Buenos Aires, 21 de septiembre de 2022. “Es el primer avance en muchísimo tiempo, para los humedales de nuestro país”, dijo Leonel Mingo, coordinador de la campaña de Greenpeace, “Los diputados tienen la oportunidad de dar a este proyecto el impulso necesario para que llegue al recinto lo antes posible y con la fuerza necesaria para ser aprobado. Es importante que no la desaprovechen.Lamentablemente, fueron necesarias miles de hectáreas quemadas y semanas de humo invadiendo las ciudades, para que esto suceda”.

Las organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil vienen reclamando una Ley de Protección de Humedales desde hace más de 10 años. Los proyectos presentados fueron perdiendo sucesivamente estado parlamentario, y el fuego fue avanzando sobre estos ecosistemas sin control: en 2020 se quemaron más de 350 mil hectáreas, más de 200 mil en 2021 y en lo que va de este año ya son 230 mil hectáreas incendiadas, en su mayoría en forma intencional.

“Gracias a la presión de la ciudadanía, que no descansó nunca, tenemos la esperanza de que el Congreso finalmente logre una Ley y haya algún tipo de control sobre los humedales”, señaló Mingo. “Se trata de ecosistemas fundamentales para la biodiversidad y para la provisión de agua, y es inconcebible que todavía no haya regulación sobre ellos”.

Según la organización, las emisiones de carbono se incrementaron un 1.483 % este año, en relación a 2019. Durante este año, las emisiones de carbono fueron de 934.790 toneladas. Si son convertidas a CO2, serían 3.427.563 toneladas, lo que equivale a un promedio de 740.294 autos en circulación durante un año.

"A pesar de su importancia en la regulación del agua y el clima de la región, el Delta del Paraná se encuentra amenazado principalmente por la industria ganadera e inmobiliaria. Ante la actual crisis climática, ambiental y sanitaria, necesitamos medidas urgentes y concretas para proteger el Delta del Paraná", sostuvo Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace. "A pesar de su importancia en la regulación del agua y el clima de la región, el Delta del Paraná se encuentra amenazado principalmente por la industria ganadera e inmobiliaria. Ante la actual crisis climática, ambiental y sanitaria, necesitamos medidas urgentes y concretas para proteger el Delta del Paraná", sostuvo Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace.

En lo que va del año, fueron detectados 39.146 focos de calor, en comparación con los 300 detectados durante 2019. La franja entre el 17 de agosto y el 15 de noviembre fue la que contuvo mayor alertas de incendios. El día que contó con más focos fue el 17 de agosto, con 6.609.

Se estima que el 95% de los incendios ocurridos en Argentina este año fueron producidos por intervenciones humanas. Más de un millón de hectáreas se vieron afectadas en todo el país. Entre Ríos es la segunda provincia más impactada con más de 300.000 hectáreas afectadas, luego de Córdoba.

El monitoreo de deforestación en el norte de Argentina que realiza Greenpeace en forma permanente reveló que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre de este año se desmontaron 42.565 hectáreas de bosques, una superficie similar a la de dos veces la ciudad de Buenos Aires. La organización ecologista reclamó que se prohíban y penalicen los desmontes e incendios.

"Es evidente la complicidad de los gobiernos provinciales y la impunidad de grandes empresarios agropecuarios en este crimen ambiental. La Sociedad Rural salió a manifestarse públicamente contra el avance de nuevas leyes ambientales como la de humedales y la de delitos forestales", afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La organización ecologista realizó el monitoreo satelital en Santiago del Estero (16.805 hectáreas deforestadas), Salta (11.832 hectáreas), Formosa (8.718 hectáreas), y Chaco (5.210 hectáreas). Estas provincias concentran el 80% de los desmontes del país por el avance de la frontera agropecuaria para soja y ganadería, que en gran medida se exportan a China y Europa.

"Más desmontes significan más enfermedades, más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, y más desaparición de especies en peligro de extinción. Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más", advirtió Giardini.

Greenpeace está impulsando una petición a los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), Formosa (Gildo Insfrán), y Chaco (Jorge Capitanich) para que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes.