Los gremios docentes de Entre Ríos rechazaron este lunes 28 de septiembre la última propuesta salarial del Gobierno provincial. La negociación terminó sin acuerdo.

Durante la audiencia paritaria, los representantes del Ejecutivo informaron que no había margen para mejorar el ofrecimiento y que pagarán por decreto un incremento del 3,5% con los haberes de septiembre.

La oferta que estaba en discusión tenía tres tramos: 3,5% en septiembre, 1,5% en noviembre y 2% en diciembre. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno aplicará solo el primero y se comprometió a volver a convocar a los sindicatos para discutir los salarios del resto del año.

AGMER, AMET, SADOP y UDA llegaron a la reunión con el mandato de rechazar la propuesta, tras las consultas en sus organizaciones. Los cuatro sindicatos coincidieron en que el aumento no alcanza para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

El secretario general de AGMER, Abel Antivero, cuestionó el resultado de la audiencia. "Damos por finalizada una cuarta frustrada instancia paritaria", afirmó en declaraciones a Elonce, y recordó que el Congreso del gremio había pedido una propuesta superadora.

"El Gobierno mismo dijo que no iba a haber ninguna propuesta, por lo tanto anunciaron que iban a decretar el 3,5 que habían propuesto con los haberes de septiembre", explicó. Según indicó, los representantes oficiales hablaron de retomar las conversaciones entre octubre y noviembre.

Antivero sostuvo que persiste la diferencia entre los aumentos otorgados y la inflación. Además, reclamó que el ministro Fabián Boleas participe de las paritarias para aclarar los números que presentó el Ejecutivo.

El secretario adjunto de AMET, Fabián Monzón, confirmó que las asambleas de docentes técnicos también rechazaron la oferta. "Se solicitó una propuesta superadora, lo cual hoy no ocurrió, lamentablemente", lamentó. También planteó el reclamo por el financiamiento de la Educación Técnico Profesional y mencionó la recolección de firmas para pedir la restitución de fondos.

Por SADOP, Gustavo Bolzán señaló que los docentes de escuelas de gestión privada consideraron insuficiente la propuesta. La postura surgió de una consulta con delegados de las tres delegaciones del gremio. Bolzán pidió una actualización que les permita a los docentes afrontar los gastos de sus familias.

Marina Irigoitia, de UDA, coincidió en que se esperaba una mejora para recuperar lo perdido durante el año. Adelantó que informarán a sus bases la decisión del Gobierno y que evaluarán cómo seguir con el reclamo.

Además del salario, los gremios plantearon preocupaciones sobre las condiciones de trabajo. Antivero destacó que en las asambleas los docentes debatieron tanto la situación económica como los problemas de salud mental. El dirigente describió como desesperante la situación de la docencia.

La falta de acuerdo abre la puerta a nuevas acciones gremiales. Antivero explicó que AGMER analizará los próximos pasos en su Comisión Directiva Central y luego los coordinará con el resto del Frente Sindical Docente. "Tenemos como mandato de nuestro congreso profundizar y sostener el plan de lucha que veníamos trayendo", afirmó. Monzón indicó que las medidas de AMET también se definirán dentro del frente gremial.

Por ahora, el único aumento confirmado es el 3,5% de septiembre, que se liquidará por decreto.

La provincia de Entre Ríos avanza en la ejecución y gestión de una ambiciara cartera de proyectos de infraestructura que alcanza los 492,5 millones de dólares. Estos fondos, provenientes de organismos multilaterales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), permiten financiar obras de gran envergadura que superan las capacidades presupuestarias de corto plazo de la administración provincial.

Desde la Casa Gris destacaron la importancia de estos recursos para el desarrollo regional. "Estos recursos permiten concretar proyectos de gran escala que requieren inversiones que exceden las posibilidades de financiamiento de corto plazo de la administración provincial. Así, el financiamiento internacional permite ampliar la capacidad de inversión y avanzar en obras de infraestructura y apoyo a la producción", señalaron fuentes oficiales.

La coordinación de estas iniciativas recae en la Secretaría General de la Gobernación, bajo la conducción de Mauricio Colello, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). Según explicó el funcionario, la provincia ha logrado estabilizar sus cuentas y recuperar el ritmo de la obra pública a pesar del complejo contexto económico nacional. Por su parte, el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato, enfatizó que la selección de los proyectos responde a una planificación estratégica: "Los programas con financiamiento internacional responden a necesidades concretas y a las prioridades de inversión definidas por el gobierno provincial".

El proyecto de mayor envergadura es el Programa de Infraestructura Vial Sostenible para el Desarrollo Productivo, financiado por el BID con 280 millones de dólares. Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la readecuación del Canal Mihura, en Gualeguay, una obra clave para la gestión hídrica. El plan también contempla la rehabilitación de las rutas provinciales 1 y 2, la construcción de la Circunvalación de Nogoyá y la reconstrucción del puente sobre el arroyo Sauce.

En paralelo, el Programa de Conectividad y Desarrollo Vial (Condver), con un presupuesto de 27,5 millones de dólares del BCIE, se centra en trabajos sobre la ruta provincial A08, en Islas del Ibicuy. El esquema incluye la construcción de dos nuevos puentes con sus respectivos accesos: uno sobre el arroyo Desmochado, en el departamento Tala, y otro sobre el arroyo El Sauce, en el departamento Gualeguaychú.

El saneamiento también ocupa un lugar central en la agenda, con 80 millones de dólares del BID destinados a la Cuenca del Río Uruguay. Este programa abarca la optimización de la planta depuradora de efluentes de Gualeguaychú, la remodelación del sistema cloacal de Concepción del Uruguay y una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Colón.

El sector productivo cuenta con el respaldo del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo, financiado por CAF con 40 millones de dólares. Esta iniciativa permite la reconstrucción de 64,7 kilómetros del camino que une Viale con Arroyo El Durazno, una zona de alta actividad lechera, agrícola y ganadera. Asimismo, el Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola (PROSAF), con 15 millones de dólares del FIDA, busca fortalecer a los productores mediante infraestructura vial, accesos y equipamiento especializado.

Finalmente, el gobierno destacó la conclusión del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, que con 50 millones de dólares del BID permitió la modernización del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia y mejoras en el Centro de Frontera Concordia-Salto. "No se trata de tomar financiamiento por tomarlo, sino de definir con claridad para qué se necesitan esos recursos y orientarlos hacia las prioridades que tiene la provincia", concluyó Gustavo Cusinato.

El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y los gremios docentes representados en la mesa paritaria —con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) se encontrarán hoy tras la instancia de cuarto intermedio dispuesta la semana pasada.  El objetivo de alcanzar un consenso que garantice la normalidad del calendario escolar y sostenga los ingresos de los trabajadores de la educación.

El Ejecutivo provincial ratifica “su vocación de diálogo institucional” y subraya “el esfuerzo fiscal que realiza la administración para presentar propuestas salariales sostenibles en un contexto económico complejo”. Sostienen que el propósito central de la mesa de negociación es “ofrecer incrementos acordes a la evolución de la inflación y las posibilidades reales de la recaudación provincial, resguardando la previsibilidad de las cuentas públicas y el cumplimiento en tiempo y forma del pago de los haberes”. Asimismo, destacan la voluntad de evaluar la situación mes a mes.

Por su parte, la representación sindical acude al encuentro con un pliego de demandas centrado en “la urgente recomposición salarial frente al deterioro acumulado del poder de compra de los docentes”. Los dirigentes gremiales enfatizan que las ofertas previas “resultaron insuficientes” para equiparar el costo de la canasta básica y señalan que “el salario no debe quedar relegado frente a los índices inflacionarios”.

A su vez, llegan con los mandatos de sus respectivas asambleas y congresos, donde también reclaman mejoras en el concepto de conectividad y transporte, el saneamiento de las condiciones edilicias en los establecimientos educativos y el reconocimiento integral del escalafón docente.

La corta un cuarto intermedio solicitado por las partes para analizar el impacto de las variables macroeconómicas e intercambiar proyecciones técnicas. La reactivación de las paritarias se da en un escenario de tensión contenida, donde la dirigencia gremial ha advertido sobre la posibilidad de evaluar medidas de fuerza en caso de no recibir un ofrecimiento superador que responda a los criterios fijados por las bases.

De los resultados de la reunión celebrada durante la jornada de hoy dependerá el curso del conflicto salarial en la provincia. En caso de formularse una oferta concreta por parte de las autoridades, las conducciones sindicales la someterán a la consulta de sus congresos y plenarios de secretarios generales en las próximas horas para definir su aceptación o rechazo, mientras que una falta de acuerdo podría derivar en la convocatoria a nuevas instancias de negociación o en la adopción de medidas de acción directa.

En el marco de un conflicto salarial que no cede, el gremio docente AGMER volvió a cruzar con firmeza las políticas económicas del Gobierno de Entre Ríos. Tras el rechazo formal a la última oferta paritaria, desde la Seccional Gualeguay trazaron un crudo diagnóstico sobre la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y denunciaron el uso reiterado de decretos unilaterales para cerrar las discusiones salariales.

El secretario general de AGMER Gualeguay, Vladimir Firpo, calificó como "absolutamente insuficiente e insignificante" la propuesta oficial de un incremento del 3,5%. Según explicó el dirigente, los salarios docentes acumulan un desfasaje de 18 puntos porcentuales respecto a la inflación, habiendo percibido hasta el momento únicamente un 6,5% de recomposición en lo que va del año."Llegamos a septiembre con un clima de gran empobrecimiento para el sector docente", sostuvo Firpo, quien remarcó la distancia que existe entre la propuesta oficial y los costos básicos de vida en la provincia. Al respecto, ejemplificó que los alquileres promedian o superan los 500.000 pesos, a lo que se suma el fuerte impacto de los servicios esenciales como la factura de gas.

Endeudamiento y pluriactividad

La crisis del sector no solo se refleja en el rechazo en la mesa de negociación, sino en la vida cotidiana de las familias docentes. Según datos de un relevamiento elaborado por la CTA y citados por el sindicalista, una gran cantidad de trabajadores de la educación ha debido acudir al endeudamiento para cubrir sus necesidades básicas.

El uso de tarjetas de crédito y préstamos en financieras se ha convertido en una constante para intentar cubrir los desfasajes de cada mes. A su vez, Firpo advirtió sobre la proliferación de docentes obligados a sostener un segundo empleo, una estrategia de subsistencia que —según remarcó— hoy tampoco resulta suficiente para evitar que los hogares queden por debajo de la línea de flotación económica.

La mirada puesta en el martes

Desde la conducción sindical apuntaron contra el Ministerio de Economía de la provincia y acusaron al Ejecutivo de desoír los planteos de las organizaciones de trabajadores. En ese sentido, Firpo instó al Gobernador a revisar su postura y responder a las expectativas generadas durante la campaña electoral. "Esperamos que vuelva a poner énfasis en lo que prometió, cuando planteó que venía a solucionar los problemas de los entrerrianos", señaló.

La negociación pasó a un cuarto de intermedio hasta el próximo martes 22, fecha en la que el Gobierno provincial deberá presentar una propuesta superadora para evitar una profundización del plan de lucha.

A pesar de las críticas al esquema de decretos y negociaciones que el gremio considera "coartadas", Firpo concluyó que el sector mantiene una cuota de expectativa en la mesa del martes para encontrar una salida: "Seguimos poniendo una instancia de esperanza en que el Gobierno pueda ofrecer un aumento acorde a la realidad del bolsillo de las familias y tome las decisiones que hay que tomar para salvar el salario docente".

La reunión se realizó este jueves en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, con el fin de coordinar acciones conjuntas vinculadas al desarrollo productivo y la atracción de inversiones. La agenda estuvo centrada en la implementación operativa de la nueva Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo de Comercio Exterior de la provincia, entidad creada mediante la ley provincial 11.246.

Durante el encuentro, se avanzó en esquemas de cooperación técnica e intercambio de experiencias para consolidar las capacidades de las pequeñas y medianas empresas entrerrianas ante los nuevos escenarios del comercio internacional. El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, subrayó el valor estratégico de la articulación con el organismo multilateral para la puesta en marcha de la agencia: "Buscamos e intercambiamos y creo que vamos a avanzar mucho en colaboración con el BID, tanto en lo técnico como en relaciones. Es un proyecto largamente demorado en la provincia, y contar con la colaboración técnica del BID es un aporte muy grande para ponerlo en marcha con toda la energía".

Por su parte, la representante del BID en Argentina, Viviana Alva Hart, destacó la vocación de trabajo conjunto y las perspectivas de crecimiento que presenta la provincia: "La idea era ver cuáles son las necesidades para poner en marcha la agencia. Para nosotros es muy importante, queremos traer la experiencia que se está haciendo en otros lados y aprovechar las oportunidades para salir a comercializar al exterior y fortalecer las capacidades internas de las pymes. La provincia tiene todo el potencial para aprovechar los acuerdos comerciales que se están dando y escalar; para eso se necesita que una agencia de inversiones cuente con todas las condiciones y estamos listos para acompañar trayendo todo el conocimiento que sea necesario".

El Gobierno provincial presentó créditos hipotecarios para empleados públicos de Entre Ríos, destinados a trabajadores de planta permanente que busquen adquirir una vivienda única, familiar y de ocupación permanente. La línea permitirá solicitar hasta 100 millones de pesos, financiará hasta el 75% del valor de la propiedad y tendrá una tasa del 6% anual más UVA, con un cupo inicial de 20.000 millones de pesos.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la presentación acompañado por los presidente y vice del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals y Pablo Omarini, y el gerente corporativo del Grupo Petersen-Banco de Entre Ríos, Hernán González Viberti.

Podrán solicitar el préstamo los empleados públicos provinciales de planta permanente que acrediten al menos 12 meses de antigüedad y no posean una propiedad a su nombre. Además, podrán sumar ingresos de cotitulares para alcanzar los requisitos establecidos.

Frigerio remarcó: "El préstamo solo toma hasta el 30% del ingreso de los trabajadores". El gobernador explicó que se buscó que el compromiso mensual estuviera por debajo de lo que una familia destina al alquiler de una propiedad de características similares: "Nosotros nos ocupamos en que esta cuota sea menor en promedio a los alquileres que se vienen pagando".

El esquema contempla un aporte del IAPV para subsidiar parte de la tasa y otro esfuerzo financiero por parte del banco. "Estamos subsidiando cerca de dos puntos y el banco prácticamente otro punto más para poder lograr que más entrerrianos puedan acceder al crédito hipotecario", explicó Frigerio.

Según detalló el vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini, ese subsidio permitiría que la cuota afrontada por el trabajador fuera alrededor de un 20% menor, lo que en términos concretos representaría una incidencia de aproximadamente 140.000 pesos menos en la cuota mensual.

Omarini precisó que el ingreso mínimo requerido para acceder a la línea será de aproximadamente 1,8 millones de pesos, cifra que sin el esquema de subsidio hubiera rondado los 2,4 millones. Aclaró además que no será obligatorio alcanzar individualmente ese monto, ya que los solicitantes podrán sumar ingresos de cotitulares.

El crédito podrá cubrir hasta el 75% del valor de la vivienda que pretenda adquirir el trabajador. Desde el IAPV señalaron que, tras un relevamiento del mercado inmobiliario, "esta línea de crédito permite adquirir hoy una unidad de hasta tres dormitorios, no solo en la ciudad de Paraná, sino en toda la provincia de Entre Ríos".

El convenio firmado entre el Gobierno provincial, el IAPV y el Banco de Entre Ríos tendrá inicialmente un fondo de 20.000 millones de pesos, aportado por el Banco de Entre Ríos, monto que equivaldría a alrededor de 300 créditos. Las autoridades plantearon que se trata de una primera etapa que buscarán continuar en función de su funcionamiento y demanda.

Los trabajadores interesados deberán iniciar el trámite a través del sitio oficial del IAPV, donde se habilitará un acceso específico para la nueva línea hipotecaria. En esa primera instancia, el organismo realizará una precalificación para comprobar que el solicitante sea empleado público provincial de planta permanente y no tenga propiedades registradas a su nombre. Posteriormente, recibirá un correo electrónico de confirmación y el Banco de Entre Ríos se pondrá en contacto para continuar con el análisis crediticio.

El fallo sobre los desayunos y meriendas escolares permite al Gobierno de Entre Ríos continuar con la transformación del sistema alimentario

El Gobierno de Entre Ríos destaca la intervención de la Justicia en relación con el nuevo esquema de alimentación escolar y adoptará de manera inmediata las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución.

Al mismo tiempo, el fallo ratifica las facultades del Poder Ejecutivo provincial para organizar el Programa Alimentario Escolar, determinar los mecanismos de adquisición, seleccionar los productos dentro del marco legal, establecer los menúes, definir proveedores, disponer controles y administrar los recursos.

Asimismo, la sentencia reconoce valor probatorio a la documentación técnica presentada por la Provincia y considera acreditado que la centralización de las compras surgió de un diagnóstico previo orientado a mejorar la trazabilidad, los controles y la homogeneidad de la prestación.

El Gobierno provincial valora el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control. Una política pública que busca mayor transparencia también debe estar abierta al control de la Justicia y tener capacidad para corregir aquello que sea necesario.

En ese sentido, la Provincia realizará las adecuaciones correspondientes respecto de los productos alcanzados por la resolución. El objetivo no es defender un producto, una marca o una empresa, sino garantizar una mejor alimentación para los estudiantes entrerrianos.

La transformación del sistema comenzó a trabajarse prácticamente desde el inicio de la gestión y, luego de más de un año de trabajo, derivó en una licitación pública y abierta. El objetivo es contar con mayor trazabilidad y poder conocer qué se compra, cuánto se paga, dónde se entrega y qué recibe cada estudiante.

El nuevo esquema es mixto: desayunos y meriendas tendrán una organización provincial, mientras que los almuerzos continuarán siendo administrados por las escuelas, que seguirán realizando compras de alimentos en comercios y proveedores de cada localidad.

El Gobierno continuará analizando los fundamentos jurídicos de la sentencia y los pasos procesales correspondientes. Mientras tanto, cumplirá lo dispuesto por la Justicia y continuará avanzando con la transformación del sistema alimentario escolar, fortaleciendo los controles, la transparencia y la calidad de la alimentación que reciben los chicos entrerrianos.

La postura del Gobierno provincial

-Recusación al juez: El Gobierno interpuso una recusación contra el juez Juan Francisco Malvasio (vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná), argumentando un prejuzgamiento que vulnera la imparcialidad requerida en el proceso.

-Cuestionamiento sobre la calidad nutricional: La Fiscalía de Estado señala que el magistrado, al convocar al proceso colectivo, dio por sentado en su resolución que los alimentos a proveer tienen una "aptitud dañosa" o de causar un "perjuicio a la salud". El Estado sostiene que la calidad y seguridad nutricional de los insumos es un punto en debate que aún debe ser probado fehacientemente mediante peritajes durante el juicio, y no asumido a priori.

-Objeción procedimental: El Gobierno cuestiona además la forma y oportunidad en que el juez convocó públicamente a potenciales afectados mediante el Registro de Procesos Colectivos, argumentando que se utilizó para subsanar deficiencias de "legitimación activa" de los denunciantes originales.

-Defensa del modelo: Sostienen la validez y la transparencia del proceso de licitación para la compra centralizada como un mecanismo para optimizar la provisión de insumos alimentarios a las escuelas.

La postura del gremio docente y las comunidades educativas

-Rechazo a la estigmatización: AGMER denuncia la existencia de una "campaña sucia" impulsada con fondos públicos para deslegitimar y estigmatizar a equipos directivos, docentes, cocineros y comercios locales que tradicionalmente sostuvieron el servicio del comedor.

-Defensa del sistema tradicional e histórico: Resaltan que durante años fueron las comunidades educativas y los proveedores locales quienes garantizaron el plato de comida a los estudiantes, afrontando incluso retrasos en los pagos en contextos de crisis.

-Exigencia de alimentos saludables: Cuestionan el nuevo esquema por el suministro de alimentos ultraprocesados y reclaman una alimentación variada, sana y con presupuesto adecuado en defensa de la escuela pública como un derecho social.

-Falta de transparencia e interlocución: Reclaman que el gobierno de Rogelio Frigerio avanzó con la licitación y contratación de la firma Teknofood S.A. sin convocar, informar ni consultar previamente a los actores que día a día gestionan los comedores en el territorio.

-Denuncia por irregularidades: El gremio denunció además que fue objeto de un ciberataque (hackeo) al formulario digital habilitado para que la comunidad adhiera al amparo colectivo.

Estado actual del conflicto judicial

Actualmente, el sistema centralizado se encuentra suspendido gracias a la medida cautelar que otorgó el juez Malvasio. Luego de que este rechazara la recusación formulada por el Estado, la causa completa —tanto la cautelar apelada como la continuidad del magistrado en la investigación— quedó a la espera de una resolución del pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos.

El Gobierno de Entre Ríos recusó al juez Juan Francisco Malvasio, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, en cuyo despacho recayó el amparo colectivo presentado por un grupo de padres de niños que asisten a comedores escolares, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la ONG ambientalista Fundación Cauce. A través de esa acción judicial, los denunciantes buscan que la Justicia frene la implementación del sistema de compra centralizada de insumos que licitó el Ministerio de Desarrollo Humano y que fue adjudicado a la firma Teknofood SA.

En el escrito, la Provincia sostuvo que el magistrado "ha afirmado anticipadamente que los productos cuestionados poseen una aptitud dañosa, y así ha mandado a publicar información sobre el pleito, lo que irremediablemente lleva a esta parte a detectar prejuzgamiento". El planteo incorpora además un segundo argumento, que según el propio texto "complementa lo dicho" y "torna aún más evidente la afectación de la necesaria imparcialidad" del juez.

La causa se originó el 31 de julio, cuando padres de alumnos, junto a Agmer y la Fundación Cauce, presentaron una acción de amparo colectivo para impedir la puesta en marcha del nuevo esquema de compras centralizadas, que preveía la contratación de un único proveedor para abastecer los desayunos y meriendas escolares en toda la provincia. Los amparistas sostuvieron que el Gobierno se había limitado a exigir un aporte calórico y proteico fijo, lo que habilitaba la inclusión de productos ultraprocesados en lugar de alimentos frescos o mínimamente procesados.

El 5 de agosto, Malvasio hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó a la Provincia abstenerse de distribuir en las escuelas productos con sellos de advertencia por exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales o calorías, al considerar que varios de los alimentos ofrecidos por Teknofood SA resultaban incompatibles con la Ley de Etiquetado Frontal. El fallo también dispuso restablecer de manera provisoria el mecanismo de compras descentralizadas que regía anteriormente en cada establecimiento.

Tras conocerse la resolución, el Gobierno provincial anunció que apelaría la medida y remarcó, a través de la Fiscalía de Estado, que se trataba de una decisión "provisoria" y no de una sentencia sobre el fondo de la cuestión, además de ratificar que continuaría garantizando la alimentación de los alumnos en todos los establecimientos mientras avanzara el proceso judicial.

El recurso de apelación derivó en que el expediente fuera elevado al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con efecto devolutivo, lo que implica que la suspensión del nuevo sistema se mantiene vigente mientras el máximo tribunal provincial analiza la causa. Por su parte, los querellantes solicitaron a ese cuerpo que declare la nulidad tanto de la resolución que concedió la apelación como de la elevación del expediente, al considerar que fueron dispuestas en contradicción con la normativa vigente. De momento, el nuevo esquema de provisión no entró en vigencia, pese a que estaba previsto que comenzara a regir este mes de agosto.