Los números son impactantes: de los 65 juicios políticos a jueces federales en 170 años de historia institucional, 26 de ellos se llevaron a cabo en los últimos 20 años. El estudio sobre los procesos de remoción de jueces federales, realizado por el Dr. Alfonso Santiago -profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral-, comprende desde la creación de la Constitución Nacional en 1853 hasta la fecha.

Las destituciones de los jueces federales fueron decididas por diferentes órganos: el Congreso de la Nación, los Tribunales de Enjuiciamiento durante los gobiernos de facto y del Jurado de Enjuiciamiento, a partir de la reforma constitucional de 1994. Sin embargo, otros procesos de remoción no llegan a culminar debido a “las decenas de renuncias de magistrados durante el trámite de su proceso de remoción”, aclara el autor de la investigación.

De los 45 jueces federales que tuvieron dictámenes de juicio político, 36 no continuaron en sus cargos, ya sea por ser removidos o porque renunciaron antes del dictamen o después de ser acusados por el Consejo. (Ver anexo: “Procesos de remoción JME 1999-2023”).

El dato es llamativo si se lo compara con, por ejemplo, Estados Unidos, donde en 230 años de vigencia de la constitución norteamericana de 1787 sólo han sido destituidos por juicio político 13 jueces federales.

Sobre el motivo del por qué se aceleró el proceso en los últimos años, el doctor Santiago explica: “Se advierte un importante incremento de los juicios políticos a jueces en los últimos veinte años como consecuencia del aumento de las situaciones de mala conducta y mal desempeño que han rodeado la actuación de los jueces federales en los últimos años y de un relativo mejor funcionamiento de los procesos de remoción a partir de la reforma de 1994”.

“Nos parece que el escándalo ha rodeado con demasiada frecuencia el quehacer de los jueces federales impactando negativamente en la imagen y la consideración pública”, agrega Santiago.

Otro dato llamativo es que desde hace seis años el Consejo de la Magistratura no ha decidido ninguna acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento. Al respecto, Alfonso Santiago sostiene que: “Esto habla de cierta parálisis en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de ciertas coberturas políticas que impiden el avance y decisión en casos en que la acusación parece más que procedente como es el caso del juez Bento de Mendoza”.

Para el análisis el especialista tuvo en cuenta las distintas integraciones del Consejo de la Magistratura y las categorizó en seis etapas distintas: las dos primeras bajo la vigencia de la ley 24.937, las tres subsiguientes bajo el régimen de la 26.080 y, finalmente, la actual que se inicia con la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.080 por la Corte Suprema en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” (2021) por la que recobra la vigencia del régimen anterior, previsto en la Ley 24.937. Fuente: Universidad Austral

Un grupo de jueces federales denunció al abogado de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, Gregorio Dalbón, luego de apuntar contra el fiscal federal Ramiro González como un "coimero" y el juez Sebastián Casanello como parte de "la pudrición" de Comodoro Py.

"Las expresiones publicas agraviantes proferidas en redes sociales contra el fiscal federal penal Dr. Ramiro González y el juez federal penal doctor Sebastian Casanello", comenzaron en su denuncia entregada al Colegio de Abogados, en donde pidieron una sanción disciplinaria contra Dalbón, quien lanzó esos comentarios en el marco de la investigación contra el Presidente por el cumpleaños que festejó la primera dama en Olivos en 2020, en épocas de cuarentena estricta.

"Las expresiones del letrado han traspasado con holgura la Iínea más flexible que pueda preverse en el marco de una sociedad democrática en punto al derecho que asiste a toda persona a expresar sus ideas, proyectándose sobre los magistrados afectados como una verdadera ofensa a su honor", agregaron en su escrito los jueces Marcelo Gallo Tagle, que preside la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; Ricardo Recondo, Luis María Cabral y María Lilia Gómez de Alonso, junto al exjuez Miguel Ángel Caminos.

Además, consideraron que no es la primera vez que el letrado tiene un exabrupto y remarcaron la gravedad de sus dichos ante los funcionarios judiciales que investigan el cumpleaños de Fabiola Yánez con varios invitados: "Los exabruptos del letrado se han venido reiterando con preocupante constancia; pero en esta última oportunidad, no por efecto acumulativo, aunque en la realidad existe como tal, sino por el singular desvalor de sus ultimas expresiones, demandan la intervención disciplinaria de esa institución en pos del restablecimiento de elementales pautas de orden y decoro en el desempeño de la abogacía".

Las declaraciones de Gregorio Dalbón

"Ramiro González puede hacer lo que quiera, pero es un coimero, y sabe que yo lo sé. Si quiere venir a buscar plata, acá no la va a encontrar porque nosotros no lo vamos a coimear, ¿está claro? Yo se que la colectividad judía lo coimeó", dijo en una entrevista radial el abogado del máximo mandatario y de la vicepresidenta. Luego de estos dichos, el jefe de Estado decidió defenderse por su propia cuenta del caso de Olivos.

Dalbón también pidió disculpas a la comunidad judía: "Estuve conversando con autoridades de la DAIA, quienes pedagógicamente me explicaron y coincidimos en que hombres y mujeres con alcance en los medios debemos ser responsables de temas tan delicados", detalló en Twitter.

Sobre el juez Casanello, había dicho que le importaba "un huevo". "A mí los jueces me importan un huevo. Ni me va ni me viene. No le conozco la cara. Para mí Comodoro Py está recontra podrido y dentro de la pudrición esta Casanello. Que venga Casanello, que lo vamos a atender", advirtió. (Perfil)

Trepó al cuadrilátero Brian Arregui, quien había conseguido su boleto a los Juegos hace apenas 10 días por la baja del venezolano Gabriel Maestre y había llegado a Tokio el viernes a la mañana, después de un viaje de 30 horas.

En un primer round sin demasiada actividad, el entrerriano de 21 años tomó el centro del cuadrilátero y fue preciso en sus envíos ante un adversario veloz, pero muy económico en su boxeo. De todos modos, al norteamericano, campeón mundial juvenil en San Petersburgo 2016 y medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, le alcanzó para ganar el asalto a la vista de tres jueces.

Cuando promediaba el segundo round, el campeón olímpico en los Juegos de la Juventud 2018 conectó un precioso cross de zurda en el mentón de su rival que envió a Johnson a la lona. El estadounidense se levantó sentido y se limitó a sobrevivir hasta el campanazo. Pese a la superioridad evidente del argentino, uno de los jueces, el tunecino Hichem Menchaoui, le dio el asalto perdido. Ese punto terminaría siendo clave.

En el tercero, Johnson se mostró recuperado y algo más decidido, pero Arregui no le dio tregua y cerró mejor el combate. No fue suficiente, al menos en el concepto de tres jueces que le otorgaron el triunfo 29-28 al norteamericano. Los otros dos se inclinaron por el villaguayense por el mismo resultado.

Pese a la cuestionable decisión, Arregui no se quejó. En cambio, se mostró muy crítico por su actuación. "No estoy conforme con la pelea que hice. Fue una pelea horrible para mí", sostuvo. Y lamentó: " Me duele mucho porque es la primera ronda en un Juego Olímpico. Llegué ayer y me enteré que peleaba hoy, pero venía preparado. Espero haber dejado una buena imagen pese a hacer una mala pelea".

La corte suprema de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, inició este jueves la votación sobre un recurso para prohibir la Copa América 2021 por cuestiones sanitarias prevista a partir del lunes en Brasil, cuya realización ya cuenta con tres de los once votos en la alta corte.

Los jueces supremos Carmen Lucia Antunes, Marco Aurelio Mello y Ricardo Lewandowski dieron con matices el aval a la realización del evento.

Estos tres jueces iniciaron este jueves a la madrugada la votación virtual de tres recursos que presentaron la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y el Partido Socialista Brasileño (PSB), que gobierna los estados de Pernambuco, Espirito Santo y Paraíba.

Antunes y Mello consideraron que el certamen puede realizarse teniendo en cuenta un mayor rigor de las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus en las ciudades sede del certamen, Brasilia, Cuiabá, Goiania y Río de Janeiro

La Copa América fue aceptada por Brasil después de que la Conmebol recibiera una negativa de Argentina y Colombia pero recibió el rechazo oficial del plantel de jugadores de la selección brasileña, que accedieron a jugarla a disgusto, de acuerdo al manifiesto divulgado el martes, luego de una amenaza de boicot.

El ministro Lewandowksi, en su voto, pidió al gobierno federal de Jair Bolsonaro los detalles del plan sanitario para albergar la Copa América en un plazo de 24 horas para garantizar la seguridad sanitaria, reducción de posibilidad de contagios y desarrollo de nuevas cepas.

Los otros ocho magistrados tienen plazo para la votación virtual hasta las 23.59 de este jueves.

El flamante presidente del Consejo de la Magistratura, el académico Diego Molea, aseguró que "en otros tiempos" a través de ese cuerpo "se dirimían cuestiones políticas" y se lo utilizaba para "presionar jueces y disciplinarlos", y anticipó que está efectuando una investigación para detectar esas irregularidades durante la gestión de Cambiemos.

"En otros tiempos se dirimían cuestiones políticas a través del Poder Judicial", sinceró Molea en declaraciones efectuadas hoy al Destape Radio.

"Estoy totalmente convencido de eso -reafirmó-, es más, estoy haciendo un análisis de todas las denuncias contra magistrados porque creo que utilizaban la comisión del consejo (de Acusación) para presionar jueces y para disciplinarlos".

Molea accedió este jueves a la conducción del Consejo por unanimidad luego de un acuerdo político con los consejeros para que la presidencia del cuerpo quede en manos del oficialismo y tres de las cuatro comisiones sean conducidas por miembros de la oposición.

El rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en su primer discurso como presidente ante sus colegas, dijo que su gestión sería una "continuidad" de lo hecho por el presidente saliente, el juez penal Alberto Lugones, que no obstante quedó como vicepresidente del Consejo.

La gestión de Lugones, a través del representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz, promovió la revisión de todos los movimientos de magistrados que terminó con la categorización de "provisional", hecha por la Corte, sobre los traslados de los camarista Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

"Vamos a darle mucha celeridad a los concursos", prometió Molea en sus declaraciones de hoy, y aseguró que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que presidió durante todo el 2020, "no va a ser utilizada como una herramienta disciplinadora de jueces".

"Queremos ser absolutamente imparciales y analizar todas las denuncias por igual, cosa que ante no sucedía de esa manera", reafirmó.

La resolución de la Anses que intima a los funcionarios judiciales que tienen aprobada su jubilación a presentar sus renuncias -y les advierte que de lo contrario, sus trámites podrán ser revisados- alcanza a 222 personas: 182 jueces, desde la Corte hasta juzgados de primera instancia, 20 fiscales, incluido el procurador interino, Eduardo Casal; diez defensores y diez funcionarios de menor rango (secretarios y subsecretarios).

La nómina incluye a jueces y fiscales que fueron muy cuestionados por el kirchnerismo, inclusive algunos a quienes busca remover, como Casal, el camarista federal Martín Irurzun y el camarista de Casación Eduardo Riggi. En el Gobierno sostienen que no hay una intencionalidad política detrás de esta reglamentación y que solo busca que quienes iniciaron los trámites jubilatorios definan si quieren irse o no. Un funcionario kirchnerista que trabaja en temas judiciales lo definió, no obstante, como "una invitación a la depuración etaria".

En la lista de quienes tienen concedida la jubilación que circula por despachos oficiales están la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton, y cinco camaristas de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal: Riggi (denunciado ante el Consejo de la Magistratura la semana pasada por el abogado de Cristina Kirchner), Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques (exministro de Justicia bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal), Ángela Ledesma y Liliana Catucci.

De los fiscales, además de Casal, figura el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello. No figuran en la lista, aunque también iniciaron sus trámites jubilatorios, Carlos Stornelli, a quien el kirchenrismo le pidió el juicio político, y el fiscal ante la Casación Raúl Pleé.

De la Cámara Federal, además de Irurzun, aparece en la nómina Leopoldo Bruglia, que deberá deberá decidir si presenta su renuncia o si se queda hasta que culmine el concurso abierto para cubrir su cargo, tras el fallo de la Corte Suprema que le puso plazo al traslado por el que llegó a la Cámara.

De los jueces federales de Comodoro Py, después de las últimas renovaciones del fuero, solo la jueza federal María Servini, la única con competencia electoral, aparece en la lista.

Todos ellos deberían, según la resolución de la Anses, decidir si van a renunciar dentro de los próximos 30 días. Si no lo hacen, sus trámites jubilatorios serán analizados nuevamente por la Anses. "De no acreditarse la presentación de la renuncia se procederá a la revisión integral de las actuaciones, en uso de las facultades conferidas a esta Administración por el artículo 36 de la Ley N° 24.241", dice la resolución.

La norma sostiene que después de esa revisión, si no surgieran "observaciones", se "procederá al archivo" de las actuaciones. En cambio, si "se detectaren desvíos", se adoptarán "las acciones de rigor" y "eventualmente" se hará uso de "la facultad prevista en el artículo 15 de la Ley N° 24.241".

Ese artículo establece la posibilidad de anular las jubilaciones concedidas "en sede administrativa, mediante resolución fundada", sin necesidad de un proceso judicial. Jueces alcanzados por la nueva disposición adelantaron a LA NACION que, si la Anses hace uso de este artículo para retrotraer jubilaciones ya aprobadas, los magistrados recurrirán a la Justicia.

Por: Paz Rodríguez Niell