El Gobierno nacional completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal con la selección de la firma Jan de Nul-Servimagnus como ganadora de la licitación pública, en el último paso del proceso de privatización de la estratégica vía por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.

La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dio por concluidas las evaluaciones correspondientes y cerró el proceso licitatorio. Jan de Nul y Servimagnus operarán la Hidrovía por los próximos 25 años.

La firma del contrato está prevista para dentro de un plazo máximo de 30 días y, de acuerdo con lo informado oficialmente, activará una reducción del 13,5% en los costos logísticos.

Según informó el Gobierno, la empresa adjudicataria presentó la mejor oferta y el cierre del procedimiento no registró impugnaciones por parte de las compañías participantes, que convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora durante las distintas etapas de la licitación.

Esta decisión cierra la etapa estatal en la administración directa de la ruta, devolviendo la gestión operativa al sector privado. El objetivo, según el Gobierno de Javier Milei, es potenciar la matriz productiva del país mediante la incorporación de tecnología de punta, el control del tráfico naval y el combate contra el narcotráfico en la zona, desligando al Estado de su administración.

En términos geográficos, el proyecto engloba el dragado y balizamiento desde el kilómetro 1238 del Río Paraná, a la altura de la zona conocida como Confluencia, hasta el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, alcanzando las profundidades naturales del Océano Atlántico. Las futuras obras permitirán que los buques oceánicos carguen a tope en sus puertos de origen.

Para resguardar la legalidad de la licitación, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación firmó un memorando de entendimiento con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que auditó todas las fases del trámite para garantizar los más altos estándares de transparencia.

El proceso contó con la creación de Mesas de Diálogo Interdisciplinarias y una Audiencia Pública Informativa, donde universidades, sindicatos y referentes portuarios aportaron sugerencias para el proyecto.

A su vez, gobernadores de seis provincias (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones), la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario y diversas cámaras portuarias celebraron la adjudicación.

Junto a los operadores de la vía navegable también compitieron la firma belga Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME NV) y la empresa brasileña DTA Engenharia Ltda.

El camino hacia la decisión final tuvo tropiezos administrativos. La primera en quedar afuera fue DTA Engenharia Ltda, descalificada por la Comisión Evaluadora por no presentar correctamente la garantía para mantener su oferta.

Por su parte, la firma belga DEME NV presentó recursos cuestionando que la Comisión no midió sus antecedentes técnicos con la misma vara que al resto. El reclamo quedó sin validez legal porque la empresa omitió pagar la garantía obligatoria para poder apelar.

El cierre del proceso llegó con la Resolución 844 del Ministerio de Economía, que rechazó las apelaciones de la empresa belga. Con el aval de la Procuración del Tesoro, el Gobierno concluyó que no hubo arbitrariedad ni trato injusto, y que el consorcio europeo no entregó la documentación requerida por el pliego.

La privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay ingresó en su etapa final. El Ministerio de Economía anunció que el Dictamen de Preadjudicación recomendó adjudicar el contrato de dragado y mantenimiento a la unión empresarial Jan de Nul Servimagnús, luego de completar el análisis técnico y económico de las ofertas presentadas.

La hidrovía es una infraestructura estratégica para la economía argentina: por ella transita cerca del 80% del comercio exterior del país, lo que convierte a esta decisión en una de las licitaciones de mayor impacto logístico y productivo de los últimos años.

La selección se realizó sobre la base de un sistema de puntajes elaborado en conjunto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). En las dos primeras fases de análisis técnico, Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos contra los 42,14 de su principal competidora, la también belga DEME NV. La firma brasileña DTA Engenharia fue declarada inadmisible por no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta.

En la evaluación económica, tanto Jan de Nul como DEME ofrecieron el menor precio contemplado por el pliego, alcanzando el puntaje máximo. El Gobierno interpretó este resultado como una señal positiva para el sector logístico, ya que implicaría una reducción de costos para los usuarios de la vía navegable.

El Ministerio de Economía defendió el proceso y destacó que ninguna de las empresas participantes presentó impugnaciones contra los actos administrativos del proceso de evaluación. También señalaron que la Justicia rechazó las denuncias que intentaron frenar el avance de la licitación.

Con la emisión del dictamen, comienza un período de siete días corridos para la presentación de eventuales impugnaciones. Una vez vencido ese plazo, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanzará hacia la adjudicación definitiva del contrato.