El informe también señala que en la provincia de La Pampa no se registraron femicidios en lo que va del año 2025.

El documento apunta que estos hechos no pueden considerarse aislados. En un contexto de crisis socioeconómica, con políticas de ajuste y debilitamiento de programas estatales de protección, las violencias estructurales se agravan, según los autores. 

Se menciona además el caso de Ana Clara Luna, de 31 años, quien fue quemada en la vía pública por su ex pareja en San Martín, provincia de Buenos Aires. En situación de calle y vulnerabilidad extrema, Ana Clara tenía antecedentes de violencia con esa persona. 

El informe censura también discursos negacionistas respecto de las violencias de género, así como acciones que, según sus autores, promueven la criminalización de mujeres.

Desde el Observatorio reiteran que los femicidios no son meros casos aislados de violencia individual: son expresión extrema de desigualdades arraigadas, y producto de un Estado que, según el informe, abandona políticas de cuidado y protección. 

La organización hace una denuncia política y social: exige la reactivación y fortalecimiento de mecanismos de prevención, acompañamiento a las víctimas y sanciones efectivas.

Mediante la Resolución Nº 57/23 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (DIPJ) de Entre Ríos se resolvió que las asociaciones civiles deberán incluir en su órgano de administración y fiscalización una composición que respete la paridad de género.

La mencionada resolución viene a dar cumplimiento, en el ámbito de las personas jurídicas inscriptas en el registro provincial, a lo dispuesto por la Ley 10.844 de 2020, que reglamentó el artículo 17º de la Constitución Provincial. La misma tiene como objetivo garantizar el principio de paridad de género en la conformación e integración de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, partidos políticos, asociaciones, colegios y consejos profesionales.

En esta línea, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas estableció que las asociaciones civiles, fundaciones y personas jurídicas inscriptas, que tengan su domicilio en Entre Ríos, deben adecuar sus estatutos e incluir en sus órganos de administración y fiscalización una composición que respete la equidad de género. Esto es, que los órganos estén integrados por la misma cantidad de miembros de diversos géneros de forma intercalada.

En caso que la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar, el órgano deberá integrarse de forma mixta, garantizando la equidad posible.

“La política por la igualdad de género es permanente en el Ministerio de Gobierno y Justicia, impulsado por la ministra Rosario Romero, a través de capacitaciones, programas, normativa y acciones que promueven medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente”, manifestó el director de Inspección de Personas Jurídicas (DIPJ), Lisandro Amavet.

En este sentido expresó: “Luego de un tiempo en que hemos instado a las instituciones a incorporar mujeres a los ámbitos directivos de las mismas, decidimos dictar esta norma que impone que todas las comisiones directivas y comisiones revisoras de cuentas de las asociaciones civiles y fundaciones que tengan consejo de administración temporal y electivo, deban integrarse de manera igualitaria entre varones y mujeres”.

“Las estadísticas y nuestra experiencia en la dirección indican que hay muy pocas mujeres con respecto a los varones que dirigen o fiscalizan entidades civiles. Entonces, decidimos realizar una acción positiva para darle cabida a estos sentimientos de igualdad que tiene gran parte de la población. Con esta resolución vamos a promover la representación equitativa de las mujeres”, destacó Amavet.

El tradicional Festival Nacional de Folclore de Cosquín anuló las categorías de "voz femenina" y "voz masculina" en su concurso Pre-Cosquín y a partir de la denuncia de la cantante trans Ferni de Gyldenfeldt, habrá un único rubro sin distinción de género: "voz solista" con hasta dos personas seleccionadas.

La participación de Ferni en la sede porteña del Pre-Cosquín donde le fue negada su clasificación en el "Rubro Solista Vocal Femenino" a pesar de haber ganado el certamen con el mayor puntaje, motivó una denuncia recogida por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Según se relata en la denuncia, la organización alegó que Ferni no podía competir en la categoría "voz femenina" ya que en su DNI figuraba el sexo masculino. Ferni, a pesar de no tener hecho el cambio registral, se autopercibe trans no binaria y utiliza el pronombre femenino.

"Pusimos todo el esfuerzo para que el festival de Cosquín refleje la composición de la sociedad argentina", manifestó Victoria Donda, titular del Inadi, quien estuvo a cargo del diálogo con las autoridades tras la denuncia por discriminación.

Desde la Comisión Nacional de Folclore de Cosquín señalaron a Télam que "venimos realizando un trabajo de apertura en diversos rubros, como los conjuntos de malambo o ballet, pero la pandemia nos impidió los plenarios presenciales y seguir actualizando otras cuestiones".

Ferni, por su parte, destacó que "el Inadi recibió la denuncia y todo tomó ese curso que toman las cosas cuando las ganas, la voluntad, el compromiso, y la fuerza de cambiar lo que es injusto son las que motorizan nuestras acciones".