La sesión extraordinaria se extendió hasta la madrugada y estuvo marcada por cruces entre legisladores oficialistas y opositores, negociaciones políticas de último minuto y una fuerte movilización en las inmediaciones del Congreso.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, alertó durante su discurso que la iniciativa sería “inconstitucional” y que, según su visión, derivará en un aumento de la “litigiosidad” en el mercado de trabajo. El peronismo y otros sectores de la oposición criticaron el proyecto por considerar que implica un retroceso en derechos laborales fundamentales.

El proyecto incorpora cambios sustanciales en la legislación laboral vigente, con el objetivo, según el Gobierno, de “modernizar” un sistema que consideran obsoleto y que genera altos niveles de empleo informal. Entre sus puntos principales se destacan:

Originalmente, el proyecto también contemplaba cambios en Ganancias y en la financiación de obras sociales sindicales, pero esos artículos se negociaron y quedaron fuera para asegurar los votos de gobernadores y bloques dialoguistas.

Mientras transcurría la votación, grupos de manifestantes se concentraron en la Plaza Congreso, generando momentos de tensión con las fuerzas de seguridad. Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hubo alrededor de 40 demorados y una docena de detenidos, aunque la Comisión Provincial por la Memoria reportó hasta 60 personas detenidas. Hubo también heridos en la protesta.

El presidente de la Nación y varios miembros de su gabinete difundieron en sus cuentas en redes sociales imágenes de incidentes con un reducido grupo que lanzó bombas molotov, a quienes denominaron despectivamente como “kukas”. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó los hechos a sectores de la izquierda.

El Ejecutivo definió la media sanción como “un punto de inflexión en la historia laboral argentina” y la defendió como un paso clave para generar empleo formal, reducir la litigiosidad y actualizar una legislación que, según sus defensores, estaba desfasada ante los desafíos económicos actuales.

En tanto, sectores sindicales y opositores anticiparon que no solo seguirán la discusión en Diputados sino que evaluarán acciones judiciales, al considerarla una norma que vulnera garantías constitucionales y derechos consagrados en el Artículo 14 bis de la Constitución, que protege la estabilidad y organización sindical de los trabajadores.

Este esquema fue habilitado por el artículo 96 de la Ley Bases 27.742, que permite a los firmantes de convenios colectivos establecer un fondo voluntario para cubrir los costos derivados de un despido.

“Se trata de un sistema totalmente voluntario, tanto para empresas como para trabajadores, y por eso mismo creemos que será beneficioso para ambas partes”, explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Los fondos de cese laboral están pensados como un ahorro programado, con aportes periódicos que se acumulan durante la relación laboral. De esta forma, ante un eventual despido, el trabajador puede acceder a esos fondos en lugar de recibir la indemnización tradicional.

La CNV los regula como Fondos Comunes de Inversión Abiertos y obliga a que su nombre contenga la denominación “Cese Laboral” para su correcta identificación. También establece que deben ser inembargables, es decir, protegidos de cualquier deuda o reclamo.

El fondo puede ser financiado por el empleador, el trabajador o ambos, y los porcentajes y montos serán pactados libremente entre las partes en el marco de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

El marco regulatorio contempla dos modalidades principales:

Deberán contar con un reglamento especial que detalle el funcionamiento ante diferentes tipos de desvinculación laboral.

No se permitirá que inviertan en instrumentos financieros del empleador ni que concentren más del 30% del patrimonio en una sola industria.

Una vez transferidas las cuotapartes al trabajador tras el despido, este podrá disponer libremente de ellas, pero no realizar nuevos aportes.

Se llevará un registro detallado de cada cuotaparte cedida.

Estos no requerirán prospecto aprobado por la CNV, pero deberán difundir sus condiciones en la Autopista de la Información Financiera.

Solo emitirán certificados de participación y deberán explicar detalladamente el procedimiento de pago al trabajador en caso de despido.

Se permitirá la incorporación de nuevos fiduciantes durante su vigencia.

También tendrán límites de inversión y deberán mantener informados mensualmente a los beneficiarios sobre sus tenencias.

Este sistema no reemplaza obligatoriamente al actual esquema de indemnización, sino que ofrece una opción contractual alternativa y anticipada. Apunta a dotar de mayor previsibilidad tanto a empleadores como a empleados frente a situaciones de desvinculación laboral, a través de un instrumento financiero profesional y regulado.

Además, el nuevo régimen otorga protagonismo a las negociaciones colectivas para su implementación y gestión, sin intervención sindical directa en las inversiones, pero sí con la posibilidad de acordar parámetros generales en los convenios sectoriales.

La CNV tendrá el rol de supervisar a las entidades que administren estos fondos, garantizando transparencia, legalidad y una política de inversión prudente.

Este nuevo instrumento forma parte del paquete de reformas estructurales que impulsa el Gobierno nacional, con la intención de modernizar el sistema laboral argentino y brindar más herramientas para el desarrollo del empleo formal.

El Gobierno nacional decidió establecer la prorroga por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, informaron fuentes oficiales.

Los portavoces dijeron a Télam que la medida estará contenida en un decreto que está a la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

De este modo, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente.

"La medida va a oficializarse en breve", señalaron a Télam fuentes oficiales, en referencia a una pronta publicación de la prórroga en el Boletín Oficial.

Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad.

El primer decreto rigió desde el 1° de abril, luego se dispuso una prórroga desde el 1° de junio y hubo una tercera disposición a partir del 1° de diciembre.

La medida fue resuelta por la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar" la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con el Decreto 891/2020, publicado en el Boletín Oficial, la prohibición de despidos y suspensiones finalizaba el 29 de enero próximo, por lo que el Gobierno decidió prorrogar la medida durante la reunión de Gabinete Económico que se realizó hoy.

"La pandemia de Covid-19 ha producido una merma considerable en la actividad económica a nivel mundial de la que nuestro país no se encuentra exento, por lo cual se entiende necesario y conveniente -más allá de las particularidades de cada región-, prorrogar la normativa existente respecto de la prohibición de despidos", había expresado el Gobierno en esa última prórroga.

La prohibición de despidos fue ordenada inicialmente el 31 de marzo último, por medio del DNU 329/2020, en la primera etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por la pandemia.

El Gobierno fundamentó entonces la prórroga de la prohibición de efectuar despidos en la puesta en marcha de una "serie de medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia".

Entre esas medidas el Gobierno incluyó la "postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios".

También mencionó las "garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES)".

Asimismo, el Gobierno consideró "indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un diálogo social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio procura remediar".

Telam