Un grupo de vecinos de distintos barrios de Gualeguay se prepara para presentar en los próximos días recursos administrativos y legales contra las intimaciones que comenzaron a recibir por parte de la Municipalidad, en el marco de la aplicación de la Ordenanza N° 3196/24, que autoriza el cobro de Contribuciones por Mejoras correspondientes a obras ejecutadas entre los años 2020 y 2023.

Las notificaciones, similares a la que se viralizó en las últimas horas a través de mensajes de WhatsApp, detallan deudas que en algunos casos superan los 60.000 pesos mensuales en concepto de cuotas, lo que ha generado malestar y preocupación en los frentistas alcanzados.

Uno de los vecinos afectados, que prefirió mantener su identidad en reserva, adelantó a El Debate Pregón que presentará un recurso de impugnación argumentando que el cobro resulta “ilegal y arbitrario”, dado que se pretende aplicar valores actuales a obras ya finalizadas hace tres o cuatro años.

> “La legislación no rige con efecto retroactivo. La Ordenanza 3196/24 pretende subsanar errores de fechas y determinar costos de obras pasadas al valor del momento de su sanción, lo que constituye un acto jurídico ilegal”, sostiene el escrito que comenzará a circular entre los damnificados.

El planteo jurídico señala que la medida viola el principio de temporalidad del hecho imponible fiscal, ya que la obligación tributaria se origina en el momento de la ejecución de la obra y no al dictarse una norma posterior. En ese sentido, los vecinos sostienen que la nueva disposición contradice la Ordenanza 1541/75 y sus reformas, así como los artículos 7, 765 y 768 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El argumento municipal y la polémica por la actualización

Una fuente vinculada al Concejo Deliberante, consultada por este medio, explicó que las intimaciones comenzaron a llegar a frentistas de distintos puntos de la ciudad, principalmente por pavimentaciones y obras de cordón cuneta realizadas entre 2020 y 2023.

> “Lo particular del caso es que en 2024 se dicta la ordenanza 3196 y dice que el valor de la obra se va a determinar al momento de la sanción. Eso implica cobrar una obra hecha hace tres años a precios actuales, lo que genera un enriquecimiento sin causa y una arbitrariedad absoluta”, indicó la fuente.

Según detalló, la Ordenanza 1541/75, que rige las contribuciones por mejoras desde hace casi medio siglo, establecía que el monto debía fijarse al momento de autorizar la ejecución de la obra, y que el cobro debía iniciarse una vez concluida y habilitada la misma.

> “Acá lo que vemos es que el municipio está queriendo cobrar a valores inflacionarios una deuda de dar sumas de dinero que, por el Código Fiscal, solo puede actualizarse con una tasa activa o un interés del 1 o 2% anual. Pero ahora están aplicando una actualización abismal”, advirtió.

La fuente agregó que las cuotas fijadas en algunos casos resultan “imposibles de afrontar” y que muchos vecinos optarán por recurrir la determinación dentro del plazo de 30 días que prevé la propia ordenanza. Si el reclamo es rechazado por el Ejecutivo, el paso siguiente sería una acción judicial.

Un debate que llega al Concejo

El tema ingresará formalmente al debate político esta semana. Según se confirmó, el Concejo Deliberante de Gualeguay tratará este martes el alcance de la Ordenanza 3196/24 y las notificaciones enviadas a los contribuyentes.

Desde distintos bloques de la oposición ya se habían manifestado en contra al momento de su sanción, señalando que el texto “abre la puerta a un método de actualización injusto y perjudicial para los frentistas”.

> “Se está cobrando una obra que hace tres años valía el 10% de lo que vale hoy. La diferencia es sideral. Más allá de la discusión sobre si corresponde o no cobrar una mejora, el método que se usa no es el legal”, insistió la fuente.

El debate revive una vieja discusión sobre la naturaleza de las contribuciones por mejoras. Mientras algunos sostienen que los frentistas son los principales beneficiarios y, por tanto, deben afrontar el costo de las obras, otros advierten que las mejoras públicas benefician a toda la comunidad, por lo que deberían financiarse con recursos generales.

“Durante años, muchas obras en Gualeguay se hicieron con fondos nacionales o provinciales. Ahora, ante la falta de recursos propios, la Municipalidad intenta recuperar fondos por esta vía, pero lo hace con un criterio que no resiste análisis jurídico”, señaló la misma fuente.

En estos días, un comerciante local expuso la situación del sector en los medios. Un resumen de lo que dijo tiene que ver con la fuerte presión impositiva (cincuenta por ciento del precio son impuestos); los recargos que absorben los comerciantes por la venta digital; la falta de control por parte de Rentas, AFIP, ni tampoco locales. También destacó que vienen cerrando comercios en lo que va del año y que las páginas de venta online, sin local a la calle ni empleados ni impuestos representan una competencia desleal. Si a eso se le suma la presencia de supermercados extranjeros sin control, esto va a llevar primero a reducir la planta de empleados y después cerrando los negocios. A continuación, un informe exclusivo de El Debate Pregón con datos que profundizan el panorama.

Sobre la situación económica del comercio, un informe del Instituto de Estadísticas de la Provincia marca que en lo que va del año las ventas en supermercados cayeron un quince por ciento en Entre Ríos (de 49.000 a 42.000 millones en el primer cuatrimestre). Si esa es la caída en comida, se especula que en el resto de los productos es mayor aun la retracción.  El mismo organismo informa un aumento por encima del treinta por ciento en alquileres en lo que va del año, y una variación interanual por encima del doscientos por ciento. Pagar por un local y encima no vender se convierte en una bomba de tiempo.

Estos factores, sumados a la caída del poder adquisitivo de los argentinos (sólo Venezuela tiene peor salario en dólares en Latinoamérica según Bloomberg) empujan al consumidor a buscar oportunidades y a muchos comerciantes a la informalidad. Un dato que apoya este diagnóstico es que la recaudación Provincial por Ingresos Brutos (en términos reales, deflactados) presentó una variación negativa (-5,9%) en lo que va del año. Baja la recaudación y se presiona cada vez más a los que cumplen sin premiarlos por hacer las cosas bien.

Respecto a los controles, se combinan una serie de situaciones. Desde el Gobierno Nacional es harto conocido que la delegación local de AFIP ha sido degradada y pasó a depender de Gualeguaychú. Eso tiene consecuencias en la cantidad de empleados y también en el tema de las inspecciones. Por lo que pudo saber este medio, los inspectores que hacen controles a nivel local en la mayoría de las ocasiones provienen de Gualeguaychú y de Paraná. En general, la bajada a nivel nacional también tiene que ver con buscar a los que ya tienen CUIT y presionar sobre ellos. Existen no sólo pequeños emprendedores, sino también grandes fortunas en nuestra ciudad que no están inscriptas y que no declaran absolutamente nada a la vista de todo el mundo.   Otro tema relacionado  tiene que ver con el origen de la mercadería que se comercializa. No es lo mismo tener todo en regla que obtener la mercadería a través de fraude y sin controles en puertos y aeropuertos.  

Por último, en relación a la instalación de supermercados extranjeros no hay legislación ni ordenanza que lo prohíba. Desde el oficialismo señalaron que existen artilugios legales que impiden presentar una normativa local que los limite. También que se trabaja en normativas que faciliten la inscripción de los comercios locales. Desde el sector sindical plantearon que la falta de controles en ese sentido también es notable.  

Mientras tanto, muchos comercios locales sienten la presión y se van achicando hasta despedir los empleados, o en el peor de los casos, desaparecer. 

La semana pasada, la intendenta Dora Bogdan participó de una reunión convocada por el gobernador Rogelio Frigerio junto a los demás jefes comunales de la provincia. Allí se repasó la situación económica que atraviesa Entre Ríos, que, según Bogdan, no dista demasiado de lo que ocurre en Gualeguay: “La coparticipación ha bajado de manera considerable y eso me obliga a replantear completamente todas las áreas del municipio”.A pesar del panorama complejo, desde el municipio se continúan sosteniendo políticas sociales. Actualmente se distribuyen unas 2.400 viandas diarias, lo que representa una inversión semanal de 47 millones de pesos. “Son dos cosas que no pueden faltar en Gualeguay: que a ningún ciudadano le falte un plato de comida y que todos puedan entrar a sus casas en condiciones dignas”, afirmó la intendenta. A eso se suma la compra y distribución de ripio, otra de las prioridades de su gestión.Sobre el trabajo sobre las calles La funcionaria explicó que muchas de las máquinas municipales estuvieron abocadas a obras hidráulicas en distintos puntos de la ciudad, indicadas por la Dirección de Hidráulica, lo cual generó demoras en el mantenimiento de las calles de tierra. Sin embargo, señaló que actualmente “estamos en mejores condiciones” y que se ha retomado la planificación de mejoras urbanas, en particular en los barrios y cuarteles.Uno de los avances concretos es la firma de un convenio con Vialidad Provincial que permitirá incrementar la cantidad de camiones de ripio. “Hubo días en que solo disponíamos de un camión externo y otro propio. Así no se nota el trabajo. Ahora también estamos licitando el transporte, lo que nos permitirá ahorrar y volcar más cantidad de ripio”, explicó. Su intención es avanzar especialmente en el Tercer Cuartel, donde resta intervenir en el barrio Pancho Ramírez. En paralelo, confirmó que ya se completó la pavimentación del Primer Cuartel, uno de sus compromisos de campaña.También anunció que en breve comenzarán las obras en la calle 9 de Julio y en las transversales hacia el norte, unas 25 cuadras en total. “Tuvimos bastantes contratiempos por el cambio de cañerías de la obra sanitaria. Ayer prepararon el suelo con base de cal. Nosotros hacemos la base desde la Municipalidad y contratamos a una cooperativa solo para la mano de obra. Antes se tercerizaba todo, pero hoy es imposible”, explicó.Otra obra que comenzará en los próximos días es el plan de bacheo, ya adjudicado. “Hay calles muy deterioradas, como las del fondo del Regimiento 3 de Caballería, la calle Federación, Juan Cruz Míguez. En muchos casos no se trata solo de bacheo, sino de un trabajo más profundo. Poder empezar con esto me da algo más de tranquilidad”, expresó.Cien viviendas y vínculo con Nación y Provincia 

Bogdan no esquivó las dificultades del contexto: “Tenemos que ser extremadamente austeros porque no hay recursos ni de Nación ni de Provincia”. Y remarcó: “Dios no te da una cruz más pesada de la que podés llevar, pero esta gestión es durísima”.

Uno de los temas sensibles de los últimos meses ha sido el de las 100 viviendas gestionadas con fondos nacionales. La intendenta lamentó la falta de acompañamiento del Concejo Deliberante para aprobar una reasignación presupuestaria que hubiera acelerado su finalización: “Era un monto que la Municipalidad ya tenía. No era solo entregar las casas: también evitar gastos extra. Muchas familias están esperando mudarse, algunas ya rescindieron sus contratos de alquiler”.

A pesar de las demoras, aseguró que gracias a gestiones de la diputada nacional Marcela Antola se logró asegurar la continuidad de la obra, aunque los fondos llegarán “a cuentagotas”. Según Bogdan, si el municipio hubiera contado con el total del dinero disponible, las viviendas se habrían terminado en apenas dos meses. También destacó que se ejecutaron con recursos propios una planta de efluentes cloacales por 131 millones de pesos y un transformador por 40 millones.

En cuanto al panorama económico, describió la reunión con el gobernador como preocupante: “Él tenía la expectativa de que este año fuera mejor que el anterior, pero yo creo que va a ser peor. Algunos intendentes, angustiados, contaron que en agosto deberán elegir entre pagar sueldos o las cuotas de los créditos que se tomaron”.

Pese al contexto, remarcó logros en la administración municipal: el pago del aguinaldo el 12 de junio, con un aumento del 11% para los empleados, lo que ubicó al municipio “algunos puntos por encima de la inflación”. Y destacó que se logró incluir a trabajadores municipales en el programa habitacional. “En comparación con otros municipios, Gualeguay está relativamente bien, aunque dentro de una situación muy dura”, dijo.

Un cuarto de recaudación Finalmente, advirtió sobre la fuerte caída en la recaudación local: “A veces cuesta que la gente tome conciencia de que la situación económica que viven en sus casas es la misma que vive el municipio. Los ingresos que tenemos ahora provienen casi exclusivamente de lo que pagan los vecinos. Hoy estamos funcionando con apenas el 27% de lo que se requiere para cubrir la demanda total del municipio. Es decir, lo que pagan los vecinos”.

Aun así, se mostró firme en la gestión: “Pudimos comprar luminarias y columnas. Vamos a iluminar 50 cuadras con luces LED, empezando por la calle Rojas y siguiendo por Matorras, Güemes y Roca. Me gustaría estar anunciando obras más grandes, pero poder concretar estas en este contexto es muy significativo”.

Por decisión de Sergio Massa, a partir de este miércoles, todas la familias que puedan acreditar más de dos años de residencia en la provincia de Santa Cruz podrán acceder a comprar autos, motos y camionetas 0 Km sin impuestos.

En el caso de las motos el valor asciende hasta los 5.000 dólares y en el caso de los autos y camionetas el monto llega hasta los 35.000 y 56.000 dólares, respectivamente. En todos los caso se trata del valor FOB, que es el precio que tienen los vehículos puestos en la Aduana.

Muchos cuestionan la medida ya que la decisión no puede ser tomada a las escalas de un Ministerio y requieren instancias de ley o de decretos presidenciales.

"Se considera necesario actualmente realizar una adecuación en los valores relativos a los vehículos automotores a su ingreso a la zona franca, que genere un incentivo para impulsar el desarrollo de la misma, permitiendo afianzar la radicación de mayores inversiones con impacto directo en el empleo y desarrollo local", dice la resolución del Ministerio.

De esta manera, los vehículos no pagaran aranceles aduaneros, IVA, Bienes Personales y ni ningún tipo de impuestos internos y lo único que se deberá abonar es el impuesto a los Ingresos Brutos. Es así que podrán comprarse las unidades a un precio de entre 35 y 50 por ciento por debajo del resto del país.

Con el objetivo de evitar nuevos aumentos, el Gobierno postergó hasta marzo la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). Ambos tributos, que tienen un impacto directo en los precios finales de las naftas y el gasoil en los surtidores, debían aplicarse a partir de este miércoles 1° de diciembre.

La decisión había sido adelantada por la Secretaría de Energía y finalmente fue confirmada a través del Decreto 820/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial.

Los impuestos a los combustibles se actualizan en forma trimestral de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec. Pero desde finales de la administración de Mauricio Macri y en varias oportunidades durante la gestión de Alberto Fernández se fueron trasladando hacia adelante para evitar incrementos en las estaciones de servicio.

"Establécese que los incrementos en los montos de impuesto fijados en el primer párrafo del artículo 4°, en el inciso d) del primer párrafo del artículo 7° y en el primer párrafo del artículo 11, todos ellos del Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, que resulten de las actualizaciones correspondientes al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2021, en los términos del artículo 7° del Anexo del Decreto N° 501 del 31 de mayo de 2018, surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 1° de marzo de 2022, inclusive", se oficializó en la disposición firmada por el Presidente, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Economía Martín Guzmán.

En los considerando el Gobierno señaló que actualmente se encuentran postergados "los incrementos en los montos de impuestos precitados derivados de las actualizaciones correspondientes al primer y segundo trimestres calendario del año 2021, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil".

En ese sentido se justificó que la medida instrumentada tiene como fin "asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios". En efecto, "tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles", advirtió el Poder Ejecutivo.

El impuesto a los combustibles líquidos podría tener un impacto del 8% para las empresas, lo que representa un incremento del 2% en el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio, según las estimaciones del mercado.

Los valores de naftas y gasoil en los surtidores se encuentran congelados desde el mes de mayo.

Luego de una investigación de tres años, el juez Marco Juberias concluyó que había "evidencia suficiente" de que la cantante colombiana podría haber evitado el pago de obligaciones tributarias. Había sido acusada en 2019 de no liquidar 14,5 millones de euros (US$17 millones) en impuestos desde 2012 a 2014. Fueron más de 200 días en los que Shakira vivió principalmente en Barcelona a pesar de tener una residencia oficial en Bahamas.

Eso fue lo que, según los medios españoles, argumentó el equipo de Shakira sobre cuál era su residencia principal, si bien también dijeron que posee una casa en el área de Barcelona, que comparte con su pareja, el defensor de fútbol del FC Barcelona Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos.

Juberias dejó constancia en la declaración que, hasta ahora, la agencia tributaria de España y los abogados de Shakira discutían sobre el significado de "residencia principal".

El código fiscal español dice que cualquier persona que resida en España durante al menos seis meses y un día (o 183 días) en un año determinado es responsable de pagar impuestos en el país, dijo el jueves a CNN la consultora fiscal de Madrid, Beatriz García.

El magistrado escribió, en el juzgado de Esplugues, que Shakira y un asesor financiero, también mencionado en el fallo, utilizaron una serie de empresas en paraísos fiscales extraterritoriales para intentar ocultar las fuentes de sus ingresos durante esos años.

Posibles penas

Si Shakira es declarada culpable de evasión de impuestos, podría ser multada o inclusive encarcelada, aunque un juez podría renunciar a cualquier posible sentencia de prisión si es menor a dos años, ya que ella sería infractora por primera vez.

Cuando testificó en junio de 2019, negó los cargos, y su empresa de relaciones públicas declaró que había pagado la deuda tan pronto como la oficina de impuestos le informó al respecto.

El fallo estaba fechado el 20 de julio y el juez otorgó a las partes en el caso 10 días hábiles para presentar argumentos adicionales, incluso para argumentar y archivar el caso. Ella puede apelar.

Fuente: Noticias Argentinas

El vicepresidente del Centro Económico Gualeguay, Fabio Akiki, se expresó sobre la situación del sector Pyme en el marco de la promulgación del nuevo Consenso Fiscal.

En primer lugar, recordó: "El Gobierno promulgó la ley del nuevo Consenso Fiscal, que suspende el cronograma de reducción de impuestos y, por el contrario, autoriza a las provincias y municipios a aumentar Ingresos Brutos, sellos y tasas municipales".

"Por efecto de la pandemia, desde que comenzó la cuarentena hasta el mes de diciembre de 2020 cerraron en Argentina 90.700 locales, 41.200 PYMES están en situación de colapso y quedaron afectados 185.300 trabajadores, según cálculos CAME. Además, un reciente estudio identificó que el 51% de las pymes debe impuestos, 34% servicios y el 37% tomó deudas `extras´ para poder sobrevivir", detalló.

Así, especificó: "En el caso impositivo, sólo 22% de quienes tenían deudas el año pasado las puso en moratoria. Mientras que un 33% solo puso algunas de ellas, y el resto, 45%, las dejó pendientes".

"Vale destacar demás el aumento de la informalidad laboral por la alta carga impositiva. De acuerdo con el `Informe sobre el Mercado de Trabajo´ que el INDEC publicó a fines de 2020, 2,7, millones de trabajadores se encuentran en esta condición", mencionó.

Y agregó: "Por otra parte, la ley también deja sin efecto la desgravación para los ingresos de exportación de bienes o servicios y permite aumentar alícuotas del impuesto de sellos por transferencia de inmuebles y automotores".

En ese sentido, evaluó: "En este país es casi inviable llevar adelante una PYME, menos si este conlleva mano de obra. En definitiva para aquellos que tienen la osadía de abrir un emprendimiento lo único que tiene asegurado es un gran de dolor de cabeza. Y con mucha suerte podrá sobrevivir los primeros 6 meses y si los sortea a pesar de todas la peripecias, es muy probable que sea con utilidad 0% o negativa".

"Tendrás en primer lugar que sobrevivir a los embates impositivos nacionales, provinciales y municipales tres socios que se te pegaran como garrapatas mientras puedas sostener tu emprendimiento. Estos serán un lastre muy pesado en cualquier tipo de tipo de negocio que decidas emprender", expresó, y añadió: "Ni hablar de todas las habilitaciones locales que tendrás que sortear. Todas estas enmascaradas con el nombre de un ordenamiento y control comercial, pero en la realidad son meramente recaudatorias, lejos de colaborar en la apertura de una nueva PYME en la ciudad, son estos los que ponen los primeros palitos en la rueda, para que llegues a estar dentro del 90% de los emprendimientos que cierran al año de apertura".

En esa línea, continuó: "Si sorteas el primer año no te pongas contento solo ceras un sobreviviente más en el cual cada día es una peripecia, tendrás que lidiar con contadores, abogados, empleados, bancos, impuestos, logística, etc. etc."

"Pero no bajes los brazos, no te canses sigue con tu sueño de emprendedor que si sorteas los primeros tres años, podrás ver sus frutos, si alguna crisis económica de las tantas en nuestro país no te pasó por encima, y te llevó lo poco o mucho que pudiste lograr. Si esto sucede, si a pesar de todo pudiste salir adelante, ponte orgulloso entraras a ser parte de la casi extinta clase trabajadora privada, que con su aporte ayuda a sostener a la cada vez más abultada gran masa pública de tu país", consideró.

Asimismo, indicó: "Pero a partir de ahora y puedes darle gracias a nuestros legisladores que borra con el codo lo que se firmó hace unos años, un consenso de reducción fiscal, que poco duró y menos fue lo que se redujo, a partir de ahora vuelven a estar habilitados para futuros aumentos impositivos, a sabiendas que la cantidad de impuestos distorsivos, atenta directamente contra el trabajo formal".

Ya sobre el final, añadió: "Pero desde que tengo memoria poco les importa, Concejales, Diputados y Senadores, solo se ponen de acuerdo en pocos temas, uno de ellos, aumentos impositivos, la única herramienta que conocen para sostener un pesado y obsoleto sistema público y el otro, por supuesto, no puedo dejar de mencionarlo, el aumento de sus dietas legislativas y la de sus compañeros o correligionarios ejecutivos".

"Si pretendes ser un emprendedor en Argentina te deseo lo mejor de la suerte, pues la vas a necesitar", concluyó.

La vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecila Todesca Bocco, refutó a quienes afirman que el Gobierno no posee un programa económico, y consideró que "cuando dicen que no hay plan, es porque no es el plan de ellos".

"Nuestro plan económico siempre fue el mismo. Siempre dijimos que es la producción, es el empleo, es el estimulo a las exportaciones y es la sustitución de importaciones allí donde la Argentina tiene capacidades productivas", aseguró Todesca en declaraciones a Radio 10, y apuntó: "lo dijimos desde el primer día y desplegamos una gran cantidad de políticas para que esto fuera así".

Cuando ellos dicen, "no hay plan", es porque no es el plan de ellos", añadió la funcionaria en respuesta a señalamientos de que el Gobierno no tendría un plan económico, y señaló que la oposición "siempre repite dos o tres lugares comunes: bajamos los impuestos y entonces se recupera la inversión privada. Esto no funciona así".

"La oposición siempre repite dos o tres lugares comunes: bajamos los impuestos y entonces se recupera la inversión privada. Esto no funciona así"

Por otro lado, la funcionaria, además de afirmar que se está recuperando la actividad en "sectores claves para traccionar al resto como son la industria y la construcción", explicó que no se "está pisando" el gasto, y recalcó que éste tiene que seguir "traccionando" la economía al ser una de las variables para "recuperar el nivel de actividad".

"La reducción del déficit es una buena reducción, que tuvo lugar por un aumento de los recursos, en parte por los derechos de exportación, por la recuperación económica, y también por impuestos importantes que son progresivos como el aumento de bienes personales", destacó, y precisó que comparando los primeros meses del año con el 2019, los egresos están "7 puntos arriba en términos reales contando los paquetes Covid".

Respecto de la inflación, Todesca destacó la "desaceleración de precios" en mayo en comparación con el mes anterior, aunque indicó que no es un "problema de fácil resolución".

"La reducción del déficit es una buena reducción, que tuvo lugar por un aumento de los recursos, en parte por los derechos de exportación, por la recuperación económica, y también por impuestos importantes que son progresivos como el aumento de bienes personales"

"Somos conscientes del problema de la inflación" señaló la vicejefa de Gabinete, y explicó que los "números incómodos" que hubo desde finales del año pasado obedecen a un "aumento muy importante de los precios internacionales de los alimentos y las commodities" que "impactó muy fuerte" en el país.

Frente a esta problemática, Todesca Bocco recordó que el gobierno "despliega una serie de políticas como Supercerca y Precios Cuidados", y se mostró abierta a que "los sectores vengan con sus números y sus propuestas".

"Lo que no puede pasar es que en la recuperación, todo el esfuerzo colectivo se vaya por la canaleta de la inflación", advirtió la funcionaria.

FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) publicó la medición trimestral que indica cuánto de lo que produce el campo se lo queda el Estado en impuestos. En junio 2021 se registró que

"En otras palabras: el productor en el campo vende su cosecha, a eso le resta los costos que tuvo para producirla. Una vez hecha esa cuenta, valor de la producción menos los costos, supongamos que da $100, de esos $100 el Estado se queda con $61,80 entre impuestos nacionales, provinciales y municipales", explicó David Miazzo, Economista Jefe de FADA.

Esta medición es un promedio ponderado de cultivos a nivel nacional, pero el estudio también muestra cómo se da en distintos cultivos. Así, detalla que la participación del Estado en soja es del 67,7%, maíz 50,6%, trigo 59,9% y girasol 47,1%.

¿Federalismo fiscal?

"Cuando hacemos este trabajo siempre llegamos a la misma conclusión: el esquema de impuestos argentino para el campo es, por lo menos, contradictorio. Una actividad que se realiza en todo el país, que está arraigada regionalmente a lo largo y ancho de la Argentina, tiene dos tercios de los impuestos que son nacionales y que no vuelven a las provincias de origen, entonces hay que preguntarse, ¿Eso es federalismo fiscal?", se preguntó Miazzo. Los derechos de exportación impactan negativamente sobre el federalismo de tres formas: incrementan los recursos no coparticipables, reducen los coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias y, finalmente, porque son recursos que salen de las zonas productivas.

El 61,8% de participación del Estado está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales algunos coparticipables y otros no. De los tributos que afronta una hectárea agrícola, el 66,6% son impuestos nacionales no coparticipables, mayormente derechos de exportación, a lo que se suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los impuestos coparticipables entre Nación y las provincias representan el 28,2%. Acá están principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias reciben parte de este 28,2% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. En el Índice FADA nacional se consideran el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este impuesto. Así, los impuestos provinciales explican el 4,7% de los impuestos totales.

Por último, los impuestos municipales representan el 0,6% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. En provincias que cobran estos impuestos, la participación es mayor. El componente central de estos impuestos municipales son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

Precios y tipo de cambio

Respecto a junio de 2020 el precio FOB de la soja ha mejorado un 60%, el del maíz 72%, el trigo 14% y el girasol 100%. Esto también se tradujo en incrementos de los precios disponibles en el mercado interno.

En los últimos 12 meses, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 35,6%, pasando de $69,97 por dólar a $94,86. En los últimos 3 meses, se incrementó un 4%.

En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en los últimos 12 meses empeoró un 9,5%. Medido a precios de junio de 2021, el tipo de cambio de junio de 2020 era el equivalente actual de $104,83.

"Esto significa que el tipo de cambio comienza a atrasarse respecto a la inflación, incrementando los costos de la producción al medirlos en dólares, algo malo para cualquier actividad exportadora", alertó Miazzo.

Costos

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 51% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 49% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, los costos dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 64%. En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 59% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 41%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 66%.

"En términos de costos hay algunas luces amarillas, en el último año: Los precios de los fertilizantes han aumentado un 40% en dólares. El gasoil ha sufrido aumentos de precios superiores al 70%. Los costos de labores se han incrementado en un 50%. Las tarifas de referencia de fletes muestran aumentos cercanos al 50%, sin embargo, se reportan incrementos reales de hasta el 85% ante la temporada alta de fletes", advirtió economista de FADA Nicolle Pisani Claro.

Para profundizar en cada caso, se analizan los costos involucrados en una hectárea de maíz, para tomar como ejemplo. Se toma desde el valor FOB al resultado después de todos los impuestos.

Al analizar los costos resaltan dos puntos. El primero, los gastos de fobbing representan entre el 9% y el 12% de todos los costos involucrados en una hectárea de maíz.

El segundo punto, son los fletes, donde se puede ver claramente cómo se va incrementando la participación a medida que uno se desplaza hacia el interior argentino. En el caso del maíz, el flete representa el 20% de los costos en Buenos Aires, en Córdoba el 22%, en San Luis el 23%, en La Pampa el 21% y en Entre Ríos el 17%. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 15%. Aquí se ve claramente el efecto que el atraso cambiario genera sobre los costos, el flete incrementó su participación sobre los costos en cerca de 4 puntos porcentuales respecto al informe anterior.

Fuente: Fundación FADA

Un estudio elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revela que los impuestos explican el 44.8% del precio que paga el consumidor por un kilo de durazno fresco, mientras que el productor primario solo es responsable del 12.8%.

Nuestro país se encuentra entre los tres principales productores de durazno del Hemisferio Sur, con más de 100 mil toneladas anuales -para industria y fresco-, destinando más del 60% a la industria, más del 30% al consumo en fresco y más del 1% a la exportación en fresco. La provincia de Mendoza concentra el 83% de la producción de duraznos del país, con aproximadamente 6000 hectáreas implantadas, seguida por Río Negro y Neuquén, con unas 750 hectáreas implantadas, según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). En cuanto al volumen comercializado entre los meses de noviembre a abril en el Mercado Central de Buenos Aires, se estiman aproximadamente unas 19.500 toneladas de durazno en fresco.

Tras analizar los costos, impuestos y ganancias netas de cada eslabón, podemos concluir que de los $210.8 en los que se vendió un kilo de durazno fresco en Capital Federal -precio promedio de marzo 2021-, el productor explica el 12.8% ($27); el galpón de empaque y la cámara de frio el 15.8% ($33.4); el mayorista -puestero del Mercado Central de Buenos Aires- el 10.9% ($23); y el minorista -verdulería e hipermercado de Capital Federal- el 15.7% ($33.1). Por su parte, la presión tributaria del Estado, en sus tres niveles, asciende a 44.8% ($94.3).

Una vez más, el peso del Estado queda expuesto: el 75.1% son impuestos de origen nacional, mientras que el 24.9% son provinciales o tasas municipales. Además, al analizar los tributos específicos de la cadena de valor desde la cosecha del durazno en la provincia de Mendoza hasta su venta en Capital Federal (aprox. 1150 km.), el 38.4% corresponde al IVA, el 30.8% a Ganancias, el 12.8% a otros impuestos provinciales o tasas municipales, el 12.1% a Ingresos Brutos y el 5.9% a contribuciones patronales de la mano de obra.

"La pelusa que causa verdadero malestar son los impuestos y no solo en el durazno, sino en todos los agroalimentos. En detrimento de la rentabilidad, la carga fiscal en Argentina sigue en aumento y nos obliga a cancelar o, en el mejor de los casos, a postergar cualquier tipo de inversión", afirmó Eduardo Rodríguez, presidente del sector de Economías Regionales de CAME.

Del precio que abonó el consumidor en góndola ($210.8), además del 44.8% correspondiente a impuestos ($94.3), el 29.7% ($62.5) corresponde a costos y el 25.6% ($53.9) a ganancias netas.

Metodología

Durante los meses de marzo y abril 2021, CAME analizó la cadena de valor del durazno fresco desde el productor, ubicado en el caso de estudio en la provincia de Mendoza, hasta su comercialización en Capital Federal, bajo la técnica de simulación en los distintos eslabones que la componen.

Para la conciliación de los datos, los costos y valores nominales expresados corresponden a marzo 2021. En relación a los eslabones mayorista y minorista, se consideraron 15 puntos de venta de Capital Federal -4 grandes cadenas (hipermercados) y 11 comercios de cercanía (verdulerías)-.

Las etapas de la cadena identificadas fueron:

Productor primario: implica el diseño y armado del monte frutal, desde la preparación del suelo hasta la producción de plantines, la implantación y la conducción del monte. Con las plantas ya en desarrollo vegetativo y productivo (pueden pasar hasta 8 años hasta que comienza a producir comercialmente), se incluyen las tareas culturales que año a año se deben realizar -poda, raleo, cosecha y tratamientos fitosanitarios, entre otras-.Galpón de empaque y Cámara de frío: involucra tareas de traslado del durazno desde la puerta del campo hasta el galpón donde se realiza la limpieza, clasificación, acondicionamiento de la fruta, empaque y suministro de frío.Mayorista (Mercado Central): incluye tareas de traslado desde Mendoza hasta el Mercado Central de Buenos Aires (aprox. 1150 km.), descarga y traslado dentro de las distintas naves del Mercado, y comercialización a externos. Por lo general, el operador o puestero recibe la fruta en consignación.Minorista (verdulerías e hipermercados de Capital Federal): implica las tareas de compra y traslado desde el mayorista del Mercado Central hacia el establecimiento de venta, mantenimiento del lugar, costos generales.

La iniciativa de Juntos por el Cambio propone "eximir impuestos y reducir sueldos políticos" ante la nueva fase de la cuarentena

Dirigentes provinciales y locales de Juntos por el Cambio presentaron una serie de medidas destinadas a ayudar de manera directa a los sectores comerciales impactados por la nueva fase de la cuarentena. Proponen el no cobro de impuestos y una reducción de sueldos a los políticos.

Las iniciativas son de autoría de los diputados provinciales Esteban Vitor y Eduardo Solari, el dirigente de Paraná Emanuel Gainza y los concejales Walter Rolandelli, Francisco Avero y Maximiliano Rodríguez Paulin.

"Hay cientos de actividades comerciales que sin ayudas concretas, no van a poder sobrevivir estas nuevas restricciones. El dueño de un gimnasio, de un cine o de un restaurante ya no tiene más capacidad de endeudamiento; los que lograron sobrevivir el año pasado, ya no pueden hacer frente a otra cuarentena más" afirmaron desde la oposición.

"El Estado tiene que ayudarlos con medidas concretas para evitar su desaparición; por eso presentamos proyectos para proponer:

- No cobrar por 12 meses el Impuesto provincial de Ingresos Brutos a las actividades impedidas de trabajar por la cuarentena.

- No cobrar por la duración de la cuarentena y un plazo extra de 6 meses posterior, todas las tasas y contribuciones municipales para las actividades impedidas de trabajar por las restricciones.

- Reducir el 20% de los sueldos por cargos políticos durante 6 meses en el ámbito municipal y provincial.

"De la misma forma que le pedimos "un esfuerzo" constante a los comerciantes y al sector privado, la política también tiene que hacer su aporte. Por otro lado, tanto el Estado Municipal como el Provincial tienen que suspender el cobro de impuestos a los rubros que están al borde de desaparecer. Eso es concretamente lo que estamos planteando" expresa el comunicado publicado por Juntos por el Cambio.

Los dirigentes aseguran que "vamos a pedirle a todas las fuerzas políticas el acompañamiento a estos proyectos. Nadie puede negar la situación de emergencia que están viviendo cientos de comerciantes, emprendedores y profesionales. Tenemos que tirar todos para el mismo lado para superar esta crisis."

El gobierno provincial amplió la Ley de Emergencia del Sector Turístico, prorrogando los vencimientos de enero, febrero y marzo de 2021 de IIBB y del Impuesto Inmobiliario y fijando su vencimiento en diciembre de 2021.

El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, expresó: "El Gobierno de Entre Ríos decidió unificar los cumplimientos, estableciendo como fecha única de vencimiento el 31 de diciembre de 2021 y otorgando un plan especial de cuotas fijas sin interés para su pago, generando de esta forma un alivio al sector en estos tiempos de recuperación de la actividad", reconoció.

"En tanto para los períodos e impuestos provinciales que no han sido incluidos en la Ley 10.805 y su ampliatoria, ATER ha dispuesto de un nuevo plan de regularización para la cancelación de tributos provinciales, cuyo acogimiento se extiende entre el 3 de mayo y el 30 de julio próximo". "Estas medidas se suman a las adoptadas por el Gobierno nacional para llevar auxilio a este sector tan importante de la economía tanto entrerriana como argentina en general, el cual genera un importante número de puestos de trabajo y, por otro lado, nos ayuda a valorar nuestras bellezas naturales", finalizó el ministro.

En el marco de la crisis sanitaria y económica por la Pandemia de Covid-19, se sanciona la Ley 10805 en junio pasado, la cual declaró la Emergencia del Sector Turístico en todo el territorio de la provincia. La misma trajo paliativos impositivos para el sector, alcanzando a más de 600 prestadores turísticos, mediante exenciones, deducciones y diferimientos de los impuestos de ingresos brutos e inmobiliarios durante periodos que abarcaban parte del año 2020, con vencimiento en marzo de 2021.

El precio del pan se multiplica por siete, desde que sale el trigo del campo hasta nuestra mesa. En el pan $29 son impuestos, en la leche $18 y en la carne la carga es de $149. ¿Una mochila en nuestras compras? Últimos datos en un informe de "Composición de precios".

Publican un nuevo informe sobre lo que pagamos cuando compramos pan, leche y carne. Es el estudio semestral de "Composición de Precios" de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina).

Los últimos datos arrojan que, el precio del pan se multiplica por siete desde que sale como trigo del campo, hasta el pan de nuestra mesa. De $135, precio promedio de un kilo de pan, $29 pesos son impuestos. La carga impositiva es mayor que lo que sale producir el trigo y hacer la harina para ese kilo de pan.

En el caso de la leche el precio se triplica desde que sale del tambo, pasa por la industria, el comercio y llega a nuestro desayuno. De $67 de precio promedio de un litro de leche, $18 corresponde al peso impositivo.

La carne es el producto más afectado por la "mochila" de los impuestos, de $531 de precio promedio por kilo, $149 son impuestos.

"Algo llamativo de este estudio es que demuestra la alta carga tributaria que tienen alimentos que son básicos, como el pan, la carne o la leche. En promedio, 1 de cada 4 pesos que pagamos por estos productos, son impuestos que se acumulan a lo largo de la cadena. En el caso del pan, pesan más los impuestos, que la propia harina", destaca David Miazzo, economista jefe de FADA.

"Este trabajo ayuda a mostrar qué hay detrás de los precios. En momentos donde la inflación se acelera se tiende a discutir los precios, la cadena y los costos de los distintos productos, pero en realidad el problema no es de un precio en particular. Hoy es el problema del precio de la carne, mañana el combustible y pasado los alquileres. El problema de fondo es el valor de la moneda, cada vez se necesitan más pesos para comprar el mismo kilo de carne, de tomates, el litro de nafta o una remera". "No es un tema de precios, tenemos un problema macroeconómico. Un profundo déficit fiscal que se financia emitiendo pesos que, sumado a falta de confianza, se traducen en pesos que cada vez valen menos: eso es la inflación", define Miazzo.

Para comprender como se va componiendo el precio, se tiene en cuenta todos los costos, impuestos y resultado que se obtiene en cada eslabón. Por ejemplo, en el caso de la leche se considera desde el costo de la tierra del campo, de estructura, alimentación, sanidad animal, personal, etc. En la industria, la materia prima, logística, personal, gastos comerciales, transporte y en el comercio, también se incluyen sus propios costos operativos. En cada eslabón del circuito, los impuestos van cargando un alto porcentaje del precio, detalla Natalia Ariño, economista de FADA.

Más datos y análisis, producto por producto

PAN

FADA registra que el consumidor paga un promedio de $135 por kilo de pan francés. En ese precio, el trigo representa $17 (13%) el molino $7 (5%), la panadería $82 (60%) y los impuestos $29 (22%).

Al analizar el precio del pan según qué lo compone, se detecta que el 67% son costos, 22% impuestos y 11% ganancias. De los impuestos, el 75% son nacionales, 22% provinciales y 3% municipales. Impuesto a las ganancias e IVA concentran el 68% de los impuestos pagados por la cadena

El precio del pan, paso a paso: al realizar este informe, y basándonos en un kilo de pan, el productor vendió el trigo a $19. El molino lo compra e incluye sus propios costos ($7), impuestos ($0,86) y el margen neto ($0,02), y le vende la harina a $27 por kilo de pan a la panadería.

En este punto es en donde se produce el mayor salto de la cadena al incorporar sus costos ($66), los impuestos que paga ($14) y lo que se obtiene por la actividad ($15), se llega a un precio del kilo de pan en mostrador de $122. Al sumar $13 del IVA llega finalmente al consumidor, en promedio, un kilo de pan a $135.

"Ese salto que se da en la panadería tiene una explicación, afirma Ariño, y es que en este eslabón se combinan dos procesos: producción y comercialización. Tiene un uso intensivo de mano de obra, costos de servicios y costos de alquiler. Adicionalmente, las escalas de producción a lo largo de las cadenas son distintas, mientras el trigo y harina se realizan a gran escala, en la panadería es a menor escala, por lo que los costos unitarios son mayores. A su vez, es la etapa que más costos presenta".

LECHE

La leche entera en sachet, arroja un precio promedio de $67. De ese monto, el tambo representa $24 (35%), la industria $22 (33%), el comercio $4 (6%) y los impuestos $18 (26%). El maíz representa el 18,4% del precio de la leche cruda (tambo) y el 6,6% del precio final del sachet.

Del precio final pagado por el consumidor, el 89,2% son costos, el 26% impuestos y -15,2% son pérdidas de la cadena. De esos impuestos, el 78% son nacionales, mientras que el 18% provinciales y 4% municipales. El IVA representa el 67% de los impuestos.

Cabe una aclaración especial respecto al IVA. "Los consumidores pagan el 21% de IVA sobre la leche, cuando debería estar exenta por ley. El problema está en que la ley contempla exenta la leche pasteurizada, producto que casi no se produce ni consume. En cambio, la leche que sí se produce y consume actualmente es la ultrapasteurizada, razón por la cual no queda exenta", aclara Miazzo.

"En un contexto donde el 42% de la población es pobre y el 57% de los chicos menores de 15 años también lo son, debería ser fundamental mejorar el acceso a alimentos de primera necesidad con políticas que no generen distorsiones en el sistema productivo y sea coherente con el tratamiento de otros alimentos, tomando como ejemplo, la carne y pan tienen alícuota reducida del 10,5%", reflexiona el economista.

El precio de la leche, paso a paso: el productor del tambo vendió a $24,2 el litro de leche. La industria la adquiere a ese precio y suma $20,39 de costos y $2,06 de impuestos por litro. Con un resultado de $1,94, el precio del sachet sale de la planta a $48,59. El comercio la compra y suma $14,02 de costos de estructura, transporte y costos laborales, paga impuestos por $3,25 y obtiene una pérdida de -$10,24. Finalmente, se suma el IVA que paga el consumidor por $11,68 y se obtiene el precio final en góndola de $67,31. La leche perdió frente a la inflación y el dólar.

"Cuando se analiza el sachet de leche, se observa que la cadena se enfrenta a una situación crítica en todos los eslabones: tambo, industria y comercio, con precios que no alcanzan a cubrir costos (tambo), precios de venta contenidos, ocasionando un desfasaje con los costos (industria y comercio) y generando pérdidas económicas en casi todos los eslabones de la cadena, acentuado aún más en la etapa final", comenta Ariño". En el último eslabón, dependerá de la estrategia que persiga el comercio para compensar la pérdida por leche con otros productos lácteos con mejores márgenes.

CARNE

Se registra que la carne tuvo un precio promedio de $531 por kilogramo, de los cuales la cría representa $158 (30%), el feedlot $141 (27%), el frigorífico $35 (6%), la carnicería $47 (9%) y los impuestos $149 (28%). El maíz representa el 15% del precio del novillo y 11% del kilo de carne al mostrador.

"Cuando se analiza la participación de cada eslabón, es importante destacar que, si bien la cría del ternero representa el 30% del precio, hay que tener en cuenta que es la etapa de la cadena más costosa por el tiempo que se requiere para tener listo un ternero,", aclaró Ariño.

De los impuestos que tiene la cadena, el 75% son nacionales (impuesto a las ganancias, IVA, e impuesto a los créditos y débitos), 20% provinciales (inmobiliario rural, ingresos brutos) y 5% municipales (impuesto a la industria y comercio y tasa vial). El impuesto a las ganancias y el IVA, son los de mayor participación, que en conjunto representan el 65% de los impuestos totales.

Si se analiza toda la cadena de carne bovina, desde la cría hasta el comercio, el 65% son costos de producción, 28% impuestos y 7% el resultado económico, sobre el precio del kilo de carne.

Este informe detectó que la carnicería tuvo una caída en su margen. "Esto se puede explicar por el techo que pone el poder de compra de los consumidores al momento de actualizar el precio de venta de la carne frente a los costos", advierte Miazzo.

Al medir la composición de precios de los tres productos, este informe referencia a primeros meses del 2021, en base a datos de febrero de este año, respondiendo al tiempo que lleva recabar la información de distintas fuentes.

Para concluir, en relación al control de precios, Miazzo señala que "la inflación en Argentina está ligada al déficit público, la emisión monetaria y la falta de confianza. Por ello, es imposible combatirla desde los controles de precios, los derechos de exportación o las restricciones para exportar.

Este tipo de medidas actúan sobre la consecuencia, que es el aumento de los precios, pero no sobre las causas que generan esos aumentos.

Por ejemplo, el maíz representa el 11% del precio final de la carne. Si se decide subir 10 puntos a los derechos de exportación al maíz, se mejoraría el precio de la carne sólo un 1,1%, cuando la inflación mensual está cerca del 4%.

Es decir, con una medida como esta se logra ahorrar, por única vez, sólo una semana de inflación. Algo similar sucede con el trigo y el pan, el trigo representa el 13% del precio del pan.

Subir los derechos de exportación al trigo podría generar un impacto en el precio del pan de sólo el 1,3%, o sea poco más de una semana de inflación.

Las medidas tomadas por el Gobierno en el marco de la segunda ola del COVID le impiden trabajar y encabezó una movilización. Uno de los carteles del vocero de la Unión de Gimnasios Argentinos fue replicado por varios usuarios en las redes sociales. Es dueño de gimnasios y su enojo por las restricciones se hizo viral: "Cerrame lo que me da de comer y no te pago más impuestos"

Cansado de las restricciones impuestas por el Gobierno, que lo obligan a cerrar varios de los comercios que administra, Pablo Speroni, dueño de tres gimnasios en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, encabezó una protesta en la que mostró dos carteles que se terminaron viralizando en las redes sociales. En ellos expresaba sus reclamos y advertía que si no le permitían seguir atendiendo al público, iba a dejar de pagar sus impuestos.

"Cerrá todo, pero todo. Cerrá el local que le da de comer a mi familia y a las de mis empleados, pero también cerrame AFIP, ARBA, etc. Cerrame lo que me da de comer y cerrame todo lo que me cobrás: no te pago más la luz, el teléfono, el alquiler, ni autónomos, ni cargas sociales, ni IVA, ni Ganancias, ni Bienes Personales, ni patente, ni impuesto municipal, ni seguro, ni ningún otro impuesto que se te cante cobrarme ¡No te pago nada, y ahí estamos a mano!", se podía leer en uno de esos letreros.

De esta manera, el vocero de la Unión de Gimnasios Argentinos (UGA) dejó de manifiesto el malestar de algunos empresarios del sector, que nuevamente deben bajar las persianas de sus negocios por decisión de las autoridades nacionales, que prohibieron esta actividad con el objetivo de bajar el nivel de contagios en el AMBA.

"Yo vi esa frase en internet, cuando recién empezaba, en uno de los tanto grupos que tenemos con la gente de gimnasios. Yo propuse viralizarlo, pero me dijeron que no, que era muy largo. Yo soy medio caprichoso, desde el año 86 que tengo varios gimnasios, y armé el cartel", recordó Speroni al respecto.

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, el comerciante aseguró que la foto que circuló en las redes sociales corresponde a una marcha a la que él asistió, la cual fue "pacífica, por supuesto, con distancia, con protocolo y con tofo, frente a la jefatura de Gabinete". Además, consideró que lo que dice esa proclama "resume el sentimiento de todos los comercios de la Argentina".

"Ya estuvimos ocho meses encerrados el año pasado ¿Sabés lo que nos dio el gobierno de la Ciudad? Dos meses de ABL ¿Sabés lo que nos dio Nación? Nada. Cero. El ATP lo recibimos, pero había que poner la diferencia del salario", se quejó.

Por otra parte, señaló que también "hay mucho personal que es monotributista y no recibió nada" por parte del Estado, al igual que algunos "cuentapropistas" que también ofrecen servicios similares a los de un gimnasio y tampoco tuvieron asistencia del Gobierno.

Otro de los carteles que preparó Speroni para aquella movilización estaba directamente dirigido a los "señores dirigentes políticos" y aseguraba que los gimnasios no pueden dejar de funcionar porque son "centros de salud".

"Nosotros estamos para sumar porque consideramos que somos agentes de salud, porque realizamos actividad física, que libera endorfinas, lo que refuerza el sistema inmunológico y te hace más fuerte para combatir esta enfermedad", argumentó el vocero de UGA, durante otra entrevista, esta vez en Intratables, por el canal América.

En ese letrero, el hombre recordó que los locales del sector estuvieron "ocho meses cerrados y fundidos" y que actualmente cumplen "con el protocolo" que marcan las autoridades sanitarias, por lo que consideró que "sin casos de contagios por la actividad, la solución no es el cierre". "Busquen otra alternativa y nosotros los apoyamos", agregó en su mensaje.

"Cuando empezó la pandemia la gente desapareció de los gimnasios; cuando se atenuó, empezó a perder miedo y comenzó a venir. Ahora es al revés, la gente nos pide que no cerremos, proponen firmar un petitorio y no entienden por qué tenemos que cerrar", aseguró.

Por último, Speroni sostuvo que "es imposible pagar ahora del 1 al 10 los sueldos si alguien no da una ayuda o si no condonan algo".

"Nosotros entendemos que estamos en plena segunda ola y estamos para sumar, no somos los loquitos que quieren ir a entrenar. Entendemos lo que está pasando. No tendríamos ningún problema (en dejar de funcionar un tiempo), pero como bien decía el cartel, sacame todo", cerró.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se refirió en las últimas horas al nuevo aumento de combustibles que anunció el Gobierno Nacional - el cuarto en menos de dos meses y medio- y aseguró que, de esta forma, el sector agropecuario está aportando $9.000 millones extra en impuestos.

"Este nuevo incremento que se manifiesta con $6,40 por cada litro cargado en el tanque representa $19.200 millones extra para el sector productivo (si anualizamos su incidencia). Solo tomando este último aumento, el campo aportará anualmente unos adicionales $9.000 millones en concepto de impuestos", analizó CRA.

En ese marco, el Departamento Económico de la entidad calculó la conversión a maíz y señaló que el aumento representa "poco más de un millón de toneladas de la presente cosecha y la presión tributaria de ese aumento unas 508.000 toneladas del mismo".

"En un escenario de sequía, con una cosecha que no será la esperada, lejos de menguar, la voracidad fiscal del Estado no parece tener límites, esto es un escalón más de incremento a la cuasi confiscatoria presión tributaria que se ejerce sobre todos los sectores productivos de la Argentina", consideró.

En tanto, remarcó que, en algunos casos, el 47% de lo pagado en la factura de combustible son impuestos, lo cual, indicó, "seguirá agravando la delicada situación de las pymes, erosionando las cadenas de producción y golpeando el poder adquisitivo y el bolsillo de la gente".

En el marco de las declaraciones del presidente de la comisión de Producción de la Cámara de Diputados de la provincia, Néstor Loggio, quien dijo públicamente que había que agregar más impuestos al campo, el senador departamental Francisco Morchio se manifestó al respecto.

En ese sentido, indicó: "Parte del oficialismo provincial desconoce lo que implica vivir de un emprendimiento propio, por eso la idea recurrente es seguir agobiando al sector productivo con impuestos".

"Hay allegados al Gobernador Bordet que no ven lo que realmente sucede a lo largo y ancho de nuestra provincia. La gente que trabaja y genera trabajo se desvive para cumplir con las obligaciones fiscales que aumentan cada año por culpa de un manejo ineficiente de los recursos públicos. Pareciera que estos dirigentes del oficialismo buscan inventar excusas para avanzar, nuevamente, con un ajuste contra quienes genuinamente generan recursos", añadió.

Asimismo, consideró: "Cualquiera puede ver el movimiento económico que genera la producción en cada ciudad y pueblo entrerriano. Los emprendedores no distinguen ideologías políticas, pretenden tener reglas de juego claras y un Estado que los ayude o, por lo menos, que no los condene".

"Llegará el momento en que se entienda que la solución será a través de quienes trabajan y dan trabajo", finalizó.

Desde la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) salieron al cruce del presidente de la comisión de Producción de la Cámara de Diputados de la provincia, Néstor Loggio, quien dijo públicamente que había que agregar más impuestos al campo y consideró que debía incrementarse fuertemente el Impuesto Inmobiliario Rural.

En este marco, el secretario de FARER, Luciano Olivera, expresó que "el sector productivo, y no sólo el campo, está cansado de que se inventen impuestos para mantener una clase política que es parte de una burocracia estatal ineficiente y paralizante. El Estado se lleva casi el 70 % de la renta agropecuaria. En 2020 se agregó un 10 % al Inmobiliario, exigible a las extensiones más grandes para afrontar la pandemia. Trabajamos para cumplir con una catarata de tributos nacionales, provinciales y municipales. Es hora de que sea la política quien haga el ajuste", señaló.

"La región y el mundo van en otro rumbo, buscando medidas para favorecer la inversión, la producción y el empleo, para salir de esta coyuntura mundial. Más impuestos desemboca en más empleo informal, en mayor parálisis ya que desalienta emprendimientos. Después nos preguntamos porque Entre Ríos está, por ejemplo, a años luz de Santa Fe y Córdoba. Por estos señores, ni más ni menos", criticó.

El dirigente agregó que "el relato elaborado por Loggio es falaz y tendencioso contra el campo y eso muestra dos alternativas: miente descaradamente o es un ignorante y los dos hechos son graves. Este señor que estuvo aplaudiendo las tomas de Grabois en Entre Ríos debiera presentar proyectos para que la legislatura que integra les cueste menos a los contribuyentes. Hoy la política les sale millones a los entrerrianos, evitado que esos recursos se vuelquen en obras o en mejores salarios para docentes o el personal de la salud. Es hora de parar la fiesta de cierta casta política, de mostrar empatía. Son momentos de resignar privilegios, de pensar en el otro, pero con gestos de desprendimiento. Sabemos que no todos los hombres y mujeres que ocupan cargos públicos piensan igual, pero representantes como estos avergüenzan a los entrerrianos", remarcó.

Por último, Olivera aseguró que "ante esta manifestación pública, tan preocupante y desafortunada necesitamos saber si es una mirada que tiene el gobierno provincial en su conjunto o es la opinión trasnochada de este señor. Por ello, sería muy oportuno que tanto el ministro Bahillo como el gobernador Bordet se expresen sobre estos dichos", finalizó.

Aumenta la nafta por una suba de impuestos a los combustibles. La suba sería al menos de 1,3 por ciento. El incremento sumaría al menos 1,3% a los precios de las naftas y el gasoil desde esta semana. Hasta el momento, YPF no tendría pensado un alza mayor para recuperar márgenes de refinación. Las petroleras trasladarán esta semana el aumento de los impuestos a los combustibles, que tendrá efecto desde mañana.

De esta manera, las naftas aumentarán $ 0,83 y el gasoil $ 0,81 por litro, con lo que la suba será de hasta 1,3% en los líquidos que vende YPF en la Ciudad de Buenos Aires (y un poco menor en términos porcentuales en las marcas con precios un tanto más altos).

Hasta el cierre de esta edición, en YPF hablaban únicamente de un traslado de este incremento impositivo, sin acompañar con un alza del producto en sí, como sucedió entre agosto y noviembre, a mediados de cada uno de esos cuatro meses.

El Gobierno, con decisión en la petrolera a través de la participación del 51% del Estado Nacional, busca calmar los precios en el cierre del año.

No obstante, puede haber novedades hasta último momento e incluso después de que este miércoles se concrete el aumento en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) -debido a la inflación acumulada en el segundo trimestre-, cuyos subtotales están desgravados en un 12% por el uso de bioetanol en las naftas y en un 10% por el biodiesel en el gasoil.

En el sector privado hay quienes hablan de una suba de 2% al 6% para recomponer márgenes de refinación que, aseguran en las empresas, quedaron otra vez desfasados con la depreciación del peso frente al dólar y el aumento del petróleo Brent, que se acomodó en los u$s 50 por barril.

El CEO de YPF, Sergio Affronti, indicó hace algunos meses que tenía un "objetivo de precio" a alcanzar a fines de diciembre, pero que no especificó.

Luego del desplome de la actividad por la pandemia del coronavirus, logró bajar un 30% los costos, con el apoyo de los sindicatos.

Hacia adelante, la meta de la petrolera estatal es continuar la recuperación de las ventas de combustibles (hoy están un 20% por debajo de los niveles pre-pandemia), un segmento que explica el 80% de los ingresos de la firma.

El porcentaje treparía a 20% acumulado en el año, un dato que las petroleras utilizan para rebatir el argumento de que la suba de los combustibles contribuye a la inflación, que cerrará en 36% o 37%.

Otro objetivo que se trazaron fue el de emparejar los precios de Buenos Aires con los del Interior y cerrar la brecha.

Por eso desde agosto los combustibles treparon un 14% promedio en todo el país pero hasta un 19% en la Capital.

A la brevedad, la única diferencia que existirá, aseguran, es la relacionada a los costos logísticos de trasladar los líquidos desde las refinerías de La Plata (Buenos Aires), Plaza Huincul (Neuquén) y Luján de Cuyo (Mendoza) hasta el resto de la Argentina.

Si la llegada de las Fiestas viene con un freno de mano a un factor que los economistas consideran inflacionario, la nafta súper terminaría 2020 con un aumento en la Capital Federal de $ 11 por litro y el gasoil, de $ 10.

El porcentaje treparía a 20% acumulado en el año, un dato que las petroleras utilizan para rebatir el argumento de que la suba de los combustibles contribuye a la inflación, que cerrará en 36% o 37%, informó El Cronista.

Las consultoras estiman que por cada punto que aumentan los combustibles la inflación suma un 0,05%. El impacto mayor es con el gasoil, utilizado en los camiones que transportan los alimentos de primera necesidad, con fuerte peso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo a lo publicado dos semanas atrás en el Boletín Oficial y refrendado en la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el 15 de enero de 2021 habrá otro aumento de los impuestos a los combustibles, en esa ocasión para trasladar la inflación del tercer trimestre.

Entonces, en la segunda mitad del primer mes del año próximo hasta el 28 de febrero, los tributos internos sobre naftas y gasoil trepará $ 1,24 y $ 1,22 por litro, respectivamente, con un impacto porcentual que rondaría el 2%.