Hace cuatro años comenzó a escribirse uno de los capítulos más tristes de la historia reciente de la cultura en el país. La emblemática casa de Roberto “El Polaco” Goyeneche se encuentra en venta y con una fuerte posibilidad de ser demolida para realizar un emprendimiento inmobiliario. Allí, en el barrio porteño de Saavedra, vive su hijo Roberto Emilio, gestor cultural de Tango y cantante, quien se encuentra apremiado por las deudas. De concretarse la transacción de la vivienda, el proyecto de realizar un museo con las pertenencias de su padre quedará trunco.

“Tengo que remodelar, tengo que hacer un baño, quiero poner un montacargas para hacer shows en la terraza y que la gente discapacitada pueda subir en ascensor. Está el plano presentado y 2500 firmas de vecinos. Mientras tanto, la casa está en venta porque tengo que pagar lo que debo”, explicó Roberto. “Me costó mucho ponerla a la venta. Cada vez que entro y veo el cartel, se me cae un dedo. Creo que si llega el momento de firmar la escritura, se me van a caer los brazos”, graficó y se dispuso a compartir su memoria con Teleshow, esa que se impone en cuadros, fotos, aromas y recuerdos.

“Acá no faltó nadie. Por este sillón pasaron todos: desde tangueros hasta rockeros. Mantener este lugar es una responsabilidad. Mi viejo fue, es y será. Yo mantengo viva su imagen. Y trató de laburar recordándolo a él, que me deja unos mangos”, contó acerca del domicilio ubicado en Av. Melián 3167.

Según Roberto Emilio, su situación económica comenzó a desmoronarse desde que se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, allá por marzo 2020. “Yo hago espectáculos. Salía todos los fines de semana a recorrer el interior del país y, lo primero que se cortó, fue eso”, repasó. Pero la historia no terminó allí: “Cuando se estaba abriendo otra vez todo para retomar los espectáculos, me caí. Me quebré el fémur”.

Tras la operación se presentó un problema mayor. “El médico la pifió, porque en lugar de ponerme un clavo grueso, me puso clavos finos y se rompieron. Llegó un día en que el muslo era fuego”, destacó, ante lo cual se trasladó a otro centro asistencial donde le confirmaron que había una infección y que había que volver a operar.

“Fueron cinco meses postrados en los que no podía moverme”, recordó sobre ese momento. Pero su derrotero no quedó ahí. “En ese interín me entraron y me robaron 100.000 dólares porque yo tenía todavía las comisiones de mi papá, que mi vieja me las iba guardando”, explicó. Por si fuera poco, también denunció la destrucción que hicieron de su vehículo en la puerta de su casa. “Fue una vendetta de mi ex después de divorciarnos. Así que vengo con una mano atrás y una adelante”, reconoció ante la sucesión de hechos desafortunados.

El poco capital con el que contaba comenzó a utilizarse para los gastos diarios. “Me comí la plata”, lamentó. Viviendo al día con la jubilación, empezaron a aparecer las deudas y los gastos necesarios para mantener el inmueble se tiñeron de rojo.

“Estoy atrasado en el banco, me cerraron la cuenta y debo plata”, explicó sobre su situación crediticia. “De impuestos debo un mes, que no es deuda. Tengo un mes atrasado, pero ¿qué pasa? El total de lo que debo, si yo vendo acá, voy y cancelo todo”, apuntó sobre las razones que llevaron a poner el histórico inmueble en venta. Sin embargo, aún tiene la esperanza de que algo mejore: “La idea sería mantenerla. Yo le hice una oferta al Gobierno de la Ciudad, para lo que se presentó un petitorio, pero no me vino a ver nadie”, afirmó sobre la espera para lograr mantener en pie este bastión de la cultura.

Roberto Emilio comenzó a acompañar a su padre a los 15 hasta que llegó el momento en que la relación se volvió profesional. “Empecé a manejarle los papeles y juntos recorrimos todo el mundo. Pero íbamos laburando, no de joda. Una vuelta fuimos dos semanas al Festival de Otoño en París. Tardamos seis meses en volver. Terminaba el Festival de París y nos llamaron de Alemania para contratar el espectáculo. Entonces, en lugar de decirle que no, le aumentaba el cachet. De Alemania a Inglaterra y le aumentaba de nuevo el caché. Tardábamos mucho en volver y en el último el viejo me dijo: ‘Basta’, y tenía razón. Yo también estaba podrido de estar afuera”.

Sus recuerdos adelantaron las páginas hasta el año 1994, cuando la muerte sorprendió al Polaco en un momento de extrema popularidad. “Hasta el año 2000 no tenía fechas disponibles. Ya todos los contratos firmados, sin valores, obvio. Seis años cerrados con shows y presentaciones en televisión”, evocó y conecta aquel esplendor con la amargura del presente. “Lo que me da bronca es que nuestras autoridades no le den bola a un tipo que hizo tanto por la cultura. No estoy hablando ni de la prensa ni del público. Hablo de las autoridades”, recalcó.

La charla continuó y Roberto intentó desentrañar por qué se truncó la instauración del museo que estuvo tan cerca de hacerse realidad en tiempos de Aníbal Ibarra. “En esa época el Legislativo le dice al Ejecutivo que me entreguen una propiedad en comodato. Me hacen ver acá en la zona miles de lugares que tiene la municipalidad para dar en comodato, hasta que me gustó uno en Ruiz Huidobro y Goyeneche. 18 metros de frente por 50 de fondo. Lo vi y ya me hice el dibujo en la cabeza. Pero al final a mí me patearon y se lo dieron a una murga”, detalló.

Los únicos ingresos con los que cuenta Roberto son su jubilación y lo que deja AADI, la Asociación Argentina de Intérpretes. “Nosotros no estamos ni en SADAIC, porque mi papá no era autor, pero tenemos esa obra social porque mi papá rindió examen y entró. Entonces, cuando falleció, entramos nosotros. Y agradecido porque yo pongo apenas $20.000 de obra social. Y me atienden de primera y jamás pago un arancel. La cuido como el agua. Prefiero no pagar otra cosa o no comer, pero la obra social la garpo”.

Por más crudo que pueda parecer, un ejemplo refleja su estado económico actual “Nunca pasé la que estoy pasando ahora. Hay días que no morfo, hermano. Y no me da vergüenza decirlo. Un día un gran amigo que tiene un taller mecánico me llamó por teléfono y me dice ‘te paso a buscar’. Fuimos a desayunar a lo de Quique, pero por esas cosas de amigo, de llamar siempre. Bueno, vamos. Yo hacía 48 horas que no probaba bocado. Cuando me trajeron una medialuna de grasa se me iluminó la cara, la comí con tanta desesperación que los dos se me quedaron mirando”.

Roberto sintió esas miradas penetrantes. Enseguida vinieron los reproches de “por qué sufría en silencio”, de “para qué estaban los amigos”. “Yo les agradezco, con toda seguridad. Y juro por Dios que llevo un cuaderno donde tengo anotado lo que me dieron, porque se los voy a devolver a todos. Porque es una obligación mía. Porque me dieron una mano en todo, y para mí es sagrado eso. Soy así porque me enseñó el viejo”.

Sentado en el sillón “por el que pasaron todos”, mira su andador y habla de su salud: “¿Por qué estoy con esto? Porque por ahí camino y se me va. Entonces este tiene cuatro patas, me afirmo y no me caigo. Tengo miedo a caerme otra vez”, confió.

Pese a los temores, Roberto ve una luz en el horizonte. Los espectáculos comenzaron a aparecer, pero espera el momento de estar con una mejor movilidad para poder desplegar toda su magia: “Si vendo acá, también me compraré un autito, algo que me lleve y me traiga”, comentó, pero no pierde el foco de este inmueble, que respira tango y bohemia. En el que está toda la historia familiar y parte de la memoria emotiva de un país; piezas del futuro museo de las que no se piensa desprender.

La razón que esgrimieron en Tribunales para justificar el pago de los haberes de Goyeneche fue que el veredicto que la removió de su puesto de Fiscal Adjunta por mal desempeño de funciones “no está firme”. La instancia de apelación ante el propio Jurado  y luego su pase al Superior Tribunal y posteriormente a la Corte Suprema no tiene plazos definidos, por lo que esta situación continuaría por largo tiempo.El haber mensual que percibe Goyeneche pese a no trabajar ronda el millón de pesos, según informaron fuentes tribunalicias a esta Agencia. Esto es producto de la alta retribución del cargo y de que se contabiliza la antigüedad de una manera particular: no desde que ingresó a la Justicia, sino desde que juró como abogada. Este criterio no es privativo del caso, sino que ocurre con todos los abogados que se desempeñan en el Poder Judicial.

Fuente: APF

Extrañamente, después de 15 días de que formalmente se destituyese de su cargo a la que entonces era la procuradora adjunta de Entre Ríos, los jueces Juan Ramón Smaldone, Daniel Carubia y Gisela Schumacher emitieron un comunicado que fue remitido a los medios por el Servicio de Comunicación e Información del Superior Tribunal de Justicia.

Si bien en el ámbito judicial suele decirse que los jueces hablan por sus sentencias, aquí asoma una excepción ya que los tres vocales del máximo Tribunal de Justicia entrerriano, que intervinieron en el juicio a la doctora Cecilia Goyeneche, dan sus argumentaciones en un comunicado de 16 páginas.“Los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, normado por Ley 9283, en representación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, seleccionados por sorteo, vocales Juan Ramón Smaldone, Daniel Carubia y la vocal Gisela Schumacher expresaron que el proceso de juicio oral y público llevado adelante a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, a partir de la denuncia formulada por los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto, se realizó en el marco de lo establecido por la ley y garantizando todos los mecanismos de legítima defensa”, dice en el inicio y con la tipografía resaltada en negrita.

Fuente: El Entre Ríos

Recordemos que el Jurado de Enjuiciamiento del 24 de mayo último que, al cabo de un proceso de jury, la desplazó de su cargo por una mayoría de 5 votos a 2.

El planteo judicial, apunta a reprochar la resolución del Jurado y lograr que la última instancia provincial, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), ordene su restitución al cargo.

Goyeneche apeló a esa figura legal extraordinaria por cuanto la Ley de Jurado de Enjuiciamiento N° 9.283 no prevé mecanismo recursivo contra los dictámenes del Jurado de Enjuiciamiento. “La señalada limitación recursiva contradice la garantía de la doble instancia expresamente receptada en la carga magna provincial (…) y además vulnera derechos fundamentales de nuestra parte, (…), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica -constitucionalizado según la directiva del art. 75, inciso 22, CN- que reconoce el ‘derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior’, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho a toda persona condenada a reclamar ante un tribunal superior la revisión de la sentencia”, dice el escrito.Entre otra jurisprudencia, Goyeneche se apoyó en el planteo que efectuó el destituido exjuez de Paz de Gualeguay, Sebastián Salem, apartado de su función en mayo de 2021 por decisión del Jurado de Enjuiciamiento, caso que ahora está en queja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Goyeneche hace un análisis pormenorizado de los votos de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, repasa los recursos planteados y rechazados y al final observa: “Al actuar de tal modo el Jurado de Enjuiciamiento se apartó en forma palmaria e injustificada de lo que dispone la ley y ´organizó´, discrecional y arbitrariamente, según su particular apreciación, el órgano de acusación por ante este Jurado. No existía laguna legal alguna -como se ha dicho- sino que la norma es clara y categórica al respecto y lo que en realidad se hizo fue someter a la suscripta a una ´comisión especial´, ya no para su juzgamiento sino para que ejerza la acusación, lo que desde el punto de vista constitucional es equivalente y, por ende, igualmente objetable”. 

Fuente: El Entre Ríos 

Por 5 votos contra 2, el jurado de enjuiciamiento de Entre Ríos decidió destituir a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche.

Tras el rechazo del amparo que había presentado Goyeneche por parte del Superior Tribunal de Justicia, el Jurado de Enjuiciamiento tuvo el camino liberado. 

De todos los que integraban el jury contra Goyeneche, Verónica Mulone, representante del Colegio de la Abogacía fue la única que rechazó la destitución de la fiscal. En cambio, los votos negativos fueron impulsados por parte de Juan Smaldone, Gisela Schumacher, Daniel Carubia y Armando Gay.

De todas formas, la decisión no es final. Ya que A Goyeneche le quedan dos opciones, un recurso extraordinario federal que se presentará en los próximos días ante la Corte Suprema de Justicia; y una apelación ante la Justicia de la decisión del Jurado que, pese a ser un órgano constitucional, tiene características administrativas y, por tanto, sus decisiones pueden ser revisadas en Tribunales.

La decisión del STJ, conformado casi en su totalidad por conjueces, fue tomada por una amplia mayoría. 

Votaron por el rechazo al amparo Fabiola Bogado Ibarra; Guillermo Federik; Emilo Matorras  y María Gabriela López Arango. La postura de Goyeneche sólo fue avalada por Bernaudo Salduna, único integrante original del Superior.La Procuradora adjunta había esgrimido que el corrimiento del Ministerio Público Fiscal de su función acusatoria y su reemplazo por un fiscal ad hoc era violatoria del debido proceso. El Jurado de Enjuiciamiento había tomado este camino debido a la posibilidad cierta de que los fiscales pierdan objetividad siendo que la acusada era su superior jerárquica. Goyeneche ocupa el segundo escalón del MPF, un organismo de estructura vertical.

Con esta decisión del Alto Cuerpo, el Jurado de Enjuiciamiento no tiene más trabas legales ni procedimentales para avanzar con su veredicto, que deberá conocerse antes del 2 de junio. 

Fuente: APFDigital 

Con las declaraciones testimoniales de la Vocal Carolina Castagno, del Director de Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blasón, del perito informático Fernando Ferrari y del Procurador General, Jorge García, el miércoles pasado culminaron las audiencias testimoniales en el marco del Jurado de Enjuiciamiento seguido contra la Fiscal, Celicia Goyeneche.

En este marco, hoy viernes serán los alegatos de clausura, los cuales serán transmitido en vivo por el Canal de YouTube del SIC-STJER.

En este nuevo marco procesal en Entre Ríos, es menester advertir que el Ministerio Público Fiscal es autónomo en sus funciones y los miembros deben actuar con criterio de objetividad, imparcialidad e independencia; siendo particularmente el de objetividad el puesto en crisis por parte de la denuncia que promovió el Jury contra Goyeneche, así como también, el de imparcialidad.   

La funcionaria está acusada de mal desempeño, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y graves desórdenes de conducta. 

El debate arrancó a las 9 y no será transmitido en su totalidad por YouTube, algo que no le permitirá a todos los entrerrianos seguir en directo el juicio.

El mismo se realiza en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en el segundo piso del palacio de tribunales.

El Tribunal está presidido por Verónica Mulone, que representa al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), y estará integrado por los vocales del STJ, Gisela Nerea Schumacher –juró el viernes pasado–; Daniel Omar Carubia; y Juan Ramón Smaldone; el senador Armando Luis Gay; y el diputado Gustavo Zavallo, ambos del Frente Creer; y Gonzalo García Garro por el Colegio de la Abogacía.

La relación entre la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche y Pedro Opromolla, uno de los principales imputados en la causa “Contratos”, tendría no solo características comerciales sino que incluiría un trato personal y de estrecha confianza desde hace, al menos, una década.

La relación de la Procuradora Adjunta y el imputado en la causa “Contratos”, que investiga el presunto desvío de fondos de la Legislatura a través de contratos ficticios, tendría una extensión y una profundidad que iría más allá de lo que Goyeneche llegó a reconocer públicamente.Cuando el vínculo saltó a la luz, los hechos forzaron al Procurador General Jorge García a producir el apartamiento de Goyeneche de la investigación dos años antes de que se ponga en marcha el jury por mal desempeño que la suspendió en el cargo y podría culminar con su destitución.Ahora, personas del entorno de amistades de ambos han hecho circular a través de redes sociales fotografías donde la pareja Goyeneche – Bertozzi comparte vacaciones familiares en conjunto con Opromolla y su cónyugue. La foto que ilustra la nota es de un descanso invernal en 2013 pero existe otra de 2010, tomada en el interior de un domicilio en temporada estival en la que están ambas parejas sentadas en un living. Opromolla y Bertozzi están en malla de baño y con los torsos desnudos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para el 18 de marzo a una audiencia para tratar las situación de la independencia judicial en la Argentina donde escuchará las denuncias de fiscales provinciales que investigan las corrupción y el juego clandestino, perseguidos por el poder, las presiones sobre el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para forzar y la marcha para exigir la renuncia de los jueces de la Corte.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo internacional autónomo, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

Los fiscales plantearán los casos de la suspendida fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, suspendida cuando coordinaba la acusación de un grupo de fiscales en un juicio oral que se le sigue al exgobernador Sergio Urribarri y mientras motorizaba además una megacausa bautizada contratos, donde se investiga un desfalco de más de 53 millones de dólares, con falsos contratos de empleados de la Legislatura. Goyeneche estará presente en la audiencia que se realizará por Zoom.

Aceptación, La noticia sacude el fin de año judicial, afirma Juan Cruz Varela en la noticia publicada este jueves en el sitio "Página Judical": el abogado Gastón Justet aceptó intervenir como fiscal ad-hoc en el jury a la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, y hoy mismo prestará juramento ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Justet mandó el escrito de aceptación del cargo el martes y recibió el respaldo institucional del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, sobre todo por la presión tácita que representa la amenaza vertida por el procurador general Jorge Amílcar Luciano García de que denunciaría a todo aquel que aceptara oficiar como fiscal ad-hoc.

Así las cosas, el juramento será este jueves ante el Jurado de Enjuiciamiento para comenzar a intervenir en el proceso contra Goyeneche por haber tenido, presuntamente, una conducta incompatible con las funciones a su cargo y mal desempeño.

Antecedente

El nombre de Justet, abogado oriundo de Gualeguay, surge de la lista de conjueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ), a la que echó mano el Jurado de Enjuiciamiento en virtud del apartamiento del Ministerio Público Fiscal del proceso.

De hecho, el año pasado, intervino en un tribunal que convalidó la constitucionalidad de la ley de emergencia solidaria promovida por el Gobierno, ante un reclamo efectuado por jubilados del Poder Judicial contra el aumento de los aportes previsionales y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Perfil de Justet

Gastón Alberto Justet es un abogado de 42 años, egresado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y ex presidente de la Sección Gualeguay del Colegio de la Abogacía entre 2018 y 2020.

También tiene un recorrido político, ya que fue tesorero de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad de Gualeguay, secretario de Gobierno y Asuntos Sociales y secretario de Hacienda de la Municipalidad de Gualeguay, representante legal del Instituto del Seguro, asesor legal de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y concejal entre 2011 y 2015.

En 2014 fue propuesto para ocupar un cargo al frente del Juzgado Laboral de Gualeguay, pero no alcanzó a asumir por disputas políticas e internas con el entonces intendente Luis Erro. Es que Justet lo había denunciado en 2009 por el uso de un medidor de luz del municipio para proveer energía eléctrica a un local partidario para un acto político, generando un consumo energético de 101,99 pesos que fue abonado por la comuna. Erro fue condenado en esa causa, pero luego el STJ dictó su absolución.

Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento convocó a Justet para que intervenga como fiscal ad-hoc en el proceso iniciado a la procuradora adjunta en virtud de la decisión de "separar del conocimiento de la causa a la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal" por considerar que carecerían de objetividad.

Funcionamiento

La ley que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento prevé que el Procurador General tiene, entre los diversos deberes y atribuciones, la de "formular la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento" y que no la puede delegar, salvo por excusación o recusación.

La abogada Sonia Rondoni, representante del Colegio de la Abogacía, consideró que el hecho de que García fuera "superior jerárquico" de Goyeneche" y que también fuera denunciado en la presentación efectuada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet "afecta gravemente el principio de objetividad, motivo por el cual el Procurador General debe ser recusado para intervenir en la etapa de acusación formal".

Daniel Carubia, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), afirmó que "dada la estructura piramidal y de autoridad vertical que ostenta este Ministerio Público, resultan incontrastables los evidentes impedimentos que pesan sobre la totalidad de los integrantes del mismo" y Rondoni agregó que "tampoco es posible designar a uno de los funcionarios de inferior jerarquía que integran el Ministerio Público Fiscal (...) puesto que la denunciada es la encargada de controlar su desempeño y de impartirle las instrucciones que considere convenientes para el ejercicio de la función".

Esto motivó al jury a "encontrar una pretoriana solución (...) que permita llevar a cabo el proceso con absoluto respeto de las garantías de los magistrados o funcionarios que resulten enjuiciados", en palabras de Carubia. Esa solución apareció en la lista de conjueces del STJ, designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, integrada por abogados que cumplen con los requisitos para ser procurador.

El nombre de Justet surgió siguiendo el orden de la lista de conjueces y luego de que once de los integrantes de esa nómina rechazaran intervenir en el proceso. El argumento principal, que se repitió en casi todas las excusaciones, fue que designación que habían aceptado era solo para intervenir en reemplazo de los vocales del STJ.

El procedimiento de Jury a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche tropieza con un inconveniente serio.

La decisión del Jurado de Enjuiciamiento de apartar a todo el Ministerio Público Fiscal como órgano acusador y acudir a fiscales "ad hoc" de la lista de conjueces que elabora el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado para suplantar a los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) es una estrategia que, de momento, genera sólo desaires en los convocados.

La lista de conjueces está conformada por 14 varones y 4 mujeres. De ese listado de 18 personas, 11 ya han manifestado su rechazo a virar la función de conjuez para el que fueron designados por el de fiscal ad hoc para actuar en el ámbito del Jurado de Enjuiciamiento.

En este caso, los conjueces deberían ejercer la acusación contra la Procuradora Adjunta en el proceso que se le abrió por supuesto mal desempeño a partir de las denuncias de los abogados Carlos Reggiardo, primero, y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, después.

Esos letrados le reprochan no haberse excusado de intervenir en la causa de los contratos truchos en la Legislatura a partir del vínculo comercial que tuvo con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.

El Ministerio Público Fiscal quiere politizar el Poder Judicial en el marco del proceso que se le lleva adelante a Cecilia Goyeneche, acusada de haber beneficiado al imputado Pedro Opromolla, con quien tuvo en sociedad dos propiedades. Al poco de conocerse la información producto de un allanamiento en el estudio de su socio, la doctora debió sepultar su "falso Su Señoría" en audiencia pública para dar paso a un auto apartamiento de la causa de los contratos truchos en la Legislatura. La procuradora adjunta tiene otra causal. Se abusó de un testigo que, adelante suyo, le describió el rostro de su marido Sebastián Orlando, y lo sindicó como un integrante del estudio contable involucrado en la investigación mencionada. Al otro día el motomandado Mario Deiloff fue allanado. Esa medida fue autorizada por la jueza de Garantías, Marina Barbagelatta. Sería interesante conocer los argumentos que hicieron lugar al enojo de la doctora suspendida.

En tribunales ocurre algo interesante. Las cabezas de la Procuración General son denunciadas por radicales, pero ellos amenazan al peronismo. Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet solicitaron investigar a Jorge García y Goyeneche, pero éstos dicen por los medios tener información para imputar a peronistas. En rigor García es más moderado, pero la doctora directamente da nombres y apellidos. Cada vez que abren la boca invocan una causal de jury y juicio político. Hace unos días un dirigente esperaba ansioso a Goyeneche en la mesa de Mirta Legrand. Se imaginaba un cúmulo de acusaciones que luego irían en su contra.

Cuando se inició la causa de los contratos truchos, Goyeneche dejó trascender que imputaría a todos los vicegobernadores y presidentes de la Cámara de Diputado durante el período 2008 - 2018. Inmediatamente García salió a aclarar que eran especulaciones de la prensa. Ahora, eso que desmintió y le endilgó a periodistas, el procurador y su segunda lo repiten públicamente en tono de amenaza para oídos de la tropa #TodosSomosCecilia, que cree ser parte de un colectivo libertario que no tiene mucha más ascendencia más que en Paraná.

La causa de enriquecimiento ilícito contra el ex senador de Gualeguay, Hernán Vittulo, parecía ser una cucarda más del Ministerio Público Fiscal, pero quedó en anuncios. ¿Qué pasó? En los pasillos de Casa de Gobierno algunos tienen respuestas. El gualeyo, que también está en buena parte de la evidencia documental en la causa contratos que Fiscalía no aceptó, aparece en la trama como el hombre que repartía. ¿Había para todos, incluyendo judiciales? La pregunta empezó a tener respuesta producto de la intuición, cuando precisamente de la causa contra Vittulo no se habló más. Teléfono.

Hace unos años, un periodista cometió un error y quedó atado a una inminente imputación. Un abogado tuvo que interceder ante García para que deje en paz al trabajador de prensa. Un ejemplo claro del monopolio de la persecución penal en la provincia.

Algo similar sucedió con la lista de conjueces, a quien el procurador les dijo públicamente que quien asuma la tarea de acusar cometería un delito. La advertencia sale del que decide qué se investiga y qué no.

Por estas horas fiscales y procuradores de distintos puntos del país dirán en Paraná en su tira de la posverdad que la Justicia está siendo presionada por la política. En un comunicado oficial informaron que se reunirían con los presidentes de las dos cámaras legislativas, Ángel Giano y Laura Stratta y los representantes de los distintos bloques políticos. Una genial contradicción que, en su relato, poco importa. Además, hicieron saber que se han solicitado una audiencia con Gustavo Bordet.

¿Qué podrán decirles a los integrantes de la Legislatura y el Gobernador, que fueron acusados por Goyeneche de mafiosos sin tener la más mínima participación en el instituto que la debe juzgar? La coherencia de quienes deben velar por la justicia.

El Ministerio Público Fiscal insiste en abrazar a la política, vía amenaza o cualquiera sea la manera, porque jurídicamente los elementos que tiene son flojos. La jefatura de la Procuración General entiende que en Entre Ríos nadie puede juzgarlos, excepto alguno de la lista de #TodosSomosCecilia.

Fuente: Página Política

A través de una misiva dirigida al "Honorable Jurado de Enjuiciamiento", el Doctor Roberto Béhèran, radicado en Concordia, rechazó de plano convertirse en el "fiscal ad-hoc" en el juicio a la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche.

La primera negativa que se conoció fue la de Amado Siede. Enseguida, igual camino transitó el doctor Julio Federik. Y en las últimas horas, se le sumó un reconocido profesional del derecho, de la costa del río Uruguay, nacido en Gualeguay, el Dr.Roberto Béhèran

En el tramo final de la carta, se lee: "tampoco corresponde asumir como Fiscal Ad Hoc, por cuanto mi designación ha sido como Conjuez del Superior Tribunal de Justicia con acuerdo del senado para suplir a los integrantes de dicho cuerpo y no para actuar como Fiscal ad hoc, coincidiendo en este aspecto con algunos de quienes me precedieron al declinar su intervención por dicho motivo".

Antes, Béhèran ofreció otra razón por la cual rechazar el ofrecimiento. Transparentó que tanto la doctora Goyeneche como su defensor, el Dr. Enrique Pita, le ofrecieron ser co-defensor, y, aunque rechazó el encargo "debido a la gran cantidad de compromisos asumidos anteriormente en el ejercicio profesional, sumado a razones personales y familiares", en esa ocasión formuló "diversas reflexiones", fruto de su "experiencia como integrante de ese Honorable Jurado en cinco períodos o sea durante 10 años".

Por lo tanto, explica, "corresponde que me inhiba de intervenir por haber vertido extrajudicialmente opiniones y reflexiones sobre aspectos relacionados a esta causa, con lo cual resulta de aplicación lo dispuesto en los arts. 60 del C.P.P. que remite al art. 14 inc. j del mismo cuerpo legal). Dicha causal de inhibición es aplicable tanto para actuar como Fiscal Ad Hoc, como también para inhibirme para integrar este Jury como Conjuez del Superior Tribunal de Justicia, conforme lo dispuesto por el art. 26 inc. 6 de la ley 9383".