El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora mensualmente la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó en mayo a 1,99 puntos, el nivel más bajo registrado desde que Javier Milei asumió la presidencia. El dato representa un descenso del 1,6% respecto de abril y marca el quinto retroceso consecutivo en lo que va del año. Si se agrega la baja de diciembre de 2025, el indicador acumula seis meses seguidos a la baja y una caída interanual del 18,6%.

El informe precisa que desde fines de 2025 el ICG acumuló una contracción del 19,2%, con descensos en enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%).

De los cinco componentes del índice, tres mostraron variaciones negativas en mayo. El componente de Capacidad —que mide la percepción sobre la habilidad del Gobierno para gestionar— descendió a 2,36 puntos, una caída del 5,6% y su nuevo mínimo en toda la gestión. La Preocupación por el interés general bajó a 1,57 puntos (-2,5%) y Honestidad cayó a 2,46 puntos (-1,6%), los registros más bajos de ambos en lo que va de 2026.

En contrapartida, la Evaluación general del gobierno subió a 1,69 puntos (+3%) y Eficiencia trepó a 1,88 (+0,5%).

El promedio del ICG durante la gestión Milei cayó a 2,41 puntos, su mínimo histórico. Como referencia, el promedio de Macri en el mismo tramo de su gobierno fue de 2,51 puntos, y el de Fernández fue de 1,95.

La brecha entre hombres y mujeres se amplió en mayo a 0,68 puntos. Mientras el ICG subió un 6% entre los varones, cayó un 13% entre las mujeres. Por franjas etarias, el retroceso más pronunciado se registró entre los 30 y 49 años (-11,3%), mientras que entre los mayores de 50 el indicador subió un 5,4%.

El interior del país sigue siendo la región donde el Gobierno genera mayor confianza, con un ICG de 2,17 puntos, aunque también registró una caída del 2,3%. En la Ciudad de Buenos Aires el indicador subió levemente a 1,91 puntos (+2,1%), mientras que en el Gran Buenos Aires cayó a 1,65 puntos (-1,2%).

El informe muestra que las expectativas sobre la economía siguen siendo determinantes: quienes creen que la situación mejorará registran un ICG de 4,17 puntos, muy por encima del 2,17 que obtiene el Gobierno entre quienes esperan un empeoramiento.

El Gobierno nacional autorizó un auxilio financiero de $580.000 millones para el PAMI, en un momento en que la obra social de jubilados y pensionados atraviesa lo que la propia normativa describe como una situación "crítica". La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial, con las firmas de Federico Furiase y Carlos Guberman.

Según se indicó en los fundamentos de la norma, el aporte busca garantizar "la continuidad de las prestaciones y servicios" que brinda el organismo a sus afiliados, en un contexto atravesado por reclamos vinculados a cortes de servicios y dificultades en la entrega de medicamentos.

El Ministerio de Economía no transferirá fondos del Tesoro sino que tomará deuda: la asistencia se canalizará mediante la ampliación de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), con vencimientos escalonados a lo largo del segundo semestre del año.

El primer tramo, equivalente al 33% del total, corresponde a letras que vencen el 31 de julio de 2026, por un valor nominal de $173.672 millones. Un segundo tramo del 33% vence el 31 de agosto, por $164.037 millones. El 34% restante se emitirá con vencimiento el 30 de septiembre, por $187.363 millones.

La resolución aclara que los instrumentos serán entregados a valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026 y que deberán ser reembolsados dentro del mismo ejercicio financiero, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto General 2026.

La asistencia llega semanas después de que el titular del PAMI reconociera un "estrés financiero" en el organismo, aunque sin calificarlo como una crisis profunda. En los últimos meses se multiplicaron las denuncias de afiliados que no pudieron acceder a medicamentos o sufrieron interrupciones en distintas prestaciones médicas, lo que generó una presión creciente sobre la conducción del organismo y sobre el Ministerio de Capital Humano.

El presidente Javier Milei anunció este miércoles una serie de reducciones en los impuestos que gravan las exportaciones del sector agropecuario e industrial, en el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Del evento también participaron el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro del Interior Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota pasará del 7,5% al 5,5% a partir de junio de este año. Para la soja, el esquema es diferente: la baja comenzará en enero de 2027 y será gradual, de entre un cuarto y medio punto porcentual por mes, de manera continua hasta 2028.

"A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos", precisó el mandatario.

Además de las medidas para el campo, Milei anunció que entre julio de 2026 y junio de 2027 las retenciones para la industria automotriz, la industria petroquímica y el sector de maquinarias pasarán a cero.

El presidente sostuvo que el objetivo de su gestión es "achicar el Estado para bajar impuestos" y afirmó que "los impuestos son un robo" y que "nadie los paga por gusto". Defendió los resultados económicos de su administración y señaló que las exportaciones crecieron un 33%, marcando un récord histórico.

Respecto al campo, afirmó que "es imperdonable lo que le hicieron durante décadas" y denunció "un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes".

El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a Martín Menem y a Santiago Caputo en medio de la tormenta desatada por la filtración del fin de semana pasado, y negó que exista una guerra interna dentro de La Libertad Avanza.

"Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete", sostuvo Milei en declaraciones al canal de streaming oficialista Neura. Y ofreció incluso las pruebas: "Si quieren, les paso el video que armó Santiago Oría donde explica lo que le hicieron a Martín Menem. Esa controversia está prefabricada para generar un problema", insistió.

En la misma línea, Milei defendió a ambos protagonistas del cruce: "Santiago Caputo es como un hermano para mí, y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal y extraordinaria".

El sábado, un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista —que suele difundir material opositor a la gestión— fue viralizado desde una cuenta atribuida al propio Martín Menem, según las capturas que circularon. Tras la eliminación de esa cuenta, Santiago Caputo se hizo eco y publicó en sus redes: "Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos". El propagandista Daniel Parisini, alias "Gordo Dan", referente de Las Fuerzas del Cielo, también se burló del episodio.

No fue el primer cruce. El mes pasado, la citación a indagatoria de once tuiteros por supuestas amenazas contra Sebastián Pareja, ladero de Karina Milei, ya había encendido la interna.

Milei reconoció que dentro del espacio pueden existir diferencias de criterio, pero las quitó de la categoría de interna. "Lo que yo entiendo es que el periodismo llama 'internas' a discrepancias en la forma en que puede pensar una persona y otra. Si todos pensáramos igual, significa que no está pensando nadie. Es sano que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. El pensamiento crítico contribuye. Lo que importa son los resultados", argumentó.

En otro tramo de la entrevista, Milei volvió a trazar distancias con la gestión de Mauricio Macri. Como ejemplo, señaló la ley de alquileres sancionada durante ese gobierno: "Esa atrocidad. Nosotros quitamos esa ley, la cantidad de alquileres se duplicaron y el precio del alquiler, en términos del resto de los bienes de la economía, cayó 30%". Y aclaró que no se trató de una crítica personal sino de una descripción de hechos. "Cuando dicen 'Este gobierno se parece al gobierno de Macri', no se parece en nada. El gobierno de Macri heredó un déficit fiscal como el que teníamos nosotros y no hizo el ajuste, se lo hizo el mercado. Nosotros el primer día pusimos en caja la cuestión fiscal", añadió.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni presentaría esta semana su declaración jurada completa ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes llevan adelante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. En forma paralela, la Justicia continúa recopilando información patrimonial, bancaria y de criptoactivos del funcionario antes de definir si lo convocan a declarar formalmente, ya sea bajo la figura de indagatoria o de manera informativa.

Hasta el momento, Adorni fue intimado formalmente a entregar la documentación que viene postergando, con advertencia de que su situación procesal podría complicarse si no presenta la información de manera completa y en tiempo.

La causa avanza sobre la base de tres declaraciones que los investigadores consideran centrales. La escribana Adriana Nechevenko firmó la compra del departamento de Caballito del funcionario. El contratista Matías Tabar confesó haber cobrado 245.000 dólares en efectivo y sin factura por refacciones en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá. Y José Rodríguez, propietario de una casa en Exaltación de la Cruz, confirmó que recibió 21.000 dólares en efectivo por alquileres temporales.

Tanto Tabar como Rodríguez confirmaron ante la Justicia que recibieron cifras significativas en dólares y en efectivo. Esos montos no coincidirían con el ingreso declarado por el funcionario desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, lo que generó las sospechas que dieron origen a la investigación.

Según trascendió, en el entorno de la Casa Rosada crece el malestar por las derivaciones de la causa, a pesar del respaldo público que el presidente Milei le brinda al funcionario y de haber ratificado que no le pedirá la renuncia.

El Gobierno avanza en la privatización de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la encargada de proveer agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Este viernes se publicaron en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación para avanzar con la venta del 90% de las acciones que hoy están en manos del Estado Nacional. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien anunció el lanzamiento y lo encuadró en la política oficial: "Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento". 

Lo que está en juego es la venta directa del 90% del paquete accionario a un consorcio de empresas e inversores que incluya como socia a una "operadora estratégica" con antecedentes en la gestión de compañías de saneamiento de escala similar a la de AySA. Inicialmente, el esquema contemplaba vender primero el 51% y luego colocar el 39% restante en el mercado bursátil. Sin embargo, Milei y Caputo optaron por modificar el formato para hacer más atractivo el negocio y obtener más fondos de una sola vez. 

El contrato de concesión fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de prórroga por 10 años más. El 10% restante de las acciones quedará en manos de los trabajadores a través del Programa de Participación Accionaria. 

Entre los interesados en adquirir la mayoría de la empresa figuran Edison Energía —sociedad de la familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan—, Mauricio Filiberti —dueño de Transclor—, el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento. 

Los grupos locales mencionados tienen años de experiencia en la negociación con gremios de servicios, un activo que un inversor extranjero puro no posee y que los obliga a buscar un socio argentino. Más allá de esta particularidad, se considera que el interés local estará marcado por la capacidad de financiamiento en dólares. 

En el Ministerio de Economía estiman que la privatización podría aportar alrededor de US$500 millones, fondos que serían utilizados para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera durante los próximos meses. AySA presta servicios a más de 14 millones de habitantes con una cobertura que supera el 85% en agua potable y el 70% en cloacas. 

Uno de los principales interrogantes pasa por el esquema tarifario que tendrá AySA bajo gestión privada. Las tarifas acumulan un atraso que no pudo recuperarse completamente pese a los ajustes aplicados desde 2025, y la empresa reportó un déficit proyectado de $205.000 millones. 

El proceso de privatización comenzó en julio de 2025, cuando el Gobierno publicó el Decreto 493/2025 para modificar el marco normativo de la compañía. AySA es una de las privatizaciones que, junto al Belgrano Cargas e Intercargo, integra la nueva ola de desinversiones que el Palacio de Hacienda espera completar antes de que termine el año, con un ingreso total estimado en unos US$2.000 millones.

l Gobierno nacional formalizó una reestructuración del Presupuesto 2026 que implica un recorte de $63.021.299.401 en el área de Salud Pública. La medida quedó oficializada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo. 

El ajuste más grande recayó sobre el programa "Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica", que perdió $20.000 millones. Este programa financia la compra y distribución de medicamentos, insumos hospitalarios y equipamiento médico para distintos sectores del sistema de salud. 

El segundo recorte más significativo alcanzó al "Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud", que perdió $25.000 millones. Esto impactará directamente en la asistencia sanitaria que el Estado nacional transfiere a las provincias. 

Entre los recortes con mayor impacto social está la quita de $5.000 millones al programa de "Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer", especialmente en ayudas sociales directas para pacientes oncológicos. 

La readecuación también incluyó recortes de $500 millones para prevención de enfermedades transmisibles, $800 millones en programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, y $900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable. 

El INCUCAI, organismo responsable de coordinar los trasplantes en el país, sufrió una baja de $831,3 millones divididos en gastos corrientes y recursos de capital. El Instituto Malbrán perdió $1.162,2 millones, lo que pone en pausa obras y proyectos de laboratorios de alta complejidad vitales para la vigilancia epidemiológica.

Fuentes de la Casa Rosada consultadas por La Nación buscaron asegurar que la entrega de medicación oncológica está "garantizada" más allá del recorte. El Gobierno también argumentó que parte de la reducción en la partida del cáncer se explica por la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer, cuyas funciones pasaron al Ministerio de Salud. "Este nuevo esquema permite mejorar precios, promover mayor transparencia y optimizar recursos sin afectar la atención", señalaron desde la Casa Rosada. 

El ajuste en Salud forma parte de un recorte más amplio de casi $2,5 billones dispuesto por la Decisión Administrativa 20/2026 para distintas carteras del Estado nacional, equivalente al 1,6% del Presupuesto total, con el objetivo de sostener el superávit fiscal

El presidente Javier Milei respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y descartó de manera tajante cualquier posibilidad de que el funcionario deje el Gobierno. Durante una entrevista en la señal La Nación+, al ser consultado sobre el futuro de Adorni, fue categórico: "Ni en pedo se va". 

El mandatario defendió la integridad de su funcionario y sostuvo: "Estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien". Luego cuestionó las acusaciones y apuntó contra sectores vinculados al kirchnerismo: "Entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención". 

Milei confirmó que Adorni presentará de manera anticipada su declaración jurada y documentación respaldatoria "en cuestión de días", antes del 31 de julio, que es el plazo legal establecido. "Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado", afirmó.

El Presidente también respondió a los dichos de la senadora Patricia Bullrich, quien había pedido públicamente que Adorni presente su declaración jurada de inmediato. Sobre eso, señaló que la decisión ya estaba tomada y que Bullrich simplemente "spoileó" lo que iba a suceder. "Los números están en orden y van a ser presentados", insistió. 

Milei apuntó contra el contratista Matías Tabar, calificándolo de "mentiroso" y "kirchnerista", y minimizó las denuncias sobre las obras en la vivienda de Adorni ironizando: "Hablaban de una cascada y resultó que eran dos cañitos de agua". También acusó directamente a la diputada Marcela Pagano de instalar versiones falsas. 

Al ser consultado si Adorni continuaría en el cargo, Milei fue contundente: "Ni en pedo se va Adorni. Me consta que no está sucio". Agregó que nadie en el Gabinete le planteó una objeción a mantener al funcionario en su puesto, aunque aclaró: "Las decisiones las tomo yo".

El Gobierno nacional aumentó un 38% los montos de la Prestación Alimentar, anteriormente conocida como Tarjeta Alimentar, mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La medida entra en vigencia a partir del presente mes de mayo y tiene como objetivo fortalecer la recomposición del poder de compra de los sectores más vulnerables.

La Prestación Alimentar se mantiene como un complemento no remunerativo dirigido a hogares con niños, adolescentes, personas con discapacidad y embarazadas en situación de vulnerabilidad social. El pago es mensual y se acredita de manera automática en la misma cuenta donde se percibe la asignación. 

De acuerdo con la normativa firmada por la ministra Sandra Pettovello, los importes mensuales se ajustan según la composición del grupo familiar de la siguiente manera: familias con un hijo de hasta 17 años, mujeres embarazadas desde el tercer mes y familias con un hijo con discapacidad sin límite de edad recibirán $72.250; familias con dos hijos que cumplan los criterios de edad o discapacidad, o mujeres embarazadas con un hijo a cargo cobrarán $113.299; y familias con tres o más hijos percibirán $149.425.

En abril, los beneficiarios cobraban $52.250 en promedio, lo que da cuenta de la magnitud del ajuste.

La prestación está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Asignación por Hijo con Discapacidad y la Pensión No Contributiva para Madres de 7 o más hijos.

La resolución también contempla situaciones específicas como embarazadas que perciben la Asignación Universal por Embarazo a partir del tercer mes de gestación y padres de hijos con discapacidad, quienes acceden a los importes de acuerdo con la cantidad de hijos y los criterios de focalización establecidos.

La entrada en vigencia es a partir de mayo de 2026 y alcanzará a todos los beneficiarios que cumplan con los criterios definidos en la nueva normativa. El gasto derivado de la medida será cubierto por las partidas presupuestarias vigentes, según lo establece la Ley N° 27.798 y la Decisión Administrativa N° 1/26.

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quien se encuentra envuelto en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, estuvo alojado en un exclusivo Hotel de Campo con modalidad All Inclusive en la ciudad de Gualeguaychú en dos ocasiones: durante noviembre de 2024 y noviembre de 2025.

Una fuente confirmó que el funcionario visitó la localidad entrerriana exactamente en la misma época durante los últimos dos años, acompañado por su grupo familiar. La elección del complejo cerrado respondió a la intención de pasar desapercibido. Ambos viajes se concretaron durante un fin de semana, con una estadía de viernes a domingo. 

Por el servicio de tres días y dos noches habría abonado una suma cercana a $1.500.000, correspondiente al plan familiar. Se pudo confirmar además que el funcionario habría requerido "reserva total" sobre su estadía en Gualeguaychú. 

El establecimiento elegido es el Bolacuá Hotel Club de Campo, ubicado a 8 kilómetros del centro de Gualeguaychú. El complejo ofrece pileta exterior con toboganes, lagunas para pesca, paseos a caballo, campo de tiro con arco y piscina cubierta con jacuzzi, con las cuatro comidas diarias incluidas y carta de bebidas.

La revelación se suma a una larga lista de gastos personales del funcionario que salieron a la luz en los últimos meses. Entre ellos, el pago de casi 9.000 dólares en efectivo por una estadía en Aruba junto a su familia para recibir el Año Nuevo 2025, y las obras de refacción en su vivienda del country Indio Cuá valuadas en 245.000 dólares, una cifra que supera ampliamente el precio de compra del inmueble.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito es investigada por la fiscalía federal de Gerardo Pollicita, que ya solicitó extractos bancarios, resúmenes de tarjeta de crédito e información sobre billeteras virtuales y cajas de seguridad vinculadas al funcionario y a su esposa.

El presidente Javier Milei partirá este martes hacia Los Ángeles, Estados Unidos, para participar de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken y mantener encuentros con empresarios del sector financiero y tecnológico. El vuelo está previsto para las 13 horas y la comitiva llegará a la ciudad norteamericana cerca de la medianoche del mismo día.

Lo acompañarán la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Se trata del cuarto viaje del mandatario al país del Norte en lo que va de 2026.

Las actividades comenzarán el miércoles. A las 14 (hora argentina) Milei tendrá una reunión con Michael Milken, presidente del Instituto. Posteriormente participará de un encuentro con un grupo reducido de ejecutivos, donde se espera que presente detalles sobre las reformas estructurales impulsadas por su gestión y las oportunidades de inversión que generaron.

A las 18 (hora argentina) será la disertación principal ante la Conferencia Anual del Instituto Milken, uno de los encuentros de mayor relevancia a nivel global en materia económica y de negocios. Según la entidad, el evento "reúne a líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas", con foco en "transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente".

La comitiva emprenderá el regreso ese mismo miércoles por la noche y tiene previsto arribar a Buenos Aires a las 13.30 del jueves.

La diputada nacional Marcela Pagano solicitó ante la Justicia la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al considerar que existen indicios de entorpecimiento de una investigación judicial en el marco de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. El planteo fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo y se apoya en la aplicación de la llamada doctrina Irurzun, un criterio que habilita la prisión preventiva cuando se presume que una persona con poder puede influir sobre el desarrollo de una causa.

Según la denuncia, Adorni habría contactado al testigo Matías Tabar el 4 de mayo de 2026, inmediatamente antes de que este prestara declaración testimonial bajo juramento, ofreciéndole "ayuda" y el contacto de su "equipo", además de haber procurado el borrado de los mensajes de WhatsApp intercambiados con el contratista.

La doctrina Irurzun es un criterio judicial argentino que justifica la prisión preventiva de exfuncionarios o personas con poder si se presume que sus lazos funcionales o sus relaciones de influencia pueden entorpecer la investigación penal. Esta figura fue utilizada contra funcionarios del kirchnerismo, como Julio De Vido y Amado Boudou, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Aunque históricamente esta doctrina se aplicó sobre las llamadas "relaciones residuales" de exfuncionarios, Pagano solicita su aplicación por analogía agravada, dado que Adorni se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones.

La presentación judicial de Pagano se conoció horas después de que trascendiera el testimonio del contratista que realizó refacciones en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá. Según esa declaración, las obras demandaron un gasto de 245.000 dólares, una cifra que supera ampliamente el valor de compra del inmueble, estimado en 120.000 dólares. 

En diálogo con medios nacionales, Pagano explicó que hay dos causales por las que se puede pedir la detención de Adorni: riesgo de fuga —que descartó en este caso— y entorpecimiento en la causa, que es lo que surgió de la declaración del contratista. 

Como alternativa a la detención, Pagano solicitó restricciones estrictas: prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y preservación de comunicaciones. La figura del arquitecto Tabar es considerada central para acreditar las presuntas irregularidades económicas del jefe de Gabinete.

Por el momento, la solicitud deberá ser evaluada por el juez interviniente, quien definirá si existen elementos suficientes para avanzar con una medida de este tipo. Adorni niega haber gastado 245.000 dólares en refaccionar su casa y analiza denunciar al arquitecto.

El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral a través del Decreto 315/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida apunta a reducir la informalidad laboral ofreciendo a los empleadores del sector privado una rebaja en las contribuciones que deben pagar al Estado por cada trabajador que incorporen en relación de dependencia.

El principal beneficio es la reducción de las alícuotas de contribuciones patronales durante los primeros 48 meses —cuatro años— desde el inicio de cada nueva relación laboral. El esquema apunta a aliviar los costos de contratación y estimular la incorporación de personal en blanco.

La norma está orientada a la contratación de trabajadores que no tenían empleo formal previo o que se encontraban desempleados al momento de ser incorporados, incluyendo monotributistas y personas que habían trabajado en el sector público. Las nuevas incorporaciones deben realizarse entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027 para que el empleador pueda acceder a los beneficios previstos.

El decreto también establece que los empleadores que se hayan registrado recientemente en el sistema pueden incluir hasta el 80% de su nómina bajo este régimen, siempre que cumplan con los requisitos fijados por la ley.

Un punto importante es que los trabajadores incorporados podrán seguir teniendo ingresos de otras actividades económicas sin que eso afecte los beneficios que recibe el empleador, lo que amplía el alcance del programa.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de implementar los mecanismos de control y liquidación del régimen. La Secretaría de Trabajo podrá dictar normas complementarias para garantizar su aplicación correcta.

Si un empleador incumple las condiciones establecidas, perderá automáticamente los beneficios y deberá reintegrar las contribuciones no abonadas con los intereses y sanciones que correspondan.

El decreto también prevé la articulación con programas sociales y laborales existentes, mediante el intercambio de información entre organismos, para facilitar la transición de trabajadores hacia el empleo formal sin que pierdan beneficios que ya perciben.

El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral se enmarca en la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial de este lunes.

Este jueves es el último día para inscribirse al programa de vouchers educativos del ciclo lectivo 2026. Se trata de una ayuda económica mensual del Gobierno nacional para familias con hijos que asisten a escuelas públicas de gestión privada con al menos el 75% de aporte estatal, que cubre los niveles inicial, primario y secundario. Es la tercera edición del programa.

Para ser beneficiario se deben cumplir los siguientes requisitos: ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país; tener hijos o menores a cargo de hasta 18 años que asistan a una escuela privada subvencionada con mínimo 75% de aporte estatal; que el estudiante sea alumno regular; y que los ingresos del grupo familiar no superen los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalentes a $2.504.600 según el valor actualizado a febrero de 2026.

También es necesario tener los datos del grupo familiar actualizados en ANSES y contar con una CBU declarada para el cobro.

El trámite es completamente online, gratuito y no requiere gestores ni intermediarios. Debe realizarlo uno de los responsables parentales —madre, padre o tutor— siguiendo estos pasos: ingresar a Mi Argentina con usuario registrado; acceder a la plataforma oficial del programa en voucherseducativos.educacion.gob.ar; completar el formulario con los datos personales, los de los menores y los de la institución educativa; verificar la información, enviar la inscripción y completar una breve encuesta.

Una vez presentada la solicitud, el resultado de la postulación se publica en la misma plataforma.

La evaluación socioeconómica se realiza mensualmente a través de ANSES, y la regularidad del alumno se verifica dos veces al año, con una tercera certificación al cierre del ciclo lectivo. Los vouchers se acreditan mensualmente y, según la experiencia de ediciones anteriores, el beneficio se extiende hasta diciembre.

Es importante tener en cuenta que acumular dos cuotas impagas consecutivas genera una suspensión temporal del beneficio, aunque con posibilidad de cobro retroactivo. Si se acumulan tres cuotas impagas, el beneficio se cancela de manera definitiva.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará este miércoles ante la Cámara de Diputados para rendir su informe de gestión ante los legisladores. La sesión arrancará a las 10.30 y podría extenderse al menos seis horas, con un discurso inicial del funcionario seguido de tres tandas de preguntas de los diputados.

Desde la Casa Rosada informaron que el discurso de Adorni estará centrado en los resultados económicos del Gobierno, la estabilidad macroeconómica y las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.

El Gobierno desplegará una clara señal de respaldo político al jefe de Gabinete. El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asistirán al Congreso y se ubicarán en el palco central del recinto. Además, el presidente y su hermana solicitaron que el Gabinete en pleno esté presente en los balcones del primer piso para el inicio de la sesión. También se prevé la presencia de los senadores del bloque que conduce Patricia Bullrich. Se esperan entre 100 y 200 invitados institucionales. No se confirmó que el presidente permanezca hasta el final de la jornada.

Antes de tomar su lugar en el hemiciclo, Adorni pasará por el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, para la fotografía habitual que se realiza cada vez que un ministro se presenta ante el cuerpo legislativo.

La exposición se produce a 50 días de las primeras revelaciones sobre viajes y patrimonio del funcionario, que derivaron en una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito. Será también su primera aparición institucional de peso tras más de un mes sin conferencias de prensa.

Desde su entorno no confirmaron si Adorni responderá preguntas vinculadas a su situación judicial o si se limitará a cuestiones de gestión. Entre los temas que podrían plantearse durante la jornada figuran las investigaciones por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el caso de la criptomoneda $LIBRA.

Adorni trabajó durante semanas en la elaboración del informe y en las respuestas a cerca de 4.800 preguntas enviadas por los diputados, aunque desde el Gobierno señalaron que muchas están repetidas. El lunes realizó además un ensayo previo en el propio edificio del Congreso.

El Ministerio de Capital Humano de la Nación activó el programa Formando Capital Humano, una iniciativa destinada a personas desocupadas que busca ampliar las oportunidades de inserción laboral a través de cursos y capacitaciones específicas. Las inscripciones están abiertas de manera digital a través del portal oficial.

La medida se formalizó mediante la Resolución 295/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se fijan los lineamientos del plan. El programa se articula además con políticas activas de empleo y formación profesional ya existentes.

El acceso se realiza a través de vouchers personales que habilitan la inscripción en cursos de formación laboral. Los cursos pueden ser gratuitos o con financiamiento parcial, dependiendo de la oferta disponible y los criterios definidos por el programa.

El programa está dirigido a personas mayores de 18 años que no cuenten con empleo formal registrado. También pueden acceder monotributistas sociales y categoría A, trabajadores con ingresos inferiores a tres salarios mínimos, empleados de casas particulares y trabajadores rurales.

La oferta de capacitaciones está vinculada a sectores con demanda laboral activa y se articula con empresas, instituciones educativas y organismos públicos. Los ejes principales son formación técnica y oficios, capacitación en nuevas tecnologías, cursos vinculados a industria y servicios, y desarrollo de habilidades laborales.

La inscripción se realiza de manera digital a través del portal oficial, donde también se puede consultar la oferta de cursos disponibles, su duración y los requisitos de acceso: https://formandocapitalhumano.secretarianaf.gob.ar/

El objetivo declarado es impedir que personas privadas de su libertad utilicen celulares para coordinar actividades delictivas desde el interior de las cárceles. La resolución señala que las organizaciones criminales pueden valerse de estos dispositivos para planificar maniobras ilícitas, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.

Los sistemas a instalar permitirán bloquear los identificadores únicos de cada teléfono —conocidos como IMEI e IMSI— para anular su funcionamiento dentro del perímetro de los penales. La normativa aclara que deberán adoptarse ajustes técnicos para evitar que las interferencias afecten a la población que vive en zonas cercanas a los establecimientos.

La resolución también encarga a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información los procesos de adquisición, instalación y mantenimiento de los equipos necesarios, y aprueba un manual de procedimiento específico para regular el uso de estos sistemas y su supervisión.

La medida se enmarca en la legislación vigente, que garantiza el derecho de los internos a comunicarse con familiares, abogados y allegados, pero prohíbe expresamente el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.

La medida lleva la firma del propio ministro y del presidente Javier Milei, y cuenta con un componente de retroactividad, ya que el cargo rige formalmente desde el pasado 6 de marzo de 2026. Cabe recordar que esa fue la fecha exacta en la que Juan Bautista Mahiques asumió la conducción del Ministerio en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

A pesar de que el cargo no percibirá remuneración económica, la decisión generó un fuerte impacto en el arco político y judicial. Los principales cuestionamientos se centran en el nepotismo y la concentración de influencia dentro de una misma estructura familiar, en un área tan sensible como la administración de justicia.

Diversos sectores de la oposición y especialistas en ética pública advirtieron que, aunque la designación sea legal y no implique un costo directo para el Tesoro, otorga al familiar del ministro acceso a información reservada y un rol clave en la toma de decisiones estratégicas del organismo.

Esteban Mahiques se suma así a la gestión de su hermano, quien desembarcó en el gabinete nacional con la promesa de "transparencia y eficiencia". La familia Mahiques posee una larga trayectoria en el Poder Judicial, lo que añade otra capa de análisis sobre el peso de esta estructura dentro del actual esquema de Gobierno.

Hasta el momento, desde el entorno del ministro han defendido el nombramiento basándose en la confianza técnica y personal necesaria para ocupar un puesto de jefatura de gabinete, minimizando las críticas por el vínculo de consanguinidad.

Según los registros oficiales, el funcionario salió del país el pasado 29 de diciembre con destino inicial a Perú y regresó el 10 de enero desde Ecuador. Los investigadores sostienen que estos puntos funcionaron como escalas en el trayecto hacia la isla del Caribe, dado que no existían vuelos directos en ese momento.

La documentación incorporada a la causa detalla que los pasajes para los cuatro integrantes de la familia (Adorni, su esposa y sus dos hijos) tuvieron un costo de 1.450 dólares por persona. Esto representa un gasto total de 5.800 dólares únicamente en tickets aéreos.

El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien impulsa la investigación ante el juez Ariel Lijo, busca determinar si los ingresos declarados por el funcionario coinciden con el financiamiento de este viaje y de otros traslados internacionales, como uno realizado previamente a Punta del Este en un avión privado.

Además de los vuelos, la Justicia puso la lupa sobre la estadía de 11 días en el hotel Tamarijn Aruba All Inclusive, cuyo costo estimado para el grupo familiar rondaría los 12.000 dólares.

En paralelo a esta pesquisa, los tribunales de Comodoro Py recibieron este miércoles la declaración de dos mujeres que habrían facilitado un préstamo de 200.000 dólares, sin intereses, para que el funcionario adquiriera un departamento en el barrio porteño de Caballito. La investigación intenta establecer el origen de estos fondos y la naturaleza del vínculo comercial entre las partes.

El denominado “AdorniGate” ha perforado el núcleo de confianza de la administración libertaria. Según fuentes parlamentarias y recientes mediciones de opinión pública, el escándalo no solo afecta la imagen personal del funcionario, sino que erosiona la narrativa de transparencia y "manos limpias" que el presidente Javier Milei sostiene como bandera política.

La justicia federal, bajo la órbita de los jueces Ariel Lijo y María Servini, investiga una serie de denuncias que complican la situación patrimonial del jefe de Ministros. Entre los puntos más sensibles se encuentran:

Si bien desde la cúpula del Ejecutivo, encabezada por Karina Milei, se ha montado un operativo de blindaje, los bloques aliados en el Congreso han comenzado a mostrar fisuras. Aunque recientemente ayudaron a evitar una citación inmediata para interpelarlo, figuras de peso dentro del espacio —como el ex titular del bloque de LLA, Oscar Zago— ya han manifestado públicamente que el funcionario debería dar un paso al costado "por el bien del Gobierno".

"El costo político de sostener a Adorni está empezando a pasar una factura que la sociedad no parece dispuesta a ignorar", advierten analistas tras conocerse que 7 de cada 10 argentinos verían con buenos ojos su renuncia, según el último informe de la consultora Zuban Córdoba.

Pese a las maniobras para "ganar tiempo", se confirmó que Adorni deberá presentarse en la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril para brindar su informe de gestión. Se espera que la sesión sea de alta tensión, ya que la oposición prepara un cuestionario centrado casi exclusivamente en las causas judiciales que lo involucran y en las contradicciones sobre su nivel de vida frente al discurso de austeridad oficial