El Gobierno nacional avanza en el diseño de una ambiciosa reforma tributaria que podría alterar significativamente la distribución de recursos entre las provincias. El ministro de Economía, Luis Caputo, propuso desdoblar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), creando dos componentes: uno nacional, con una alícuota fija del 10%, y otro provincial, cuya tasa sería definida por cada jurisdicción.

La idea, que busca descentralizar la recaudación y otorgar mayor autonomía fiscal a las provincias, podría sin embargo tener efectos negativos para varias economías del interior del país. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Entre Ríos perdería un 14,9% de los ingresos que actualmente percibe por coparticipación del IVA.

Hoy, el IVA es un impuesto nacional y coparticipable: el 89% de lo recaudado se distribuye entre la Nación y las provincias, mientras que el 11% restante va a fondos específicos como la Anses y las cajas jubilatorias provinciales. Con el nuevo esquema, cada provincia debería fijar su propio IVA, administrarlo y fiscalizarlo, lo que implicaría desafíos logísticos y administrativos para muchas jurisdicciones con menor capacidad instalada.

El impacto sería desigual. Las provincias con mayor actividad económica y capacidad de gestión, como Buenos Aires, Córdoba o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultarían beneficiadas. De hecho, CABA podría ver incrementados sus ingresos en un 23,4%, mientras que Buenos Aires ganaría un 18,7%. En cambio, provincias como Catamarca, La Rioja, Formosa y Entre Ríos tendrían caídas de ingresos significativas.

En abril, Entre Ríos recibió $198.455 millones en transferencias automáticas del Estado nacional, que incluyen coparticipación, leyes complementarias y compensaciones. Con el esquema que propone el Gobierno, esa cifra se vería reducida en casi un 15%, lo que encendería alarmas en las finanzas provinciales.

La medida, que aún se encuentra en fase de análisis, promete generar un fuerte debate federal, ya que pone sobre la mesa la histórica tensión entre autonomía fiscal y equidad en la distribución de recursos.

Los aportes de los monotributistas subirán casi 53% a partir del 2022, lo que generará presión sobre ellos en un escenario de alta inflación. En la misma proporción se incrementarán los topes de facturación de cada categoría (Fuente: iProfesional www.iprofesional.com).

Una vez más, la mano de un Estado administrado por funcionarios sumidos en una realidad paralela impacta de lleno en uno de los sectores más afectados por lo que fue (y es) la pandemia del COVID-19. A la larga historia de cimbronazos y fluctuaciones negativas que han experimentado los monotributistas en el país, se le suma un nuevo episodio más de desidia para con ellos.

Un aumento del monotributo, en la condiciones macroeconómicas actuales de Argentina, es un golpe durísimo para el poder adquisitivo de las personas que se ven afectadas. Es imposible no observar cómo una medida de esta índole puede hacer mella de manera poco propicia en la calidad de vida de los ciudadanos que se ven alcanzados. Es inadmisible que los administradores del Estado no se percaten de estas realidades. Pareciera que gobiernan íntegramente desde sus despachos y no conocieran el día a día de sus representados.

A este nivel de ineficiencia impositiva en el cual se vive en nuestro país, cada actualización y normativa de este tenor debe ser aplicada de una manera que no presione aún más el bolsillo de múltiples sectores de la Argentina. No alcanza únicamente con recaudar. Las autoridades debieran saber que sus ineptitudes se agravan en un escenario de pandemia y pos pandemia.

Los contribuyentes están hartos y cansados de tolerar una constante presión impositiva que con el correr del tiempo aumenta continuamente. Son épocas complicadas donde el bolsillo de múltiples ciudadanos no soporta la voracidad impositiva de una administración estatal ineficiente.

Es clave que desde las gestiones de gobierno se cuide el bolsillo de la sociedad civil. Los tiempos son complejos y el poder adquisitivo de las personas se derrumba. Entre la inflación y la presión impositiva, no hay lugar para aumentar un impuesto que alcanza a uno de los sectores más débiles y afectados por la pandemia en Argentina.

En fin, otra vez la administración política va contra los más afectados e indefensos. La historia se repite y los platos rotos los pagan siempre los mismos.

Julián Lazo Stegeman

En la 11° Sesión Ordinaria, se aprobaron por unanimidad las ordenanzas de presupuesto e Impositiva Anual para el año 2021.

También se aprobó por mayoría una Comunicación, 6 positivos del Bloque Juntos por el Cambio y 5 abstenciones del Bloque Frente de Todos, instando al acompañamiento del Proy. De Ley que designaría con el nombre de " Presidente Municipal Don Federico Mario Antonio Bogdan", el camino ruta Provincial 136 desde la Rotonda del Ombú a Puerto Ruiz.

Además el Bloque JxC presentó un Proyecto de Comunicación por Art. 59 del Reglamento Interno, " Instar a los Senadores de la Provincia de Entre Ríos a la sanción de la correspondiente Ley a través de la cual se designé con el Nombre de; "Hospital San Antonio de Gualeguay Dr. Bartolomé Vasallo", el Hospital de la Ciudad de Gualeguay". Se solicitó el tratamiento sobre tablas, el cual no fue acompañado por el Bloque Frente de Todos. En consecuencia el mismo no pudo ser aprobado.