El Gobierno nacional confirmó que avanza la puesta en marcha de un organismo que evaluará qué medicamentos de alto precio deberán ser cubiertos por el Estado, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. No hay una fecha precisa para su funcionamiento, pero una fuente oficial aseguró sobre la iniciativa: "Va a salir".

Se trata de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), cuya creación se anunció oficialmente en marzo de 2025. Según publicó Clarín, analizará medicamentos y otras tecnologías sanitarias con criterios que incluyen la relación entre el costo y la efectividad de cada tratamiento.

El nuevo esquema tendrá especial relevancia para las llamadas drogas de alto precio, entre ellas las que se usan para tratar ciertas enfermedades oncológicas, patologías poco frecuentes y enfermedades autoinmunes.

Un grupo de especialistas evaluará los tratamientos y determinará cuáles deberán ser financiados por los distintos actores del sistema de salud. La medida podría tener un impacto considerable en las cuentas de obras sociales, prepagas y del propio Estado, por el peso creciente de los medicamentos más costosos en los presupuestos sanitarios.

La creación de la ANEFiTS se comunicó oficialmente el 27 de marzo de 2025. En ese momento, el Gobierno la presentó como una deuda histórica y una demanda del sistema sanitario. También sostuvo que el organismo fortalecería la sostenibilidad económica del sistema y garantizaría que cada peso invertido tenga un impacto positivo y comprobable en la salud.

Ahora, fuentes vinculadas con la preparación del organismo aseguraron que el proyecto sigue adelante, aunque no precisaron cuándo comenzará a funcionar.

El debate volvió a tomar impulso durante el XXIX Congreso Argentino de Salud, organizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), con representantes de sectores públicos y privados.

Uno de los planteos giró en torno al costo de los tratamientos más caros. Alfredo Gamietea, presidente de Osdepym, explicó que en esa obra social el 2% de los pacientes concentra la mitad del gasto en medicamentos.

Según los datos de los financiadores, los medicamentos representaban históricamente cerca del 14% del gasto sanitario, y hoy esa participación superaría el 40%.

A esto se suma la situación del Fondo Solidario de Redistribución, que se integra con aportes de obras sociales y prepagas y reintegra parte de los gastos por medicamentos de mayor costo. El Fondo atraviesa dificultades financieras, y uno de los factores señalados es el gasto en discapacidad, que incluye prestaciones de educación y transporte.

Los problemas de financiamiento también derivaron en una mayor cantidad de amparos judiciales de pacientes que reclaman cobertura cuando una obra social o prepaga rechaza financiar un tratamiento. El programa oficial de mediación "Promesa" busca resolver parte de esos conflictos antes de llegar a los tribunales, pero su uso no es obligatorio.

La futura agencia apunta a establecer criterios técnicos para definir qué tecnologías y medicamentos deben recibir financiamiento.

En el mismo encuentro, el secretario general del gremio de Sanidad, Héctor Daer, advirtió que cada vez menos personas se interesan en estudiar enfermería y otras tecnicaturas de salud, y alertó que dentro de diez años no habrá quien reemplace a quienes se jubilen. También cuestionó los aranceles que cobran los hospitales públicos por atender a pacientes con obra social.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, respondió que los aranceles de la Ciudad "son los de mercado" y se mostró dispuesto a evaluar los casos puntuales que le presenten.

El Gobierno de Entre Ríos presentó "La Frase que Falta", una campaña participativa que convocará a entrerrianos y entrerrianas a construir de manera colectiva la frase que acompañará a la nueva Marca Entre Ríos.

La iniciativa parte de una idea sencilla: no hay una única manera de vivir Entre Ríos. Hay distintas miradas, experiencias, lugares, recuerdos y formas de sentir la provincia, y justamente de esa diversidad busca surgir la frase que falta. Por eso, la campaña propone escuchar a quienes mejor conocen la provincia: quienes la viven todos los días. Cada participante podrá aportar su mirada y compartir aquello que siente que representa a Entre Ríos.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que no se trata de encontrar una respuesta correcta ni de definir en pocas palabras todo lo que es la provincia, sino de reconocer aquello que los entrerrianos tienen en común a partir de las muchas maneras de vivir y sentir Entre Ríos.

La participación es abierta y anónima, y está disponible a través de la plataforma lafrasequefalta.entrerios.gov.ar. Esta primera etapa permitirá reunir las distintas miradas y expresiones de los entrerrianos. Luego se abrirá una nueva instancia de participación para elegir, entre todos, la frase que finalmente acompañará a la nueva Marca Entre Ríos.

De esta manera, "La Frase que Falta" propone que la construcción de la identidad de la provincia sea también un proceso colectivo, incorporando las voces de quienes forman parte de ella. El proyecto es impulsado de manera conjunta por las secretarías de Comunicación y Prensa; de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación; de Participación y Atención Ciudadana; de Cultura, y Emturer, con el objetivo de generar una construcción abierta, federal y colaborativa en cada localidad de la provincia.

El Gobierno nacional presentará este martes ante la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, una iniciativa que será analizada especialmente por las proyecciones macroeconómicas utilizadas para calcular ingresos, gastos y metas fiscales durante el próximo ejercicio. Según trascendió, tres variables concentrarán buena parte de la atención de los mercados: la inflación prevista para 2027, la tasa de crecimiento de la economía y el valor proyectado del dólar.

El punto no es menor, ya que una diferencia significativa entre las estimaciones oficiales y lo que finalmente ocurra puede modificar tanto los ingresos tributarios como determinadas partidas de gasto. El antecedente inmediato está en el presupuesto vigente, cuyas previsiones quedaron desactualizadas frente a la evolución posterior de los precios y de la actividad.

Para 2027, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que reúne las estimaciones de consultoras y entidades privadas, proyecta una inflación promedio del 20,6%. Ese número funcionará como referencia para comparar con la previsión que finalmente incluya el Presupuesto 2027.

La inflación resulta especialmente relevante porque una parte importante del gasto público está indexada. El sistema previsional, que se actualiza con dos meses de rezago respecto de la variación de precios, representa alrededor del 45% del gasto total. Durante la elaboración del presupuesto anterior, el Gobierno había estimado para 2026 una inflación del 10%, aunque el incremento de precios terminaría siendo considerablemente superior, lo que obligó a ajustar otras partidas no indexadas para sostener el equilibrio fiscal.

La segunda variable bajo análisis es el nivel de actividad. El REM proyecta para 2027 una expansión del 2,9%, mientras que el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional contempla un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno. El nivel de crecimiento previsto influye directamente sobre la estimación de los recursos tributarios: una economía que crece más genera, en términos generales, mayor recaudación, mientras que una expansión menor a la calculada puede provocar que los ingresos terminen por debajo de lo presupuestado.

Para 2026, el Gobierno había proyectado inicialmente una suba del PBI del 5%, aunque las estimaciones actuales ubican el avance más cerca del 2,5% o incluso por debajo, con la actividad industrial y comercial entre los sectores de mayor incidencia sobre esa diferencia.

El tercer número que seguirán los mercados es la proyección del tipo de cambio. Las estimaciones privadas ubican al dólar en torno a $2.017 para diciembre de 2027, frente a un valor actual cercano a $1.536, con una brecha entre ambos valores que ronda el 31%.

El análisis también tiene en cuenta que entre enero y agosto de este año la inflación acumulada fue del 21,3%, mientras que la variación del dólar alcanzó apenas el 2,6%, un comportamiento que alimenta el debate sobre la evolución futura del tipo de cambio real.

Estos tres supuestos serán determinantes para evaluar el Presupuesto 2027, ya que condicionan las previsiones de ingresos, gastos y resultado fiscal. El proyecto también será observado en función de las metas comprometidas con el FMI y de la necesidad de evitar nuevas correcciones presupuestarias durante el próximo ejercicio.

El Gobierno nacional aprobó el Régimen Administrativo, Patrimonial, Contable y de Control de la obra social de las Fuerzas Armadas, conocida como OSFA, y estableció una contribución patronal del 8% para financiar su funcionamiento. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 986/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La OSFA había sido creada en febrero mediante el Decreto 88/2026 como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, en el marco de la reorganización de las coberturas sanitarias correspondientes al personal de Defensa y de las fuerzas de seguridad. La norma de creación había establecido que el Poder Ejecutivo debía definir posteriormente el régimen administrativo, patrimonial, contable y de control del nuevo organismo, instancia que el decreto publicado ahora completa.

Uno de los puntos centrales de la reglamentación es la fijación de una alícuota del 8% en concepto de contribución patronal, que se calculará sobre los haberes efectivamente percibidos por el personal alcanzado por el régimen. La obligación comprende al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, a los trabajadores civiles que prestan servicios dentro de las fuerzas y al personal civil que se desempeña directamente en la obra social. Con esta definición, el Ejecutivo establece una de las fuentes de financiamiento permanente de la OSFA y delimita sobre qué remuneraciones deberá aplicarse el porcentaje correspondiente.

El Decreto 986/2026 también faculta al Ministerio de Defensa a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para poner en funcionamiento el régimen aprobado y resolver los aspectos específicos de su implementación.

La creación de la OSFA forma parte de un proceso más amplio de separación de los sistemas de cobertura sanitaria vinculados a Defensa y Seguridad. El nuevo ente deberá administrar las prestaciones destinadas al personal comprendido dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Con la reglamentación publicada este lunes, la obra social cuenta ahora con un marco específico para su administración, el manejo de su patrimonio y sus mecanismos de control, además de una tasa definida para las contribuciones patronales que integrarán su esquema de financiamiento.

El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Juan Manuel Arbelo, se refirió al acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y las autoridades de universidades de todo el país, que establece una recomposición salarial del 24,3% en dos tramos para docentes y no docentes, la actualización de las becas Manuel Belgrano, una suba del 20% para gastos de funcionamiento en las unidades académicas y el mantenimiento de una mesa salarial con convocatoria cada tres meses.

"Es un paliativo, no cubre ni conforma. Han sido negociaciones arduas por parte de gremios docentes y no docentes, además del Consejo Interuniversitario Nacional", indicó Arbelo. Y fue contundente respecto del reclamo de fondo: "Esto no implica retirar el reclamo por la Ley de Financiamiento, sigue vigente. Esto es una convocatoria, hubo una paritaria y habrá otra en septiembre, además de un compromiso de un llamado cada tres meses".

El acuerdo también contempla una respuesta pendiente sobre las becas Progresar, punto que aún no fue resuelto en las negociaciones.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso la instrucción de un sumario administrativo contra una agente de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano y ordenó el recupero de más de 18 millones de pesos que habrían sido percibidos de manera indebida. La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 1402, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.

Según surge de la norma, la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado, deberá investigar la conducta de la trabajadora por registrar presuntas inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo. La situación podría encuadrarse en causales de cesantía previstas en la Ley Provincial N° 9755 y sus modificatorias.

La resolución aprobó una liquidación realizada por la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Desarrollo Humano, que determinó que la agente percibió haberes de manera indebida por un total de $18.658.370,81. A ese monto deberán sumarse los intereses devengados y a devengarse hasta el momento del efectivo pago, calculados conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

El Ejecutivo provincial intimó a la trabajadora para que reintegre la totalidad de los fondos en un plazo de 30 días corridos desde su notificación.

El decreto establece que, en caso de incumplimiento, la Fiscalía de Estado deberá iniciar las acciones legales correspondientes para recuperar el dinero reclamado por la Provincia. Además del capital e intereses, el eventual proceso judicial podrá incluir los gastos y honorarios que se generen durante la tramitación de la causa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el cierre de la ANDIS. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como se conoce, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, indicó en la conferencia de prensa de este martes. “Se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”, agregó.

“ANDIS se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, argumentó.

E indicó que “al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades” y que “se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones“.

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, aseveró.

En campaña, Javier Milei había construido una narrativa contundente y sencilla: el ajuste lo pagaría la “casta política”, esa trama de privilegios, acomodos y corrupción enquistada en el Estado. Su discurso se elevaba como promesa moral antes que técnica: un gobierno distinto, con funcionarios distintos, alejados de las prácticas que el propio Milei calificaba como “curros”.

Sin embargo, a menos de un año de gestión, el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sacudió los cimientos de ese relato. Diego Spagnuolo, un dirigente del riñón libertario, quedó envuelto en audios filtrados donde describía un presunto sistema de coimas ligadas a la compra de medicamentos y servicios para personas con discapacidad. En esos audios aparecían mencionados nombres explosivos: Karina Milei, la hermana del Presidente y Secretaria General de la Presidencia y Eduardo “Lule” Menem, operador político central de la coalición oficialista.

El escándalo, ya en manos de la justicia,  constituye un golpe político profundo: La Libertad Avanza está ingresando en el mismo espiral de sospechas, negocios oscuros y justificaciones que alguna vez le achacó a sus adversarios. El contrato electoral, basado en la pureza y la ruptura con la vieja política, aparece hoy severamente dañado.

El caso Spagnuolo: audios, porcentajes y dinero en efectivo.

La trama estalló cuando circularon audios atribuidos a Spagnuolo. En esas grabaciones, cuya autenticidad fue luego avalada por un peritaje privado y será sometida a pericia judicial, se escuchaba al funcionario hablar de “porcentajes para Karina” y de un esquema aceitado de retornos. Mencionaba también a la droguería Suizo Argentina, un histórico proveedor del Estado en el rubro medicamentos, como parte de la operatoria.

En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello ordenó allanamientos simultáneos en domicilios y oficinas ligadas a Spagnuolo y a la familia Kovalivker, propietaria de la droguería. Los procedimientos dieron como resultado el secuestro de dólares en efectivo, en montos que distintos reportes sitúan entre 200 mil y 266 mil, hallados incluso en vehículos asociados a los empresarios investigados.

El Gobierno echó a Spagnuolo “de forma preventiva”, removió a otro directivo, Daniel Garbellini y firmó la intervención de la ANDIS, colocando al frente al médico Alejandro Vilches. Sin embargo, la velocidad de los decretos no alcanzó a despejar la sospecha política: ¿cómo podía el corazón del aparato libertario estar ya sospechado de prácticas que recuerdan a lo peor de la “casta”?

Karina Milei y el poder invisible.

La figura de Karina Milei siempre fue una incógnita en el nuevo poder argentino. Hermana, mano derecha, consejera íntima y jefa de la Secretaría General de la Presidencia, su rol trasciende el organigrama. Para muchos, Karina es el verdadero centro de decisiones del oficialismo, la guardiana del círculo chico y la administradora de la confianza presidencial.

Que su nombre aparezca asociado a retornos y porcentajes en un audio supone un daño simbólico monumental debido a que la lógica libertaria descansaba en la promesa de un liderazgo puro, ajeno a la contaminación de los negocios. Karina no es una funcionaria más: es la depositaria de la fe personal de Javier Milei.

La sospecha, entonces, opera como una fisura en la narrativa fundacional: si en torno al Presidente y su hermana también se habla de coimas, ¿qué queda del grito anticasta?

La casta como espejo.

Lo más llamativo de este episodio no es sólo este sospechoso mecanismo de retornos, que lamentablemente no resulta novedoso en la política argentina, sino la contradicción estructural que exhibe en el proyecto libertario.

Durante la campaña, Milei supo capitalizar el hartazgo social contra una dirigencia asociada a privilegios y corrupción. La promesa de cortar con esa inercia fue el motor de su ascenso. Hoy, su gobierno se encuentra atrapado en un espiral que recuerda a los mismos vicios:

1) Funcionarios acusados de recaudar porcentajes sobre compras públicas.

2) Empresarios beneficiados que aparecen en los allanamientos.

3) Dinero en efectivo incautado en condiciones sospechosas.

4) Justificaciones políticas que remiten a viejos reflejos: negar, relativizar, hablar de operaciones.

La Libertad Avanza, que se presentaba como antítesis de la casta, parece haber internalizado sus prácticas más oscuras.

Ruptura del contrato electoral.

Este escándalo marca, quizás por primera vez con nitidez, la ruptura del contrato electoral libertario. Ese contrato no estaba basado únicamente en un programa económico —ajuste fiscal, dolarización, desregulación—, sino en un pacto moral: gobernar de manera distinta, sin corrupción, sin privilegios, sin entramados opacos.

Cada episodio de sospecha erosiona esa promesa. Y lo hace en un terreno particularmente sensible: la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo encargado de garantizar derechos a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Que los negocios turbios pudiesen haberse tramitado en nombre de los medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad golpea doblemente: revela el cinismo de quienes los practican y dinamita la bandera moral del proyecto libertario.

Cuando la pureza se desgasta.

Ningún gobierno está exento de este tipo episodios lamentables. Pero para un proyecto que hizo de la “anticasta” su estandarte, el costo es mucho mayor. El escándalo Spagnuolo no es un expediente judicial más: es un símbolo político que desnuda la distancia entre el discurso y la práctica.

Al entrar en este espiral de sospechas, La Libertad Avanza se asemeja cada vez más a aquello que prometió destruir. Y, en política, esa contradicción se paga con la confianza social. La historia argentina muestra con crudeza que las mayorías pueden tolerar ajustes duros, crisis económicas y decisiones impopulares, pero difícilmente perdonan cuando se descubre que quienes pedían sacrificios hacían negocios personales.

El desafío para Milei no es sólo judicial sino existencial: demostrar que aún tiene la capacidad de diferenciarse de la casta. De lo contrario, el libertarismo terminará absorbido por el mismo pantano moral que juró erradicar.

Finalmente cabe decir que las sospechas de  corrupción no son accidentes aislados ni  “operaciones mediáticas", como algunos voceros intentaron presentar. Es, en todo caso, la prueba de fuego para un gobierno que se definió contra ella.

Si la Libertad Avanza no logra cortar de raíz los entramados de negocios que ya comienzan a florecer en su interior, si no consigue demostrar, vía Poder Judicial,  la transparencia en los hechos y no solo en los discursos, corre el riesgo de perder lo que le daba singularidad: la autoridad moral para señalar a los demás como parte de una “casta” corrupta.

El escándalo Spagnuolo expone una paradoja cruel: el gobierno que prometió ser distinto empieza a parecerse demasiado a lo mismo. Y en ese espejo, lo que se refleja no es la utopía libertaria, sino el rostro gastado de la vieja política argentina.

Julián Lazo Stegeman

La provincia de Entre Ríos dio un nuevo paso hacia la modernización del Estado con la implementación de trámites deportivos 100% digitales a través de la plataforma Mi Entre Ríos. Clubes, federaciones y ciudadanos ya pueden realizar gestiones de manera ágil, transparente y sin necesidad de trasladarse físicamente, lo que representa un avance significativo en términos de inclusión y eficiencia administrativa.

El Gobierno de Entre Ríos implementó una nueva herramienta digital que permite a clubes, federaciones y ciudadanos gestionar de manera ágil, eficiente y transparente los trámites vinculados al deporte. La plataforma, impulsada por la Secretaría de Modernización, se encuentra disponible y en funcionamiento en Mi Entre Ríos (www.mientrerios.org), el ecosistema digital de servicios provinciales.

La Secretaría de Deportes, organismo que centraliza la tramitación de las políticas deportivas provinciales y que también funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, es la encargada de administrar los trámites que ya se encuentran digitalizados.

A través de esta herramienta, clubes, federaciones y ciudadanos de toda la provincia tienen acceso a un sistema completamente digital para realizar gestiones esenciales como el registro de entidades deportivas, la solicitud de subsidios y la inscripción en programas de apoyo al deporte.

El sistema garantiza procesos ciento por ciento digitales, con seguimiento en tiempo real, firma digital y notificaciones electrónicas, promoviendo no solo la reducción de tiempos administrativos, sino también la equidad territorial y la transparencia en el acceso a los recursos públicos.

Desde su puesta en funcionamiento, 11 instituciones deportivas de los departamentos La Paz, Uruguay, Gualeguaychú, Federación, Paraná, Gualeguay y Villaguay ya comenzaron a utilizar la plataforma: nueve actualizaron su documentación y dos se registraron por primera vez, destacándose el Club Atlético Urquiza (de Gualeguay) y la Asociación Civil Club Atlético San Benito (de Paraná).

Se trata del primer pago, de los tres previstos de la recomposición para el primer semestre.

Con recursos provinciales y haciendo un gran esfuerzo, el gobierno entrerriano recompone el salario docente tras el fuerte impacto por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y Conectividad dispuesto por el gobierno nacional. De esta manera, la provincia da respuesta a uno de los principales reclamos de los docentes.

El Consejo General de Educación solicitó a la Justicia la conciliación obligatoria para garantizar el dictado de clases en la provincia, ante el paro dispuesto por el gremio docente.

"No cabe otra alternativa que solicitar al Juzgado del Trabajo en turno que disponga la conciliación obligatoria", indica el pedido, que ingresó en el Juzgado Laboral 4, cargo de la doctora María Alejandra Abud.

"El gobierno entiende imperioso y absolutamente necesario promover la acción judicial que habilita la norma provincial, con el propósito principal de resguardar el derecho a aprender de los entrerrianos, derecho consagrado constitucionalmente, previsto en el artículo 14º de nuestra Carta Magna", reza la nota presentada por el gobierno; y afirma que "allí queda establecido y reconocido el derecho a aprender y que la educación es una obligación sustantiva del Estado de derecho".

Al respecto, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Collelo, manifestó que "el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante para acercarse a las expectativas que tienen los docentes, reconociendo que hay un problema con el poder adquisitivo de los salarios, pero también conscientes de la realidad que estamos afrontando a nivel finanzas de la provincia".

Afirmó que "el gobernador gobierna para todos los entrerrianos; y en ese contexto, con mucho esfuerzo, hicimos más de cuatro mejoras en la oferta que les acercamos a los gremios. No pudimos lograr el equilibrio, pese a que muchas de esas ofertas son muy parecidas a las de otras provincias que lo han logrado, como Córdoba".

En ese sentido, dijo que se tomó la decisión de "ir hacia una conciliación obligatoria porque no hay nada más importante que esta tensión, que es lógica y natural producto de la crisis, se haga con los chicos en el aula".

"En un plan de desarrollo provincial como el que tiene que llevar adelante el gobernador nosotros instamos a que nos pongamos de acuerdo, pero con los chicos dando clases y aprendiendo", subrayó.

Finalmente, señaló que están preparando un nuevo ofrecimiento que les acercará el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, a los gremios en los próximos días para intentar acercar posiciones.

La presentaciónEn el pedido que ingresó a la Justicia, se expresa que "desde el gobierno provincial se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones informales inicialmente, y luego en sede administrativa, por llegar a un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa en la provincia, procurando evitar, tanto las medidas de fuerza, como tener que llegar a esta instancia judicial, siempre con el propósito de garantizar efectivamente el derecho de los educandos a recibir educación en la calidad y cantidad tales que posibiliten el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y su sentido de responsabilidad y solidaridad social".

En otro tramo del documento, se indica: "Ante una colisión de derechos de rango constitucional (derecho de huelga y derecho a la educación de menores), nunca puede ni debe lesionarse en modo alguno el superior interés de los niños a recibir una educación en tiempo y contenidos adecuados, conforme lo establecen los arts. 3, 28, 29 y 30, Convención sobre los Derechos del Niño (inc. 22, art. 75, Constitución Nacional)".

"Estamos recorriendo la provincia en todos sus rincones, que es lo que nos pide el gobernador Rogelio Frigerio, y en ese marco estamos anunciando estos programas para ayudar especialmente a las comunas y juntas, porque sabemos que tienen necesidades fundamentales a atender", explicó el ministro Manuel Troncoso.

El programa Juntas a la Obra, con un presupuesto anual previsto de 256.170.000 millones de pesos, consiste en un apoyo económico para la atención de requerimientos menores en materia de infraestructura básica (un cordón cuneta, un pozo de agua) y bienes de capital, reparaciones de bienes de capital de propiedad de las comunas y juntas de Gobierno, incluyendo transporte de material calcáreo y/o ripio, otorgando hasta 2.000.000 de pesos a juntas de gobierno y 400.000 pesos a comunas.

Mientras que el programa de Mejoras Habitacionales ofrece facilidades para acceder a la vivienda. Con un presupuesto anual de 72.000.000 millones de pesos, busca facilitar el acceso progresivo a la vivienda de los sectores de escasos recursos, en comunas y juntas de gobierno cuya situación habitacional sea deficitaria, mediante la asistencia financiera para la adquisición de los materiales necesarios para la construcción de un prototipo básico, la refacción y/o ampliación de viviendas existentes, que permita mejorar las condiciones habitacionales de los destinatarios. Este programa entrega hasta 700.000 pesos en ambos casos al gobierno local, encargado de adquirir los materiales consignados por la familia o persona interesada en un formulario que se encuentra a disposición de las juntas y comunas.

Los requisitos para acceder a los beneficios de ambos programas pueden consultarse en el portal de trámites disponible en el sitio web del Ministerio de Gobierno y Trabajo, en la Secretaría de Gobiernos Locales.

- Inscripción en Programa Juntas a la Obra: https://portal.entrerios.gov.ar/pf/tramite?2768.

- Inscripción en Programa de Mejoras Habitacionales: https://portal.entrerios.gov.ar/pf/tramite?2788.

Los cánticos racistas y homófobos de la selección argentina contra los jugadores franceses llegaron al Gobierno nacional. Este miércoles, el subsecretario de Deportes de Javier Milei, Julio Garro, pidió que el capitán Leo Messi y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se disculpen por lo que pasó arriba del micro del equipo tras ganar la Copa América.

El tema contra Les Bleus, sobre todo agresivo con el delantero Kylian Mbappé, quedó publicado en una transmisión en vivo de Instagram que realizó Enzo Fernández, principal apuntado en este escándalo.

“Creo que el capitán de la Selección debería salir a pedir las disculpas por ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA”, sostuvo Garro, que está bajo la órbita del secretario de Ambiente, Turismo y Deportes, Daniel Scioli.

Para justificar su postura, el funcionario mileísta que fue intendente de La Plata acotó en Urbana Play: “Creo que corresponde, es algo que nos deja como país mal parados, con tanta gloria. Pero bueno, poder llevar ese plano a algo ejemplificador creo que también es muy bueno en el país y en el mundo”.

Comentó, además, que pese a que en la vida social, los colegios y los clubes más chicos no hay tolerancia con este tipo de expresiones, todavía falta que ese comportamiento llegue a las ligas mayores. “Pero creo que es una oportunidad ante este yerro”, dijo Garro en cuanto a este pedido de disculpas que exigió, ya que entendió también que sería bueno que la sociedad viera que el fútbol “también pide perdón”.

Por otra parte, el subsecretario de Deportes confirmó que Milei estará en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, prevista para el 26 de julio, pese a que tiene el avión oficial en revisión técnica y por lo tanto todavía no está claro en qué va a viajar hasta allí.

Fuente: La Nación

A través de los decretos N°2586 y N°2943 el gobierno provincial resolvió reconocer a 40 centros rurales de población como territorios de 30 nuevas comunas que se encuentran unificadas de dos o más centros rurales que comparten distrito.

La ministra Romero estuvo presente en tres de los cinco actos que se desarrollaron este lunes en el marco de la asunción de las nuevas autoridades de comunas y tomó juramento a los presidentes comunales comisionados de Antonio Tomás, Edgardo Minchiotti; de Santa Rosa, Diego Jacob; y de San Rafael, Roxana Toloy. También, asumieron sus funciones los presidentes de Don Cristobal I, Carlos Ostorero; y de Puerto Algarrobo, Félix Agustín Gonzalez.

Participaron de los actos el senador por Paraná, Juan Carlos Kloss; los diputados Gustavo Zavallo y Julián Maneiro; el secretario de Asuntos Municipales, Daniel Kramer; el subdirector de Juntas de Gobierno, Nicolás Wendler; intendentes de otras localidades y funcionarios provinciales y nacionales.

“En la gestión anterior del gobernador Gustavo Bordet pasaron 53 juntas de gobierno a comunas. Durante este año se dictaron decretos ratificados por Ley que crean estas nuevas 30 comunas que hoy empezaron a funcionar en Entre Ríos”, explicó Romero.

En este marco, sostuvo: “El pase de juntas de gobierno a comunas les da a los pueblos entrerrianos más autonomía y mayores ingresos, lo que traerá beneficios a la comunidad ya que pueden contratar obras, dictar ordenanzas y ejecutar presupuestos”.

“Hemos visto que las 53 juntas de gobierno que pasaron a ser comunas en la gestión anterior, hoy florecen en obras y beneficios para sus habitantes. Lo mismo ocurrió con aquellas juntas que pasaron directamente a ser municipios. El crecimiento es importantísimo y los beneficios para sus pobladores se notan enseguida”, subrayó.

Asimismo, valoró el acompañamiento que se lleva adelante desde el gobierno provincial, a través del Tribunal de Cuentas y los ministerios de Economía y Gobierno y Justicia; y mencionó: “Tenemos una disposición de acompañar este proceso que se estrena con más dinero pero con más responsabilidad y entre todos vamos capacitando a estas nuevas instituciones”.

Las nuevas comunas

El presidente comunal de Antonio Tomás, Edgardo Minchiotti, dio las gracias a todo su equipo y destacó: “Hoy es un día histórico para todos que nos llevará a realizar un cambio muy grande. A partir de hoy vamos a empezar un camino nuevo así como lo vienen haciendo otras localidades entrerrianas. Será con mucho trabajo pero vamos a salir adelante con todo este equipo”.

Por su parte, el presidente de Comuna Aldea Santa Rosa, Diego Jacob, subrayó la importancia que representa el pase de junta de gobierno a comuna para las localidades entrerrianas; y sostuvo: “Es un gran avance para una comunidad como la nuestra y a la vez es algo que esperábamos mucho. Esto nos permite disponer de más fondos para prestarles servicios a los vecinos”.

La presidenta de la comuna Aldea San Rafael, Roxana Toloy, agradeció al gobernador Gustavo Bordet y a todo su equipo “por esta decisión que va a significar un cambio inmenso para nuestro pueblo. Estamos felices de que los centros rurales puedan desarrollarse como cualquier ciudad de la provincia”

Esta semana se continuarán desarrollando los actos de asunción de los presidentes comunales de Estación Raíces, Juan Carlos Guardini; de Lucas Norte, Carlos José Strumia; de Betbeder, Ángela Isabel Ghirardi; de Sir Leonard, Roberto Podesta; de Yuquerí, Daniel José Viollaz; de Yeruá, Héctor Santos Ruiz Díaz; de Clodomiro Ledesma, Fernando Oscar Astudilla; de Colonia Hocker, José Luis Favre; de Faustino M. Parera Pastor Britos; Isidro José Bournissen, de General Almada; Diego Gustavo Otero, de Arroyo Clé; Alcides Manuel Duré, de Laguna del Pescado; Luis Oscar Omar, de Colonia Baylina; Claro Baccon, de Chañar; Marcelo Talpone, de La Verbena; Honorio Sosa, de Arroyo del Medio El Gramiyal; María Monzón, de Gualeguaycito; Luis Toller, de San Pedro; Víctor Croattini, de Colonia Tunas; Alberto Dalzotto, de Aldea Salto; Daniel Ruhl, de Pueblo General Alvear; Julio Toledo, de Estación Camps; Luis Rivero, de Aldea Eigenfeld; de Merou, Katya Schimpf; y de Arroyo Corralito, Gustavo Martínez.

(Prensa Ministerio de Gobierno)

El subsecretario de Políticas Alimentarias, Lautaro Valdiviezo; el nuevo director de Comedores, Matías Pérez, y el consultor para el Ministerio de Desarrollo Social en materia alimentaria, Sebastián Gastelu, participaron del encuentro con los coordinadores de Concordia, Paraná Campaña, Diamante, La Paz, Federación, Tala, San Salvador, Islas del Ibicuy, Uruguay, Victoria, Feliciano, Villaguay, Nogoyá, Gualeguaychú y Gualeguay.

“Seguimos profundizando el trabajo en materia de políticas alimentarias, como nos marcó nuestro gobernador Gustavo Bordet, por eso reafirmamos el desarrollo que llevamos adelante en comedores escolares, comunitarios y de espacios de cuidado tanto de primera infancia como de personas mayores, de manera territorial a través de los coordinadores y coordinadoras. Además avanzamos en la sistematización de datos para fortalecer la toma de decisiones y el derecho a la alimentación”, planteó la ministra.

Asimismo, Paira remarcó la necesidad de consolidar la articulación con los municipios. “Debemos estar a la altura de lo que nos toca gestionar para achicar las brechas de desigualdad", afirmó.

Por su parte, Valdiviezo explicó: “En el encuentro trabajamos sobre la situación actual en materia de políticas alimentarias y en particular de los comedores en cada departamento de la provincia. Además, participaron equipos de trabajo para abordar temas de la dinámica de comedores escolares, comunitarios y de espacios de primera infancia. En este marco establecimos prioridades y objetivos para lo que queda del año con todos los representantes para articular también en pos de las particularidades de cada departamento”.

En ese sentido, Pérez puntualizó: “Estamos buscando las maneras de resolver las inquietudes de cada lugar con el equipo técnico de la Dirección de Comedores, interactuar y encontrarnos para compartir experiencias”.

En el encuentro se desarrolló una primera instancia, donde se realizaron intervenciones por parte de las áreas y se presentaron herramientas a implementar. Y en una segunda parte se llevó a cabo un espacio de trabajo e intercambio en equipos.

La coordinadora general de Políticas Alimentarias, Priscila Spinetti; la coordinadora de Políticas Alimentarias, Elizabeth González; el coordinador de Comedores Comunitarios, Cristian Carpena, y el subdirector de Comedores, Mario Mosche, también acompañaron la jornada junto a los equipos técnicos.

Hay una gran diferencia en las cifras que difundieron el Gobierno y el gremio en relación al acatamiento al paro docente que Agmer y los otros tres sindicatos docentes implementan este viernes.

Mientras que el secretario Gremial de Agmer, Pedro Zampedri, destacó en declaraciones a esta Agencia la “contundencia del paro” y aseveró que ronda el 95%, desde el CGE salieron a decir que más de la mitad de las y los docentes acudió a sus lugares de trabajo.

De acuerdo al relevamiento realizado por el Consejo de Educación a través de las 17 direcciones departamentales de escuelas, el 60% de los docentes entrerrianos asistieron a clases durante la jornada de paro decretada por la dirigencia gremial para este viernes 9 de septiembre.

El detalle por departamento en las escuelas dependientes del CGE fue del 55 por ciento en Colón; 74 por ciento en Concordia; 85 por ciento en Diamante; 55  por ciento en Federación; 42 por ciento en Federal; 59 por ciento en Feliciano; 55 por ciento en Gualeguay; 45 por ciento en Gualeguaychú; 72 por ciento en Islas del Ibicuy; 61 por ciento en La Paz; 54 por ciento en Nogoyá; 42 por ciento en Paraná; 63 por ciento en San Salvador; 73 por ciento en Tala; 56 por ciento en Uruguay; 55 por ciento en Victoria y 75 por ciento en Villaguay.

Cabe destacar que la normativa vigente del organismo establece liquidar únicamente los días trabajados, excepto cualquier inasistencia dentro del régimen de licencias.

La Red fue presentada en el Encuentro Provincial con las Áreas y Referentes Municipales de Discapacidad. Está integrada por 42 Bancos que contienen instrumentos de apoyo, bastones, muletas y sillas de ruedas, destinados a personas con discapacidad.

La vicegobernadora Laura Stratta; el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la directora del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Inés Artusi, compartieron la apertura del encuentro de trabajo junto a un centenar de funcionarios y funcionarias del gobierno provincial y referentes en Discapacidad de 50 localidades entrerrianas.

Al abrir el encuentro, la vicegobernadora Laura Stratta destacó la importancia de "entender la discapacidad en el marco de las estrategias de desarrollo social y humano, pensándolas en clave de derechos, interministerialmente e intersectorialmente".

"Porque no solamente necesitamos de aliados al gobierno nacional, provincial y los gobiernos locales sino a las organizaciones, a las instituciones de la sociedad civil. Es muy importante que lo entendamos para poder tejer redes que nos permitan construir respuestas integrales a las demandas que nos plantea nuestra sociedad", apuntó en ese sentido.

"Yo soy una convencida de que la política repara y transforma si primero escucha y si está atenta a lo que sucede a nuestro alrededor, y en función a eso se diseñan las políticas, las estrategias y las acciones", señaló Stratta, y puso de relieve "la vocación y la decisión política del gobernador Gustavo Bordet, del presidente Alberto Fernández y de muchos intendentes, intendentas y presidentes de Comunas de poner a la discapacidad en la agenda pública".

"El centro de las políticas públicas tienen que ser las personas porque construir una sociedad más justa y más equitativa tiene que ver con eso", afirmó la también presidenta del Senado entrerriano, y destacó la tarea de quienes "llevan las políticas públicas al territorio, trabajan en articulación, escuchan qué es lo que pasa, pero sobre todo contribuyen a construir una sociedad mejor cada día".

Por su parte Paira explicó: "En este encuentro están todas las áreas de nuestro Ministerio porque entendemos a la política en discapacidad como un trabajo transversal, intersectorial e interministerial que nos permite abordar de manera integral el acceso a los derechos, como han marcado el gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora en la agenda provincial".

Además, al referirse a la Red Provincial de Bancos de Ayudas Técnicas, la ministra resaltó: "Desde el comienzo de la gestión estamos articulando acciones territoriales de la mano de los gobiernos locales y así priorizamos las políticas en clave local. Estos dispositivos, que se generan también con la Andis, se rigen por el principio de inmediatez ante una necesidad de cuidado de los ciudadanos y ciudadanas, evitando en muchas ocasiones internaciones. Esperamos que esto también sea un impulso en la creación de áreas específicas en los municipios que aún no lo tienen, que es parte del trabajo que estamos llevando adelante en las comunidades".

La directora del Iprodi, Inés Artusi, remarcó que son 42 los Bancos de Ayudas Técnicas en funcionamiento en la provincia, lo cual demandó en los últimos años una inversión conjunta de más de 26 millones de pesos. Este año, además, desde el gobierno provincial se otorgaron más de 11 millones de pesos en subsidios destinados a instituciones y personas con discapacidad, con el objetivo de reforzar acciones en materia de accesibilidad e inclusión. "Tenemos 42 Bancos de Ayudas Técnicas en la provincia, lo cual nos permite seguir el impacto que los elementos tienen en la vida de las y los entrerrianos y su integración. El lanzamiento de la Red Provincial es una noticia muy importante, porque habla de las políticas concretas que tiene el gobierno provincial, de manera conjunta con Nación y municipios, para lograr una Entre Ríos con convivencia plena", subrayó.

A su turno Galarraga, de manera virtual, compartió: "Entre Ríos, hace varios años y con nuestro acompañamiento, se ha destacado por visibilizar la discapacidad y darle el respaldo que la temática demanda e involucrar a los gobiernos locales. Es una provincia muy rica, diversa y con mucha presencia de las comunas, que es la expresión más cercana a la gente".

"Fortalecer esta Red de trabajo tiene que ver con seguir dando las respuestas a las demandas, que tenemos que construir de manera colectiva, coordinada entre Nación, provincia y municipios. Trabajamos todos los días por la restitución de derechos de las personas con discapacidad, mejorando, consolidando y fortaleciendo las políticas públicas", agregó el funcionario nacional.

Cabe destacar que la puesta en marcha de la Red Provincial de Bancos de Ayudas Técnicas, que es posible gracias al trabajo que se viene desarrollando en los últimos años, permitirá optimizar los tiempos de respuesta para las personas con discapacidad que requieran asistencia, como así también sistematizar la información desarrollando un programa sencillo de relevamiento de las Ayudas Técnicas con las que cuenta cada Banco.

Del mismo modo, se contará con información sobre la disponibilidad de los elementos, su estado, vencimiento o renovación de comodato, necesidades actuales de adquisición y posibilidades de reparación, entre otros datos de importancia. Asimismo, permitirá realizar un seguimiento del usuario de las Ayudas Técnicas, evaluando su contexto social y el impacto en su calidad de vida, como así también fortalecer la Red sumando organismos públicos y privados.

· Los Bancos de Ayudas Técnicas

Los elementos comprendidos en los Bancos de Ayudas Técnicas tienen como objetivo facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mejorar la autonomía personal y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Dichos elementos son adquiridos a través de fondos provinciales, municipales y del Programa Fondo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, conocido como Ley de Cheques, que favorece el acceso a los productos de apoyo utilizados por o para las personas con discapacidad.

El programa nacional es coordinado por la Agencia Nacional de Discapacidad, en tanto que en Entre Ríos es el Iprodi el encargado de difundir, asesorar, acompañar y avalar los proyectos que surgen.

· Detalles del Encuentro Provincial

A partir de un nutrido cronograma de actividades, en el Encuentro Provincial con las Áreas y Referentes Municipales de Discapacidad se debatieron estrategias para el fortalecimiento de gestión en políticas de discapacidad, como así también herramientas para las instituciones de y para personas con discapacidad.

En el encuentro, impulsado por el Iprodi, participaron funcionarios y funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Sebastián Pérez; el secretario de Extensión, Alexis Bilbao; la directora de Educación Especial del Consejo General de Educación (CGE), Belén García Paz, y representantes de las localidades de Conscripto Bernardi, Los Conquistadores, San Cipriano, Santa Anita, Caseros, Concepción del Uruguay, San Justo, Basavilbaso, Pueblo Liebig, Colón, San José, Sauce Montrull, Hernandarias, Las Garzas, María Grande, Crespo, Hasenkamp, San Benito, Villa Paranacito, Galarza, Gualeguay, Alcaraz, Bovril, La Paz, San Gustavo, Santa Elena, Chajarí, Santa Ana, Feliciano, Rosario del Tala, Mansilla, Puerto Yeruá, Concordia, Los Charrúas, Villa Clara, Villa Domínguez, Villaguay, Ingeniero Sajaroff, Aldea Protestante, Valle María, San Salvador, Larroque, Pueblo Belgrano, Gualeguaychú, Gilbert, Urdinarrain y Aranguren. 

El Gobierno define estrategias de comercio exterior para este verano. En los días que quedan de esta semana, la Secretaría de Energía, cuyo mandatario es Darío Martínez, aumentará su nivel de exportaciones a Chile para el periodo que abarcará desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2022.

Según informaron desde la Secretaría, el Poder Ejecutivo habilitó a las productoras de gas con compromisos de producción bajo la órbita del Plan Gas.Ar a elevar sus envíos de gas hacia el mercado chilenopor hasta 5 MMm3/día. El precio de venta no podrá ser inferior a los US$ 4,47 por millón de BTU.

Las propuestas que recibió el Gobierno para las exportaciones al país andino fueron once, divididas en seis empresas: Tecpetrol, Pampa Energía, YPF, Total, PAE y Vista, según la Nota N° 0802 firmada por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto. Para el mes de enero se recibieron ofertas para exportar 3,205 MMm3/día de gas. Para febrero 3,7 millones y para la segunda quincena de marzo, 4,230 MMm3/día.

Lo que resta saber ahora es cuáles de todas esas propuestas se aprobarán. El área que dirige Martínez aclaró que las exportaciones incrementales que se hagan efectivas no podrán ser detraídas de aquellos volúmenes comprometidos con Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico. "La duda es si los volúmenes ofertados por las empresas son excedentes a lo que ya está comprometido en el Plan Gas.Ar o no. Habrá que ver qué exportaciones autoriza la autoridad de aplicación", le dijeron fuentes de una de las compañías al sitio Econojournal.

El bloque de Senadores de "Juntos por el Cambio" no aprobó el Pacto Fiscal que firmó la provincia con la Nación. Durante la sesión extraordinaria, los senadores Francisco Morchio (Gualeguay) y Rubén Dal Molín (Federación) fundamentaron la decisión tomada.

De acuerdo al comunicado remitido a El Entre Ríos, "se indicó que apoyar el consenso fiscal, tal como lo firmó el Gobierno entrerriano con la Nación, es aprobar aumentos de impuestos en la provincia de Entre Ríos y, de esa manera, borrar lo que consensuó el Poder Ejecutivo entrerriano, en 2017, durante el Gobierno de Cambiemos, que fue poner un techo impositivo y así ir aplicando reducciones a determinados impuestos".

"Siguen sin escuchar el mensaje"

En su alocución, el presidente del Bloque de la oposición recordó que fue el entonces ministro del Interior y hoy diputado nacional, Rogelio Frigerio, quien propuso alentar la producción y el desarrollo entrerriano y fue el gobernador Gustavo Bordet quien acompañó esa iniciativa.

"Sin embargo, hoy, con este pacto, se rompe ese acuerdo. Este Gobierno Nacional sigue sin escuchar el mensaje que dejaron los entrerrianos en las elecciones de noviembre", enfatizó Morchio.

Reiteró, en ese sentido, que "nuestros vecinos, emprendedores, productores, comerciantes entrerrianos necesitan medidas de alivio y no más presión. El gobierno de Alberto Fernández propone otra cosa y este Gobierno provincial adhiere a eso".

La baja de Ingresos Brutos, derogada

Al analizar el Pacto Fiscal, el senador gualeyo dijo que el Gobierno hoy decide derogar la baja progresiva del impuesto a los ingresos brutos, tal como había firmado en 2017.

"El anterior pacto proponía la baja progresiva e incluso la exención total en algunas actividades para el 2022, sin embargo, hoy se elige volver al nivel impositivo del año 2019, año en el que no había reducciones", detalló.

En cuanto al impuesto a los Sellos, Morchio, indicó que aumentará en transferencias de automotores e inmuebles y se comenzará a cobrar para cualquier acto o contrato.

Sobre el Impuesto a la Herencia

En cuanto al impuesto a la herencia, el senador por el departamento Gualeguay, consideró que ese impuesto es totalmente injusto y el gobierno provincial lo sabe. "Confío en que este gobierno entrerriano no lo va a aplicar".

"El sistema tributario nacional y provincial amerita una discusión seria, con una mirada a largo plazo, teniendo como eje la producción y el empleo genuino, como verdaderos motores del desarrollo y, Entre Ríos tiene todo para que así sea. Este pacto, el que impulsa el presidente de la Nación, Alberto Fernández, vuelve a pegarle de lleno a la clase media, a aquellos que trabajan en sus emprendimientos privados y así generan trabajo genuino para los demás. Por eso y cada vez que se vote un aumento de impuestos para la gente que trabaja y da trabajo, mi voto y el voto de mi bloque será negativo", justificó Morchio.

El Pacto Fiscal

Desde la mirada económica y política, el senador por el departamento Federación cuestionó el Pacto Fiscal y se preguntó si la aprobación de este consenso implica echar por tierra lo que se había acordado en 2017, entre ellos la devolución del 15 por ciento de la coparticipación a la provincia y la ayuda al déficit de las cajas de jubilaciones que no fueron transferidas a la Nación. "Estas medidas ¿desaparecen?", se preguntó Dal Molín, al tiempo que recordó que sobre esas dos medidas el oficialismo celebró ese pacto.

"En aquel entonces el propio gobernador Gustavo Bordet, al suscribir ese pacto, habló de los beneficios de la provincia y también lo considerábamos nosotros. Por aquellos años, Bordet, remarcaba que ese pacto firmado iba a eliminar las situaciones tributarias distorsivas e iba a promover el crecimiento de las inversiones y de la economía real en su conjunto; sin embargo, este pacto plantea todo lo contrario", dijo Dal Molín.

El senador señaló que en 2019, se produjo la suspensión de las rebajas impositivas y se suprimieron algunas cuestiones referidas al control del gasto contenidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal. "Ese acuerdo, hoy queda en el aire, no solo se eliminan cuestiones relacionadas al control del crecimiento del gasto sino también se está autorizando a realizar incrementos y creación de nuevos impuestos", enfatizó.

Indicó que los sectores de las pequeñas y medianas empresas vienen planteando que es "insostenible la presión tributaria" y cuestionan el constante cambio en las reglas de juego, lo que da inestabilidad a inversionistas.

"Se sostiene que no habrá incremento de impuestos, también que en Entre Ríos no se aplicará el impuesto a la herencia; pero ese no es el planteo y otra vez, vuelven a tener una mirada sesgada. Para 2022, por Ley 10.857, que aún no cumplió un año, el sector agropecuario tendría una alícuota en IIBB de 0%, hoy, es 0,75% con autorización a incrementar sin ninguna medida. Para 2022 la electricidad, gas y agua estaban exentos; sin embargo, hoy se aprueba una alícuota de 3,75%", precisó.

En cuanto a los impuestos a los sellos, Dal Molín detalló que para "2022 estaban gravados con el 0,25%, y hoy, se estará aprobando un 1%. Las operaciones bancarias por adelanto en cuenta corriente en 2022 debían estar gravadas con 0,25%; con este pacto será cuatro veces más: 1%, lo mismo para depósitos en cuenta corriente que devenguen intereses u otras retribuciones".

Fuente: El Entre Ríos - Bloque Senadores JxC.

El gobierno provincial convocó a sus referentes a una audiencia para mañana jueves 30 de diciembre.

La misma se realizará a las 19.00hs y se da en virtud de la solicitud remitida por las entidades rurales integrantes de la Mesa de Enlace.

El encuentro se llevará a cabo en el despacho del ministro de Economía, Hugo Ballay, ubicado en la Casa de Gobierno, quien cursó la invitación mediante nota.