El Gobierno de Entre Ríos recusó al juez Juan Francisco Malvasio, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, en cuyo despacho recayó el amparo colectivo presentado por un grupo de padres de niños que asisten a comedores escolares, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la ONG ambientalista Fundación Cauce. A través de esa acción judicial, los denunciantes buscan que la Justicia frene la implementación del sistema de compra centralizada de insumos que licitó el Ministerio de Desarrollo Humano y que fue adjudicado a la firma Teknofood SA.

En el escrito, la Provincia sostuvo que el magistrado "ha afirmado anticipadamente que los productos cuestionados poseen una aptitud dañosa, y así ha mandado a publicar información sobre el pleito, lo que irremediablemente lleva a esta parte a detectar prejuzgamiento". El planteo incorpora además un segundo argumento, que según el propio texto "complementa lo dicho" y "torna aún más evidente la afectación de la necesaria imparcialidad" del juez.

La causa se originó el 31 de julio, cuando padres de alumnos, junto a Agmer y la Fundación Cauce, presentaron una acción de amparo colectivo para impedir la puesta en marcha del nuevo esquema de compras centralizadas, que preveía la contratación de un único proveedor para abastecer los desayunos y meriendas escolares en toda la provincia. Los amparistas sostuvieron que el Gobierno se había limitado a exigir un aporte calórico y proteico fijo, lo que habilitaba la inclusión de productos ultraprocesados en lugar de alimentos frescos o mínimamente procesados.

El 5 de agosto, Malvasio hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó a la Provincia abstenerse de distribuir en las escuelas productos con sellos de advertencia por exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales o calorías, al considerar que varios de los alimentos ofrecidos por Teknofood SA resultaban incompatibles con la Ley de Etiquetado Frontal. El fallo también dispuso restablecer de manera provisoria el mecanismo de compras descentralizadas que regía anteriormente en cada establecimiento.

Tras conocerse la resolución, el Gobierno provincial anunció que apelaría la medida y remarcó, a través de la Fiscalía de Estado, que se trataba de una decisión "provisoria" y no de una sentencia sobre el fondo de la cuestión, además de ratificar que continuaría garantizando la alimentación de los alumnos en todos los establecimientos mientras avanzara el proceso judicial.

El recurso de apelación derivó en que el expediente fuera elevado al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con efecto devolutivo, lo que implica que la suspensión del nuevo sistema se mantiene vigente mientras el máximo tribunal provincial analiza la causa. Por su parte, los querellantes solicitaron a ese cuerpo que declare la nulidad tanto de la resolución que concedió la apelación como de la elevación del expediente, al considerar que fueron dispuestas en contradicción con la normativa vigente. De momento, el nuevo esquema de provisión no entró en vigencia, pese a que estaba previsto que comenzara a regir este mes de agosto.

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, utilizó su cuenta de Instagram, que tiene acceso restringido ya que no es pública, para exponer la decisión de juez un que dispuso el traslado de un interno desde la Unidad Penal de Victoria para que pueda visitar a su pareja, en la provincia de Buenos Aires, y que utilizó ese viaje para fugarse.

Se trata del juez de Garantías de Gualeguaychú, Ignacio Boris Telenta, que resolvió autorizar la visita de un interno de la cárcel de Victoria para visitar a su pareja, que vive en la provincia de Buenos Aires, y que padecería un cáncer terminal. La decisión del magistrado contó con dictamen favorable de la fiscal Natalia Bartolo, de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú.

“El juez de feria, Dr. Ignacio Telenta de Gualeguaychú, dispuso el traslado de un condenado por delitos contra la propiedad mediante el uso de armas a la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, donde por el término de dos horas debía tomar contacto con su pareja, en virtud de hallarse enferma. Esta medida la debía cumplimentar el Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos desde la Unidad Penal Nº 5 de Victoria. Se trata del interno Luis Alberto Saavedra”.

Fuente: entreriosahora.com

Recordemos que son muchas las versiones que se están dando a conocer, entre ellas las de sus familiares y amigos quienes afirman que la justicia ignoró algunos puntos de la investigación y  aseguran que todo lo que sucede es una absoluta injusticia.

Por este motivo es que organizaron el abrazo simbólico al Juzgado días atas y que hoy vuelven a convocar al pueblo de Gualeguay para realizar uno nuevo. 

En este marco, convocan para hoy sábado 5 de noviembre a las 20.00hs a una nueva concentración totalmente pacífica “en acompañamiento a la injusticia hacia Juan Casualde y la vulneración sobre el derecho de los niños”

Por ello dialogamos con Flavia Portel y Juan José Casualde, esposa y padre de Juan, para que nos brinden más detalles al respecto. 

“Esperamos mucho acompañamiento como el de la vez pasada, la verdad que mucha gente nos acompañó y eso nos puso muy contentos porque sabemos que Juan tiene mucho apoyo, aparte todos sabemos quién es, asique agradezco a todos los que fueron”, comenzaba diciendo Flavia. 

Al tiempo que aseguraba “Juan está al tanto del abrazo, está muy agradecido, siempre me pide que no bajemos los brazos, que sigamos por él, pero más que nada por los hijos. Porque lo de él está mal que mal encaminado, lo que lo tiene preocupado es el tema de los nenes, asique estamos luchando por eso también”

“Quiero aclarar que no es un caso de violencia, hay gente que comenta y no sabe y es una pena, que no se da cuenta que hay una familia de fondo luchando”, solicitaba Flavia. 

Y continuaba “también quiero aclarar, con respecto a las palabras del Juez de Familia que dijo que estaban trabajando en eso, la verdad que no lo notamos nosotros, porque no hemos tenido respuesta alguna en lo que respecta al caso de Juan y de su familia”

En este marco, Juan José Casualde, padre de Juan agregaba “el Juez hizo algunas declaraciones que, según comentarios que me llegaron, dejó mucho que desear en lo que declaro, ya que no fueron declaraciones muy claras. Y por este motivo volveremos a hacer un abrazo simbólico, el mismo no es para defender a mis nietos solamente, que yo justamente hace un año ya que nos los veo, sino por todos los chicos de la ciudad”

Prosiguiendo “pedir por los chicos que están pasando por esta situación y también por la injustica que creemos que Juan está pasando y que lo hacen estar donde está”

Asimismo finalizaba “hay muy buena respuesta del pueblo de Gualeguay, la mayoría está de nuestro lado, nosotros buscamos justicia, que los jueces actúen como deben actuar y hagan cumplir las leyes”

El Tribunal de la Sala Nº 3 de Trabajo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) ratificó la vocación cultural de ser parte del patriarcado “machirulo” y ratifica que además de ser obligatoria la capacitación de la Ley Micaela, debería ser aprobada y no solo cursada.

Esa instancia encontró culpable al juez Juan José Ardoy -a cargo del Juzgado Laboral Nº 3 de Concepción del Uruguay- del delito de violencia sexual y laboral contra una empleada judicial que lo había denunciado por acoso.

La contundencia de la denuncia y las pruebas presentadas ante el Superior Tribunal, sumado al propio reconocimiento del abusador, motivó que el tribunal lo encontrara culpable, publicó el diario Página/12.

No obstante, en lugar de iniciar un Jury para su desplazamiento y proteger a la víctima (lo que debería ser natural), la Sala N° 3 sacó pecho de gorila y optó por darle un mes de suspensión sin goce de haberes y que realice una capacitación en el tema de género en el marco de la Ley Micaela, algo que es obligatorio para agentes de los tres Poderes del Estado. Es decir, los brutos de la Sala N° 3 sancionan a un juez con una medida que para el juez es obligatoria por ser funcionario público. Una burla al ciudadano.

Mientras tanto, la Sala 3 ordenó que la víctima sea trasladada desde el cargo de jefa de despacho, para el que había concursado, y pase al fuero de Familia. ¿Se entiende? En vez de iniciar un Jury al juez agresor y confeso, ordenan trasladar del cargo ganado por concurso a la víctima.

“Tengo escasas expectativas de que se haga justicia, pero sigo sintiendo que vale la pena no callar, aun cuando el propio sistema en el que trabajo se arraiga en bases del patriarcado”, expresó la víctima.

En Entre Ríos hay un antecedente y es el caso del juez de Paz de Gualeguay, Eduardo Salem, que luego del Jury se destituyó al magistrado por ejercer violencia, maltrato y hostigamiento hacia dos empleadas de ese Juzgado. Pero, en este caso, a pesar de todas las pruebas, no se ha iniciado el proceso de Jury lo que podría implicar una protección al juez acosador y un mal mensaje para los demás hombres violentos.

El caso

Los hechos denunciados y probados comenzaron en 2017, cuando la víctima concursaba para el cargo de jefa de despacho, ocasión en la que comenzó a sufrir insinuaciones de carácter sexual por parte de Ardoy a través de comentarios en la jornada de trabajo y de mensajes de texto por celular. Incluso, previo al examen -siendo ella la única postulante para dicho puesto- el juez le propuso reunirse para dialogar sobre las funciones del futuro cargo.

El juez formulaba estas propuestas de manera verbal y también mediante mensajes que constan en la causa, y donde quedó claramente demostrado cómo le ofrecía beneficiarla en el concurso anticipándole las preguntas del mismo, a cambio de que aceptara sus propuestas sexuales, incluso le habló de la posibilidad de ocupar el cargo de secretaria, siempre a cambio de que accediera a sus pedidos.

Ante el constante rechazo a los avances del juez Ardoy, el acoso sexual se convirtió en maltrato y hostigamiento laboral. El Equipo Técnico Interdisciplinario del STJER que intervino en el caso -integrado por el psiquiatra Javier Ramírez Arduh y las psicólogas Virginia Bravo y Silvia Ermácora- fue categórico. En el informe señalaron: “Cabe destacar el tiempo prolongado en el (la víctima), estuvo sometida a las diferentes formas de violencia en el ámbito laboral, siendo que no se trató de un hecho único sino de múltiples situaciones que, de forma reiterada, configuran una única situación de violencia de género en el ámbito laboral, de tipo psicológica, simbólica y sexual principalmente, en perjuicio de su situación laboral y personal”.

La particular forma de violencia sexual en el ámbito laboral, incluye prácticas y amenazas que buscan causar un daño físico, psicológico, sexual o económico sino se accede a la “exigencia” del victimario. Está claro además en la jurisprudencia argentina, que quien debe ser separado de su lugar de trabajo es quien ocasiona el daño, si este delito se da en el ámbito laboral.

Sin embargo, en el STJER decidieron mantener a Ardoy en su cargo, suspender sus honorarios por un mes (una ganga por la fortuna que perciben todos los meses) y mandarlo a capacitarse en la Ley Micaela (algo que es obligatorio para todo funcionario).

“Yo perdí mi trabajo para el cual había concursado, ya que al momento de la denuncia me transfirieron a un Juzgado de Familia para preservarme y continuar prestando mis tareas”, se quejó la víctima que, no obstante, admite que “la medida limita la reserva de mi puesto como jefa de Despacho sólo al fuero Laboral, impidiéndome así tener la posibilidad de acceder a ocupar dicho cargo en otros fueros, como tampoco contempla la posibilidad de ser nombrada en el lugar donde fui asignada de manera temporaria, en caso de producirse una vacante”, explicó para dar cuenta que la decisión de la Sala 3 también es una expresión de violencia laboral. “Quien denuncie, será castigado”, pareciera ser el claro mensaje de “los supremos”.

Al momento de ser entrevistado por Página/12, el juez Ardoy refirió ser consciente de haber incurrido en una actitud improcedente como de “inconducta” propia de su estructura cultural, disponiéndose a disculparse, poniéndose a disposición para espacios institucionales donde se capacite a los actores intervinientes en el marco de la ley Micaela.

En el informe de los profesionales se indica que luego de entrevistar al juez, éste reconoció “haberse equivocado como hombre en relación a lo sucedido (con la víctima), tanto en lo personal como en el contexto laboral” y es el propio Ardoy, el que admite que realiza tratamiento psiquiátrico, que le han indicado tratamiento farmacológico, “porque se ponía de mal humor e irascible”.

Estos hechos de violencia son además un ejemplo de la violencia simbólica en los lugares de trabajo, lo que puede generar efectos no solo en la salud sino también en la confianza, la moral y el rendimiento de las personas que lo padecen, con consecuencias altamente lesivas para la intimidad y la dignidad de la persona, como también para el entorno laboral.

Según se conoció hace instantes los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, reunidos este lunes a la tarde en Acuerdo General, resolvieron por mayoría destituir al Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay, Sebastián Eduardo Salem, en orden a la causal de destitución del art. 15 inc. 9 de la Ley N° 9283 -texto conf. Ley N° 9513.

Salem, fue denunciado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), a partir de la presentación realizada por la secretaria Deolinda Sabina Almada y por la escribiente María Carolina Almeida, ambas de dicho Juzgado de Paz, por violencia de género laboral, maltrato y hostigamiento.

El Jurado de Enjuiciamiento fue presidido por el senador provincial Armando Gay, el vocal del STJ Daniel Omar Carubia, la vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, Marcela Davite, el vocal de la Cámara Tercera Sala II, Guillermo Bonabotta; el diputado provincial Gustavo Zavallo, y por el Colegio de la Abogacía, Luis María Campos y Sonia Rondoni.

Por el Ministerio Público Fiscal participó el procurador general Jorge Amilcar García y el defensor técnico de Salem fue el abogado Ladislao Uzín Olleros.

Las audiencias del juicio se desarrollaron desde el 15 al 18 de marzo pasado en el Salón de Actos del STJ, y en virtud de la declaración de la pandemia COVID-19 y las medidas de distanciamiento social vigentes, fueron transmitidas en vivo y en directo por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ.