La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, pidió este martes ante el Tribunal Oral Federal la pena de 15 años de prisión para Rubén Alberto Cabra, alias "Petro", acusado de engañar, trasladar y explotar sexualmente a una adolescente en situación de vulnerabilidad oriunda del Chaco. Los hechos ocurrieron en un prostíbulo de Concepción del Uruguay entre 2006 y 2008. Además de la pena, la fiscal solicitó una reparación integral de 63 millones de pesos para la víctima, el decomiso del local comercial y la inmediata detención del imputado.

La investigación se inició en 2019 a partir de una denuncia recibida a través de la Línea 145, derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La víctima fue identificada en 2021. Según la acusación, en 2006 la joven —entonces de 17 años— recibió una oferta laboral engañosa en Villa Ángela, Chaco, y fue trasladada hasta Concepción del Uruguay, donde fue recibida en el prostíbulo Snack Bar, ubicado sobre las rutas 39 y 14. Allí fue obligada a prostituirse bajo un régimen de violencia física y amenazas que se extendió hasta fines de 2008.

En un momento logró escapar con ayuda de un cliente y llegó hasta su casa en Chaco, pero comenzó a recibir amenazas. El propio Cabra viajó junto a dos hombres a buscarla y la trasladó nuevamente a Concepción del Uruguay. En esta segunda etapa fue alojada bajo llave en el domicilio del imputado y todas las noches era llevada al prostíbulo. Nunca cobró ningún jornal ni porcentaje de los servicios que era forzada a realizar, y los consumos que hacía se incorporaban a una deuda ficticia. En su declaración, la víctima también relató que en 2007 quedó embarazada del propio imputado tras ser drogada, y que el sometimiento continuó incluso después del nacimiento de su hija en abril de 2008, bajo la amenaza de no permitirle verla.

La fiscal describió que en 2006 Concepción del Uruguay tenía un circuito prostituyente consolidado, con varios prostíbulos funcionando como whiskerías o bares desde fines de los años 90 hasta 2013, cuando la ciudad era considerada un polo de la prostitución en la provincia. Un comisario que declaró en el juicio ratificó que el traslado de mujeres desde el norte del país bajo falsas promesas laborales era una práctica habitual en aquella época.

La conducta imputada se divide en dos tramos: entre 2006 y abril de 2008, encuadra en facilitación de la prostitución ajena; a partir de esa fecha, en trata de personas conforme a la Ley 26.364. El debate se desarrolla ante el TOF en composición unipersonal a cargo de la jueza Mariela Emilce Rojas. El veredicto se conocerá el 16 de junio.

La Justicia elevó a juicio oral la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Rubén Darío Garcilazo, exintendente de Victoria por el peronismo. Sin embargo, la agenda de juicios para 2026 ya está completa según la Oficina de Gestión de Audiencias, por lo que el debate no se realizará antes de 2027. El exfuncionario deberá comparecer ante el Tribunal de Juicio de Gualeguay, integrado por los jueces Dardo Tórtul, Roberto Javier Cadenas y Matilde Federik.

En caso de ser hallado culpable, Garcilazo enfrenta una pena de entre 2 y 6 años de prisión, el pago de una multa y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La causa se inició formalmente en 2016 a partir de una denuncia del dirigente radical César Zuccotti. A lo largo de estos años, los fiscales ejecutaron más de 40 medidas probatorias, entre ellas pedidos de informes a distintos organismos públicos para reconstruir el patrimonio del exintendente.

El punto de inflexión llegó a fines de 2016, cuando el cuerpo de peritos del Superior Tribunal de Justicia entregó una auditoría que detectó una diferencia de un millón de pesos entre el capital declarado por Garcilazo y lo que podía justificar. Al valor del dólar de ese momento, esa suma equivalía a más de 100.000 dólares. La defensa sostuvo que el monto excedente provenía de un aporte familiar, pero esa explicación no convenció a los fiscales, quienes mantuvieron la imputación hasta lograr que el juez de Garantías Alejandro Calleja ordenara la elevación a juicio.

El episodio más llamativo de esta historia involucra al propio Zuccotti. Durante treinta años construyó una trayectoria política signada por denuncias de corrupción, la mayoría de las cuales terminaron archivadas. Fue él quien, en 2016, impulsó la causa que hoy tiene a Garcilazo a las puertas de un juicio. Sin embargo, en marzo de este año la justicia lo condenó a él.

Los hechos que se le imputaron ocurrieron en 2017, cuando Zuccotti se desempeñaba como secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Victoria. Según la investigación, utilizó su cargo para presionar a un empleado del área de Obras Sanitarias y lograr que modificara de manera ilegal la categorización de dos lotes de su propiedad en el sistema municipal. Mediante esa maniobra, sus terrenos figuraron fraudulentamente como si tuvieran "servicio medido de agua", lo que le permitió pagar menores tasas. Entre enero de 2018 y diciembre de 2020, el municipio dejó de percibir $162.687,79, cifra que actualizada a marzo de 2023 rondaba el millón de pesos.

El juez de Garantías —el mismo que elevó la causa de Garcilazo— condenó a Zuccotti a dos años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por abuso de autoridad, fraude a la administración e instigación a la falsedad ideológica. El empleado municipal que ejecutó sus órdenes recibió una condena de un año y nueve meses de prisión condicional por falsificación de registros públicos.

La resolución fue emitida por el Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región de Brasil, que consideró acreditados los hechos denunciados y descartó reabrir la discusión judicial sobre el caso.

Según trascendió, la condena contempla un régimen semiabierto. Esto significa que Darthés deberá permanecer detenido durante las noches, aunque podrá salir durante el día bajo las condiciones que determine la Justicia brasileña.

El tribunal también desestimó la apelación presentada por la defensa del actor, dejando firme la sentencia dictada en el proceso judicial.

La denuncia de Thelma Fardín tomó estado público en 2018 y generó una enorme repercusión en Argentina y América Latina, convirtiéndose en uno de los casos más resonantes vinculados a denuncias de violencia sexual en el ámbito artístico.

El proceso judicial avanzó en Brasil debido a la nacionalidad brasileña de Darthés y a los acuerdos internacionales vigentes entre los países involucrados.

Las audiencias estaban previstas para este lunes 20 de abril en Asunción, pero el Ministerio Público Fiscal solicitó la reprogramación por la superposición con otro proceso judicial en curso que debe tener continuidad: una causa por estafas contra el empresario Carlos Andrés Oleñik Memmel.

La nueva fecha quedó fijada para las 8 de la mañana del 1° de junio. El tribunal que los juzgará es la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos, integrado por los magistrados Elsa García —quien presidirá el debate—, Matías Garcete Piris y Adriana Planas.

Es la segunda vez que el juicio se posterga. La fecha original había sido en octubre del año pasado, pero también debió moverse —en aquel caso por el desarrollo de otro juicio relevante— quedando fijada para el 20 de abril de 2026.

Kueider y Guinsel llegarán al juicio en calidad de detenidos. Ambos se encuentran en prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024, día en que la Prefectura paraguaya los aprehendió al intentar cruzar la frontera entre Foz do Iguaçu, Brasil, y Ciudad del Este, Paraguay, sin declarar que llevaban 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos. La acusación es contrabando en grado de tentativa —es decir, el intento de cometer el delito, aunque sin haberlo consumado—, tipificado en el Código Aduanero paraguayo.

Al 1° de junio, ambos habrán acumulado aproximadamente un año y seis meses de detención. Ese tiempo será considerado en caso de condena. El delito tiene una pena máxima de dos años y medio, y en Paraguay toda condena superior a los 24 meses debe cumplirse de manera efectiva, sin posibilidad de arresto domiciliario.

La defensa de Kueider sostiene dos argumentos centrales: que el dinero no es una mercancía y por tanto no puede haber contrabando, y que los dólares secuestrados no eran de su propiedad ni de Guinsel, sino que habrían sido recogidos en Paraguay horas antes de su detención. Mientras tanto, en la Argentina, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado tiene pendiente un pedido de extradición por lavado de activos. La Fiscalía paraguaya ya le dio curso, pero estableció como condición que primero se realice el juicio por contrabando.

Actualmente, Kueider y Guinsel cumplen la detención domiciliaria en un departamento en el barrio Ytay de Luque, bajo vigilancia permanente de la Comisaría 52° de la Policía Nacional de Paraguay.

El principal imputado, César Sena, fue hallado culpable como autor del femicidio, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recibieron condena perpetua en carácter de partícipe necesario y partícipe primaria, respectivamente.

En tanto, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González fueron declarados culpables por encubrimiento, aunque en el caso de González se agregó un agravante. La única imputada absuelta fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad al ser considerada no culpable por el tribunal.

El abogado de la familia Strzyzowski, Gustavo Briend, informó que en los próximos días será fijada la audiencia de cesura, instancia previa a la formalización definitiva de las penas. Por su parte, Ricardo Osuna, defensor de Emerenciano Sena, sostuvo que apelará el fallo y afirmó que su cliente "está normal" ante el resultado esperado del juicio. También señaló que Acuña se mostró "tranquila" ante la decisión del jurado.

El caso, seguido con fuerte impacto social y mediático a nivel nacional, marca un precedente en materia judicial y de violencia de género en la provincia del Chaco.N.A.

La defensa de Dragonetti había solicitado apartar a la UIF basándose en el decreto presidencial 274/2025, que dispuso que el organismo no intervenga más como querella en causas judiciales. Sin embargo, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli consideraron que la norma no establece qué ocurre en expedientes en trámite donde la UIF ya participa, por lo que desestimaron el pedido.

“De la lectura del decreto no puede inferirse el efecto que pretende la defensa”, sostuvieron los magistrados, y remarcaron que la UIF expresó su voluntad de continuar en el proceso. Recordaron además que en 2020 la Oficina Anticorrupción se retiró expresamente de la querella, lo que marca que, cuando un organismo decide hacerlo, debe manifestarlo de manera clara.

La resolución se suma a la incorporación de 25 legajos de imputados colaboradores, cuya validez probatoria será analizada durante el debate oral. La principal acusada será la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, procesada como presunta jefa de una asociación ilícita, quien cumple prisión domiciliaria por la condena firme de seis años en la causa Vialidad.

En paralelo, el Tribunal convocó a una audiencia virtual para el viernes 12 de septiembre, a las 9:30, donde se escucharán los ofrecimientos de reparación integral de unos treinta empresarios y exfuncionarios acusados de pagar sobornos en el marco de la obra pública durante el kirchnerismo. Entre ellos figuran Enrique Pescarmona, Gabriel Romero, Ángelo Calcaterra y el ex titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain. La fiscal de juicio Fabiana León y la querella de la UIF deberán expedirse sobre esos planteos.

La medida fue adoptada este viernes por la Corte de Apelaciones, que dejó sin efecto la orden del 30 de junio dictada por la jueza Loretta Preska, mientras continúa el proceso de apelación. En junio, Preska había dictaminado que Argentina debía entregar el 51 % de las acciones de YPF —controladas por el Estado— como parte del cumplimiento de una sentencia por 16 000 millones de dólares más intereses, adjudicada a inversores como Petersen Energía y Eton Park 

Respaldo del gobierno de EE. UU.

El tribunal también aceptó la presentación del gobierno estadounidense en calidad de amicus curiae, respaldo que aporta peso político y legal a la defensa argentina. 

Reacciones oficiales

Desde el Ministerio de Economía argentino, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, celebró rápidamente la decisión mediante un tuit: “El tribunal de apelaciones en el caso YPF ha decidido: aceptar la solicitud de Argentina (…) y que el Gobierno de Estados Unidos presente sus documentos como ‘amigo de la corte’". 

Implicancias económicas y estratégicas

El fallo evita una desestabilización inmediata de YPF, clave en el plan económico del Gobierno de Javier Milei, y protege el control estatal sobre la principal empresa energética del país. Según Reuters, la decisión también preserva a Argentina de un daño económico irreparable, mientras avanza la apelación cuya próxima presentación está prevista para el 25 de septiembre. 

Escenario futuro

Si la apelación resulta adversa, Argentina podría recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El Gobierno ya advirtió que la responsabilidad de pago recaería sobre el Estado argentino, y no sobre YPF, en caso de ratificarse el fallo

La resolución fue dictada por el juez Juan Francisco Malvasio, quien homologó el acuerdo de juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y el exfuncionario. Además de la prisión condicional, Smaldone deberá pagar una multa de 90.000 pesos y queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

El caso está vinculado a una trama de corrupción en la que el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros habría recibido información privilegiada para ganar licitaciones públicas. Según la investigación, Smaldone y otros exfuncionarios del gobierno de Urribarri cobraban sumas mensuales a cambio de direccionar contratos millonarios para la empresa Relevamientos Catastrales S.A.

El expediente detalla pagos mensuales a Smaldone y otros involucrados durante al menos tres años, así como viajes y beneficios financiados por el empresario, incluyendo un viaje a Sudáfrica para presenciar el Mundial de Fútbol 2010, pagado con fondos públicos.

La condena impone a Smaldone la obligación de realizar tareas comunitarias durante tres años y mantener ciertas medidas de conducta, evitando así el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad.

La causa podría seguir adelante por la vía civil, ya que la Fiscalía de Estado busca una reparación económica por el perjuicio ocasionado al erario público entrerriano.

El exfuncionario, quien se desempeñó como director regional en Santa Fe y Rosario, ha decidido convertirse en imputado colaborador y ha aportado información crucial en varias causas que involucran corrupción institucional, lavado de activos y asociación ilícita.

Vaudagna está acusado de facilitar maniobras de evasión fiscal a empresarios, extorsionar contribuyentes en complicidad con la Justicia y desviar fondos a través de mutuales. En su declaración, que fue homologada este miércoles en los Tribunales Federales de Rosario, el exdirector reveló detalles explosivos que involucran a jueces, empresarios y operadores financieros. Su testimonio podría tener repercusiones devastadoras en la política y el ámbito judicial santafesino.

Uno de los puntos más sensibles de su declaración es la acusación contra el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, a quien Vaudagna vinculó con persecuciones ilegales hacia empresarios como Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Además, el exdirector de AFIP admitió haber favorecido a varios empresarios, entre ellos, el ex titular de Vicentin SAIC, Omar Scarel, el presidente de Ospat (Obra Social del Personal de la Actividad del Turf), Carlos Felice, y el empresario de medios de comunicación, Nahuel Caputto.

El acuerdo alcanzado con la Justicia incluyó la entrega de su último teléfono celular y las claves de acceso a información relevante, lo que podría aportar más pruebas para las investigaciones en curso. Desde principios de año, fiscales federales de las localidades de Rosario, Santa Fe y Reconquista negociaron con Vaudagna su colaboración bajo el artículo 41 TER del Código Penal, lo que le permitirá obtener una reducción de pena a cambio de su testimonio.

Los delitos que Vaudagna admitió – incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de activos – están penados con hasta seis años de prisión, pero el acuerdo podría garantizarle una condena de cumplimiento condicional.

Este caso es seguido de cerca por seis fiscales federales, entre ellos Juan Argibay, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra en Rosario, Walter Rodríguez en Santa Fe, y Roberto Salum en Reconquista. El testimonio de Vaudagna podría dar inicio a una nueva etapa en la investigación sobre la corrupción, la connivencia judicial y el lavado de dinero en la provincia de Santa Fe, con implicancias que aún se están evaluando.

El exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, cumplieron este lunes con el pago de la caución de 20 millones de pesos impuesta por la Justicia a cada uno. En tanto, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, entregó una parte y deberá liquidar el resto en un plazo de 48 horas.El Tribunal de Juicios y Apelaciones compuesto por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón tomó la decisión, tras el pedido del Ministerio Público Fiscal para que Urribarri, Báez y Aguilera comiencen a cumplir las condenas confirmadas a 8 y 6 años y medio, respectivamente, producto del megajuicio por corrupción.Después de la confirmación de Casación a la sentencia condenatoria de primera instancia, en abril de 2022, los fiscales Ignacio Aramberry, Juan Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron que comiencen a cumplir las condenas. La solicitud de la acusación pública, en lo medular, fue descartada por el tribunal (en una composición mayoritaria), aunque los jueces sí entendieron necesario aplicar restricciones a la libertad de los tres. En ese sentido, les impusieron un seguro de caución de 20 millones de pesos a cada uno, el reporte semanal a Fiscalía y la prohibición de salir del país.Los defensores Leopoldo Cappa por Urribarri, Miguel Cullen por Aguilera, e Ignacio Díaz por Báez, apelaron la caución impuesta. Ofrecieron tres vehículos como modo de sustitución al pago del dinero, pero no consiguieron el cometido. El jueves pasado, los vocales de la sala resolvieron no hacer lugar al reclamo de los defensores e intimaron a los tres condenados a que, en 48 horas, efectivicen los tres depósitos de dinero.Fuente: Análisis

El reclamo del Ministerio Público Fiscal (MPF) para ejecutar la condena de abril de 2022 se hizo en abril de 2024, dos años después, cuando la sentencia de primera instancia atravesó todas las instancias judiciales posibles en la provincia y, en todas esas etapas, fue confirmada.Desde entonces, fijar la fecha para concretar la audiencia en la cual los fiscales pedirán al tribunal que ejecute las condenas, ha sido una tarea de resolución imposible hasta ahora. Fuentes judiciales indicaron a ANÁLISIS que ese cometido finalmente tendrá lugar el próximo 29 de agosto, frente al tribunal que componen los vocales Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara. Habrá que esperar a que llegue el día para ver qué pasa.La audiencia iba a hacerse el jueves pasado pero se aplazó. En ese momento, el sitio Entre Ríos Ahora recordó que el 18 de abril, los fiscal Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se presentaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pidieron la “inmediata detención” del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y prisión preventiva para el exgobernador Sergio Urribarri, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los tres fueron condenados en 2022 en el marco del megajuicio: a Báez le aplicaron 6 años y 6 meses; a Urribarri, 8 años; y a Aguilera, 6 años y 6 meses.El abogado Leopoldo Cappa introdujo un planteo y dijo que hay en trámite ante la Cámara de Casación Penal un recurso de queja que cuestiona la integración del tribunal para tratar ese pedido. Pero la OGA le dijo que no haría lugar a ese reproche, aunque igual suspendió la audiencia prevista para el martes 6 y la reprogramó para este jueves 22, a las 9. ¿La razón? Uno de los jueces que integra el Tribunal, Elvio Garzón, extendió el pedido de licencia médica.Leopoldo Cappa, Fernando Burlando y Javier Baños, el equipo de defensores de Urribarri, volvió a pedir el aplazamiento de esa audiencia con el argumento de que su reproche a la conformación del tribunal sigue en pie y ahora llegó en queja a la Sala Penal del STJ.La OGA les respondió que su planteo se había vuelto abstracto por cuanto por segunda vez volvieron a aplazar ese trámite. Ahora, en razón de la enfermedad del abogado Ignacio Díaz, defensor del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Baez. Entonces ese trámite, la audiencia para hacer efectivas las condenas que se pidió en abril, se pospuso, sin fecha.Fuente: Análisis

En 17 de los 26 debates previstos se juzgarán delitos contra la integridad sexual y los 9 restantes serán por delitos contra la vida, de los cuales 6 son en grado de tentativa.

El cronograma, realizado por la Oficina de Juicio por Jurados del Poder Judicial de la provincia, establece que el primer juicio popular será en La Paz, a partir del 26 de febrero, por un delito contra la integridad sexual.

Los juicios se realizarán en las localidades de Villaguay, Gualeguay, Gualeguaychú, Paraná, Concepción del Uruguay, San José de Feliciano, Federal, Victoria, Concordia y Federación.

Se destaca que la proyección de los debates previstos podrá variar si dentro del plazo establecido por ley las partes acuerdan salidas alternativas al juicio.

En Entre Ríos, durante el 2023 se llevaron a cabo 39 juicios por jurados.

Sorteo anual para los juicios del 2025

También durante el primer semestre se efectuará el sorteo anual previsto en el art. 17 de la Ley de Jurados para la confección del listado definitivo de jurados para los juicios a realizarse a partir de 2025.

Se desarrollará utilizando el padrón electoral vigente, discriminados por jurisdicción y por sexo, en la sede de la Lotería Provincial, en audiencia pública ante el titular de la Escribanía Mayor de Gobierno, y podrán presenciarlo -como veedores- representantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial;  del Ministerio Público Fiscal; del Ministerio Público de la Defensa; y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia.

El procedimiento para conformar el nuevo padrón de jurados populares implica convocar a todos los sorteados para realizar la depuración de las personas que se encuentren alcanzadas por impedimentos legales y así presentar el listado definitivo al Superior Tribunal de Justicia el primer día hábil de octubre -conforme lo dispone el art. 20 de la Ley 10.746- para su publicación en el Boletín Oficial.

Antes de escuchar la sentencia a la que serán condenados, los 8 rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa tomaron una fuerte decisión.

Los rugbiers podían estar o no presentes durante la lectura de la condena, como pasó la semana pasada con la mamá y la madrastra de Lucio Dupuy que decidieron no estar presentes en la lectura del Juzgado que las condenó a cadena perpetua por el asesianto del niño.

En este caso, los rugbiers como durante todas las audiencias decidieron dar la cara y estar presentes en el momento que se dictamine qué será de su destino y a que penal irán a pasar lo próximos años.

Entonces, Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) fueron trasladado a la sala del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad bonaerense de Dolores en donde les leeran las condenas.

Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, los rugbiers sobreseídos en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, declararán este lunes como testigos en el juicio oral que enfrentan sus ocho amigos, con quienes vacacionaban cuando perpetraron el brutal ataque.

Fueron parte del grupo que estuvo preso y bajo la lupa por el asesinato, pero este lunes se sentarán con la obligación de contar lo que vieron y escucharon, ya que son dos testigos clave del juicio que se sigue en los Tribunales de Dolores.

Los dos jóvenes estuvieron detenidos unos días hasta que la investigación los dejó afuera, debido a que las pruebas no alcanzaron para involucrarlos en la golpiza que el resto del grupo de rugbiers propinó a Báez Sosa ese 18 de enero del 2020, en Villa Gesell.

Milanesi y Guarino fueron testigos propuestos por la defensa de los ocho rugbiers, pero a la hora de declarar deberán responder las preguntas del particular damnificado, es decir de los abogados que representan a la familia del joven asesinado y del fiscal Juan Manuel Dávila.

Se especula con que será una declaración muy larga la que cada uno dará mañana en los Tribunales de Dolores, donde se iniciará la tercera semana de juicio con la finalización de las testimoniales de un proceso que arrancó el 2 de enero pasado.

La información que cada uno de ellos puede aportar se prevé será importante, ya que compartieron vivienda en la casa que el grupo de rugbiers alquiló en Villa Gesell ese verano: incluso, a Milanesi se lo ubicó en la investigación cerca de los otros rugbiers cuando atacaron a Fernando Báez Sosa frente al boliche Le Brique en Villa Gesell. En su calidad de testigos están comprometidos a declarar lo que vieron y escucharon de ese día y los posteriores.

Ambos fueron desvinculados porque no hay elementos para involucrarlos en el ataque y más allá de lo que declaren no pueden ser investigados dos veces por el mismo hecho. Lo que sí se juegan ambos es en tener que decir la verdad la cual puede comprometer al resto del grupo, pues si la omiten o mienten, corren el riesgo de incurrir en un falso testimonio e ir presos.

Para la jornada de hoy también se prevé la declaración de Tomas Colazzo, amigo del grupo de rugbiers que nunca fue investigado pese a haber estado en las inmediaciones a donde sucedió el ataque. De alcanzar el tiempo, este lunes también podrían declarar Rosalía Zárate y María Paula Cinalli, madres de Máximo Thomsen y Blas Cinalli, respectivamente.

El día martes continuará la declaración de padres y madres de los imputados, mientras que al día siguiente será el turno de algunos médicos. Éste miércoles el Tribunal Oral Federal 1 de Dolores prevé finalizar la prueba testimonial y fijar fecha de alegatos para la semana siguiente: en esa etapa la Fiscalía, el particular damnificado y la defensa harán su exposición. Para el 31 de este mes se prevé el veredicto dictado por el Tribunal 1 de Dolores.N.A.

La Cámara de Casación Penal de Concordia rechazó las recusaciones contra dos de sus pares de la Sala N° 1 de Paraná, Marcela Badano y Marcela Davite, planteados en el marco de la apelación a las condenas por el megajuicio que sentó en el banquillo al exgobernador Sergio Urribarri, finalmente condenado en primera instancia a 8 años de cárcel.

El tercer vocal de la Casación de Paraná, Hugo Perotti, ya se acogió al beneficio jubilatorio y fue reemplazado por Gustavo Pimentel.

En la resolución de la Casación de Concordia, se señala, luego de analizar los planteos recusatorios, que “no se ha constatado en autos evidencia alguna que autorice a justificar objetivamente y a los ojos del observador razonable, un temor en relación a la imparcialidad con que deben desempeñarse las Sras. Camaristas de la Sala Primera de este Tribunal de Casación, tanto desde el punto de vista de las circunstancias externas (objetivas y que fueran precedentemente detalladas) como subjetivas (sesgos o prejuicios personales o ideas preconcebidas o actuar indebido de forma tal de promover los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra), las que se revelan absolutamente inexistentes en el presente”

Recordemos que el 7 de abril último, Urribarri fue condenado a 8 años de cárcel -la Fiscalía había pedido 12 años- al hallarlo culpable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del megajuicio que investigó tres grandes causas de corrupción de su gobierno.Urribarri no quedó conforme con la resolución de la Justicia y apeló la condena. A finales de mayo, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, conformado por los jueces José María Chemez, Elvio Osir Garzón y María Carolina Castagno, resolvió conceder los recursos de casación.

Fuente: El Entre Ríos

La sentencia fue emitida por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná -conformado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón- el 7 de abril último.Los defensores plantean que el Tribunal violó principios consistucionales, como el de legalidad, inocencia, de defensa en juicio, culpabilidad, de congruencia, juez natural. Entienden que el fallo está plagado de arbitrariedades y que los magistrados sólo se limitaron a hacer suyo los argumentos de la Fiscalía, sin tener en cuenta ni dar respuesta a los argumentos de los defensores.

Pero para el tratamiento de ese recurso de apelación a la condena, los defensores recusaron a los vocales de la Cámara de Casación Penal de Paraná por entender que no encuentran garantizada la imparcialidad del Tribunal.

Por tanto, será la Cámara de Casación de Concordia será la encargada de resolver los planteos de recusación contra los integrantes de la Cámara de Casación de Paraná.

Fuente: El Entre Ríos

En una primera instancia, integrantes de las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGA) de las distintas jurisdicciones establecen el contacto vía telefónica, WhatsApp, redes sociales, correo electrónico o mediante visitas domiciliares.Se les comunica que resultaron seleccionadas y seleccionados y se les brinda una explicación sobre la importancia del cumplimiento del rol ciudadano que les fue conferido. Asimismo, quienes resultaron preseleccionados y preseleccionadas pueden concurrir a la sede judicial de su ciudad.Un vez que la persona tomó contacto con la o el agente judicial deberá responder a una serie de preguntas con carácter de declaración jurada. Dicha documentación le será brindada personalmente o vía el medio que sea de mayor practicidad.Ninguna de las preguntas que se formulen estarán referidas a cuentas bancarias, tarjetas de crédito o trámites vinculados a cuestiones económicas y bajo ningún punto de vista el ciudadano o la ciudadana debe responder sobre eso. En caso de dudas, debe comunicarse con la autoridad judicial o policial más cercana a su domicilio.En la página oficial del poder judicial http://www.jusentrerios.gov.ar/ se puede realizar todo tipo de consultas por los ciudadanos.

Fuente: APF

La mediática Zulma Lobato le ganó un juicio a Crónica TV por haberla mostrado al aire mientras estaba teniendo un Accidente Cerebro Vascular (ACV) con el solo fin de generar rating. El fallo también alcanzó a la conductora Anabela Ascar y al productor César Notaro.

El hecho que originó la demanda ocurrió en 2011, cuando la mediática asistió a los estudios del canal para realizar una nota en el programa televisivo Hechos y Protagonistas, conducido por Ascar. Antes de salir al aire, Lobato comenzó a sentir un malestar físico, pero le contestaron: "No importa, hay que vender".

Fue entonces que Lobato sufrió una descompensación. El canal grabó y transmitió toda la situación, a pesar que el médico del SAME pidió que apagaran las cámaras. Tampoco autorizó que la filmaran en esa situación, según explicó en la demanda.

Los argumentos del fallo contra Crónica TVEn primera instancia se hizo lugar a la demanda y la Sala A de la Cámara Civil confirmó esta decisión. Para los camaristas Carlos Calvo Costa, Sebastián Picasso y Ricardo Li Rosi, las imágenes "no versaron sobre una cuestión de interés público, pues la actora sufrió un episodio en el que se vio comprometida su salud, en los estudios de un canal televisivo (fuera del aire), y se decidió grabarlo en su totalidad para luego exponerlo en un programa posterior".

"Todas estas cuestiones pertenecen a la esfera privada de la Sra. D., y no se advierte qué interés socialmente relevante puede tener su difusión. Así las cosas, ante la ausencia de consentimiento por parte de la actora, es claro que en el curso de esa emisión se lesionaron el honor, la intimidad, y la imagen de la Sra. D", añadieron.

Los jueces advirtieron que la demandante había consentido la realización de una entrevista en ese programa de televisión, pero "esta tenía por finalidad, únicamente, promocionar su trabajo". Sin embargo, la grabación del programa "se vio impedida por el advenimiento de un episodio desafortunado, cuyo registro fílmico en ningún momento fue autorizado; y menos aún lo fue la posibilidad de reproducirlo y/o emitirlo en público", concluyeron.

El Tribunal que emitió la resolución está integrado por los camaristas María Carolina Castagno, Mariano Caprarulo y Fernando Martinez Uncal.

Se trata de una reducción de dos años de la pena impuesta el 6 de septiembre 2017 por el mismo Tribunal -con otra integración de jueces-. Entonces, el cura había sido condenado a 25 años de cárcel por haber abusado a cuatro menores. En tres casos se lo acusó de promoción de la corrupción de menores reiterada, agravada por su condición de guardador; y en uno por abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto.

Sin embargo, en octubre de 2020 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por los defensores del cura y revocó parcialmente el fallo.

El máximo tribunal provincial dispuso «absolver» al sacerdote por uno de los cuatro hechos por los que fue condenado, un abuso sexual simple, por cuanto la víctima no declaró en el juicio -estaba bajo tratamiento médico durante el tiempo en que se desarrolló el debate- y ordenó devolver el expediente al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay para que emita una nueva condena.

Tras varias audiencias aplazadas, finalmente el Tribunal de Gualeguay escuchó la petición de la Fiscalía y la defensa el martes 14 de junio. En aquella audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal, Rodrigo Molina, planteó que al cura se lo debía condenar a 24 años -redujo apenas un año la pena impuesta en 2017- en tanto que el defensor Milton Urrutia consideró que debía aplicársele una rebaja de 20 años, y condenarlo sólo a 5 años de cárcel.

Según Urrutia, la condena no incluye el agravante de ser ministro de culto. «El agravante por ser cura sólo estuvo en un hecho, el que fue anulado por la Sala Penal. Ahora, la condena quedaría sólo con el agravante de su calidad de guardador. Entonces la pena se reduce sensiblemente», razonó.

Finalmente, el Tribunal de Gualeguay fijó la pena en 23 años de prisión.

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri volvió a rechazar la condena en su contra a ocho años de prisión que le impuso el Tribunal de Juicio de Paraná por hechos de corrupción ocurridos durante su gestión, y sostuvo que las acciones por las que fue sentenciado son "actos de gobierno no judiciables". 

En este sentido, citó partes del análisis de la sentencia que realizó, por pedido de su defensa, el exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni.

Sergio Urribarri difundió el análisis del fallo que elaboró el exjuez del máximo tribunal del país a pedido de su defensa, el cual, dijo, "corrobora con solvencia técnica" lo que afirmó cuando consideró a la resolución un "mamarracho jurídico".