En un fuerte discurso contra la "alta política" en general y el kirchnerismo en particular, Javier Milei presentó este jueves su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central por cadena nacional, donde estuvo acompañado por parte de su Gabinete y el equipo económico.

El Presidente afirmó: "Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años y poner fin a la estafa de financiar dinero para la alta política".

"La reforma de la Carta Orgánica viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación, también conocida como impuesto inflacionario. Este impuesto permite, a su vez, aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso", explicó el jefe de Estado.

Luego, para acentuar sus críticas a la política tradicional, el líder libertario puso el foco en un número que, según señaló, es la inflación acumulada desde la creación de la entidad financiera: "Para dimensionar lo que la alta política le ha robado a los argentinos de bien, basta señalar que la inflación acumulada desde la creación del Banco Central en 1935 asciende a 12.819.532.788.614.400.000% (una cifra de 20 dígitos). Es más, desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad —cuando la progresía nos decía que esta vez iba a ser diferente porque la política monetaria estaría guiada por criterios de racionalidad científica—, la tasa de inflación acumulada en lo que va del siglo XXI asciende a 168.580 por ciento".

"El BCRA posibilitó el robo de la alta política", sentenció Milei, y se refirió a la convertibilidad que aplicó Domingo Cavallo en los años 90: "En dicho momento, cada peso emitido por el Banco Central estaba respaldado por un dólar. En este contexto, salir de dicha ley implicó que los 15.000 millones de dólares de aquel entonces, que eran de los argentinos, pasaran a manos de los políticos. Dicha cifra expresada a valores de hoy asciende a 30.000 millones de dólares, aun dejando de lado el interés real en dólares que se podría haber ganado por esas reservas".

Luego, puso el foco puntualmente en Cristina Kirchner y Mercedes Marcó del Pont, ex titular del organismo: "En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la ex presidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, en complicidad con Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados a moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares".

En un contexto de debate parlamentario en el que el Gobierno requiere de votos para aprobar una serie de leyes, entre las cuales figura la reforma de la carta orgánica del Banco Central, el Ministerio de Economía reactivó en julio los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con destino a cinco provincias.

Según difundió la consultora Politikon Chaco, luego de dos meses en los que el Gobierno Nacional había cerrado esa canilla, en las dos primeras semanas de julio volvió a apelar a los ATN, el más discrecional de todos los envíos de fondos a gobernadores.

"Fueron cinco las provincias receptoras de estos ATN, por un monto de $5.000 millones en cada caso. Hasta el momento, las provincias beneficiadas son: Catamarca (tercera vez que recibe en el año); Córdoba (primera vez en el año y en toda la era Milei); Entre Ríos (tercero en el año); Misiones (cuarto en el año); y Santa Fe (segundo en 2026). Además, se destaca que la provincia de Jujuy tiene ATN devengados pero aun no pagados a la fecha, también por el monto de $5.000 millones", señala la consultora.

El Gobierno tiene varias leyes de su interés para que el Congreso apruebe. La más reciente es el caso del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que incluye una fuerte flexibilización de los límites a la venta de tierras para extranjeros), para el cual no pudo conseguir los votos y tuvo que suspender hasta agosto.

También tiene en espera la reforma de la ley de Inocencia Fiscal para dar un marco legal más seguro a los que quieran sacar dólares del colchón, una iniciativa que está demorada y, por eso, este lunes ARCA tuvo que postergar por un mes la presentación de la declaración jurada de las personas, según indica una resolución general publicada en el Boletín Oficial.

El reporte destaca que en las dos primeras semanas de julio la cantidad de dinero que están recibiendo los gobernadores en concepto de envíos automáticos es de $3 billones, casi sin modificaciones respecto de igual período de 2025.

En cambio, las no automáticos ya suman $32.693 millones, y el 76% de las mismas corresponden a los ATN.

La baja de la actividad económica también afecta a la recaudación propia de las provincias. Por caso, el Impuesto a los Ingresos Brutos, que es la principal fuente de ingresos de los estados subnacionales, cayó 3,4% entre enero y mayo de este año, con relación al acumulado de 2025, según señala un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

En cambio, el Impuesto Inmobiliario registra en el mismo período un incremento del 9% real, mientras que las patentes de los autos bajó 1,9%.

El Gobierno impulsa un proyecto encabezado por el ministro Federico Sturzenegger que busca desregular varios sectores de la economía, entre éstos el mercado del gas envasado. El anteproyecto impulsa la eliminación de los subsidios directos a la "garrafa social".

La iniciativa propone derogar la Ley N° 26.020, quitándole al Estado la potestad de fijar precios de referencia, cupos y su declaración como servicio público. La propuesta oficial para el GLP (Gas Licuado de Petróleo) forma parte de un paquete de reformas más amplio que busca liberalizar la economía.

El anteproyecto crea un nuevo régimen para el GLP que limita la intervención estatal a cuestiones de seguridad. La autoridad de aplicación conservará facultades de control técnico, pero se prohíbe expresamente regular precios, cantidades, volúmenes comercializados, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales.

La reforma culmina con la derogación completa de la Ley 26.020, principal marco regulatorio del sector, y del artículo 74 de la Ley 24.076.

Se elimina el marco regulatorio que actualmente permite al Estado intervenir para asegurar un precio máximo accesible a los sectores vulnerables que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

Sin precios de referencia oficiales, el costo de la garrafa quedará librado a la oferta y la demanda del mercado, lo que permite a las empresas fraccionadoras y distribuidoras fijar los valores libremente.

Esta medida agrava el escenario económico para las familias de menores recursos, quienes ya venían experimentando fuertes incrementos en el precio de compra de las garrafas.

Este proyecto se suma a las iniciativas del Gobierno para restringir los descuentos en las facturas de gas por "Zona Fría" a nivel nacional, limitando el beneficio solo a regiones extremadamente frías (como la Patagonia y la Puna) y a hogares en extrema vulnerabilidad, lo que ha generado preocupación por el impacto en los bolsillos de los usuarios.

Un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, propone modificar o derogar decenas de leyes y centenares de artículos para liberalizar actividades económicas, reducir requisitos regulatorios y avanzar en la digitalización de procedimientos. La iniciativa abarca desde la venta de medicamentos y el transporte marítimo hasta los fideicomisos, los mercados de capitales y los arrendamientos rurales.

El texto del proyecto contiene más de un centenar de artículos distribuidos en ocho títulos y propone una de las reformas regulatorias más amplias desde el inicio de la gestión de Javier Milei. A diferencia del DNU 70/23, esta vez se trata de un proyecto de ley que modifica en forma simultánea actividades profesionales, sectores productivos, comercio, transporte, servicios financieros y organismos de promoción sectorial.

Uno de los primeros capítulos elimina buena parte de las restricciones para ejercer como corredor. El proyecto establece que para ejercer el corretaje sólo será necesario ser mayor de edad y contar con título secundario, y habilita expresamente que puedan actuar tanto personas humanas como jurídicas. También permite que la actividad se realice mediante plataformas digitales y autoriza a los corredores a organizarse bajo cualquier forma societaria. Se prohíbe que futuras regulaciones establezcan requisitos de residencia, incompatibilidades con otras profesiones, aranceles mínimos o máximos, y honorarios obligatorios. Además, se derogan los artículos 31 a 35 de la Ley 20.266 y el artículo 1355 del Código Civil y Comercial.

El anteproyecto crea un nuevo régimen para el Gas Licuado de Petróleo que limita la intervención estatal a cuestiones de seguridad. La autoridad de aplicación conservará facultades de control técnico, pero se prohíbe expresamente regular precios, cantidades, volúmenes comercializados, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales. La reforma culmina con la derogación completa de la Ley 26.020, principal marco regulatorio del sector, y del artículo 74 de la Ley 24.076.

Uno de los capítulos más sensibles modifica profundamente la Ley 17.565, de Farmacias. Entre las principales novedades figuran la venta de medicamentos con receta por canales digitales, la entrega a domicilio, la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias, la libertad para fijar horarios de atención y la digitalización de recetas y registros. También se habilita que las farmacias adopten cualquier forma societaria, y las droguerías podrán vender directamente al público si deciden constituirse como farmacias. Se derogan los artículos 11, 13, 20, 27 y del 40 al 44 de la ley vigente.

El capítulo dedicado a la marina mercante implica una de las reformas más profundas del sector en décadas. Se habilita que buques extranjeros realicen libremente transporte de cabotaje dentro del territorio argentino. Las exigencias de tripulación nacional serán graduales: sin obligación hasta 90 días, 20% entre 91 y 180 días, 40% entre 181 y 360 días, y 75% a partir de los 360 días. También se deroga el histórico Decreto Ley 19.492 de 1944, eje de la reserva de carga nacional, se reduce a cero el arancel de importación para buques de hasta 20 años de antigüedad y se flexibilizan los requisitos de matrícula.

El anteproyecto introduce cambios en distintas cadenas agroindustriales. Las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina serían eliminadas a partir del 1 de octubre de 2027, y el organismo pasaría a sostenerse con aportes voluntarios, donaciones y servicios.

En materia de arrendamientos rurales, el Gobierno propone derogar integralmente las leyes 13.246 y 14.432, que regulan desde hace décadas los contratos de arrendamiento y aparcerías rurales. Los contratos actualmente vigentes seguirán rigiéndose por esas normas hasta su vencimiento.

En el sector vitivinícola, se incorporan prácticas reconocidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino y se simplifican los controles. Uno de los puntos de mayor impacto político es la derogación de la Ley 25.849, que dio origen al Plan Estratégico Vitivinícola y a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), que deberá liquidarse y transferir sus fondos remanentes al Instituto Nacional de Vitivinicultura.

La iniciativa también modifica la Ley de Fomento del Libro y la Lectura y deroga numerosos artículos de la Ley 25.446. Entre las derogaciones más significativas figuran la Ley 23.316, vinculada a la industria del doblaje, y la Ley 25.542, conocida como ley de precio uniforme del libro, cuya eliminación habilitaría mayor libertad comercial en la venta de publicaciones.

En cuanto a los traductores públicos, se deroga el artículo 6 de la Ley 20.305 y se establece que el Poder Ejecutivo sólo podrá exigir traducciones al castellano en casos excepcionales.

La parte más extensa del proyecto está dedicada al sistema financiero y al mercado de capitales. Las reformas incluyen el reconocimiento de contratos inteligentes, el uso de blockchain y registros distribuidos, prendas sobre activos virtuales y sobre propiedad intelectual, y la creación del Sistema Federal de Registro de Garantías. También se habilita la emisión digital de warrants, pagarés y letras, se flexibilizan las reglas de constitución de fideicomisos y se redefine gran parte de la Ley 26.831 del mercado de capitales, incorporando principios de neutralidad tecnológica e inclusión financiera.

El objetivo declarado del anteproyecto es eliminar restricciones consideradas innecesarias, promover la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y reducir la intervención estatal en distintos mercados. De prosperar en el Congreso, implicaría una de las mayores reestructuraciones regulatorias de los últimos años.

Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la administración de Javier Milei dispuso una ampliación del Presupuesto 2026 por más de 4 billones de pesos, que incluyó un incremento de las partidas destinadas a las universidades nacionales para avanzar en el cumplimiento de la cautelar judicial que obliga al Estado a aplicar parcialmente la Ley de Financiamiento Educativo.

La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial y contempló una reasignación de recursos para distintos organismos nacionales. En el caso del programa Desarrollo de la Educación Superior, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se destinaron 1,33 billones de pesos, de los cuales el 98% será transferido a las universidades nacionales y el resto se utilizará para financiar becas estudiantiles.

El refuerzo presupuestario será financiado íntegramente con recursos del Tesoro Nacional y generó expectativas entre las casas de altos estudios y los gremios docentes y no docentes, que aguardan el cumplimiento de la resolución judicial.

La decisión oficial se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el último recurso presentado por el Gobierno nacional y dejara firme la medida cautelar que ordenó aplicar parte de la Ley de Financiamiento Educativo.

La resolución judicial garantiza la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de asegurar los fondos para el sistema de becas. Según estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la recomposición salarial pendiente ronda el 25%, considerando que los trabajadores universitarios ya recibieron un aumento acumulado del 21,3% acordado a fines de mayo y que otro 3% está previsto para octubre.

Pese a la ampliación presupuestaria, desde el Ejecutivo aclararon que la reasignación de partidas no implica una transferencia inmediata de los recursos a las universidades. Fuentes oficiales señalaron que la incorporación de los créditos responde a la necesidad de contar con disponibilidad presupuestaria para cumplir con la cautelar judicial, aunque remarcaron que la distribución efectiva podrá concretarse en cualquier momento entre ahora y el 31 de diciembre.

De esta manera, el Gobierno reconoció que la medida constituye el "primer paso" para cumplir con la orden judicial, aunque evitó confirmar un cronograma para el envío de los fondos.

Además del incremento para las universidades, el DNU incluyó una ampliación de partidas para otros organismos del Estado. Entre las principales asignaciones figura un refuerzo de 49.261 millones de pesos para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), una de las diez mayores ampliaciones contempladas en el decreto.

También se incrementaron los créditos del Poder Judicial, que recibirá 111.138 millones de pesos adicionales; el Ministerio Público, con 230.460 millones; el área de Salud, con 158.349 millones, y el Poder Legislativo, que contará con 89.422 millones extra.

La contrapartida de estas reasignaciones fue una reducción de partidas para empresas públicas. El mayor recorte recayó sobre Energía Argentina S.A. (ENARSA), que perderá 238.395 millones de pesos en transferencias corrientes. A su vez, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) sufrirá una reducción de 65.000 millones de pesos en transferencias de capital. Entre ambas empresas concentran una disminución de 303.395 millones de pesos, equivalente a casi el 87% del total de los recortes contemplados en el decreto.

El presidente Javier Milei oficializó una profunda reorganización del Poder Ejecutivo con la eliminación del Ministerio del Interior. El decreto 571/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, disuelve la cartera y transfiere todas sus competencias a la Jefatura de Gabinete, ahora encabezada por Diego Santilli, quien de esta manera concentra en su figura la coordinación política y administrativa del Gobierno nacional.

Con la modificación, Santilli sumará a sus atribuciones actuales la coordinación de la gestión del Gobierno, la relación con los gobernadores y el vínculo con el Congreso —funciones que hasta ahora estaban distribuidas entre distintas áreas—. El decreto también establece dos nuevas vicejefaturas que redistribuyen las responsabilidades dentro del organismo.

Ignacio Devitt fue designado vicejefe de Gabinete y continuará al frente de Asuntos Estratégicos, con Innovación y Ciencia bajo su órbita y una secretaría que reunirá Turismo, Ambiente y Deportes. Según fuentes del Gobierno, Daniel Scioli continuará al frente de ese sector.

Gustavo Coria asumirá como vicejefe de Interior con la misión de articular la relación política y administrativa con las provincias, los municipios y el Congreso. Bajo su órbita quedarán organismos y áreas que hasta ahora dependían del Ministerio del Interior disuelto: Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral (DINE), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y Parques Nacionales.

La reestructuración también redefinió la organización interna de la Jefatura de Gabinete. La Secretaría Legal y de Administración tendrá a su cargo la gestión legal y administrativa del organismo, mientras que la Secretaría Ejecutiva asumirá responsabilidades vinculadas con la evaluación presupuestaria, la coordinación entre ministerios y la supervisión de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Desde la Casa Rosada sostuvieron que el objetivo del rediseño es eliminar estructuras superpuestas y mejorar la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno, en una nueva etapa de la administración nacional de cara al año electoral.

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el Congreso al sostener que durante el año pasado la oposición impulsó una serie de iniciativas que, según su visión, pusieron en riesgo el equilibrio fiscal y afectaron el desempeño de la economía.

Durante una entrevista concedida a Neura, el jefe de Estado calificó como un "intento de golpe de Estado" la aprobación de iniciativas parlamentarias que implicaban mayores gastos públicos y cuestionó a los legisladores que promovieron esos proyectos. Según afirmó, el Congreso llegó a votar "cerca de 40 leyes intentando violentar el equilibrio fiscal", al aprobar gastos sin financiamiento genuino.

Milei sostuvo que esos episodios impactaron sobre las expectativas económicas, elevaron el riesgo país y frenaron un proceso de crecimiento que, según su interpretación, habría sido mucho más acelerado sin esa conflictividad política.

En clave legislativa, el mandatario aseguró que el oficialismo se encuentra en mejores condiciones que un año atrás para defender sus iniciativas en el Parlamento. Al referirse a eventuales turbulencias financieras vinculadas al próximo ciclo electoral, afirmó que el Gobierno está "hiper blindado" y destacó que ahora cuenta con "una mejor composición de las cámaras".

Otro de los temas con implicancias parlamentarias fue la reforma laboral. Consultado sobre sus resultados, Milei reconoció que aún no existen datos concluyentes, aunque aseguró que la flexibilización aprobada durante su gestión terminará favoreciendo el pasaje de trabajadores desde la informalidad hacia empleos registrados. "Con lo que está, alcanza para que eso suceda", señaló.

En materia judicial, el Presidente descartó por completo que el Gobierno tenga en agenda impulsar una ampliación de la Corte Suprema, una posibilidad que había sido mencionada en distintos ámbitos políticos. "No sé ni de dónde sale esa idea", respondió cuando fue consultado sobre el tema. Más tarde insistió en que se trata de "un invento periodístico" y remarcó que la cuestión "ni siquiera está en discusión".

En cambio, confirmó que se encuentra analizando antecedentes de magistrados para cubrir vacantes judiciales y reivindicó la política de designaciones de su administración. Según dijo, durante su gestión fueron nombrados 74 jueces, luego de varios años con escasos avances en esa materia. Respecto de los pliegos pendientes en el Senado, se mostró confiado en que podrán avanzar: "Si salieron los 74 anteriores, ¿por qué no van a poder salir los que están ahora?", planteó.

En el plano político, el mandatario también dejó abierta la puerta a nuevos acuerdos con sectores afines, al señalar que "todos los que quieran seguir sosteniendo y apoyando este cambio, son siempre bienvenidos". La frase fue interpretada como un guiño hacia dirigentes cercanos al expresidente Mauricio Macri, aunque aclaró que ello no implica desconocer diferencias sobre decisiones adoptadas durante anteriores gobiernos.

El Gobierno nacional ultimó detalles y avanzó con el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, luego de que el país sufriera dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron el saldo de 188 muertos y 1.520 heridos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra a cargo de la coordinación de la mesa para el envío de rescatistas que colaborarán con las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país.

Horas más tarde, el vocero presidencial, Adrián Ravier, precisó qué recursos coloca a disposición el Gobierno: médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos, ambulancia, enfermeros y auxiliares, un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas, en primer término.

Además, se enviarán dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores, y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones e incendios, con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

El paquete de ayuda también contempla 134 carpas y 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados.

"Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población", expuso el vocero.

La interna libertaria por el pliego de María Verónica Michelli subió de tono. Patricia Bullrich puso a disposición su renuncia como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y Javier Milei no la aceptó. La conversación se dio en buenos términos durante la tarde del lunes, minutos antes de que Bullrich publicara en X su postura pública sobre el caso.

Desde el entorno de la senadora calificaron el gesto como "un gesto de bien", propio de quien comunica al Presidente una posición diferente a la suya. Según trascendió, la charla siguió luego con temas de agenda habitual.

Al cabo de la jornada, Bullrich confirmó lo ocurrido desde Mendoza, donde se encontraba de viaje. "Por supuesto, toda persona de bien cuando tiene que darle a conocer al Presidente una posición quizá distinta a la que él pueda tener, una persona de bien pone su renuncia a disposición", explicó. Respecto a la respuesta de Milei, fue contundente: "El Presidente siguió la conversación sin darle importancia".

El detonante fue la decisión del Ejecutivo de retirar el pliego de Michelli, propuesta para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata, tras conocerse que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga el caso $LIBRA y otros escándalos del gobierno libertario. La senadora se negó a avalar ese retiro y lo comunicó públicamente, aclarando sin embargo que su compromiso con el proyecto libertario "es total".

Bullrich participará de la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles para definir el temario de la sesión del jueves 4 de junio, donde se tratarán el Acuerdo de Renegociación con los Holdouts y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El destino del pliego de Michelli permanece incierto: una fuente senatorial deslizó que el tema podría postergarse hasta agosto para que la situación se enfríe.

La administración de Javier Milei avanza en la planificación de una nueva etapa de reducción de personal en el Estado nacional. En las últimas semanas, funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación a cargo de Federico Sturzenegger visitaron distintas carteras con el objetivo de relevar cuántas personas se desempeñan en cada área, qué funciones cumplen y si las mismas tareas podrían realizarse con menor dotación.

Según reveló un ministro a la agencia Noticias Argentinas, cada vez que el equipo de Sturzenegger aparece por las oficinas deja en claro la necesidad de continuar con más recortes de trabajadores en la segunda mitad del año, en lo posible en cada área estatal. Funcionarios de primera línea del oficialismo estiman que no habrá dificultades para cumplir con las metas de ajuste, aunque otros integrantes de la administración son más cautos y advierten que las desvinculaciones podrían generar dificultades en la gestión.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), conducida por Rodolfo Aguiar, anticipó que enfrentará los recortes con visibilización de conflictos. "No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar", advirtió Aguiar, quien también exigió la reapertura inmediata de las paritarias y amenazó con "llenar de conflictividad al Estado" si no se produce.

Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que conduce Andrés Rodríguez, la mirada también es negativa, aunque el gremio evitó confirmar medidas de fuerza concretas. Señalaron que el Gobierno desvinculó a trabajadores con más de diez años de antigüedad que incluso aprobaron los exámenes de idoneidad implementados por la gestión actual, con una tasa de aprobación del 95%. "Siguen echando gente y lo que más preocupa es que el nivel de los ingresos salariales está lamentablemente perdiendo capacidad remunerativa", plantearon, y advirtieron que el Estado "le pertenece a la comunidad, no a un gobierno".

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó esta semana el "Gemelo Digital Social", una herramienta basada en inteligencia artificial que busca analizar, simular y anticipar escenarios sociales antes de que el Gobierno tome decisiones en materia de políticas públicas. El sistema integrará en una base unificada datos de ANSES, salud, educación, trabajo, migraciones y territorio. 

El presidente Javier Milei difundió el video de presentación y celebró la iniciativa: "Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera. El ministerio de Capital Humano presenta el gemelo digital, un cambio de paradigma en la política social con el uso de IA". 

El diputado nacional Agustín Rossi presentó una acción de hábeas data colectivo ante la Justicia Federal contra el proyecto, con el objetivo de exigir precisiones sobre el uso y tratamiento de los datos personales de la población argentina. En la presentación argumentó que el proyecto podría vulnerar derechos y garantías de la Constitución Nacional, la Ley de Protección de Datos Personales y tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por Argentina.

Rossi también publicó públicamente su postura: "El uso de la IA en el Estado requiere una enorme responsabilidad. El futuro no puede convertirse en vigilancia sobre la ciudadanía ni en la entrega de nuestra soberanía. Hasta que no haya información seria sobre el sistema de Gemelo Digital Social, urge que se proteja el uso de los datos que el Estado nacional tiene sobre cada ciudadano". 

La especialista en tecnopolítica Natalia Zuazo señaló que lo anunciado por el gobierno se parece a un sistema de puntuación social: "Básicamente es un mecanismo que recopila datos de las personas para asignarles un lugar en un ranking. Es lo que se conoce como social scoring". 

Otros especialistas advirtieron sobre la ausencia de un marco legal en Argentina para la protección de datos ante un cruce masivo de bases, y señalaron que cruzar registros de empleo, educación, niñez, salud y programas sociales requiere fundamento legal explícito para cada flujo y una evaluación de impacto algorítmico previa al despliegue, figura que no existe como obligación en el derecho argentino.

Ante la polémica, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que aclaró que el proyecto se realizará "íntegramente bajo su conducción estratégica, con recursos humanos y equipos técnicos especializados propios, sin recurrir a contrataciones integrales de empresas". El ministerio precisó que el objetivo es "construir capacidades de gobierno modernas que permitan comprender mejor fenómenos sociales complejos, coordinar políticas públicas, optimizar los recursos y mejorar el impacto de las decisiones del Gobierno nacional". 

La presentación del Gemelo Digital Social encendió las alarmas también porque coincidió con la visita a la Argentina de Peter Thiel, cofundador de Palantir, empresa que desarrolla sistemas de inteligencia y vigilancia utilizados por la CIA, el FBI y la NSA. Thiel se reunió con Milei en la Casa Rosada, con Santiago Caputo y con Federico Sturzenegger, y asistió al superclásico River-Boca en el Monumental.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora mensualmente la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó en mayo a 1,99 puntos, el nivel más bajo registrado desde que Javier Milei asumió la presidencia. El dato representa un descenso del 1,6% respecto de abril y marca el quinto retroceso consecutivo en lo que va del año. Si se agrega la baja de diciembre de 2025, el indicador acumula seis meses seguidos a la baja y una caída interanual del 18,6%.

El informe precisa que desde fines de 2025 el ICG acumuló una contracción del 19,2%, con descensos en enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%).

De los cinco componentes del índice, tres mostraron variaciones negativas en mayo. El componente de Capacidad —que mide la percepción sobre la habilidad del Gobierno para gestionar— descendió a 2,36 puntos, una caída del 5,6% y su nuevo mínimo en toda la gestión. La Preocupación por el interés general bajó a 1,57 puntos (-2,5%) y Honestidad cayó a 2,46 puntos (-1,6%), los registros más bajos de ambos en lo que va de 2026.

En contrapartida, la Evaluación general del gobierno subió a 1,69 puntos (+3%) y Eficiencia trepó a 1,88 (+0,5%).

El promedio del ICG durante la gestión Milei cayó a 2,41 puntos, su mínimo histórico. Como referencia, el promedio de Macri en el mismo tramo de su gobierno fue de 2,51 puntos, y el de Fernández fue de 1,95.

La brecha entre hombres y mujeres se amplió en mayo a 0,68 puntos. Mientras el ICG subió un 6% entre los varones, cayó un 13% entre las mujeres. Por franjas etarias, el retroceso más pronunciado se registró entre los 30 y 49 años (-11,3%), mientras que entre los mayores de 50 el indicador subió un 5,4%.

El interior del país sigue siendo la región donde el Gobierno genera mayor confianza, con un ICG de 2,17 puntos, aunque también registró una caída del 2,3%. En la Ciudad de Buenos Aires el indicador subió levemente a 1,91 puntos (+2,1%), mientras que en el Gran Buenos Aires cayó a 1,65 puntos (-1,2%).

El informe muestra que las expectativas sobre la economía siguen siendo determinantes: quienes creen que la situación mejorará registran un ICG de 4,17 puntos, muy por encima del 2,17 que obtiene el Gobierno entre quienes esperan un empeoramiento.

El Gobierno nacional autorizó un auxilio financiero de $580.000 millones para el PAMI, en un momento en que la obra social de jubilados y pensionados atraviesa lo que la propia normativa describe como una situación "crítica". La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial, con las firmas de Federico Furiase y Carlos Guberman.

Según se indicó en los fundamentos de la norma, el aporte busca garantizar "la continuidad de las prestaciones y servicios" que brinda el organismo a sus afiliados, en un contexto atravesado por reclamos vinculados a cortes de servicios y dificultades en la entrega de medicamentos.

El Ministerio de Economía no transferirá fondos del Tesoro sino que tomará deuda: la asistencia se canalizará mediante la ampliación de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), con vencimientos escalonados a lo largo del segundo semestre del año.

El primer tramo, equivalente al 33% del total, corresponde a letras que vencen el 31 de julio de 2026, por un valor nominal de $173.672 millones. Un segundo tramo del 33% vence el 31 de agosto, por $164.037 millones. El 34% restante se emitirá con vencimiento el 30 de septiembre, por $187.363 millones.

La resolución aclara que los instrumentos serán entregados a valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026 y que deberán ser reembolsados dentro del mismo ejercicio financiero, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto General 2026.

La asistencia llega semanas después de que el titular del PAMI reconociera un "estrés financiero" en el organismo, aunque sin calificarlo como una crisis profunda. En los últimos meses se multiplicaron las denuncias de afiliados que no pudieron acceder a medicamentos o sufrieron interrupciones en distintas prestaciones médicas, lo que generó una presión creciente sobre la conducción del organismo y sobre el Ministerio de Capital Humano.

El presidente Javier Milei anunció este miércoles una serie de reducciones en los impuestos que gravan las exportaciones del sector agropecuario e industrial, en el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Del evento también participaron el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro del Interior Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota pasará del 7,5% al 5,5% a partir de junio de este año. Para la soja, el esquema es diferente: la baja comenzará en enero de 2027 y será gradual, de entre un cuarto y medio punto porcentual por mes, de manera continua hasta 2028.

"A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos", precisó el mandatario.

Además de las medidas para el campo, Milei anunció que entre julio de 2026 y junio de 2027 las retenciones para la industria automotriz, la industria petroquímica y el sector de maquinarias pasarán a cero.

El presidente sostuvo que el objetivo de su gestión es "achicar el Estado para bajar impuestos" y afirmó que "los impuestos son un robo" y que "nadie los paga por gusto". Defendió los resultados económicos de su administración y señaló que las exportaciones crecieron un 33%, marcando un récord histórico.

Respecto al campo, afirmó que "es imperdonable lo que le hicieron durante décadas" y denunció "un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes".

El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a Martín Menem y a Santiago Caputo en medio de la tormenta desatada por la filtración del fin de semana pasado, y negó que exista una guerra interna dentro de La Libertad Avanza.

"Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete", sostuvo Milei en declaraciones al canal de streaming oficialista Neura. Y ofreció incluso las pruebas: "Si quieren, les paso el video que armó Santiago Oría donde explica lo que le hicieron a Martín Menem. Esa controversia está prefabricada para generar un problema", insistió.

En la misma línea, Milei defendió a ambos protagonistas del cruce: "Santiago Caputo es como un hermano para mí, y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal y extraordinaria".

El sábado, un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista —que suele difundir material opositor a la gestión— fue viralizado desde una cuenta atribuida al propio Martín Menem, según las capturas que circularon. Tras la eliminación de esa cuenta, Santiago Caputo se hizo eco y publicó en sus redes: "Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos". El propagandista Daniel Parisini, alias "Gordo Dan", referente de Las Fuerzas del Cielo, también se burló del episodio.

No fue el primer cruce. El mes pasado, la citación a indagatoria de once tuiteros por supuestas amenazas contra Sebastián Pareja, ladero de Karina Milei, ya había encendido la interna.

Milei reconoció que dentro del espacio pueden existir diferencias de criterio, pero las quitó de la categoría de interna. "Lo que yo entiendo es que el periodismo llama 'internas' a discrepancias en la forma en que puede pensar una persona y otra. Si todos pensáramos igual, significa que no está pensando nadie. Es sano que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. El pensamiento crítico contribuye. Lo que importa son los resultados", argumentó.

En otro tramo de la entrevista, Milei volvió a trazar distancias con la gestión de Mauricio Macri. Como ejemplo, señaló la ley de alquileres sancionada durante ese gobierno: "Esa atrocidad. Nosotros quitamos esa ley, la cantidad de alquileres se duplicaron y el precio del alquiler, en términos del resto de los bienes de la economía, cayó 30%". Y aclaró que no se trató de una crítica personal sino de una descripción de hechos. "Cuando dicen 'Este gobierno se parece al gobierno de Macri', no se parece en nada. El gobierno de Macri heredó un déficit fiscal como el que teníamos nosotros y no hizo el ajuste, se lo hizo el mercado. Nosotros el primer día pusimos en caja la cuestión fiscal", añadió.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni presentaría esta semana su declaración jurada completa ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes llevan adelante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. En forma paralela, la Justicia continúa recopilando información patrimonial, bancaria y de criptoactivos del funcionario antes de definir si lo convocan a declarar formalmente, ya sea bajo la figura de indagatoria o de manera informativa.

Hasta el momento, Adorni fue intimado formalmente a entregar la documentación que viene postergando, con advertencia de que su situación procesal podría complicarse si no presenta la información de manera completa y en tiempo.

La causa avanza sobre la base de tres declaraciones que los investigadores consideran centrales. La escribana Adriana Nechevenko firmó la compra del departamento de Caballito del funcionario. El contratista Matías Tabar confesó haber cobrado 245.000 dólares en efectivo y sin factura por refacciones en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá. Y José Rodríguez, propietario de una casa en Exaltación de la Cruz, confirmó que recibió 21.000 dólares en efectivo por alquileres temporales.

Tanto Tabar como Rodríguez confirmaron ante la Justicia que recibieron cifras significativas en dólares y en efectivo. Esos montos no coincidirían con el ingreso declarado por el funcionario desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, lo que generó las sospechas que dieron origen a la investigación.

Según trascendió, en el entorno de la Casa Rosada crece el malestar por las derivaciones de la causa, a pesar del respaldo público que el presidente Milei le brinda al funcionario y de haber ratificado que no le pedirá la renuncia.

El Gobierno avanza en la privatización de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la encargada de proveer agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Este viernes se publicaron en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación para avanzar con la venta del 90% de las acciones que hoy están en manos del Estado Nacional. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien anunció el lanzamiento y lo encuadró en la política oficial: "Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento". 

Lo que está en juego es la venta directa del 90% del paquete accionario a un consorcio de empresas e inversores que incluya como socia a una "operadora estratégica" con antecedentes en la gestión de compañías de saneamiento de escala similar a la de AySA. Inicialmente, el esquema contemplaba vender primero el 51% y luego colocar el 39% restante en el mercado bursátil. Sin embargo, Milei y Caputo optaron por modificar el formato para hacer más atractivo el negocio y obtener más fondos de una sola vez. 

El contrato de concesión fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de prórroga por 10 años más. El 10% restante de las acciones quedará en manos de los trabajadores a través del Programa de Participación Accionaria. 

Entre los interesados en adquirir la mayoría de la empresa figuran Edison Energía —sociedad de la familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan—, Mauricio Filiberti —dueño de Transclor—, el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento. 

Los grupos locales mencionados tienen años de experiencia en la negociación con gremios de servicios, un activo que un inversor extranjero puro no posee y que los obliga a buscar un socio argentino. Más allá de esta particularidad, se considera que el interés local estará marcado por la capacidad de financiamiento en dólares. 

En el Ministerio de Economía estiman que la privatización podría aportar alrededor de US$500 millones, fondos que serían utilizados para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera durante los próximos meses. AySA presta servicios a más de 14 millones de habitantes con una cobertura que supera el 85% en agua potable y el 70% en cloacas. 

Uno de los principales interrogantes pasa por el esquema tarifario que tendrá AySA bajo gestión privada. Las tarifas acumulan un atraso que no pudo recuperarse completamente pese a los ajustes aplicados desde 2025, y la empresa reportó un déficit proyectado de $205.000 millones. 

El proceso de privatización comenzó en julio de 2025, cuando el Gobierno publicó el Decreto 493/2025 para modificar el marco normativo de la compañía. AySA es una de las privatizaciones que, junto al Belgrano Cargas e Intercargo, integra la nueva ola de desinversiones que el Palacio de Hacienda espera completar antes de que termine el año, con un ingreso total estimado en unos US$2.000 millones.

l Gobierno nacional formalizó una reestructuración del Presupuesto 2026 que implica un recorte de $63.021.299.401 en el área de Salud Pública. La medida quedó oficializada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo. 

El ajuste más grande recayó sobre el programa "Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica", que perdió $20.000 millones. Este programa financia la compra y distribución de medicamentos, insumos hospitalarios y equipamiento médico para distintos sectores del sistema de salud. 

El segundo recorte más significativo alcanzó al "Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud", que perdió $25.000 millones. Esto impactará directamente en la asistencia sanitaria que el Estado nacional transfiere a las provincias. 

Entre los recortes con mayor impacto social está la quita de $5.000 millones al programa de "Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer", especialmente en ayudas sociales directas para pacientes oncológicos. 

La readecuación también incluyó recortes de $500 millones para prevención de enfermedades transmisibles, $800 millones en programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, y $900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable. 

El INCUCAI, organismo responsable de coordinar los trasplantes en el país, sufrió una baja de $831,3 millones divididos en gastos corrientes y recursos de capital. El Instituto Malbrán perdió $1.162,2 millones, lo que pone en pausa obras y proyectos de laboratorios de alta complejidad vitales para la vigilancia epidemiológica.

Fuentes de la Casa Rosada consultadas por La Nación buscaron asegurar que la entrega de medicación oncológica está "garantizada" más allá del recorte. El Gobierno también argumentó que parte de la reducción en la partida del cáncer se explica por la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer, cuyas funciones pasaron al Ministerio de Salud. "Este nuevo esquema permite mejorar precios, promover mayor transparencia y optimizar recursos sin afectar la atención", señalaron desde la Casa Rosada. 

El ajuste en Salud forma parte de un recorte más amplio de casi $2,5 billones dispuesto por la Decisión Administrativa 20/2026 para distintas carteras del Estado nacional, equivalente al 1,6% del Presupuesto total, con el objetivo de sostener el superávit fiscal

El presidente Javier Milei respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y descartó de manera tajante cualquier posibilidad de que el funcionario deje el Gobierno. Durante una entrevista en la señal La Nación+, al ser consultado sobre el futuro de Adorni, fue categórico: "Ni en pedo se va". 

El mandatario defendió la integridad de su funcionario y sostuvo: "Estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien". Luego cuestionó las acusaciones y apuntó contra sectores vinculados al kirchnerismo: "Entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención". 

Milei confirmó que Adorni presentará de manera anticipada su declaración jurada y documentación respaldatoria "en cuestión de días", antes del 31 de julio, que es el plazo legal establecido. "Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado", afirmó.

El Presidente también respondió a los dichos de la senadora Patricia Bullrich, quien había pedido públicamente que Adorni presente su declaración jurada de inmediato. Sobre eso, señaló que la decisión ya estaba tomada y que Bullrich simplemente "spoileó" lo que iba a suceder. "Los números están en orden y van a ser presentados", insistió. 

Milei apuntó contra el contratista Matías Tabar, calificándolo de "mentiroso" y "kirchnerista", y minimizó las denuncias sobre las obras en la vivienda de Adorni ironizando: "Hablaban de una cascada y resultó que eran dos cañitos de agua". También acusó directamente a la diputada Marcela Pagano de instalar versiones falsas. 

Al ser consultado si Adorni continuaría en el cargo, Milei fue contundente: "Ni en pedo se va Adorni. Me consta que no está sucio". Agregó que nadie en el Gabinete le planteó una objeción a mantener al funcionario en su puesto, aunque aclaró: "Las decisiones las tomo yo".

El Gobierno nacional aumentó un 38% los montos de la Prestación Alimentar, anteriormente conocida como Tarjeta Alimentar, mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La medida entra en vigencia a partir del presente mes de mayo y tiene como objetivo fortalecer la recomposición del poder de compra de los sectores más vulnerables.

La Prestación Alimentar se mantiene como un complemento no remunerativo dirigido a hogares con niños, adolescentes, personas con discapacidad y embarazadas en situación de vulnerabilidad social. El pago es mensual y se acredita de manera automática en la misma cuenta donde se percibe la asignación. 

De acuerdo con la normativa firmada por la ministra Sandra Pettovello, los importes mensuales se ajustan según la composición del grupo familiar de la siguiente manera: familias con un hijo de hasta 17 años, mujeres embarazadas desde el tercer mes y familias con un hijo con discapacidad sin límite de edad recibirán $72.250; familias con dos hijos que cumplan los criterios de edad o discapacidad, o mujeres embarazadas con un hijo a cargo cobrarán $113.299; y familias con tres o más hijos percibirán $149.425.

En abril, los beneficiarios cobraban $52.250 en promedio, lo que da cuenta de la magnitud del ajuste.

La prestación está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Asignación por Hijo con Discapacidad y la Pensión No Contributiva para Madres de 7 o más hijos.

La resolución también contempla situaciones específicas como embarazadas que perciben la Asignación Universal por Embarazo a partir del tercer mes de gestación y padres de hijos con discapacidad, quienes acceden a los importes de acuerdo con la cantidad de hijos y los criterios de focalización establecidos.

La entrada en vigencia es a partir de mayo de 2026 y alcanzará a todos los beneficiarios que cumplan con los criterios definidos en la nueva normativa. El gasto derivado de la medida será cubierto por las partidas presupuestarias vigentes, según lo establece la Ley N° 27.798 y la Decisión Administrativa N° 1/26.