaba una conducta concreta que hubiera omitido. Sin embargo, la Cámara Federal rechazó los planteos y concluyó que los elementos de prueba reunidos —informes de itinerarios, actuaciones de Gendarmería, imágenes de las encomiendas violentadas, allanamientos y peritajes sobre los teléfonos— son suficientes en esta etapa procesal para confirmar la resolución apelada.