En los últimos años atestiguamos una ampliación acelerada del compromiso e involucramiento de la sociedad civil y el sector público con la cuestión de género. Hoy no podemos imaginar ni planificar el desarrollo del país sin pensar en la equidad como horizonte. Sin embargo, la desigualdad es un fenómeno multidimensional y estructural que resulta especialmente desafiante para el abordaje desde la política pública.

La evidencia sirve para establecer prioridades dentro de todas las problemáticas asociadas y construir voluntad política nacional y local. El índice de género, trabajo e ingresos (IGTI) busca descomponer este desafío de uno inabarcable a uno apropiable por la política pública. El reto fue reconstruir el mapa de desafíos de sencilla lectura en todo el país con el objetivo de iluminar las áreas de intervención y señalar qué problemáticas deberían priorizarse con mayor urgencia.

Otro desafío es comprender las dinámicas propias de cada jurisdicción. Este índice es subnacional: recaba y produce información local. Buscar proveer una línea de base descriptiva sobre la situación de desigualdad económica de género en las 24 jurisdicciones del país que nutra la evidencia para la toma de decisiones y el seguimiento de las políticas.UN ÍNDICE PARA MEDIR LA DESIGUALDAD ECONÓMICAEl IGTI se propone analizar el grado de igualdad alcanzado entre varones y mujeres en las 24 jurisdicciones en lo que respecta a la inserción laboral, la distribución de tareas domésticas no remuneradas y la pobreza. El IGTI no es una medida de bienestar general ya que compara la situación de las mujeres con la de los varones, sea cual sea el nivel del que se parta, por lo que situaciones de paridad pueden convivir con bajos niveles de ingresos o viceversa.

Se construyó con datos binarios en términos de género porque aún no contamos con fuentes oficiales que permitan reconstruir la situación de las personas travestis, trans y no binarias frente al mercado de trabajo en nuestro país.CONTEMPLAR LAS REALIDADES REGIONALESLos hallazgos muestran que ninguna jurisdicción es igualitaria en lo que respecta a la inserción laboral de las mujeres, la pobreza y la distribución de tareas domésticas no remuneradas. Estamos a 22,4 puntos de alcanzar la paridad promedio de todas las jurisdicciones y la distancia entre el primer y el último puesto es de 11,4 puntos.

Esta diferencia nos habla de un mayor nivel de homogeneidad entre las provincias en comparación a otras dimensiones de la igualdad de género, como la representación y poder de decisión, donde la separación entre la provincia con mejores y aquella con peores condiciones era de casi 30 puntos.

Una primera lectura de los datos nos muestra que no hay una relación unívoca entre riqueza y desarrollo económico (medido por el PBI per cápita) e igualdad de género en Argentina. Para abordar las desigualdades en el plano económico es necesario prestar atención al perfil de especialización productiva de cada provincia.

En un ejercicio de asociación rápida, al observar conjuntamente el mapa de la especialización productiva y el del puntaje alcanzado por el IGTI, podemos advertir que la mayoría de las provincias de especialización agropecuaria y de las industriales-extractivas son las más igualitarias. A su vez, todas las provincias con perfil agroindustrial están entre las más desiguales. Estas observaciones no son determinísticas ni causales, pero muestran que a la hora de pensar en cómo abordar la desigualdad de género en el plano económico, la política productiva no debe ser pasada por alto.INSERTARSE EN EL MERCADO DE TRABAJOVarones y mujeres ofrecen su trabajo en el mercado de forma muy inequitativa. Ellos logran trabajar una mayor cantidad de horas en forma paga y su salario es mejor que el de las mujeres, en especial en aquellas provincias donde el nivel de las remuneraciones es más alto. A pesar de esto, cuando ellas efectivamente logran entrar en el mercado, la formalidad pareciera afectar igualitariamente a ambos géneros y el acceso a derechos laborales (medido a través de la formalidad) es el plano más cercano a la igualdad.

Si miramos en detalle las distintas variables que componen la inserción laboral, observamos que la tasa de actividad es el indicador más desigual con un ratio promedio de 68,8 puntos. El promedio nacional en varones es del 67,7%, mientras que el de las mujeres es de 46,6%, con valores que van desde un 28% en Formosa hasta un 58% en CABA.

Este indicador pone en evidencia la aún rezagada participación de mujeres en actividades remuneradas, sea teniendo o buscando trabajo. Visto de otra forma, todas las provincias tienen un amplísimo porcentaje de mujeres que se encuentran fuera del mercado laboral, en lo que las mediciones estándares se conoce como “inactividad”, aunque probablemente se encuentren realizando parte de aquel trabajo invisibilizado y no remunerado.

En primer lugar, las provincias más desiguales en actividad son también las que presentan más bajas tasas de actividad de mujeres, algo que también ocurre a la inversa con las más igualitarias.

En segundo lugar, dos valores de igualdad idénticos pueden estar escondiendo realidades distintas. La participación no sigue los mismos patrones en todas las provincias. En algunas, las mujeres trabajan poco pero si lo hacen es en condiciones similares a sus pares varones (Chaco, Formosa). En otras, participan más pero en condiciones de desigualdad notorias (Córdoba, Entre Ríos).FORMALIDAD LABORAL: MÁS CERCA DE LA PARIDADEl indicador de formalidad presenta el puntaje promedio más alto del componente (92,6); y es el único que, en algunas provincias (Chaco, Formosa, Río Negro y San Juan) alcanza la paridad total. En este caso, el principal problema continúa siendo la participación dentro del mercado laboral.

La principal hipótesis para los altos niveles de formalidad de mujeres apunta al mayor peso relativo que tiene el empleo público por sobre otros sectores económicos, en la medida en que se trata de trabajadoras estatales registradas y la mayor parte se concentra en Educación, Salud y Seguridad, siendo las primeras actividades típicamente feminizadas. Las tasas de formalidad y empleo público de mujeres se encuentran significativamente correlacionadas.JORNADA LABORAL: LAS 9 HORAS DE DIFERENCIALa jornada laboral principal de las mujeres es más reducida que la de los varones. Eso se verifica en Argentina en el nivel subnacional, en donde los varones trabajan en promedio 41 horas semanales y las mujeres 32.

Este indicador considera únicamente horas trabajadas de la ocupación principal. No considera el pluriempleo que en Argentina afecta al 10% de la población ocupada. A priori, parecería que incorporar ocupaciones secundarias cerraría la brecha de horas trabajadas, pero el tiempo que le dedican los varones a las ocupaciones secundarias es mayor que para las mujeres (38% vs. 20%).INGRESO LABORAL Y BRECHA SALARIALEn ninguna provincia argentina las mujeres llegan a obtener los mismos ingresos en promedio que los varones por su trabajo principal. Además, las provincias con menor ingreso per cápita y menores salarios tienden a ser más igualitarias que las más ricas. A la vez, en las provincias donde el ingreso salarial es mayor, la desigualdad también lo es.

La división sexo-genérica del trabajo no sólo restringe la posibilidad de las mujeres a ofrecer más horas en el mercado, sino que condiciona las ramas en las que se desempeñan, su salario relativo y la calidad del empleo al que acceden. La desigual distribución entre ocupaciones y sectores de actividad que genera una concentración femenina en ramas asociadas a la reproducción social (cuidados) se corrobora en todas las provincias.USO DEL TIEMPO Y OPORTUNIDADES: LAS HORAS DE TRABAJO NO REMUNERADAS, MADRE DE TODAS LAS BATALLASIngresar y desarrollarse en el mercado laboral es una condición necesaria para obtener ingresos propios y lograr autonomía económica. En Argentina dicha participación presenta amplias desigualdades en términos de género que son reflejo de múltiples causas, entre ellas, la ausencia de corresponsabilidad en cuidados.JORNADA NO PAGA: PRINCIPAL EXPLICACIÓN A LA DESIGUALDADEl aumento de la participación en el mercado laboral remunerado de las mujeres no trajo aparejado una mayor corresponsabilidad de cuidados. En ninguna región las mujeres trabajan menos de 4 horas diarias de forma no remunerada, casi el doble que los varones (que dedican solo 2 h).

El trabajo doméstico y de cuidados, que en el desarrollo del pensamiento económico tradicional fue dejado de lado, hoy aparece como la principal explicación a la desigualdad económica de género. El trabajo no remunerado no está aislado del resto de los procesos socioproductivos en tanto la carga que asumen diariamente las mujeres demuestra los déficits existentes no sólo en distribución entre miembros del hogar, sino también en la participación del Estado.JEFATURA DEL HOGAR: COMPARTIR LAS RESPONSABILIDADES DE CUIDADOLos varones se insertan más y mejor en el trabajo remunerado porque dependen de que las mujeres continúen asumiendo el doble de tiempo de trabajo no remunerado. No se trata de dos hallazgos paralelos, sino de las dos caras de una misma moneda.

El porcentaje de hogares con responsabilidades de cuidado de jóvenes-adolescentes que tiene como jefe a un varón en pareja es el 87%, mientras que para las jefas mujeres es de tan sólo 43%. Es decir que sólo el 13% de los hogares con menores de 25 años no cuenta con una presencia femenina, en tanto el 57% de los hogares con menores de 25 años no cuenta con una presencia masculina. Este dato insiste sobre el fenómeno de que las tareas de crianza requieren la presencia de una mujer. Se cumple también para los hogares con jefatura femenina que, además de ser más pobres, están organizados en esquemas de monomarentalidad. Por eso, los esfuerzos orientados a combatir la pobreza deben incluir políticas públicas sensibles a estas formas de organización familiar y los roles de género aún instalados.INGRESOS PROPIOS Y NO-POBREZALos indicadores de ingresos propios y no-pobreza presentan puntajes promedio de 90,3 y 89,4 respectivamente, mucho más cercanos a la paridad que el tiempo de trabajo no remunerado (49 puntos).

Si bien ambos indicadores resaltan por conseguir igualdad en más de una provincia, la incidencia de la pobreza resulta, en todos los casos, más problemática que la dependencia económica. En promedio, el 24% de las mujeres sufren una situación de dependencia (están inactivas y no poseen ingresos propios), mientras que el 43% de los hogares con jefatura femenina son pobres.TAREAS PRODUCTIVAS, TAREAS REPRODUCTIVASEste índice logra sintetizar los principales problemas públicos y el grado de igualdad alcanzado en cada uno de ellos para cada provincia. Si bien en todas hay asuntos importantes que atender, es fundamental indagar sobre las causas de los indicadores con peor desempeño para organizar las urgencias de las medidas de intervención.

La distribución inequitativa del trabajo doméstico y de cuidados es la piedra angular de las diferencias de género en las formas de inserción laboral, en los ingresos, en la vulnerabilidad y, en última instancia, en la exposición a la pobreza. La separación teórica, discursiva y práctica entre la esfera productiva y la reproductiva resulta una ficción, ya que una se monta sobre la otra: es la segunda la que sostiene a la primera. El mercado laboral no podría existir sin el trabajo de sostenibilidad de la vida que realizan mayormente las mujeres.

Sólo a través de la visibilización y la insistencia sobre el valor social y económico de los cuidados es que se podrá allanar el terreno para combatir las injusticias de género. En este sentido, podrá trabajarse con una política productiva con sensibilidad de género, que busque acortar brechas de ingreso al mercado y de ingreso salarial, pero la desigualdad de base continúa sin ser resuelta, arrastrando sobre las demás dimensiones una asimetría originaria.

La entrega estuvo coordinada por la Subsecretaria de Género de la Provincia de Entre Ríos, Tatiana Richardet, la coordinadora de la costa del Paraná del Programa Nacional Acercar Derechos, Delfina Cora, y la referente y militante feminista, Dani Mora. 

Al respecto el edil Héctor Arellano expresó: “gracias a la Diputada Provincial Stefanía Cora por acompañar esta actividad y siempre estar pendiente a nuestras necesidades y gestiones. Gracias al Bloque Concejales Frente de Todos por acompañar esta iniciativa y al Sindicato de Luz y Fuerza por poner a disposición las instalaciones”.

En este marco, representantes del MMGyD se reunió con las personas responsables de cada dispositivo y de áreas de género locales para conocer el avance de los proyectos y generar intercambios sobre los lineamientos de protección integral en relación con los protocolos o procedimientos internos. Por otro lado, también se realizaron encuentros con los equipos interdisciplinarios de los DTP para trabajar el abordaje integral desde una perspectiva de diversidad e interseccionalidad.

Durante 2022, estos DTP adhirieron al Módulo Federal del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG). El SICVG es una herramienta del MMGyD para registrar, procesar y analizar información sobre las consultas y/o denuncias de violencias de género de todo el país, con el fin de aportar en el diseño y monitoreo de políticas públicas.

El Programa de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral de Personas en Contexto de Violencia por Motivos de Género se creó con el objetivo de potenciar económica y técnicamente a Dispositivos Territoriales (hogares, refugios, casas de medio camino, entre otros) para la protección y asistencia de las personas y su grupo familiar que se encuentran en situación de violencias por motivos de género. Actualmente se ejecutaron cinco proyectos en dicha provincia, los otros dos se encuentran en Gualeguay y en San José de Feliciano. Mientras que existen dos iniciativas más para las ciudades de Paraná y Colón que se encuentran en proceso de circuito administrativo.

Este programa se inscribe en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias que puso en marcha el MMGyD a través del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y 2022-2024. En este sentido, el abordaje integral comprende acciones de prevención, asistencia, protección y fortalecimiento del acceso a la justicia, como así también, de las redes comunitarias de las personas en situación de violencia por motivos de género desde una perspectiva interseccional y de la diversidad. La prevención de las violencias por motivos de género se lleva a cabo de forma articulada con la promoción de la igualdad entre los géneros, la independencia física y económica de las mujeres y LGBTI+.

Tanto el municipio de Gualeguaychú como el de Diamante ejecutaron sus proyectos en la línea ampliación del programa, esto es la generación de nuevos espacios como depósitos, baños, dormitorios, salón de usos múltiples, adaptación de espacios para personas con discapacidad, entre otros. Mientras que en Villaguay se llevó adelante la línea de acción que se basa en la adquisición de equipamiento como electrodomésticos, tecnología, blanquería, recreación, herramientas, etc. Gracias al programa los DTP lograron sumar plazas de alojamiento (puntualmente en Diamante se duplicó la cantidad), e incorporar inmuebles.

Por el MMGyD viajó la directora nacional de Protección de Víctimas de Violencia por Razones de Género, Romina Chiesa, y equipo. Además, por el municipio de Gualeguaychú estuvo presente su intendente, Esteban Martín Piaggio; la responsable del área de Género y DTP, María Belén Biré; y la coordinadora del PAD provincial, Carolina Fontana. Por Villaguay, participaron la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, Valeria Migueles; la subsecretaria de la Mujer provincial, María Tatiana Richardet; la directora de Derechos Humanos, Género y Diversidad, Valentina Vinsón; y la coordinadora del DTP Centro de Protección a Mujeres en Situación de Violencia "La Delfina", Mariana Dimotta. Y en el municipio de Diamante, asisiteron la subsecretaria de la Mujer provincial, Tatiana Richardet; la secretaria de Políticas Sociales local, Norma Salcedo; la directora de Dirección de Desarrollo Humano, Silvina Deccó; y la coordinadora del Consejo Provincial contra la Trata, Silvina Calveyra.

Higui De Jesús, la cartonera y futbolista lesbiana que para muchos ya es símbolo de la criminalización de las disidencias, comenzará a ser juzgada mañana por haberse defendido de un intento de violación grupal correctiva en un solitario pasillo del conurbano bonaerense, con el resultado de haber provocado una muerte.

Eva Analía de Jesús (47), más conocida por el apodo que se ganó por sus dotes de arquera, llega al banquillo del Tribunal Oral Criminal N°7 de San Martín acusada de "homicidio simple" perpetrado contra Cristian Espósito, uno de los tres protagonistas de un intento de ataque sexual que nunca fue investigado como tal a pesar de que ella fue encontrada desvanecida en el lugar de los hechos, con traumatismos en diferentes partes del cuerpo, el pantalón y la ropa interior rotos.

Todo ocurrió el 16 de octubre de 2016 en Lomas de Mariló, un barrio vulnerable de Bella Vista donde Higui de Jesús había ido visitar a su hermana por el Día de la Madre.

Detenida de inmediato, ella no se enteraría hasta el otro día que el puntazo que le había asestado en el abdomen al hombre que se le tiró encima al grito de "te voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana", le había ocasionado la muerte.

Tras ocho meses presa, la Cámara de Apelaciones de San Martín le concedió la excarcelación extraordinaria gracias a una fuerte movilización para exigir su libertad.

"A Higui la imputan de homicidio por haber intentado defenderse de una violación grupal 'correctiva', que es la típica violación a las que nos someten a las lesbianas para sacarnos la 'lesbiandad'", dijo a Télam la periodista y militante lesbiana Adriana Carrasco, quien está participando activamente de la campaña por la absolución de Higui de Jesús.

"Si el caso hubiera sido en Palermo Hollywood y la víctima de un intento de violación grupal hubiera sido una mujer blanca heterocisgénero, delgada y alta con título de universidad cheta, que hubiera sacado un bolígrafo o una hebilla del pelo para defenderse y clavárselo al agresor hubiera sido inmediatamente considerado 'legítima defensa'", agregó Carrasco para ejemplificar la diferente vara que suele aplicar la justicia según la clase social, la orientación sexual y el color de piel de quien se enfrente al sistema.

En diálogo con la radio AM750, Higui aseguró que "nunca quiso lastimar a nadie" y solamente "defendí mi cuerpo" durante una situación que no provocó.

Al frente del equipo de abogadas que intentará demostrar su inocencia, Gabriela Conder explicó a Télam que "hay un montón de gente que está activando en este caso porque se identifican con la situación" y entienden lo actuado hasta aquí "como una injusticia", en tanto se ha desestimado de plano la versión de la acusada y no se ha tenido en cuenta su situación de vulnerabilidad.

"Higui es una piba del conurbano bonaerense muy pobre, que no tiene ni tanque de agua ni cloacas en la casa, que vive en un lugar donde cuando llueve se inunda a tal punto que es imposible entrar o salir", dijo

Y es la propia Higui la que cuenta que recién ahora está terminando la primaria porque -dijo- "salí del colegio a los ocho años para cuidar un bebé de seis meses, cama adentro" y desde entonces siempre vivió de changas, ya sea como ayudante de albañil, podando árboles o sacando de escombros; todas actividades esforzadas para su metro y medio de estatura que la dejaron "medio jodida de la columna".

Actualmente, se las rebusca cortando el pasto y cartoneando, pero quiere hacer la secundaria porque "en todo este tiempo no pude encontrar un trabajo fijo y estoy cansada de estar en la calle, de pasar frío, hambre, calor".

Conder contó que durante su infancia a Higui de Jesús "la violaron las diferentes parejas de la madre", y su condición de lesbiana con una hermana travesti en situación de prostitución hizo que ya de adultas fueran "maltratadas en el barrio Mariló en el que ocurrieron los hechos", donde una vez llegaron a "darle tres puntazos en la espalda mientras la corrían"

Como el hostigamiento fue escalando al punto de haber resultado su casa totalmente quemada y su perro asesinado, un tiempo antes Higui había decidido irse del lugar pero volvía de vez en cuando a visitar a otra de sus hermanas.

"Si uno analiza los hechos como suele hacer el sistema penal, aislado del contexto, se llega a soluciones injustas como pensamos que puede suceder en este caso", dijo otra de las abogadas de Higui de Jesús, Claudia Spatocco, en relación al instituto de la legítima defensa.

La misma falta de perspectiva de género que le cuesta la vida a muchas mujeres víctimas de femicidio desoídas en sus denuncias, puede llevar a la cárcel a aquellas que le hacen frente con éxito a sus agresores, "porque se pretende que la mujer sea una 'buena víctima', no se tiene que defender sino sentarse a esperar que la justicia le dé bolilla y eso nunca pasa, mucho menos en los barrios vulnerables en donde realmente no hay presencia del Estado".

" Higui de Jesús tenía pánico de denunciar porque si lo hacía, sabía que (a nivel judicial) no iba a pasar nada pero además los denunciados podían tomar represalias no solo contra ella sino contra los sobrinos chiquitos", dijo.

"Además, hay que tener en cuenta que la policía la conocía de cuando ella iba a sacarla a su hermana detenida por travesti. Iba a ir ahí ¿a denunciar qué?", agregó Conder.

Por su parte, Carrasco hizo hincapié en la fuerza de los prejuicios que hacen que una "lesbiana masculina, negra y pobre" como Higui Higui de Jesús, automáticamente sea considerada "violenta" y que la policía le haya respondido ''¿quién te va a querer violar a vos?' cuando les contó lo ocurrido y a pesar de que "la vieron toda magullada, golpeada, con los pantalones bajos y el bóxer roto".

"Encontraron a esa persona junto a un hombre muerto y dijeron 'ésta es una lesbiana violenta asesina' a pesar de su 1.50 metro de estatura frente al ataque de por lo menos tres hombres que la cercaron en un pasillo, la tiraron al piso y le empezaron a dar patadas en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza", contó.

A propósito de esta "selectividad del sistema penal", Spatocco parafraseó a Eugenio Zaffaroni al reflexionar que "a los barrios se va a buscar culpables, no víctimas, porque las víctimas están en otro lado", en las clases más acomodadas.

Además de la inaugural, el juicio tendrá otras tres jornadas el 16, 17 y 22 de marzo, durante las cuales está previsto que declaren 30 testigos.

Con las consignas "Yo también me defendería como Higui" y Autodefensa no es delito", sectores del movimiento LGBT+ y de los feminismos se movilizarán fuera de los tribunales reclamando su absolución. Habrá talleres, radio abierta, torneo de fútbol y la actuación de artistas varios.

Por María Alicia Alvado/Télam

Estados Unidos anunció este miércoles la emisión del primer pasaporte con una "X" en la categoría de género, un paso histórico para las personas que luchan contra la calificación binaria de hombre o mujer, y que en la Argentina ya está vigente desde julio de este año.

El Departamento de Estado anunció que esta opción estará disponible a nivel general a principios de 2022 tanto para los pasaportes como para los certificados de nacimiento de los estadounidenses en el extranjero.

"Quiero reiterar, con motivo de esta emisión de pasaportes, el compromiso del Departamento de Estado con la promoción de la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las personas, incluidas las personas LGBTIQ+", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.

El secretario de Estado, Antony Blinken, había prometido tratar este tema en junio, una vez que se resolvieran algunos obstáculos tecnológicos.

También bajo el mandato de Blinken, el Departamento de Estado permitió a los titulares de pasaportes estadounidenses seleccionar en ellos su "sexo".

Hasta esta reforma, los estadounidenses necesitaban un certificado médico si querían marcar en sus pasaportes un género diferente al que aparecía en sus certificados de nacimiento u otros documentos.

Al menos otros 11 países ya disponen de la opción "X" u "otro" en los pasaportes, según la Red de Empleadores por la Igualdad y la Inclusión, un grupo de defensa con sede en Londres.

Entre estos países figuran Canadá, Alemania y Argentina -a partir del Decreto N°476/21 de julio de este año-, así como India, Nepal y Pakistán, legado del concepto histórico del sur de Asia "hijra", que hace referencia a un tercer género.

El Departamento de Estado hizo el anuncio en la semana del Díade la Intersexualidad.

El presidente Joe Biden prometió hacer de la defensa de los derechos LGBTIQ+ una de las principales prioridades de su administración, un giro de 180 grados respecto al Gobierno de su antecesor, el republicano Donald Trump, que prohibió a las embajadas estadounidenses ondear la bandera del Arco Iris.

El pasado lunes, la Diputada por Gualeguay, Paola Rubattino, mantuvo una reunión de forma conjunta con la comisión de Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y Desarrollo Social, la cual preside.

En dicha reunión, la legisladora afirma que se trató el Proyecto de la Diputada Mariana Farfán sobre la "Creación del programa de perspectiva de género en espacios gerontológicos".

Ante esto, Rubattino comenta que "Estuvieron invitados a la reunión Belén Biré, del Área de Género y Diversidad sexual de la Municipalidad de Gualeguaychú, Víctor Lapido del Área personas adultas mayores de la Municipalidad de Gualeguaychú, Pedro Manucci, Director de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de E. R. y María Isolina Davobe, Abogada, Investigadora del Conicet y Especialista en Derecho de la Vejez"

Y asimismo sostiene "Tenemos el enorme desafío de pensar dialécticamente el enfoque de género con el enfoque gerontológico"

Para continuar explicando "y ante esto deconstruirnos, habilitar el deseo y la sexualidad en la Vejez, recuperar modos de nombrar, poner énfasis en Políticas Públicas de Cuidado"

"Valorar a nuestros viejos y viejas desde ampliar derechos que no despersonalicen ni los vuelvan invisibles", culmina la Diputada Paola Rubattino.

En este marco, el Sub Jefe de Policía Jorge Sosa, afirmó que el fin de semana se recibió en la Jefatura seis denuncias por violencia de género y que de esas seis se detuvo a dos personas.

Por tanto detalla que "durante la noche del sábado, Personal de Comisaria Primera, se hace presente en Barrio 150, donde una femenina, mayor de edad, manifiesta que su ex pareja, un masculino mayor de edad, la tomo del cuello y amenazó para luego retirarse hacia el domicilio de un familiar en el mismo barrio"

Ante esto, el Fiscal en Turno es comunicado del hecho en forma inmediata y ordena la detención por Violencia de Genero, dándosele cumplimiento a la medida, trasladándose el mismo hacia esta Jefatura, donde queda aprendido por supuesto delito de daños y amenazas en contexto de violencia de género, previo ser examinado por el Medico policial"

Asimismo, horas más tarde, ya durante la madrugada del domingo se realiza una nueva detención.

En este caso, "Personal de Comisaria Segunda, procede a trasladar desde atrás del Club Quilmes, más exactamente desde calle Publica, a un masculino de 38 años de edad, quien se encontraba en el domicilio de una ciudadana mayor de edad, y el que en un momento, comenzó a amenazarla e intento golpearla"

"Es por ello que, consultado El Fiscal en Turno, dispuso que el mismo quede detenido por el supuesto delito de tentativa de lesiones, amenazas y violación de domicilio, dándosele intervención al Médico de Policía, quedando alojado en esta Jefatura", culmina Jorge Sosa.

París Francis Caraballo, es estudiante de enfermería y activista no binarie de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias en Concepción del Uruguay, logró que el Registro Civil de su localidad rectifique su acta de nacimiento consignando su nuevo nombre sin especificar su sexo. Para lograr la rectificación, París Francis, de 23 años, debió solicitar la intervención institucional de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, así como del Área de Políticas de Identidad de Género y Diversidad, el Registro del Estado Civil y la Capacidad de las Personas y el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Entre Ríos.

Sin embargo, el Registro Nacional de las Personas no cuenta con una resolución que reconozca el derecho al registro de las personas no binarias -sin consignar el sexo-, razón por la cual París Francis, al igual que muchas otras personas no binarias en todo el país, continúa sin un Documento Nacional de Identidad que respete su identidad de género autopercibida.

Las personas no binarias se encuentran amparadas por la Ley 26.743 de Identidad de Género. La Ley aprobada en el año 2012 sostiene que "toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género" y "a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad". Además, define a la identidad de género como "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento".

El derecho al registro de la identidad de las personas no binarias también se está disputando en los tribunales. En 2018 la justicia falló a favor de una persona no binaria de Mendoza y ordenó la emisión de una nueva Acta de Nacimiento sin consignación del sexo. Mientras que en 2019 otro fallo judicial, esta vez en Tierra del Fuego, ordenó consignar sexo "no binario" en la nueva Acta de Nacimiento y el nuevo DNI.

"Cuando me entregaron el acta rectificada lo sentí como un abrazo del Estado. Sin embargo, soy consciente de que pude lograrlo en gran medida por el apoyo institucional que tuve, porque tengo acceso a determinadas herramientas y cuento con redes de apoyo. Pero esa no es la realidad de la mayoría de las personas no binarias", comentó París Francis.

"El problema es que no se nos están emitiendo los DNI. En mi caso, solicité que no se consigne el sexo, pero el Renaper aún no tiene resuelto este tema. A fin de año voy a recibirme y no quiero que mi título tenga un nombre que no lo siento propio. Tengo miedo que sin un título acorde a mi identidad después no pueda trabajar. Somos muchas personas en esta situación que estamos necesitando que el Estado nos reconozca y nos incluya", agregó.

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, trató en su última reunión un proyecto que establece un régimen de licencias con perspectiva de género del personal legislativo, y otro que propone la licencia por tratamiento de reproducción médicamente asistida del personal legislativo.

Durante el encuentro virtual se trató el proyecto que establece un régimen de licencias con perspectiva de género del personal legislativo. La propuesta busca equiparar los derechos parentales de madres y padres y, por otro lado, igualar el acceso a los derechos de todas las familias, eliminando distinciones basadas en el género, orientación sexual o la identidad de género de sus integrantes.

"Este proyecto busca poner en tensión y cuestionar los estereotipos de género para romper con el techo de cristal, teniendo en cuenta la cantidad de horas que las mujeres deben dedicar a las tareas del hogar en lugar del trabajo remunerado. Generar igualdad en el trabajo doméstico contribuye a una sociedad más justa", dijo la legisladora.

También se trató el proyecto de ley que crea la licencia por tratamiento de reproducción médicamente asistida del personal legislativo, autoría de la diputada Mariana Farfán (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos). Quien coincidió en la importancia de igualar las licencias por maternidad y por paternidad, expresó que "este proyecto apunta a añadir esta licencia al Estatuto del Personal Legislativo para adecuarlo a la Ley Nacional 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida, además de establecer 60 días corridos de licencia a progenitores no gestantes".

Diputadas y diputados decidieron abordar en conjunto los distintos proyectos referidos a licencias especiales que han sido presentados.

Paris Francis Caraballo, tiene 23 años y es la primera persona con partida de nacimiento sin género en Concepción del Uruguay, y la segundo en Entre Ríos; significa que no es ni mujer, ni varón, sino, no binarie. Paris, estudia Licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Este viernes por la mañana, retiró la partida de nacimiento. "Fue muy emocionante, estaba muy nervise, fue un abrazo de parte de la sociedad y el Estado. Un reconocimiento personal e histórico para la ciudad y la provincia. Me largue a llorar, estoy muy feliz".

"En la partida de nacimiento no se especifica ningún género, porque es lo que quiero para mi identidad y por lo que lucho: la no limitación y restricción de mi libertad por género", dijo.

Trámite

Como todo trámite, debe atravesar burocracia, y la burocracia trae aparejada la falta de formación de los y las funcionarias, pero pese a eso, Paris pudo lograr tener su documentación.

"El trámite lo quise iniciar hacer un año y no pude. Recién hace seis meses me presenté con una abogada defensora y arranqué el procedimiento. Hace tres días se rectificó mi partida de nacimiento y recién hoy (viernes) tuve el papel en mis manos", explicó.

Paris tuvo que presentarse de manera legal para tramitar la documentación. "No hay una ley que contemple a las personas no binarias o sin género. La ley de Identidad de Género, contempla el cambio magistral de masculino a femenino. Mi trámite es diferente porque yo quise eliminar definitivamente el sexo que se especifica dentro de los papeles legales".

Sin embargo, comentó que "ninguna persona que tiene rectificada su acta de nacimiento, tiene DNI. Somos indocumentados, porque el RENAPER, no estipulo ni tiene por sentado que poner en la sección de Sexo. En Argentina, no hay ninguna persona que tenga esto".

Apoyo familiar

Sobre el nombre, Paris contó que "elegí mi nuevo nombre con mi abuela, que está muy presente, y con unos mates de por medio elegimos Paris, porque no tiene género y Francis porque hace alusión a mi nombre anterior, y puedan seguir diciéndome Fran", relató.

"Con mi familia tenemos muy buena relación y con mi abuela siempre decimos que lo importante es ser felices y desarrollarnos como queramos, siempre estando cómodos. Desde que me identifique como un joven gay en mi adolescencia me apoyó. Mis amigos siempre me acompañaron desde el momento cero", finalizó. Elonce.com

Las ministras de Desarrollo Social de Entre Ríos, Marisa Paira, y de la Mujer de Córdoba, Claudia Martínez; y la secretaria de Estado de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe, Celia Arena, participaron de la actividad denominada Pandemia y profundización de las desigualdades de género, que se realizó este jueves mediante modalidad virtual.

Al abrir el conversatorio, Broggi manifestó: "Es muy gratificante poder encontrarnos en este espacio de diálogo y reflexión. En estos tiempos en los que la distancia es la norma, sentirnos cerca, encontrarnos y compartir saberes es un privilegio".

Además, la funcionaria hizo referencia a la Guía de Buenas prácticas con 240 medidas con perspectiva de género que se implementaron por la Región Centro en contexto de pandemia y que fue presentadas días atrás. Y aseguró: "Se está avanzando en la elaboración de un Monitoreo Social de Género que tiene como objetivo relevar datos fiables sobre indicadores de género que nos permitan pensar respuestas pertinentes y efectivas a las problemáticas que atraviesan mujeres y LGBTIQP+ en nuestra región".

Luego D'Alessandro disertó respecto a las desigualdades de género y cómo la pandemia las profundizó, a la vez que puso más de manifiesto la brecha de género. A su vez se refirió al impacto y la profundización en tareas de cuidado y tareas domésticas, trabajo no remunerado, entre otros puntos. "Tenemos que lograr aún muchas cosas, por eso es necesario fortalecer los espacios de trabajo con capacitaciones. Estoy muy orgullosa de lo que se viene logrando, siento que estamos haciendo realidad el acceso a los derechos que tan largamente han sido postergados", afirmó en una de sus reflexiones.

Reflexiones en torno a las políticas de género

La ministra Paira, al saludar en el encuentro virtual, resaltó: "Para nosotros y nosotras es fundamental trabajar en materia de políticas de género en articulación entre las tres provincias de la Región Centro, de la misma manera que abordamos otros ejes. El Plan que se elaboró en conjunto tiene reflejado el compromiso que asumimos frente a una problemática tan compleja como es la violencia por razones de género, que son pensadas y diseñadas a corto y largo plazo".

A su turno, la ministra Claudia Martínez agradeció a Mercedes por el compromiso y a las organizaciones que acompañan la actividad y consideró que "poner en agenda las brechas de género habla de una verdadera lucha, no solo contra las desigualdades sino contra la violencia de género, porque ahí están las bases misma de la violencia. Sabemos que eliminar las brechas nos va a llevar muchos años y sabemos que el momento es hoy y ahora, y esta es una forma".

En tanto, Celia Arena felicitó a todas por la actividad y reflexionó: "Siempre hay que preguntarse cómo hacer para que las políticas lleguen a todos en la diversidad de nuestro país. Hay que generar un federalismo inclusivo, ya que es fundamental territorializar las políticas públicas para tener impacto directo contra las violencias".

Detalles

El Ciclo de Conversatorios Virtuales Género y Pandemia es organizado por la Comisión de Género de la Región Centro, cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y forma parte del Plan de Acción: Igualdad y Género de la Región Centro en el marco del COVID-19 y post pandemia.

En el encuentro también participaron la subsecretaria de la Mujer de Entre Ríos, Valeria Migueles; Romina Figuerola, representante del CFI; la responsable del Área de Comunicación, Juventud y Derechos Humanos de la Municipalidad de San José, Ana Paula Alegre; Mónica Olivera Pagliaruzza, de Mujeres Luchadoras Positivas; la docente de Gualeguay y activista trans, Alejandra Silvestre; Ivana Rezzett, por la Central de Trabajadores de la Argentina delegación Entre Ríos (CTA Entre Ríos); la responsable del Hogar La Delfina de Villaguay, Mariana Dimotta; y Gonzalo Molina, por la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

(Prensa Ministerio de Desarrollo Social)

Dicha reunión tuvo como objetivo dialogar sobre cuestiones de género y hacer hincapié en un proyecto que acompaña a las víctimas.

"El eje de la reunión fue el diálogo sobre el Proyecto de Ley: Cirugías reparadoras de las secuelas físicas a las personas víctimas de violencia de género", afirmó Rubattino.

La reunión fue organizada por la Diputada de Santa Cruz Rocío García, quién no solo fue la anfitriona del encuentro, sino que fue la persona que invitó a la Diputada por Gualeguay a participar del mismo. Teniendo en cuenta todos los trabajos que Rubattino viene realizando en lo que respecta a la temática violencia de género.

Del encuentro participaron la Diputada de Neuquén Lorena Parrilli, la Diputada de Río Negro María Inés Grandoso, el Diputado de Santa Cruz Leonardo Paradis, el Diputado de Entre Ríos Jorge Cáceres, la referente de Kolina Río Negro Cecilia Peña, la Diputada de Río Turbio Karina Nieto, la Subsecretaría de Articulación Federal del Ministerio de Salud de la Nación Verónica De Cristófaro, el Dr. Héctor Lanza quién es el fundador del Programa Cirugías Patria Solidaria, entre otros.

"Tuvimos un enriquecedor intercambio de políticas de género, sumando opiniones y posturas para que salga la mejor ley posible y pueda aplicarse en todas las provincias de nuestro país", culmino diciendo Paola Rubattino.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, llegó hace instantes a Entre Ríos, donde firmará convenios con el gobernador Gustavo Bordet.

Fuentes de la Casa Gris precisaron que la titular de la cartera nacional arribó alrededor de las 9.30 y también mantendrá contacto con intendentes de la provincia.

Adelantaron que con todos ellos rubricará pactos en el marco del Acuerdo Federal contra las Violencias de Género.

El abogado de un abusador hizo un planteo que no pasó desapercibido a los jueces. Después de aclarar que no se trataba de una cuestión personal, el defensor aseguró que no le parecía correcto que uno de los tres jueces del Tribunal que tenía que juzgar el caso de un abuso intrafamiliar fuera una mujer.

Ruben Fernández, el abogado, lo dijo por la jueza Mariana Irianni, integrante, junto a los jueces Juan Manuel Sueyro y Fabián Riquert, del Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Mar del Plata, que además de brindarle una respuesta rotunda indicó al Colegio de Abogados que capacite a sus matriculados en materia de género.

"Claramente la única y huérfana razón que sustenta esta improcedente solicitud obedece solamente a una profunda ignorancia -sostuvo la jueza Irianni-. Ignorancia que hay que neutralizar con educación".

Al momento de fundamentar el voto que terminó con una condena de seis años de prisión para un hombre que abusó a la hija de su pareja, la jueza destacó que la decisión del Tribunal haya sido unánime, lo que demuestra -dijo- que "el género no implica disidencias sustanciales a la hora de resolver".

El abogado defensor, al hacer su inusual planteo, explicó que en un juicio sobre un delito contra la integridad sexual en el que había participado, otra jueza había dictado una resolución que en segunda instancia había sido revocada.

Irianni le preguntó si se trataba de una cuestión de índole personal, Fernández respondió: "No quiero mujeres juezas ... (se trata de un abuso sexual intrafamiliar)". Pero no llegó a pedir su recusación.

"El planteo del defensor permitiría concluir que mi imparcialidad se pondría en duda solo por mi condición de ser 'mujer'. Esta lógica hace que me pregunte: ¿Es el sexo-masculino el único que garantiza la imparcialidad? ¿Es el género femenino arbitrario? ¿Es el género el único parámetro para medir la idoneidad en cualquier función pública o privada? Para todas las preguntas la respuesta es: ¡¡¡NO!!!".

Afirmó la jueza que la solicitud de Fernández obedece a "una profunda ignorancia de la realidad, en especial sobre la necesaria perspectiva de género que es saludable esperar de las integraciones, muy en especial de los cuerpos colegiados".

Los jueces que integran el mismo Tribunal expresaron que la manifestación del defensor "de caracter general respecto al género del juzgador/a posee un sesgo discriminatorio, ya que ataca por el solo hecho de tratarse de una mujer".

"La expresión, como lo dijera en la audiencia, no se extendió a los otros dos miembros del tribunal varones, que hemos tenido sentencias confirmadas, pero también revocadas", sostuvo Riquert: "En un universo más general como lo planteara el abogado, a miles de jueces varones les han revocado sentencias, y ello no inhibe a que otros jueces varones entiendan en otras causas", señaló.

"No voy a hacer la defensa de mi colega que me consta se defiende muy bien sola y no necesita de ninguno de los jueces -varones- que integramos este Tribunal. Sí me preocupa que en el ejercicio de la abogacía local se realicen este tipo de manifestaciones en una sala de audiencias", agregó.

Por eso, a partir de la obligatoriedad de la aplicación de la Ley Micaela para todos los poderes públicos, en el que está comprendido el Colegio de Abogados, concluyeron los jueces que resulta de "vital importancia" que sus matriculados se capaciten en materia de genero "a los fines de erradicar este tipo de expresiones vinculadas con estereotipos superados para una correcta litigación".

La Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, N° 27499, fue promulgada en 2018 tras un proceso que surgió a partir del femicidio de la adolescente Micaela García, en 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.

Irianni sostuvo finalmente que desacreditar el rendimiento o la función de cualquier ser humano por el género en términos biológicos (o cualquier otro motivo externo a sus capacidades intrínsecas) debería ya estar diluido en cualquier ámbito, pero más aún en el marco de profesionales expertos en leyes.

La jueza celebró "poder integrar este Tribunal con mis colegas, hombres respetuosos del género que cada uno porta. Y ciertamente me cuestiono cuándo habrá en las designaciones judiciales de mi ciudad un equilibrio equiparable a la ley de cupo (de los cuerpos legislativos) o a la exigida en la Ley de juicio por Jurados, normas que sabiamente han contemplado esta circunstancia".

Y lamentó: "A lo largo de los 34 años que llevo en la Justicia y habiendo pasado por varios Departamentos Judiciales y numerosas funciones, no es la primera vez y seguramente no será la última que alguien diga: "¡Vos NO porque sos mujer!".

"Lejos de pretender sancionar la ignorancia -dijo Irianni-, hay que neutralizarla. Primero tomando noción de esa ignorancia para luego poder integrar las diferencias, con educación, solo así se puede hacer un espacio nuevo en la conciencia que cambie el paradigma". Instó entonces para que se capacite en perspectiva de género a los colegiados en general, "en especial al doctor Fernández".

A partir de ahora, para obtener la licencia de conducir en la Argentina habrá que aprobar, además de los exámenes ya implementados, una "Guía práctica de comunicación con sensibilidad de género del transporte"; es decir, un curso de diversidad y género.

La medida, que tiene alcance nacional, fue publicada en el Boletín Oficial y elaborada por la Dirección de Políticas de Géneros y Diversidades dependientes de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Transporte de la Nación.

"Erradicar desigualdades"

La guía tiene como objetivo central "generar nuevas formas de comunicar que construyan y expresen igualdad para la diversidad de género".

"Debemos repensar la forma en que veníamos construyendo nuestros significados y discursos, y cómo comunicamos, visibilizando a las mujeres y colectivo LGBTI+ del sector transporte, para terminar con prácticas culturales que las dejan en las márgenes del desarrollo discursivo y erradicar las desigualdades existentes en nuestro sector", explica el Ministerio de Transporte.

Los contenidos

En todo el país, el programa de enseñanza a desarrollar por las escuelas de seguridad vial para el curso teórico práctico en la formación de conductores de vehículos motorizados, debe comprender como mínimo los siguientes contenidos:

Género. Roles y estereotipos. Identidad de género. Violencia de género, tipos y modalidades de violencia. Masculinidades: patriarcado y heteronormatividad. Mitos sobre violencia. Femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio. Recursos, herramientas y formas de abordaje contra la violencia en la conducción de vehículos automotores y en el transporte. Acceso y participación de mujeres y diversidades en el sector transporte.

Conceptos básicos

Quienes quieran obtener la licencia de conducir en la Argentina deberán entender algunos conceptos básicos sobre equidad de género:

-Estereotipos: son imágenes o ideas simplificadas y deformadas de la realidad, aceptadas comúnmente con carácter inmutable, que se vuelven verdades indiscutibles a fuerza de repetirse.

-Androcentrismo: el hombre está considerado como centro del universo y define lo masculino como la medida de todas las cosas y la representación global de la humanidad. El concepto de androcentrismo suele hacer referencia a un modelo único de varón: blanco, heterosexual, occidental, de clase media, sin discapacidad. Una consecuencia del Androcentrismo es la ocultación de las mujeres, su falta de definición y la no consideración de sus realidades.

-Sexismo: es un mecanismo por el que se concede privilegio a un sexo en desventaja con el otro. El sexismo es, entonces, pre-condición del androcentrismo. El androcentrismo es la razón detrás de la mayoría de las construcciones sexistas.

-Patriarcado: es un sistema que estructura la desigualdad entre los géneros y lo hace de manera regulada y sistemática. Tiene como causa principal la jerarquía masculina por sobre los demás géneros.

-Discriminación positiva: el establecimiento de normas que buscan, intencionadamente, favorecer a un determinado sector que hasta el momento se consideraba minoritario, realizando una acción afirmativa de derechos de las minorías que, a veces, tampoco equilibra esa desigualdad previa.

-Identidad de género: refleja un sentido profundo y experimentado del propio género, comprendido desde la vivencia interna e individual de cada persona.

-Orientación afectiva-erótica-sexual: se trata de la atracción física, afectiva, sexual o emocional de una persona hacia otras, que no se encuentra sujeta a determinaciones biológicas.

-Masculinidad hegemónica: es un modelo predominante de construcción de la masculinidad, que se transmite culturalmente y es adoptado por la mayoría de los varones. Puede expresarse de distintas maneras, pero las más comunes son: el carácter proveedor, la valentía, independencia, potencia, entre otras.

-Invisibilidad de las mujeres: cuando las mujeres son excluidas de una realidad en la que son parte activa. Por ejemplo, cuando no aparecen datos estadísticos desagregados por género.

-Minimizar la problemática de las mujeres: consiste en trivializar o no dar importancia a las experiencias, problemas y realidades de las mujeres, por ejemplo: no evidenciar la violencia doméstica o el acoso sexual o laboral cuando es un fenómeno muy común.

La Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos realizó su balance anual y reveló que en 2020 se registraron 11.720 denuncias por violencia de género en toda la provincia, una cantidad similar a la de 2019, cuando hubo 11.873 expedientes por este tema. Además repasaron acciones de formación y gestiones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En 2020 en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (Rejucav), que se actualiza en tiempo real, se originaron 11.720 expedientes por causas de violencia contra la mujer y la familia. De ellos, 4.827 corresponden a violencia familiar, 4.479 a violencia contra la mujer mientras que 1.964 son casos penales.

Durante el año 2019, se había registrado una cantidad similar en el Rejucav: 11.873 expedientes tramitados. De ellos, 5.207 (43.86%) corresponden a violencia familiar, 4.460 (el 37.56%) a violencia contra la mujer y 2.206 (18.58%) a delitos vinculados a expedientes penales.

El Registro cuenta con antecedentes que son consultados al recibir una denuncia. Es una base de datos respecto de los procesos judiciales tramitados a partir de los hechos de violencia familiar y contra la mujer y delitos derivados de esas acciones. Estas herramientas, al analizar los datos del REJUCAV y de las plantillas de denuncias, posibilitaron detectar la concesión de beneficios de arrestos domiciliarios cuando existían antecedentes de violencia familiar y contra la mujer, en contexto de pandemia, en domicilios donde se habían producido los hechos de violencia. Por ello se sugirió la consulta de antecedentes de REJUCAV previo a concederla, aun cuando la detención no hubiera sido la causa de ellos.

En el contexto de pandemia se llevaron a cabo Instancias de formación y capacitación; la promoción de lenguaje no sexista; se otorgó ampliación de competencia a Juzgados de Paz; se trabajó en el protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral del Poder Judicial; se entregaron celulares en comodato para facilitar la aplicación de botón antipánico; se instauró un formulario para realizar denuncias on line y se trabajó en el Observatorio de Ley Micaela.

La gestión durante la pandemia

La OGV es una Secretaría del STJ especializada en políticas judiciales en materia de género que articula judicial y extrajudicialmente sobre estos temas para capacitar, proponer medidas de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y la familia, como también fomentar los derechos de las víctimas y trabajar en la identificación de las diferentes situaciones de violencia.

En el contexto de pandemia se llevaron a cabo Instancias de formación y capacitación; la promoción de lenguaje no sexista; se otorgó ampliación de competencia a Juzgados de Paz; se trabajó en el protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral del Poder Judicial; se entregaron celulares en comodato para facilitar la aplicación de botón antipánico; se instauró un formulario para realizar denuncias on line y se trabajó en el Observatorio de Ley Micaela.

Se redactaron las "Pautas para Juzgar con perspectiva de Género" y el documento titulado "Juzgar con perspectiva de género. Algunas categorías guías".

Asimismo, propuesta de la dirección de la OVG amplió la competencia de los Juzgados de Paz de 2° y 3° categoría de la provincia, por lo que quedaron habilitados para tramitar, disponer y resolver en materia de violencia contra las mujeres.

Por otra parte, desde el organismo se facilitó a víctimas de violencia la entrega en comodato de equipos celulares propiedad del STJER para los casos en los que no contaran con aparatos con sistema Android y la tecnología suficiente para la instalación de la aplicación de Botón de Pánico, que en Paraná la realiza la División 911 y Videovigilancia.

Cabe recordar que esta necesidad por parte de las víctimas en condiciones de vulnerabilidad quedó en evidencia en marzo con el femicidio de Fátima Florencia Acevedo, por el cual está preso a la espera del juicio su ex pareja, Jorge Nicolás Martínez. En el transcurso de la investigación se reveló que Fátima carecía de un dispositivo con conectividad para utilizar el botón antipánico, a pesar de que ya había denunciado reiteradas veces a Martínez por violencia y su caso había tenido intervención policial y judicial.

Por otra parte, al inicio de la cuarentena se desarrolló el formulario de denuncias on line, ubicado de modo visible en la página web del Poder Judicial. Se recepcionaron denuncias de violencia contra la mujer y familiar durante las 24 horas y, todos los días de la semana, remitiéndose a los correspondientes Juzgados de la provincia para su trámite.

Desde el gobierno provincial informaron que durante este año se realizaron más de 20 capacitaciones en género, previstas por la Ley Micaela, en municipios de la provincia. Equipos de la Subsecretaría de la Mujer y del Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual brindaron la última capacitación del año para el municipio de Aldea San Antonio.

El intendente de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Chaves, integrantes de su gabinete, concejales y agentes municipales participaron de la capacitación que se realizó mediante videoconferencia y se extendió por casi tres horas.

La subsecretaria de la Mujer, Valeria Migueles, destacó: "Llegamos a fin de año con una agenda de trabajo sostenida, que nos ha permitido implementar este programa en todos los rincones de la provincia a pesar de la pandemia y las complejidades de este escenario que afecta a todo el mundo". La subsecretaria de la Mujer, Valeria Migueles, destacó: "Llegamos a fin de año con una agenda de trabajo sostenida, que nos ha permitido implementar este programa en todos los rincones de la provincia a pesar de la pandemia y las complejidades de este escenario que afecta a todo el mundo".

"Celebramos también la conciencia y la importancia que intendentes y actores locales le dan a las políticas de género en general y a la Ley Micaela en particular, lo que muestra un avance en la institucionalización de las políticas y los derechos de las mujeres", destacó la funcionaria.

Durante el encuentro, el intendente junto Migueles y Elcura hicieron la presentación de la jornada, en la cual se explicó el contenido de la Ley y la lucha de Micaela García por una sociedad sin violencia contra las mujeres. La actividad fue organizada por la Municipalidad de Aldea San Antonio.

La jornada formó parte de los programas de formación que tiene la Subsecretaría de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Entre Ríos, que se instrumentan en conjunto con las áreas Mujer locales y los municipios de la provincia.

Finalizando las actividades por la Semana de Concientización para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, desde La Cámpora Gualeguay intervinieron un banco en un espacio público de la ciudad pintando de rojo, convirtiéndolo así en una representación de la mujer víctima de Femicidio.

"Con ello nos sumamos a la campaña internacional El Banco Rojo, un proyecto cultural y pacífico de prevención y sensibilización contra la violencia de género y femicidios. El objetivo de esta campaña es la Prevención Primaria, invitando a reflexionar sobre el desenlace fatal producto de la violencia de género, a toda persona que ve este símbolo", explicaron desde la agrupación.

Desde el viernes pasado en la Provincia de Entre Ríos, la Paridad de Género, es Ley. Convirtiendose en la primera provincia en garantizar la paridad en los tres poderes del Estado.

En este marco, desde la Multisectorial de Mujeres de Gualeguay, expresaron su alegría al respecto. "Desde la Multisectorial de Mujeres Gualeguay celebramos hoy este paso histórico que da la provincia, hoy nos encaminamos a una sociedad más igualitaria", comenzaban diciendo.

Esta Ley de Paridad Integral establece que las mujeres tengan garantizado el acceso al 50% de las listas electivas del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. "Pero va aún más lejos, también en los Partidos Políticos, en las Asociaciones civiles, los clubes, los colegios Profesionales y las organizaciones sociales. Las mujeres no solo somos protagonistas ahora tenemos que tener los lugares de decisión y poder", continuaban.

Desde la Multisectorial están convencidas que, con la sanción de la Ley de Paridad de Género, se demuestra que cuando las mujeres trabajan en red, lo hacen para el futuro y prosperidad de todas. "Después de 200 años de historia la primer Vice Gobernadora y las legisladoras hayan tomado la iniciativa y materializado este proyecto es prueba que las mujeres tenemos otra forma de hacer política", afirman.

"Estamos deconstruyendo un mandato milenario, por ello celebramos esto como el inicio de un camino hacia una democracia con justicia de género", culminan. "Estamos deconstruyendo un mandato milenario, por ello celebramos esto como el inicio de un camino hacia una democracia con justicia de género", culminan.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, participó el viernes al mediodía de manera virtual de la sesión que se realizó en el Senado de Entre Ríos en la que se sancionó la Ley de Paridad Integral de Género en la provincia.

Tras la sanción de la normativa Gómez Alcorta expresó: "Entendemos esta ley como una herramienta fundamental a la hora de comenzar a sanear las enormes desigualdades de género persistentes en nuestra sociedad, y particularmente en la participación política de las mujeres". Tras la sanción de la normativa Gómez Alcorta expresó: "Entendemos esta ley como una herramienta fundamental a la hora de comenzar a sanear las enormes desigualdades de género persistentes en nuestra sociedad, y particularmente en la participación política de las mujeres".

La norma incorpora el principio de paridad de género en la conformación e integración del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, partidos políticos y para las asociaciones, colegios y consejos profesionales. Además, las organizaciones de la sociedad civil deberán promover su incorporación progresiva en estatutos, actas fundacionales, reglamentos, y estructuras orgánicas.

Además, la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta destacó la importancia de crear instrumentos para una mayor participación de mujeres y LGBTI+ en las tomas de decisiones.

En relación a los obstáculos que tienen las mujeres para acceder a cargos jerárquicos y a trabajos que no sean precarios, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta afirmó que esta ley "contribuye a romper los techos de cristal y los suelos pegajosos y ataca una de las desigualdades políticas más universales: la que se basa en el género". (APFDigital)