El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el Programa de Ciudadanía por Inversión, durante un evento en la Embajada argentina en París, en el marco de la Argentina Week. Según se informó, Caputo sostuvo que la iniciativa busca "captar aún más la atención del mundo".

El programa permite que extranjeros que acrediten una inversión considerada relevante en el país soliciten la ciudadanía argentina. El esquema no nació con el anuncio de París: la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión fue creada en 2025 por el Decreto 366/2025, dentro del Ministerio de Economía, con facultades para diseñar y gestionar estos programas, recibir solicitudes y recomendar su aprobación o rechazo. Después, el Decreto 524/2025 reglamentó el procedimiento.

Según contó Caputo, y publicó La Nación, la idea surgió hace dos años, durante un viaje del presidente Javier Milei a Sun Valley, en Estados Unidos, donde se reunieron con referentes de la industria tecnológica que pidieron obtener la ciudadanía argentina.

El ministro vinculó las expectativas puestas en el programa con la situación geopolítica del país y con la proyección internacional de Milei, a quien describió como un referente de libertad e inversión en el mundo. También señaló que esquemas similares funcionan en otros países y que el Gobierno trabajó durante dos años con firmas internacionales especializadas para adoptar esas prácticas.

El Gobierno afirma que los recursos que se recauden se destinarán a fortalecer la posición fiscal y financiera del país, y presenta el programa como parte de su estrategia de apertura internacional.

El programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. El solicitante principal tendrá dos alternativas: realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o suscribir un título público de US$800.000 creado específicamente para el programa.

También podrán pedir la ciudadanía el cónyuge y los hijos del titular. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, deberán aportar US$100.000 cada uno al Tesoro. Para los menores de 18, el monto será de US$25.000.

Así, una familia con un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá acceder mediante aportes por un total de US$500.000.

Los fondos deberán ingresar por el sistema financiero formal y estarán sujetos a controles de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.

La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

El procedimiento incluirá controles de identidad, origen y trazabilidad de los fondos, situación patrimonial y financiera, antecedentes penales y reputacionales e historial migratorio. Con ese análisis, la Agencia elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que aprobará o rechazará cada solicitud.

Caputo afirmó que las expectativas de las firmas que asesoraron al Gobierno son "muy altas" y que el programa busca sumar una nueva vía para atraer capitales.

El Gobierno anunció que decretará feriado nacional el lunes 9 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. Según informó el Ministerio de Seguridad tras una reunión con autoridades nacionales y de la Iglesia, la decisión coincidirá con la misa que el pontífice celebrará frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

El comunicado atribuyó la medida a la voluntad del presidente Javier Milei de que ese día sea feriado nacional. La información difundida anunció la futura firma del decreto, sin precisar que la norma ya hubiera sido publicada.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el encuentro en la sede del Ministerio de Seguridad, realizado después de la confirmación de la agenda completa del Papa en el país.

El Gobierno indicó que todavía evalúa si habrá feriados el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre. En esos casos, la medida estaría limitada a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, según las actividades previstas durante la visita.

La agenda difundida para el viaje incluye una misa en Córdoba el 10 de noviembre y actividades en Luján el día 11.

El Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para que las concesiones de rutas nacionales no paguen impuestos de ninguna jurisdicción, en el marco del proceso de privatización de los caminos viales dependientes de la Nación. La iniciativa oficial abarca inicialmente 6.000 kilómetros de rutas distribuidas por todo el país, que serán licitadas en los próximos meses, como parte de un nuevo lote de tramos a concesionar que llegará hasta los 12.000 kilómetros.

El plan del Ejecutivo fue dado a conocer por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su paso por el evento "Vientos de Cambio", organizado por la Fundación Libertad y Progreso. El funcionario precisó que todas las nuevas inversiones en rutas tendrán una propuesta de exención total de impuestos, tanto nacionales como provinciales y municipales.

Según explicó Caputo, el objetivo de la administración libertaria es generar mayor incentivo, abaratar el proceso de desarrollo vial y acelerar los plazos de las obras. De esta manera, la intención es que las empresas que asuman la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional no queden alcanzadas por tributos de ningún nivel de gobierno.

Para que el beneficio impositivo incluya también las cargas provinciales y municipales, el Gobierno de Javier Milei deberá contar con el aval de los gobernadores e intendentes. Al respecto, Caputo se mostró confiado en lograr ese acompañamiento, al señalar que los mandatarios coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental.

La nueva estrategia oficial en busca de mayor inversión privada en infraestructura vial se da en un contexto de una notoria reducción en los recursos destinados al sector, reflejada en las partidas de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Según un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de la DNV cayó al menor nivel en tres décadas, y en conjunto con el de la ANSV registró una reducción real del 70% entre 2023 y 2025.

El mismo análisis detalló que las partidas para el mantenimiento de rutas nacionales cayeron un 60% en términos reales entre 2023 y 2025, al pasar de $826.000 millones a $333.000 millones, con una proyección de $248.000 millones para 2026. Un panorama similar se observó en las partidas destinadas a obras de construcción vial, que bajaron de $1.054.000 millones en 2023 a $265.000 millones en 2025.

Desde la ACIJ remarcaron que la reducción de erogaciones se constata de forma generalizada en las jurisdicciones subnacionales. En la provincia de Buenos Aires, precisaron, el gasto devengado pasó de $468.500 millones en 2023 a $70.200 millones en 2025, con caídas de magnitud similar registradas en distritos como Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

La actividad se desarrollará de 10:00 a 15:00 horas en El Nido Gualeguay, donde los vecinos podrán realizar trámites, efectuar consultas y acceder a diferentes servicios de la Provincia en un mismo lugar y cerca de sus hogares.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso de los entrerrianos a las distintas áreas del Gobierno provincial, evitando traslados y concentrando la atención de diversos organismos durante una misma jornada.

Además, en el marco de la actividad, a las 11:00 horas se realizará una entrega de escrituras del IAPV, destinada a vecinos de la ciudad.

Desde la organización invitaron a la comunidad de Gualeguay a acercarse y aprovechar los diferentes servicios que estarán disponibles durante la jornada.

De esta manera, ER Con Vos propone una nueva instancia de presencia territorial, con la Provincia acercándose a los vecinos para brindar atención y facilitar el acceso a trámites y gestiones.

El Gobierno nacional evalúa modificar la Ley de Ejercicio Profesional de la Medicina para establecer que determinados medicamentos sólo puedan ser recetados por especialistas en el área correspondiente. La iniciativa fue anticipada por el ministro de Salud, Mario Lugones, durante una jornada sobre el sistema sanitario y la creciente judicialización de prestaciones médicas, en la que participaron funcionarios, jueces federales, representantes de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Según informó Clarín, el proyecto todavía se encuentra en análisis y podría sufrir modificaciones antes de su implementación definitiva.

El ministro Lugones planteó la necesidad de actualizar una normativa que data de 1967 y que, a su criterio, no refleja los cambios tecnológicos, sanitarios y profesionales de las últimas décadas. El funcionario utilizó su propia formación como cardiólogo para ilustrar el problema: señaló que, pese a no ejercer actualmente esa especialidad, todavía podría emitir recetas vinculadas a tratamientos cardiovasculares, una situación que consideró inadecuada. "Tienen que controlar muy bien el gasto y a los médicos", expresó ante los representantes del sector.

La propuesta apunta a que sea el propio sistema —y no el criterio individual de cada médico— el que establezca quién puede prescribir qué medicamento, especialmente en casos de tratamientos complejos o de alto costo.

Uno de los argumentos centrales detrás del proyecto es la presión judicial que soporta el sistema de salud. Durante la jornada se informó que cerca del 70% de la actividad de algunos juzgados civiles y comerciales federales está vinculada a amparos por cuestiones de salud. En ese contexto, el superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, señaló que los medicamentos de alto costo representan actualmente más del 40% del presupuesto del sistema.

Las autoridades sostienen que el nuevo esquema de recetas permitiría un mayor control sobre las indicaciones médicas y reduciría parte de la presión judicial sobre obras sociales y prepagas. Sin embargo, el proyecto aún no tiene forma definitiva y deberá atravesar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.

El gobierno de Entre Ríos presentó días atrás "ORI", un agente de inteligencia artificial orientado a brindar acompañamiento e información sobre salud mental en adolescentes, disponible dentro de la plataforma Mi Entre Ríos y pensado principalmente para padres, madres y docentes. La herramienta funciona como un chat conversacional que aborda situaciones como depresión, suicidio, bullying, grooming e identidad sexual, entre otras.

Pero la iniciativa oficial no tardó en despertar rispideces en la oposición legislativa.

Diputados entrerrianos presentaron un pedido de informes al Ministerio de Salud Provincial motivado por la crítica situación de salud mental que atraviesa la región. En los fundamentos del proyecto, los legisladores justicialistas Silvina Deccó, María Laura Stratta y Enrique Cresto expresaron una dura crítica a la gestión actual del área.

En paralelo, la diputada peronista Silvina Deccó también presentó un proyecto para crear una Comisión Bicameral Permanente sobre Salud Mental en la provincia, integrada por cinco senadores y seis diputados. La legisladora sostuvo que la situación en materia de salud mental es "realmente alarmante" y que las estadísticas marcan la necesidad de establecer políticas públicas que aborden la temática de manera integral y en los territorios.

Desde el sector peronista, las objeciones apuntan directamente al modelo tecnológico elegido por el oficialismo. La diputada nacional Blanca Osuna advirtió que "ningún bot digital puede reemplazar la atención necesaria" y que la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial en salud mental, sin consulta ni supervisión de profesionales, genera riesgos y no garantiza contención real. 

Osuna también expuso cifras que encendieron las alarmas: los suicidios juveniles en Entre Ríos alcanzan casi 20 casos cada 100.000 habitantes, duplicando la media nacional, con un incremento preocupante entre los jóvenes. Para la legisladora, esos números exigen inversión real y acompañamiento profesional, no soluciones digitales.

En esa línea, instó al gobernador Rogelio Frigerio a invertir más en educación y salud, y a resolver el funcionamiento de la obra social IOSPER.

Desde el gobierno, los funcionarios salieron a respaldar la herramienta. El secretario de Modernización, Emanuel Gainza, aclaró que ORI fue desarrollada y entrenada por psicólogos y trabajadores sociales, y que su contenido está revisado. "Es una herramienta para orientar", señaló. El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, remarcó por su parte que la IA no sustituye la atención profesional sino que orienta, y que todos los datos ingresados son anónimos.

Sin embargo, desde sectores académicos y profesionales también se advierte sobre los riesgos de simplificar problemáticas complejas y de desplazar el rol de los equipos interdisciplinarios.

Entre los principales puntos, se busca reducir los tiempos de aprobación y modificar los criterios de patentabilidad, lo que facilitaría el reconocimiento de nuevas invenciones en el sector farmacéutico. En ese sentido, también se prevé la revisión y eventual derogación de normativas vigentes desde 2012 que limitaban la concesión de patentes en medicamentos.

Además, el nuevo esquema contempla una mayor protección de la propiedad intelectual, incluyendo los llamados “datos de prueba”, lo que dificultaría que laboratorios locales desarrollen versiones genéricas basadas en investigaciones de empresas extranjeras.

La iniciativa forma parte de los compromisos asumidos por la Argentina en el marco de negociaciones internacionales, donde uno de los ejes centrales es fortalecer el sistema de patentes y alinearlo con acuerdos globales como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

En el sector, la medida genera posiciones encontradas. Mientras que laboratorios internacionales ven con buenos ojos el cambio por brindar mayor seguridad jurídica, desde la industria nacional advierten que podría afectar la producción de medicamentos genéricos y el acceso a tratamientos más económicos.

Fuente: Noticias Argentinas

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró 2025 con una inflación acumulada del 31,5%, según el informe oficial del INDEC publicado en enero de 2026. Solo en diciembre, la suba fue del 2,8%, consolidando —en palabras del Gobierno nacional— “el menor registro anual de inflación en ocho años” y un dato que fue celebrado públicamente por el presidente Javier Milei y su equipo económico.

Sin embargo, detrás del promedio nacional, el impacto de la inflación sobre los ingresos fue muy desigual. En una ciudad como Gualeguay, con fuerte presencia de empleo público, comercio, fuerzas de seguridad y actividad industrial vinculada a frigoríficos, el balance del año muestra ganadores relativos, empates forzados y perdedores claros.

Empleados municipales: por encima pero con montos en negroHa sido un capítulo recordado de nuestra ciudad el conflicto gremial que mantuvieron el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Gualeguay y el Ejecutivo. En declaraciones a los medios de comunicación, funcionarios del DEM detallaron que, hasta antes del conflicto, los trabajadores municipales habían obtenido un aumento del 30% de sueldo durante el 2025. Cabe recordar que el conflicto finalizó con una suma fija en negro que representa un 16% de aumento y será incorporada durante 2026 al salario. En conclusión, los municipales le ganaron a la inflación oficial del INDEC pero con esa salvedad.   Docentes y estatales provinciales: el “empate” con el IPC

En Entre Ríos, tanto docentes como trabajadores estatales provinciales cerraron 2025 bajo un esquema de actualización salarial mes a mes según el IPC, con el compromiso explícito del Gobierno de “garantizar la cobertura contra la inflación hasta diciembre”.

Desde la Provincia destacaron que se trató de “un gran esfuerzo en un contexto complejo”, subrayando que muchos sectores a nivel nacional cerraron paritarias por debajo del índice inflacionario. En los papeles, el mecanismo permitió que los salarios no quedaran atrasados frente al 31,5% anual.

No obstante, desde sectores gremiales advierten que el IPC no refleja el costo real de vida, especialmente por el peso de rubros como combustibles, alquileres y tarifas, que tuvieron subas por encima del promedio. Según estas estimaciones, incluso con la cláusula de actualización, los salarios habrían perdido entre 15 y 20 puntos si se considera la devaluación y el encarecimiento de gastos esenciales.

A eso se suma otro factor: en algunos meses, algunos aumentos incluyeron sumas no remunerativas, que no impactan en jubilaciones, aguinaldo ni demás. “Y de lo perdido anteriormente ni se habla”, afirman.

Policía: atados a las paritarias sin negociación propia

La situación del personal policial en Gualeguay fue similar a la de docentes y estatales, aunque con una limitación estructural: no cuentan con representación gremial. Los aumentos salariales siguieron los acuerdos generales del sector público provincial.

Si bien en algunos casos se incorporaron adicionales en negro, el esquema general replicó la lógica del “empate con el IPC”, con los mismos cuestionamientos sobre la pérdida de poder adquisitivo real y la falta de impacto pleno en el salario de bolsillo.

El dato: el básico de un policía está muy lejos del sueldo bruto. Algunos consultados tienen problemas para pagar la tarjeta de crédito, muy pocos tienen vivienda propia y la posibilidad de acceder al crédito se encuentra muy limitada.

Estatales nacionales: una pérdida real del 14,4%

El escenario fue mucho más desfavorable para los trabajadores de la administración pública nacional. Durante 2025, los salarios del sector aumentaron apenas 17,1%, muy por debajo del 31,5% de inflación anual.

La diferencia marca una pérdida real del 14,4% en el poder de compra, uno de los ajustes más significativos entre los sectores analizados. En términos concretos, un trabajador estatal nacional en Gualeguay terminó el año con un salario que compró sensiblemente menos alimentos, servicios y bienes básicos que en enero.

Empleados de comercio: una brecha de 7,4 puntos

En el sector mercantil, uno de los más numerosos de la ciudad, los números también quedaron en rojo. Según los datos de paritarias:

-Inflación 2025: 31,5%

-Aumento salarial acumulado: 24,1%

La brecha fue de 7,4 puntos porcentuales, incluso considerando que el aumento de diciembre (7,4%) incluyó un 1% no remunerativo y la incidencia de una suma fija de $60.000.

Ese componente fijo tuvo un impacto desigual: benefició más a las categorías más bajas (como Maestranza A) y perdió peso en las escalas superiores. En la práctica, la mayoría de los empleados de comercio no logró empatarle a la inflación.

La situación es todavía más crítica entre quienes trabajan en negro, una realidad extendida en el sector: allí, los aumentos paritarios directamente no se aplican, profundizando la precarización.

Frigoríficos: salarios planchados y fuga de mano de obra

El panorama más delicado se dio en los obreros de frigorífico, un sector clave en la región. Durante todo 2025, los aumentos rondaron apenas el 12% anual, menos de la mitad de la inflación oficial.

Según relatan trabajadores del rubro, el Gobierno nacional no homologó incrementos mayores, lo que se tradujo en una fuerte pérdida salarial. El impacto fue inmediato: jornadas de nueve horas que ya no rinden, renuncias, acuerdos informales y una creciente migración hacia trabajos en negro.

Si bien existen algunos montos no remunerativos, no alcanzan a todas las plantas ni a todos los sectores de producción, lo que profundiza la desigualdad interna.

Otros convenios: la mayoría, por debajo del IPC

El panorama general de los convenios colectivos refuerza el diagnóstico. En el último tramo del año, la mayoría de los sectores cerró aumentos muy por debajo de la inflación trimestral, debido a que el Gobierno intentó impedir cualquier aumento que supere el 1% por mes. En todos los casos, el salario real siguió perdiendo terreno.

Balance final

Mientras el Gobierno celebra el 31,5% de inflación anual como un hito de estabilización, en Gualeguay el cierre de 2025 deja un mapa laboral fragmentado. Solo algunos sectores lograron empatarle al IPC, y aun así con reparos. También es importante tener en cuenta que —comercio, estatales nacionales, frigoríficos y trabajadores informales— terminaron el año claramente más pobres. Un elemento no menor es que siempre se debe tener en cuenta cuánto se viene perdiendo desde hace tiempo, desde qué base se aumenta el sueldo y demás. Aun así, consideramos que el informe pone los números sobre la mesa de la realidad de los trabajadores.

En el marco del análisis del "nuevo mapa de poder" presentado por el periodista Carlos Pagni en Odisea Argentina, han salido a la luz cifras que exponen la estrategia de la Casa Rosada para consolidar alianzas con mandatarios provinciales. Según los datos actualizados al 12 de diciembre de 2025, la provincia de Entre Ríos se ubica en el segundo puesto del ranking nacional de recepción de ATN, solo por detrás de Tucumán.

De acuerdo con la planilla oficial del Ministerio de Economía de la Nación, Entre Ríos acumuló un Total General de 35.000 millones de pesos durante el periodo enero-diciembre de 2025. Esta cifra representa un 18% de la participación total del reparto de estos fondos, una ventaja considerable frente a provincias de mayor peso electoral como Buenos Aires (5%) o Santa Fe (6%). El impulso final ocurrió en este mes de diciembre, donde la gestión nacional giró a la administración entrerriana 7.000 millones de pesos, una inyección de liquidez clave para el cierre del ejercicio fiscal de la provincia.

El incremento en el reparto de estos fondos —que por definición son discrecionales y no coparticipables— coincide con la necesidad del Poder Ejecutivo de garantizar apoyos legislativos. Según diversos análisis, este beneficio a "gobernadores colaboradores" tiene como objetivo directo asegurar la aprobación del Presupuesto 2026 y otros proyectos de ley estructurales. Junto a Tucumán (que lidera el podio con 20.000 millones solo en diciembre), Entre Ríos aparece como una pieza fundamental en el esquema de gobernabilidad que intenta trazar el presidente Javier Milei. Mientras que otras jurisdicciones enfrentan recortes severos, las provincias cuyos mandatarios han mostrado una actitud de diálogo y acompañamiento legislativo han visto incrementadas sus arcas a través de estos aportes.

La brecha entre las provincias "aliadas" y las "opositoras" es evidente en el gráfico. Mientras Entre Ríos ostenta ese 18% de participación, provincias como Mendoza o Corrientes aparecen al final de la lista con montos significativamente menores (3.000 millones anuales). 

Durante el acto por el 9 de Julio en Gualeguay, la intendenta Dora Bogdan destacó la relevancia de mantener vivas las celebraciones patrias y promover el sentido de pertenencia entre los vecinos.“Tenemos que seguir apoyando, festejar todos estos actos, darle relevancia, el sentido de participación”, expresó, y señaló con preocupación que los feriados trasladables pueden desdibujar el valor de las fechas históricas: “Ahora, viste que por ahí con el tema de los feriados que realmente se trasladan y no son en la fecha, tenemos que seguir con estas cosas que no se pueden perder”.

Bogdan se refirió también al cambio de escenario del acto central y explicó la elección de la costanera como lugar para la conmemoración. “El año pasado ya habíamos empezado con los 9 de Julio, y la verdad que mi deseo era que se hiciera en la Costanera porque es un lugar tan lindo para poder disfrutarlo, y que le demos también otra impronta”.

Además de la valoración del entorno natural, mencionó la incorporación de nuevos elementos en el espacio: “Hoy tenemos un mástil con la bandera. Vamos a tener una cámara dentro de unos días porque se va a transmitir directamente por TN. Si otras ciudades la tienen, ¿por qué no la vamos a tener nosotros?”.

Reunión con Frigerio

Este martes el gobernador Rogelio Frigerio encabezó  un encuentro con intendentes de toda la provincia, pertenecientes a los distintos signos políticos, quienes manifestaron su acompañamiento al reclamo conjunto que impulsa Entre Ríos ante el Gobierno nacional.

Dora Bogdan estuvo presente y lo remarcó en la entrevista:  “Tenemos que estar totalmente creativos. Vengo de una reunión con el gobernador y la situación económica está cada vez más crítica para la provincia. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un municipio ordenado, pero tenemos que ser totalmente responsables con el uso de los fondos”.

La intendenta adelantó que continuarán las tareas en la costanera: “Quiero que terminemos de poner en valor toda la costanera, de pintar toda la parte superior y después cruzar al parque, que es el lugar de encuentro de todos los gualeyos, y no solamente eso, sino todos los espacios públicos”.Bogdan precisó que no se trata de intervenciones aisladas, sino de un trabajo sostenido desde distintas áreas del municipio: “Están involucradas todas las secretarías. Termina el 9 de Julio, pero no termina la actividad de trabajo. De todos los árboles que faltaban en la parte superior, solamente restan dieciocho que ya los van a entregar”.

También confirmó nuevas instalaciones de servicio: “Vamos a tener, si Dios quiere, el equipo de termo de agua caliente, que hace tanto tiempo que lo deberíamos haber tenido. El termo gratuito y también para cargar el celular ya está definido, ya tienen la orden de compra, solamente falta la instalación”. Sobre su ubicación, aclaró: “Eso va a estar en la costanera, no en el parque, porque yo quiero que en el parque sigan conservando y teniendo prioridad la gente que tiene su puesto”.

La entrevista se dio en el marco de un fin de semana cargado de actividad. La intendenta destacó la importancia de los eventos que se vienen: “Ahora el sábado tenemos la ronda de negocios y Sabores Gualeyos. Dios quiera que nos siga acompañando el tiempo para poder disfrutarlos. Son eventos gratuitos y está bueno porque genera mano de obra”.

Bogdan mencionó también el acompañamiento provincial: “Viene también la ministra con Manos Entrerrianas, e invité a los intendentes de la zona para que se sumen. Está bueno que trabajemos en región”.

En el tramo final de la conversación, compartió una reflexión más íntima, vinculada con su experiencia personal: “Una emoción muy grande, porque yo soy de la generación donde estábamos totalmente abocados. Planchar el guardapolvo era un planchado especial, escarapela, la cinta para el pelo, los zapatos bien lustrados. Ir a la plaza… hacía mucho frío, pero nunca rezongábamos, lo disfrutábamos. Era un orgullo”.

Y cerró con un mensaje de unidad:“Tengo un recuerdo tan lindo, y el sentido de pertenencia es lo que tenemos que cultivar cada vez más. Se pierde un poco eso ahora, digo, por las divisiones. Yo brego para que no es bueno, para nadie. En la vida estamos de paso. Así que yo digo que lo que tenemos que sembrar es lo mejor que tenemos de cada uno. Esta ciudad es hermosísima. Somos unos privilegiados de vivir acá, de haber nacido acá. Trabajemos por la paz, por la unidad. No importa lo que te digan del otro lado, palabras agraviantes. Uno tiene que tener un objetivo claro: ¿a dónde quiere ir uno? ¿Cuál es el camino? Y de ese no te podés correr. La fuerza y la energía que uno tiene siempre están en cultivar los valores, que son tan necesarios”.

Según el comunicado oficial, esta medida podría generar un impacto positivo y profundo en la realidad económica del sector agrícola provincial.

El gobernador Rogelio Frigerio señaló que el pedido fue llevado a la agenda nacional, destacando que "Entre Ríos ha liderado gestiones para cuestionar el impacto de los Derechos de Exportación y ha promovido un diálogo activo con el sector productivo". Asimismo, enfatizó que la provincia se encuentra comprometida en construir un escenario que permita el desarrollo sostenido del sector agrícola, considerado el motor de la economía entrerriana.

Impacto económico de la eliminación de los DEX

Un informe realizado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, detalla que la eliminación de los Derechos de Exportación podría transformar la rentabilidad de los cultivos en la provincia.

Actualmente, bajo las condiciones de costos, rendimientos históricos y precios vigentes, los principales cultivos muestran rentabilidades negativas en campo arrendado:

Sin embargo, en el caso del maíz, la rentabilidad es positiva, alcanzando un 8%.

De eliminarse los DEX, los beneficios serían significativos:

"Nosotros, como provincia, no tenemos incidencia directa sobre los Derechos de Exportación, pero sabemos que su eliminación sería un antes y un después para nuestros productores", expresó Frigerio.

Un esfuerzo fiscal desde la provincia

Entre Ríos, según destaca el informe, es la provincia con la carga fiscal más baja de la región centro, con impuestos provinciales que representan solo el 4,7% de la carga fiscal total. En contraste, los impuestos nacionales, incluidos los DEX, ascienden al 67,5%.

"Entre Ríos ha hecho un esfuerzo fiscal histórico para sostener a nuestros productores", subrayó el gobernador. Entre las políticas implementadas destacan:

Estas medidas han permitido a Entre Ríos destacarse frente a otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, en términos de alivio fiscal para el sector.

"Con políticas claras y el trabajo conjunto con nuestros productores, Entre Ríos puede seguir siendo líder en desarrollo agrícola", concluyó Frigerio.

El titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Miguel Blanco, dijo que gana $3.200.000 del Estado y no llega a fin de mes. Cuando le recordaron que un docente universitario puede cobrar $200.000, se molestó con los periodistas que lo entrevistaban y abandonó la llamada telefónica.

El incómodo momento para el funcionario ocurrió este martes a la mañana en El Destape Radio. Blanco era consultado por la situación de las universidades públicas, en el marco de las auditorías y los recortes de fondos. Entonces, mencionó su situación particular con ingresos y gastos en este contexo

El titular de la Sigen reveló que cobra 3,2 millones de pesos brutos por mes, pero que ese monto no le alcanza para vivir.

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“Estoy aportando mis ahorros. Tengo el sueldo congelado desde el mes de diciembre. Así que si hay alguien que ha perdido con la inflación te puedo asegurar que soy yo. Y sin embargo estoy haciendo un servicio que creo que lo tengo que hacer a esta altura de la vida”, explicó el funcionario.

“Lo que cobro en el Estado no me alcanza. No me alcanza. Tengo una hija en la facultad, una hija en la primaria, tengo expensas, pago luz, impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, que se ha duplicado. No me alcanza el sueldo”, enumeró Blanco.

“Imagínese un docente que cobra 200 mil pesos”, replicó el comunicador de la radio, cuando el titular de la Sigen insistía en la victimización por su sueldo.

Blanco lanzó molesto: “Bueno, el docente tiene otras actividades”. Y agregó: “La jerarquía de los salarios es una discusión a dar en algún momento. La Universidad de Buenos Aires tiene 10.000 millones de pesos en el Banco Nación en plazos fijos y cuentas en dólares y pesos. Me gustaría saber dónde está el desfinanciamiento universitario. Le doy por terminada la entrevista en este momento”.

Fuente: Los Andes

A través de un DNU, el Gobierno Nacional informó que se destinarán 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con el objetivo de fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional. No obstante los fondos son de "carácter reservado", por lo que el Poder Ejecutivo no está en obligación de informar el destino de estos ingresos.

Se recordará que, hace una semana, se dispuso el reordenamiento de inteligencia, la cual abandonará la jefatura de Gabinete y volverá al entorno de la Presidencia. Asimismo, se conoció que el área contará con cuatro agencias: el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad de la Nación, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos.

Minutos después de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, referentes de la oposición criticaron duramente la decisión del gobierno. La primera fue Vilma Ibarra, ex secretaria de Legal y Técnica, quien criticó: "La libertad retrocede y avanza el poder y la oscuridad de los servicios de inteligencia". En la misma línea la senadora Juliana Di Tullio, apuntó directamente hacia Javier Milei: "El presidente del 'cambio' a decretazo puro y duro gracias a los legisladores que le delegaron facultades".

La medida, publicada este martes a través del Decreto 656/2024, cuenta con la firma del presidente, Javier Milei; de la canciller, Diana Mondino; del ministro de Defensa, Luis Petri; del ministro de Economía, Luis Caputo; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger; y del ministro de Salud, Mario Russo.

Se confirmó que el titular de la SIDE será el ex director de la entonces Agencia Federal de Inteligencia, Sergio Neiffert. De acuerdo a su currículum vitae, no posee título universitario pero cuenta con "amplia experiencia en gestión de recursos, tanto en ámbitos privados como públicos". No obstante, carece de experiencia en organismos de inteligencias o similares en esta materia.

El Ministerio de Capital Humano, como medida consensuada con el Gobierno, anunció la semana pasada la implementación de los vouchers educativos. Los mismos estarán dirigidos a aliviar las cargas financieras de las familias con hijos matriculados en colegios privados con aporte estatal.Es importante destacar que no todas las escuelas privadas subsidiadas por el Estado serán parte de esta iniciativa promovida por el gobierno de Javier Milei. Solo se incluirán aquellas instituciones que reciben un respaldo estatal del 75% o más y cuyas cuotas no superen los $54.396.

Requisitos para acceder al voucher educativo y topes de dineroLa ayuda proporcionada a través del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” está diseñada para apoyar a las familias que tienen hijos matriculados en instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario que reciben un subsidio del 75% o más y cuyas cuotas no exceden los $54.396.

Los beneficiarios recibirán el 50% del valor de la tarifa base (marzo de 2024) para las mensualidades de mayo, junio y julio, sin incluir actividades extracurriculares. Cada voucher tendrá un límite de $27.198 por hijo.

Según estimaciones preliminares de la Secretaría de Educación, aproximadamente 2 millones de niños que asisten a más de 6 mil escuelas en todo el país podrían ser elegibles para este programa, siempre que el ingreso familiar no supere las 7 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Dónde completar el formulario para recibir $27.198 por hijoPara solicitar el voucher escolar, destinado al pago de las cuotas de colegios privados, las familias podrán registrarse desde el 3 hasta el 30 de abril a través de un formulario que estará disponible en el sitio web oficial argentino.gob.ar . Aunque el formulario aún no está accesible, se espera que se requieran datos personales que serán verificados en relación con los requisitos de admisión al programa.

Según lo anunciado en el sitio web oficial, aquellos que soliciten los vouchers educativos deberán proporcionar un número de CBU para la transferencia de fondos, indicó LosAndes. Además, se les pedirá que indiquen el nombre del establecimiento educativo al que asisten sus hijos.

Cómo obtener un CBU gratisEn el caso de no tener un CBU, podes gestionarlo en un banco de la siguiente forma:ANSES, recomienda hacerlo en Banco Nación, pero hay bancos privados que también dan este producto gratis.

-Si no sos cliente del Banco Nación, podes arrancar desde la app BNA+ que tenés en tu celular. O si preferís, también podes ir personalmente a cualquiera de las sucursales con tu DNI.-Abrís tu cuenta y ya tenés acceso a una tarjeta de débito para empezar a operar.-A partir de ahí, haces tus movimientos bancarios desde la comodidad de tu casa o donde quieras.

¿Hay candidatos?En Casa de Gobierno manejan tres nombres para la vacante de Carbonell, dice la misma publicación y a continuación detalló: “uno de ellos es el de Federico Lacava, integrante de la Cámara Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay. El otro es el de Federico Tepsich, integrante de la Sala Civil y Comercial, también en Concepción del Uruguay. Y, otra vez, el de Ana Clara Pauletti, presidenta de la Sala 1 en lo Civil y Comercial de Gualeguay, es el otro nombre que le acercaron a Frigerio”.

En el plano de la equidad de género, en la actualidad el alto cuerpo tiene cuatro varones y cuatro mujeres, lo que implica que el Gobernador no estaría empujado a detenerse en ese aspecto como lo recomienda la Ley de Paridad vigente.

Pauletti, a diferencia de los demás, tiene vidriera. El año pasado renunció al Consejo de la Magistratura por críticas al funcionamiento del organismo. Fue luego de haber perdido las elecciones en la Asociación de Magistrados en la que se impuso Alejandro Cánepa.

Esa contienda estuvo atravesada por el enfrentamiento entre un sector del STJ y la Procuración General y con la destitución de la entonces procuradora adjunta Cecilia Goyeneche como telón de fondo.Una aclaraciónMalvasio, antes de mencionar nombres, realizó una aclaración respecto a la posibilidad de que un matriculado del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos sea el que se esté pensando para ocupar la silla en la Sala Civil y Comercial. Incluso mencionó directamente a Martín Acevedo Miño, actual secretario de Justicia de Entre Ríos, y señaló que no sería el candidato a suceder a Carbonell.

El gobierno de Entre Ríos le descontará el día de paro no trabajado a docentes entrerrianos. Así lo hizo saber a través de una circular del Consejo General de Educación (CGE) , donde se dejó constancia de que existe una resolución oficial que establece que los maestros cobrarán sus haberes por los días "efectivamente trabajados". La norma se emitió en la antesala de las 48 horas de huelga dispuestas por Agmer en disconformidad con la última oferta salarial.Docentes que paren tendrán descuentos

En la circular, que lleva la firma de Alicia Fregonese, titular del CGE, también se les recuerda a los equipos directivos una serie de funciones "inherentes a su cargo", como asegurar la apertura y cierre de establecimientos "garantizando la libertad de trabajo" y el "derecho a recibir educación por parte de alumnos y asistentes".

En la circular también se aclara que deben "asegurar con su presencia la prestación del servicio, ingreso y permanencia de los docentes que concurren a cumplir sus funciones" e informar las inasistencias, "cualquiera sean los motivos de las mismas".

El Gobierno puso en marcha un plan para recortar las horas extras de los empleados estatales. La medida forma parte del plan de reducción de gastos en toda la administración pública que anunció el Presidente Javier Milei cuando asumió.

En una auditoría sobre los salarios de los empleados estatales, el Gobierno detectó casos de trabajadores con más de la mitad de su salario compuesto por horas extras y adicionales. Ese relevamiento había sido ordenado por el Decreto 84/2023, una norma que también obligó a que se dieran de baja todos los contratos de personal temporario que vencían a fines del año pasado. Con esta última decisión, el Gobierno de Milei buscará bajar en 7.000 contratos la plantilla del personal del Estado nacional informó Clarín.

Auditoría sobre los empleados estatalesLa auditoría que se hizo en las últimas semanas del año permitió encontrar casos de agentes de "categorías bajas" que cobran buena parte de sus ingresos con adicionales y horas extras asignados a la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y el ministerio de Economía. Se trata, en muchos casos, de choferes, mozos, personal de seguridad y también administrativos de baja calificación. En este sentido, en el Gobierno citan como ejemplo el caso de un empleado que gana $473 mil de bolsillo, con un sueldo básico de $178.225 y una "compensación" de $162 mil, entre otros suplementos que hacen al conformado salarial.

Todos esos trabajadores están regidos por contratos que fueron revisados por el área de Empleo Público de Jefatura de Gabinete. Ese equipo lo coordinan Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y el subsecretario de Modernización, Martín Bocacci.

Este miércoles, Guibert les envió una nota a los ministros instándolos a poner en marcha el plan de recorte de horas extras y adicionales salariales. "Tengo el agrado de dirigirme a Usted, por instrucción del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, con relación a la asignación de servicios extraordinarios (horas extras) en todas aquellas jurisdicciones y entidades que conforman el Sector Público Nacional. Al respecto, se informa que en virtud del objetivo de racionalización de los recursos del Estado (...) y a fin de contar con una ordenada gestión funcional de la distribución de actividades del personal de su dependencia, a partir del día de la fecha, queda suspendida la asignación de horas extraordinarias, debiendo programarse las tareas operativas en la jornada legal normal de trabajo de cada agente", escribió el funcionario en la carta titulada "Lineamientos horas extras".

La nota de Guibert provocará un impacto muy visible en los salarios de los estatales, ya que desde ahora, las horas extras deberán ser solicitadas a los empleados por las máximas autoridades de cada organismo y no sucederá más, como ocurre ahora, que los empleados ya tienen asignados montos de horas extras casi de manera invariable, lo cual les permite engorsar sus ingresos.

"Excepcionalmente, para el caso de que se encuentre acreditada la imposibilidad de dar respuesta a impostergables necesidades operativas que comprometan manifiestamente el servicio público, se podrá solicitar fundadamente la asignación de servicios extraordinarios. Para ello, se deberá planificar las funciones del organismo y el personal necesario para cumplirlas. En este último caso, la autoridad con rango no inferior a Director Nacional; General o equivalente, deberá solicitar la asignación de los servicios extraordinarios", postula la carta enviada a todo el Gabinete.

Fuente: Clarín.

El Gobierno prevé anunciar este viernes medidas destinadas a recomponer el poder adquisitivo, que incluirán aumentos en el monto de los planes sociales y bonos a jubilados y pensionados, anticipó el ministro de Economía, Sergio Massa.

En medio de los preocupantes saqueos en el conurbano, que ya dejaron más de 90 detenidos, dijo que tras el acuerdo con el FMI "el viernes vamos a estar tomando todas las medidas que van a permitir que ese sufrimiento, esa frustración que sienten muchos argentinos se vea compensada en decisiones que tienen que ver con recuperar poder de compra en salarios, en jubilaciones".

También adelantó que habrá medidas para "mejorar la competitividad a partir de mejoras impositivas para nuestras pymes, que tienen que ver además con sostener los niveles de exportaciones y mejorarlos a partir de decisiones vinculadas a programas de mejoramiento de exportaciones que van a ser anunciados en las próximas 48 horas o a partir del día viernes a lo largo de toda la semana que viene".

"Tomada la decisión de terminar esta etapa con el FMI, estos 4 meses de negociación, que entendemos que en algún momento generaron preocupación o dudas, pero que tienen que ver con defender la posición de Argentina, ustedes saben, el Fondo arrancó exigiendo unificación cambiaria con 100% de devaluación. Después en la segunda propuesta planteó la posibilidad en Argentina de devaluar un 60% de la moneda. Todos sabemos que esta imposición de devaluar un 20% de la moneda hace algunos días genera complicaciones y dificultades para la gente", señaló.

Massa destacó que el equipo que fue a discutir con el Fondo "defendió el interés de la Argentina y no simplemente fue a cumplir con la formalidad de quedar bien con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional".

"Entendemos que Argentina debe mantener una relación seria, sana con el Fondo Monetario Internacional pero que no debemos aceptar imposiciones que lastimen o dañen a la realidad de los argentinos que es un país que desgraciadamente a lo largo de los últimos años viene de frustración en frustración", indicó.

Massa destacó que "por primera vez el programa admite la capacidad de intervención del Banco Central en un programa de bandas, que son bandas que solamente conocen y trabajan el staff del Fondo y el equipo económico argentino, a los efectos de garantizar el normal funcionamiento de la estabilidad de lo que se denominan dólares financieros en la Argentina".

"Nos da también la oportunidad de seguir adelante con operaciones de crédito, ustedes saben que el swap chino ya está activado no solamente en el primer tramo, sino que a partir del vencimiento de julio se activó el segundo tramo del swap chino y de alguna manera nos permite mantener los niveles de importaciones necesarios para el funcionamiento de la economía argentina", destacó.

Subrayó que también se tomó la decisión de "devolver adelantos transitorios al Banco Central por más de 500 mil millones de pesos, es para los efectos de mostrar que el nivel de orden en las cuentas públicas se va a seguir respetando para que tengamos la tranquilidad de que el Estado no se financia en el exceso de sus gastos con emisión monetaria, sino a partir de financiamiento".

Destacó además el "programa de acumulación de reservas que se tomó o se puso en marcha a partir de medidas que tomamos hace 3 semanas y que ya lleva casi 2.000 millones de dólares de reservas acumuladas en las últimas 3 semanas".

Y señaló la "posibilidad para la Argentina de acceder a partir de cumplir sus obligaciones tanto con Qatar como con la CAF, como con China, a nuevos instrumentos de financiamiento para las importaciones, que son temas que en los próximos días vamos a ir informando".N.A.

El ministro de Economía, Hugo Ballay, remarcó que “la cancelación del primer servicio de capital e intereses expresa la solidez fiscal y financiera que logró la provincia bajo la administración del gobernador Gustavo Bordet”. Recordó las críticas que recibió la gestión durante la reestructuración de la deuda internacional y aclaró: “Es una deuda totalmente cumplible mientras se sostenga el orden fiscal”.“Tenemos una provincia en la que crece el empleo privado, las exportaciones y los principales rubros de la actividad económica. Además, redujimos el gasto operativo del Estado garantizando y ampliando los servicios públicos y los derechos de la ciudadanía. En ese marco, también cumplimos con los compromisos asumidos, en este caso con los acreedores externos”, describió el titular de la cartera económica.Por último, Ballay destacó que “la reestructuración de la deuda que llevamos a cabo permitió alargar los plazos y reducir intereses. Sumado a la solidez de las cuentas públicas, el gobernador Bordet garantiza que las gestiones venideras, si administran de manera responsable el Estado, puedan hacer frente al compromiso que permitió ordenar la provincia”.La operación refiere al capital de los bonos ER25, emitidos bajo la legislación de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos de América) y se concretó el viernes 3 del corriente con el siguiente detalle: 25.874.989 dólares atendieron al primer servicio de la deuda contraída durante la primera gestión gubernamental de Gustavo Bordet, reestructurada hace dos años, y 14.878.118,39 correspondieron a intereses, que vencían este 8 de febrero.Para la cancelación, se accedió al mercado de cambios cinco días antes de la fecha, adquiriendo el 20 por ciento diario de la cantidad de dólares necesarios a distintas cotizaciones.El 27 de enero se adquirieron 8 millones de dólares y los restantes continuaron por 8.150.621 dólares. En tanto, la cotización de la divisa comenzó a 186 pesos y fue incrementándose hasta alcanzar dos pesos hacia el cierre de la operación. El costo financiero de la transacción alcanzó los 150.621 dólares.En pesos, la erogación total ascendió a 7.638.379.747 pesos. El depósito se hizo en la cuenta del Gobierno de Entre Ríos en el agente financiero provincial y desde allí se transfirió al US Bank. El paso siguiente fue la remisión a los tenedores de bonos.Signo alentadorEn tanto, los acreedores destacaron esta concreción como indicador de la recuperación del crédito externo.Desde la Coalición de Tenedores de Bonos de Provincias Argentinas (CAPB, por sus siglas en inglés) se señaló este miércoles: “Entre Ríos repagó hoy el 5% de su bono 2028 en término. Es la primera que empieza a amortizar su deuda reestructurada no garantizada. Empieza un lento proceso de recuperación del crédito”.

Franco Sandrigo, 26 años, segundo vocal en el Consejo Comunal de Gobernador Etchevehere (un pueblo de 400 habitantes ubicado a 25 kilómetros de Paraná) fue el miembro informante en la sesión clave del cuerpo deliberativo del miércoles 28 de diciembre, cuando se votó la destitución de quien hasta entonces ejercía como presidenta comunal, Verónica María Cecilia Araujo.La apartaron del cargo, según el texto de la resolución que firmaron todos los consejeros, debido a “una serie de hechos de una marcada gravedad institucional”.Araujo había sido elegida por el voto popular en las elecciones de 2019. Esa vez se impuso Juntos por el Cambio, que ubicó 4 consejeros, y relegó al PJ a la primera minoría, con dos vocales. Araujo es de “Juntos por el Cambio”; también su sucesor, Franco Sandrigo, segundo vocal, la figura que debe asumir según la Ley Orgánica de las Comunas.Antes de resolver el apartamiento de la jefa comunal, cuenta Sandrigo que hubo consultas legales y contactos con el Ministerio de Gobierno. También hubo un pedido de intervención por parte del Poder Ejecutivo provincial. Sandrigo, de igual modo, espera el dictamen del Tribunal Electoral.No fue necesario. Desde la Provincia les respondieron que la Ley de Comunas N° 10.644 prevé expresamente qué ocurre en caso de acefalía en el cargo de presidenta comunal. Eso hicieron los consejeros de Gobernador Etchevehere: votaron la destitución de Araujo, comunicaron la decisión al Tribunal Electoral, aunque se encontraron con un imponderable: el receso en la Administración Pública.De igual modo, la Comuna no está acéfala: hay una estructura que permite su funcionamiento, a cargo de la secretaria, Priscila Gómez Kuhn. Sandrigo aguarda la resolución del Tribunal Electoral que le dé el visto bueno para asumir en lugar de la destituida Araujo.