El Senado convirtió en ley la reforma conocida como Inocencia Fiscal II, que modifica el esquema aprobado a fines de 2025 y busca dar mayores certezas a quienes ingresen al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa recibió 44 votos afirmativos y quedó sancionada sin modificaciones respecto del texto aprobado previamente por Diputados.

El objetivo declarado por el Gobierno es incentivar que una parte de los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero ingrese al circuito formal y pueda destinarse al consumo o la inversión. Durante el debate, la oposición cuestionó distintos aspectos del régimen, y sectores del peronismo lo vincularon con un nuevo esquema de exteriorización de capitales.

La nueva versión de Inocencia Fiscal surgió después de cuestionamientos de profesionales tributarios sobre la primera edición del régimen. Entre los principales cambios aparecen una nueva definición de "discrepancia significativa", mayores posibilidades de corregir declaraciones, restricciones al uso de presunciones por parte de ARCA y nuevas reglas sobre Bienes Personales. Su aplicación completa dependerá ahora de la reglamentación.

Uno de los cambios centrales redefine las diferencias que pueden poner en discusión los beneficios del régimen. La norma considera, entre los supuestos previstos, un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado, pero introduce además un piso económico para evitar que diferencias pequeñas activen por sí solas una impugnación. Ese límite se vincula con el 5% del monto objetivo de punibilidad previsto en el Régimen Penal Tributario, aunque especialistas señalaron que la ley deja pendiente precisar qué valor debe utilizarse para ese cálculo, cuestión que deberá aclararse en la reglamentación.

También se incorpora como causal el cómputo improcedente de determinados ingresos directos, como retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos, además de mantenerse los casos vinculados con documentación apócrifa.

Otro punto central permite que un contribuyente rectifique su declaración después de una observación del organismo recaudador. Si ARCA notifica una liquidación administrativa o una determinación de oficio, habrá un plazo de 15 días hábiles para presentar la rectificación y cancelar o regularizar el saldo correspondiente, sin que esa corrección configure automáticamente una discrepancia significativa.

La norma también limita el uso de determinadas presunciones contempladas en la Ley 11.683. Hasta el 31 de diciembre de 2027, algunas de ellas no podrán emplearse como fundamento exclusivo para cuestionar al contribuyente y deberán estar acompañadas por información declarada o por datos disponibles en los sistemas fiscales. Esa fecha funciona además como límite para determinados beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el denominado "tapón fiscal", por lo que la norma no establece una protección indefinida para quienes se incorporen al esquema.

La reforma establece que la carga de demostrar una "discrepancia significativa" recaerá sobre ARCA, que deberá basarse en lo declarado por el contribuyente, en la información de sus propios sistemas o en datos aportados por terceros. Se trata de una condición que hasta ahora estaba contemplada solo reglamentariamente y que pasa a tener rango legal.

En Bienes Personales se incorpora otra modificación: los fondos utilizados bajo este esquema serán considerados incorporados al patrimonio en la fecha en que se realice la operación, con el objetivo de evitar que esos recursos sean imputados automáticamente a períodos fiscales anteriores a partir de su utilización posterior.

La nueva Inocencia Fiscal amplía y modifica así el régimen vigente, aunque todavía quedan cuestiones técnicas por resolver mediante la reglamentación, entre ellas la determinación precisa del monto de referencia para calcular algunos de los límites establecidos. Su impacto efectivo también dependerá de cuántos contribuyentes decidan adherir y utilizar las nuevas reglas para incorporar fondos al circuito formal.

La Cámara de Diputados se prepara para debatir este miércoles 26 de agosto el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa del Gobierno nacional que propone cambios en el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, los criterios de fiscalización de ARCA y las sanciones tributarias. El oficialismo buscará darle media sanción durante una sesión especial convocada para las 12, en la que también se debatirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El proyecto ya obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, donde reunió 44 firmas sobre 75 diputados presentes, luego de incorporar modificaciones al texto original para conseguir el respaldo de bloques aliados.

La iniciativa modifica la Ley de Procedimiento Tributario 11.683 y la normativa que creó el régimen simplificado de Ganancias, además de disposiciones vinculadas al Registro del Trabajo Rural. Uno de los puntos centrales es la eliminación de los anteriores límites de ingresos y patrimonio para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), lo que ampliaría el universo de contribuyentes que pueden incorporarse al sistema.

El proyecto también introduce cambios en los criterios bajo los cuales ARCA puede fiscalizar e impugnar declaraciones juradas, así como en las sanciones previstas ante determinados incumplimientos tributarios. Desde el Poder Ejecutivo remarcaron durante el debate en comisiones que la iniciativa no constituye un nuevo blanqueo ni una flexibilización del régimen penal tributario.

Una de las principales modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo fue la exclusión de funcionarios públicos de los principales beneficios del Régimen Simplificado de Ganancias. El cambio establece restricciones para quienes ocupen o hayan ocupado cargos públicos de alta responsabilidad durante los últimos cinco años, una definición que surgió de las negociaciones del oficialismo con bloques aliados.

El texto también prevé una reducción de multas para pequeñas y medianas empresas y personas humanas, otro de los puntos sumados durante la discusión parlamentaria.

Otro de los ejes del proyecto tiene que ver con el alcance de las facultades de ARCA sobre los contribuyentes incluidos en el régimen. La iniciativa busca fijar condiciones específicas para la impugnación de declaraciones juradas y modificar determinados procedimientos tributarios, al tiempo que introduce mecanismos para la regularización de ciertas obligaciones.

La Libertad Avanza y los legisladores aliados solicitaron la sesión especial de este miércoles, a la que el oficialismo llegará con el respaldo obtenido de sectores del PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas. Si consigue la mayoría necesaria, el proyecto obtendrá media sanción y continuará su tratamiento en el Senado.