El Gobierno nacional evalúa modificar la Ley de Ejercicio Profesional de la Medicina para establecer que determinados medicamentos sólo puedan ser recetados por especialistas en el área correspondiente. La iniciativa fue anticipada por el ministro de Salud, Mario Lugones, durante una jornada sobre el sistema sanitario y la creciente judicialización de prestaciones médicas, en la que participaron funcionarios, jueces federales, representantes de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Según informó Clarín, el proyecto todavía se encuentra en análisis y podría sufrir modificaciones antes de su implementación definitiva.

El ministro Lugones planteó la necesidad de actualizar una normativa que data de 1967 y que, a su criterio, no refleja los cambios tecnológicos, sanitarios y profesionales de las últimas décadas. El funcionario utilizó su propia formación como cardiólogo para ilustrar el problema: señaló que, pese a no ejercer actualmente esa especialidad, todavía podría emitir recetas vinculadas a tratamientos cardiovasculares, una situación que consideró inadecuada. "Tienen que controlar muy bien el gasto y a los médicos", expresó ante los representantes del sector.

La propuesta apunta a que sea el propio sistema —y no el criterio individual de cada médico— el que establezca quién puede prescribir qué medicamento, especialmente en casos de tratamientos complejos o de alto costo.

Uno de los argumentos centrales detrás del proyecto es la presión judicial que soporta el sistema de salud. Durante la jornada se informó que cerca del 70% de la actividad de algunos juzgados civiles y comerciales federales está vinculada a amparos por cuestiones de salud. En ese contexto, el superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, señaló que los medicamentos de alto costo representan actualmente más del 40% del presupuesto del sistema.

Las autoridades sostienen que el nuevo esquema de recetas permitiría un mayor control sobre las indicaciones médicas y reduciría parte de la presión judicial sobre obras sociales y prepagas. Sin embargo, el proyecto aún no tiene forma definitiva y deberá atravesar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.

El gobierno de Entre Ríos presentó días atrás "ORI", un agente de inteligencia artificial orientado a brindar acompañamiento e información sobre salud mental en adolescentes, disponible dentro de la plataforma Mi Entre Ríos y pensado principalmente para padres, madres y docentes. La herramienta funciona como un chat conversacional que aborda situaciones como depresión, suicidio, bullying, grooming e identidad sexual, entre otras.

Pero la iniciativa oficial no tardó en despertar rispideces en la oposición legislativa.

Diputados entrerrianos presentaron un pedido de informes al Ministerio de Salud Provincial motivado por la crítica situación de salud mental que atraviesa la región. En los fundamentos del proyecto, los legisladores justicialistas Silvina Deccó, María Laura Stratta y Enrique Cresto expresaron una dura crítica a la gestión actual del área.

En paralelo, la diputada peronista Silvina Deccó también presentó un proyecto para crear una Comisión Bicameral Permanente sobre Salud Mental en la provincia, integrada por cinco senadores y seis diputados. La legisladora sostuvo que la situación en materia de salud mental es "realmente alarmante" y que las estadísticas marcan la necesidad de establecer políticas públicas que aborden la temática de manera integral y en los territorios.

Desde el sector peronista, las objeciones apuntan directamente al modelo tecnológico elegido por el oficialismo. La diputada nacional Blanca Osuna advirtió que "ningún bot digital puede reemplazar la atención necesaria" y que la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial en salud mental, sin consulta ni supervisión de profesionales, genera riesgos y no garantiza contención real. 

Osuna también expuso cifras que encendieron las alarmas: los suicidios juveniles en Entre Ríos alcanzan casi 20 casos cada 100.000 habitantes, duplicando la media nacional, con un incremento preocupante entre los jóvenes. Para la legisladora, esos números exigen inversión real y acompañamiento profesional, no soluciones digitales.

En esa línea, instó al gobernador Rogelio Frigerio a invertir más en educación y salud, y a resolver el funcionamiento de la obra social IOSPER.

Desde el gobierno, los funcionarios salieron a respaldar la herramienta. El secretario de Modernización, Emanuel Gainza, aclaró que ORI fue desarrollada y entrenada por psicólogos y trabajadores sociales, y que su contenido está revisado. "Es una herramienta para orientar", señaló. El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, remarcó por su parte que la IA no sustituye la atención profesional sino que orienta, y que todos los datos ingresados son anónimos.

Sin embargo, desde sectores académicos y profesionales también se advierte sobre los riesgos de simplificar problemáticas complejas y de desplazar el rol de los equipos interdisciplinarios.

Entre los principales puntos, se busca reducir los tiempos de aprobación y modificar los criterios de patentabilidad, lo que facilitaría el reconocimiento de nuevas invenciones en el sector farmacéutico. En ese sentido, también se prevé la revisión y eventual derogación de normativas vigentes desde 2012 que limitaban la concesión de patentes en medicamentos.

Además, el nuevo esquema contempla una mayor protección de la propiedad intelectual, incluyendo los llamados “datos de prueba”, lo que dificultaría que laboratorios locales desarrollen versiones genéricas basadas en investigaciones de empresas extranjeras.

La iniciativa forma parte de los compromisos asumidos por la Argentina en el marco de negociaciones internacionales, donde uno de los ejes centrales es fortalecer el sistema de patentes y alinearlo con acuerdos globales como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

En el sector, la medida genera posiciones encontradas. Mientras que laboratorios internacionales ven con buenos ojos el cambio por brindar mayor seguridad jurídica, desde la industria nacional advierten que podría afectar la producción de medicamentos genéricos y el acceso a tratamientos más económicos.

Fuente: Noticias Argentinas

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró 2025 con una inflación acumulada del 31,5%, según el informe oficial del INDEC publicado en enero de 2026. Solo en diciembre, la suba fue del 2,8%, consolidando —en palabras del Gobierno nacional— “el menor registro anual de inflación en ocho años” y un dato que fue celebrado públicamente por el presidente Javier Milei y su equipo económico.

Sin embargo, detrás del promedio nacional, el impacto de la inflación sobre los ingresos fue muy desigual. En una ciudad como Gualeguay, con fuerte presencia de empleo público, comercio, fuerzas de seguridad y actividad industrial vinculada a frigoríficos, el balance del año muestra ganadores relativos, empates forzados y perdedores claros.

Empleados municipales: por encima pero con montos en negroHa sido un capítulo recordado de nuestra ciudad el conflicto gremial que mantuvieron el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Gualeguay y el Ejecutivo. En declaraciones a los medios de comunicación, funcionarios del DEM detallaron que, hasta antes del conflicto, los trabajadores municipales habían obtenido un aumento del 30% de sueldo durante el 2025. Cabe recordar que el conflicto finalizó con una suma fija en negro que representa un 16% de aumento y será incorporada durante 2026 al salario. En conclusión, los municipales le ganaron a la inflación oficial del INDEC pero con esa salvedad.   Docentes y estatales provinciales: el “empate” con el IPC

En Entre Ríos, tanto docentes como trabajadores estatales provinciales cerraron 2025 bajo un esquema de actualización salarial mes a mes según el IPC, con el compromiso explícito del Gobierno de “garantizar la cobertura contra la inflación hasta diciembre”.

Desde la Provincia destacaron que se trató de “un gran esfuerzo en un contexto complejo”, subrayando que muchos sectores a nivel nacional cerraron paritarias por debajo del índice inflacionario. En los papeles, el mecanismo permitió que los salarios no quedaran atrasados frente al 31,5% anual.

No obstante, desde sectores gremiales advierten que el IPC no refleja el costo real de vida, especialmente por el peso de rubros como combustibles, alquileres y tarifas, que tuvieron subas por encima del promedio. Según estas estimaciones, incluso con la cláusula de actualización, los salarios habrían perdido entre 15 y 20 puntos si se considera la devaluación y el encarecimiento de gastos esenciales.

A eso se suma otro factor: en algunos meses, algunos aumentos incluyeron sumas no remunerativas, que no impactan en jubilaciones, aguinaldo ni demás. “Y de lo perdido anteriormente ni se habla”, afirman.

Policía: atados a las paritarias sin negociación propia

La situación del personal policial en Gualeguay fue similar a la de docentes y estatales, aunque con una limitación estructural: no cuentan con representación gremial. Los aumentos salariales siguieron los acuerdos generales del sector público provincial.

Si bien en algunos casos se incorporaron adicionales en negro, el esquema general replicó la lógica del “empate con el IPC”, con los mismos cuestionamientos sobre la pérdida de poder adquisitivo real y la falta de impacto pleno en el salario de bolsillo.

El dato: el básico de un policía está muy lejos del sueldo bruto. Algunos consultados tienen problemas para pagar la tarjeta de crédito, muy pocos tienen vivienda propia y la posibilidad de acceder al crédito se encuentra muy limitada.

Estatales nacionales: una pérdida real del 14,4%

El escenario fue mucho más desfavorable para los trabajadores de la administración pública nacional. Durante 2025, los salarios del sector aumentaron apenas 17,1%, muy por debajo del 31,5% de inflación anual.

La diferencia marca una pérdida real del 14,4% en el poder de compra, uno de los ajustes más significativos entre los sectores analizados. En términos concretos, un trabajador estatal nacional en Gualeguay terminó el año con un salario que compró sensiblemente menos alimentos, servicios y bienes básicos que en enero.

Empleados de comercio: una brecha de 7,4 puntos

En el sector mercantil, uno de los más numerosos de la ciudad, los números también quedaron en rojo. Según los datos de paritarias:

-Inflación 2025: 31,5%

-Aumento salarial acumulado: 24,1%

La brecha fue de 7,4 puntos porcentuales, incluso considerando que el aumento de diciembre (7,4%) incluyó un 1% no remunerativo y la incidencia de una suma fija de $60.000.

Ese componente fijo tuvo un impacto desigual: benefició más a las categorías más bajas (como Maestranza A) y perdió peso en las escalas superiores. En la práctica, la mayoría de los empleados de comercio no logró empatarle a la inflación.

La situación es todavía más crítica entre quienes trabajan en negro, una realidad extendida en el sector: allí, los aumentos paritarios directamente no se aplican, profundizando la precarización.

Frigoríficos: salarios planchados y fuga de mano de obra

El panorama más delicado se dio en los obreros de frigorífico, un sector clave en la región. Durante todo 2025, los aumentos rondaron apenas el 12% anual, menos de la mitad de la inflación oficial.

Según relatan trabajadores del rubro, el Gobierno nacional no homologó incrementos mayores, lo que se tradujo en una fuerte pérdida salarial. El impacto fue inmediato: jornadas de nueve horas que ya no rinden, renuncias, acuerdos informales y una creciente migración hacia trabajos en negro.

Si bien existen algunos montos no remunerativos, no alcanzan a todas las plantas ni a todos los sectores de producción, lo que profundiza la desigualdad interna.

Otros convenios: la mayoría, por debajo del IPC

El panorama general de los convenios colectivos refuerza el diagnóstico. En el último tramo del año, la mayoría de los sectores cerró aumentos muy por debajo de la inflación trimestral, debido a que el Gobierno intentó impedir cualquier aumento que supere el 1% por mes. En todos los casos, el salario real siguió perdiendo terreno.

Balance final

Mientras el Gobierno celebra el 31,5% de inflación anual como un hito de estabilización, en Gualeguay el cierre de 2025 deja un mapa laboral fragmentado. Solo algunos sectores lograron empatarle al IPC, y aun así con reparos. También es importante tener en cuenta que —comercio, estatales nacionales, frigoríficos y trabajadores informales— terminaron el año claramente más pobres. Un elemento no menor es que siempre se debe tener en cuenta cuánto se viene perdiendo desde hace tiempo, desde qué base se aumenta el sueldo y demás. Aun así, consideramos que el informe pone los números sobre la mesa de la realidad de los trabajadores.

En el marco del análisis del "nuevo mapa de poder" presentado por el periodista Carlos Pagni en Odisea Argentina, han salido a la luz cifras que exponen la estrategia de la Casa Rosada para consolidar alianzas con mandatarios provinciales. Según los datos actualizados al 12 de diciembre de 2025, la provincia de Entre Ríos se ubica en el segundo puesto del ranking nacional de recepción de ATN, solo por detrás de Tucumán.

De acuerdo con la planilla oficial del Ministerio de Economía de la Nación, Entre Ríos acumuló un Total General de 35.000 millones de pesos durante el periodo enero-diciembre de 2025. Esta cifra representa un 18% de la participación total del reparto de estos fondos, una ventaja considerable frente a provincias de mayor peso electoral como Buenos Aires (5%) o Santa Fe (6%). El impulso final ocurrió en este mes de diciembre, donde la gestión nacional giró a la administración entrerriana 7.000 millones de pesos, una inyección de liquidez clave para el cierre del ejercicio fiscal de la provincia.

El incremento en el reparto de estos fondos —que por definición son discrecionales y no coparticipables— coincide con la necesidad del Poder Ejecutivo de garantizar apoyos legislativos. Según diversos análisis, este beneficio a "gobernadores colaboradores" tiene como objetivo directo asegurar la aprobación del Presupuesto 2026 y otros proyectos de ley estructurales. Junto a Tucumán (que lidera el podio con 20.000 millones solo en diciembre), Entre Ríos aparece como una pieza fundamental en el esquema de gobernabilidad que intenta trazar el presidente Javier Milei. Mientras que otras jurisdicciones enfrentan recortes severos, las provincias cuyos mandatarios han mostrado una actitud de diálogo y acompañamiento legislativo han visto incrementadas sus arcas a través de estos aportes.

La brecha entre las provincias "aliadas" y las "opositoras" es evidente en el gráfico. Mientras Entre Ríos ostenta ese 18% de participación, provincias como Mendoza o Corrientes aparecen al final de la lista con montos significativamente menores (3.000 millones anuales). 

Durante el acto por el 9 de Julio en Gualeguay, la intendenta Dora Bogdan destacó la relevancia de mantener vivas las celebraciones patrias y promover el sentido de pertenencia entre los vecinos.“Tenemos que seguir apoyando, festejar todos estos actos, darle relevancia, el sentido de participación”, expresó, y señaló con preocupación que los feriados trasladables pueden desdibujar el valor de las fechas históricas: “Ahora, viste que por ahí con el tema de los feriados que realmente se trasladan y no son en la fecha, tenemos que seguir con estas cosas que no se pueden perder”.

Bogdan se refirió también al cambio de escenario del acto central y explicó la elección de la costanera como lugar para la conmemoración. “El año pasado ya habíamos empezado con los 9 de Julio, y la verdad que mi deseo era que se hiciera en la Costanera porque es un lugar tan lindo para poder disfrutarlo, y que le demos también otra impronta”.

Además de la valoración del entorno natural, mencionó la incorporación de nuevos elementos en el espacio: “Hoy tenemos un mástil con la bandera. Vamos a tener una cámara dentro de unos días porque se va a transmitir directamente por TN. Si otras ciudades la tienen, ¿por qué no la vamos a tener nosotros?”.

Reunión con Frigerio

Este martes el gobernador Rogelio Frigerio encabezó  un encuentro con intendentes de toda la provincia, pertenecientes a los distintos signos políticos, quienes manifestaron su acompañamiento al reclamo conjunto que impulsa Entre Ríos ante el Gobierno nacional.

Dora Bogdan estuvo presente y lo remarcó en la entrevista:  “Tenemos que estar totalmente creativos. Vengo de una reunión con el gobernador y la situación económica está cada vez más crítica para la provincia. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un municipio ordenado, pero tenemos que ser totalmente responsables con el uso de los fondos”.

La intendenta adelantó que continuarán las tareas en la costanera: “Quiero que terminemos de poner en valor toda la costanera, de pintar toda la parte superior y después cruzar al parque, que es el lugar de encuentro de todos los gualeyos, y no solamente eso, sino todos los espacios públicos”.Bogdan precisó que no se trata de intervenciones aisladas, sino de un trabajo sostenido desde distintas áreas del municipio: “Están involucradas todas las secretarías. Termina el 9 de Julio, pero no termina la actividad de trabajo. De todos los árboles que faltaban en la parte superior, solamente restan dieciocho que ya los van a entregar”.

También confirmó nuevas instalaciones de servicio: “Vamos a tener, si Dios quiere, el equipo de termo de agua caliente, que hace tanto tiempo que lo deberíamos haber tenido. El termo gratuito y también para cargar el celular ya está definido, ya tienen la orden de compra, solamente falta la instalación”. Sobre su ubicación, aclaró: “Eso va a estar en la costanera, no en el parque, porque yo quiero que en el parque sigan conservando y teniendo prioridad la gente que tiene su puesto”.

La entrevista se dio en el marco de un fin de semana cargado de actividad. La intendenta destacó la importancia de los eventos que se vienen: “Ahora el sábado tenemos la ronda de negocios y Sabores Gualeyos. Dios quiera que nos siga acompañando el tiempo para poder disfrutarlos. Son eventos gratuitos y está bueno porque genera mano de obra”.

Bogdan mencionó también el acompañamiento provincial: “Viene también la ministra con Manos Entrerrianas, e invité a los intendentes de la zona para que se sumen. Está bueno que trabajemos en región”.

En el tramo final de la conversación, compartió una reflexión más íntima, vinculada con su experiencia personal: “Una emoción muy grande, porque yo soy de la generación donde estábamos totalmente abocados. Planchar el guardapolvo era un planchado especial, escarapela, la cinta para el pelo, los zapatos bien lustrados. Ir a la plaza… hacía mucho frío, pero nunca rezongábamos, lo disfrutábamos. Era un orgullo”.

Y cerró con un mensaje de unidad:“Tengo un recuerdo tan lindo, y el sentido de pertenencia es lo que tenemos que cultivar cada vez más. Se pierde un poco eso ahora, digo, por las divisiones. Yo brego para que no es bueno, para nadie. En la vida estamos de paso. Así que yo digo que lo que tenemos que sembrar es lo mejor que tenemos de cada uno. Esta ciudad es hermosísima. Somos unos privilegiados de vivir acá, de haber nacido acá. Trabajemos por la paz, por la unidad. No importa lo que te digan del otro lado, palabras agraviantes. Uno tiene que tener un objetivo claro: ¿a dónde quiere ir uno? ¿Cuál es el camino? Y de ese no te podés correr. La fuerza y la energía que uno tiene siempre están en cultivar los valores, que son tan necesarios”.

Según el comunicado oficial, esta medida podría generar un impacto positivo y profundo en la realidad económica del sector agrícola provincial.

El gobernador Rogelio Frigerio señaló que el pedido fue llevado a la agenda nacional, destacando que "Entre Ríos ha liderado gestiones para cuestionar el impacto de los Derechos de Exportación y ha promovido un diálogo activo con el sector productivo". Asimismo, enfatizó que la provincia se encuentra comprometida en construir un escenario que permita el desarrollo sostenido del sector agrícola, considerado el motor de la economía entrerriana.

Impacto económico de la eliminación de los DEX

Un informe realizado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, detalla que la eliminación de los Derechos de Exportación podría transformar la rentabilidad de los cultivos en la provincia.

Actualmente, bajo las condiciones de costos, rendimientos históricos y precios vigentes, los principales cultivos muestran rentabilidades negativas en campo arrendado:

Sin embargo, en el caso del maíz, la rentabilidad es positiva, alcanzando un 8%.

De eliminarse los DEX, los beneficios serían significativos:

"Nosotros, como provincia, no tenemos incidencia directa sobre los Derechos de Exportación, pero sabemos que su eliminación sería un antes y un después para nuestros productores", expresó Frigerio.

Un esfuerzo fiscal desde la provincia

Entre Ríos, según destaca el informe, es la provincia con la carga fiscal más baja de la región centro, con impuestos provinciales que representan solo el 4,7% de la carga fiscal total. En contraste, los impuestos nacionales, incluidos los DEX, ascienden al 67,5%.

"Entre Ríos ha hecho un esfuerzo fiscal histórico para sostener a nuestros productores", subrayó el gobernador. Entre las políticas implementadas destacan:

Estas medidas han permitido a Entre Ríos destacarse frente a otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, en términos de alivio fiscal para el sector.

"Con políticas claras y el trabajo conjunto con nuestros productores, Entre Ríos puede seguir siendo líder en desarrollo agrícola", concluyó Frigerio.

El titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Miguel Blanco, dijo que gana $3.200.000 del Estado y no llega a fin de mes. Cuando le recordaron que un docente universitario puede cobrar $200.000, se molestó con los periodistas que lo entrevistaban y abandonó la llamada telefónica.

El incómodo momento para el funcionario ocurrió este martes a la mañana en El Destape Radio. Blanco era consultado por la situación de las universidades públicas, en el marco de las auditorías y los recortes de fondos. Entonces, mencionó su situación particular con ingresos y gastos en este contexo

El titular de la Sigen reveló que cobra 3,2 millones de pesos brutos por mes, pero que ese monto no le alcanza para vivir.

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“Estoy aportando mis ahorros. Tengo el sueldo congelado desde el mes de diciembre. Así que si hay alguien que ha perdido con la inflación te puedo asegurar que soy yo. Y sin embargo estoy haciendo un servicio que creo que lo tengo que hacer a esta altura de la vida”, explicó el funcionario.

“Lo que cobro en el Estado no me alcanza. No me alcanza. Tengo una hija en la facultad, una hija en la primaria, tengo expensas, pago luz, impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, que se ha duplicado. No me alcanza el sueldo”, enumeró Blanco.

“Imagínese un docente que cobra 200 mil pesos”, replicó el comunicador de la radio, cuando el titular de la Sigen insistía en la victimización por su sueldo.

Blanco lanzó molesto: “Bueno, el docente tiene otras actividades”. Y agregó: “La jerarquía de los salarios es una discusión a dar en algún momento. La Universidad de Buenos Aires tiene 10.000 millones de pesos en el Banco Nación en plazos fijos y cuentas en dólares y pesos. Me gustaría saber dónde está el desfinanciamiento universitario. Le doy por terminada la entrevista en este momento”.

Fuente: Los Andes

A través de un DNU, el Gobierno Nacional informó que se destinarán 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con el objetivo de fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional. No obstante los fondos son de "carácter reservado", por lo que el Poder Ejecutivo no está en obligación de informar el destino de estos ingresos.

Se recordará que, hace una semana, se dispuso el reordenamiento de inteligencia, la cual abandonará la jefatura de Gabinete y volverá al entorno de la Presidencia. Asimismo, se conoció que el área contará con cuatro agencias: el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad de la Nación, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos.

Minutos después de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, referentes de la oposición criticaron duramente la decisión del gobierno. La primera fue Vilma Ibarra, ex secretaria de Legal y Técnica, quien criticó: "La libertad retrocede y avanza el poder y la oscuridad de los servicios de inteligencia". En la misma línea la senadora Juliana Di Tullio, apuntó directamente hacia Javier Milei: "El presidente del 'cambio' a decretazo puro y duro gracias a los legisladores que le delegaron facultades".

La medida, publicada este martes a través del Decreto 656/2024, cuenta con la firma del presidente, Javier Milei; de la canciller, Diana Mondino; del ministro de Defensa, Luis Petri; del ministro de Economía, Luis Caputo; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger; y del ministro de Salud, Mario Russo.

Se confirmó que el titular de la SIDE será el ex director de la entonces Agencia Federal de Inteligencia, Sergio Neiffert. De acuerdo a su currículum vitae, no posee título universitario pero cuenta con "amplia experiencia en gestión de recursos, tanto en ámbitos privados como públicos". No obstante, carece de experiencia en organismos de inteligencias o similares en esta materia.

El Ministerio de Capital Humano, como medida consensuada con el Gobierno, anunció la semana pasada la implementación de los vouchers educativos. Los mismos estarán dirigidos a aliviar las cargas financieras de las familias con hijos matriculados en colegios privados con aporte estatal.Es importante destacar que no todas las escuelas privadas subsidiadas por el Estado serán parte de esta iniciativa promovida por el gobierno de Javier Milei. Solo se incluirán aquellas instituciones que reciben un respaldo estatal del 75% o más y cuyas cuotas no superen los $54.396.

Requisitos para acceder al voucher educativo y topes de dineroLa ayuda proporcionada a través del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” está diseñada para apoyar a las familias que tienen hijos matriculados en instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario que reciben un subsidio del 75% o más y cuyas cuotas no exceden los $54.396.

Los beneficiarios recibirán el 50% del valor de la tarifa base (marzo de 2024) para las mensualidades de mayo, junio y julio, sin incluir actividades extracurriculares. Cada voucher tendrá un límite de $27.198 por hijo.

Según estimaciones preliminares de la Secretaría de Educación, aproximadamente 2 millones de niños que asisten a más de 6 mil escuelas en todo el país podrían ser elegibles para este programa, siempre que el ingreso familiar no supere las 7 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Dónde completar el formulario para recibir $27.198 por hijoPara solicitar el voucher escolar, destinado al pago de las cuotas de colegios privados, las familias podrán registrarse desde el 3 hasta el 30 de abril a través de un formulario que estará disponible en el sitio web oficial argentino.gob.ar . Aunque el formulario aún no está accesible, se espera que se requieran datos personales que serán verificados en relación con los requisitos de admisión al programa.

Según lo anunciado en el sitio web oficial, aquellos que soliciten los vouchers educativos deberán proporcionar un número de CBU para la transferencia de fondos, indicó LosAndes. Además, se les pedirá que indiquen el nombre del establecimiento educativo al que asisten sus hijos.

Cómo obtener un CBU gratisEn el caso de no tener un CBU, podes gestionarlo en un banco de la siguiente forma:ANSES, recomienda hacerlo en Banco Nación, pero hay bancos privados que también dan este producto gratis.

-Si no sos cliente del Banco Nación, podes arrancar desde la app BNA+ que tenés en tu celular. O si preferís, también podes ir personalmente a cualquiera de las sucursales con tu DNI.-Abrís tu cuenta y ya tenés acceso a una tarjeta de débito para empezar a operar.-A partir de ahí, haces tus movimientos bancarios desde la comodidad de tu casa o donde quieras.

¿Hay candidatos?En Casa de Gobierno manejan tres nombres para la vacante de Carbonell, dice la misma publicación y a continuación detalló: “uno de ellos es el de Federico Lacava, integrante de la Cámara Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay. El otro es el de Federico Tepsich, integrante de la Sala Civil y Comercial, también en Concepción del Uruguay. Y, otra vez, el de Ana Clara Pauletti, presidenta de la Sala 1 en lo Civil y Comercial de Gualeguay, es el otro nombre que le acercaron a Frigerio”.

En el plano de la equidad de género, en la actualidad el alto cuerpo tiene cuatro varones y cuatro mujeres, lo que implica que el Gobernador no estaría empujado a detenerse en ese aspecto como lo recomienda la Ley de Paridad vigente.

Pauletti, a diferencia de los demás, tiene vidriera. El año pasado renunció al Consejo de la Magistratura por críticas al funcionamiento del organismo. Fue luego de haber perdido las elecciones en la Asociación de Magistrados en la que se impuso Alejandro Cánepa.

Esa contienda estuvo atravesada por el enfrentamiento entre un sector del STJ y la Procuración General y con la destitución de la entonces procuradora adjunta Cecilia Goyeneche como telón de fondo.Una aclaraciónMalvasio, antes de mencionar nombres, realizó una aclaración respecto a la posibilidad de que un matriculado del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos sea el que se esté pensando para ocupar la silla en la Sala Civil y Comercial. Incluso mencionó directamente a Martín Acevedo Miño, actual secretario de Justicia de Entre Ríos, y señaló que no sería el candidato a suceder a Carbonell.

El gobierno de Entre Ríos le descontará el día de paro no trabajado a docentes entrerrianos. Así lo hizo saber a través de una circular del Consejo General de Educación (CGE) , donde se dejó constancia de que existe una resolución oficial que establece que los maestros cobrarán sus haberes por los días "efectivamente trabajados". La norma se emitió en la antesala de las 48 horas de huelga dispuestas por Agmer en disconformidad con la última oferta salarial.Docentes que paren tendrán descuentos

En la circular, que lleva la firma de Alicia Fregonese, titular del CGE, también se les recuerda a los equipos directivos una serie de funciones "inherentes a su cargo", como asegurar la apertura y cierre de establecimientos "garantizando la libertad de trabajo" y el "derecho a recibir educación por parte de alumnos y asistentes".

En la circular también se aclara que deben "asegurar con su presencia la prestación del servicio, ingreso y permanencia de los docentes que concurren a cumplir sus funciones" e informar las inasistencias, "cualquiera sean los motivos de las mismas".

El Gobierno puso en marcha un plan para recortar las horas extras de los empleados estatales. La medida forma parte del plan de reducción de gastos en toda la administración pública que anunció el Presidente Javier Milei cuando asumió.

En una auditoría sobre los salarios de los empleados estatales, el Gobierno detectó casos de trabajadores con más de la mitad de su salario compuesto por horas extras y adicionales. Ese relevamiento había sido ordenado por el Decreto 84/2023, una norma que también obligó a que se dieran de baja todos los contratos de personal temporario que vencían a fines del año pasado. Con esta última decisión, el Gobierno de Milei buscará bajar en 7.000 contratos la plantilla del personal del Estado nacional informó Clarín.

Auditoría sobre los empleados estatalesLa auditoría que se hizo en las últimas semanas del año permitió encontrar casos de agentes de "categorías bajas" que cobran buena parte de sus ingresos con adicionales y horas extras asignados a la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y el ministerio de Economía. Se trata, en muchos casos, de choferes, mozos, personal de seguridad y también administrativos de baja calificación. En este sentido, en el Gobierno citan como ejemplo el caso de un empleado que gana $473 mil de bolsillo, con un sueldo básico de $178.225 y una "compensación" de $162 mil, entre otros suplementos que hacen al conformado salarial.

Todos esos trabajadores están regidos por contratos que fueron revisados por el área de Empleo Público de Jefatura de Gabinete. Ese equipo lo coordinan Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y el subsecretario de Modernización, Martín Bocacci.

Este miércoles, Guibert les envió una nota a los ministros instándolos a poner en marcha el plan de recorte de horas extras y adicionales salariales. "Tengo el agrado de dirigirme a Usted, por instrucción del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, con relación a la asignación de servicios extraordinarios (horas extras) en todas aquellas jurisdicciones y entidades que conforman el Sector Público Nacional. Al respecto, se informa que en virtud del objetivo de racionalización de los recursos del Estado (...) y a fin de contar con una ordenada gestión funcional de la distribución de actividades del personal de su dependencia, a partir del día de la fecha, queda suspendida la asignación de horas extraordinarias, debiendo programarse las tareas operativas en la jornada legal normal de trabajo de cada agente", escribió el funcionario en la carta titulada "Lineamientos horas extras".

La nota de Guibert provocará un impacto muy visible en los salarios de los estatales, ya que desde ahora, las horas extras deberán ser solicitadas a los empleados por las máximas autoridades de cada organismo y no sucederá más, como ocurre ahora, que los empleados ya tienen asignados montos de horas extras casi de manera invariable, lo cual les permite engorsar sus ingresos.

"Excepcionalmente, para el caso de que se encuentre acreditada la imposibilidad de dar respuesta a impostergables necesidades operativas que comprometan manifiestamente el servicio público, se podrá solicitar fundadamente la asignación de servicios extraordinarios. Para ello, se deberá planificar las funciones del organismo y el personal necesario para cumplirlas. En este último caso, la autoridad con rango no inferior a Director Nacional; General o equivalente, deberá solicitar la asignación de los servicios extraordinarios", postula la carta enviada a todo el Gabinete.

Fuente: Clarín.

El Gobierno prevé anunciar este viernes medidas destinadas a recomponer el poder adquisitivo, que incluirán aumentos en el monto de los planes sociales y bonos a jubilados y pensionados, anticipó el ministro de Economía, Sergio Massa.

En medio de los preocupantes saqueos en el conurbano, que ya dejaron más de 90 detenidos, dijo que tras el acuerdo con el FMI "el viernes vamos a estar tomando todas las medidas que van a permitir que ese sufrimiento, esa frustración que sienten muchos argentinos se vea compensada en decisiones que tienen que ver con recuperar poder de compra en salarios, en jubilaciones".

También adelantó que habrá medidas para "mejorar la competitividad a partir de mejoras impositivas para nuestras pymes, que tienen que ver además con sostener los niveles de exportaciones y mejorarlos a partir de decisiones vinculadas a programas de mejoramiento de exportaciones que van a ser anunciados en las próximas 48 horas o a partir del día viernes a lo largo de toda la semana que viene".

"Tomada la decisión de terminar esta etapa con el FMI, estos 4 meses de negociación, que entendemos que en algún momento generaron preocupación o dudas, pero que tienen que ver con defender la posición de Argentina, ustedes saben, el Fondo arrancó exigiendo unificación cambiaria con 100% de devaluación. Después en la segunda propuesta planteó la posibilidad en Argentina de devaluar un 60% de la moneda. Todos sabemos que esta imposición de devaluar un 20% de la moneda hace algunos días genera complicaciones y dificultades para la gente", señaló.

Massa destacó que el equipo que fue a discutir con el Fondo "defendió el interés de la Argentina y no simplemente fue a cumplir con la formalidad de quedar bien con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional".

"Entendemos que Argentina debe mantener una relación seria, sana con el Fondo Monetario Internacional pero que no debemos aceptar imposiciones que lastimen o dañen a la realidad de los argentinos que es un país que desgraciadamente a lo largo de los últimos años viene de frustración en frustración", indicó.

Massa destacó que "por primera vez el programa admite la capacidad de intervención del Banco Central en un programa de bandas, que son bandas que solamente conocen y trabajan el staff del Fondo y el equipo económico argentino, a los efectos de garantizar el normal funcionamiento de la estabilidad de lo que se denominan dólares financieros en la Argentina".

"Nos da también la oportunidad de seguir adelante con operaciones de crédito, ustedes saben que el swap chino ya está activado no solamente en el primer tramo, sino que a partir del vencimiento de julio se activó el segundo tramo del swap chino y de alguna manera nos permite mantener los niveles de importaciones necesarios para el funcionamiento de la economía argentina", destacó.

Subrayó que también se tomó la decisión de "devolver adelantos transitorios al Banco Central por más de 500 mil millones de pesos, es para los efectos de mostrar que el nivel de orden en las cuentas públicas se va a seguir respetando para que tengamos la tranquilidad de que el Estado no se financia en el exceso de sus gastos con emisión monetaria, sino a partir de financiamiento".

Destacó además el "programa de acumulación de reservas que se tomó o se puso en marcha a partir de medidas que tomamos hace 3 semanas y que ya lleva casi 2.000 millones de dólares de reservas acumuladas en las últimas 3 semanas".

Y señaló la "posibilidad para la Argentina de acceder a partir de cumplir sus obligaciones tanto con Qatar como con la CAF, como con China, a nuevos instrumentos de financiamiento para las importaciones, que son temas que en los próximos días vamos a ir informando".N.A.

El ministro de Economía, Hugo Ballay, remarcó que “la cancelación del primer servicio de capital e intereses expresa la solidez fiscal y financiera que logró la provincia bajo la administración del gobernador Gustavo Bordet”. Recordó las críticas que recibió la gestión durante la reestructuración de la deuda internacional y aclaró: “Es una deuda totalmente cumplible mientras se sostenga el orden fiscal”.“Tenemos una provincia en la que crece el empleo privado, las exportaciones y los principales rubros de la actividad económica. Además, redujimos el gasto operativo del Estado garantizando y ampliando los servicios públicos y los derechos de la ciudadanía. En ese marco, también cumplimos con los compromisos asumidos, en este caso con los acreedores externos”, describió el titular de la cartera económica.Por último, Ballay destacó que “la reestructuración de la deuda que llevamos a cabo permitió alargar los plazos y reducir intereses. Sumado a la solidez de las cuentas públicas, el gobernador Bordet garantiza que las gestiones venideras, si administran de manera responsable el Estado, puedan hacer frente al compromiso que permitió ordenar la provincia”.La operación refiere al capital de los bonos ER25, emitidos bajo la legislación de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos de América) y se concretó el viernes 3 del corriente con el siguiente detalle: 25.874.989 dólares atendieron al primer servicio de la deuda contraída durante la primera gestión gubernamental de Gustavo Bordet, reestructurada hace dos años, y 14.878.118,39 correspondieron a intereses, que vencían este 8 de febrero.Para la cancelación, se accedió al mercado de cambios cinco días antes de la fecha, adquiriendo el 20 por ciento diario de la cantidad de dólares necesarios a distintas cotizaciones.El 27 de enero se adquirieron 8 millones de dólares y los restantes continuaron por 8.150.621 dólares. En tanto, la cotización de la divisa comenzó a 186 pesos y fue incrementándose hasta alcanzar dos pesos hacia el cierre de la operación. El costo financiero de la transacción alcanzó los 150.621 dólares.En pesos, la erogación total ascendió a 7.638.379.747 pesos. El depósito se hizo en la cuenta del Gobierno de Entre Ríos en el agente financiero provincial y desde allí se transfirió al US Bank. El paso siguiente fue la remisión a los tenedores de bonos.Signo alentadorEn tanto, los acreedores destacaron esta concreción como indicador de la recuperación del crédito externo.Desde la Coalición de Tenedores de Bonos de Provincias Argentinas (CAPB, por sus siglas en inglés) se señaló este miércoles: “Entre Ríos repagó hoy el 5% de su bono 2028 en término. Es la primera que empieza a amortizar su deuda reestructurada no garantizada. Empieza un lento proceso de recuperación del crédito”.

Franco Sandrigo, 26 años, segundo vocal en el Consejo Comunal de Gobernador Etchevehere (un pueblo de 400 habitantes ubicado a 25 kilómetros de Paraná) fue el miembro informante en la sesión clave del cuerpo deliberativo del miércoles 28 de diciembre, cuando se votó la destitución de quien hasta entonces ejercía como presidenta comunal, Verónica María Cecilia Araujo.La apartaron del cargo, según el texto de la resolución que firmaron todos los consejeros, debido a “una serie de hechos de una marcada gravedad institucional”.Araujo había sido elegida por el voto popular en las elecciones de 2019. Esa vez se impuso Juntos por el Cambio, que ubicó 4 consejeros, y relegó al PJ a la primera minoría, con dos vocales. Araujo es de “Juntos por el Cambio”; también su sucesor, Franco Sandrigo, segundo vocal, la figura que debe asumir según la Ley Orgánica de las Comunas.Antes de resolver el apartamiento de la jefa comunal, cuenta Sandrigo que hubo consultas legales y contactos con el Ministerio de Gobierno. También hubo un pedido de intervención por parte del Poder Ejecutivo provincial. Sandrigo, de igual modo, espera el dictamen del Tribunal Electoral.No fue necesario. Desde la Provincia les respondieron que la Ley de Comunas N° 10.644 prevé expresamente qué ocurre en caso de acefalía en el cargo de presidenta comunal. Eso hicieron los consejeros de Gobernador Etchevehere: votaron la destitución de Araujo, comunicaron la decisión al Tribunal Electoral, aunque se encontraron con un imponderable: el receso en la Administración Pública.De igual modo, la Comuna no está acéfala: hay una estructura que permite su funcionamiento, a cargo de la secretaria, Priscila Gómez Kuhn. Sandrigo aguarda la resolución del Tribunal Electoral que le dé el visto bueno para asumir en lugar de la destituida Araujo.

El primer paso es entonces el de la gestación de una agenda. Una agenda no es más que el conjunto de “cosas que han de ser llevadas a cabo”, “que se procurarán, se intentarán”, cosas en las que “se pondrá empeño”. 

En la literatura normalmente se habla de tres tipos de agenda: la agenda de los medios, la agenda pública y la agenda de políticas. No todos estos procesos de formación de agenda (como la mediática) corresponden al foco central de la ciencia política. Por esta razón, en este artículo nos centramos en una clasificación distinta, centrada en los procesos políticos de agenda-setting: la agenda pública, la agenda política y la agenda gubernamental. 

La agenda pública está definida por el conjunto de temas que la ciudadanía y distintos grupos de la sociedad buscan posicionar para ser considerados como susceptibles de atención por parte de sus representantes. Por su parte la agenda política está constituida por el conjunto de temas que alcanzan prioridad en el debate y la acción de aquellos actores políticos que por su posición —esto es, por sus recursos, facultades y poder— tienen capacidad para impulsarlas. 

Finalmente la agenda gubernamental es el conjunto de prioridades que un gobierno constituido plantea a manera de proyecto y que busca materializar a lo largo de su mandato. Como es evidente cada una de éstas tiene objetivos, actores, reglas de procesamiento y temporalidades distintas aunque la interacción entre ellas siempre está presente.

En Argentina existen un montón de problemas a resolver ligados a la administración de la cosa pública. Entre ellos podemos mencionar la pobreza, la indigencia, la falta de dólares o la inflación, entre otros. Sin lugar a dudas son temas que merecen toda la atención gubernamental para sus respectivas resoluciones. Entonces, ¿son estos tópicos antes citados elementos claves en la agenda del oficialismo actual? ¿Coinciden estas contingencias tan importantes en la agenda pública con la agenda gubernamental del Frente de Todos? ¿O acaso hay actores o grupos políticos, externos o internos al FdT, que mantienen una agenda política muy fuerte y condiciona la gestión del Presidente Alberto Fernández?.

Lo cierto es que se percibe claramente un desfasaje entre la agenda del Ejecutivo Nacional y los problemas reales de la gente. Ésto deriva en un conjunto de problemas que los ciudadanos deben afrontar y el campo político permanece inerte sin ofrecer solución alguna. La inflación y la consecuente pobreza, por ejemplo, son casos concretos para ilustrar lo mencionado. El 83% de inflación interanual registrado en septiembre, deja a Argentina a medio camino entre el récord regional de Venezuela (157% interanual) y el resto del continente. Chile (13,7%), Colombia (11,4%), México (8,7%) y Brasil (7,2%) son algunas de las grandes economías latinoamericanas que se están viendo castigadas por la subida de precios global, pero ninguna tanto como Argentina. El aumento de precios gana también la carrera a los sueldos, en especial a los de los trabajadores de la economía informal, más desprotegidos. El 8,8% de la población argentina es indigente, es decir, sus ingresos son insuficientes para comprar ni siquiera alimentos y tienen que recurrir a comedores gratuitos para no pasar hambre o que sea lo menos posible. El 36,5% es pobre y no gana lo suficiente para comprar la canasta básica, que incluye comida pero también abrigo y medicamentos, entre otros bienes de primera necesidad (Fuente: Mar Centenera para El País).

Anclados en el párrafo anterior, podemos decir que existe una agenda pública de primera necesidad, una agenda que mantiene gran parte de la sociedad de nuestro país que tiene que ver con el objetivo básico de poder subsistir día a día. ¿Cómo puede ser, como pareciese, que esta agenda no coincida con la del Gobierno Nacional?. Esta gestión actual transcurre sus días más en Comodoro Py que en los barrios y las calles. Las internas dentro de su frente político parecen más importantes que la realidad de miles de argentinos. Es un Gobierno que pareciera haber olvidado de las bases y esgrime continuamente un ideal político conectado a intereses particulares antes que colectivos. A poco del 17 de octubre, el oficialismo actual construyó una agenda gubernamental que no sólo mantiene una deuda con el contrato electoral firmado y rubricado en 2019, sino también con su propia historia. A esta altura cabe preguntarse: ¿Es nacional y popular la agenda de este Gobierno?.

El secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, criticó al Gobierno nacional y lo acusó de "ponerse del lado de las empresas", al tiempo que afirmó que lo que hace "es una extorsión y un ataque a las paritarias de todos los gremios, al método de la negociación colectiva".

"Es muy grave, porque busca extorsionarnos para que firmemos una paritaria a la baja", precisó Crespo en conferencia de prensa desde la sede gremial, ubicada en la calle Jujuy 995 del barrio porteño de San Cristóbal.

En ese sentido, ironizó: "Les van a dejar importar neumáticos con los dólares que el Estado no tiene".

De esta manera, SUTNA salió a cruzar al ministro de Economía, Sergio Massa, quien a raíz del conflicto que hay en el sector autorizó a permitirles a las plantas "importar los neumáticos necesarios para abastecer el mercado interno".

El gremio rechazó la oferta de 38% de aumento salarial, que significa una pérdida de poder adquisitivo real porque no alcanza los altos índices inflacionarios de Argentina. Además, planteó que las horas trabajadas los fines de semana se paguen al 200%.

El sindicalista remarcó que en vez de anunciar una reapertura de importaciones y facilitar dólares para esa operatoria, sería más sencillo aumentar los salarios de los 5.000 afiliados, porque de esa manera rápidamente se podrían fabricar "1.200.000 cubiertas".

Las partes retomarán el diálogo desde las 14 bajo la supervisión de la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, aunque el conflicto se profundizó este martes con la confirmación del cierre temporario de las empresas.

El conflicto, que comenzó hace meses por reclamos salariales y luego se profundizó a partir de otras demandas, ya paralizó la producción de las compañías Bridgestone, Pirelli y Fate y, este martes, anunciaron una medida similar cuatro terminales de la industria automotriz.

La planta de Ford de la localidad bonaerense de General Pacheco paraliza desde este lunes dos turnos ante "la ausencia de provisión de neumáticos para equipar los vehículos", en tanto este martes adoptaron idéntica decisión la Fiat, Chevrolet y Toyota, de la ciudad de Zárate.

En la ciudad de Houston, el corazón petrolero de los Estado Unidos, y ante unos 40 empresarios y expertos del sector, Massa anticipó que "el próximo 14 de septiembre, se va a presentar el plan Gas 4 extendido y Plan Gas 5 que va a permitir llenar el gasoducto Néstor Kirchner".

También lanzó una convocatoria a las empresas para participar en el tratamiento de una ley en el Congreso, que sería enviada la primera semana de octubre al parlamento, como una forma de garantizar "la construcción de políticas de Estado que les permita planificar a largo plazo", y que trascendería los futuros recambios de gobierno.

Massa destacó la importancia que le da la administración de Alberto Fernández a acelerar las inversiones en el sector y anunció la pronta visita del Presidente a Houston, quien llegará a esa ciudad en el marco de su viaje a la Asamblea de Naciones Unidas, el 20 de septiembre próximo en Nueva York.

"La estrategia de seguridad energética fue parte de la agenda del presidente del G20 en la Cumbre de los Ángeles, la Argentina ha asumido ser un jugador central en la agenda mundial de seguridad energética", destacó Massa.

El ministro también se refirió "a lo que representa el sector energético y cuáles son los cambios que Argentina tiene que encarar para que cada uno de los actores económicos se sienta protagonista, y puedan sentir que ese principio de estabilidad y de reglas claras se va a cumplir".

"Estamos hablando de un sector en términos de representar el horizonte de producto, puede representar una duplicación de producto en 7 años, similar a los que presenta el sector agrobusiness hoy en el Producto Bruto de la Argentina".

Massa habló de "certidumbre y planificación en el largo plazo" para que se pueda definir un programa de inversiones que logre triplicar la capacidad de exportación actual. Asimismo, se refirió a los incentivos que obtendrían las empresas sobre la participación incremental que logren tanto en la producción como en las exportaciones.

"Es absurdo que Argentina tenga 170 años enterrados" de producción de gas, consideró en referencia a las reservas estimadas de shale gas en la formación de Vaca Muerta.

El anfitrión del evento, Marc Jones, Miembro del Instituto Baker en Ciencias Políticas y Cátedra Jamail en Estudios de Los Ángeles en la Universidad de Rice, comparó a Massa con a James Baker, el legendario diplomático norteamericano que participó de los gobiernos de Roland Reagan y de los Bush que tuvo una participación clave en lograr una transición pacífica en la desaparición del bloque soviético.

De esta forma, Massa es visto aquí como quien "puede tender puentes" entre la oposición y el Gobierno, y generar las políticas de Estado, de largo plazo, que reclama el sector para afianzar las inversiones.

Massa estuvo acompañado por la secretaria de Energía Flavia Royon y el presidente de YPF, Pablo González, con quienes el jueves por la noche estuvo hasta la madrugada trazando la planificación de las presentaciones de este viernes.

También participaron el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez, el asesor Gustavo Martínez Pandiani y contó con la participación del economista Miguel Peirano, quien reside en los Estados Unidos y es miembro de las Cámara de Energía en la Argentina.

Los empresarios presentes valoraron los anuncios y la intención de que la "transición política se aísle de las cuestiones coyunturales independiente de un gobierno particular", alentado por el anuncio de un nuevo marco normativo para el sector.

Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de Energía del CES, expresó que Texas tiene ya "una meseta" de producción y que la Argentina en este sentido "representa" una oportunidad extraordinaria en el contexto de que las puertas con Rusia y China se cerraron.

"Es el único sitio fuera de Texas en el que la industria puso los ojos en el shale, debido a que las oportunidad de Rusia o China por diversas razones están cerradas".

"La Argentina es el lugar que queda para que todo ese aprendizaje tenga oportunidad histórica, sin embargo advirtió que la oportunidad es hoy, que si se retrasa se va a perder", agregó.

Lo mismo opinó Sergio Capusta, argentino miembro de Rice y director de una firma energética local, que vio pasar por el mismo foro a funcionarios de Raúl Alfonsín y luego al fallecido Jorge Estenssoro, con promesas similares, "pero por decreto, y este anuncio de elevar una ley es promisorio", dijo, ante la expectativa de que se convierta en realidad.

Participaron los directivos de Chevron, Mamadou Beye, Eric Dunning, Dante Ramos, Bryab Pickett; de ExxonMobbil, David Gourlay; de Total, Juan Martin Bulgheroni y Daniel Felici de Pan American Energy, entre muchos otros.

El Gobierno restringió los traslados por misiones oficiales y a eventos internacionales para "contribuir a una mayor racionalización del gasto público" y los funcionarios sólo podrán viajar a jornadas que no cuenten con la posibilidad de participar de manera virtual.

La medida fue adoptada a través de la Decisión Administrativa 836/2022, publicada este viernes en el Boletín Oficial y rubricada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

De esta forma, sólo se podrán autorizar "los traslados por misiones oficiales o comisiones de servicio al exterior, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a eventos internacionales reconocidos e impostergables para los intereses del Estado nacional cuya organización no contemple la posibilidad de participar adecuadamente mediante una plataforma de reunión virtual o software de videoconferencia".

"El funcionario o la funcionaria o autoridad peticionante deberá declarar, en carácter de declaración jurada, que el evento no cuenta con alternativas que permitan la intervención adecuada, a distancia", añade el texto de la normativa.

Aquellos funcionarios que tengan rango y jerarquía de ministro deberán contar con el visto bueno del jefe de Gabinete. También correrá el requisito para "titulares de secretarías, subsecretarías, instituciones de la Seguridad Social, entes reguladores, liquidadores y superintendencias, incluyendo los cuerpos colegiados, organismos de la Administración Pública Nacional Descentralizada y Desconcentrada y direcciones nacionales y generales o sus respectivos niveles equivalentes".

Los interesados en viajar deberán prever el traslado con antelación suficiente para tratar de acceder a mejores tarifas. En ese sentido, se priorizará la utilización de la vía más corta tanto a la ida como al regreso, y deberán realizarse por la ruta y aerolínea que reúna las condiciones más apropiadas, con prioridad a las aerolíneas de propiedad del Estado.

Una vez concluida la misión oficial o comisión de servicio al exterior, los funcionarios deberán enviar al ministro coordinador un "Informe de Resultado de Gestión Internacional".

Asimismo, dentro de los cinco días de la fecha de llegada, deberán presentar la rendición de viáticos y de gastos de alojamiento.

El objetivo de la medida es contribuir a una mayor racionalización del gasto público.

El texto publicado en el Boletín Oficial da algunos datos de la cantidad de viajes que se realizaron en los últimos años: "Desde enero de 2020 a la actualidad se han tramitado 2812 traslados al exterior, cuando sólo en el año 2019 dicha cantidad ascendió a 6356 viajes realizados".N.A.