Tras su designación por el Congreso de AGMER y la posterior ratificación mediante decreto provincial a fines de septiembre, Franco Weiss asumió formalmente su rol como vocal en el Directorio de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Con una trayectoria que combina la docencia con su experiencia previa como empleado del organismo, Weiss busca imprimir una mirada territorial que recoja las demandas directas de la docencia. En diálogo con El Debate Pregón, el referente gremial detalló las prioridades de su gestión y el panorama con el que se encontró al asumir funciones plenamente en el mes de octubre.

Experiencia y territorialidad"Tengo la suerte de conocer el lugar desde adentro. Formé parte del equipo de trabajo de directores anteriores en planificaciones y resolución de reclamos, y además soy empleado de la obra social. Eso me permite tener una mirada general y un análisis técnico de la institución", explicó Weiss.

Para el vocal, la clave de la representación docente reside en la presencia federal: "Tenemos un canal de diálogo abierto constantemente con las seccionales y filiales. No solo trabajamos sobre el problema puntual, sino sobre las demandas que nos plantean los compañeros en las escuelas para que el Directorio en su conjunto escuche la voz de los docentes".

El reclamo por prestaciones: Odontología y Óptica

Uno de los puntos de mayor tensión para el afiliado hoy pasa por la falta de cobertura en áreas sensibles. Weiss identificó dos ejes urgentes:

Óptica: "Trataremos de que el beneficio de los anteojos gratuitos (uno cada dos años por afiliado) vuelva rápidamente. Es uno de los reclamos más emblemáticos que recibimos", señaló.

Odontología: La situación es compleja. Si bien la provincia otorgó recursos para instalar sillones y consultorios propios en la sede de la obra social, Weiss apunta a una solución mixta. "La idea es que la propia OSER preste el servicio en edificios propios mediante modificaciones internas, pero también generar convenios en las localidades más grandes".

Sobre este último punto, el representante de AGMER fue taxativo respecto a la modalidad de contratación: "Creemos conveniente proponer convenios individuales con cada odontólogo que quiera trabajar con la obra social, con métodos de pago y montos claros, más allá de lo que se pueda acordar con los círculos profesionales".Equilibrio financiero y aporte patronal

Consultado sobre la situación económica y el costo de las prestaciones de salud, Weiss remarcó que la postura del gremio es garantizar que el ajuste no pase por el bolsillo del afiliado.

"Nuestra responsabilidad es trabajar en la mejora de la obra social garantizando los derechos actuales; nunca ir hacia la baja en las prestaciones", afirmó. En ese sentido, subrayó que cualquier búsqueda de equilibrio financiero debe involucrar al Estado: "Si existe la necesidad de hacer un esfuerzo para sostener el sistema, creemos que debe ser compartido. Buscamos que se refleje un aumento en el aporte patronal del Gobierno de la provincia y que no sea siempre el trabajador quien deba absorber los incrementos de manera personal".

Trabajadores de la Salud (por la situación de los Centros de Salud y del IOSPER); de discapacidad (por los recortes y el atraso en los pagos que sufre el sector); de la Cultura (por el Decreto que elimina el Instituto Nacional del Teatro y a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares); Jubilados (por el ajuste sobre los haberes y la quita de remedios); y feminismos y diversidades (por la eliminación de políticas preventivas contra la violencia, entre otros derechos); junto con trabajadores y demás sectores,  confluirán este miércoles en una jornada de protesta coordinada.

La movilización se realizará este miércoles desde las 18 horas en Plaza San Martín y contará con documento alusivo y micrófono para expresar eclamos sectoriales de amplia variedad.

En una reñida votación desarrollada este martes, la Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó por mayoría el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo provincial para crear la Obra Social de los Empleados de la Provincia de Entre Ríos (OSER), que reemplazará al actual IOSPER con una nueva estructura y representación.

El proyecto obtuvo ocho votos afirmativos, siete negativos y dos abstenciones, lo que le permitió alcanzar la media sanción y pasar a la Cámara de Diputados para su revisión.

Las abstenciones de las senadoras Gladys Domínguez y Nancy Miranda —ambas del bloque peronista, que tiene mayoría en el Senado— resultaron claves para el resultado final. Con esas abstenciones, el oficialismo quedó en desventaja numérica frente al bloque Juntos por Entre Ríos, que votó de manera unificada a favor del proyecto.

La votación general se realizó de forma nominal, mientras que la votación en particular de los artículos se hizo a mano alzada, conforme se había definido previamente.

A favor (8 votos):

Jaime Benedetti

Rafael Cavagna

Gloria Cozzi

Rubén Dal Molin

Ramiro Fabre

Rubén Méndez

Alberto Otaegui

José Vergara

En contra (7 votos):

Marcelo Berthet

Juan Conti

Juan Cosso

Patricia Díaz

Martín Oliva

Víctor Sanzberro

Claudia Silva

Abstenciones (2 votos):

Gladys Domínguez

Nancy Miranda

La presidenta del cuerpo y vicegobernadora de la provincia, al cerrar la sesión, expresó:

“Queda aprobado el proyecto en general y en particular con las modificaciones introducidas en el pleno y pasa a revisión a la Cámara de Diputados. Sin haber más asunto que tratar, queda levantada la sesión”.

Con esta media sanción, el debate sobre el futuro del sistema de salud de los empleados públicos entrerrianos se traslada ahora a la Cámara Baja, donde el proyecto deberá superar una nueva instancia de análisis y votación.

En ocasión de la presentación del informe que realizó el Tribunal de Cuentas al Gobernador de la provincia a fines del año 2024, se remarcó que la relación entre el Tribunal y el Iosper era compleja, particularmente existía una creciente e incomprensible desobediencia a los requerimientos del organismo de control, que le impedía realizar su actividad fiscalizadora.

Este nuevo Juicio de Cuenta que se abre contra las ex autoridades del Iosper está fundado en la injustificada reticencia a informar al organismo de control constitucional y a poner a disposición la documental requerida. Es decir, las ex autoridades del Iosper impidieron sistemáticamente el despliegue de la actividad de control de sus cuentas, no obstante, la insistencia de los requerimientos de los auditores asignados, la remisión de sendos oficios e inclusive las multas aplicadas por tales omisiones.

Idéntica situación es la que tuvo que sobrellevar la Comisión Fiscalizadora dispuesta por el Poder Ejecutivo, y que derivó en la intervención del organismo de la Obra Social.

Esta actuación se enmarca en el proceso de revisión de la actividad del losper de los últimos años, en donde el Tribunal de Cuentas ya ha dispuesto acciones para el juzgamiento de rendiciones deficientes, encontrándose nuevas investigaciones pendientes de culminación. (APFDigital)

El proyecto de ley que da forma a la OSER —en su versión original, aún sin modificaciones formales en la Legislatura al momento de escribir esta columna— plantea la constitución de una obra social “mixta”, donde el Estado no solo participa como empleador sino también como gestor. Esto vulnera los principios establecidos en las leyes nacionales N° 23.660 y N° 23.661, que delinean un sistema solidario de salud basado en la autogestión por parte de los trabajadores. 

Es preciso detenerse sobre este punto. La seguridad social en nuestro país se basa en un principio clave: la solidaridad intergeneracional, intersectorial y entre vulnerables y no vulnerables. Esto significa que todos aportan —en proporción a sus ingresos— para que todos puedan recibir atención médica cuando lo necesiten, sin importar si ganan mucho o poco, si tienen una patología leve o una crónica.

En el modelo solidario no se concibe la salud como un producto individual ni como un beneficio que se compra, sino como un derecho social garantizado por el trabajo colectivo. Las leyes nacionales N° 23.660 y 23.661 que, como se explicó en el párrafo anterior, regulan el Sistema Nacional del Seguro de Salud, consagran este principio: las obras sociales deben ser administradas por los propios trabajadores, sin interferencia del empleador (en este caso, el Estado provincial) y bajo esquemas democráticos de representación.

En ese marco, la OSER (según el texto original, mas allá de las declaraciones de allegados al Ejecutivo, e inclusive el propio Gobernador, que aún no se verifican formalmente al momento de este artículo y ya pasados varios días desde que se inicio el debate), se presenta como un modelo incompatible. No sólo diluye el principio de autogestión, sino que altera la lógica solidaria al introducir ambigüedades sobre el alcance de la cobertura, los porcentajes de aportes y la composición del grupo familiar, cuestiones centrales en un sistema donde la previsibilidad y la universalidad son claves. En términos llanos: la obra social debe ser de los trabajadores, dirigida por ellos, financiada con sus aportes, controlada por mecanismos democráticos y no por decisiones discrecionales del gobierno de turno.

La OSER propone un modelo institucional que contradice esa filosofía. Establece un directorio donde el gobernador nombra al presidente y al vicepresidente, mientras que los sindicatos mayoritarios eligen dos vocales. En caso de empate, el presidente tiene doble voto. Esto configura una mayoría automática del Ejecutivo en las decisiones clave. A diferencia del actual IOSPER (Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos), donde el directorio se elige por voto directo de los trabajadores, la OSER diluye el principio de autogestión en favor de una tutela estatal impropia.

El gobierno, frente a las críticas, ha oscilado entre la negación y la promesa de modificaciones. El mismo día en que emitió un comunicado acusando a AGMER —el sindicato docente más importante de la provincia— de difundir “falsedades”, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, reconoció públicamente que se introducirían cambios al proyecto: se mantendría la cobertura solidaria, el grupo familiar y el porcentaje de aportes. Pero esa admisión evidencia algo más profundo: si había que modificarlo, era porque el proyecto original no lo garantizaba. Además, como ya se mencionó, estas modificaciones hasta el momento, no se observan cristalizadas en el dictamen que existe en la legislatura provincial. 

Si algo ha quedado claro en este proceso es que el problema no es solamente de redacción legal sino de concepción política. La OSER no nace para corregir los errores del IOSPER; nace para sustituirlo. No propone una modernización con participación activa de los afiliados, sino un esquema de sustitución unilateral, centralizado, con un diseño que podría abrir las puertas al uso político de un derecho tan sensible como la salud. En lugar de proponer una auditoría seria, transparentar los mecanismos financieros del IOSPER y corregir sus falencias —que existen y son muchas— se elige el camino más peligroso: disolver lo existente para imponer algo nuevo sin consenso ni garantías.

Desde el oficialismo se insiste en que el IOSPER es ineficiente, opaco, víctima de manejos corporativos. El camino adecuado, entonces, sería iniciar acciones judiciales, no improvisar un nuevo órgano sin controles reales. No se combate la opacidad con más opacidad. Acusar públicamente sin denunciar en tribunales es una irresponsabilidad institucional. Y si el verdadero objetivo es la transparencia, nada impide avanzar con mecanismos de control externo, auditorías independientes y reformas normativas consensuadas.

Lo más grave es el modo en que se ha intentado imponer este proyecto. No hubo consulta previa a los gremios ni a los trabajadores. No se convocó a mesas técnicas, no se discutieron alternativas. El debate público se abrió sólo cuando la presión social lo forzó. La salud pública, en este contexto, aparece como una prenda de negociación, no como un derecho. La gama de derechos, conquistada con años de lucha, es barrida de un plumazo por un diseño verticalista que entrega la administración sanitaria a las oficinas gubernamentales.

El argumento del "control del gasto” tampoco se sostiene si no se acompaña de reglas claras, topes salariales, transparencia presupuestaria y participación real de los trabajadores en la toma de decisiones. El riesgo, más bien, es que la OSER se transforme en una caja política, donde los fondos de la salud sirvan para cubrir déficits estatales o compromisos con prestadores cercanos al poder. La experiencia de intervenciones en obras sociales estatales muestra que ese camino no lleva a una mejor atención médica sino al colapso y la desconfianza.

Frente a este panorama, la exigencia de que el proyecto de creación de la OSER sea retirado —no simplemente maquillado— no es un capricho. Es una demanda razonable que nace del sentido común democrático: la salud de los trabajadores no se entrega como carta blanca al Ejecutivo. Reformar el IOSPER sí es una necesidad; hacerlo de espaldas a sus afiliados es un error político y ético. El futuro de la seguridad social en Entre Ríos no puede decidirse entre gallos y medianoche, ni mucho menos con comunicados confusos vía medios y redes sociales.

Los gremios, con AGMER a la cabeza, no niegan la posibilidad de revisar, modernizar o transparentar la gestión del IOSPER. Tampoco rechazan los controles. Lo que cuestionan —con sobrada razón— es que la solución a los problemas existentes sea la disolución de una institución democrática para reemplazarla por otra dependiente del poder político de turno. La OSER no soluciona la crisis de la obra social provincial; apenas la traslada a un ámbito más opaco y más vulnerable al oportunismo gubernamental.

La verdadera solución, como señalan múltiples voces críticas, debe partir de un nuevo pacto legal y político: un esquema donde la titularidad, la gestión y la responsabilidad sobre los fondos sanitarios recaigan de manera exclusiva en los trabajadores. Un sistema donde los aportes y contribuciones se administren con responsabilidad, donde los prestadores estén regulados con criterios de calidad y donde los afiliados puedan elegir con libertad. No se trata de defender el statu quo sino de evitar un salto al vacío.

Si algo ha quedado claro en este episodio, es que el pueblo entrerriano —y en especial sus trabajadores estatales— no está dispuesto a ceder sus derechos sin luchar. La salud no se delega, no se privatiza, no se subordina al humor del Ejecutivo. En momentos donde la Argentina transita debates profundos sobre la calidad de sus instituciones, la provincia de Entre Ríos tiene la oportunidad de marcar la diferencia: elegir más democracia, no menos. Más participación, no imposición. Más salud como derecho, no como negocio.

Julián Lazo Stegeman 

¿Dónde están parados ante la posibilidad de otra obra social?

-Donde estuvimos siempre…defendiéndola. En principio, es muy necesario dejar en claro que la obra social IOSPER es de los y las trabajadores, que los principios que la han sostenido han sido el resguardo y la prevención de la salud y, por sobre todo, el sentido solidario que la sostiene. Más allá de los aportes que cada trabajador pueda hacer según su sueldo, todos los afiliados y afiliadas han tenido la misma cobertura, y aclarar que no es una prepaga… es una obra social de carácter solidario. 

-Otra de las cuestiones también relevantes es que, desde AGMER, siempre nos vamos a posicionar en que si hubo situaciones irregulares que se denuncien y que sea la justicia la que investigue y resuelva; como así también que si hay que pensar estrategias para que la obra social funcione con mayor eficacia siempre lo vamos avalar, pues ha sido ese el fin. A los maestros nos representó Hepp.

¿Ya hay un dictamen y la semana próxima se discute legislativamente?

-Veremos. Nos oponemos firmemente al proyecto de avasallamiento de derogar la Ley 5.480, porque el sentido de esa ley va en favor de la salud, la prevención y la solidaridad.

-Si la idea es mejorar mecanismos administrativos, ampliar la transparencia en la gestión, mejorar coberturas, revisar sueldos, viabilizar con mayor eficacia la auditoria de las prácticas y todo lo que sea para mejorar la obra social para las y los afiliados, sentémonos en un ámbito de participación, de consensos, democrático y construyamos lo que verdaderamente aporte a la salud de las y los afiliados/os y sus familias. 

¿Qué les dicen las bases, las asambleas de maestros?

-Luego de abordar en asambleas escolares y ámbitos de debates democráticos, propios de AGMER, como también en conjunto con otros sindicatos, la situación del IOSPER en toda la provincia, se realizaron varias acciones gremiales para advertir a los senadores sobre lo que implica votar una ley que no da ninguna garantía, que deja vacíos sin garantizar salud a sus afiliados. Convocamos a la comunidad a un abrazo frente a la delegación de IOSPER Gualeguay donde manifestamos nuestra preocupación, invitamos en la seccional de AGMER Gualeguay al senador provincial Casiano Otaegui por Gualeguay, donde concretamos un debate de intercambios y le manifestamos nuestros fundamentos sobre la situación junto a ATE, CTA y Municipales. También el martes 20/5 asistimos al recinto del Honorable Concejo Deliberante de Gualeguay donde las y los ediles nos brindaron una espacio para avalar el proyecto de declaración en contra del proyecto de ley. 

En concreto, ¿qué postura han esgrimido?

-La intervención del IOSPER, como se propagó por todos los medios que supuestamente iba a salvar la obra social, sólo trajo ajuste, aumentos extremos en las coberturas y coseguros, demoras en medicamentos y en aprobación de prácticas. Y más amparos; ¡por favor…!

-No aceptar una nueva ley no significa desconocer los problemas, sino colocar nuestros razonamientos desde nuestros derechos, nuestro lugar como trabajadores que luchan por el salario y la seguridad social, frente a otros intereses que pujan permanentemente por privatizar cada cosa que defendemos. Quieren interponer un proyecto de ley donde las funciones sociales y de prevención, promoción y atención de la salud sean eliminadas y se pretende transformar el IOSPER en una especie de gerenciadora privada para quedarse con una obra social que no les pertenece y despreciar los derechos de los trabajadores en función de intereses particulares. 

-Se borran las funciones sociales de prevención, promoción y atención de la salud en la nueva obra social, reducción presupuestaria de las funciones operativas, lo que ahondará en las deficiencias en la atención y delegaciones que ya se observan; además, se interpreta que el grupo familiar se diluye y quedará a criterio del nuevo directorio.

-En esta misma línea, la intersindical definió un paro provincial para el pasado miércoles 21 y una movilización en Casa de Gobierno. Un paro que, a pesar de las herramientas dispuestas para reducirlo, tuvo un buen acatamiento y una movilización masiva, contundente donde todos los sectores y muchas familias participaron. 

Voy a lo gremial; por estas horas, ¿aparecen situaciones hacia paros o asambleas, etc.?

-Definitivamente, sí. Te lo he venido anticipando en varias entrevistas. Observábamos esa posibilidad. Y es una cuestión absolutamente grave. Radica en la definición del gobierno nacional que atenta contra el derecho a huelga; no es ninguna novedad esto en los gobiernos neoliberales, pero el decreto emitido el 21/5 da cuenta de la necesidad extrema que tiene el gobierno en limitar la lucha, el reclamo y la protesta social; si no es con represión, es con decretos. En la misma línea, el CGE, con diversas herramientas, construye dispositivos para limitar la huelga, para limitar las asambleas. Porque no olvidemos que las asambleas son espacios gremiales democráticos de debate; nadie quiere que las y los docentes nos sentemos a pensar en comunidad, a discernir, a reclamar; porque allí saltan indiscutiblemente las falencias del Estado y la unidad de los y las trabajadores nunca conviene. CTERA se ha posicionado firmemente ante todos los avances del gobierno nacional, porque sólo quieren restringir la participación democrática y silenciar al pueblo, no hay otro fin; como también CTERA se ha opuesto a la modificación de ley de paritaria nacional donde el gobierno saca a la Secretaria de Educación corriendo el rol del Estado como garante de la Educación Pública y es una forma de desentenderse del derecho a un salario digno y fragmentar aún más el sistema educativo generando desigualdad.

Desde el espacio radical aseguran que el mandatario “altera los hechos y estatiza el futuro déficit” al convertir una deuda privada del sistema IOSPER en una carga directa para el Estado. "Lo que hoy es deuda privada, mañana será deuda pública", advierten, señalando que cualquier desequilibrio financiero de la nueva entidad será cubierto con fondos del tesoro provincial, afectando incluso a quienes no integren la nueva obra social.

La agrupación denuncia que la reforma no ataca el verdadero problema de fondo: el desequilibrio entre aportantes activos y beneficiarios pasivos. “Frigerio lo sabe, lo dice, y aun así impulsa una reforma que solo profundiza el problema”, expresa el comunicado.El pronunciamiento también cuestiona el trámite legislativo del proyecto. Señalan que el oficialismo ha conseguido votos claves en el Senado gracias a acuerdos con UPCN y alianzas cuestionadas, como la de una senadora “esposa de un ex intendente condenado por enriquecimiento ilícito”.

En tono categórico, desde la UCR Activa afirman: “No tenemos negocios, no cobramos favores, no somos parte de ninguna corporación. Defendemos a los trabajadores, a los jubilados y a quienes hoy no acceden a tratamientos esenciales”.

Además, critican con fuerza el discurso del gobernador, al que acusan de caer en falsedades y “antipolítica peligrosa”. El documento sostiene que Frigerio desacredita sindicatos y opositores, y que su retórica busca instalar una falsa dicotomía entre “los buenos que vienen a limpiar” y “los malos que ya estaban”.

“Esto no es una reforma sanitaria. Es una transferencia de poder y de deuda, con consecuencias gravísimas para el presente y el futuro de Entre Ríos”, concluyen desde UCRAER.

La UCR Activa Gualeguay, a través de este material, se posiciona con firmeza ante una iniciativa que, aseguran, pone en juego tanto la sustentabilidad del sistema sanitario como la credibilidad institucional.

La consulta formó parte de la tradicional “Encuesta de la Semana” del Debate Pregón  publicada en el medio digital , donde se invitó a los lectores a opinar sobre la nueva  obra social que propone  el Gobierno Provincial  . Si bien no se detallan los contenidos específicos del proyecto, las reacciones del público evidencian tanto expectativas positivas como reservas frente al mismo.

El respaldo del 48,33% podría interpretarse como un voto de confianza hacia los cambios que OSER busca introducir. No obstante, el hecho de que más del 43% de los participantes haya manifestado su oposición, sugiere que existe una porción significativa de la comunidad que aún mantiene dudas o críticas respecto a las propuestas de la entidad.

El oficialismo provincial logró esta semana un paso clave en su intento por reformar el sistema de salud para trabajadores estatales. En una jugada política de alto voltaje, consiguió los dictámenes favorables de las comisiones de Presupuesto y Salud del Senado provincial, y allanó el camino para que el proyecto de ley que plantea la disolución del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y la creación de la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER) sea debatido en el recinto la semana próxima.

El avance se produjo luego de una intensa ronda de consultas que culminó este miércoles con una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Salud. En ese encuentro participaron representantes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (ACLER), el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (COFAER) y la Asociación de Proveedores de Ortopedias, Cirugías e Insumos de Entre Ríos (APOCIER), en el marco de una jornada marcada por la manifestación de la Intersindical en las afueras de la Legislatura.

Si bien en un primer momento se estimó que los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Salud —donde el oficialismo tiene mayoría— serían suficientes, posteriormente se confirmó que también era indispensable el dictamen de Legislación General para poder llevar la iniciativa al recinto.

La Comisión de Legislación General, presidida por la senadora peronista Nancy Miranda (Federal), cuenta con mayoría opositora: cinco miembros del PJ y cuatro de Juntos por Entre Ríos (JxER). Sin embargo, fuentes del Senado indicaron que el oficialismo logró destrabar el dictamen gracias a un acuerdo político que incluyó la abstención de Miranda y la ausencia de la senadora Patricia Díaz (PJ-La Paz), gestionada a través de negociaciones entre un alto funcionario del Ejecutivo y el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, esposo de Díaz.

Con este movimiento, el oficialismo deja el proyecto listo para su ingreso al recinto en la próxima sesión ordinaria del Senado, programada para el martes 27. La propuesta ha generado fuerte resistencia en sectores sindicales y profesionales, por lo que se prevé un debate caliente en el Parlamento entrerriano.Fuente:entrerios.com

“El proyecto de ordenanza lo presentamos hace dos semanas. Lo estamos tratando. Anoche se votó en comisión el proyecto declarando el estado de emergencia vial a toda la traza comprendida por fuera de las avenidas, es decir, en todo lo que es zona quinta y zonas de chacras”, explicó.

La concejala remarcó que el objetivo central del proyecto es que se elabore un plan de emergencia vial. “Un plan de diagnóstico, de mantenimiento y de reparación, y que sea considerado obra pública prioritaria, digamos, que se tome como prioridad estas zonas”.Según señaló, las personas que viven en estas áreas son “las más afectadas por las condiciones en las cuales viven”. Y agregó: “La ciudad se ha extendido de manera desproporcionada, se ha extendido de manera desordenada. Hay gente que caen tres gotas y no pueden salir de su casa, que los chicos no pueden ir a la escuela”.

“Es un estado total de abandono lo que hay en las calles en toda la ciudad, pero las principales quejas que nos llegan de los vecinos son de todas las personas que viven por fuera de las avenidas”, subrayó.

La ordenanza incluía, además, la exigencia de que el Ejecutivo presente un relevamiento que destaque las situaciones más urgentes, así como un plano detallado con el recorrido de las redes cloacales, de agua potable, los cruces de calles y la ubicación específica de los pozos de aguas municipales. “Información que debería ser bastante simple de que nosotros la tengamos, pero bueno, parece que para ellos es bastante compleja”.

El proyecto estipulaba un plazo de 20 días para la presentación del diagnóstico y de toda la información requerida. Sin embargo, según relató la concejala, “anoche en la sesión en comisión, nos dijeron que no iban a acompañar el proyecto”.Entre otras medidas, la ordenanza también facultaba al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias y a realizar contrataciones directas por vía de excepción durante un año. Además, exigía que se presentara un informe bimestral y que toda la información generada se publicara en el sitio web oficial del municipio.Finalmente, lamentó que el proyecto no haya sido acompañado ni por el bloque oficialista ni por el de La Libertad Avanza: “Aparentemente, según cómo votó anoche el bloque oficialista, no va a ser aprobado”.

Cevasco sobre la reforma del IOSPER: “Para mejorar no es necesario destruir” 

Por otro lado, Cevasco también se pronunció sobre el proyecto del gobernador Rogelio Frigerio que propone reemplazar el IOSPER por una nueva obra social administrada por el Ejecutivo provincial.

“La decisión del gobernador Frigerio de eliminar la obra social gestionada por trabajadores del Estado, con representantes electos por voto directo, para reemplazarla por una obra social manejada íntegramente por el Poder Ejecutivo Provincial, representa un grave retroceso en materia de autonomía, participación y transparencia”, sostuvo.

Cevasco cuestionó duramente la intención del Ejecutivo de “manejar la caja de la obra social más importante de la provincia”, y advirtió que el proyecto no establece los aportes obligatorios ni garantiza la cobertura familiar ni las prestaciones actuales. “El nuevo proyecto de ley no establece el porcentaje de aporte personal ni patronal. Esto significa que el Gobierno podrá modificar los montos de aporte sin límites y sin discusión paritaria, afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores y el financiamiento del sistema”.

También señaló que “no se asegura que se mantengan las prestaciones actuales” y que incluso “el artículo 12 permite modificar o eliminar servicios según la 'evolución del contexto sanitario', una frase ambigua que deja todo a criterio del Ejecutivo”.

Según indicó, desde el inicio de la intervención dispuesta por Frigerio, “los únicos perjudicados han sido los afiliados”. Y detalló: “Se han interrumpido prestaciones, se han demorado entregas de medicamentos, prótesis y materiales ortopédicos, aumentaron los coseguros, hay falta de autorizaciones y demoras en cirugías”.

Además, alertó que la nueva ley “no contempla cobertura específica para enfermedades de alto costo ni tratamientos crónicos”, y que incluso “se permite incorporar afiliados externos, lo cual podría sobrecargar el sistema”.

En cuanto a la transparencia, cuestionó que “el proyecto solo propone publicar datos que IOSPER ya publica regularmente en su sitio web”.

Para Cevasco, lo que hace falta no es una nueva institución sino una mejora de la actual: “IOSPER puede ser mejorado, modernizado, auditado con herramientas más eficaces. Pero eso no implica eliminar un instituto con medio siglo de trayectoria”.

Finalmente, puso el foco en la falta de control real en la nueva estructura: “En la nueva OSER, el Gobernador nombra al Presidente, al Vicepresidente... y también al Síndico que debería controlarlos. La independencia del control queda tan garantizada como en un partido de fútbol donde el árbitro, los jugadores y hasta el VAR los pone el mismo equipo”. 

El encuentro tuvo lugar este martes y uno de los ejes centrales fue el debate legislativo en torno a la transformación del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos. Finalizado el espacio de trabajo, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, brindó declaraciones ante la prensa, donde precisó los puntos más relevantes del proyecto que se discute actualmente en comisiones conjuntas del Senado provincial.

“El proyecto de reforma del Iosper está siendo analizado en tres comisiones del Senado y ha recibido numerosos aportes de legisladores, sindicatos y representantes de la sociedad civil”, explicó Troncoso. En este sentido, el funcionario destacó que se resolvió “ratificar y explicitar de manera más clara ciertas garantías que ya estaban previstas en el proyecto original, para evitar cualquier tipo de duda o mala interpretación”.

Uno de los aspectos más destacados es que el texto legal reafirma la solidaridad del sistema prestacional, estableciendo que todos los afiliados recibirán el mismo tipo de cobertura, independientemente de su nivel de ingresos o de los aportes realizados.

Además, se confirmó que la cobertura familiar integral estará garantizada, incluyendo a cada beneficiario junto a su grupo familiar, sin ningún tipo de restricción. En línea con esto, se aseguró que el aporte obligatorio del tres por ciento se mantendrá sin modificaciones.

Respecto a la situación del personal de Iosper, Troncoso enfatizó que la estabilidad laboral de los trabajadores está plenamente garantizada: “Se respetará la situación de revista de cada uno de ellos”, afirmó.

En respuesta a las inquietudes sobre una posible privatización del organismo, el ministro fue tajante: “OSER será un ente del sistema público. No habrá privatización, ni gerenciamiento ni tercerización. Esos términos fueron eliminados del proyecto para despejar cualquier duda”, remarcó.

También aclaró que no se cerrarán delegaciones, lo que permitirá mantener el acceso a los servicios en todo el territorio provincial.

Finalmente, Troncoso confirmó que los gremios tendrán representación activa en la conducción del nuevo ente. “Habrá dos vocales gremiales en el Consejo Directivo y se creará un Consejo Consultivo con participación de todas las entidades sindicales”, detalló.

El ministro concluyó señalando que “esta reforma apunta a modernizar y fortalecer la obra social, garantizando derechos y mejorando la eficiencia, siempre con diálogo abierto y el compromiso de proteger a trabajadores, prestadores y a toda la comunidad entrerriana”.

Durante la reunión, los representantes del sector médico expresaron su respaldo general a la iniciativa, aunque aclararon que consideran necesaria la introducción de mejoras para que el nuevo esquema funcione de manera más eficiente y contemple las necesidades del sistema de salud y de los profesionales.

En ese marco, la Femer solicitó ampliar por un tiempo prudencial la intervención actual del Iosper, con el objetivo de contar con más tiempo para el análisis técnico y político del proyecto en el ámbito de la Legislatura provincial.

El presidente de Femer, Fernando Vásquez Vuelta, brindó detalles sobre la postura de la entidad. “Acompañamos la intención de mejorar el sistema, pero creemos que aún hay aspectos que deben ser revisados y consensuados. Por eso pedimos extender el período de intervención mientras se trabaja en una reforma integral”, explicó.

Desde la organización médica también señalaron la importancia de garantizar que los cambios no afecten la calidad del servicio prestado a los afiliados y que se fortalezca el vínculo con los prestadores de salud.

El proyecto de reforma del Iosper es uno de los temas centrales en la agenda legislativa del gobierno entrerriano, en un contexto donde distintos sectores han manifestado su preocupación por el funcionamiento y la sostenibilidad del sistema.

Con esta modernización, las recetas podrán ser validadas y autorizadas en tiempo real, lo que permitirá a los afiliados acceder a su medicación en una sola visita a la farmacia. “El nuevo sistema permite validar y autorizar recetas en tiempo real. El afiliado ya no tendrá que ir dos o tres veces a la farmacia: con una sola visita, sabrá si su medicación fue aprobada y podrá retirarla en el mismo día”, explicó el subinterventor de Iosper, Ricardo García.

La medida forma parte de un proceso de actualización tecnológica que deja atrás una plataforma antigua, calificada como vulnerable y carente de trazabilidad y datos confiables sobre el consumo de medicamentos.

Desde la Intervención del Instituto destacaron que este cambio no solo beneficia directamente a los afiliados, sino que también aporta mayor control y eficiencia en la gestión de recursos, permitiendo un monitoreo más preciso del sistema prestacional.

Iosper continúa así con una serie de reformas orientadas a garantizar una cobertura más ágil, transparente y segura para sus más de 300 mil afiliados en toda la provincia.

Este miércoles 21 de mayo se llevará a cabo un paro y una movilización en toda la provincia de Entre Ríos en defensa del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER). La medida fue anunciada por la Intersindical en Defensa del IOSPER durante una conferencia de prensa realizada este lunes en la ciudad de Paraná.

Entre los gremios convocantes se encuentra la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), cuyo secretario general, Marcelo Pagani, advirtió que la jornada afectará el normal dictado de clases. La protesta se realiza en rechazo a la creación de OSER, una nueva obra social impulsada por el gobierno provincial, que plantea una reestructuración del actual sistema de salud para empleados públicos.

“Exigimos un debate serio, no chicanas ni confusión, como lo intenta el Gobierno a través de las redes sociales”, sostuvo Pagani. Además, aclaró que la medida de fuerza “es un derecho constitucional” y que no implica ejercer violencia. “Los trabajadores tenemos derecho a presentar nuestras demandas”, enfatizó.

El dirigente también cuestionó el discurso oficial respecto al IOSPER, basado en supuestas irregularidades. “No queremos generalidades como ‘corrupción’ o ‘déficit estructural’. Si hay algo que investigar, que lo haga la Justicia, pero con derecho a la defensa”, reclamó.

Desde el Sindicato de Empleados del IOSPER, su titular Horacio Rodríguez también se expresó en contra del proyecto oficial y reclamó “reglas claras y participación de los trabajadores” en cualquier reforma. Confirmó que el gremio se sumará al paro, aunque garantizó que se mantendrán guardias mínimas para atender a los afiliados.

A su turno, Oscar Muntes, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), reconoció que la ley actual podría requerir modificaciones, pero advirtió sobre los riesgos de una reforma apresurada. “Se pueden introducir elementos peligrosos”, dijo, y remarcó que el proyecto oficial podría atentar contra el principio de solidaridad que rige al IOSPER.

La movilización concluirá con una marcha hacia Casa de Gobierno en Paraná. La Intersindical reiteró su rechazo a la intervención del Ejecutivo y exigió que se garantice la participación de los trabajadores en cualquier proceso de reforma de la obra social.

"Este contraste deja en evidencia el modelo que se busca dejar atrás: una estructura opaca, descontrolada y excesivamente costosa, que privilegiaba intereses sectoriales por encima del bienestar de los afiliados. La intervención, dispuesta por el gobernador Rogelio Frigerio, marcó el inicio de una etapa de orden, austeridad y control, orientada a restituir los derechos de más de 300 mil entrerrianos", sostiene el comunicado.

En el texto se enumeran "resultados concretos de la intervención". Entre ellos se menciona la reducción del déficit. "El déficit mensual del Iosper se redujo un 30 por ciento mediante la revisión de contratos, la eliminación de gastos superfluos y la implementación de controles que antes no existían", se indica.

También se menciona la "detección de corrupción y abusos" y se precisa que "se encontraron más de mil prótesis compradas y nunca entregadas, sobreprecios de hasta el 1.000 por ciento en medicamentos, y más de 80 personas que cobraban sueldos sin trabajar. Todas estas irregularidades fueron denunciadas ante la Justicia", se acota.

El "fin de los monopolios" es otro aspecto resaltado. "Se terminó con el manejo exclusivo de un único proveedor de prótesis. Hoy hay cinco prestadores habilitados y trece bancos de prótesis distribuidos en toda la provincia, lo que agilizó la entrega, mejoró la atención y redujo costos", se explica.

"La transformación del Iosper no es solo un hecho administrativo. Es la base sobre la cual se impulsa la creación de una nueva obra social: la OSER (Obra Social de Entre Ríos). El proyecto de ley, ya presentado en la Legislatura, propone un esquema con control público, reglas claras, topes salariales y un enfoque centrado en el afiliado", se añade en el parte oficial.

"Los ataques sindicales que hoy intentan frenar esta reforma no son gratuitos: responden a la resistencia de quienes se niegan a perder privilegios y poder tras más de dos décadas de manejo corporativo. Pero el rumbo es claro. El Estado entrerriano está decidido a terminar con un modelo que financió la corrupción con el aporte de todos, y a construir un sistema que garantice prestaciones de calidad, equidad y transparencia", concluye el comunicado.

Este miércoles por la mañana, se realizó un abrazo simbólico al edificio del IOSPER en Gualeguay, impulsado por gremios como AGMER, AMET, ATE, CTA y UDA. La protesta tuvo como objetivo rechazar el proyecto de creación de una nueva obra social provincial, impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio. Sin embargo, además de estos sectores en pugna, se hicieron presente afiliados al IOSPER que han visto resentido el servicio tras la intervención.: 

Un testimonio en carne propia

Compartimos la voz de Adolfo Fiorotto, un damnificado por la actual situación quien dialogó con El Debate Pregón: “Quiero explicar un caso puntual con referencia a la obra social que me está afectando en el caso de mi hermana. Debo aclarar que la gente de acá, los empleados no tienen nada que ver con esto. Han hecho lo humanamente posible por solucionarlo. El problema está allá en Paraná.

Yo lo escuché atónico al interventor decir: “Hemos reducido el déficit de IOSPER”. Pero ¿cómo no lo va a reducir si a la gente no le entrega los medicamentos? En el caso de mi hermana, ella tiene artritis rematoidea, que es una de la serie de las artritis que necesita un medicamento especial.

En los últimos seis meses ella tenía que recibir dos ampollas mensuales que se pone cada 15 días. No ha podido empezar el tratamiento porque no le entregan en tiempo y forma el medicamento. Es un horror. Lamentablemente, no sabemos qué hacer. No queremos recurrir a un recurso de amparo, pero voy a tener que hacerlo.Ella hace 5 meses que tendría que haber empezado el tratamiento y no lo puede hacer. Esto es un caso puntual. Así como yo, hay cientos de casos. Ya no sabemos qué hacer con tal de que se solucione el problema. Esperamos que por medio de los gremios se logre a ver si podemos hacer algo.

Aparte otra cosa. La gente que está en la intervención del IOSPER en Paraná no es gente de Entre Ríos. Es gente de Buenos Aires, del gobernador. ¿Qué tienen que venir a meterse acá en la obra social nuestra? Yo entiendo que puede haber habido alguna irregularidad, no lo discuto, pero no está probada. No hay denuncia en la Justicia”.

Desde los sindicatos denunciaron que la iniciativa oficial plantea una intervención que no ha mejorado los servicios y que busca avanzar hacia una privatización encubierta del sistema de salud de los trabajadores estatales. Aseguran que el nuevo proyecto recorta funciones estratégicas de promoción y prevención en salud, reduce el presupuesto del IOSPER y limita la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.

Además, criticaron la falta de transparencia sobre supuestas irregularidades pasadas y advirtieron que el nuevo esquema deja fuera a muchos afiliados del sistema solidario. También acusaron al gobierno de usar “información distorsionada” para justificar una reforma que, según afirman, solo beneficia a intereses privados.

En el acto, los representantes gremiales pidieron a los legisladores provinciales que rechacen la propuesta oficial, señalando que quienes voten a favor serán responsables de un posible vaciamiento de la obra social.

Una de las revelaciones más alarmantes fue el sueldo mensual del presidente del directorio, Fernando Cañete, que ascendía a 16 millones de pesos, en un contexto donde la obra social presentaba un déficit mensual de 3.000 millones de pesos y una deuda acumulada superior a los 43.000 millones. Además, se informó que la masa salarial total de los siete directores y sus asesores alcanzaba los 135 millones de pesos mensuales.

Entre otras irregularidades, Maier mencionó la existencia de más de 80 personas que cobraban sueldos sin trabajar, incluyendo a un familiar del expresidente del directorio que percibía haberes sin residir en el país. También se detectaron contrataciones irregulares, pagos sin contraprestación, sobreprecios de hasta el 1.700% en medicamentos y maniobras con prótesis actualmente bajo investigación judicial.

“Este modelo estaba secuestrado por privilegios. No se trata solo de números, sino de ética y responsabilidad con los 300.000 afiliados que merecen una cobertura digna”, expresó Maier.

En este marco, el gobernador Rogelio Frigerio presentó un proyecto de ley para crear una nueva obra social, basada en principios de eficiencia, transparencia, control ciudadano y sostenibilidad. Desde el oficialismo reconocen que hay sectores que se oponen, “especialmente quienes se beneficiaron de este esquema oscuro”, pero aseguran que la reforma es urgente e impostergable.

En el marco de una recorrida por distintas delegaciones, el subinterventor del Iosper, Ricardo García, encabezó la visita a Gualeguay y Victoria, priorizando el diálogo directo y el fortalecimiento de la obra social en todo el territorio provincial. “Estar cerca del personal y de los afiliados, conocer sus inquietudes, brindarles herramientas y garantizar un proceso de transición transparente y participativo” fueron los ejes destacados por García.

La jornada en Gualeguay comenzó con una visita a la delegación que funciona en el hospital San Antonio, donde las autoridades dialogaron con trabajadores y afiliados, y mantuvieron un encuentro institucional con el director del hospital, Mauricio Besimsky, y el secretario técnico, Marcelo Osman.

Posteriormente, en la sede central de la delegación Gualeguay —ubicada en pleno centro de la ciudad— se presentó oficialmente a la nueva delegada ante empleados y afiliados. “Vimos un equipo con predisposición y vocación de servicio, a quienes transmitimos tranquilidad y el compromiso de jerarquizar su tarea”, subrayó el subinterventor. También remarcó que esta etapa de intervención busca construir un Iosper humano, cercano y eficiente.

La jornada continuó en Victoria, pero fue en Gualeguay donde se evidenció una clara apuesta por reforzar el vínculo con la comunidad local, valorando el compromiso del personal y abriendo canales de diálogo con quienes hacen uso del servicio.

La agenda territorial del Iosper seguirá recorriendo toda la provincia con el objetivo de consolidar una obra social moderna, transparente y cada vez más cercana a sus afiliados.

En diálogo con El Debate Pregón, Peccín denunció un intento deliberado de deslegitimar la gestión histórica de los trabajadores al frente de IOSPER. “Todo el procedimiento que se viene llevando adelante —la intervención, el corrimiento del directorio obrero, la designación de nuevos interventores— está montado sobre distractores lingüísticos y semánticos. Buscan direccionar el pensamiento del pueblo hacia el repudio, hacia el odio, hacia la desprotección de los propios trabajadores”.

“Vienen de Capital Federal. No son de Entre Ríos”

Para el gremialista, el gobierno está usando una estrategia “propia de los gobiernos neoliberales, que solo piensan en acumular dinero dejando al pueblo de lado”. En ese sentido, cuestionó el desembarco de funcionarios externos a la provincia. “Estos interventores vienen desde Capital Federal. No son de Entre Ríos. Y generan gastos extra: sueldos, viáticos, hoteles… Todo a cuenta de la Obra Social”.

En su crítica al accionar oficial, Peccín apuntó con dureza: “El gobierno hace denuncias públicas de corrupción, pero no las lleva a la justicia. Nadie denuncia un desfalco y no va a la Justicia. Bueno, este gobierno sí. Genera malestar en la sociedad para preparar el camino y apropiarse de los aportes de los trabajadores. IOSPER representa a 300 mil afiliados en toda la provincia: es la caja más importante que tiene el Estado provincial”.

Respecto del proyecto de ley en debate, el dirigente fue categórico: Plantean “un proyecto de ley economicista, con un presidente, un vice y solo dos representantes de los trabajadores. En caso de empate, el presidente tiene voto doble. Y el síndico que debe controlar… ¡lo designa el mismo gobernador!”. 

“No dicen qué prestaciones se darán”

Para Peccín, el proyecto oficial busca vaciar el sentido solidario de la obra social: “Hoy todos aportamos el 3% independientemente del salario, y todos tenemos los mismos derechos a la atención médica. Y esa solidaridad puesta en esta ley es para que quien esté necesitando de medicamentos y atención lo pueda tener, ya sea que cueste barato o carísimo. Que el que menos sueldo tiene, ante el que más sueldo tiene de los diferentes escalafones dentro de la administración pública, tenga el mismo derecho a la salud, al tratamiento y demás”. Para la intersindical eso no está garantizado en el proyecto nuevo. “No dicen qué prestaciones se darán, ni qué cobertura familiar habrá, ni qué medicamentos, ni qué programas. Lo único que hacen es transformar la salud en un negocio. No invierten en salud para que el pueblo esté sano, invierten para favorecer al sector que más tiene”.

El referente de AGMER también alertó sobre los efectos para el personal de IOSPER: “La fragilidad laboral en la que quedan los empleados y contratados es una forma de reducir el personal y dejar gente en la calle”. La multisectorial, compuesta por sindicatos y trabajadores de distintos sectores, fue recibida por comisiones del Senado, aunque Peccín advirtió que seguirán en alerta. Esperamos que nos puedan “escuchar el próximo miércoles (…) que no haya una sesión maratónica en la Cámara de Senadores para poder llevar adelante este cometido, porque sería la peor traición al pueblo. Y si no hay respuesta favorable, las acciones se van a profundizar. La multisectorial va a seguir luchando”.

Por último, dejó un mensaje claro para el oficialismo y la oposición: “Exigimos al Gobierno que retire el proyecto y que, si tiene denuncias, las presente en la justicia como corresponde. Y a la oposición, que hoy tiene mayoría en el Senado, la exhortamos a rechazar este proyecto. Que se pongan del lado de los trabajadores, no el poder político financiero del mercado”.