La actividad es presencial y está destinada a integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, con competencia en familia, y del COPNAF de la jurisdicción Gualeguay

Quienes deseen participar deberán inscribirse en https://institutoalberdi.jusentrerios.gov.ar/events/jornada-de-socializacion-de-la-guia-de-buenas-practicas-en-procesos-de-actuacion-conjunta-de-organos-judiciales-con-competencia-material-en-familia-copnaf-y-ministerio-publico-de-la-defensa-2024/

Está previsto que las próximas actividades sean en Paraná Campaña, el 21 de agosto; Federal, el 25 de septiembre; Federación, el 23 de octubre y Colón, el 27 de noviembre; aunque las fechas pueden ser modificadas.

26 de julio de 2024

SIC-STJER

Lo que se denominaron “fiestas clandestinas” y las reuniones no permitidas fueron casi una constante, especialmente los fines de semana. Ante ello, la justicia federal tuvo un rol clave para sancionar un delito que era inédito: propagar la pandemia. ¿Qué pasó con las causas que se iniciaron en ese tiempo? ¿Tuvieron algún tipo de resolución? ¿Sirvió para algo ese trabajo que colapsó los Juzgados? ¿Hay problemas de competencia entre la Justicia Federal y provincial? Un informe de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) indaga sobre estos interrogantes.

El 19 de marzo de 2020 comenzó en Argentina el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), comúnmente conocido como cuarentena, que permitió preparar la respuesta sanitaria contra la pandemia de Covid-19 que se vivía. Aunque con algunos momentos de distensión, duró un año, convirtiéndose en una de las más largas del mundo.

No obstante ello, los ciudadanos argentinos –especialmente jóvenes- encontraron un motivo para incumplir las normativas que se fueron dictando mediante decretos presidenciales, especialmente en cuanto a la prohibición de reunirse.

Esos distintos incumplimientos a las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de evitar la propagación del Covid-19 quedaron plasmados en actas de infracción que efectuaron la Policía de Entre Ríos y el resto de las fuerzas de seguridad.

Dichas actuaciones fueron remitidas a las Fiscalías Federales de Paraná y Victoria, dependiendo de la jurisdicción, al Juzgado Federal de Paraná, o al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

El 18 de marzo de 2021, Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) hablaba con quién en ese momento llevaba adelante este tipo de causas, el fiscal federal Carlos García Escalada, quien lamentablemente falleció unos meses después víctima del Covid. Él confirmaba que en ese momento en la Fiscalía Federal de Victoria había alrededor de 30 causas ya judicializadas y un número un poco mayor de actas que se estaban trabajando para analizar si correspondía o no su judicialización, mientras que en la Fiscalía Federal de Paraná el número era de aproximadamente 100 causas y un número similar de actas que se estaban procesando.

En ese momento, marzo de 2021, había fijadas audiencias indagatorias por reuniones sociales no autorizadas con agenda completa hasta, por lo menos, el mes de agosto de ese año. Y se recibían indagatorias todos los días.

En el Juzgado de la costa del Uruguay en marzo de 2021, había unas 300 causas en trámite y algunas ya habían tenido una resolución judicial, según informó a Cuestión de Fondo el juez federal Pablo Seró.

“Lo que este Juzgado definió para tratar de que exista una buena convivencia entre las libertades individuales y los bienes colectivos fue darle intervención a los municipios, junto a la Policía de Provincia, para el contralor de esas reuniones. Fiestas clandestinas sí se dieron, este Juzgado tiene en la provincia la mayor jurisdicción territorial, con ocho Departamentos, y se han dado en todos lados. Por ello, tenemos muchas causas que se dan en el marco de la infracción del artículo 205 del Código Penal”, explicitó.

En ese marco, destacó que “lo que han hecho los municipios es establecer sanciones económicas que traen aparejado el secuestro de vehículos y demás cuestiones, que han causado un mayor impacto como sanción que la pena en abstracto que puede aplicar la justicia”.

Respecto de las formas en que se resolvieron este tipo de causas, Seró afirmó que “se han utilizado medios extintivos de la acción penal, llámese suspensión de juicio a prueba (probation) y conciliación, y todos ellos llevaron de la mano la satisfacción de una multa por parte del ciudadano, la que fue destinada directamente a determinadas instituciones públicas, especialmente los hospitales públicos a través de sus cooperadoras”.

En este sentido, el magistrado resaltó esta forma de penalidad: “La multa es una pena legislada en el Código Penal y realmente viene a satisfacer en mejor medida el daño que el ciudadano causa a la ciudadanía con su accionar ilegitimo. De nada vale una condena en suspenso cuando en realidad no está retribuyendo el daño que causó con su infracción. La multa no solo lo inserta en la ciudadanía automáticamente reparando la conducta ilícita sino que también que logra inmediatamente satisfacer el daño que provoca a la ciudadanía. La morigeración siempre ha estado presente”.

En la actualidad hay causas de distinta índole y complejidad. Según una alta fuente judicial, hubo una causa en la costa del Uruguay donde “hubo que cerrar un pueblo entero” para efectuar las indagatorias.

El fiscal Federal Leandro Ardoy, aclaró que “la tramitación estuvo a cargo exclusivamente del Ministerio Público en la totalidad de las causas, porque muchas veces se divide entre las causas que lleva el Juzgado con sus propios agentes y las causas de la Fiscalía. De las miles que hubo este Ministerio Publico llevó prácticamente todas”.

También aclaró que se hizo cargo de la Fiscalía por el fallecimiento del doctor Carlos García Escalada (producto del Covid) en el segundo semestre del año 2021. “A partir de ahí lo que decidimos hacer con quienes ya venían trabajando en este tipo de causas, fue intentar darle alguna solución más práctica y para ello fue fundamental distinguir los distintos grados de responsabilidad en relación a la gravedad del hecho que habían cometido las personas y por el cual estaban siendo investigadas. Lo que se hizo fue distinguir entre: los organizadores de fiestas, eventos o reuniones más o menos importantes, más o menos multitudinarias; los que asistían y las actas que se realizaban por personas que eran encontradas en la vía pública en transgresión a las distintas normativas que se fueron emanando desde el Poder Ejecutivo. Cada una de esas realidades fue abordada de manera distinta”, explicó.

Con respecto a los organizadores de fiestas no autorizadas, algunas con fines de lucro y otras no, indicó que “se acordaron en gran medida suspensiones del juico a prueba, lo que comúnmente se llama probation, teniendo en cuenta que el delito que generalmente se les imputaba está tipificado en el artículo 205 y prevé una pena que tiene un máximo de dos años, y además teniendo en cuenta que los plazos de prescripción son acotados. De este modo la probation parecía una salida alternativa loable”.

En la mayoría de los casos la probation se resolvió mediante “realización de tareas comunitarias por un plazo determinado, normalmente de un año, con obligación de prestar servicio en algún tipo de entidad de bien público, por dos a cuatro horas semanales, y además el pago de alguna suma de dinero a alguno de los distintos efectores públicos vinculados a la salud”.   

En relación con los asistentes a estos eventos, apuntó que “considerando el riesgo de propagación de la pandemia, lo que se hizo fue lograr acuerdos de reparación que es otro tipo de salida alternativa menos gravosa que la suspensión del juicio a prueba y que implicaba realizar alguna donación para un efector público, especialmente centros de salud y el Ministerio de Salud, y con eso se lograba el sobreseimiento definitivo y el archivo de la causa”.

En tercer lugar, aquellas personas que fueron encontradas en la vía pública solas “se decidió – previa consulta al fiscal federal que actúa ante la Cámara de Apelaciones- aplicar lo que se denomina principio de oportunidad, en el entendimiento que ese tipo de acciones no eran tan peligrosas ni lesivas, no ponían en riesgo la salud pública que se intentaba proteger porque no estaban interactuando con otras personas ni tenían contacto con nadie entones las posibilidades de propagación de la pandemia eran escasas o directamente nulas”. “De este modo, mediante un procedimiento interno se realizaba la consulta pertinente al fiscal de Cámara se solicitaba la aplicación de este principio de oportunidad al Juzgado y el juez federal, coincidiendo en que las razones expresadas eran atendibles, fallaba en ese sentido. Es decir que en este caso, la causa pasaba directamente a archivo”, resumió.

Ardoy tiene jurisdicción en toda la costa del Paraná y en su momento también estuvo a cargo de la Fiscalía de Victoria, Nogoyá, Tala y Gualeguay. Consultado por la cantidad de causas de este tipo que se tramitaron puntualizó que “en esa zona, por una cuestión demográfica hubo menos causas pero serían entre 4.000 y 5.000, mientras que en Paraná serán unas 20.000 causas que se tramitaron”.

Cuestiones de competencia

Admitió que “no todas las causas tuvieron resolución hasta el momento porque a ese volumen de causas con el acotado personal con que cuenta esta Fiscalía es difícil procesarlo administrativamente, por lo tanto seguimos trabajando con esas cuestiones de alguna u otra forma, aunque más no sea declarándonos incompetentes”.

“Hago esta aclaración porque a fines de 2021 la Corte Suprema resolvió que en este tipo de causas tenía que intervenir la Justicia provincial por lo tanto, a partir de ese momento, lo que comenzamos a hacer es declararnos incompetentes y remitir las actuaciones –a medida que las vamos procesando- a la justicia provincial. Tengo entendido, por lo hablado informalmente con algunos agentes fiscales, que la justicia provincial ha tomado una tónica similar a la nuestra, en el sentido de distinguir algún tipo de responsabilidad de cuerdo a la gravedad de lo sucedido, aplicar principio de oportunidad para casos similares como nosotros hacíamos y demás”, aseveró.

Aclaró que “como las actuaciones de la policía o las fuerzas de seguridad se recibían en la Fiscalía o en sede de la Justicia Federal lo que hay es una instancia previa que culmina con la declaración de incompetencia y allí se remite a la Justicia provincial. No creo que se haya iniciado ninguna causa de cero en la justicia provincial, ingresaron por el fuero federal y luego se remitieron por incompetencia a la justicia provincial”. Aunque dijo desconocer “a ciencia cierta cuántas causas se han ido remitiendo a la justicia provincial”, pero admitió que “algún par de miles, fueron seguro”.

Según pudo saber Cuestión de Fondo de fuentes confiables de la justicia provincial, “el fuero federal se declaró incompetente de unas 20.000 causas y después de haberlas tenido un año y medio y comenzaron a enviarlas a la Justicia provincial las cuales se archivaron prácticamente todas, salvo alguna que tuviera algún viso de gravedad”. “Obviamente, para la justicia provincial es imposible asumir investigaciones que ya están muertas por el transcurso del tiempo”, se indicó.

Al momento de analizar lo que sucede con aquellas que aún no tuvieron una resolución y la posibilidad de su prescripción atento a los años que pasaron, el fiscal sostuvo que “más allá de que haya un principio rector, todas las causas tienen un tratamiento individual por lo tanto en cada causa hay que ver qué hizo, qué delito cometió cada una de las personas que estarían violando la normativa y ver si tienen algún tipo de antecedente o cometió algún otro tipo de conducta ilícita, para allí determinar si la causa prescribió o no”.

“Como la pena es acotada, de un máximo de dos años, el tiempo de prescripción también es limitado y en este caso, este tipo de causas prescribe –normalmente- a los dos años por lo tanto algunas causas ya han prescripto y otras estimo que estarán próximas a entrar en esa situación”, aseguró.   

Fiscalía colapsada   

Por otra parte, Ardoy reconoció los serios inconvenientes que esta situación generó en el trabajo diario. “Esta Fiscalía Federal cuenta con un fiscal, una secretaria y cinco empleados más (dos varones y tres mujeres) lo que es un numero acotado de agentes para abordar semejante cantidad de trabajo. Claramente esta situación tuvo un impacto y genera lo que suele suceder cuando llega un volumen de trabajo exorbitante: colapsó literalmente la Fiscalía, con el impacto para este tipo de tramitaciones sino también para el trámite ordinario de este Ministerio Público que tiene que ver con toda las demás investigaciones que tenemos a cargo”, sentenció.Ante esta realidad, queda claro que miles de causas que se tramitaron, exigiendo tiempo y esfuerzo de los agentes judiciales, quedarán directamente prescriptas, debido a la imposibilidad de darles curso en el tiempo requerido por la ley, tanto por su complejidad como por la cantidad de causas que son.

Se habló mucho en ese tiempo de pandemia de la responsabilidad individual, pero lo cierto es que ni las advertencias de multas abultadas, ni las campañas de concientización ni los esfuerzos de la policía por detectar y desactivar los eventos tuvieron el efecto esperado.

En los primeros 250 días de la cuarentena obligatoria ya se habían registrado más de 3.000 fiestas clandestinas, según un relevamiento que realizó la Industria del Entretenimiento Argentino (Idear). La gran mayoría de esos eventos se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario.

Y cabe la pregunta ¿de qué sirvieron tantos controles, tanto trabajo de las fuerzas de seguridad para desactivar las fiestas clandestinas, y también tanto trabajo judicial, si finalmente la sanción para quienes incumplieron las medidas nunca llegará?    

Los trabajadores judiciales esperaban ser convocados diálogo por el Gobierno provincial, a fin de acercar posiciones e intentar resolver el conflicto en torno a la aplicación de la ley de enganche. Pero el llamado no llegó. Por eso ratificaron el paro de 48 horas que había votado el Plenario provincial del 27 de agosto pasado.

La medida que se iniciará este miércoles será el segundo paro de 48 horas que los trabajadores judiciales realizan en reclamo por la plena aplicación de la ley de enganche, con los aumentos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al igual que la medida desarrollada la semana pasada, este nuevo paro será sin asistencia a los lugares de trabajo y con quite de colaboración, publicó Apf Digital.

Además, el miércoles los judiciales harán una manifestación en la explanada frente a los Tribunales de Paraná. Allí se reunirán "compañeros de Paraná, miembros de mesa directiva y secretarios generales de las filiales que puedan asistir, para cantar el himno", informó a esta Agencia el secretario general de AJER, Mario Brnusak. Y agregó: "Para ello también invitamos a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos". Este acto se desarrollará "cerca del mediodía", señaló.

Trabajadores Judiciales de la provincia, se encuentran realizando, desde hoy, un paro de 48 horas. Asimismo, en la capital entrerriana realizan una movilización.

El paro se desarrollará hoy y mañana, sin asistencia a los lugares de trabajo y con quite de colaboración Además, participan de una movilización, desde las 11, la cual partió desde la sede de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y llegará hasta Casa de Gobierno.

Se espera la llegada de trabajadores de las diferentes filiales del sindicato para participar de la marcha, que partirá desde la sede de AJER, ubicada en Libertad 170, y llegará hasta Casa de Gobierno.

Frente a la Casa Gris, los trabajadores del Poder Judicial entrerriano reclamarán al Poder Ejecutivo que se restituya la ley de enganche y se apliquen los incrementos de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido recordaron que la ley 10.068, llamada de enganche, permitió que en el plazo de 5 años -del 2014 al 2019- los judiciales obtuvieran un 6% más de aumento salarial que el resto de la Administración pública provincial. "Esto significa sólo un 1,2% por año", remarcaron.

La Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) llevó adelante un nuevo paro este miércoles. Se trata de la segunda huelga en el marco de un plan para pedir la restitución y aplicación integral de la ley de enganche. El Debate Pregón dialogó con el secretario general de AJER, Mario Brnusak, en el marco de la realización de medidas de fuerza por parte de los trabajadores judiciales.

"Este miércoles llevamos a cabo el segundo paro que fue decidido en el plenario provincial realizado el 11 de agosto. Allí se decidió en principio hacer dos medidas de fuerza, un día de paro que se realizó el miércoles 18 de agosto y este miércoles llevamos a cabo la segunda jornada de paro por 24 hs., sin asistencia a lugares de trabajo y con quite de colaboración. El próximo viernes vamos a tener un nuevo plenario para evaluar las medidas y ver cómo continuamos. Todo hace a pensar que vamos a continuar con medidas de fuerza porque no hemos recibido ningún tipo de respuesta ni convocatoria de parte del ejecutivo", destacó sobre el comienzo Mario Brnusak.

Y explicó: "Nuestro reclamo se basa en dos aspectos. Por un lado, en el tiempo que duró la Ley de Emergencia nosotros teníamos la ley de enganche suspendida y la Corte otorgó aumentos que no los cobrábamos y teníamos la promesa del ejecutivo que una vez finalizada la Emergencia, cosa que ocurrió el 30 de junio, nuestro salario se iba a equiparar con los aumentos que había otorgado la Corte Suprema restado a los aumentos que otorgó la provincia. Eso no ocurrió, no hubo esa equiparación, ahora el gobierno dice que no existe ningún tipo de deuda y en cambio nos otorga con un decreto el 15 de julio, cuando estaba ya en plena vigencia nuestra ley de enganche, un aumento del 8 por ciento, y nosotros no sabemos a qué debemos imputar ese 8 por ciento, si es en relación al porcentaje que estamos reclamando de la época de la Emergencia, o si va a ser tomado en cuenta para el próximo aumento que otorgue la Corte".

"El gobierno no nos ha respondido, en esa situación, entendemos que ese decreto que se establece en tiempos en que está vigente la ley de enganche está derogando de facto la ley, si no hubo aumentos de la Corte desde el 30 de junio en adelante y no nos dicen a qué se debe este 8 por ciento nosotros no tendríamos que haber cobrado ese aumento", indicó.

Por último, evaluó: "El acatamiento ha sido muy alto al igual que la semana pasada, en algunas ciudades ha sido del cien por ciento, 95 en Concordia, 90 y pico en Gualeguay, promediando estamos al rededor del 90 por ciento en la provincia, señal del enojo que tiene la gente que lo canaliza realizando las medidas de fuerza".

Trabajadores Judiciales se encuentran llevando a cabo un paro total de actividades hoy miércoles y adherirán a la medida, el próximo miércoles 25 de agosto. Asimismo éste viernes 27 definirán la continuidad.

La decisión se tomó en Plenario provincial de la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER), ante lo que consideran una "derogación de facto" de la ley que unificó el sistema salarial del Poder Judicial entrerriano a los demás sectores de la administración pública provincial.

Los trabajadores judiciales reclaman que el Gobierno provincial se ponga al día con los aumentos para el sector, que quedaron en suspenso por la vigencia de la ley de Emergencia sancionada en 2020 y vigente hasta fines de junio pasado.

Desde la Secretaría de AJER, afirmaron que el Gobierno se había comprometido a pagarles una vez finalizada la emergencia. Y explicaron que esa deuda se originó por los aumentos que otorgó la Corte Suprema de Justicia durante el período en que la ley de enganche estaba suspendida.

Brnusak aseguró que en la mayoría de las filiales se repitieron los porcentajes de acatamiento registrados el 22 de abril, durante el primer paro del año de AJER. "Y en los lugares donde no se mantuvo la adhesión del jueves pasado, es porque aumentó", agregó. "Estamos muy conformes", sostuvo además.

Los datos recogidos por AJER marcan que en Villaguay se registró un acatamiento del 95%; 90% en Colón; 95% en Concordia; 92% en Gualeguay; 97% en Victoria; 90% en Federación; 100% en Chajarí; 95% en Gualeguaychú; 94,5% en Nogoyá; 100% en Tala; y 98% en La Paz-Feliciano. Desde la filial de Concepción del Uruguay se informó que se superó la adhesión y que concurrieron a trabajar "sólo suplentes y provisorios". En Federal ocurrió lo mismo que el jueves pasado: de 24 empleados sólo 2 trabajaron. En Diamante hubo "mayor acatamiento que la semana pasada, rozando el 85/90%", se indicó. En Paraná se registró un "alto acatamiento", informaron desde la filial y precisaron: "Muy poca gente ingresó a Tribunales, la mayoría magistrados, funcionarios y jefes de oficinas".

Los judiciales vienen exigiendo "la derogación de la ley de emergencia o, en su defecto, que no se prorrogue en junio próximo, cuando se cumpla el año desde su sanción", detalló Brnusak en declaraciones a esta Agencia días atrás.

La ley de emergencia puso en suspenso a la ley de enganche, que ata los salarios del Poder Judicial de Entre Ríos a los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin ese enganche, no hay incrementos para los trabajadores judiciales entrerrianos. Y a esto se le suma la inflación. Por eso AJER denuncia el "impresionante deterioro" de los sueldos del sector.

El 21 de abril pasado la dirigencia de AJER mantuvo un encuentro con el Ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, y representantes de todos los estamentos del Poder Judicial. Allí el Ministro presentó una propuesta de aumento salarial consistente en un 8% con el sueldo de mayo y un 5,5% con el sueldo de julio. Esa oferta fue considerada insuficiente por el gremio y ratificó el plan de lucha votado en Plenario, del cual este jueves se cumple la última acción.

· Continuidad

En tanto, este viernes 30 de abril AJER realizará su Asamblea General Ordinaria para dar aprobación al balance y memoria 2020. Esa instancia también se utilizará para evaluar la situación actual de los trabajadores judiciales. "Las 15 filiales llevarán su mandato y ahí definiremos cómo continuamos a partir de mayo", señaló al respecto el secretario general del gremio. en diálogo con APFDigital, expresó por último: "El fuerte acatamiento al paro de este jueves hace presumir que mañana se podrían votar más medidas". (APFDigital)

Este viernes por la tarde se realizó el Plenario General de delegados provinciales de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) en el que decidieron profundizar las medidas de fuerzas adoptadas en reclamo de mejoras salariales, entre otros aspectos. Así, este jueves y el próximo realizarán paro. El Debate Pregón dialogó con el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mario Brnusak.

"El viernes pasado tuvimos un plenario provincial con la participación de las filiales de toda la provincia donde decidimos por mayoría profundizar las medidas. Veníamos de hacer dos jornadas semanales de retención de servicio por dos horas cada día, los lunes y jueves, con quite de colaboración. Ahora se decidió continuar con las asambleas y retenciones de servicios con quite de colaboración los días lunes (por ayer) y el próximo lunes 26 de abril. El quite de colaboración significa no realizar trabajo de recupero por la tarde, es decir, lo que no se hace en esas dos horas de mañana no se recupera por la tarde, al igual para el personal que trabaja en el turno vespertino cada filial va a definir el horario que van a hacer la retención, que también va ser por el término de dos horas", comenzó Mario Brnusak.

Así, continuó: "Con relación a los días jueves vamos a hacer un paro esta semana de cuatro horas y está programado otro de cuatro horas para el próximo jueves. Cada representante y secretarios gremiales de las distintas filiales han evaluado los resultados con las medidas que habíamos tomado y como no ha habido respuesta se ha decidido incrementar las medidas".

"De manera formal no hemos recibido ninguna convocatoria. Estamos esperando que haya una, los gremios docentes ya tuvieron su respuesta, la cual fue aceptada en un plenario, y sabemos que la semana pasada también estuvieron reunidos los estatales como una pre paritaria y va a continuar. Creemos que es inminente que también nosotros vamos a tener una convocatoria para recibir una propuesta", señaló.

Por otra parte, recordó: "Seguimos reclamando una recomposición salarial urgente. Nuestros salarios, al igual que el de todos, se han visto degradados por la inflación cada vez mayor, en el último mes de 4,8 por ciento. También estamos solicitando la caducidad de la Ley de Emergencia que ahora en junio es su vencimiento. Recordemos que el ejecutivo tiene la potestad de prorrogarla. Nosotros estamos pidiendo que no se prorrogue. Uno de los puntos principales por lo cual fue dictada esta ley es debido al enrome déficit que tiene la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos y en este casi año no ha habido una convocatoria del ejecutivo para tratar ese tema, no ha habido ninguna solución de fondo por lo que, si es el problema más grave por el cual fue sancionada la ley de Emergencia, estamos esperando que se convoque a todos los sectores involucrados de forma directa o indirecta en la Caja y sentarnos a debatir cuales son las posibles soluciones".

En otro orden, manifestó: "A nivel local hay dos aislados en este momento, algunos de ellos preventivamente, no es que sean positivos de Covid, y a nivel provincial la semana pasada había 67 personas aisladas, ya sea porque son Covid positivo o por contacto estrecho. Es un número relativamente alto para nuestro personal, un juzgado está trabajando con 6 o 7 empleados, por lo que si hiciéramos una comparación seria personal de diez juzgados de la provincia. Estamos trabajando con todas las medidas preventivas, tenemos los elementos necesarios para llevar a cabo nuestra tarea", finalizó.

Judiciales de toda la provincia volvieron a protestar en reclamo de mejoras salariales. Hubo manifestaciones en Gualeguay, La Paz, Uruguay, Concordia, Tala, Concepción del Uruguay y Paraná · "Esperamos tener alguna novedad esta semana", dijo el secretario general del sindicato, Mario Brnusak

"En la jornada de este lunes arrancamos con la última semana de protesta, en el marco del plan de lucha por 15 días dispuesto en el último Plenario, realizado el 30 de marzo pasado", expresó Brnusak.

Aseguró que "las acciones siguen teniendo un alto acatamiento", pero en algunas localidades "se vieron afectadas por el covid". Esto ocurrió en Tala, Victoria y también en Villaguay, "donde hay varias personas aisladas", precisó el titular de AJER.

En tanto, el resto de las filiales salieron a manifestarse "en burbujas, con todos los cuidados que el momento requiere, porque sabernos las complicaciones que se vienen", acotó Brnusak.

Por último, en declaraciones a esta Agencia, subrayó: "Esperamos tener alguna noticia de mejora salarial esta semana. Sabemos que para hoy fueron convocados los gremios docentes y para mañana los estatales".

AJER reclama una urgente recomposición salarial y que se derogue la Ley de Emergencia o, en su defecto, que no se prorrogue cuando se cumpla el año de su sanción. A su vez, solicita al Poder Ejecutivo la conformación de una mesa en la que se pueda debatir junto a todos los sectores involucrados la problemática del déficit de la Caja de Jubilaciones: "Se debe mantener el 82% móvil y lograr que el organismo sea sustentable en el tiempo, para lo cual se necesita encontrar una solución de fondo", señaló la entidad. (APFDigital)

En un plenario provincial celebrado este martes, los empleados judiciales de Entre Ríos decidieron continuar y ampliar las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales. Al respecto, El Debate Pregón dialogó con el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mario Brnusak.

"Luego de un arduo debate en donde cada filial expuso la situación que estaba ocurriendo, se hizo una evaluación sobre como había transcurrido este mes donde tuvimos estas medidas que consistían en asambleas con retención de servicios dos días a la semana y en algunos lugares se movilizaban y en otros no, eso quedaba a criterio de cada filial. Después de haber escuchado a todas las filiales se votó por unanimidad que las medidas tenían que continuar. Ahora es por el término de 15 días con retenciones dos veces por semana, lunes y jueves de dos horas cada jornada y a eso le sumamos el quite de colaboración".

Respecto al quite de colaboración, explicó: "En muchos lugares y acá también, ahora mismo estamos trabajando a la tarde un par de horas viniendo a terminar el trabajo, eso en los días que tenemos asambleas, que va a ser lunes y jueves en esta quincena a partir del 5 de abril, va a haber un quite de colaboración, es decir que esos dos días no se va a venir a la tarde".

"También está la disyuntiva de que hay organismos como la fiscalía que estaba trabajando en doble turno, la mitad del personal a la mañana y la mitad a la tarde, en esos casos también se va a hacer retención de servicio para la gente que trabaja de tarde dos horas, que serían de 18 a 20 hs. Y además de eso, para el que trabaja de mañana, que lo veníamos haciendo de 11 a 13 hs., en el caso de los lunes y jueves a la tarde no volveríamos, es decir que esos días es el quite de colaboración", finalizó.