La ley exige que todos los comercios y prestadores de servicios detallen en sus tickets el impacto de los impuestos incluidos en el precio final. De esta manera, cada consumidor podrá ver tres datos fundamentales:

Además, la norma establece que ningún servicio financiado con fondos públicos podrá presentarse como “gratuito” sin aclarar que es sostenido con impuestos. También invita a los municipios entrerrianos a adherir para permitir que las tasas locales se detallen en los comprobantes.

El gobernador Rogelio Frigerio sostuvo que la iniciativa busca poner fin a años de opacidad sobre la carga tributaria en los precios.“El Estado tiene la obligación de transparentar y los consumidores el derecho de saber qué están pagando. Esta ley nos permite ordenar, sincerar y dar previsibilidad”, afirmó.

Según explicó, la medida se integra al proceso de modernización del Estado provincial, que incluye la reducción de impuestos en términos reales, la digitalización administrativa y la simplificación de trámites:“Desde el primer día trabajamos para que el Estado deje de ser una carga y empiece a ser parte de la solución”, señaló.

Frigerio aclaró que la nueva obligación no implica costos adicionales para comercios o empresas, sino una herramienta para que los entrerrianos conozcan con precisión cuál es el componente impositivo de lo que compran.“La transparencia fortalece la competencia, mejora la relación entre contribuyentes y Estado y ayuda a desarmar un sistema que históricamente castigó al que produce”, expresó.

La implementación ya está en marcha en toda la provincia, y se espera que los municipios sumen adhesiones para completar la información impositiva a nivel local.

De acuerdo al análisis realizado por Focus Market, en base a datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), se contabilizan 85 tasas municipales vigentes en el país. Muchas de ellas no solo carecen de contraprestación, sino que además replican impuestos ya existentes a nivel provincial, especialmente Ingresos Brutos.

El informe señala que el 35% de las tasas municipales generan doble imposición con el impuesto a los Ingresos Brutos. La más representativa es la tradicional tasa de Seguridad e Higiene, que se calcula del mismo modo que el tributo provincial: sobre los ingresos del contribuyente.

Esto convierte a la Argentina en un caso único en la región, donde los gobiernos locales han adoptado tasas que funcionan como verdaderos impuestos.

Según el estudio, los industriales —en su mayoría pymes— pagan en promedio 7,4 tasas municipales.El desglose indica:

Las provincias con mayor cantidad de tasas municipales por empresa son: Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Jujuy, Catamarca, Córdoba, Santa Fe y Corrientes.En territorio entrerriano, donde la actividad industrial y comercial tiene fuerte impacto en los municipios medianos y chicos, esta presión fiscal se vuelve especialmente sensible.

Una de las tasas que más se extendió es la aplicada a los combustibles.En el Gran Buenos Aires la cobran 20 municipios, pero fuera del AMBA se replica en al menos 89 localidades, entre ellas:

Junín, Chivilcoy, Castelli, Marcos Paz, General Rodríguez, Luján, San Vicente, Rojas, Salto, Bragado, Alberti, Carmen de Areco, Ramallo, General San Martín, Pinamar, Mar del Plata, Campana, además de otras ciudades costeras y rurales.-Fuente N.A.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Gualeguay, Olegario Escobar, aclaró en diálogo con El Debate Pregón la polémica generada por la difusión de un mapa del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) que marcó presencia de arsénico en distintas perforaciones del país. También se refirió al debate por la contribución por mejoras, que en las últimas semanas generó reclamos por parte de frentistas y motivó una propuesta alternativa de la oposición.

“Los datos son de 2012 y no corresponden a la red de agua corriente”

“Respecto del relevamiento del ITBA, lo primero que hay que aclarar es que el mapa digital que se difundió muestra cuatro perforaciones analizadas en Gualeguay, pero ninguna de ellas pertenece a las perforaciones que abastecen la red de agua corriente municipal. Además, según la propia información del mapa, esos análisis corresponden al año 2012, es decir, son datos viejos y ajenos al sistema de agua que hoy consumimos”, comenzó.

“En nuestro caso, la Municipalidad cuenta con un Laboratorio de Aguas que realiza de forma regular los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos del agua de red. Y quiero recordar que en el año 2018 el municipio envió muestras para analizar específicamente la presencia de arsénico en el agua de red, y en aquella oportunidad los resultados dieron dentro de los parámetros permitidos por el Código Alimentario Argentino”.

Sobre el arsénico, precisó: “Es importante aclarar que el arsénico es un metal pesado de origen natural, propio de la geología de la región. Por ese motivo, su presencia en las aguas subterráneas no suele variar bruscamente en el tiempo, salvo cambios muy significativos en la geología o en la forma de captar el agua”.

Cerrando ese tema, dio cuenta de los estudios previstos para estos días: “De todas maneras, y para brindar total tranquilidad a los vecinos, el 9 de diciembre enviamos nuevas muestras de nuestras perforaciones a la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú, a los fines de analizar no solo la posible presencia de arsénico, sino también otros metales pesados que eventualmente puedan encontrarse en el agua.Obra pública: asfaltado, reticulado y modernización de luminarias

El secretario repasó parte de la gestión en infraestructura: “En materia de infraestructura, finalizamos el asfaltado del Primer Cuartel en su totalidad, una obra que forma parte de nuestra manera de gestionar: hacer infraestructura que realmente le mejora la calidad de vida a la gente. La pavimentación no solo facilita y ordena la transitabilidad, sino que también contribuye a la limpieza general de la ciudad, porque reduce el polvo, el barro y el deterioro de las calles”, comenzó.

“A la par, seguimos trabajando en la colocación de reticulado del Tercer Cuartel, donde estamos ejecutando alrededor de 25 cuadras en la zona comprendida entre Chaco y Eva Perón en sentido norte-sur, y entre 25 de Mayo y Güemes en sentido este-oeste. Es una intervención muy importante que mejora la vida cotidiana de quienes viven y transitan esa zona. A esto se suma el gran trabajo que venimos llevando adelante desde la Dirección de Energía, donde hemos reemplazado una gran cantidad de luminarias de sodio por tecnología LED. Un ejemplo concreto es la Costanera, donde sustituimos por completo las luces antiguas, y hoy el paseo está totalmente iluminado con artefactos LED.

También realizamos intervenciones de iluminación LED en distintos sectores de la ciudad, como calle Rojas, Roca–Victoria, y este mes iniciaremos los trabajos en Río Negro–Matorras, colocando nuevas columnas y artefactos LED de 150 watts”, enumeró.

Para el cierre, aclaró que van por más: “Además, ya está en marcha el proceso licitatorio para adquirir 150 nuevas columnas y luminarias, con el objetivo de seguir avanzando en esta política de modernización y eficiencia energética en toda la ciudad”.Contribución por mejoras: “La obra pública beneficia y debe ser retribuida”

Escobar también dio cuenta de las notificaciones enviadas por el Municipio para el cobro de la contribución por mejoras. “Entendemos la molestia del vecino cuando se notifica una deuda, más cuando es una deuda tributaria”, dijo. Pero aclaró que la contribución por mejoras “es un método que se utiliza para lograr que los vecinos que fueron beneficiados por una obra de infraestructura contribuyan para que la Municipalidad pueda pavimentar otras calles de la ciudad”.

“No podemos entrar en discusión de que las mejoras han beneficiado la calidad de vida de los vecinos”, señaló, y agregó que diariamente reciben “cientos de reclamos de vecinos que quieren salir de la tierra, del barro y tener pavimentación”. En ese marco, sostuvo que el pago es necesario para que el beneficio “pueda llegar a la mayor cantidad de vecinos posibles”.

Actualización de valores y proceso inflacionario

Escobar explicó que el cálculo se realizó “en el valor de lo que cuesta” la obra al momento de aprobación de la ordenanza, que autoriza a actualizar la contribución “a los valores del año 2024”, algo que atribuyó al fuerte proceso inflacionario: “No es ajeno el valor que modificó de que valía 5.000 pesos el metro lineal de reticulado o asfalto y al año 2023 valía 22.000 pesos”. Además recordó que la ordenanza original permitía entre 20 y 40 cuotas, pero que el Ejecutivo la modificó y extendió el plan a 120 cuotas, con una tasa del 36% anual “como establece la ordenanza impositiva”. También precisó que el municipio emitió alrededor de 1.500 partidas y “más de 70 personas ya empezaron a pagar la contribución”.

Antes de cerrar, Escobar defendió el fundamento político de la medida:“Una obra pública beneficia a un vecino, y ese vecino tiene que retribuir ese pago para que ese mismo beneficio pueda llegar a más vecinos”. Y agregó que la gestión busca “tomar decisiones de manera responsable, equitativa y justa”.

Sobre la moratoria explicó: “Nosotros vamos a elaborar la propuesta desde el Ejecutivo como venimos haciendo todos los años, pero es algo que se tiene que definir en el Concejo Deliberante”.

El Concejo Deliberante tenía previsto debatir este martes por la noche el proyecto de ordenanza presentado por el bloque Más por Entre Ríos para modificar el esquema de contribución por mejoras aprobado en 2024. Sin embargo, el oficialismo resolvió no votarlo y mantenerlo en comisión para analizarlo en profundidad, con la intención de retomarlo la próxima semana.

El concejal Martín González recordó que su espacio votó en contra de la ordenanza vigente cuando se aprobó el año pasado, porque —según explicó— “estaba mal hecha, no respetaba principios básicos del derecho tributario y era un cheque en blanco, porque no se sabía cuánto iba a terminar pagando cada vecino”.

González sostuvo que los hechos confirmaron esas advertencias: “Durante un año la ordenanza se implementó a medias o mal. En una reunión con la Jefa de Rentas nos reconocieron que solo una persona se había acogido a un plan de pago. Eso muestra que los montos notificados eran imposibles de afrontar”.

El edil denunció que el municipio actualizó las obras de 2020 a 2023 “con valores de 2025”, y que al simular planes de pago “se aplicaban intereses como si el contribuyente ya fuera un deudor”. También cuestionó que la ordenanza de 2024 “solo autorizaba al Ejecutivo a percibir el tributo, cuando lo que correspondía era crear la obligación fiscal, que hoy no existe”.

El proyecto alternativo

Ante ese escenario, Más por Entre Ríos presentó un nuevo proyecto que —según González— “hace las cosas como corresponde”. La iniciativa propone cobrar la contribución por mejoras con los montos históricos calculados por Obras Públicas, sumar el 20% de gastos administrativos establecidos en la ordenanza original de 1975 y fijar un interés mínimo para los planes de pago, además de un premio por pago contado.

Eso implicaría una reducción significativa respecto de los montos enviados por el municipio: “Una persona a la que le notificaron alrededor de 3 millones de pesos pasaría a pagar algo así como 800 mil”, ejemplificó.

El texto también habilita al Ejecutivo a otorgar planes especiales a jubilados en función de sus ingresos, algo que para González “es habitual en cualquier normativa fiscal”.

La moratoria anunciada y no presentada

González recordó que el propio oficialismo anunció públicamente una moratoria sobre el tributo, algo que —según dijo— terminó desincentivando por completo el pago: “Si ya nadie lo había pagado, menos lo iban a pagar teniendo una moratoria en el horizonte”. Sin embargo, el proyecto de moratoria nunca llegó al recinto.

Incluso, afirmó que vecinos les comentaron que funcionarios municipales se comunicaron para anticipar informalmente esa moratoria antes de su anuncio público: “Eso no corresponde, primero por el valor de la palabra pública y segundo porque hay una ordenanza vigente”.

Impacto en el presupuesto 2026

El concejal también vinculó la discusión con el presupuesto municipal aprobado hace pocos días —que su bloque votó en contra—, donde figuran ingresos proyectados por contribución por mejoras calculados con los montos “exorbitantes” de la ordenanza de 2024.

“Ese presupuesto ya está desactualizado. Media hora después de ingresarlo anunciaron una moratoria, que por definición recauda menos. Y encima nunca la presentaron”, señaló. Eso, dijo, pone en duda los 1.300 millones de pesos previstos para obras de pavimentación que dependen directamente de lo recaudado por el tributo.

En paralelo, González cuestionó con dureza la estructura del presupuesto 2026 y, en particular, el financiamiento del plan “Tené Tu Casa”, al que definió como “absolutamente inviable”. Según explicó, el programa prevé recaudar 184 millones de pesos por el pago de cuotas de los suscriptores, pero el Ejecutivo presupuestó un gasto de 600 millones, lo que implica que “Juan Pueblo debe poner 420 millones de pesos para sostener una promesa política”. Recordó además que el plan estuvo paralizado durante dos años, que ya requirió sucesivas inyecciones de fondos y que el municipio terminó destinando más de 1.300 millones de pesos adicionales para mantenerlo en funcionamiento. “Es un nuevo bochorno: financian un programa deficitario a costa de recursos que deberían ir a servicios básicos como el arreglo de calles”, afirmó.

Qué sigue

Con la decisión del oficialismo de postergar la votación, el proyecto de Más por Entre Ríos seguirá en comisión. González pidió a los vecinos “estar atentos” al tema:“La ordenanza vigente está mal hecha y nadie la paga porque los montos son exorbitantes. Lo que planteamos es razonable, lógico y acorde a la normativa histórica”. La discusión se retomará en las próximas reuniones de comisión, donde cada bloque definirá su postura antes del tratamiento en el recinto.

La polémica por la aplicación de la Ordenanza N° 3196/24, que autoriza al Ejecutivo municipal de Gualeguay a cobrar contribuciones por mejoras correspondientes a obras de pavimentación y cordón cuneta ejecutadas entre 2020 y 2023, sigue creciendo.

Luego de la repercusión que tuvo la nota publicada por El Debate Pregón sobre el cobro retroactivo y las intimaciones que comenzaron a llegar a los frentistas, la concejala Micaela Cevasco (Más por Entre Ríos) salió a reafirmar su postura contraria a la norma y advirtió sobre el impacto económico y jurídico que la medida está generando.

> “Nuestro bloque votó en contra de esta ordenanza, que actualizaba cobros de obras realizadas hace más de cuatro años, a precios actualizados que ni siquiera sabíamos cuánto iba a ser lo que el vecino tenga que pagar”, expresó Cevasco en sus redes sociales.

> “Lo repetimos mil veces, en el Concejo y en los medios, que era irresponsable de nuestra parte votar algo que no sabíamos cuánto se le iba a cobrar al vecino, y que además iba en contra de la ordenanza original que rige cómo se debe cobrar la tasa”, agregó.

La edil, que integra junto a Martín González el bloque de Más por Entre Ríos, sostuvo que el procedimiento adoptado “vulnera principios básicos de transparencia” y que la medida “no respeta el marco legal vigente”, ya que la normativa que regula las contribuciones por mejoras (Ordenanza N° 1541/75) establece que el contribuyente debe ser informado del costo y la modalidad de pago en el momento en que se ejecuta la obra.

> “Nada de esto pasó. No la cobraron por años, y ahora quieren que la gente la pague a valores actualizados cuatro o más años después, con cuotas que en algunos casos rondan los 70 mil pesos por mes, y por calles que en su mayoría hoy están destruidas”, cuestionó.

El contenido de la ordenanza

Según detalla la Ordenanza N° 3196/24, registrada el 7 de junio del año pasado, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) queda autorizado a percibir la Contribución por Mejoras derivada de obras como cordón cuneta, pavimento de hormigón armado, adoquines o pavimento asfáltico.

El texto se apoya en la Ley Provincial N° 10.027, el Código Tributario Municipal y la Ordenanza N° 1541/75, que califican este tipo de obras como una “tasa por contribución de mejoras”.

El artículo 2° de la nueva ordenanza establece que la percepción se hará por el 100% del valor total de la obra, autorizando al Ejecutivo a elaborar una “Escala de Valores actualizada” conforme al procedimiento del Régimen de Obras de Pavimentación e Infraestructura. Esa escala, elaborada por la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de Rentas, determinó los montos que ahora están siendo reclamados a los frentistas.

El punto más controvertido, según advierten distintos sectores, es precisamente esa actualización de valores: la ordenanza fija los costos a precios de 2024, aunque las obras datan de entre 2020 y 2023. Para la oposición, ese criterio constituye una aplicación retroactiva contraria a la ley.

Vecinos en alerta

Tal como publicó El Debate Pregón días atrás, un grupo de vecinos de distintos barrios de Gualeguay se encuentra organizando presentaciones administrativas y judiciales para impugnar las intimaciones recibidas. Las notificaciones incluyen cuotas que, en algunos casos, superan los 60 mil pesos mensuales, lo que ha generado preocupación y malestar entre los contribuyentes alcanzados quienes se siguen quejando ante este medio.

Los recursos que comenzaron a circular sostienen que el cobro “resulta ilegal y arbitrario”, al pretender aplicar valores actuales a obras ya finalizadas hace tres o cuatro años.

El planteo jurídico argumenta que la medida viola el principio de temporalidad del hecho imponible fiscal, ya que la obligación tributaria se origina en el momento de ejecución de la obra y no al dictarse una norma posterior.

En tanto, Cevasco insistió en que el bloque oficialista “debe dar explicaciones claras” y garantizar que los cobros se ajusten a derecho. > “La situación es injusta y desprolija. No puede ser que se cobre a valores inflacionarios obras que, en muchos casos, ya están deterioradas. Esto no es contribuir con mejoras: es castigar al vecino”, concluyó.

En el centro cultural La Vieja Usina el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, sostuvo que "desde el gobierno reafirmamos nuestro compromiso de diseñar cambios impositivos que faciliten la tarea del comerciante, como así también de escuchar sus problemas y propuestas". 

Sumó que "nuestra misión es simplificar las cosas, tanto en lo fiscal como en lo administrativo y operativo, para que el empresario pueda poner el foco en la operatividad y no en trámites burocráticos".En ese marco, el secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti,  subrayó que "esta primera mesa de intercambio surge de la necesidad de generar un ámbito de confianza para emprender tareas en conjunto". Especificó que cada localidad tiene sus particularidades, por lo cual la tarea es trabajar también a nivel municipal.En tanto, el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, señaló que "en este año la empresa cumple 25 años y queremos recuperar su esencia. Por ello, es muy importante este ida y vuelta entre el sector comercial y las áreas de comercio e industria; ya que quedan muchas cosas para desarrollar comenzando por lo relativo a comercio electrónico".

En estos días, un comerciante local expuso la situación del sector en los medios. Un resumen de lo que dijo tiene que ver con la fuerte presión impositiva (cincuenta por ciento del precio son impuestos); los recargos que absorben los comerciantes por la venta digital; la falta de control por parte de Rentas, AFIP, ni tampoco locales. También destacó que vienen cerrando comercios en lo que va del año y que las páginas de venta online, sin local a la calle ni empleados ni impuestos representan una competencia desleal. Si a eso se le suma la presencia de supermercados extranjeros sin control, esto va a llevar primero a reducir la planta de empleados y después cerrando los negocios. A continuación, un informe exclusivo de El Debate Pregón con datos que profundizan el panorama.

Sobre la situación económica del comercio, un informe del Instituto de Estadísticas de la Provincia marca que en lo que va del año las ventas en supermercados cayeron un quince por ciento en Entre Ríos (de 49.000 a 42.000 millones en el primer cuatrimestre). Si esa es la caída en comida, se especula que en el resto de los productos es mayor aun la retracción.  El mismo organismo informa un aumento por encima del treinta por ciento en alquileres en lo que va del año, y una variación interanual por encima del doscientos por ciento. Pagar por un local y encima no vender se convierte en una bomba de tiempo.

Estos factores, sumados a la caída del poder adquisitivo de los argentinos (sólo Venezuela tiene peor salario en dólares en Latinoamérica según Bloomberg) empujan al consumidor a buscar oportunidades y a muchos comerciantes a la informalidad. Un dato que apoya este diagnóstico es que la recaudación Provincial por Ingresos Brutos (en términos reales, deflactados) presentó una variación negativa (-5,9%) en lo que va del año. Baja la recaudación y se presiona cada vez más a los que cumplen sin premiarlos por hacer las cosas bien.

Respecto a los controles, se combinan una serie de situaciones. Desde el Gobierno Nacional es harto conocido que la delegación local de AFIP ha sido degradada y pasó a depender de Gualeguaychú. Eso tiene consecuencias en la cantidad de empleados y también en el tema de las inspecciones. Por lo que pudo saber este medio, los inspectores que hacen controles a nivel local en la mayoría de las ocasiones provienen de Gualeguaychú y de Paraná. En general, la bajada a nivel nacional también tiene que ver con buscar a los que ya tienen CUIT y presionar sobre ellos. Existen no sólo pequeños emprendedores, sino también grandes fortunas en nuestra ciudad que no están inscriptas y que no declaran absolutamente nada a la vista de todo el mundo.   Otro tema relacionado  tiene que ver con el origen de la mercadería que se comercializa. No es lo mismo tener todo en regla que obtener la mercadería a través de fraude y sin controles en puertos y aeropuertos.  

Por último, en relación a la instalación de supermercados extranjeros no hay legislación ni ordenanza que lo prohíba. Desde el oficialismo señalaron que existen artilugios legales que impiden presentar una normativa local que los limite. También que se trabaja en normativas que faciliten la inscripción de los comercios locales. Desde el sector sindical plantearon que la falta de controles en ese sentido también es notable.  

Mientras tanto, muchos comercios locales sienten la presión y se van achicando hasta despedir los empleados, o en el peor de los casos, desaparecer. 

Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI)- analizó 3 facturas domiciliarias de energía eléctrica, agua y gas de cada una de las 23 capitales provinciales del país más la Ciudad de Buenos Aires -correspondientes a febrero 2025-, para obtener una radiografía que muestra cuánto representan en el valor final del servicio estos conceptos incorporados por los distritos subnacionales.

Y determinó que si bien estos impuestos y tasas -más otros componentes– representan en promedio el 12,26% del valor total de los servicios, existen grandes disparidades por provincias, con extremos que van desde costo cero hasta 35% del total. Las boletas con mayor cantidad de costos extra son las de energía eléctrica, con un promedio de 20,3%. La de agua tiene un promedio de 11,9% y la de gas, 4,6%.

El relevamiento de Ruido calificó el peso de las “tasas” (T), “impuestos” (I) y “otros componentes” (OC) en “Muy bajo” para aquellos distritos en los que el valor es igual o menor a 5%, “Bajo” para aquellos de 5,01% a 10%, “Medio” para aquellos entre 10,01% y 15%, “Alto” para aquellos entre 15,01% y 20%, y “Muy Alto” para quienes tienen o superan 20% del total de lo facturado por el servicio. El criterio se tomó en relación al promedio, y en todos los casos analizando exclusivamente boletas de los servicios de las ciudades capitales.

Entre Ríos con 12,68% se encuentra en la línea media.Teniendo en cuenta que el promedio del peso de las tasas municipales, impuestos provinciales y otras contribuciones es del 12,26%, se podría decir que en general hay un peso “Medio”. 

Pero si se analiza cada provincia, puede observarse que los usuarios que pagan el mayor porcentaje de impuestos, tasas y contribuciones sobre los servicios públicos son Santa Rosa (La Pampa) con 35%, Rawson (Chubut) con 26%, Neuquén con 21,3% y Resistencia (Chaco) con 21,3%, todas capitales con un peso “Muy Alto”.Entre los que menos pagan se encuentran los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires con el 3,7%, Santa Cruz con el 3,1%, Corrientes con el 0,5% y Formosa, donde no se cobran ni impuestos provinciales ni tasas municipales en los servicios (considerados distritos con una carga tributaria “Muy Baja”).

Si se contemplan sólo las tasas y contribuciones municipales, el promedio nacional del peso de estos tributos es de 9,23% sobre el total de las tarifas.

Tomando este parámetro, 8 capitales están por encima de ese valor: Salta (28,1%); Santa Rosa, La Pampa (25,1%) y Rawson, Chubut (21,8%) con un peso “Muy Alto” seguidas de San Luis (13%), Neuquén (12,6%); Paraná, Entre Ríos (11,6%) con peso “Medio”; y San Salvador de Jujuy (9,5%) y Viedma, Río Negro (9,28%) con un peso “Bajo”.

Si el relevamiento es sólo sobre los impuestos provinciales, el promedio del peso es de 4,8% y el orden cambia un poco.

Chaco (21,34%) aparece a la cabeza, como única con un peso “Muy Alto”; seguida de Mendoza (9,25%), Tucumán, Buenos Aires, Chubut, Santa Fe y San Juan (5,23%) con peso “Bajo”. Por encima del promedio y con peso “Muy Bajo” están Córdoba (4,9%), Salta (4,85%) y Tierra del Fuego (4,81%).

También hay que considerar la situación de provincias como Chubut, La Pampa y Neuquén, en las que las prestadoras del servicio de energía eléctrica son cooperativas que incluyen otros costos que no están vinculados al servicio en sí, pero sí a la propia cooperativa. En La Pampa esto representa el 24,4% del peso total, en Chubut el 22,4%, y en Neuquén el 16,5%. Fuente: Chequeado

El anuncio se produjo tras conocerse el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que registró una inflación del 2,4% en febrero y un acumulado del 66,9% en los últimos 12 meses. Caputo afirmó que la iniciativa busca contrarrestar la tendencia inflacionaria y favorecer a los consumidores argentinos.

Según detalló el ministro, la reducción de aranceles se implementará en los próximos días, una vez publicado el decreto correspondiente en el Boletín Oficial. Los nuevos porcentajes serán los siguientes:

Ropa y calzado: pasarán de un 35% a un 20%.

Telas: se reducirán del 26% al 18%.

Hilados: bajarán del 18% a un rango entre el 12% y el 16%, según el tipo de producto.

En su comunicación, Caputo destacó que Argentina "sigue siendo el país con la indumentaria más cara en la región y en el mundo". Como ejemplo, señaló que "una remera cuesta en Argentina 310% más que en España y 95% más que en Brasil, mientras que una campera cuesta 174% más que en España y 90% más que en Brasil".

Tras cinco años desde su creación, el lunes finalizará el Impuesto PAIS. El primer paso fue en septiembre, cuando el Gobierno dispuso la reducción de 10 puntos porcentuales (pasó la alícuota del 17,5% al 7,5 por ciento).

Por el momento, el impuesto PAÍS establece un 30% de recargo sobre las compras en divisa extranjera, lo que ahora será eliminado. Sin embargo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que se mantendrá el 30% del régimen de percepción a cuenta de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.

Hasta la última resolución de ARCA, publicada el viernes, todos los consumos en dólares y las compras con tarjetas en el exterior estaban gravados con los impuestos PAIS (30%) y adelanto de Ganancias (30%), que generaban 60% de retención. Es decir que con un valor de dólar oficial de $ 1.042, el precio del dólar quedaba en $ 1.668. Con el vencimiento de este tributo quedaría en $ 1.354,60 si no se da una devaluación mediante.

Con el nuevo régimen, que mantiene Ganancias y Bienes Personales, se aplicarán a las siguientes operaciones: compra de billetes y divisas en moneda extranjera (incluidos cheques de viajero), cambio de divisas por entidades financieras para pagos de bienes y/o servicios en el exterior, cuando se efectúa mediante tarjetas de crédito, compra o débito, así como otros medios de pago equivalentes (incluidos pagos por portales virtuales o compras a distancia), cambio de divisas por entidades financieras para el pago de servicios prestados por sujetos no residentes en el país, cuando se efectúa mediante tarjetas de crédito, compra o débito u otros medios de pago equivalentes, adquisición de servicios internacionales (paquetes turísticos, alojamiento) contratados a través de agencias de viajes y turismo del país, adquisición de pasajes internacionales de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática.

De acuerdo a los especialistas, si se realizó una compra en dólares con tarjeta de crédito antes del 23 de diciembre y el vencimiento del resumen de esa tarjeta es posterior a esa fecha, la compra no tendrá el recargo del impuesto PAIS, incluso si la fecha de cierre de los consumos es anterior. En el caso de una compra en dólares con la tarjeta de débito, el Impuesto PAIS “a partir de las 0 horas del 23 de diciembre no debe aplicarse y si se hiciera, se debería pedir el reintegro al banco o la tarjeta”, señaló el contador Mariano Ricciardi.

Al respecto, uno de los funcionarios del Gobierno que salió a manifestarse fue el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. “La eliminación del impuesto PAIS es cumplir con lo prometido y es inédito en Argentina”, expresó en redes. En rigor de verdad, el tributo ya tenía fecha de caducidad impresa en la ley que lo creó, lo que el Gobierno hizo fue que optó por no prorrogarlo. Además, desde la oposición cuestionan al Gobierno que recaudó estos meses un tributo que tiene asignaciones específicas, entre ellas ligadas a obra pública, que no ejecutó a lo largo del año.

El efecto en el turismo internacional 

El impacto más directo del fin del Impuesto PAIS se observará en los servicios contratados en el exterior, como turismo y suscripciones digitales, que actualmente están gravados porque el “dólar tarjeta” se conforma por el dólar oficial más 30% de anticipo de Bienes Personales y Ganancias y otro 30% de gravamen que se elimina.

Respecto de los servicios, si bien no tienen un impacto en la inflación local, la eliminación del impuesto PAIS hará que el turismo o las compras en el exterior con tarjeta de crédito se vuelvan más baratos. Este incentivo, sin embargo, podría tener efectos secundarios. Economistas advierten que una mayor salida de divisas por turismo y servicios importados incrementará la presión sobre las reservas del Banco Central, ya debilitadas por la necesidad de sostener un tipo de cambio competitivo para exportadores. (Fuente: Infobae)

El Gobierno nacional oficializó la reducción de alícuotas para 89 productos entre los que se encuentran neumáticos, pequeños electrodomésticos, café, cremas solares y garrafas de gas, entre otros.

Mediante el Decreto 908/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso que los aranceles de los neumáticos disminuyan del 35% al 16%, mientras que los de las motos bajen del 35% al 20%. “Ambos bienes eran parte de la lista de productos que contaban con alícuotas superiores al nivel del Mercosur, que habían sido elevadas por decisión de las gestiones anteriores”, señalaron desde la Secretaría de Comercio.

Asimismo, el decreto redujo los aranceles de 30 productos al nivel regional (de entre 9% y 30%), entre los que se encuentran pequeños electrodomésticos, café, cremas solares y garrafas de gas. Previamente estos artículos tenían aranceles de entre 25% y 35%.

También se incluyen insumos clave como el plástico PET, los tubos de cobre e insumos textiles que tenían alícuotas de entre 12,6% y 35%, disminuyeron a valores de entre 2% y 20%.

Así, pasaron a estar incluidos dentro de la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común, que permite que los aranceles de hasta 100 productos estén por debajo del arancel establecido por el Mercosur.

También se redujo la alícuota a 38 maquinarias, que pasaron a estar incluidas dentro del listado de Bienes de Capital del Mercosur que permite que bienes duraderos tengan un arancel de importación preferencial. Entre ellas se encuentran hornos industriales, calderas y motores sin producción nacional, que tenían un arancel de entre 12,6% y 35%, y comenzarán a tener un arancel de entre 2% y 12,6%.

En el caso de los neumáticos para autos la baja se hará en tres tramos de 5% cada cuatro meses y un último tramo de 4%, en tanto que para las motos la baja se hará en dos tramos, uno de 10% y uno de 5%.

El Gobierno oficializó este miércoles la imposibilidad de que los municipios puedan aplicar tasas en las facturas de los servicios públicos, mediante la Resolución 267/2024 publicada en el Boletín Oficial.

La medida había sido anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la tarde del martes en su cuenta de X, al asegurar que “los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios”.

Ahora, la norma dispone que “la información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”.

En ese sentido, aclara que las boletas sólo podrán remitirse al cobro por la prestación brindada “no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”.

La medida gubernamental entra en vigencia desde este martes pero tendrá un plazo de adecuación de un mes, por lo que el impacto en las boletas de los servicios se verá recién en noviembre. 

Al explicar la causa que originó la decisión, el texto oficial puntualizó que “con el transcurso del tiempo se ha ido transformando en una práctica generalizada, para una gran cantidad de proveedores en el mercado, la inclusión y facturación, dentro de la documentación comercial emitida a los consumidores por el suministro de bienes y servicios, conceptos ajenos a aquellos contratado por el consumidor”.

Al respecto, sostuvo que “la práctica descripta configura no sólo una violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores, sino que importa también una clara violación a la libertad de elección del consumidor, garantías que ostentan rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico”.

De esta manera, consideró que “la situación expuesta implica, a su vez, una posible afectación a los derechos que posee el consumidor respecto de la información con la que debe contar al momento de realizar pagos de bienes y servicios contratados”.

En esa línea, la norma remarcó que “como consecuencia de ello, los consumidores resultan pasibles de encontrarse ante una situación de riesgo concreto de incurrir en errores o confusión acerca de la verdadera naturaleza de los servicios contratados y sus precios, riesgo que se torna más grave aún en el caso de aquellos consumidores en situación vulnerable y de desventaja”.

La polémica por la incidencia de las tasas municipales en el costo final de bienes o servicios viene desde hace unos meses cuando se empezó a aplicar una tasa vial en algunos distritos bonaerense, que derivó en un encarecimiento de los combustibles y ahora el debate se profundiza ante el aumento de impuestos locales que impactan en supermercados, comercios y servicios, generando un mayor incremento de precios.

Ante esto, se fueron multiplicando los reclamos de distintas asociaciones y cámaras empresarias, en rechazo al incremento de las tasas y buscando conseguir un alivio en el impacto de las mismas sobre el costo final de las facturas.

Caputo ya había adelantado que estaba trabajando en buscarle una solución al tema indicando que “ya me he reunido con distintos actores involucrados en la problemática y estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre” remarcando que “la baja de la inflación es innegociable”.

“La emergencia climática que se viene registrando en muchas localidades de Entre Ríos amerita actuar en consecuencia sobre aquellas obligaciones tributarias que los contribuyentes no están en condiciones de afrontar”, afirmó el diputado nacional Gustavo Bordet quien presentó ante el Congreso un proyecto declarar zona de desastre y emergencia fiscal y social en la provincia de Entre Ríos para que sus residentes puedan eximirse del pago de algunos impuestos.

El plazo será de seis meses prorrogables por igual lapso por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que queda facultado para determinar los municipios, comunas, juntas de gobierno o pequeñas localidades afectadas por la emergencia climática e inundaciones.

“Estos últimos meses se comenzaron a registrar altas precipitaciones e inundaciones en muchas localidades entrerrianas que con el correr de las semanas, se fueron agravando afectando miles de familias y comerciantes”, expresó el ex gobernador.

“La situación continuará por un tiempo, pues no sólo hay que esperar que mejoren las inclemencias climáticas, sino también que baje el nivel del agua cada una de las localidades afectadas y especialmente, volver a poner en condiciones las viviendas e inmuebles afectados por la inundación”, destacó.

En ese marco, Bordet propuso que durante el tiempo que dure la emergencia, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) instrumentara regímenes especiales y con facilidades de pago que abarquen a los contribuyentes afectados y comprendidos en la ley.

También suspende por seis meses la emisión y gestión de intimaciones por falta de presentación de declaración jurada y/o pago, así como los juicios de ejecución fiscal y el cobro de deudas reclamadas de quienes desarrollen sus actividades en la zona de emergencia declarada.

Finalmente, exime además de toda obligación impositiva percibida por la Administración Nacional durante el mismo plazo de referencia de este inciso a todos los contribuyentes afectados por dicha situación de emergencia. Solo podrán llevarse a cabo actos y acciones que impliquen evitar prescripciones y perención de instancia judicial.

Este martes se conoció también que diputados nacionales entrerrianos de Juntos por el Cambio presentaron su respectivo proyecto para decorar la emergencia hídrica, social, económica, administrativa, financiera, sanitaria, epidemiológica, vial y ganadera en aquellas localidades del territorio de la provincia de Entre Ríos afectadas por las inundaciones”.

Rogelio Frigerio afirmó este miércoles que junto con Santa Fe y Córdoba (Región Centro), trabajan para tener una política tributaria “lo más parecida posible”, y aseguró que prevén incrementos tributarios provinciales las próximas semanas que “no serán por encima de la inflación, salvo en cuestiones puntuales”.

“Tenemos realidades parecidas y vamos a aunar esfuerzos para superar los problemas que compartimos, con políticas coincidentes, tanto en lo impositivo como en las paritarias”, destacó el mandatario provincial en declasraciones que reproduce el sitio Entre Ríos Diario.

Frigerio mantuvo un encuentro virtual con sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, con el objetivo de “generar alivio fiscal”, pero indicó que “el estado en el que se encontraron las finanzas obliga” a incrementar impuestos provinciales.

El gobernador entrerriano calificó de “extremadamente delicada y difícil” la actualidad económica “de la Argentina y la provincia”.

Además, mencionó en conferencia de prensa que hubo decisiones del Gobierno nacional que “impactaron” en las finanzas provinciales y de la ciudadanía, como “el retiro de subsidios a la luz, gas y transporte, la prescripción de envío de fondos para obras, y otros cambios impositivos”.

Fuente: Página Política

El reintegro del 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), previsto en el programa Compre sin IVA, lanzado en septiembre último, finalizó ayer y los productos de la canasta básica vuelven a abonar el tributo completo al no haberse dispuesto una prórroga.

El programa “Compre sin IVA”, lanzado el pasado 18 de septiembre, consistió de una modificación de la Resolución General 4.676/2023 de la AFIP, la cual tenía fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre último.

A través del programa podían acceder a una devolución del 21% del IVA en los productos de la canasta básica los trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, y quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas nacionales con un máximo de seis haberes mínimos.

También podían acceder a la devolución del IVA el personal de casas particulares encuadradas en el régimen especial de la actividad, monotributistas de todas las categorías, y beneficiarios de la Tarjeta Alimentar o de las tarjetas emitidas del Programa Potenciar Trabajo.

El tope de reintegro mensual era de $ 18.800.

Se reintegraron $ 152.624 millones a más de 18 millones de personas, según datos del Ministerio de Economía de noviembre pasado.

Previo al lanzamiento de Compre sin IVA, podían acceder a un reintegro del 15% los jubilados de hasta tres haberes mínimos, y beneficiarios de asignaciones y pensiones no contributivas, con un tope en este último caso, de $ 4.056 mensuales.

El presidente Javier Milei había señalado antes de asumir en una entrevista televisiva –el pasado 22 de noviembre- que, bajo su gestión, se mantendrían tanto la devolución del IVA como la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

“Las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente. Se mantendrán ambas reducciones. Vamos a bajar el gasto público en otro lado”, afirmó en diálogo con Todo Noticias.

No obstante, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hasta el momento, no dispuso ninguna resolución para extender el programa de reintegro.

En tanto, respecto de Ganancias, el Gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias en cuyo temario figura una modificación en la ley que fijó su eliminación para trabajadores.

La anterior administración nacional había enviado un proyecto de ley que establece de forma permanente la devolución del IVA de los productos de la canasta básica a los sectores de menores ingresos, fijando como tope de devolución mensual el 21% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para una familia tipo informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 10 de octubre, con 134 votos a favor y ninguno en contra, con el respaldo de Milei y la vicepresidenta, Victoria Villaruel, en ese entonces, ambos diputados nacionales por La Libertad Avanza (LLA).

El proyecto tuvo 107 abstenciones del interbloque Juntos por el Cambio y otras bancadas minoritarias por considerar que se trataba de una política "inflacionaria".

Con media sanción, el proyecto aún no tiene fecha de tratamiento por parte del Senado, tras el recambio de autoridades.

El programa Compre Sin IVA, que reintegra el 21% del valor de los productos de la canasta básica, está vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.La medida, que alcanza a más de 18 millones de personas, incluye a empleados formales que cobran salarios de hasta $708.000, beneficiarios de AUH, monotributistas, empleadas domésticas, trabajadores informales y jubilados y pensionados.

El reintegro se acredita de forma automática en la cuenta bancaria donde la persona percibe sus ingresos, en un plazo de hasta 48 horas luego de la transacción.Preguntas y respuestas de Compre Sin IVA¿Hasta cuándo se puede acceder al reintegro del 21% del IVA?El programa de devolución del IVA, conocido como "Compre sin IVA", está vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

¿Quiénes pueden acceder al reintegro?El programa está disponible para más de 18 millones de personas, entre las que se encuentran:

Empleados formales que cobran salarios de hasta $708.000Beneficiarios de la AUHMonotributistasEmpleadas domésticasTrabajadores informalesJubilados y pensionados

¿Qué productos se pueden comprar con el reintegro del IVA?El reintegro del IVA se aplica a la compra de productos de la canasta básica alimentaria, que incluye:

AlimentosBebidasProductos de limpiezaHigiene personalProductos de cuidado del hogar

¿Cómo se acredita el reintegro del IVA?El reintegro se acredita de forma automática en la cuenta bancaria donde la persona percibe sus ingresos, en un plazo de hasta 48 horas luego de la transacción.

¿Qué pasa si hago una compra por más de $18.800?Si el monto de la compra supera los $18.800, el reintegro se aplicará al total de la compra, pero el monto máximo a reintegrar será de $18.800.

¿Qué pasa si hago una compra en un comercio que no acepta tarjetas de débito?En ese caso, no se podrá acceder al reintegro del IVA.

¿Qué pasa si tengo que reclamar el reintegro del IVA?Si la devolución no se acredita en la cuenta bancaria dentro de las 48 horas, se puede reclamar a la AFIP a través de su página web.Fuente: NA

En el marco del programa Compre sin IVA, Anses informó que 2,5 millones de personas que ya cobran el Refuerzo para trabajadores informales recibirán desde el lunes 13 de noviembre la devolución del Impuesto al Valor Agregado.

Lo harán en la tarjeta de débito donde perciben el beneficio por sus compras de productos que forman parte de la canasta de alimentos, medicamentos, higiene personal y limpieza del hogar, con un tope mensual de hasta 18.800 pesos.

Desde que Compre sin IVA se puso en marcha, 16 millones y medio de personas ya recibieron el reintegro, lo que equivale a operaciones por más de 128 mil millones de pesos y devoluciones por más de 26.500 millones de pesos.

En términos del consumo, el reintegro representa el 11 por ciento de lo que los usuarios gastaron en la canasta.

La medida regirá hasta el 30 de diciembre y, de ser convertido en ley, el programa será implementado de manera definitiva.

• Datos por provincia, edad y género del cobro del Refuerzo

Con respecto a cómo se distribuyó el Refuerzo para trabajadores informales en todo el país, lo solicitaron y recibieron 841.162 personas de Buenos Aires; 219.119 de Santa Fe; 172.091 de Córdoba; 137.754 de Tucumán; 132.218 de Santiago del Estero; 131.309 de Chaco; 119.593 de Salta; 116.876 de Mendoza; 108.123 de Corrientes; 96.853 de Misiones; 79.958 de Entre Ríos; 64.768 de San Juan; 57.639 de Formosa; 55.201 de Jujuy; 52.831 de la Ciudad de Buenos Aires; 32.781 de San Luis; 31.390 de Río Negro; 28.182 de La Rioja; 27.844 de Catamarca; 20.161 de Chubut; 20.061 de Neuquén; 13.313 de La Pampa; 7423 de Santa Cruz y 3165 de Tierra del Fuego.

En cuanto al reparto etario, obtuvo un 26 por ciento de solicitudes de personas entre 18 y 24 años; 17 por ciento entre 25 y 29 años; 12 por ciento entre 30 y 34 años; 9 por ciento entre 35 y 39 años; 8 por ciento entre 40 y 44 años; 8 por ciento entre 45 y 49 años; 8 por ciento entre 50 y 54 años; 7 por ciento entre 55 y 59 años y 4 por ciento entre 60 y 64 años.

Sobre la distinción de género, el Refuerzo fue requerido en un 70 por ciento por varones y en un 30 por ciento por mujeres.

La decisión oficial es que a partir del mes próximo no corresponderá retención alguna del impuesto a las ganancias cuando la remuneración bruta no supere los $ 506.230, inclusive.

En aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $506.230 y resulte inferior o igual a $583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada.

Esta decisión permitirá que 250 mil trabajadores dejen de pagar el impuesto en el país. En Entre Ríos serán 6.349 los beneficiados, mientras que en Santa Fe serán 19.309 los trabajadores que ya no pagarán Ganancias y otros 112.267 dejarán de hacerlo en la provincia de Buenos Aires. (APFDigital) 

De esta manera, desde el 1 de marzo hasta fin de mayo, los 0 km por arriba de ese valor estarán gravados con la primera escala de los Impuestos Internos, que equivale a una alícuota del 20%. Este cambio se debe a que el monto que se toma para el cálculo impositivo pasará de los $4.116.520 que rige en la actualidad, a un valor de salida de fábrica o distribuidor de $4.905.000.

El número, al que tuvo acceso Ámbito, surge de un ajuste del 19,16%, correspondiente al aumento de los precios mayoristas de los vehículos en el trimestre de octubre, noviembre y diciembre.

A este valor imponible, de salida de fábrica o distribuidor, hay que sumarle el pago del 21% de IVA más el margen de comisión de la red comercial del 15%.

Debido a las distintas formas de computar el gravamen y a la posibilidad de que se resigne ese margen, no hay un precio al público único, pero el valor de referencia ronda los $7.000.000. Hasta fin de febrero, los modelos que deben pagar la primera escala son los que se ubican por arriba de $5.800.000.

Por la forma de cálculo de Impuestos Internos, una alícuota del 20% equivale a una suba de precio de alrededor del 25%, lo que hace que los modelos que sean afectados queden fuera del mercado. Es por eso que las marcas tienden a mantener los 0 km que ronden ese precio justo por debajo de ese tope para evitar que tributen el recargo fiscal.

En las listas de las distintas marcas se puede observar hasta que existían varios modelos, con distintos niveles de equipamiento, al mismo precio, apenas por debajo de lo $5.800.000. Teniendo en cuenta el desabastecimiento que hay en el mercado, esos modelos se dejan de vender o se comercializan con sobreprecios.

Con la actualización la nueva base, los modelos que están “topeados” cerca de la base imponible tendrán desde marzo un incremento al público acorde con la variación del índice mayoristas, es decir, más del 19%. Si se toma la cotización actual del dólar blue, los 0 km de más de 18.400 dólares “billete” deberán tributar.

Este tributo afecta principalmente a modelos importados, pero también a varios nacionales y está pensado para gravar a los bienes suntuarios, pero los vehículos que estarán alcanzados pertenecen a un segmento medio.

Hay que tener en cuenta que solo quedan pocos modelos de 0 km por debajo de los $4.000.000. En el caso de la segunda escala, con una alícuota del 35%, la base imponible pasa de $7.599.000 a $ 9.054.968. Al público, el valor de venta es de alrededor de $13.000.000. Este recargo impositivo se produce en un contexto de fuerte restricción de modelos importados lo que, ante el desabastecimiento, hace que los valores sean elevados.

La diputada nacional Gabriela Lena presentó un proyecto de ley para reducir el IVA en las boletas de gas, electricidad y agua. “Se debe aliviar un poco, al menos, el impacto que tendrá en los ingresos la quita de subsidios a la energía. En este contexto de alta inflación debemos cuidar el bolsillo de los trabajadores y de los sectores productivos”, señaló la legisladora y agregó que ,de aprobarse el proyecto, “las alícuotas se reducirían al 7%, desde el 21% actualmente vigente para los consumos residenciales y del 27% para resto”.

Por otra parte, la legisladora entrerriana aclaró que “la significativa brecha tarifaria entre distritos no se debe al precio de la energía eléctrica, sino a las diferencias en la determinación del valor agregado de distribución y también a diferencias en la carga tributaria”. Detalló luego que “además del IVA, como impuesto nacional, hay diversos tributos provinciales y locales, incluso en algunos casos al interior de las provincias. Estas diferencias llegaron a extremos absurdos, que hacen que a iguales consumos y categorías un usuario de Entre Ríos, por ejemplo, pague cerca del doble que un usuario de la ciudad de Buenos Aires”.

Finalmente, Lena consideró que si se tomaran medidas similares con los impuestos provinciales y también en los gravámenes municipales “se podría tener impactos de reducción del alrededor del 9% en el monto de las facturas de consumos eléctricos residenciales en algunos distritos como Entre Ríos”.