El programa del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), "La Justicia va a los barrios" que dirige la vocal del alto cuerpo, Susana Medina, realizó un balance de la actividad desarrollada durante 2021 y anticipó que en 2022 realizará dos jornadas provinciales: Una en junio y la otra en septiembre.

Desde el Programa y al hacer un balance de lo actuado este año, se señaló que en 2021, "La Justicia va a los barrios" atendió presencialmente a vecinos y vecinas de 21 localidades de la provincia.

A su vez, se efectuaron 645 trámites y/o consultas judiciales de forma presencial, y se brindó orientación a más de 100 personas vía whatsapp.

El Registro Civil Móvil, que acompaña la actividad de "La Justicia va a los barrios" llevó a cabo 107 trámites identificatorios durante las diferentes jornadas que se concretaron en el año.

Bajo protocolos sanitarios, participaron este año en las visitas a los barrios los diferentes equipos de trabajo que se consolidaron para ejecutar y llevar adelante el programa: 150 funcionarios, magistrados y empleados judiciales integran ad honorem el programa en la provincia.

A su vez, se realizó una reunión de articulación con la coordinadora del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD) en Argentina, Dra. Nora Luzi, para promover actividades conjuntas en 2022.

El Programa "La Justicia va a los barrios" sigue creciendo, y como resultado de las reuniones mantenidas durante 2021 con los equipos de todas las jurisdicciones , se ha previsto realizar durante 2022 dos jornadas provinciales de "Acceso a Justicia": Una en el mes de junio, y la otra en el mes de septiembre.

EQUIPOS Y COORDINACIÓN

1. CEIBAS: Dra. Marta Britos - Jueza de Paz.

2. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY: Dra. Evangelina Bruzzo- Vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia.

3. CONCORDIA: Dra. María del Luján Giorgio -Vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia.

4. COLÓN: Dr. Javier Simón - Juez de Paz.

5. DIAMANTE: Dra. Josefina Etienot- Jueza de Familia.

6. FEDERACIÓN: Dr. Juan Ángel Fornerón- Juez Civil y Comercial.

7. FEDERAL: Dra. Soledad Villalonga - Jueza de Familia.

8. GUALEGUAY: Dr. Pablo Guercovich - Juez de Familia.

9. GUALEGUAYCHÚ: Dr. Arturo Dumón - Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones.

10. IBICUY: Dra. Silvia Rivero - Jueza de Paz.

11. LA PAZ: Dra. Silvia Vega - Jueza Civil y C/ Dr. Raúl Flores - Juez de Familia.

12. NOGOYÁ: Dr. Oscar Rossi - Defensor.

13. PARANÁ: Dr. Pablo Barbirotto - Juez Penal de N.N y A.

14. PUEBLO BRUGO: Dra. Fernanda Schoenfeld - Jueza de Paz.

15. ROSARIO DEL TALA: Dra. Silvina Cabrera - Jueza de Garantía.

16. SAN JOSÉ DE FELICIANO: Dr. Emir Artero - Juez de Garantías/ Dra. Emilce Mármol- Secretaria Juzgado de Garantías.

17. SAN SALVADOR: Dr. Ricardo Larocca - Juez Civil, Comercial y Laboral.

18. URDINARRAIN: Dra. Silvina Martínez Lort - Jueza de Paz.

19. VIALE: Dra. Ayelén Bracco - Jueza de Paz.

20. VICTORIA: Dra. Maricela Faccendini - Secretaria del Juzgado Civil y Comercial.

21. VILLA PARANACITO: Dr. Abel Rodríguez- Juez de Paz.

22. VILLAGUAY: Dra. Anahí Polizzi - Juez de Familia y Penal de N,N y A.

El último día de febrero de 2018, en horas de la siesta, Carla F., entonces de 19 años, visitó en la Unidad Penal de Gualeguay a un interno llamado Emanuel Brian Alaniz, que estaba detenido por un homicidio. En la requisa el personal penitenciario le detectó en el rodete del cabello 1,27 gramos de marihuana, cantidad con la que se puede armar un porro.

La joven fue imputada por el delito de tentativa de suministro de estupefacientes a título gratuito para consumo personal. El fiscal de entonces, Carlos García Escalada - a cargo de la fiscalía de Victoria - pidió apliclar el trámite de flagrancia y en abril de 2018 solicitó que la causa de eleve a juicio. En una audiencia, el defensor señaló que la joven no tenía antecedentes penales y destacó que podía desempeñar tareas en la Municipalidad de Gualeguay. El fiscal no planteó objeción, pero subsidiariamente dejó sentado el pedido de elevación a juicio en caso de incumplimiento.

Durante seis meses Carla debía cumplir 4 horas semanales de trabajo comunitario no remunerado en la Secretaria de Prevención de Adicciones del municipio de Gualeguay. En septiembre de año pasado, se informó al juzgado que la mujer no había asistido ningún día al trabajo comunitario y que, cuando fue requerida en el domicilio, su madre les informó que ella ya no vivía allí, que se había ido al campo, con su nueva pareja, a empezar una nueva vida.

En un fallo fechado el 26 de octubre del 2020, el juez federal Leandro Ríos consideró que la suspensión del juicio a prueba debía revocarse por el incumplimiento de la joven, al mismo tiempo que reanudaba el trámite de flagrancia y elevaba la causa a juicio.

Tras el fallecimiento del fiscal original - víctima del Covid - el fiscal a cargo de la Fiscalía de Victoria que lo reemplazó, Walter Rodríguez, hizo una serie de planteos que puso en jaque a gran parte del proceso.

En primer lugar, Rodríguez objetó el fallo de Ríos y pidió su nulidad, al mismo tiempo que observó que el trámite se reanudó en octubre pasado, casi cuatro años después de iniciarse la causa bajo el procedimiento de flagrancia. Alonso hizo lugar al planteo, pero siguió firmando resoluciones sobre el expediente, que debería haber regresado al despacho de Ríos para que cumpla con el requisito de escuchar a la imputada y en consecuencia dicte un nuevo fallo.

Rodríguez volvió a insistir en que Alonso no podía seguir interviniendo en el proceso, una vez admitido el planteo de nulidad del fallo de Ríos que hacia caer la suspensión del juicio a prueba. Por eso le envió un escrito a al juez - que había fijado una audiencia para el 10 de noviembre pasado - señalándole que no asistiría por todo lo mencionado anteriormente, además de agregar el exceso de trabajo que le generaba estar a cargo como titular de la Fiscalía Federal Nro 2 de Santa Fe, subrogando entonces la Fiscalía Nro1 -con competencia electoral- y la Unidad de Victoria.

El representante del Ministerio Público Fiscal planteó que la posición de Alonso se daba de bruces con las disposiciones vigentes en el nuevo Código Procesal Penal en cuento establece la necesidad de resolver los conflictos surgidos como consecuencia de un hecho punible dando preferencias a soluciones armónicas entre los protagonistas y en pos de la paz social. Para el fiscal, la resolución del juez no hizo otra cosa de afectar el debido proceso legal y el derecho a la víctima a ser escuchada con presencia de su defensor, "vulnerados con motivo de la no realización de la audiencia regulada en el código, lo cual justifica la declaración de nulidad absoluta" del fallo de Ríos de octubre del año pasado.

"Párrafo aparte merece la capacidad de abstracción judicial para llevar a juicio a como dé lugar a Carla F. , una joven de poco más de 20 años, con instrucción secundaria incompleta de profesión ama de casa", destacó Rodríguez, que un día antes de la audiencia fijada por el juez Alonso se eximió de asistir a la misma, entre otros motivos - además- por sus múltiples exigencias laborales, ya que no sólo tenía a cargo la Fiscalía Federal 2 de la ciudad de Santa Fe, sino además subrogaba la Fiscalía 1, con competencia electoral.

El 15 de noviembre pasado el fiscal interpuso un recurso de Casación en respuesta a la convocatoria que había hecho Alonso para fundamentar el plateo de nulidad, que él mismo había admitido como juez correccional y por lo tanto - según el fiscal - ya lo dejaba afuera de seguir participando como juez del caso. En el escrito se señala que el Tribunal Unipersonal "ocasionó un gravamen irreparable o de insuficiente reparación ulterior, poniendo en riesgo la normal continuidad del proceso en la medida que, pese a admitir el planteo de nulidad, no aplicó la regla que establece aquellos efectos, sobre todos los actos consecutivos que de él dependan (...) el juez Alonso ha ignorado en términos absolutos desde una perspectiva de género con el que el caso debe ser analizado (...) fue indiferente al cambio de vida la imputada, a su intimidad, como rehacer su vida con nuevos vínculos afectivos, que le implicó irse a vivir al campo con su actual pareja". La defensora de la mujer también interpuso un recurso en Casación, en sintonía con los argumentos del MPF. El trámite está aún sin resolución.

Mientras tanto, Carla F. sigue ligada a una causa penal, con gran parte del aparato judicial federal de Entre Ríos queriendo enjuiciarla. Por poco más de un gramo de marihuana en el rodete.

Últimos actos

En los últimos días, el fiscal Rodríguez recusó al juez mediante con escrito donde brevemente reseñaba una serie de objeciones a todo el proceso. El magistrado la rechazó. Rodríguez llegó a Paraná el 12 de agosto pasado para hacerse cargo de la Fiscalía de Victoria, fue designado por Resolución de la Procuración. El martes 30 de noviembre cesó en sus funciones. En poco más de tres meses de gestión se diligenciaron miles de expedientes que estaban pendientes de resolución. Después de 10 años de su creación, la Fiscalía empezará a funcionar en su lugar de origen, en la ciudad que permite a los entrerrianos conectarse con Rosario mediante un puente.

FUENTE: elciudadanoweb

El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava dispuso que la Policía Federal intente notificar en diferentes domicilios al expresidente Mauricio Macri de su citación a declaración indagatoria por presunto espionaje ilegal a familiares de los fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan.

Macri está convocado para el jueves en el juzgado de esa localidad bonaerense pero todavía no se lo pudo notificar de manera oficial y ahora el juez dispuso librar oficio a la Policía Federal -delegación Dolores- "a fin que en el día de la fecha cumpla con la notificación dispuesta" en "los distintos domicilios aportados", según el oficio al que tuvo acceso Télam.

En base a informes enviados desde distintos organismos se identificaron "diferentes domicilios, en distintas localidades del país".

Además algunos de ellos son diferentes al "oportunamente informado" por la Cámara Nacional Electoral, agregó.

Bava libró oficio a la PFA para que notifique a Macri "a fin de que comparezca a esta sede a prestar declaración indagatoria el próximo 7 de octubre del corriente".

Una comitiva de la Policía se presentó en el supuesto domicilio de Macri aportado por la justicia electoral -ubicado en la Ciudad de Buenos Aires- pero se encontró con que ya no vive allí desde hace un año.

El juez constató que Macri no reside en la dirección informada en la CNE y por eso pidió informes al Registro Nacional de las Personas, Policía Federal, Dirección Nacional de MIgraciones y a la base de datos "Nosis".

La indagatoria de Macri fue prevista por el juez Bava para el jueves a las 11 en el juzgado federal de Dolores, pero todo indica que se postergará porque el exjefe de Estado aún no fue notificado y porque desde su entorno ya hicieron trascender que se encuentra fuera del país desde antes de que el magistrado dispusiera su convocatoria.

Una comitiva de la Policía se presentó en el supuesto domicilio de Macri aportado por la justicia electoral -ubicado en la Ciudad de Buenos Aires- pero se encontró con que ya no vive allí desde hace un año, según le fue informado al magistrado interinamente a cargo del juzgado de Dolores.

Desde la querella mayoritaria de familiares de tripulantes del submarino San juan, la abogada Valeria Carreras solicitó que se notifique al exmandatario en la quinta Los Abrojos, ubicada en el partido de Malvinas Argentinas, "a fin de evitar postergaciones y chicanas de cualquier tipo".

Causa espionaje ilegal a familiares del ARA SAN JUAN Macri a indagatoria 7/10/21 es noticia nacional e internacionalHoy lo van a notificar en varios domicilios xq cómo está querella informó HAY DISCREPANCIA entre domicilio real y domicilio electoral #Macri cobardía e impunidad

Macri fue llamado a indagatoria el viernes pasado acusado de estar relacionado con las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia contra el colectivo de allegados a los tripulantes del submarino hundido en 2017.

Por ese expediente ya están procesados, entre otros, las exautoridades de la central de espías, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Dirigentes de entidades ligadas al campo y productores expresaron su enojo y disconformidad con el fallo del Juez de Garantías Tobías Podestá que dejó en libertad a cuatro personas, con una serie de cautelares, que tenían prisión domiciliaria por un hecho de abigeato agravado en la zona rural de Perdices. El hecho fue desbaratado por integrantes de la brigada De Prevención Delitos Rurales Gualeguaychú, a cargo del Comisario Cristhian Graciani, y Sub Crio Vacari Sergio de Brigada Perdices que se desempeña en la zona rural mencionada.

El juez mencionado, el 3 de septiembre, tras escuchar la solicitud de los abogados de la defensa, en el pedido de requerimiento de la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la pena de la figura que se les endilgó a los acusados la cual es la de Abigeato doblemente agravado. Fijó un cuarto intermedio resolviendo la inconstitucionalidad del mínimo de la pena, de 4 años a 3 años de prisión, y el otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba respecto de los imputados y tener por ofrecido el monto $20.000 por cada uno de los imputados, pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $ 10.000 en favor de la parte damnificada, como reparación del daño causado, a quien se deberá notificar, con el objeto de que manifieste si acepta o no la reparación ofrecida, además de una serie de medidas cautelares.

Indudablemente el juez no tiene conocimientos de lo que cuesta un animal de 300 kilos, fueron tres los faenados, en el mercado, a lo que se debe sumar los dos años de crianza, alimentación sanidad, con una reparación por parte de las personas de $20.000 pesos y pagaderos en cuotas que suena irrisoria y hasta irrespetuosa.

Por su parte la Fiscal Martina Cedres, entrevistada por El Día, manifestó que presentó un "recurso de apelación contra la resolución del tres de septiembre y que concedido éste y elevado que sea a la Cámara de Apelaciones de Gualeguay, se deje sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la pena del y por ende el otorgamiento a dos de los imputados de la suspensión de juicio a prueba y se reenvíen las actuaciones a la instancia de procedencia a fin de que se continúe con la audiencia de elevación de causa a juicio, en el marco de la escala prevista para los delitos por los que se los acusa".

Dijo que la resolución del Juzgado en "la etapa de la elevación de la causa a juicio que se declare la inconstitucionalidad, a mi modo de ver, sin fundamentos, de manera arbitraria, otorgando la probation, está mal efectuada, por lo que tenemos que tener una etapa de audiencia en Gualeguay en una situación que no está firme". Dijo que no sabe cuándo será la audiencia, pero que el "recurso de apelación llegó y que seguramente cuando tengan la fecha me notificarán". Destacó que "nosotros tenemos muchas personas en libertad, lo cual no significa que no vayan a ir a juicio, y quiero dejar en claro que no está firme la resolución que hizo ( el juez Tobías Podestá) respecto de la inconstitucionalidad del mínimo y el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba".

Recordó que los cuatro imputados "estaban detenidos con prisión domiciliaria hasta la audiencia de remisión a juicio el 31 de agosto, quedando todos en libertad, sujetos a una serie de medidas, como la prohibición de acercamiento a la víctima, fijación de domicilio. A dos de ellos se elevó la causa a juicio al tribunal y los otros dos se les otorgó la probation".

Indicó que con los "primeros la causa va a juicio, en tanto que los restantes, con la resolución apelada, hay que ver que nos dice Gualeguay. Y si resuelve que la decisión del juez (Podestá) no fue fundada y arbitraria haremos la elevación por los dos restantes y en consecuencia el juicio a los 4 implicados."

Señaló que dos de los imputados "tienen antecedentes, y aunque se declare inconstitucional el mínimo y los condenen a dos años, la pena tiene que ser efectiva". Indicó que comparte el "malestar de la gente y siempre me pongo en contacto con la gente que trabaja en el caso como la Brigada de Abigeato". Comentó que es una realidad que el "Superior Tribunal de Justicia viene determinando la inconstitucionalidad del mínimo y dando condenas condicionales, es decir condenados, pero en libertad. Esto es una cuestión de política, y entiendo qué desde el sector, por el campo, debería haber un pedido fuerte para que no se repitan este tipo de situaciones".

Tomás, integrante de la familia damnificado, dijo que "a diferencia de otros casos de abigeato de los que fuimos víctimas, esta vez se dio con los culpables, teniendo la justicia la oportunidad de actuar con todo el rigor de la ley. Cuenta con todas las evidencias, gracias a un trabajo impecable de la policía ".

Sergio Dalcol, presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, remarcó que "la policía pese a la escasez de recursos actuó con mucho profesionalismo y eficiencia; mientras que la fiscalía pese a la cantidad de causas que, diferente índole, está trabajando muy bien. Ahora- continúa- que un juez "interprete, a pedido del abogado defensor, que la pena de 4 años es excesiva y por lo tanto inconstitucional es inclinar la balanza a favor de quienes delinquen. Y si son tan legalistas, deberían cumplir con la ley. Y si la vamos a interpretar, también lo podemos hacer nosotros que somos ciudadanos de a pié, y como tales entendemos que aquel que delinquió tiene que estar adentro. Es más, si fuera por nosotros, aunque sea un día".

Recordó que uno de los implicados "estuvo 10 años prófugo de la justicia por un delito similar, pero por una cuestión técnica-legal, el juez no podría tomarlo como antecedente. Ahora si nos vamos a basar en estos tecnicismos, aplicamos los mismos cuando nos conviene interpretar la ley. Si el daño que ocurrió le parece poco recuerdo que se "trataba de cuatro personas con armas de fuego, en horas de la noche, en el campo, robando en donde se encontraba una mujer sola. Que más quieren para que una persona sea condenada y vaya a prisión, que la propietaria sea reducida, atada, que la violen, le peguen un balazo a un productor. ¿Qué es lo que necesita la justicia para proceder en estos casos?.

José Colombatto (Presidente de Farer) dijo que "volvemos a la puerta giratoria de la justicia que venimos denunciando desde hace un tiempo. Pareciera que la misma está a favor del delincuente y no de la gente que quiere trabajar, salir adelante y que quiere otro tipo de país, Lamentablemente esto viene de larga data y desde FARER venimos denunciando que los legisladores son los que tienen la llave para cambiar las leyes, porque el delito de abigeato es prácticamente excarcelable. Un delito que cada vez es más común y los políticos no hacen nada para que se implementen leyes más duras y brindarle más herramientas a la justicia. En el caso de la policía que los detiene y ve cómo funciona la puerta giratoria. Además trabajar en el campo y conseguir pruebas en el campo es más complejo. Se necesita una decisión política que es la de que en el Código Penal el abigeato debería ser contemplado de otra manera".

Matías Martiarena, Vice del Distrito Tres de Federación Agraria, dijo que " la entidad, por FAA, ha pedido en reiteradas oportunidades que la justicia tenga una fiscalía específica de delito de abigeato, teniendo en cuenta que uno de estos casos cae en una fiscalía, el fiscal tiene mil problemas que no tienen que ver con el caso específico de abigeato y el tratamiento que el delito merece". Sostuvo que si en la "provincia hubiera una fiscalía específica entendemos que estas cuestiones judiciales no pasarían y que a cuatro personas que detuvieron con tres novillos faenados, que tiraron un arma que al otro día encontró la policía anden sueltos por la calle como si nada". Cerró diciendo que es "una burla para todos los productores, para el mismo personal de abigeato que tiene identificados a estos sujetos, los detienen con las manos en la carne, los llevan a Jefatura, para luego terminar liberados y en muchos casos se pasean por frente a las Comisarias a modo de burla".

Finalmente, Juan Diego Etchevehere, Director de la Sociedad Rural Argentina señaló que "Los productores agropecuarios, al igual que la sociedad toda, necesitamos sentir que vivimos en un estado de derecho, donde la normas jurídicas se cumplan y apliquen en defensa de las víctimas reales. Desde el sector vemos con preocupación cómo el abigeato asola a muchos productores ganaderos de nuestra provincia, que con impotencia observan como su derecho a la propiedad es vulnerado sin consecuencia legal alguna. Las leyes que condenan al abigeato existen, necesitamos que el gobierno y la justicia en forma permanente las hagan efectivas".

El juez de Instrucción y Correccional N° 6 de Formosa, Guillermo Caballero, dictó el procesamiento con prisión preventiva a un hombre de 23 años, acusado de haber abusado sexualmente de los hijos de su pareja, un niño de 9 años y una niña de 8, en un barrio de la capital formoseña.

En el expediente, al que tuvo acceso Télam, se explica que los hechos de abuso "habrían ocurrido en numerosas ocasiones, se estima más de 40 veces, y pese a que los chicos le contaron a su madre lo que estaba pasando, la mujer descreyó de sus dichos y siguió confiando en su pareja".

"La situación llegó a tal extremo que el varón, cansado de los padecimientos a manos de su padrastro, fue a vivir con su tía, quien tramitó ante la Justicia la tenencia del chico", describe el expediente.

El caso llegó a la Justicia por la denuncia que hizo una de las hermanas de la madre de las víctimas, iniciándose una investigación que al día de la fecha encontró una serie de pruebas que sindican al padrastro de los chicos como presunto autor de estos hechos, por lo que el juez para tomar esta resolución tuvo en cuenta lo que declararon las víctimas en Cámara Gesell, "sobre todo el varón, quien hizo un relato pormenorizado de como su padrastro abusaba de ellos por la fuerza, bajo amenaza e inclusive, mediando violencia física en más de una oportunidad".

En el dictado de su resolución, el juez Caballero consignó en el punto cuarto de su decisión una nota de lectura fácil dirigida a las víctimas de este hecho, donde les explica con un lenguaje simple y adaptado a sus edades, la determinación que tomó, el curso que tendrá el caso y la situación procesal del presunto autor, agradeciéndoles por la confianza que tuvieron al relatar lo sucedido.

En dialogo con Télam, el juez Caballero contó "que muchas veces desde la Justicia escribimos para el sector de los abogados, por eso me pareció escribirles y explicarles lo más sencillo posible, esto es algo que nos marca toda la vida".

Consideró "una buena oportunidad por lo que se viene trabajando desde el Poder Judicial con respecto al lenguaje claro en la sentencias" y destacó "la valentía de una de las víctimas al hablar por la Cámara Gesell".

Télam.

Luego de casi dos meses de internación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) tras contagiarse de coronavirus, el ex juez Norberto Oyarbide murió esta noche a los 70 años. Fuentes de su círculo cercano confirmaron a Infobae que el ex magistrado falleció luego debido a una complicación de la neumonía bilateral que lo afectaba.

Oyarbide tuvo que ser intubado a principios de julio, debido a que el cuadro de neumonía bilateral originado en su cuadro de COVID-19 se agravó. Tras su internación el pasado 22 de junio -estuvo 72 días alojado en terapia intensiva-, los allegados al ex juez federal contaron cuál fue el cuadro con el que ingresó al sanatorio y especularon con que "se habría contagiado en el festejo de su cumpleaños".

El ex juez manifestó antes de que se complicara su estado de salud que tenía temor a vacunarse, pero les indicó a sus médicos que había recibido la inmunización. Sin embargo, en los registros oficiales, el nombre de Oyarbide no figuraba, por lo que no se descartaba que en realidad no estuviera protegido por la vacuna. Esa situación, más la enfermedad viral que padecía -la contrajo hace más de 15 años- complicaron aún más la posibilidad de sobrevida.

El ex juez federal había dejado el cargo en los tribunales de Comodoro Py en abril de 2016, tras 21 años, en medio de cuestionamientos del gobierno de Mauricio Macri y con un juicio político avanzando en el Consejo de la Magistratura. "Jamás tuve ningún tipo de presión, me voy porque todo en la vida tiene un principio y un final. Me voy porque necesito otras cosas para mi vida", afirmó en aquel entonces el juez que en febrero pasado dio un giro en su vida al convertirse en columnista de un programa radial.

En el Tribunal Federal N° 5 fue nombrado en 1994 por el ex presidente Carlos Menem. Antes de llegar a juez federal había pasado por la fiscalía electoral, uno de los cargos más preciados del fuero federal. Cuando se jubiló llevaba cerca de cuatro décadas en los tribunales. Tras su renuncia, su lugar fue ocupado por María Eugenia Capucchetti.

Antecedentes y polémicas

A principios de los años 2000, Oyarbide se destacó por el fallo de revocamiento de la prisión domiciliaria al fallecido dictador militar Jorge Rafael Videla, y también la resolución en la que definió el accionar criminal de la Triple A como delitos de lesa humanidad. Pero saltó definitivamente a la fama en el año 2009 cuando sobreseyó en una causa por presunto enriquecimiento ilícito a la entonces presidenta, Cristina Fernández, y a su marido, Néstor Kirchner.

En 2016, enfrentó otro juicio político por admitir que había frenado un allanamiento a una financiera a pedido de un funcionario kirchnerista y renunció al cargo por presiones del Gobierno de Cambiemos. El entonces presidente Macri le aprobó la renuncia, lo cual le permitió cobrar la jubilación de privilegio como parte del Poder Judicial. En febrero de este año Oyarbide se había sumado como panelista al programa radial de Coco Silly.

La titular del Instituto contra la Discriminación (Inadi), Victoria Donda, fue sobreseída este jueves en la causa en la que había sido acusada por una ex empleada doméstica de ofrecerle empleo en ese organismo o un plan social a cambio de evitar sus reclamos por irregularidades en la relación laboral.

No obstante, el fallo firmado por el juez Sebastián Casanello cuestiona en severos términos las actitudes de Donda para con la empleada y, aunque subraya que no constituyen delitos, desliza la posibilidad de evaluarlas bajo el prisma de la Ley de Ética Pública.

El fallo reconoce que "existieron conversaciones privadas en el marco de las cuales Donda habría formulado un ofrecimiento impropio" a su ex empleada, Arminda Banda Oxa.

"Sin embargo, las medidas de prueba efectuadas corroboraron que, tras esos diálogos, no existió una resolución o una orden emanada de la funcionaria que dispusiera hacer efectivo tal ofrecimiento, ya sea mediante una contratación o el otorgamiento de un plan social", explicó el juez.

Donda fue sobreseída porque "se encuentra acreditada la ausencia de un acto funcional que concrete el desvío de poder presuntamente adelantado en las conversaciones con su ex empleada".

Casanello destacó que "la indignación que puede generar un diálogo entre partes estructuralmente desiguales para llegar a acuerdos injustos, los incumplimientos laborales de una empleadora y/o la naturalización de un uso inapropiado y poco ético de la función pública, no alcanza para formular un reproche penal".

"Sólo configuran delitos aquellas conductas que son consideradas antinormativas por estar previstas en nuestro código penal. Sin ley previa que sancione penalmente un tipo de conducta no es posible hablar de delito, aun cuando el comportamiento observado sea injusto, inmoral o reprobable desde otros puntos de vista", insistió.

Casanello recabó como información que los reclamos laborales de Banda Oxa contra Donda no encontraron solución en la etapa previa al juicio laboral, por lo que el inicio de un reclamo en tribunales aparece como inminente.

Banda Oxa le reclama a Donda 662.987 pesos en concepto de salarios mal liquidados, cargas sociales no pagadas, vacaciones, aguinaldos y otros rubros.

"Lo resuelto en el marco de la presente causa, de ningún modo obsta a que, de corresponder, se activen los procedimientos a los que hace referencia la Ley de Ética Pública", puntualizó el fallo.

El ex magistrado se encuentra alojado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Ante su cuadro de neumonía bilateral, los médicos evaluaban si Oyarbide necesita asistencia respiratoria.

El reconocido ex juez, jubilado en 2016, cumplió 70 años el pasado 22 de junio: según trascendió, realizó un festejo con amigos durante un almuerzo.

Allegados al ex magistrado barajaron la posibilidad de que Oyarbide haya contraído el virus Sars-Cov-2 durante esa comida.

La neumonía bilateral es una afección del sistema respiratorio que ataca a los dos pulmones: en sus variantes graves puede precisar la internación e incluso puede ocasionar la muerte del paciente.

La inflamación de los pulmones provocada en este caso por el virus Sars-Cov-2 hace que los alvéolos se llenen de pus y líquido, lo que provoca dolor a la hora de respirar y limita la absorción de oxígeno. Esta afección es una de las complicaciones que presentan los pacientes contagiados con coronavirus.

Un juez de la ciudad de Santa Fe liberó a un imputado en el marco de una causa por el abuso sexual de una mujer ocurrido en abril pasado en la capital provincial porque dijo no poder "relacionar ni entrar en la lógica" de cómo fue que se colocó un profiláctico cuando estaba sometiendo a la víctima, y expresó que no hay "suficiente evidencia" para determinar que la relación fue forzada.

"No puedo relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima", sostuvo el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Rodolfo Mingarini, de los Tribunales de la capital provincial, al argumentar la liberación del acusado.

La decisión fue adoptada durante una audiencia, en la que el magistrado le impuso al acusado medidas restrictivas mientras continúa el proceso en libertad..

"No puedo relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima"

RODOLFO MINGARINI, JUEZ

El caso se inició en abril pasado cuando una mujer que reside en el norte de la ciudad de Santa Fe denunció ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que un albañil que trabajaba en una obra en construcción cercana ingresó a su domicilio y la sometió sexualmente.

La fiscal Celeste Minitti, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sostuvo en una audiencia realizada el domingo pasado en los Tribunales que el informe psicológico indicó que "la víctima se encuentra orientada en tiempo y espacio, sin alteraciones en la memoria, ni alteraciones sensoperceptivas y que, además, a lo largo de su relato se pueden registrar varios momentos de angustia en relación a que iba contando lo sucedido".

Ese informe sobre la salud mental de la víctima fue acompañado por las correspondientes pericias de medicina legal que concluyeron, entre otros aspectos, que la mujer sufrió lesiones compatibles con un abuso y también golpes en otros lugares del cuerpo que denunció en su presentación ante la justicia.

Además, en la casa de la mujer se halló material biológico del hombre, que cuando se enteró de que había sido denunciado se entregó a las autoridades y no negó lo que denominó "una relación sexual".

Al momento de analizar las pruebas, el juez Mingarini, expresó: "Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba".

"Con esto no quiero decir que la víctima esté mintiendo ni que esté mintiendo el imputado, lo que quiero decir es que la evidencia nos deja con un análisis de posibilidad para concluir, pero no de que probablemente esto haya ocurrido como ha sido relatado"

RODOLFO MAGRINI, JUEZ

"La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda", agregó el magistrado, quien luego admitió la posibilidad de "que haya habido esta relación no consentida".

"Es posible, pero no tenemos suficiente evidencia para considerarla probable", continuó.

La víctima dijo durante la audiencia de casi dos horas que al agresor lo conocía de vista, por haberlo visto en el barrio, pero que no sabía su nombre.

En principio la policía detuvo a un sospechoso que la víctima no reconoció y recién pudo ser identificado porque una conocida suya lo localizó en la red social Facebook.

A su vez, el acusado dijo en su descargo que con la denunciante tenían "una relación".

El magistrado manifestó que la mujer "por un lado dice que lo conoce, por otro dice que lo desconoce totalmente, y se llega (a identificarlo) precisamente por unos registros fotográficos".

"Con esto no quiero decir que la víctima esté mintiendo ni que esté mintiendo el imputado, lo que quiero decir es que la evidencia nos deja con un análisis de posibilidad para concluir, pero no de que probablemente esto haya ocurrido cómo ha sido relatado", añadió Mingarini.

El juez señaló luego que no puede meterse "en una cuestión que hace a la intimidad de una persona adulta, no con estas evidencias".

"Evidencias que son todas posteriores y esto, aclaro, tiene que quedar siempre con una mirada desde un lugar que tenemos que tener los magistrados respecto a la condición de mujer", agregó.

Sobre los exámenes médicos a los que fue sometida la mujer, dijo: "Las lesiones que tiene a nivel genital no se condicen con un acceso carnal, una penetración forzada, sino que tenemos que atenernos a lo que nos dice la víctima".

También valoró que el acusado "se presenta voluntaria y espontáneamente y sin ser acompañado por ningún profesional ni de confianza ni asistido por la defensa pública porque precisamente había tomado conocimiento que estaba tratando el personal policial de ubicarlo".

En ese sentido, el juez opinó que "si el imputado hubiera estado pensando de que había cometido este hecho tan grave, aún si así hubiera sido, se presentó, se puso a disposición de las autoridades judiciales a través de la policía. Se presentó espontáneamente, esto debe ser valorado".

"El entorpecimiento probatorio, a esta altura si hubiera querido realizar algún tipo de conducta o acción para interferir para que luego la víctima en un juicio oral y público no declare, ya lo habría podido hacer, estamos hablando de una mujer que vive sola, y por otro lado tengo que valorar que se presentó espontáneamente", concluyó el juez.

El juez de Garantías de Gualeguaychú, Ignacio Boris Telenta, explicó la decisión de no entregar un auto decomisado pedido por un condenado para poder llevar a su hija a un hospital para un tratamiento oncológico. Aseguró que tal medida es jurídicamente imposible, y precisó que el vehículo fue entregado a un centro barrial donde se trabaja para la contención de personas en situación de vulnerabilidad social. Asimismo, consideró que las limitaciones ante el problema de salud de la menor deben ser subsanadas por los organismos estatales del lugar donde vive. Al tiempo que lamentó que señalaran el no cumplimiento de tratados internacionales en su resolución.

En respuesta al planteo del abogado que representa al condenado que realizó la solicitud, Horacio Barreto, Telenta informó "a la ciudadanía entrerriana" en un escrito enviado a UNO a través del área de Prensa del Poder Judicial provincial, el trámite judicial.

En la nota publicada este miércoles se informaba que una chica de 15 años que padece cáncer debe asistir una o dos veces por semana al Hospital Italiano de Buenos Aires para el tratamiento. Su padre fue condenado a prisión condicional por partícipe secundario de un asalto ocurrido en Gualeguaychú, y además le decomisaron el auto. Ahora, necesitan el vehículo para trasladar a la menor desde su vivienda en la localidad de San Miguel (provincia de Buenos Aires) hasta el nosocomio, por el peligro fatal que implica para ella el uso de transporte público en medio del peor momento de la pandemia del Covid. Por esto, el condenado pidió su devolución, amparado en los derechos humanos, del niño y de la salud, pero el juez Telenta lo rechazó "in límine".

El juez señaló que la condena fue tras un juicio abreviado al que arribaron la Fiscalía con R.M.S., asistido por Barreto. "Es importante destacar que en el procedimiento abreviado, la defensa acuerda con el fiscal la pena en orden al reconocimiento expreso del acusado de su participación en el hecho delictivo". Es decir que el hombre confesó el delito y aceptó la pena.

"El hecho fue calificado como robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se tiene por acreditada, en carácter de cooperador, imponiéndosele una condena de dos años y seis meses de prisión condicional, con reglas de conducta por igual plazo de la condena y, además, como pena accesoria el decomiso del vehículo secuestrado", indicó el magistrado.

En este sentido, explicó que "conforme las disposiciones del artículo 23 del Código Penal las cosas que han servido para cometer el hecho y las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, deben ser decomisados en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios".

"En razón de ello -agregó-, al encontrarse la sentencia del juicio abreviado firme, no resulta jurídicamente posible, una vez decomisado el bien, devolverlo al anterior dueño como lo pretendió el peticionante".

Por esto, agregó que "es importante destacar que en el presente caso aplica la doctrina de los propios actos (...) al advertir que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz".

En cuanto al Chevrolet Prisma que R.M.S. ha reclamado, Telenta informó que "el vehículo fue entregado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con afectación exclusiva para el Centro de Acceso a la Justicia que funciona dentro del Centro Barrial Hogar de Cristo Barrio La Cuchilla, sito en calle Juan B. Justo 525 de Gualeguaychú".

Por otro lado, en cuanto a la situación de salud de la hija del condenado, el juez de Garantías dijo: "Lamento profundamente que luego de que la sentencia adquiera firmeza y no haya remedio procesal alguno para modificarla, la defensa haya informado que la hija de R.M.S. transita una grave enfermedad, pero esta situación no puede cargarse al Poder Judicial de Entre Ríos ni tampoco habilita a soslayar que se hayan desoído tratados internacionales suscritos por la República Argentina".

Por ello, Telenta consideró que "para la adecuada atención de la menor se deberá acudir a los organismos estatales de la jurisdicción donde esta reside". Es decir que la familia debería ir a pedir una solución al problema del transporte al Municipio de San Miguel o Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo.

Por último, el juez entendió "no menos importante" dar a conocer el hecho por el cual el bonaerense fue condenado. Se trató de un violento asalto ocurrido en Pueblo General Belgrano, donde sustrajeron 450.000 pesos, entre otros elementos, para el cual R.M.S. aportó el vehículo y tareas de inteligencia previa.

La resolución en la cual Telenta rechazó "in límine" el pedido de devolución del auto será apelada por Barreto ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. Se trata de una discusión que seguramente seguirá en las siguientes instancias judiciales. Mientras, la chica deberá seguir esperando una resolución definitiva, aunque la enfermedad que padece no entiende de tiempos.

Ayer, se desarrolló en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos la tercera jornada del jury al juez de Paz de Gualeguay, Sebastián Salem. Este miércoles pasaron otros 7 testigos que fueron convocados por la defensa del magistrado y, posteriormente, Salem ejerció su derecho de defensa: En total declararon 27 personas ante el Jurado de Enjuiciamiento que preside el senador Armando Gay (Frente Creer), y el magistrado.

Durante la primera jornada que fue el lunes, testimoniaron la secretaria, Sabina Almada, y la escribiente Carolina Almeida. Ambas refirieron a situaciones puntuales y describieron el clima laboral en el Juzgado de Paz. Puntualizaron sobre las denuncias que hicieron por maltrato y discriminación por razones de género y la sobre carga laboral. Los relatos que siguieron ese día fueron en el mismo sentido.

En cambio este martes y miércoles tuvieron la oportunidad de deponer casi 20 personas en favor de Salem quien, junto a su abogado Ladislao Uzín Olleros, siguió con atención todo lo que se dijo en el salón.

Cabe señalar que el Jurado de Enjuiciamiento es integrado por los jueces Daniel Omar Carubia, Marcela Davite, y Guillermo Bonabotta; el diputado provincial Gustavo Zavallo (Frente Creer-Viale); y los representantes del Colegio de la Abogacía, Luis María Campos y Sonia Rondoni. Y por el Ministerio Público Fiscal participa el procurador General Jorge Amílcar García.

El debate se retomará este jueves a las 9, con los alegatos de las partes.

El juez Sebastián Salem declaró al mediodía: "La estoy pasando mal, yo también he ido a psicólogos y psiquiatras. Me siento muy vapuleado".

Salem aseguró que su trato con los empleados del Juzgado fue "normal". Dijo que el volumen de trabajo era significativo en el Juzgado, y que las personas que iban a los tribunales llegaba al Juzgado de Paz porque no había mesa de entradas y el Juzgado estaba al frente del edificio.

"La secretaria Almada dijo que no hacía las estadísticas cuando estaba en Colón. Pero esa era una tarea de ella, cuando me planteó le dije que el técnico informático la ayudaría. Finalmente lo pudo hacer y cuando no estaba ella se hacía en mi computadora. Cuando se quejó por la estructura del edificio me ocupé de eso. Iniciamos trámites ante el Superior y nos reubicaron", afirmó.

En cuanto a los expurgos de expedientes, marcó que fue una orden del STJ. "Muchos expedientes tenían 40 años y no estaban ni cargados al sistema. Estaban en un armario en el patio, había que cargarlos al sistema. Se molestaron porque estaban sucios. Pero el tema de los ratones no me consta. No puedo afirmar eso".

Agregó que cuando inició 2020, Almada "comenzó a pedir licencias desde febrero consecutivamente hasta 27 de mayo". "Licencias psiquiátricas emitidas por un galeno que con mi defensor después advertimos que no estaba habilitado para eso. En marzo pidió traslado a mis espaldas, pero no la aceptaron no sé por qué motivos. En abril, a instancia de jerarquía había que hacer un informe sobre su desempeño y lo hice negativo. Es que no atendía al público, lo hacía de mala manera, en más de una oportunidad hablaba por teléfono y no atendía a la gente. Ese informe negativo motivó la denuncia por violencia de género. Hacía salidas intempestivas, se iba a fumar al patio y la gente quedaba esperando su firma", contraatacó.

"Fueron momentos complicados. Después de esa situación, el STJ decidió abrir una amplia información sumaria. Fui en carácter de testigo y me terminaron imputando. No entendía, es nula la situación. Seguí adelante y cuando la hicieron volver a Almada porque se agotaron sus licencias fue para peor. A partir de ese momento todos los errores, pequeños e involuntarios me los atribuían a mí. Era molesto vivir en discordia", subrayó.

Antes que ejerza su defensa Salem, pasaron los últimos testigos convocados por la defensa. De ese modo se escuchó a los abogados Alberto Ramón Lesca; Lautaro Varisco; Francisco Perié; Ángel Santiago Sap; Raúl Berisso; Luis Mac kay; y Jorge Guercovich. Al igual que este martes, todos estuvieron de acuerdo en el buen concepto profesional y laboralmente de Salem.

Fuente: Análisis Digital

El Jurado de Enjuiciamiento debate desde ayer, en el juicio que se lleva adelante al juez de Paz de Gualeguay, Sebastián Salem, denunciado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), a partir de la presentación realizada por la secretaria Deolinda Sabina Almada y por la escribiente María Carolina Almeida, ambas de dicho Juzgado de Paz, por violencia de género laboral, maltrato y hostigamiento.

Las audiencias se desarrollarán durante toda esa semana en el Salón de Actos del STJ, y en virtud de la declaración de la pandemia COVID-19 y las medidas de distanciamiento social vigentes, serán transmitidas en vivo y en directo por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ.

Durante el transcurso del juicio está prevista la declaración de 20 personas.

En esta causa el Jurado de Enjuiciamiento está presidido por el Senador Provincial Armando Gay y está integrado por Daniel Omar Carubia, Marcela Davite, Guillermo Bonabotta, el diputado provincial Gustavo Zavallo, y los representantes del Colegio de la Abogacía, Luis María Campos y Sonia Rondoni.

Por el Ministerio Público Fiscal participan el procurador General Jorge Amilcar García y el defensor técnico de Sebastián Salem es el abogado Ladislao Uzín Olleros.

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió ordenar la formación de causa a la denuncia presentada por el STJ contra Salem, quien el 11 de noviembre de 2020, luego de ser notificado, quedó suspendido en sus funciones hasta el veredicto definitivo.

Conforme el procedimiento previsto en la Ley N° 9283 -texto según Ley N° 9513-, el Ministerio Público Fiscal llevó adelante la acusación contra el juez denunciado, a quien se le corrió vista para que ejerza su derecho de defensa.

Luego de las audiencias de debate se concluirá con el veredicto -absolución o destitución- que dictará el Jurado.

Las audiencias se desarrollarán durante toda esa semana en el Salón de Actos del STJ, y en virtud de la declaración de la pandemia COVID-19 y las medidas de distanciamiento social vigentes, serán transmitidas en vivo y en directo por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ.

Durante el transcurso del juicio está prevista la declaración de 20 personas.

En esta causa el Jurado de Enjuiciamiento será presidido por el senador provincial Armando Gay y estará integrado por Daniel Omar Carubia, Marcela Davite, Guillermo Bonabotta, el diputado provincial Gustavo Zavallo, y los representantes del Colegio de la Abogacía, Luis María Campos y Sonia Rondoni.

Por el Ministerio Público Fiscal participará el procurador General Jorge Amilcar García y el defensor técnico de Salem será el abogado Ladislao Uzín Olleros.

• Antecedentes

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió ordenar la formación de causa a la denuncia presentada por el STJ contra Salem, quien el 11 de noviembre de 2020, luego de ser notificado, quedó suspendido en sus funciones hasta el veredicto definitivo.

Conforme el procedimiento previsto en la Ley N° 9283 -texto según Ley N° 9513-, el Ministerio Público Fiscal llevó adelante la acusación contra el juez denunciado, a quien se le corrió vista para que ejerza su derecho de defensa.

Luego de las audiencias de debate se concluirá con el veredicto -absolución o destitución- que dictará el Jurado. (APFDigital)

Indemnizarán a una mujer por los trabajos domésticos re

Mediante un fallo con perspectiva de género y que puede sentar jurisprudencia, un juez civil y comercial de los Tribunales provinciales de Rosario le reconoció una indemnización y compensación a una mujer por los trabajos domésticos que realizó durante los siete años de convivencia con su pareja. El fallo no es inédito pero registra pocos antecedentes en el fuero local.

La compensación que deberá acordar su ex pareja es del 25 por ciento del valor de todos los inmuebles que tiene a su nombre y que fueron adquiridos cuando convivían como pareja.

El juez que le reconoció el valor del trabajo doméstico que realizaba la mujer en la relación de pareja es el juez en lo civil y Comercial de Rosario, Marcelo Coaglia.

Al dictaminar su fallo el magistrado no solo tuvo en cuenta esto sino también que la mujer, de 32 años y que convivió 7 años con esa pareja, había colaborado económicamente para la compra de un inmueble y para las mejoras posteriores, así como para cambiar el automóvil.

En el marco de la finalización de una unión convivencial, el juez resolvió que el hombre no solamente reconozca económicamente el aporte de capital que hizo ella, sino también los quehaceres que realizaba en el hogar.

A la hora de fundamentar la sentencia, el juez se basó en un artículo del Código Civil que afirma que "tiene un fuerte valor económico" que la mujer dedique tiempo en la casa en la sociedad actual .

La pareja no tenía hijos, no estaban casados ni habían inscripto en el registro su unión convivencial pero, con material probatorio y testigos, la mujer logró demostrar la convivencia.

La Justicia determinó que el hombre debe negociar y pagarle a su pareja el 25 por ciento de todos los bienes.

"Se trata de una pareja que convive entre 7 y 8 años compartiendo un proyecto de vida en común. Con aporte de ambos adquieren un inmueble, al que le realizaron muchas mejoras, y un automóvil", relató la abogada María Belén Marzetti.

"Por razones de comodidad estos bienes fueron inscriptos con la titularidad del hombre. Pero la mujer había hecho aportes de dinero por ingresos que tenía por trabajar en el negocio familiar de sus padres, además de los quehaceres domésticos y todo lo referido a la organización del hogar. Y además le dio a su pareja la posibilidad de trabajar con tranquilidad y de que el hombre incrementara su patrimonio", destacó la joven letrada en diálogo con Telefe Rosario.

Tras fijar la compensación, ahora el demandado tiene que hacer presentar una propuesta para establecer cómo abona esa suma de dinero.

El fallo tiene perspectiva de género, sienta jurisprudencia y marca el camino para que otras mujeres se animen a reclamar una compensación económica por las tareas domésticas realizadas en el marco de una relación de pareja.

"Afortunadamente contamos con funcionarios judiciales que tienen en cuenta la perspectiva de género al momento de tomar las resoluciones", argumentó la abogada.

alizados en su casa

La audiencia se llevará a cabo en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia, ubicado en el segundo Piso del Edificio de Tribunales de la ciudad de Paraná.

La misma se realizará durante varias jornadas, concluyendo con el veredicto -absolución o destitución- que dictará el Jurado, integrado por los Dres. Marcela Davite, Daniel Omar Carubia, Bonabotta Guillermo, Gustavo Zavallo, Armando Guy, Luis María Campos y Sonia Rondoni. Por otro lado, las audiencias serán transmitidas en vivo, por lo que toda la comunidad podrá acceder en forma remota a las instancias del juicio.

Recordemos que el Juez de Paz, se encuentra suspendido en sus funciones desde el día 11 de noviembre de 2020, por decisión del Jurado de Enjuiciamiento. Y que las denuncias en su contra, tuvieron origen en las presentaciones efectuadas por la Secretaria del Juzgado, y por una empleada (en 2018 y 2019), ambas integrantes de dicho Juzgado de Paz, contra su titular. Las causales de las denuncias fueron violencia de género laboral, maltrato y hostigamiento.

Dos fueron las denuncias perpetradas contra el funcionario, quienes lo denunciaron por violencia y hostigamiento laboral. Las denuncias fueron elevadas al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en el año 2018 y 2019; y a fines de 2019 se constituyó el Jurado de Enjuiciamiento para la tramitación de la causa.

En vista de los hechos y considerando que la Junta Médica del propio STJ y del Ministerio de Trabajo dictaminó la existencia de violencia laboral, el Alto Cuerpo no tuvo más que pronunciarse reconociendo la "gravedad de la situación" en Gualeguay, otorgando licencia a ambas funcionarias, argumentado hacerlo en protección de su salud física y mental, manteniendo a Salem en funciones y disponiendo que se le asigne personal de sexo masculino.

Finalmente, luego de una lucha incansable por parte de las víctimas, el Juez fue suspendido y las denunciantes pudieron reintegrarse al Juzgado de Paz para cumplir sus funciones.

Concluyendo, el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos ha dictado un precedente histórico a nivel provincial, resolviendo la suspensión en sus funciones a un Magistrado acusado de violencia y maltrato laboral contra dos mujeres, reivindicando de este modo los derechos de las denunciantes.

Finalmente, resta esperar el veredicto del Jury, quien tiene la oportunidad de sentar un importante precedente en el marco de una causa de violencia de género iniciada contra un integrante del Poder Judicial de Gualeguay.-

En la tarde de este martes, el juez Mauricio Mayer decidió rechazar los planteos de la defensa del exgobernador y actual embajador de Israel, Sergio Urribarri, por lo que dispuso avanzar con la investigación judicial que concluya en el juicio correspondiente.

Esta mañana se realizaba la audiencia, en la cual el exmandatario se defendió de las acusaciones formuladas por la fiscalía, por lo que reclamó en ese momento, el sobreseimiento.

Los abogados defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, realizaron un extenso alegato marcando que al momento de las fechas enrostradas a Sergio Urribarri, él se encontraba de licencia como ministro de Gobierno.

Además, se puntualizó que los organismos de contralor no habían encontrado irregularidades en sus monitoreos.

Los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, respondieron las críticas con información y datos que llevaron, tras un cuarto intermedio al juez Mayer, a rechazar el planteo de Urribarri.

El juez señaló que el pedido de licencia, no es suficiente para no tener contacto con el cargo que tenía en ese entonces el exministro. Entendió que Urribarri seguía siendo ministro. Sumado a otros puntos que fueron aclarados en la audiencia, es que llevaron a que el magistrado avalara lo formulado en la investigación fiscal.

Además, reclamó ir cerrando la investigación penal preparatoria, para que la causa sea deliberada en el juicio correspondiente.

Mayer alertó que el Estado Argentino está comprometido en atacar la corrupción e investigar este tipo de delitos".

Recalcó el juez que para dictar un sobreseimiento se debe tener certeza respecto a que los hechos no ocurrieron y/o que el acusado no tuvo vinculación con los hechos.

Y en la audiencia, la fiscalía "aclaró varios de los puntos criticados por la defensa de Urribarri".

La Justicia de La Paz condenó a seis meses de prisión condicional y dos años de reglas de conductas a Diego Alejandro Núñez, de 33 años, quien admitió que golpeó a dos exparejas. El delito por el que se lo encontró culpable es el de lesiones leves agravadas en concurso real. A raíz de que su pena es condicional, no irá preso.

En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, reconoció hechos de violencia contra dos mujeres, con quienes tuvo una relación en el pasado. El acuerdo fue presentado por el fiscal Facundo Barbosa, el defensor oficial del imputado, Martín Millán, y contó con el consentimiento de las víctimas.

La primera agresión que admitió el condenado ocurrió el 13 de febrero de 2019, cuando aproximadamente a las 22, se presentó en la casa de una de ellas y la hirió con golpes de puño en la cara y en el estómago. La mujer fue defendida por vecinos y familiares del agresor.

El segundo hecho sucedió el 19 de septiembre de 2020, cuando en horas de la noche, en el ingreso a una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Nacional N° 12, interceptó a otra joven y la golpeó en el rostro.

Según pudo averiguar La Sexta, la sentencia contra Diego Alejandro Núñez fue emitida el 11 de febrero por el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo.

Al dictar la condena, el juez evaluó como atenuantes a la pena "la actitud posterior al delito consistente en que el imputado acepte y reconozca su culpabilidad por el hecho atribuido en el procedimiento de juicio abreviado", "la carencia de antecedentes penales según el Informe del Registro Nacional de Reincidencia del acusado; el grado de educación alcanzado por el imputado -instrucción primaria incompleta-, su condición socioeconómica y su problemática vinculada al consumo de bebidas alcohólicas".

Además de los seis meses de prisión condicional, el juez le impuso dos años de reglas de conducta, que incluyen la realización por parte del imputado del curso de Reeducación Emocional, brindado por el Área de la Mujer de la Municipalidad de La Paz; la abstención de realización de actos molestos, intimidatorios y/o perturbadores en relación a las víctimas; la prohibición de acercamiento a una distancia menor de cien metros del domicilio, lugares de estudio, esparcimiento o habitual concurrencia de las víctimas; la prohibición de mantener contacto personalmente por si mismo o por interpósita persona -hijos en común- y/o por cualquier medio y la de pasar y permanecer en la puerta de su domicilio; y la realización de una entrevista diagnóstica acerca de la necesidad de asistir al curso en el GIA de La Paz (E.R.) de rehabilitación sobre el alcoholismo, debiendo -en su caso- acreditar su no necesariedad o la realización del mismo.

El acusado es Jacobo Almada, mató Mariela Costen en Entre Ríos y beneficiado por el magistrado Eduardo Degano. Su nueva víctima que pelea por su vida fue la garante para que quede arrestado en su casa

"Es difícil creer que los imputados puedan producir más daño a la investigación. Estimo procedente la prisión domiciliaria".

La frase pertenece a una resolución del 5 de octubre pasado en la que el juez de garantías de Entre Ríos Eduardo Degano envió a su casa a Jacobo Almada, principal acusado de haber asesinado a la ama de casa Mariela Costen en un intento de robo en Concordia. A pesar de que tenía antecedentes, que la pena en expectativa es de reclusión perpetua y qué hay sobradas pruebas en el expediente, el magistrado resolvió la domiciliaria con un fundamento insólito: el retraso de un trámite. Si bien efectivamente no se comprobó que haya afectado a la investigación, en las últimas horas el acusado hizo algo mucho peor. En la madrugada del sábado, tomó un cuchillo de cocina y se lo incrustó en el pecho a su mujer que ahora pelea por su vida.

Su nueva víctima, insólitamente, fue la garante para su prisión domiciliaria.

"Pasó lo que todos, menos el juez evidentemente, sabíamos que iba a pasar. No había ninguna razón jurídica ni humana para que el tipo esté en su domicilio. No se había cumplido el tiempo máximo de preventiva, las pruebas en su contra son abrumadoras y tenía antecedentes de haber desobedecido a la justicia. Mientras estuvo en el penal se le inició una causa por querer entrar droga a la cárcel y tenía denuncias de violencia de genero. Sin mencionar que en la zona donde vive no hay señal para la tobillera electrónica. A pesar de todo eso Degano lo deja poco menos que libre", explica una fuente de la causa, visiblemente indignada.

Tal como relató Infobae hace algunas semanas, en la madrugada del 20 de julio del 2019 Almada y un cómplice llamado Félix Batalla interceptaron a Mariela y una amiga cuando salían de una fiesta por el día del amigo. Primero las pusieron contra la pared y luego les quitaron unos pocos billetes que llegaban a $110 según la acusación en su contra. Uno de los asaltantes les dijo "No se den vuelta carajo, no nos miren". Probablemente por un acto reflejo, Mariela, ama de casa de 44 años, giró su cabeza y vio a los ojos a Almada, quien se convertiría en su asesino. En pocos segundos tomó de la cintura un revólver calibre 22 y la ejecutó de un disparo en el rostro.

Luego de algunas semanas de haber estado prófugo ambos acusados fueron detenidos. Las pruebas se empezaron a acumular en el expediente: cámaras de seguridad, el relato de un testigo que vio todo desde lejos, la palabra de la amiga de Mariela que logró sobrevivir y el hecho de que en uno de los allanamientos encontraron la moto con la que escaparon del lugar.

Cualquiera pensaría que ante la cantidad de evidencia y la pena en expectativas para ambos, que es de prisión perpetua, los acusados quedarían alojados en un penal, a la sombra durante mucho tiempo. No fue lo que sucedió en este caso porque se toparon en su camino judicial con una cara que les sería amistosa: la del juez Eduardo Degano.

A pesar de que los dos contaban con antecedentes importantes y, puntualmente, Almada tiene dos juicios pendientes por desobediencia judicial y por balear en la pierna a un vecino, el magistrado de garantías hizo un esfuerzo notable para encontrar un vericueto jurídico que les permitiera a los acusados esperar el juicio en sus casas. Y lo encontró.

Cuando la causa por el asesinato de Mariela estaba a punto de ser elevada a juicio por el fiscal Martín Núñez, los abogados defensores de Almada presentaron un pedido para que se envíe un exhorto a las oficina de Facebook en California con el objetivo de chequear si nadie había influido por ese red social a la amiga de Mariela cuando dio su testimonio.

"Un disparate total. La solicitud es claramente para estirar los tiempos. Todos saben que eso no va a prosperar porque Facebook jamás informa conversaciones privadas de sus usuarios. No lo hizo en causas muchos más grandes, menos en esta", analizaba ante este medio una fuente calificada del expediente.

Quien debía resolver si este pedido era procedente fue otro juez, esta vez el de instrucción, llamado Darío Mautone. A contramano de lo que todos pensaban aceptó la solicitud por lo que el inicio del juicio se retrasó, y bastante. Es que el juez se tomó 9 meses para enviar el exhorto, que en realidad nunca mandó. Según su endeble explicación "se le traspapeló".

Con el fiscal Núñez quejándose por la cantidad de tiempo perdido, la Cámara de Casación Provincial le ordenó esta vez a Degano, juez de garantías, que resolviese de una buena vez sobre el tema del exhorto. También le pidió que tomara una determinación con respecto a los 52 pedidos de prisión domiciliaria que habían hechos los abogados de los acusados.

El dictamen de Degano dejó anonadados a todos. Inclusive a los abogados defensores que ni en sus pensamientos más optimistas pensaban que la resolución les iba a ser tan favorable.

En un documento de 6 páginas, al que pudo acceder Infobae, el magistrado explica que el hecho de que el juez de instrucción "traspapeló" el exhorto a Facebook perjudicó a los dos detenidos: "Que hayan transcurrido 9 meses sin librar el oficio a Facebook atenta contra el plazo razonable de toda investigación lo que provocó en los imputados la denominada 'situación de incertidumbre' debido a que no saben cómo va a terminar el proceso ni muchos menos cuando. Debe recalcarse que una de las garantías con la que cuentan los sospechosos es la celeridad en el proceso", aseveró.

En otro párrafo del escrito, el juez Degano escribe que, según su parecer, los imputados no pueden perjudicar la causa estando en sus casas. Por este motivo firmó la prisión domiciliaria para los dos.

"El magistrado no tomó en cuanta ni las pruebas, ni los antecedentes, solo se basó en que la demora los perjudicó a ellos. Demora que se dio por un pedido imposible de realizar que ellos mismos hicieron", razona una fuente en los tribunales entrerrianos.

En el caso de Almada se designó a una persona como garante de la libertad: su mujer, Norma Morales de 49 años. La misma que ahora lucha en un hospital por sobrevivir al cuchillazo que le dio su pareja en el pecho.

El sábado cerca de las 5 de la mañana la policía de Concordia recibió un llamado de un vecino del barrio La Colina. En la comunicación se hablaba de gritos y peleas entre un hombre y una mujer y señalaron la casa donde Almada pasaba su prisión domiciliaria.

Cuando los efectivos ingresaron se encontraron una escena dantesca. En la humilde vivienda había sangre por doquier, casi todos los muebles desparramados en el suelo: Almada estaba sentado en una silla del comedor. A su lado su pareja, la misma que había dado su consentimiento y había prometido que sería la garantía de que el hombre no se escaparía, se revolcaba de dolor con un cuchillo de cocina enterrado en su pecho.

En su versión de los hechos, Almada dijo que minutos antes unos hombres habían ingresado a su domicilio para agredirlos y los reconoció como familiares de su mujer. No explicó ni dio detalles de porqué esa situación extraña derivó en el apuñalamiento de la mujer que había puesto su firma para que quedara en domiciliaria. Los investigadores creen que miente.

Lo cierto es que ahora Almada quedó nuevamente detenido y su esposa pelea por su vida en un hospital.

Mientras tanto, insólitamente, el juicio por el asesinato de Mariela Costen sigue sin tener una fecha cierta. Los pedidos de justicia y reclamos en los tribunales de los familiares de la víctima siguen adelante pero hace pocos días sufrieron un golpe duro. Esther Sagradini, la mamá de Mariela, murió de un ACV.

"Mi mamá no tenía ninguna enfermedad previa. Esto sucedió luego de la mala sangre y el disgusto que le dio saber que los asesinos de su hija se iban a la casa. Se murió de tristeza. Estos jueces son tan asesinos como los que apretaron el gatillo", dice a este medio Silvina, la hermana de Mariela.

Con consignas claras pidiendo la salida de Entre Ríos del grupo que lidera Juan Grabois, se realizó en la tarde de este domingo, el denominado " banderazo" en favor de los hermanos Etchevehere y de su madre, que se encuentran en un inusitado conflicto judicial. Todo este problema, se inició con la denominada causa Etchevehere en sede judicial.

Campo de Etchevehere

Pese a la intensa lluvia, llegaron productores de gran parte de la provincia. En el lugar en un acoplado de levantó una especie de palco cubierto con todos de camión.

En las explicaciones, hubo aclaraciones sobre lo sucedido en las sucesivas audiencias, donde el juez Raúl Flores, rechazó el planteo de desalojo formulado por la querella y la fiscalía.

Luis Miguel Etchevehere fue el más firme a la hora de los discursos. "Nosotros no somos, ni seremos violentos, acudimos a dónde sea necesario para reclamar nuestros derechos. Los que sí han demostrado ser violentos, son ellos. Que sepan que a los que protegen a estos tipos, no les tenemos miedo, no le tenemos miedo a los del Gobierno nacional y a Cristina Kirchner".

En lo judicial, el juez de La Paz convocó a una audiencia de conciliación, que fracasó, ante la ausencia de los hermanos y la madre. Por ello, es que el magistrado solicitó una serie de medidas para que sean respondidas por las partes en conflicto.

Sin embargo, la parte de los hermanos, como solicitó el apartamento del juez, es que esperará que se defina la cuestión, para luego seguir con el camino de la Justicia.

Tras una semana de conflicto, con versiones, declaraciones cruzada, movilización y acampe de productores, hubo una primera resolución judicial por el campo de la familia Etchevehere, ubicado en la zona de Santa Elena.

El juez subrogante de La Paz Raúl Flores resolvió hoy no hacer lugar la medida cautelar del art. 75 del CPPER (desalojo) peticionada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa y la querella representada por Rubén Pagliotto, contra los sindicados en la I.P.P. N° 16.614; por los fundamentos expuestos precedentemente y art. 181 C.P.

En la resolución dada a conocer este mediodía, el juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, estableció "no hacer lugar a la medida cautelar del artículo 75 del CPPER (desalojo), peticionada por la Fiscalía (Sobko y Bessa) y la Querella (Pagliotto)" y sostuvo que "tener presente la familia Etchevehere el ofrecimiento de poder pensar una solución pacífica, armónica, desde el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta entonces".

En su resolución, el juez Flores indicó que "para ser válidamente despachada la medida cautelar de desalojo del inmueble, se exige la "verosimilitud del derecho" en que se funda, lo que no ha podido ser acreditado por la Fiscalía ni Querella, con la provisoriedad que el caso amerita, sin perjuicio de que oportunamente, y con el avance de la causa, o en el decurso del debate, se acrediten los requisitos exigidos; en tanto al momento la duda favorece al sospechado", explicó el magistrado. En su resolución, el juez Flores indicó que "para ser válidamente despachada la medida cautelar de desalojo del inmueble, se exige la "verosimilitud del derecho" en que se funda, lo que no ha podido ser acreditado por la Fiscalía ni Querella, con la provisoriedad que el caso amerita, sin perjuicio de que oportunamente, y con el avance de la causa, o en el decurso del debate, se acrediten los requisitos exigidos; en tanto al momento la duda favorece al sospechado", explicó el magistrado.

Por otra parte, la resolución aclara que "no hace a la cuestión resuelta, por ello, pido disculpas a las partes su mención, pero mi formación judicial desde "el derecho de las familias", me lleva a la necesidad de ofrecer a los hermanos Etchevehere, poder pensar una solución pacífica, armónica, desde el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta entonces, y con la ayuda de operadores bien intencionados, evidenciando con el ejemplo que todo esto es material y por lo tanto, quedará en la tierra", señala el juez.