En una decisión que expone cierta falta de comunicación dentro del frente gobernante, el Departamento Ejecutivo Municipal de Gualeguay dispuso el veto total de la Ordenanza sancionada en el Expediente N° 067/2026. La norma, aprobada el pasado 6 de agosto en el Honorable Concejo Deliberante con el impulso y apoyo del propio bloque oficialista (Juntos por Entre Ríos), pretendía derogar la regulación vigente (Ordenanza N° 3199/24) para instaurar un nuevo marco general de habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios. Sin embargo, a través del Decreto N° 778/2026 emitido el 21 de agosto de 2026 y firmado por el Dr. Olegario Escobar —a cargo de la Presidencia Municipal de manera interina—, el Ejecutivo frenó de manera drástica la iniciativa.La resolución genera cierta sorpresa por tratarse de un proyecto que había obtenido luz verde legislativa de la mano de la mayoría oficialista. No obstante, desde el Ejecutivo argumentaron que, tras una revisión integral, el texto presenta deficiencias técnicas, superposición de competencias y vacíos jurídicos que lo tornan "operativamente inviable" e incompatible con los avances de modernización y digitalización ya implementados en el Municipio.

Los fundamentos del veto

A lo largo del cuerpo fundacional del Decreto N° 778/2026, el Ejecutivo aclara que "comparte algunos de los objetivos perseguidos por la iniciativa" —tales como extender la vigencia general de habilitaciones a 36 meses o facilitar la presentación de croquis para locales de hasta 60 m²—. Sin embargo, remarca que la norma aprobada desarticula de manera severa el esquema administrativo vigente.

Los principales ejes de la fundamentación técnica y jurídica se estructuran en:

-Retroceso administrativo y circuito burocrático obsoleto: Según el decreto, el artículo 5° de la Ordenanza reinstauraba un trámite sucesivo por múltiples dependencias (incluyendo Asesoría Legal y Presidencia Municipal). El Ejecutivo recordó que dicho circuito fue modificado hace años (Decreto N° 055/08) para reservar la intervención legal únicamente a casos de conflicto. Asimismo, se señaló que la norma desconocía el procedimiento fijado por la Resolución N° 191/24, el cual permite la tramitación remota y la coordinación digital.

-Afectación de competencias del Cuerpo Único de Inspectores (C.U.I.): el artículo 6° habilitaba a cualquier repartición a realizar intimaciones o labrar actas, lo que a criterio del Ejecutivo contraviene la Ordenanza N° 2870/17 que centraliza la fiscalización en el C.U.I. A esto se sumó un error formal de gravedad: la norma aprobada aludía a que las actas se formalizarían mediante los "Anexos I y II", pero dichos anexos nunca fueron adjuntados al texto sancionado, dejando la norma incompleta desde su origen.

-Contradicción en plazos y riesgo de "habilitación tácita": El análisis legal detectó una falta de articulación entre el plazo general de 36 meses del artículo 2° y las habilitaciones iniciales por 6 meses con renovaciones automáticas del artículo 7°. Más categórico aún fue el rechazo al mecanismo de aprobación por el silencio de la Administración (ante la falta de respuesta en 30 días): "El mero silencio de la Administración no puede suplir controles inherentes al ejercicio del poder de policía municipal cuando se encuentran comprometidas la seguridad, la salubridad o la protección de terceros", enfatiza la fundamentación.

-Errores de técnica legislativa e indeterminación derogatoria: El veto expuso fallas como citar la norma como un "presente Decreto" en lugar de Ordenanza (art. 9 inc. b), así como la amplitud imprecisa del artículo 11° que derogaba normativas anteriores sin prever un régimen de transición, amenazando con paralizar la tramitación web y los canales vigentes.

-Vacío normativo en excepciones y cargas a terceros: El artículo 12° excluía a grandes comercios (Decreto N° 397/05) pero no fijaba qué plazo o trámite les aplicaría tras la derogación. Por último, el artículo 13° obligaba a propietarios o locadores privados a entregar planos actualizados a sus inquilinos, una intromisión en relaciones de índole privada que, según el texto oficial, vulnera criterios de proporcionalidad.

En sus conclusiones, el Decreto N° 778/2026 sostiene que no resultaba factible una promulgación parcial, dado que las falencias "afectan elementos esenciales y recíprocamente vinculados".

Fallas en la comunicación

La decisión del Ejecutivo de vetar totalmente una ordenanza acompañada desde el bloque de Juntos por Entre Ríos pone de manifiesto ciertos desajustes en la gestión local. Desde el oficialismo explicaron que no hay desacuerdo con el proyecto —que ingresó formalmente al Concejo el 3 de julio de 2026 y fue sancionado en la sesión del 6 de agosto— y busca responder a un histórico reclamo de comerciantes y cámaras del sector productivo para unificar exigencias.

Sin embargo, el desenlace deja al descubierto una falla en los canales de consulta y articulación previa entre el cuerpo legislativo y las secretarías del Ejecutivo antes de someter el texto a votación. También se señaló que estas cosas suceden “porque no se está cumpliendo con la publicación de los actos de gobierno y de las normas”.  

Próximos pasos en el Concejo Deliberante

Tras el ingreso formal del Decreto N° 778/2026 a la Mesa de Entradas del Honorable Concejo Deliberante el pasado 21 de agosto, el expediente N° 067/2026 ha vuelto a tomar estado parlamentario y fue derivado a Comisión. De acuerdo con el procedimiento marcado por la Ley Orgánica de Municipios de Entre Ríos (Ley N° 10.027), el cuerpo deliberativo se enfrenta a dos caminos posibles:

Aceptar el veto: Si el HCD deja transcurrir los plazos o no reúne las mayorías necesarias, la norma vetada quedará definitivamente archivada. Esto obligará a los ediles y al Departamento Ejecutivo a conformar una mesa de trabajo conjunta para redactar un nuevo proyecto desde cero que subsane las inconsistencias señaladas. El otro sería insistir con la sanción, pero todas las fuentes coinciden que hay voluntad política de todos los sectores para reescribir una versión del régimen de habilitaciones que cumpla con los requisitos necesarios para ser aplicable. 

Más plazo y menos costos para el comercio local

La nueva Ordenanza de Habilitaciones Comerciales representa un avance significativo en la agilización de trámites administrativos para pymes y emprendedores. La norma deroga la legislación anterior y consolida todas las disposiciones del sector en un solo texto normativo.

El autor de la iniciativa, el edil Sebastián Schaumann, detalló en diálogo con El Debate Pregón, la evolución de este proceso de simplificación: «Cuando arrancamos este período en el Concejo la habilitación duraba 18 meses, luego la modificamos a 24 y ahora, mediante esta norma, pasa a durar 36 meses (3 años). Le sumamos un año más de vigencia para dar mayor previsibilidad al comerciante», explicó.

Otro de los puntos centrales beneficia de forma directa al bolsillo de los pequeños emprendedores: “Anteriormente se permitía presentar un croquis profesional en lugar de un plano actualizado para locales de hasta 40 metros cuadrados. Ahora aumentamos esa superficie a 60 m², porque hacer un croquis es mucho más barato y sale mucho más rápido. De esta manera, al comerciante le va a salir menos costo y va a agilizar significativamente el trámite», remarcó Schaumann.

Consenso político y técnica legislativa

Un aspecto que destacó el concejal promotor del proyecto fue el trabajo conjunto llevado a cabo con la oposición dentro del recinto para lograr un texto claro y superador.

«Cabe destacar el trabajo realizado junto al bloque Más por Entre Ríos, con los concejales Martín González y Micaela Cevasco. Con su ayuda simplificamos la técnica legislativa, evitando que quedara un parche sobre otro o modificaciones sucesivas», señaló Schaumann.

En esa misma línea, el edil ponderó el mensaje político de la sanción: «Esto marca que, por más que estemos en espacios políticos distintos, cuando se trata de trabajar para el bien común no importa a qué sector pertenece cada uno. Ese es un mensaje muy positivo para la comunidad».

Principales puntos de la nueva ordenanza comercial

•Duración: Las habilitaciones comerciales tendrán una vigencia de 36 meses (3 años).

•Superficie simplificada: Locales de una sola planta de hasta 60 m² podrán suplantar el plano actualizado por un croquis confeccionado por un profesional matriculado.

•Permiso provisorio: Si no existen objeciones en los primeros 10 días de iniciado el expediente, la Oficina de Rentas emitirá un permiso de habilitación por 6 meses.

•Aprobación tácita: En los trámites de renovación, si el Departamento Ejecutivo no se expide en un plazo de 30 días, el trámite se considerará aprobado tácitamente.

•Obligación de locadores: Quienes alquilen o cedan inmuebles comerciales deberán entregar al inquilino los planos actualizados o el croquis correspondiente.

Distinción a los heroicos rescatistas gualeyos

En la misma jornada, el cuerpo deliberativo aprobó por unanimidad la Resolución N.º 038/26, también de autoría de Schaumann, mediante la cual se declaró de Interés Municipal la labor humanitaria de los Bomberos Voluntarios de Gualeguay Gastón Velázquez y Osiris López, junto a sus perras de búsqueda Roma y Oma.

El equipo gualeyo formó parte del contingente internacional de la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe (A.C.E.C.C.) enviado a Venezuela tras el trágico sismo registrado el pasado 24 de junio de 2026. Durante seis jornadas de intenso trabajo entre escombros y estructuras colapsadas, la brigada logró la localización de 48 personas, consiguiendo rescatar con vida a 5 víctimas —entre ellas dos niños— y recuperar los restos de 43 personas.

«Es un orgullo enorme destacar la labor de nuestros bomberos y de sus perras en una misión internacional de semejante magnitud», concluyó el concejal Schaumann tras la votación.

Cabe destacar que esto es una confusión, ya que las condiciones en las que vivía el empleado no dependen de la habilitación del comercio. En dicho punto fuimos en busca de la palabra inspector general de la municipalidad, Sebastián Schaumann para que nos brinde información precisa de lo que al municipio le compete. 

“Lo del súper chino fue el detonante que hace salir a la luz determinadas cuestiones que no hace a lo que es la inspección y habilitación municipal. Es bueno aclararlo para no mezclar los tantos, la denuncia tengo entendido que es por otra cuestión no por alimentos en mal estado”, comenzaba diciendo. 

Y continuaba “desde la Municipalidad tanto en supermercados, rotiserías, panaderías estamos con las inspecciones de rutina que se realizan desde DICSA.  Aparte de los controles de rutina se habilitan los comercios si cumplen con los planos, matafuegos, desinfección y otras cuestiones tendientes a los productos que se comercializan”

Asimismo explicaba “en lo que respecta a la manipulación de alimentos, se debe contar con vestimenta adecuada, y se tiene que hacer el curso de manipulación que si o si lo tienen que tener para la hora de la habilitación del comercio y eso es lo que se verifica y aconseja y se hace docencia”. Prosiguiendo “más allá de que cumplan mediante un papel, se hace hincapié en por qué y eso esta contemplado en el curso, para que ellos trabajen tranquilos y para que nosotros los consumidores sepamos que compramos”

Cerca del final el inspector general de la municipalidad, Sebastián Schaumann sostenía “lo que paso de repente se mezcla con lo que es la habilitación bromatológica y de higiene y seguridad, con una seguridad que escapa a nosotros porque no tenemos injerencia de meternos en cómo viven los empleados”

“No está bueno estigmatizar por la cuestión de nacionalidad, pero si esta bueno para que seamos conscientes y que salga a la luz”, finalizaba.

Anoche, al cierre de la presente edición, trabajadores de eventos, como djs, fotógrafos, mozos, sonidistas e iluminadores, entre otros, se manifestaron en Plaza Constitución en reclamo por las limitaciones en las nuevas habilitaciones que contemplan el desarrollo de sus actividades.

Cabe recordar que el pasado 23 de diciembre desde el municipio se habilitaron de manera restringida los eventos infantiles, salones y salas de juegos. Entre otros aspectos, se estableció en aquella oportunidad que: "Para aquellos salones que realicen actividades al aire libre y en espacios cerrados, deberán respetar la modalidad de una mesa por cada dos metros cuadrados, con un máximo de hasta 8 personas por mesa y hasta una capacidad total del 50% del lugar, debiendo tenerse como máximo 20 asistentes por cada evento".