La causa judicial que involucra a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo sigue generando repercusiones. A la espera del veredicto, y mientras la querella pidió una pena de 15 años de cárcel para el imitador, las miradas están puestas en las repercusiones y en el entorno familiar, ligado a diferentes facetas del mundo del espectáculo. En este panorama, Roberto Pettinato ofreció su visión sobre el proceso y la situación de su hijo.

Consultado por el móvil de Puro Show (El Trece) sobre el pedido de la querella de quince años de prisión, Pettinato trasladó el foco a la dificultad de enfrentar una situación tan delicada cuando afecta a un hijo. Reconoció la gravedad del momento y las emociones que provoca el avance del juicio, pero subrayó: “El tema es difícil. El código penal no es igual que los códigos civiles. El código penal exige tener las pruebas muy claras”, argumentó.

Para el músico, el proceso penal se diferencia radicalmente de otros ámbitos judiciales. Señaló que, cuando se trata de sentenciar a una persona, las pruebas deben ser serias y concretas. “No existe el ‘a mí me parece que…’. O gente que dice: ‘A nosotros nos parece que evidentemente…’. Eso es lo que tienen que probar realmente”. En sus palabras, se desprende que la exigencia probatoria es absoluta y no se puede suplir con percepciones o conjeturas.

Pettinato expresó su confianza en que el proceso terminará a favor de su hijo, basándose en la falta de elementos concretos en la causa.“Yo creo que va a salir todo bien porque no están las pruebas, no se sabe quién inició el incendio, no se sabe si hubo intencionalidad. Son cosas del código penal. Es así: la tengo o no la tengo. Si no está, no está. Si está, que Dios lo ayude.” Su argumentación se apoya en la necesidad de certezas y en la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Según le apuntaron los periodistas, la querella sostiene que hubo una persona que provocó el incendio y que algunos apuntaron a su hijo, pero para el ex Sumoesa acusación carece de sustento. “¿Viste películas? La querella dice cualquiera. Pide veinte años, quince”, continuó, sembrando dudas sobre la solidez del caso.

Al mencionar la existencia de testigos clave, Pettinato relativizó su peso y recordó que también hubo testimonios en sentido contrario. “Hay testigos también que hablaron a favor de Felipe. Cuando alguien dijo: ‘Nunca lo ayudó’, saltaron tres tipos, hasta un bombero diciendo: ‘Sí, sí lo ayudó, nosotros lo vimos’”. Según su relato, el juicio estuvo marcado por la aparición de versiones opuestas y desmentidas frecuentes entre las partes.

Sobre la declaración de su hija Tamara, quien confirmó que Felipe no recuerda lo sucedido, Roberto respondió con ironía: “¿Qué hago si no se acuerda, querés que lo acogote?”. Y añadió que le llamó la atención cómo cada vez que surgía una afirmación de la querella, aparecían testigos que desmentían o matizaban esas versiones. “Había de todo, la causa al principio era cualquier barbaridad”.

Consultado sobre si pondría “las manos en el fuego” por Felipe, se mostró escéptico ante la pregunta y la redujo a una broma, teniendo en cuenta el motivo del juicio: “¿No se te ocurre otro chiste?” Luego, trató de describir el contexto en el que se produjeron los hechos investigados: “Yo creo que eso fueron dos personas que consumían, dos personas que eran, como se dice en las clínicas, compañeros de consumo y pasó lo que pasó. No sé si se va a saber o no, tampoco te lo puedo jurar, pero en el código penal las cosas tienen que ser claras”, insistió.

En cuanto al estado de ánimo de su hijo, Pettinato señaló que Felipe se encuentra bajo mucha presión y con temor ante la posibilidad de una condena: “Felipe está bien, está con el cagazo que tiene todo el mundo”. El conductor también fue consultado sobre la percepción pública y la condena social. Respondió con crudeza y la ironía que lo caracteriza: “Todos tenemos una condena social. Somos la familia Pettinato, encantado”.

El magistrado resolvió condenar a Iván Cilley a tres años de prisión de cumplimiento condicional y a seis años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores. Además, deberá cumplir una serie de reglas de conducta: fijar domicilio, no acercarse a los familiares de la víctima en un radio de 50 metros y realizar un curso de normas de tránsito en el marco del Convenio de Reeducación Vial para Probados y Condenados Condicionales que el Tribunal lleva adelante junto a la Unidad Fiscal, la Municipalidad de Nogoyá y la organización ACIVERJUS (Asociación Civil por Verdad y Justicia – Estrellas Amarillas Gualeguaychú). El cumplimiento de estas medidas deberá ser acreditado mediante certificaciones correspondientes.

El juicio oral y público contra Cilley se desarrolló entre el 9 y el 13 de febrero en los tribunales de Gualeguay.

Desde ACIVERJUS, su presidente Miguel Ángel “Pipo” Gandolfo manifestó su conformidad con el fallo: “Estamos de acuerdo con la condena, ya que la misma se ajusta a derecho en función del análisis de los hechos acontecidos en el siniestro vial”, expresó.

El hecho

El caso conmovió a la comunidad de Nogoyá y se convirtió en un reclamo sostenido de justicia por parte de la familia de la víctima, acompañada por el movimiento Estrellas Amarillas.

El hecho ocurrió el 19 de abril de 2021, cuando Roberto Loose cruzaba por la senda peatonal en la intersección de las calles 9 de Julio y España, en pleno centro de la ciudad. Según la acusación, un automóvil Ford Escort gris conducido por Iván Cilley realizó una maniobra hacia el lateral izquierdo y embistió al peatón con el paragolpe y el espejo retrovisor, cuando este se encontraba a pocos pasos de alcanzar la vereda.

Loose fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permaneció internado durante quince días. Finalmente, falleció el 6 de mayo de 2021 como consecuencia de las lesiones sufridas.

El proceso judicial se inició tras casi cinco años de demoras y cambios en la investigación, en un camino marcado por la perseverancia de la familia y el acompañamiento de organizaciones que trabajan en la concientización y prevención de los siniestros viales.

La decisión del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa de destituir a Mauricio Gabriel Zambiazzo, titular de la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, repercutió directamente en el inicio del juicio oral y público a una organización narco liderada por presos alojados en las cárceles de Gualeguay y Victoria.

Los juzgadores advirtieron un patrón sistemático de maltrato laboral, irregularidades administrativas y conductas incompatibles con la ética pública. El fallo fue dictado el 5 de febrero pasado y ya se publicó en el Boletín Oficial la declaración de vacancia del cargo que ocupaba.

Zambiazzo estaba designado como defensor en el debate que comenzaba este 19 de febrero. Su lugar será ocupado por Noelia Quiroga. El proceso se iniciaría ahora el 6 de marzo.

La supuesta organización narcocriminal es una sola, pero liderada por Jonathan Luque y Juan Alexis Millen, dos presos que estaban alojados en las unidades penales de Victoria y Gualeguay respectivamente. La banda comenzó a ser investigada en 2023 y cayó en 2024 tras un año de investigación.

En total, el juez federal de Victoria, Federico Martín, procesó a 16 personas con prisión preventiva tras los operativos realizados a fines del año pasado. Algunos, como el caso de Carlos, Mariano, Mateo y Luciano Torres; Ayelén Montojo, Alejandra Rossi, Magdalena Brassesco y Jorge Andino, fueron en apelación, pero recibieron la negativa del órgano federal revisor.

La investigación que llevó más de un año detectó que la organización comenzó comercializando marihuana, pero luego ampliaron el mercado a la cocaína.

La primera organización, denominada “Clan Millen”, operaba en Paraná y Gualeguay desde la Unidad Penal Nº 7, involucrando a varios miembros de la familia Millen y sus allegados en la distribución y venta de drogas.

La segunda, llamada “Clan Luque – Torres – Montojo – UP5”, tenía su centro de operaciones en Victoria y dentro de la Unidad Penal N° 5, liderada por un individuo encarcelado que coordinaba la adquisición, transporte y venta de sustancias ilícitas con la colaboración de varios individuos en libertad.

En la causa se detalla que el liderazgo y la coordinación la tenía Jonathan Luque, quien operaba desde la Unidad Penal N° 5. La justicia le atribuye los roles de organizador, proveedor-coordinador, financista y vendedor dentro de la unidad penal.

Luque coordinaba la adquisición de estupefacientes desde Paraná o Rosario a través de terceros. También daba instrucciones sobre la recepción, distribución y resguardo de la droga, así como la organización de su ingreso a la cárcel de Victoria.

Por su parte, Alexis Millen, que inicialmente estaba detenido en la Unidad Penal Nº 5 y luego trasladado a la Unidad Penal Nº 7, lideraba esta organización desde la cárcel; se abastecía de material ilícito y organizaba su remisión para la venta dentro del penal gualeyo y en la ciudad de Paraná.

Ambas estructuras presentan una jerarquía con líderes que coordinan las operaciones y eslabones inferiores encargados de tareas específicas. Ambas organizaciones tenían conexiones y operaban tanto dentro como fuera de establecimientos penitenciarios, utilizando su situación de reclusión como base para la coordinación y el comercio.

La única diferencia que surge de las dos bandas es que el “Clan Luque” muestra una estructura más detallada en cuanto a los roles específico de sus miembros. Mientras que el “Clan Millen” se caracteriza por una fuerte dependencia de los lazos familiares directos para llevar a cabo sus actividades.

Según la resolución a la que accedió AHORA, Jorge Andino y Luciano Torres eran dos eslabones claves en la organización de Luque. Ambos están procesados por comercio de estupefacientes agravado. La decisión del juez se basó en pruebas recabadas, como escuchas telefónicas y allanamientos, que sugieren la existencia de una organización dedicada al narcotráfico con distintos roles para los acusados.

La Cámara rechazó las apelaciones de las defensas, encontrando suficientes indicios de su participación coordinada en la actividad ilícita. Además, los camaristas realizaron recomendaciones al juzgado Federal de Victoria para profundizar la investigación, especialmente en cuanto a la identificación de proveedores y el destino de los fondos.

La estructura jerárquica de esta organización de narcotráfico, según se desprende de la resolución judicial, parece estar compuesta por diferentes niveles y funciones específicas. Se identifican al menos dos grupos diferenciados operando dentro de una organización mayor.

Uno de los grupos era liderado por Juan Alexis Millen, operando en el barrio Las Flores de Paraná y en la Unidad Penal N°7 (de Gualeguay). El otro grupo, liderado por Jonathan Luque, quien operaba en la ciudad de Victoria y en la Unidad Penal N°5.

En la confirmación del procesamiento, la Cámara avaló el detalle pormenorizado realizado por el juez federal de Victoria.

Si bien no se explicita una jerarquía rígida con organigramas, la información sugiere una estructura con un líder (Luque) dando órdenes a un ejecutor principal (Luciano Torres) que coordina con otros (como Montojo), un proveedor/transportista (Andino) que abastece al ejecutor, un financiador (Carlos Alberto Torres) y varios individuos encargados de la venta y distribución en diferentes niveles (Mariano Torres, Mateo Torres, Rossi, Brassesco).

La fiscalía general está a cargo de José Ignacio Candioti, en tanto que el tribunal está integrado por Noemi Berros, Mariela Rojas y Jorge Gallino.

La destitución del defensor

El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa resolvió por unanimidad destituir a Mauricio Gabriel Zambiazzo, titular de la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, Entre Ríos.

En el fallo, el tribunal concluyó que el magistrado perdió la idoneidad necesaria para ejercer el cargo, requisito esencial según la ley 27.149.

La decisión adquiere relevancia institucional no solo por la gravedad de las conductas comprobadas, sino también por el peso de los testimonios provenientes de la jurisdicción federal de Córdoba, donde Zambiazzo trabajó previamente en la capital provincial y en la sede de Bell Ville. En efecto, su domicilio no cambió y siguió siendo en un country de Villa Allende donde reside su familia.

El tribunal sostuvo que el comportamiento del funcionario configuró la causal de mal desempeño prevista en el artículo 57 del régimen jurídico del Ministerio Público de la Defensa. Según la sentencia, las pruebas demostraron un patrón reiterado de violencia laboral, falta de liderazgo efectivo y vulneración de los estándares mínimos de respeto y trato digno exigidos a un magistrado.

También aclaró que la destitución no constituye una sanción penal, sino una evaluación institucional sobre la capacidad del funcionario para ejercer responsabilidades públicas.

Consideró probado un estilo de conducción caracterizado por instrucciones contradictorias, cambios repentinos de reglas sin explicación y ausencia de directivas claras sobre la gestión de casos. Según testimonios, el magistrado prolongaba reuniones con monólogos sobre su vida personal o descalificaciones hacia colegas, lo que generaba retrasos y desorganización.

Los testigos describieron episodios reiterados de gritos, recriminaciones agresivas e invasión del espacio personal de los empleados. También se mencionaron comentarios ofensivos sobre la apariencia física de trabajadoras y situaciones de trato degradante hacia subordinados.

Entre los casos más graves señalados figura el trato hacia el empleado Ulises Barreira Vesco, a quien habría obligado a realizar acciones humillantes, y situaciones de falta de empatía frente a problemáticas personales de integrantes del equipo.

La acusación sostuvo que Zambiazzo fomentaba deliberadamente la discordia interna mediante críticas cruzadas entre empleados y el uso arbitrario de ascensos como herramienta de presión o manipulación.

La resolución también atribuyó al defensor el uso de lenguaje racista, clasista y sexista hacia personas defendidas por la institución, incluyendo expresiones ofensivas que reflejarían un trato incompatible con la función pública.

Además, se acreditó que produjo la carga de datos falsos sobre visitas carcelarias que debía realizar y pedidos a empleados para falsificar su firma en comunicaciones oficiales.

El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024, a la altura del kilómetro 123, en el tramo comprendido entre las localidades de Caseros y Herrera, en el departamento Uruguay. Cinco días después del choque, el entonces funcionario fue apartado de su cargo.

Ruiz Orrico está imputado por homicidio culposo agravado, debido al nivel de alcoholemia detectado y a la cantidad de víctimas fatales. La pena prevista para este delito va de dos a cinco años de prisión.

De acuerdo con la investigación judicial, el acusado conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre y a una velocidad estimada de 150 kilómetros por hora, cuando impactó contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro trabajadores del frigorífico Fadel de Pronunciamiento.

Las víctimas fueron identificadas como:

Todos fallecieron en el lugar del siniestro.

En las semanas previas al inicio del debate, el exfuncionario presentó una propuesta económica de 150 millones de pesos como reparación del daño moral para las familias. El ofrecimiento fue rechazado por los familiares, quienes interpretaron la iniciativa como una estrategia defensiva destinada a ser considerada como atenuante en una eventual condena.

Las audiencias se realizarán en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones y continuarán los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero, siempre desde las 9.

El tribunal estará presidido por el vocal Darío Crespo.El Ministerio Público Fiscal será representado por el fiscal Eduardo Santo, mientras que la querella particular estará a cargo del abogado Mario Arcusin. La defensa del imputado será ejercida por Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje.

Según informó el Poder Judicial, los alegatos de apertura y clausura serán transmitidos en vivo mediante el canal oficial de YouTube del Servicio de Información del Superior Tribunal de Justicia. El ingreso del público a la sala estará habilitado entre las 8 y las 8.50, sujeto a la capacidad disponible.

Uno de los expedientes más avanzados es el que tiene como protagonista a Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación durante el urribarrismo. Báez, ya condenado a seis años y medio de prisión en el megajuicio de 2022, enfrenta una causa separada por enriquecimiento ilícito junto a su esposa, Sofía Riquelme. El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio y pidió cinco años de prisión para él y tres años y medio para ella. Según la acusación, Báez no pudo justificar un incremento patrimonial de 632.053 dólares durante su paso por la función pública entre 2007 y 2016. El exfuncionario fue indagado en diciembre de 2024 desde la Unidad Penal N°1, donde cumple prisión preventiva.

Otro caso relevante es el de Aldo Ballestena, exsenador provincial por La Paz y actual titular del Ente Portuario. La causa se abrió de oficio en 2018 tras una investigación periodística que expuso un patrimonio millonario, incluyendo un vehículo de alta gama valuado en 60.000 dólares, un complejo de 24 departamentos en construcción a nombre de su hija, campos y otras propiedades. Si bien la investigación no mostró avances significativos en los últimos años, Ballestena también aparece mencionado en el entramado de los contratos truchos del Senado, donde habría actuado como recaudador de fondos entre 2015 y 2018.

En el norte entrerriano, la atención judicial se centra en Domingo Daniel Rossi, actual intendente de Santa Elena. Rossi cuenta con una condena firme por enriquecimiento ilícito dictada en 2006, con una pena de tres años de prisión condicional. No obstante, enfrenta una nueva investigación junto a su esposa, la exdiputada Patricia Díaz. La Fiscalía analiza la existencia de cuentas bancarias en Uruguay con un depósito inicial de 300.000 dólares, fondos que la pareja no habría podido justificar. La documentación remitida por la justicia uruguaya confirmó movimientos bancarios desde 2008.

También permanecen en trámite, aunque con escasa información pública reciente, las causas que involucran a Martín Fernández, en Gualeguaychú, y Hernán Vittulo, en Gualeguay. Ambos están siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, sin definiciones de fondo hasta el momento.

La confluencia de estos expedientes plantea un panorama judicial inédito para Entre Ríos. Se trata de investigaciones que abarcan más de una década de presuntas prácticas sistemáticas de corrupción y desvío de fondos públicos por cifras millonarias. Las eventuales sentencias que puedan dictarse en los próximos años marcarían un punto de inflexión en la historia política y judicial provincial, teniendo como antecedente el caso de José Ángel Allende, donde fue rechazado un juicio abreviado, una decisión que —según fuentes judiciales— otros imputados evitaron replicar por el impacto que podría tener sobre una red más amplia de funcionarios involucrados.

Fuente: Análisis

Es un día clave para Julieta Prandi. A partir de las 11 de la mañana de este miércoles 13 de agosto, se conocerá el veredicto en el juicio por abuso sexual que le inició a su exmarido, Claudio Contardi. La resolución, que estará a cargo de Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, se comunicará después de las 11:00. El proceso incluyó la revisión de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana evaluará si el empresario es hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados.

Minutos pasadas las 10 de la mañana, Prandi partió de su domicilio con destino a los tribunales y allí habló con el móvil de América que la aguardaba. “Espero que los jueces den una sentencia ejemplificadora y por supuesto darme la paz de que, en el mientras tanto, él esté detenido”.

Consultada por el notero Rafael Jury, la conductora se mostró confiada en que Contardi será condenado “por unos cuantos años, 20 o más. Es lo que siento y lo sabe todo el mundo”, expresó. En el asiento del conductor, la aguardaba su actual pareja, Emanuel Ortega, sostén afectivo, físico y emocional de todo este proceso. "Es de fierro, increíble, mi sostén y mi amor. Es el amor de mi vida, y me tiene que llevar ya mismo porque no llegamos", afirmó, antes de entrar al vehículo.

Pero antes de acelerar con destino a Campana, el músico también tenía algo para decir: “Gracias por apoyarla a ella, porque de verdad están animando a miles de mujeres, que necesitan que este día cambien para bien las cosas. Es la oportunidad que tiene la justicia de nuestro país para dar vuelta la página y escribir una nueva, hay muchas personas víctimas de violencia, no solo de género, que estás esperando sentirse más protegidas y amparadas", analizó Ortega. “Tengo un campeón, tengo el mejor”, sumó Prandi para, ahora sí, enfilar con rumbo a su cita con la Justicia.

En la previa, Julieta habló con Arriba Argentinos (El Trece) para detallar una vez más su calvario junto a Contardi. “Me fui el 14 de febrero de 2015 y estuve sin trabajo por casi un año y medio, sin ayuda de alimentos, esta persona estaba en mi casa, tardé mucho en levantar la cabeza”, enumeró. Tuvieron que pasar cinco años para que pudiera aceptar una propuesta laboral. “En 2020, salió una obra de teatro en Carlos Paz, me contrataron en la 100 y ahí empecé a tener un panorama más amplio”.

También se refirió a la pena que podría recibir Contardi, que contempla un mínimo de 20 años “porque representan los años que perdí con él, que me robó”, explicó, y le sumó los cinco de la espera del juicio. En el mismo sentido, aseguró que le daría ”tranquilidad que mientras se espera la sentencia y las apelaciones, va a estar detenido de manera preventiva. Si no es detenido, me espera una agonía eterna".

Como vino haciendo a lo largo de todo este proceso, la conductora destacó su status de figura pública y la mediatización de su caso para alentar a otras mujeres que atraviesen una situación similar. “Necesitamos una pena que aliente a otras víctimas. Es una pesadilla transitar tantos años de pericias, entrevistas, denuncias, mientras que la otra parte no pasa por absolutamente nada. Si no quiere, no lo hace”, analizó.

Y siguió “Estoy presa en mi casa con el botón antipánico y con custodia. No tendría que estar en estas condiciones. Espero que hoy no solo sea una condena que nos sirva a todas, para las que todavía no pudieron salir, las que se quedaron en el camino, como también para las que se puedan alentar. Es eso lo que quiero: justicia, paz y tranquilidad, porque de ese tribunal me tengo que ir con una condena como corresponde”.

Entre escándalos, cruces y momentos de tensión, Julieta Prandi atravesó el primer día de su juicio contra su exmarido, Claudio Contardi, en la causa por abuso sexual con acceso carnal, agravado por daño en la salud mental de la víctima. En ese marco, quien salió a hablar fue Mariano Peluffo, amigo y compañero de trabajo de la actriz, quien la acompaña en su programa de radio.

Al terminar de declarar, el locutor se presentó ante las cámaras y relató el clima que había este miércoles en el juicio. “Había un ambiente muy tenso, ella había pedido que su ex no estuviera, pero hay una cuestión legal. Entonces los separaba un biombo para que no tuvieran contacto. Yo conté lo que viví al lado de Juli”, comenzó diciendo Peluffo en Todo Noticias.

Inmediatamente, Mariano relató una de las situaciones de violencia que presenció años atrás entre Contardi y Prandi: “Ella me fue contando en capas, como de una cebolla, lo que iba recordando de lo que había vivido. Ella toma la decisión de irse de casa en 2019, después de hechos traumáticos. Algunos los vivimos, en 2019 vivimos un evento, llegó de un auto, pálida, sus papás estaban acá conmigo, pero ella tuvo que volverse apenas terminamos el trabajo. Estaba angustiada, y a los días se fue de la casa”.

En ese marco, el presentador también se refirió al mecanismo de control que Contardi ejercía sobre la actriz: "El único trabajo que ella tenia era el de la radio, nuestro programa. El abogado defensor me preguntó dónde vi violencia económica, pero en 5 años, un padre que no pasa un peso...Todas las bombas estallaban de 14 a 17, siempre en el horario de trabajo de Juli. Quería dinamitarle su único ingreso. El punto de vista emocional es tremendo. Es muy difícil juntar el coraje para irse. Los hijos declararon en pericias no querer verlo (al padre) nunca más".

Peluffo resaltó cómo comenzó su amistad con la actriz y cómo esta se fortaleció una vez que Prandi abandonó su casa: "Ella fue asilada de su familia en la relación. Mi vínculo diario con Juli empieza cuando ella se fue de la casa. Ella vivía nerviosa, mirando el teléfono. Yo no conocí al marido, lo vi dos veces nada más. Es una forma de control, la posibilidad de mandarle la ubicación, también es una herramienta de control".

En ese sentido, el locutor reflexionó sobre este tipo de casos y buscó enviar un mensaje de concientización: "Ojalá esto termine bien, hay muchas personas que pasan por esto. Nadie está exento de caer en manos de alguien que te manipule, que pueda psicopatear, que te termine enroscando en una telaraña, más allá de que la estadística dice que pasa más en hombres con mujeres como víctimas, también pasa a la inversa".

Por último, el presentador comentó cómo veía a su amiga y las próximas instancias que atravesará el proceso: “A Julieta la veo súper entera y con ganas de que esto se resuelva y se haga Justicia. Vendrán muchas instancias de apelación, pero ya que la causa sea elevada a juicio es un gran paso. Después vendrá la causa de los chicos. Cuando Juli me dijo que esto iba a ser elevado a juicio, le dije todo lo que me acordaba y que podía contarlo. Yo soy papá de tres hijas mujeres, no quisiera por asomo que alguna pasara esto. Hay que estar cuando te toca estar”.

La causa comenzó tras la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar en 2021. Contardi fue acusado por Prandi de someterla mientras convivían en un barrio privado de esa localidad bonaerense, “entre el 28 de julio del año 2015, fecha posterior al nacimiento del hijo mayor de ambos y el mes de marzo del año 2018, fecha en que se mudan a la localidad de Martínez”, según consta en el expediente. La pareja se separó finalmente en 2019.

La cantidad de abusos, así como las fechas exactas de los hechos, no pudo ser determinada por Prandi, un punto que la defensa de Contardi atacó y que el juez Marino no consideró relevante: la falta de precisión es propia del trauma del abuso sexual.

Algunas de estas causas podrían postergarse según los avatares de la agenda judicial, o cerrarse antes con acuerdos de juicios abreviados. De todos modos, al menos en los papeles, ya habría 15 juicios por jurados más que los 23 realizados el año pasado.

Este nuevo sistema de juzgamiento con participación popular se convirtió en Ley a fines de 2019 y comenzó a regir en 2020, se demoró su arranque por la pandemia y el primer juicio se realizó en noviembre de 2020. Si bien comienza su cuarto año de vigencia, lleva en funcionamiento menos de dos años y medio, en los cuales se realizaron la misma cantidad de debates que se agendaron para llevar adelante este año, 38.

Del análisis de esta programación por jurisdicción, se observa que la mayoría de juicios por jurados se realizarán en Paraná, con 15 casos, seguida más lejos por Concordia, mientras que en Gualeguaychú se realizarán seis, pero dos de ellos por hechos ocurridos en el Departamento Islas. Luego habrá tres debates con esta modalidad en Concepción del Uruguay y también en Gualeguay, mientras que tendrán un solo juicio los Departamentos Nogoyá, Federal, Tala, Islas, San Salvador, Feliciano y Diamante, indicó diario Uno.

Al atender a los delitos por los cuales se convocarán a estos juicios, casi todos son por delitos contra la integridad sexual y por asesinatos: 17 por abusos sexuales y 15 por homicidios (simples y agravados). También habrá cinco debates por tentativas de homicidios y uno por un robo agravado.

Por último, al desglosar los datos de la agenda, surge que la mayoría de los casos tienen un solo imputado, pero otros tienen dos o más acusados, por lo que habrá en total de 53 personas juzgadas en estos debates. Por abusos sexuales estarán en el banquillo 19 personas, otras 24 por homicidios, ocho por intentos de homicidios y dos por la única causa de robo. Del total de imputados, tres son mujeres y el resto varones.

Asimismo, surge del cálculo sobre el total de juicios programados, que 608 ciudadanos serán convocados (luego de la audiencia de selección, llamada voir dire) para integrar los jurados, 456 como titulares y 152 como suplentes.

Cabe recordar que en junio del año pasado se realizó el sorteo público en el IAFAS de 6.500 personas que integran el padrón electoral, como potenciales jurados. En el sitio https://juicioporjurados.tribunalelectoraler.gob.ar se puede consultar si se está preseleccionado.

Los primeros

Esta semana comenzará el primero del año, en Nogoyá, donde un hombre será juzgado por abuso sexual, entre el 15 y el 17 de febrero.

La semana que viene será el primero en Paraná, por un caso que conmocionó tanto a la capital provincial como a San Benito, donde José Brian López baleó a su pareja, la cabo de policía, Carla Ledesma, de 36 años, y a su sobrina Eliana Ledesma, de 25, minutos después de la medianoche del miércoles 8 de septiembre de 2021. Eliana murió poco después y Carla sobrevivió luego de mucho tiempo en terapia intensiva. Será del 23 al 28 de febrero, por los delitos de Homicidio triplemente calificado en grado de tentativa y Homicidio simple, presidido por el juez técnico Rafael Cotorruelo.

En tanto, en marzo habrá otros dos juicios por jurados en Paraná por casos que impactaron a la opinión pública. El 6 comenzará el debate contra Luis Aníbal Roldán y Hugo Roldán, imputados por el homicidio de Ramón Grandoli, el adolescente de 14 años asesinado en febrero de 2020 en Hernandarias. Les imputan Homicidio agravado por alevosía, del chico que estuvo más de un mes desaparecido y sus restos fueron hallados en un monte, informó Uno.

Y el 27 iniciará el debate por el crimen del contador Gonzalo Calleja, ocurrido a mediados de 2021. El principal imputado, quien confesó haber participado del rapto del joven de 28 años, es Ezequiel Morato, y buscará evitar la perpetua por los agravantes del delito, alevosía y criminis causa (matar para ocultar el robo de dólares). También estará en el banquillo Francisco Giménez, quien estuvo en contacto con Morato en horas posteriores al hecho, pero se declara inocente.

El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Fernando Báez Sosa, aseguró esta mañana que no esperan para hoy, cuando se conocerá el veredicto, otra alternativa que la “prisión perpetua” para los ocho acusados del homicidio ocurrido hace tres años en la ciudad de Villa Gesell.“Nuestra conclusión es la aplicación de la prisión perpetua para los ocho acusados. No pensamos otras alternativas, por lo menos hoy. Ese sería el fallo la máxima para nosotros”, dijo el abogado en declaraciones formuladas a los medios de prensa en Dolores.

En ese sentido, el abogado adelantó que apelará la decisión del tribunal en caso de que los ocho acusados no sean condenados a la pena máxima.“Si vemos desequilibrio, vamos a seguir buscando Justicia en el tribunal que sea. Entendemos que todos deben ser condenados a prisión perpetua ya que hay elementos de mucha contundencia para afirmar lo que estoy diciendo”, aseguró.

Además, el letrado agradeció el afecto que recibieron los padres de Fernando, aunque vaticinó que la fuerza que reciben “en algún momento se va a apagar”.“Yo creo que eso va a ocurrir cuando la sociedad le dé una respuesta a través de la Justicia y seguramente pueda ser hoy. Todo lo que pasa a partir de hoy con Silvino y Graciela solamente ellos van a poder digerir o dar a conocer también. En Fernando estaban depositados todos sus sueños, sus proyectos, todo su amor, su vida económica. Después de esto seguramente vienen los momentos más duros", describió el abogado.

Por último, Burlando instó a Graciela y Silvino a que apoyen a padres en otras causas similares.“Eso les va a generar algún tipo de motivación y algún tipo de objetivo en la vida, cuando uno pierde un hijo, todo se le puede cruzar por la cabeza a un ser humano, esperemos que canalicen como canalizaron hasta ahora con solidaridad y apoyo a gente que sufre tragedias", concluyó. Fuente: (Télam)

Sergio Urribarri había presentado un recurso de casación, el cual fue catalogado como “improcedente” por parte del Juez Garzón.

Urribarri presentó dicho recurso, a través de sus abogados defensores luego de que el magistrado revocara, a finales de junio, el sobreseimiento que había dictado su par de Garantías, Mauricio Marcelo Mayer, y que había beneficiado al exembajador argentino en Israel en una causa que investiga el supuesto pago de coimas en las contrataciones del Estado provincial con el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.En una resolución que se conoció ayer, el juez Garzón declaró “improcedente el recurso de casación interpuesto por los Dres. Miguel Ángel Cullen, Raúl E. Barrandeguy, José C. Pérez y Juan Antonio Méndez, abogados defensores de D. Sergio Daniel Urribarri los dos primeros mencionados y de Miguel Ángel Ulrich y Carlos Marcelo Haidar los otros, contra la resolución de fecha 30/06/2022”. 

La vía que les queda ahora a los defensores es intentar llegar igualmente a la Cámara de Casación con un recurso de queja, para que le conceda la revisión del fallo de Garzón en esa instancia superior.

Fuente: El Entre Ríos

A pesar de haber pedido la anulación del juicio, Amber Heard deberá pagarle los US$10 millones a Johnny DeppA pesar de haber pedido la anulación del juicio, Amber Heard deberá pagarle los US$10 millones a Johnny Depp

La actriz Amber Heard planteó la anulación del juicio que benefició a Johnny Depp, donde se determinó que el actor fue víctima de difamación por el artículo que escribió la actriz en The Washington Post. El texto narra en primera persona el abuso doméstico y la violencia sexual que -supuestamente- vivió en el pasado por parte de su pareja. Las denuncias se desmintieron durante la batalla legal que tuvo lugar meses atrás.

Ahora, en una presentación judicial, los representantes legales del intérprete de Piratas del Caribe afirmaron que la decisión es inapelable. “Después de un juicio de seis semanas, un jurado, señora Heard, emitió un veredicto en su contra en prácticamente todos los aspectos”, mencionaron. También agregaron que comprenden el disgusto de la actriz con el resultado del proceso, pero que “no se identificó ninguna base legítima para anular en ningún aspecto la decisión del jurado”.

“El veredicto estuvo bien respaldado por la abrumadora evidencia, de conformidad con la ley, y no debe anularse. El señor Depp sostiene respetuosamente que el Tribunal debe denegar las mociones posteriores al juicio de la señora Heard, que rayan en lo frívolo”, explicaron. De esta manera, la intérprete de Mera -en el Universo Extendido de DC- deberá pagar los 10 millones de dólares, según resolvió la Justicia.

El actor se vio beneficiado en el juicio más mediático de los últimos años, el cual determinó que fue víctima de difamación

En un documento presentado hace algunos días, el cual posee 43 páginas, los abogados de la actriz argumentaron que la información en la que se basó el jurado para decidir que el aclamado actor había sido víctima de difamación “no está respaldada por la evidencia”.

A su vez, mencionaron que “el señor Depp no cumplió con los requisitos legales para probar la real malicia y el veredicto debe anularse” y alegaron que el intérprete no pudo probar que su carrera y reputación se hayan visto afectadas por este artículo de opinión que dio inicio a la batalla legal.

“Depp no presentó evidencia de daños pecuniarios sufridos en el período limitado del 18 de diciembre de 2018 al 2 de noviembre de 2020 como resultado del artículo de opinión. No hubo evidencia de ningún proyecto u oportunidades comerciales perdidas debido al artículo de opinión”, expresaron. Es por eso que pidieron que se “investigue el servicio inadecuado” que hubo.

La jueza del Circuito en el condado de Fairfax, Virginia (Estados Unidos), Penney Azcarate rechazó la petición de la actriz Amber Heard para celebrar un nuevo juicio en el caso por difamación que perdió frente a su exmarido Johnny Depp.

Los abogados de la artista habían pedido a la magistrada que anulara el veredicto que la obliga a pagar 10 millones de dólares a la estrella de "Piratas del Caribe" y declarara el juicio nulo, pero la jueza lo desestimó.

A principios de julio los representantes legales de Heard iniciaron la apelación para la anulación del veredicto y realizar otro por una serie de fallas en el veredicto.

Los abogados de Depp argumentaron que la actriz no ha demostrado que haya sufrido perjuicio alguno debido al error y que renunció a su derecho a oponerse al no plantear el problema antes.

“Heard no muestra ningún prejuicio y, en consecuencia, sus argumentos especulativos fallan”, indicó el equipo legal del actor en una presentación judicial.La sentenciaEl 1 de junio un jurado popular del estado de Virginia que actuó en el juicio integrado por siete personas, deliberó durante tres días y esta tarde dio a conocer la decisión, que hará que el protagonista de la saga "Piratas del Caribe" cobre 10 millones de dólares en concepto de daños, mucho menos que los 50 que había pedido inicialmente.

Se llevó a cabo el sorteo público de 6.500 ciudadanos que integran el padrón electoral vigente y serán potenciales jurados de acuerdo a los requisitos establecidos por la Ley 10.746, que regula el funcionamiento del instituto de juicio por jurados.

El mismo se realizó en la sede del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) El sorteo discriminó por jurisdicción y por sexo, con el objeto de  confeccionar el listado definitivo de las personas que podrán integrar el Tribunal de Jurados en los juicios penales que se lleven a cabo en Entre Ríos a partir de 2023.

El resultado del sorteo puede verse en https://juicioporjurados.tribunalelectoraler.gob.ar/. 

Fuente: APF

Thomás Fort, sobrino de Ricardo Fort, enfrenta un grave proceso judicial en su contra por un accidente vial en la Panamericana ocurrido el 5 de enero de 2020 donde murieron dos personas.

Se conocieron luego imágenes de aquella madrugada en donde Thomás Fort circuló con su camioneta de alta gama color negro por ese mismo lugar a gran velocidad.

Este martes en el programa Nosotros a la mañana, El Trece, el periodista de policiales Pampa Mónaco informó que el juez Orlando Díaz elevó la causa a juicio oral, por lo que Thomás enfrenta una pena que podría ir de 8 a 25 años de cárcel por la calificación del hecho.

"El juez de garantías Orlando Díaz elevó ayer a juicio oral por el delito de doble homicidio simple y tripe homicidio simple en grado de tentativa. En caso de ser encontrado culpable puede ir a prisión de 8 a 25 años", indicó Mónaco.

Y explicó sobre el trágico hecho: "De las tres personas que iban en la parte trasera del auto murieron dos. Dos muerte y tres personas con lesiones graves".

La Cámara de Gualeguay ratificó la resolución que se adoptó en primera instancia respecto a la propiedad del campo de 125 hectáreas en Perdices, cuya posesión la tiene la familia Robles desde hace 51 años y que había sido usurpado por cuatro personas.

Al no hacer lugar al reclamo de apelación, el fallo quedó firme, por lo que en las próximas horas volverá el expediente a Gualeguaychú, habilitando en 48 horas la restitución del campo.

En tanto la causa continúa, por lo que la fiscal Eliana Ghiglione, indagó a los cuatro acusados, por lo que en poco tiempo, con las pruebas obtenidas, solicitaría la elevación de la causa a juicio al juez de Garantías.

Con los datos obtenidos la justicia determina la restitución, por considerar que hubo una ocupación ilegal del bien, al probarse preliminarmente antes del juicio, los derechos adquiridos en la posesión, por lo que las cuatro personas imputadas deberán afrontar el juicio por el delito de usurpación.

El campo fue usurpado por supuestos herederos de Teodoro Modesto Carles, quienes aseguraban "tener derechos de herencia en el campo".

La Cámara de Gualeguay ratificó la resolución que se adoptó en primera instancia respecto a la propiedad del campo de 125 hectáreas en Perdices, cuya posesión la tiene la familia Robles desde hace 51 años y que había sido usurpado por cuatro personas.

Al no hacer lugar al reclamo de apelación, el fallo quedó firme, por lo que en las próximas horas volverá el expediente a Gualeguaychú, habilitando en 48 horas la restitución del campo.

En tanto la causa continúa, por lo que la fiscal Eliana Ghiglione, indagó a los cuatro acusados, por lo que en poco tiempo, con las pruebas obtenidas, solicitaría la elevación de la causa a juicio al juez de Garantías.

Con los datos obtenidos la justicia determina la restitución, por considerar que hubo una ocupación ilegal del bien, al probarse preliminarmente antes del juicio, los derechos adquiridos en la posesión, por lo que las cuatro personas imputadas deberán afrontar el juicio por el delito de usurpación.El campo fue usurpado por supuestos herederos de Teodoro Modesto Carles, quienes aseguraban "tener derechos de herencia en el campo".

El policía acusado, D.G., era padrastro de la víctima que al momento de denunciar tenía 16 años. El sujeto se encuentra esperando la sentencia en libertad, razón por la cual familiares de la joven y movimientos feministas de Victoria realizarán este viernes a las 20, una concentración el Plaza San Martín, exigiendo que cumpla la prisión de inmediato.

La abuela de la víctima, quien la acompañó como apoderada durante todo el proceso judicial, teme que la feria dilate el cumplimiento de prisión del hombre que acosó a su nieta desde los 11 años, con abuso verbal, psicológico y, más adelante, sexual.

"Mi nieta se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico porque este hombre le destrozó la vida. Se lastima el cuerpo, ha intentado quitarse la vida, la destruyó", contó la mujer que junto a un grupo de feministas desde la Plaza San Martín donde repartieron folletos a los transeúntes con lemas como "Los niños no mienten, los violadores sí", o "buscá ayuda no te quedes callada/o".

Por otra parte, se conoció que la abuela de la víctima fue increpada por familiares del acusado en el regreso de la audiencia realizada en Gualeguay, por lo que realizaría en la Jefatura Departamental un pedido de restricción de acercamiento para ella y su familia, tanto contra el policía condenado como su familia.

El acuerdo firmado fue posible porque la víctima ya cumplió la mayoría de edad, sin este requisito, la causa debería haber seguido su curso en un juicio completo. (Fuente: Lt39)

El último día de febrero de 2018, en horas de la siesta, Carla F., entonces de 19 años, visitó en la Unidad Penal de Gualeguay a un interno llamado Emanuel Brian Alaniz, que estaba detenido por un homicidio. En la requisa el personal penitenciario le detectó en el rodete del cabello 1,27 gramos de marihuana, cantidad con la que se puede armar un porro.

La joven fue imputada por el delito de tentativa de suministro de estupefacientes a título gratuito para consumo personal. El fiscal de entonces, Carlos García Escalada - a cargo de la fiscalía de Victoria - pidió apliclar el trámite de flagrancia y en abril de 2018 solicitó que la causa de eleve a juicio. En una audiencia, el defensor señaló que la joven no tenía antecedentes penales y destacó que podía desempeñar tareas en la Municipalidad de Gualeguay. El fiscal no planteó objeción, pero subsidiariamente dejó sentado el pedido de elevación a juicio en caso de incumplimiento.

Durante seis meses Carla debía cumplir 4 horas semanales de trabajo comunitario no remunerado en la Secretaria de Prevención de Adicciones del municipio de Gualeguay. En septiembre de año pasado, se informó al juzgado que la mujer no había asistido ningún día al trabajo comunitario y que, cuando fue requerida en el domicilio, su madre les informó que ella ya no vivía allí, que se había ido al campo, con su nueva pareja, a empezar una nueva vida.

En un fallo fechado el 26 de octubre del 2020, el juez federal Leandro Ríos consideró que la suspensión del juicio a prueba debía revocarse por el incumplimiento de la joven, al mismo tiempo que reanudaba el trámite de flagrancia y elevaba la causa a juicio.

Tras el fallecimiento del fiscal original - víctima del Covid - el fiscal a cargo de la Fiscalía de Victoria que lo reemplazó, Walter Rodríguez, hizo una serie de planteos que puso en jaque a gran parte del proceso.

En primer lugar, Rodríguez objetó el fallo de Ríos y pidió su nulidad, al mismo tiempo que observó que el trámite se reanudó en octubre pasado, casi cuatro años después de iniciarse la causa bajo el procedimiento de flagrancia. Alonso hizo lugar al planteo, pero siguió firmando resoluciones sobre el expediente, que debería haber regresado al despacho de Ríos para que cumpla con el requisito de escuchar a la imputada y en consecuencia dicte un nuevo fallo.

Rodríguez volvió a insistir en que Alonso no podía seguir interviniendo en el proceso, una vez admitido el planteo de nulidad del fallo de Ríos que hacia caer la suspensión del juicio a prueba. Por eso le envió un escrito a al juez - que había fijado una audiencia para el 10 de noviembre pasado - señalándole que no asistiría por todo lo mencionado anteriormente, además de agregar el exceso de trabajo que le generaba estar a cargo como titular de la Fiscalía Federal Nro 2 de Santa Fe, subrogando entonces la Fiscalía Nro1 -con competencia electoral- y la Unidad de Victoria.

El representante del Ministerio Público Fiscal planteó que la posición de Alonso se daba de bruces con las disposiciones vigentes en el nuevo Código Procesal Penal en cuento establece la necesidad de resolver los conflictos surgidos como consecuencia de un hecho punible dando preferencias a soluciones armónicas entre los protagonistas y en pos de la paz social. Para el fiscal, la resolución del juez no hizo otra cosa de afectar el debido proceso legal y el derecho a la víctima a ser escuchada con presencia de su defensor, "vulnerados con motivo de la no realización de la audiencia regulada en el código, lo cual justifica la declaración de nulidad absoluta" del fallo de Ríos de octubre del año pasado.

"Párrafo aparte merece la capacidad de abstracción judicial para llevar a juicio a como dé lugar a Carla F. , una joven de poco más de 20 años, con instrucción secundaria incompleta de profesión ama de casa", destacó Rodríguez, que un día antes de la audiencia fijada por el juez Alonso se eximió de asistir a la misma, entre otros motivos - además- por sus múltiples exigencias laborales, ya que no sólo tenía a cargo la Fiscalía Federal 2 de la ciudad de Santa Fe, sino además subrogaba la Fiscalía 1, con competencia electoral.

El 15 de noviembre pasado el fiscal interpuso un recurso de Casación en respuesta a la convocatoria que había hecho Alonso para fundamentar el plateo de nulidad, que él mismo había admitido como juez correccional y por lo tanto - según el fiscal - ya lo dejaba afuera de seguir participando como juez del caso. En el escrito se señala que el Tribunal Unipersonal "ocasionó un gravamen irreparable o de insuficiente reparación ulterior, poniendo en riesgo la normal continuidad del proceso en la medida que, pese a admitir el planteo de nulidad, no aplicó la regla que establece aquellos efectos, sobre todos los actos consecutivos que de él dependan (...) el juez Alonso ha ignorado en términos absolutos desde una perspectiva de género con el que el caso debe ser analizado (...) fue indiferente al cambio de vida la imputada, a su intimidad, como rehacer su vida con nuevos vínculos afectivos, que le implicó irse a vivir al campo con su actual pareja". La defensora de la mujer también interpuso un recurso en Casación, en sintonía con los argumentos del MPF. El trámite está aún sin resolución.

Mientras tanto, Carla F. sigue ligada a una causa penal, con gran parte del aparato judicial federal de Entre Ríos queriendo enjuiciarla. Por poco más de un gramo de marihuana en el rodete.

Últimos actos

En los últimos días, el fiscal Rodríguez recusó al juez mediante con escrito donde brevemente reseñaba una serie de objeciones a todo el proceso. El magistrado la rechazó. Rodríguez llegó a Paraná el 12 de agosto pasado para hacerse cargo de la Fiscalía de Victoria, fue designado por Resolución de la Procuración. El martes 30 de noviembre cesó en sus funciones. En poco más de tres meses de gestión se diligenciaron miles de expedientes que estaban pendientes de resolución. Después de 10 años de su creación, la Fiscalía empezará a funcionar en su lugar de origen, en la ciudad que permite a los entrerrianos conectarse con Rosario mediante un puente.

FUENTE: elciudadanoweb

El juez Ali Mazloum del fuero criminal federal de San Pablo determinó las próximas audiencias con rondas de declaración de testigos para el 27 y 28 de enero próximos, dijeron fuentes brasileñas del proceso.

El caso está bajo secreto de sumario estricto y todas las partes fueron informadas sobre las próximas audiencias.

El juicio que se realiza en San Pablo, con la acusación del fiscal federal Andrey Borges Mendonça, se retrasó a causa de la extensión de la declaración de tres testigos, entre ellos la actriz y modelo Calu Riveiro, que declaró hoy desde Roma.

Fardin denunció hace casi tres años a Darthés por abuso sexual ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, durante una gira de la tira "Patito Feo".

"Hoy, Anita Co estaba citada para declarar a las 15 horas, pero a las 17:30 le informaron que le reprogramarían su declaración. Ella estaba esperando en las inmediaciones de la fiscalía y fue comunicada que le reprogramarían la declaración porque el juicio se reanudará el 27 de enero. Calu estuvo declarando exactamente cuatro horas desde el consulado de Roma", dijo a Télam Raquel Hermida Leyenda, abogada de ambas actrices.

Rivero brindó testimonio de forma virtual durante cuatro horas desde el Consulado argentino en Roma, donde se encuentra trabajando.

Según Hermida, tras su declaración, Rivero dijo que "fue sanador poder dirigirse a Darthés, su abusador".

A raíz de la acusación, el actor le inició en 2018 a Rivero una causa por "daños y perjuicios".

Rivero se había referido públicamente por primera vez de su repentina salida de la novela "Dulce Amor", en 2012, en la que ella era protagonista junto con Darthés.

Rivero y Anita Co son parte de los once testigos que declararán en el juicio de manera virtual.

Anita Co relató en 2018 en sus redes sociales un abuso que sufrió de parte del actor cuando grababan la tira "Gasoleros" en 1999.

La denuncia de Fardín contra Darthés fue aceptada en Nicaragua e incorporada en la acusación contra el actor por el Ministerio Público de Argentina y de Brasil.

Es que Darthés, Juan Rafael Pacífico Dabul, nació en Brasil, país adonde se trasladó para evitar ser detenido por el pedido de captura distribuido por Interpol.

Es por eso que el juicio se sustancia en Brasil, y es un hecho inédito que un Ministerio Público de Brasil eleve como propia una acusación de Nicaragua contra uno de sus ciudadanos.

Si es condenado, Darthés cumplirá pena en Brasil y no será extraditado.

El juicio sufre un aplazamiento porque también el sistema judicial paulista ingresará en receso el 17 de diciembre hasta el 6 de enero.

El abogado de Darthés, Luiz Nazareth, el propio actor acusado, los testigos argentinos y sus abogados siguieron el juicio en forma remota, como acostumbra en la pandemia a realizar las audiencias el juez Mazloum.

Ayer, durante la primera jornada del juicio, Fardin declaró de manera virtual ante la Justicia de Brasil durante cuatro horas, hasta las 20.30

"Estoy muy cansada, muy contenta y orgullosa de que hayamos podido, no solo yo sino todas, llegar hasta acá y agradecida de haber sido escuchada en la justicia", dijo Fardin a la salida de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), ubicada en el centro porteño.

Y concluyó: "Ya pasó. Todo lo que yo tenía en mis manos, todo lo que yo podía hacer, lo hice. Hoy vine y me saqué esta mochila que se la dejo a la Justicia; quiero tener confianza en la Justicia".

"Exploté, no sé lo que hice". Con esta frase, Fabiana Cruz, de 21 años, intentó defenderse de la acusación del crimen de Agustina, una nena de 4 años que era hija de su pareja. Lo hizo en la última jornada del juicio que se realiza en los tribunales de Puerto Madryn.

Cruz asesinó a golpes a la víctima cuando se enteró que su pareja, Ana Quispe (28), estaba embarazada. Ahora enfrenta una posible condena a cadena perpetua. Pero, además, la mujer acusada quiso justificarse aún más: "Ella (por Ana) volvía borracha, con hombres y me pegaba. Me decía que le había arruinado la vida. Nunca creí que fuera capaz de engañarme o mentirme. Por eso cuando me enteré de todo exploté, no sé lo que hice".

El crimen se produjo el 21 de agosto de 2019. Cruz está acusada de "homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento", según la calificación que le dieron los fiscales Jorge Bugueño y Daniel Báez.

La madre de la nena declara por videoconferencia. Fabiana Cruz escucha en la sala. /Fiscalía Madryn

La mujer fingió primero que la nena se había caído y golpeado. Encontró a un vecino que la llevó hasta el hospital. La víctima estaba en sus brazos, ensangrentada, según quedó expresado a lo largo de las audiencias del juicio.

Eran las 11 cuando Fabiana llegó al hospital. "No sé bien lo que le pasó, se cayó", les dijo a quienes la atendieron. Pero los médicos no le creyeron porque las lesiones que tenía la nena no eran para nada compatibles con su versión.

Pese a los esfuerzos de los profesionales y a su rápida derivación al hospital de Trelew, donde fue internada en terapia intensiva, la niña murió el mismo día en que fue golpeada. "No quedan dudas que la persona que tenía que cuidarla fue la que la mató", dijo Báez en su última intervención y pidió la pena de cadena perpetua. "No solo le quitó la vida, sino que lo hizo de una manera perversa y cruel", agregó el funcionario judicial.

En el juicio, el médico Daniel Cardarilli sostuvo que esos golpes no pudieron haber sido nunca producto de una caída. El integrante del Cuerpo Médico Forense fue contundente. "Me llamó la atención la multiplicidad de lesiones", dijo, describiendo lesiones en 16 grupos y un traumatismo de cráneo.

La autopsia estableció que la muerte de la nena se produjo por un paro cardiorrespiratorio con múltiples traumatismos de cráneo y golpes en todo el cuerpo.

La sentencia de los jueces se conocerá el martes próximo. Para las abogadas públicas Laura Matensen y Luciana Capone, la mujer actuó con "emoción violenta", por lo cual pidieron su inmediata libertad.

La mañana del crimen, la mamá de la nena se había ausentado por unos minutos ya que se dedicaba a la venta de perfumes y debía realizar una entrega. También era empleada doméstica. En las audiencias declararon alrededor de 20 testigos.