El gobierno nacional intimó al Reino Unido a detener la explotación petrolera en las Islas Malvinas, centrando el reclamo en el proyecto conocido como Sea Lion. La medida busca impedir la extracción de hidrocarburos en la denominada Cuenca Malvinas Norte y evitar nuevas decisiones unilaterales sobre los recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.

El presidente Javier Milei se refirió a la situación a través de su cuenta en la red social X. Allí compartió el comunicado oficial y advirtió sobre las consecuencias de no obtener una respuesta favorable:

Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El mandatario calificó el accionar británico como un saqueo ilegal de los recursos nacionales. Según el Ejecutivo, las actividades desarrolladas por el Reino Unido en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como en los espacios marítimos circundantes, son contrarias al derecho internacional y generan un perjuicio irreparable sobre los derechos soberanos de la Argentina.

En caso de que el requerimiento no sea cumplido en el plazo fijado, el Estado argentino solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar su soberanía. Este organismo, creado por la Convención de las Naciones Unidas, posee jurisdicción sobre controversias relativas a la aplicación del convenio.

Por otro lado, el Gobierno denunció este lunes la realización de vuelos ilegales por parte de una empresa británica entre Malvinas y Punta Arenas, en Chile. Se trata de operaciones efectuadas por la firma Thales Uk Limited utilizando una aeronave con matrícula del Reino Unido sin la debida autorización argentina.

Ante esta situación, el presidente Javier Milei ordenó el inicio urgente de procedimientos sancionatorios y la presentación de las denuncias penales correspondientes. El Ejecutivo ratificó que continuará defendiendo sus derechos soberanos mediante todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas disponibles.

El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni a justificar su evolución patrimonial en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento contiene 20 preguntas concretas que deberá responder en un plazo de 15 días, según informó TN.

La medida representó un nuevo avance en la investigación luego de que se incorporara un informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), organismo que analizó la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti.

De acuerdo con el documento judicial, el análisis "conjunto y pormenorizado" de las pruebas, las declaraciones juradas patrimoniales integrales —tanto públicas como reservadas—, sus rectificativas y el estudio técnico de la SIFRAI-DAFI "permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial".

La Fiscalía requirió explicaciones sobre incrementos patrimoniales, compras y desembolsos reconstruidos durante la investigación. Según consta en el expediente, esas operaciones, "confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente".

El informe de la DAFI había detectado "inconsistencias" en la evolución patrimonial de Adorni y Angeletti, aunque no determinó una cifra específica correspondiente a un eventual desbalance. Pollicita había solicitado el estudio con el objetivo de reconstruir integralmente la evolución del patrimonio del exfuncionario y su pareja desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.

Con el informe técnico incorporado al expediente, la Fiscalía confeccionó un requerimiento compuesto por 20 preguntas específicas destinadas a esclarecer distintos movimientos patrimoniales. Los interrogantes comprenden desde las rectificaciones realizadas sobre declaraciones juradas hasta gastos en efectivo efectuados en el exterior y arreglos realizados en una propiedad de Indio Cua.

La DAFI realizó un análisis individual sobre Adorni y Angeletti y otro consolidado sobre el grupo familiar. Entre los aspectos examinados estuvieron la composición y evolución de los bienes, las disponibilidades de dinero, inversiones, créditos y deudas existentes durante los períodos investigados. Otro de los objetivos fue identificar los ingresos y las fuentes de fondos con respaldo documental y diferenciarlos de operaciones que no implicaran la incorporación de nuevo dinero, como transferencias entre cuentas propias, rescates de inversiones, préstamos y ventas de activos.

La investigación también puso el foco sobre los criptoactivos, con el objetivo de identificar depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias en plataformas y billeteras vinculadas. Uno de los puntos bajo análisis son los supuestos US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin.

Los investigadores revisaron además el costo, la fecha de adquisición, la modalidad de pago y las fuentes de financiamiento correspondientes a los bienes incorporados al patrimonio, así como la capacidad económica de las partes involucradas en préstamos y mutuos.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni continúa en etapa de instrucción, por lo que el requerimiento patrimonial constituye una instancia dentro de la investigación y no implica una determinación sobre la existencia del delito.