En un operativo de gran magnitud que sacude las estructuras del fútbol local, la justicia dispuso este viernes el allanamiento de al menos 10 clubes argentinos. Las medidas fueron dictadas en el marco de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades en los contratos firmados entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la empresa de servicios financieros Sur Finanzas.

Los procedimientos, llevados a cabo por personal de fuerzas de seguridad federales, se extendieron por diversas sedes sociales y administrativas. Entre las instituciones afectadas por los operativos se encuentran clubes de renombre como San Lorenzo, Racing, Independiente, Argentinos Juniors, además de otros equipos que mantienen o mantuvieron vínculos comerciales con la firma investigada.

El objetivo principal de los allanamientos es el secuestro de documentación contable, contratos de patrocinio y registros de transferencias de fondos que permitan determinar la transparencia de las operaciones financieras entre las instituciones, la casa madre del fútbol y la compañía financiera.

La causa se centra en la relación comercial que la AFA estableció con Sur Finanzas, empresa que ha tenido una presencia visible como sponsor en diversos torneos y activos digitales de la asociación. La justicia busca establecer si existieron maniobras de administración fraudulenta o lavado de activos a través de estos convenios.

Los investigadores sospechan que los contratos podrían haber servido como fachada para movimientos de dinero que no coinciden con los valores de mercado o que no fueron debidamente declarados en los balances de los clubes involucrados.

Desde la AFA, hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial, aunque el clima de tensión es evidente dada la simultaneidad de los operativos. Por su parte, los clubes allanados han mostrado, en su mayoría, una actitud de colaboración con la justicia, facilitando el acceso a sus sistemas informáticos y archivos físicos.

La magnitud de la causa sugiere que los operativos realizados hoy son solo la primera etapa de una investigación más profunda. En las próximas semanas, los peritos contables de la justicia analizarán el material incautado para determinar si hubo un perjuicio económico para las instituciones o si se cometieron delitos de índole tributaria.

Este proceso judicial se produce en un contexto de fuerte debate sobre el manejo de los fondos en el fútbol argentino, poniendo nuevamente bajo la lupa la transparencia en la gestión de los contratos de sponsoreo y los vínculos entre los dirigentes deportivos y el sector financiero privado.

Durante el año, el Superior Tribunal de Justicia impulsó una agenda orientada a fortalecer el control judicial en casos de suspensión del juicio a prueba, condenas de ejecución condicional, mediación penal y abordaje integral de situaciones de violencia de género, con acciones coordinadas junto a fuerzas de seguridad, el Servicio Penitenciario y diversas instituciones.

En ese marco, la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) mantuvo reuniones de trabajo con autoridades de la Policía de Entre Ríos y del Servicio Penitenciario Provincial para acordar que personas beneficiadas con probation o condenas condicionales por delitos previstos en el artículo 119 del Código Penal realicen tareas comunitarias en comisarías, dependencias policiales y unidades penitenciarias.

Asimismo, 141 personas probadas o condenadas por hechos cometidos en contextos de violencia de género fueron derivadas al “Dispositivo de Masculinidad sin Violencia”, una propuesta coordinada por el licenciado Javier Ortiz a través del Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi”, que busca trabajar las conductas violentas desde una perspectiva de prevención y reeducación.

En Concordia, oficiales de prueba organizaron charlas sobre convivencia familiar junto al padre Nicolás Frigo, de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, destinadas a personas con condenas condicionales o suspensión de juicio a prueba. Las actividades se desarrollaron en junio y contaron con la participación de 18 asistentes.

Por otro lado, los equipos de mediación penal realizaron audiencias en distintas localidades de la provincia, trasladándose a los lugares de residencia de las partes para garantizar el acceso a la justicia. Mediadores de Paraná intervinieron en Crespo, Hernandarias y María Grande; los de Gualeguaychú en Urdinarrain; y los de Gualeguay en General Galarza, logrando resolver numerosos conflictos de manera positiva.

En el marco del proyecto de atención a víctimas de violencia de género y abuso sexual, durante 2025 fueron entrevistadas y acompañadas 318 mujeres en la ciudad de Paraná, priorizando la protección de sus derechos, su seguridad y la de sus hijos e hijas.

Capacitación y datos de gestión

A lo largo del año también se desarrollaron instancias de capacitación permanente, entre ellas webinars y conversatorios sobre seguimiento de probation y mediación penal, además de jornadas provinciales e interjurisdiccionales realizadas en Victoria y Concepción del Uruguay.

En cuanto a los datos de gestión, al 30 de noviembre ingresaron a las Oficinas de Control de la provincia 1.708 personas con suspensión de juicio a prueba y 642 con condenas condicionales, sumando 2.350 nuevos casos bajo seguimiento. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal derivó 4.706 legajos a las Oficinas de Mediación Penal, de los cuales 2.970 se resolvieron positivamente, alcanzando el 78% de eficacia.

Desde el Poder Judicial destacaron que estos resultados reflejan el compromiso con una justicia más cercana, eficiente y orientada a la resolución pacífica de los conflictos y la protección de las víctimas.

La iniciativa, impulsada por la presidenta de la Sala Civil, Gisela Schumacher, se implementará inicialmente como prueba piloto en cuatro ciudades entrerrianas. En esta primera etapa, participarán los Juzgados Civiles y Comerciales Nº 3, Nº 5 y Nº 7 de Paraná; Nº 1 de Concordia; Nº 1 de Gualeguaychú; y Nº 1 de Concepción del Uruguay.

Durante este período, los profesionales deberán continuar enviando la llamada “foja cero” a la Mesa Única Informatizada (MUI) o el organismo de sorteo correspondiente. Si el expediente es asignado a uno de los juzgados incluidos en la prueba piloto, el profesional será notificado para cargar la demanda directamente a través de la nueva sección “Demandas” en la Mesa Virtual. En caso contrario, el trámite continuará con el formato tradicional en PDF.

El nuevo sistema —que tendrá plena validez jurídica— permitirá una carga guiada y organizada de la información, mejorando la precisión y reduciendo errores. La funcionalidad fue desarrollada por una comisión interdisciplinaria del Poder Judicial, integrada por magistrados, personal técnico y del Área de Informática Judicial, que además elaboró una guía de buenas prácticas y un manual de uso disponibles en el sitio web institucional.

Como complemento, se incorporarán videos instructivos en la Mesa Virtual y en el sistema SIRIRI, para orientar a los usuarios en el manejo de la herramienta. Además, tanto la MUI como los juzgados participantes estarán disponibles para brindar asistencia durante esta fase experimental.

Con esta iniciativa, el STJER busca dar un paso firme hacia una justicia más ágil, accesible y moderna, en línea con los desafíos tecnológicos actuales.

Cada vez que un cargo queda vacante se cubre de manera interina, lo que suele generar tensiones políticas y cuestionamientos sobre la transparencia de las designaciones. El Consejo de la Magistratura, creado en 2003 y con rango constitucional desde 2008, es el órgano encargado de organizar concursos y elevar ternas al Ejecutivo, que luego define un candidato con aval del Senado.

La mayor demanda de la sociedad se concentra en los juzgados de Familia, donde se tratan casos de violencia de género y violencia familiar, en los laborales, que reciben reclamos de trabajadores, y en fiscalías y defensorías que investigan delitos o asisten a personas sin recursos.

En el mapa judicial, la vacancia se distribuye del siguiente modo:

Además, hay 15 concursos suspendidos por la falta de un Banco de Casos, herramienta exigida por la ley para la instancia de oposición.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón, reconoció que hay 77 concursos aún no convocados y que la falta del Banco de Casos complica la cobertura de vacantes. En declaraciones a Cuestión de Fondo, explicó:

“Algunos concursos se están convocando. Hoy tuvimos el sorteo de jurados para defensores multifuero de Chajarí, Nogoyá y Victoria. En cualquier momento esas vacantes se van a cubrir. No estamos paralizados”.

La Legislatura entrerriana debate una reforma al Consejo de la Magistratura. En el Senado se introdujeron cambios significativos: se eliminó el Banco de Casos, se descartaron los concursos anticipados y se incorporó la perspectiva de género en las evaluaciones, además de asegurar la representación universitaria (UADER, UNER y UNL).

Los interinatos y las designaciones discrecionales han generado polémicas en Tribunales. El caso más resonante fue en marzo, cuando el gobernador Rogelio Frigerio anuló los concursos para Fiscal Anticorrupción, tras detectarse irregularidades en los sorteos de jurados.

El Consejo asegura que trabaja en garantizar mayor transparencia. Ejemplo de ello es que los sorteos de jurados comenzaron a grabarse y publicarse en la web. Sin embargo, mientras las vacantes persistan, la justicia entrerriana seguirá funcionando con cargos clave cubiertos de forma provisoria. Fuente:analisisdigital.com

Los juzgados de Ejecución de Penas y Federales de Paraná y Gualeguaychú concentran la mayor cantidad de evadidos, con 20 y 11 casos respectivamente. El resto de las jurisdicciones, como Concepción del Uruguay, también suman prófugos, en su mayoría vinculados a causas por estupefacientes.

Entre los nombres figura Patricia Fabiana Cabral, condenada en 2014 a diez años y medio de prisión por el asesinato de Carolina Britez, en Federación. Se fugó en febrero de 2021, tras una salida de la cárcel, y desde entonces es buscada por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú.

En el listado hay personas de nacionalidad chilena, uruguaya, brasileña y paraguaya, todas vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, la falta de equipos especializados de búsqueda y la ausencia de un sistema unificado a nivel nacional dificultan la tarea de localización.

Tres casos llaman especialmente la atención por el tiempo transcurrido desde la fuga:

Apodado “El Ángel”, Fabián Martínez había sido detenido en 2009 por un doble crimen vinculado al robo de medicamentos oncológicos y VIH en Buenos Aires, con conexiones al triple crimen de General Rodríguez.En 2013, mientras cumplía condena en la cárcel de Gualeguaychú, obtuvo un permiso para visitar a su abuela enferma en Buenos Aires y aprovechó para escapar. Desde entonces, permanece en fuga.

Actualmente, en Entre Ríos no existen comisiones específicas de búsqueda de prófugos ni un listado provincial público. A nivel nacional, el Registro Nacional de Reincidencia solo publica cuatro entrerrianos evadidos con fotografías, todos requeridos por juzgados de Gualeguaychú.

La dispersión de casos y la burocracia en los sistemas de búsqueda exponen las dificultades del Estado para dar con prófugos que, en algunos casos, llevan más de diez años esquivando a la Justicia. Fuente:analisisdigital.com

Desde el oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni calificó la situación como “una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”. 

Además, el Gobierno denunció ante la Justicia Federal lo que definió como una “operación de inteligencia ilegal”, diseñada para desestabilizar al país en plena campaña electoral. Según el texto de la denuncia, las conversaciones privadas —que involucran a Karina Milei y otros funcionarios— fueron manipuladas con el objetivo de condicionar al Poder Ejecutivo. Adorni lo describió como “un ataque ilegal, planificado y dirigido”. 

La denuncia, presentada por el abogado Fernando Soto del Ministerio de Seguridad, recayó en el Juzgado Federal Nº12. Está subrogado por el juez Julián Ercolini y el fiscal a cargo es Carlos Stornelli. 

Tras el escándalo de los primeros audios vinculados a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, se filtraron otros, incluyendo algunos de Karina Milei en los que se la escucha insistiendo en mantener la unidad del gobierno y cuestionando la exposición pública: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos... yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”. 

El mismo Presidente, Javier Milei, replicó el mensaje publicado por Adorni y lo complementó con un tuit en mayúsculas: “Operación de inteligencia ilegal”

La Cámara Segunda, Sala II de Paraná, a cargo del vocal Edgardo Martín Cossy, resolvió que la empresa minera Cristamine S.A. deberá cesar toda actividad extractiva en la parcela 24.856, ubicada cerca del arroyo El Salto, hasta contar con la correspondiente autorización ambiental. Esta decisión responde a una demanda impulsada por la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental, que denuncia la explotación irregular en el lugar.

El fallo, emitido el jueves 7 de agosto, ordena además que se publiquen con anticipación las fechas de inspección al yacimiento y las conclusiones de los informes técnicos que realizará la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales (SAER). El plazo máximo para presentar el informe ambiental solicitado es el 25 de noviembre de 2025.

Desde Fundación CAUCE celebraron la resolución judicial como un avance clave para la defensa de los recursos hídricos y la transparencia ambiental en la provincia.

Este fallo se suma a una causa previa que obligó al Gobierno de Entre Ríos a garantizar el libre flujo del arroyo El Salto, ubicado en la misma zona, y a asegurar la participación ciudadana en la evaluación ambiental vinculada a Cristamine S.A., empresa que había venido explotando la parcela sin la debida autorización durante años.

La Justicia reafirma así la importancia de cumplir la normativa ambiental vigente y proteger los bienes comunes frente a actividades extractivas que puedan generar daños irreversibles.

En un acto presidido por la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Gisela Schumacher, se realizó el jueves 19 de junio el juramento y toma de posesión de Carlos Federico Ántola como juez de Paz de Gualeguay.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Audiencias del Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad, y contó con la presencia de la intendenta Dora Bogdan, el viceintendente Efraín Martínez Epele, y otras autoridades municipales.

Asistieron también el presidente de la sección local del Colegio de la Abogacía, Bartolomé Escobar; magistrados, funcionarios judiciales, personal de los tribunales, representantes de la Unidad Penal N° 7 y de fuerzas de seguridad.

 —Doctor Ántola, ¿cuánto tiempo estuvo en funciones antes de esta confirmación formal?

—Bueno, hace 4 años y 7 meses que inicié, primero como suplente, luego como interino, y a partir de ahora como titular a cargo del Juzgado de Paz de Gualeguay.

El trabajo es exactamente el mismo, ya venía desempeñándome en el cargo desde hace un tiempo que, por cierto, no es menor. El trabajo en sí no varía, lo que cambia es la estabilidad en el cargo, que en lo personal sí es importante.

 —¿Cuál es la función del Juzgado de Paz?

—El juzgado tiene dos aristas principales. Por un lado, la funcionalidad jurisdiccional: en su mayoría, las causas que ingresan son juicios de apremio y ejecuciones, es decir, juicios de menor cuantía. Aunque en este último tiempo se han ampliado las competencias, seguimos manejando juicios ordinarios de hasta 60 juristas —que es una unidad de valor legal.

Por otro lado, en la parte administrativa, realizamos trámites voluntarios: certificaciones de firmas y copias, informaciones sumarias para otros organismos, declaraciones juradas que permiten, por ejemplo, gestionar becas. Esa es, en líneas generales, la tarea del juzgado de paz.

 —¿Cuenta con un equipo de trabajo?

—Sí, y es fundamental decirlo: este no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo. Poder contar con un buen equipo de trabajo como el que tengo es esencial para que uno pueda desarrollar bien la tarea. A mí me toca ser la cabeza del organismo, pero todo lo que se hace es posible gracias al trabajo conjunto.

 —Actualmente, el Juzgado de Paz funciona dentro del edificio central de tribunales. ¿Está prevista una mudanza a otro espacio?

—No, por el momento no. Si bien el lugar ha quedado chico frente a la creciente demanda judicial, seguimos funcionando en la parte trasera del edificio histórico de tribunales, ubicado en Monte Caseros y Rocamora, frente a la Plaza Constitución. Contamos con tres dependencias para el funcionamiento del juzgado y por ahora continuamos aquí.

 —Para finalizar, ¿qué siente en este momento tan significativo?

—Es una alegría personal. Es muy gratificante estar acompañado por la familia, los amigos, los compañeros y el equipo de trabajo, así como por colegas que se han acercado. El afecto que me han demostrado, tanto en lo personal como en lo profesional, es muy importante. Ayuda a reafirmar el trabajo que uno realiza día a día. A veces ese reconocimiento es necesario. Gracias.

La actividad se desarrollará de 9 a 12 horas en la Sala Comunitaria del Barrio Rocamora, y estará dirigida por la reconocida jurista Susana Medina, impulsora del programa.

Organizado por el Poder Judicial de Entre Ríos en conjunto con el Instituto Alberdi, que celebra sus 30 años, el evento contempla la participación activa de profesionales del derecho y agentes judiciales, quienes brindarán atención, asesoramiento y orientación gratuita a los vecinos sobre distintos trámites y problemáticas legales.

Este tipo de jornadas representan un valioso puente entre la Justicia y la ciudadanía, especialmente en sectores donde el acceso a servicios legales suele ser limitado. A través de este programa, se promueve un modelo más humano, cercano y participativo del sistema judicial entrerriano.

La comunidad de Gualeguay está invitada a acercarse y participar, aprovechar esta oportunidad de contacto directo con representantes judiciales, y resolver dudas o inquietudes relacionadas con sus derechos.

El disparador de su texto son dos preguntas: De ahí en más continua su respuesta: ¿Qué opina de la posible eliminación de la figura de femicidio del Código Penal? ¿Lo ve posible en términos reales? Respondiendo a la primera parte de la pregunta, en efecto, ya es de conocimiento público el interés de la administración actual de derogar la figura del femicidio. Con posterioridad al discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde dedicó parte de su tiempo a criticar la “ideología woke”, vinculándola con feminismo, inmigración, ambientalismo e ideología de género, se expidió en la red social X el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y cito su textual: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra. Como dijo el Presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra. Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto”.  

Se refiere, en concreto, a la pretendida derogación del inciso 11 del art. 80 del código Penal, incorporado por ley 26791 en el año 2012 y que prevé el femicidio como figura agravada del homicidio al que matare: “A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, conminando el accionar con pena de reclusión perpetua o prisión perpetua. De este modo, aunque sin mencionarlo expresamente como sucedió en otros países, se introdujo la figura del femicidio. Con esta disposición se sanciona de manera adecuada esta violencia específica, dando cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres. Aunque resulte una verdad de perogrullo, vale la aclaración ante tantas imprecisiones,  no toda muerte de una mujer en manos de un hombre será femicidio. Sólo lo será si mediare violencia de género. 

Esta ley, que ya cumplió más de una década, mereció la aprobación en ambas cámaras del Congreso con un porcentaje pocas veces visto en los anales legislativos de un 99,5%. Desde entonces, a nadie se le ha ocurrido la idea de quitarla del catálogo represivo. Empero, reciente e inauditamente, se sostiene que resulta “un privilegio hacia la mujer”. Si se nos permite la digresión, es un absurdo considerar tal aserto, ya que resultaría estimar que se trataría de un beneficio o gracia otorgada “post mortem” a una mujer que ya es cadáver por el accionar de un hombre. 

No obstante que a nivel gubernamental se intente vanamente minimizar, las cifras de femicidio en Argentina son claras y alarmantes. A este respecto, el 11 de noviembre de 2024, el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que coordina La Casa del Encuentro, puso en conocimiento que en el país desde el 1° de enero al 31 de octubre de 2024, se cometieron 217 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 5 trans-travesticidios y 18 femicidios vinculados de varones adultos y niños. De este total de 243 víctimas, el 63% fueron asesinadas en sus hogares y el 54% lo fueron en mano de sus parejas o ex parejas. Un dato que impacta además del resto, es que 276 hijas e hijos quedaron sin madre y que, el 52 % de los mismos, son menores de edad. Esta estadística debiera provenir de registros oficiales pero, ante su ausencia, el espacio es cubierto por la citada Asociación Civil. Entre Ríos, marca una excepción, como mencionaremos más adelante ya que cuenta con el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV), y actualizado, lo que es un dato importante dado que no podemos decir lo mismo del    Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se encuentra actualizado, ya que su última estadística dada a conocer data de 2023. 

Si con los argumentos esgrimidos en pos de la pretensa derogación del agravante (femicidio) se pretende cimentar la propuesta, no solo queda en evidencia un presunto desconocimiento de la temática, sino, y lo que es más grave aún, una supuesta ignorancia supina que no es otra cosa que desconocer lo que se debe saber o se puede saber, máxime teniendo en cuenta cargos y representatividades sean estos a resultas de elección popular o por designación gubernamental. 

Hablamos de presunto desconocimiento y de supuesta ignorancia pero, en nuestra opinión, y sin lugar a dudas, la posición planteada se alza como una majestuosa y flagrante irreverencia hacia los derechos humanos, sumado a ello un despliegue de ignorancia presuntuosa, asumiendo poseer conocimiento de lo que se desconoce en la temática que nos ocupa (y que no les preocupa, en absoluto, conocer). No podemos estar desprevenidos de que lo expuesto, es parte de algo más profundo y que encuentra pábulo en la propia ideología conservadora porque, para esta, resulta inaceptable el reconocimiento de derechos humanos en pos de una igualdad real y no formal. Esta reacción conservadora queda patentizada en lo que han dado en llamar “ideología de género”. Lo que conduce a una discusión estéril alejándonos del verdadero nudo de la cuestión: los grupos vulnerables o en estado de vulnerabilidad, que verían avasallados los derechos que tanta lucha insumiera en pos de su reconocimiento. 

Ello así,  por cuanto el Ministro de Justicia y todos los funcionarios que se encuentran encolumnados en igual sentido, aluden solamente a una cara de la moneda: la igualdad formal o igualdad ante la ley prohijada por el art. 16 de la Constitución nacional de 1853, haciendo gala de una visión más cercana a la del pensamiento liberal clásico, de cariz individualista, descontextualizada de cada individuo, que no contempla el grupo en el que se encuentra sometido a ciertos tratos o prácticas sociales como consecuencia de ser de ese grupo, dejando de lado la otra cara: la igualdad material, de hecho o real que busca corregir las desigualdades sociales y terminar con las situaciones de discriminación. 

Dicho lo cual,  manifestamos nuestra adhesión al criterio sostenido por el jurista y académico Roberto Saba, quien propone una visión estructural de la igualdad concibiendo relevante la situación de la persona individualmente considerada como integrante de un grupo sistemáticamente excluido. Esta perspectiva, se encuentra receptada por nuestra Carta Magna, al introducir con la reforma de 1994, el art. 75 inciso 23. Este inciso reformula el tradicional principio de igualdad –liberal–, incorporando como complemento una mirada estructural y establece además un dispositivo constitucional totalmente novedoso como la creación de las medidas de acción positiva, también denominadas acciones afirmativas o medidas de discriminación inversa respecto de determinados grupos vulnerables socialmente. 

Sin hesitar, nuestra constitución, a diferencia de otras, no es neutra y toma partido en cuanto a igualdad real de oportunidades y de trato respecta. La disposición citada prevé a cargo del Congreso de la Nación legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular, en lo que aquí respecta de las mujeres (trata también niñez, personas adultas mayores y con discapacidad. 

A esta altura, deviene en cita obligada el bloque convencional de derechos humanos conforme art. 75 inc. 22), que la Reforma de 1994 incorporó a la Constitución Nacional, otorgándoles jerarquía constitucional. Del que mencionaremos,  por su correspondencia con el tema en tratamiento, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, en cuanto su art. 4, inciso 1, dispone lo siguiente: "La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.

 Consecuente con lo expuesto y, ante una realidad que nos pone de frente que, en nuestro país cada 27 hs. una mujer muere a consecuencia de la violencia sexista,  a la hora de reflexionar sobre el progreso y logros para eliminar la violencia de género, nos encontramos hoy por hoy, en un punto ciego.  Por un lado, ONU mujeres informa, en su página oficial, que el 60 por ciento de todos los homicidios de mujeres (51.000) son cometidos por una pareja o alguien más de la familia. Cada día, 140 mujeres y niñas mueren a manos de su pareja o de un miembro de su familia, lo que significa que una mujer o niña muere cada diez minutos. “La violencia contra las mujeres y niñas puede evitarse. Necesitamos leyes sólidas, mejor recopilación de datos, mayor responsabilidad gubernamental, una cultura de tolerancia cero y más financiamiento para las organizaciones por los derechos de las mujeres y los organismos institucionales. A medida que nos acercamos al 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 2025, es hora de que el liderazgo mundial se una y actúe con urgencia, renueve sus compromisos y canalice los recursos necesarios para poner fin a esta crisis de una vez por todas”, conforme destaca la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous. Por otro lado, pareciera que nuestro país ignora esta realidad, de lo contrario no se explica cómo Argentina -Estado miembro originario de la ONU- el 14 de noviembre de 2024, fue el único país que votó en contra de una Resolución de la Asamblea General en pos de asumir el compromiso sobre intensificar la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. A nuestro entender, un retroceso lamentable y palmaria violación a lo que nos obligamos con la antes citada Convención de Naciones Unidas (CEDAW)  lo que sin duda alguna, es darle la espalda al bloque convencional de derechos Humanos, conforme reforma constitucional de 1994 y a la supralegalidad en el orden interno (arts. 31 y 75, incs. 22 y 24, de la CN), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belém do Pará”, aprobada por nuestro país en 1996 por Ley 24.632, la que dispone que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia como así, el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a que se respete su vida.

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar, sin pretensión de agotar el tema, a la Ley 26.485/09 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (y sus reformas), que supera una primera etapa en lo que a evolución legislativa respecta, ya que con anterioridad se ponía foco en la violencia doméstica sin distinción de género. Ya que antes de esta ley, la violencia constituía una manifestación del ejercicio del poder masculino sobre los demás miembros del grupo, en un espacio reducido y como era de práctica, secreto de la intimidad de la familia, arropando los malos tratos como una cuestión privada del ámbito familiar. Esta segunda etapa, que toma inicio con la Ley de Protección Integral citada, implicó un avance importante en la lucha contra el fenómeno de la violencia sexista, instalando sin subterfugios una problemática tal proteger de la violencia a la mujer por razón de su género. Otro avance lo encontramos en la conceptualización de los distintos tipos de violencias, como son la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y sus modalidades: violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en los espacios públicos, pública-política y digital o telemática. Ley Nacional a la que Entre Ríos adhiriera inicialmente en el año 2011 con la sanción de la Ley 10.058 y en el 2022, con el dictado del  “Nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia de Género”, conforme Ley 10.956. Una tercera etapa de este proceso legislativo lo fue la incorporación de los delitos de género en el Código Penal, tal es el caso del que aquí nos ocupa: el femicidio. 

No obstante la existencia del plexo normativo citado, al que sumamos la “Ley de Reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género” (Ley 27.452), más conocida como “Ley Brisa”, hoy día no observamos la implementación de políticas públicas contra la violencia de género, como tampoco campañas en pos de su prevención, sanción y erradicación, ni de ayuda y protección a sus víctimas.

Colofón de todo lo expuesto, y de cara a la pregunta inicial en cuanto a la posibilidad de eliminar en términos reales la figura del femicidio del código penal,  entendemos que tal pretensión no sería factible, porque no resistiría el control de convencionalidad facultad/deberque todas las autoridades y órganos de un Estado Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, tal el caso de nuestro país, está obligado a ejercer ex officio, conforme ya lo tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Almonacid Arellano y otros contra Chile, del 26 de septiembre de 2006.  

En las últimas horas, la Policía de Córdoba arrestó a los empresarios Iván Aballay y Víctor Bastroicchi, vinculados en 2016 a la productora Buenas Noches Producciones, que organizó la fiesta donde en julio de ese año falleció la artista Tania Abrile, tras un consumo de éxtasis que le provocó un paro cardíaco.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia cordobés revocó los sobreseimientos de ambos acusados y los elevó a juicio oral por el delito de haber facilitado el lugar para el consumo de estupefacientes durante el evento. A su vez el máximo tribunal provincial ordenó que los productores enfrenten el proceso como presuntos responsables del homicidio culposo de la mujer.

Aballay fue arrestado en el country La Cuesta de la ciudad de La Calera, a diez kilómetros de la capital provincial. De 45 años, integró en los últimos años tras la muerte de Abrile varias firmas dedicadas al rubro gastronómico y a la producción de espectáculos. BNP Eventos es una de ellas, conformada junto a Bastroicchi en 2018, con Aballay con titular y Bastroicchi como suplente. El segundo acusado, por su parte, fue arrestado en el barrio Lomas de La Carolina de la capital cordobesa.

Ambos fueron detenidos por el Departamento Inteligencia Antiterrorista de la Policía provincial, por orden de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Sexta Nominación. Un movimiento migratorio habría disparado los arrestos.

El juicio por la muerte de Tania ya tiene fecha, según el periódico cordobés Tribuna: comenzará el 1° de noviembre en la Sala VI°.

El TSJ cordobés fue duramente crítico de los jueces anteriores del caso al revocar ell sobreseimiento de los acusados e imputarlos por el presunto homicidio culposo de Tania.

En su fallo de 2023, el tribunal expresó que la Cámara de Acusación no efectuó una “valoración completa e integrada” de todas las pruebas, de las cuales “se deriva la existencia de elementos suficientes para entender acreditado, con el grado de probabilidad requerido para la etapa, que los imputados, al no ocuparse de constatar la habilitación de los prestadores del servicio de salud por ellos contratados a los fines de brindar una asistencia médica acorde a las urgencias que era previsible que podrían presentar quienes asistieran al mismo, violaron un deber de cuidado y previsión que el caso concreto demandaba”.

La afluencia de fiestas electrónicas en Córdoba, a donde asisten personas de todo el país para varios eventos de gran escala, más el cambio en el dosaje de pastillas, con 200 miligramos de MDMA o más, una carga sumamente elevada, llevan a situaciones de alto riesgo. En junio de este año, también en la capital cordobesa, una mujer de 37 años falleció tras un consumo tóxico en una fiesta en el complejo Forja donde tocaba el célebre DJ Hernán Cattáneo ante más de 30 mil espectadores.

La víctima falleció tras sufrir una descompensación en el lugar, con un breve paso por terapia intensiva en un centro de salud de la ciudad.

El acto formal fue encabezado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, quien fue el encargado de tomarle el juramento de rigor, ante la presencia de la escribana mayor de gobierno y de algunos de los consejeros que acompañarán a Vazón en su gestión.El flamante presidente será secundado en la secretaría del organismo por Rodrigo Devinar, docente de la Universidad Católica Argentina (UCA), y ex secretario del Honorable Concejo Deliberante de Paraná.Al respecto del juramento, el ministro afirmó: “Como todos sabemos, el Consejo de la Magistratura es un órgano de la Constitución y, por tanto, de relevancia institucional y que asesora al poder ejecutivo en un tema central, medular”; y además agregó : “La administración de justicia es relevante en toda república democrática y lo es para el gobierno al que represento”.El organismo se termina de integrar con representantes consejeros de la Asociación de la Magistratura y la función judicial, Colegio de Abogados de la provincia, Asociación Judicial de Entre Ríos, miembros de ONGs y representantes académicos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).“En ese marco, tomé juramento a quien representará al Poder Ejecutivo en el Consejo, haciendo votos por una muy buena gestión en la importante misión que el gobernador le ha encomendado”, finalizó el ministro Roncaglia.

Se consideró que el asunto tratado era complejo y que el Estado estaba actuando regularmente, por lo que no correspondía la aplicación de ninguna sanción. No obstante lo obliga a producir informes cada tres meses.En el juicio Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Ibicuy C/ Corufa - Gobierno de la provincia de Entre Ríos S/ Acción de Amparo, se había aplicado una sanción al Estado provincial por demorar la emisión de informes relativos a la calidad de las aguas en el contexto de su uso para el filtrado de arenas con destino a Vaca Muerta. La Fiscalía de Estado apeló la decisión argumentando que se estaban realizando los estudios inherentes al caso, pero que resultaba una tarea compleja, con involucramiento del Corufa y de distintas universidades.El Superior Tribunal de Justicia admitió las defensas de la Fiscalía de Estado y revocó la sanción, que a esta altura acumulaba casi dos millones de pesos, dado que ascendía a 50.000 pesos diarios impuestos el 30 de noviembre de 2023.El STJ, integrado en la feria por los doctores Federik, González Elías y Ramírez Amable, en cambio pidió que los informes se produzcan en forma precisa, circunstanciada y con aporte de la documental respaldatoria, con una periodicidad no inferior a tres meses.El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, destacó el fallo y sostuvo que “el funcionamiento de la Administración no es mecánico, sino que está constituido por la interacción de medios económicos y conductas humanas. Muchas veces, como en este caso, la resolución de los problemas requiere de estudios de profundo nivel científico. De modo que la mera constatación de ciertas demoras, absolutamente normales, no puede constituirse en argumento para aplicar al Estado multas que además se afrontan con el presupuesto público”.

Dardo Tortul, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay y profesor de Derecho Penal I y II de la UCU, y Florencia Bascoy, directora de la Oficina de Gestión de Audiencias de la Jurisdicción Gualeguay, disertaron en el establecimiento.Bajo la premisa “Introducción al conocimiento del Sistema de Juicio por Jurados en la Provincia de Entre Ríos”, la propuesta resultó muy valiosa para la formación de docentes y estudiantes como ciudadanos, teniendo en cuenta que cualquier mayor de edad puede integrar un Jurado. La charla fue una actividad organizada conjuntamente con la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), lo que permitió firmar un convenio con esa casa de altos estudios para la realización de futuras actividades académicas. 

Esta edición es la quinta que se lleva a cabo en la provincia. La modalidad, comenzó a implementarse en septiembre de 2021, a la que le sucedieron luego, las jornadas de junio de 2022; septiembre de 2022 ; la cuarta en junio de 2023 y la que se concretará este viernes.

En cada jurisdicción, para atender las consultas y necesidades de los vecinos, jueces de Paz, defensores, jueces, y equipos técnicos estarán presentes en distintos barrios a fin de alcanzar soluciones sin que las personas deban concurrir a los tribunales de la localidad.  Se apunta, con esta propuesta, a una vinculación directa que permita una ágil respuesta para colaborar en la solución de las inquietudes de vecinos y vecinas.

Sobre el programa

Se implementó en 2004 por iniciativa de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia y directora académica ad honorem del Instituto “Dr. Juan B. Alberdi”, Susana Medina. A partir de 2018, y a propuesta de la magistrada, se aplica como política permanente del Poder Judicial de Entre Ríos. Su alcance también puede apreciarse en el link: https://www.jusentrerios.gov.ar/la-justicia-va-a-los-barrios/.

En las jornadas de “La Justicia va a los barrios” participan funcionarios/as judiciales, profesionales de equipos interdisciplinarios y cuenta también con la colaboración de organismos como el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (AnSes),el Instituto de Discapacidad provincial (IproDi), y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, (PAMI) según sea la modalidad de la jornada en cada jurisdicción. Se ha sumado a las jornadas el Tribunal Electoral Provincial con el fin de permitir a la ciudadanía acceder al Registro Electoral a fin de facilitar su depuración, ya sea por errores u omisiones que pudieran ocurrir.

En el listado, puede consultar el lugar y la hora en que podrá concurrir en su barrio

En 1⁰ de MayoCaserosCentro de Actividades MunicipalSan Isidro Labrador n⁰ 20629 a 12:30 hs.

AlcarazEscuela Secundaria nº1 “Tratado de Alcaraz”Nogoyá y Córdoba9 a 12hs.

Aldea San AntonioUrdinarrainSede de Desarrollo SocialSan Martin n°385

Aldea San RafaelCrespoSede ComunalOficina Comunal9.30 a 12.30hs

Arroyo CléGobernador MansilllaSede Comunalcalle Pública s/n.°9 a 11 hs.

Colonia EnsayoOro VerdePolideportivo ComunalEnrique Fidanza s/n9 a 12hs.

Colonia HockerColónSede ComunalCalle 9, entre 4 y 69 a 11:30 hs.

Concepción del UruguayUruguayCIC, Barrio 30 de OctubreCalles Presbítero Allais y Labalta,9 a 12hs.

ConcordiaEscuela n° 4 “Manuel José Lavarden”Laprida y Los Viñedos n° 27999 a 12hs.

El PalenqueCerritoSede Comunal10 a 12hs.

El PingoHasenkampParanáSalón Usos Múltiples (SUM)Pte. Peron n° 2329 a 12hs.

Estación IrazustaLarroqueSalón Comunal9 a 12hs.

Estación SosaMaría GrandeEscuela n° 74 “Justo José de Urquiza”9 a 12hs.

FederaciónClub Deportivo AméricaCalle El biguá s/n -Barrio San Cayetano –9 a 12hs.

General GalarzaCentro CulturalAvenida Ramirez S/N9 a 12hs.

Gobernador MaciáRosario del TalaTalaSalón Municipal 13 de NoviembrePredio municipal multieventos08.30 a 12hs.

GualeguayCIC n°2 “Carlos Roberto Beracochea”Avda Pte. Perón9 a 12hs.

GualeguaychúNodo de Salud- Barrio “Curita Gaucho”9 a 12hs.

Ingeniero SajaroffVilla DomínguezPlaza San Martín9 a 11hs.

La PiraguaPueblo BrugoEscuela Primaria n°35 “Francisco Ramírez”8 a 11hs

Las CuevasLibertador San MartínDiamanteSalón CIC de la Junta de Gobierno9 a 12hs.

Los ConquistadoresSan Jaime de la FronteraSede del Registro Civil localcalles Urquiza y Besada9 a 12hs.

MédanosCeibasIslas del IbicuyEscuela Primaria n°15 “Justo José de Urquiza”Ruta Nacional 12 – km 1899 a 12hs.

NogoyáCentro Comunitario “Ramón Moreira”-Villa 3 de FebreroJ. J. Paso s/n9 a 12hs.

Paraje “Las Mulitas”Distrito ChañarSan José de FelicianoEscuela Primaria n° 10 “Pascual Pringles”9 a 12hs.

Paraje MazarucaIbicuyIslas del IbicuyEscuela Primaria n.° 28 “José Hernández”calle Pública s/n.°9 a 12hs.

ParanáMerendero “Los Chicos del Perejil”Avenida Ejército y Pedro Balcar al final9 a 12hs.

Puesto Caminero Brazo LargoVilla ParanacitoRuta Nac 12 Km 1199 a 12hs.

Sir LeonardBovrilEscuela Primaria n°102 “Infanta Mendocina”9 a 12hs.Boxler Alejandra

TabossiVialeCentro Cultural Evita20 de junio n°769 a 12hs.

Villa ManteroUruguayBiblioteca Popular Próceres de Mayo9 de Julio n° 6609 a 11hs.

Villa San MarcialUruguayCentro de Jubiladoscalle Pública s/n.°9 a 12hs.

VillaguayCentro “La Delfina”Bv. Mosconi y Paraguay10:30 a 12:30hs.

Yeso OesteSanta ElenaCentro Integrador Comunitario -CICJunta de Gobierno9 a 12hs.

Los números son impactantes: de los 65 juicios políticos a jueces federales en 170 años de historia institucional, 26 de ellos se llevaron a cabo en los últimos 20 años. El estudio sobre los procesos de remoción de jueces federales, realizado por el Dr. Alfonso Santiago -profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral-, comprende desde la creación de la Constitución Nacional en 1853 hasta la fecha.

Las destituciones de los jueces federales fueron decididas por diferentes órganos: el Congreso de la Nación, los Tribunales de Enjuiciamiento durante los gobiernos de facto y del Jurado de Enjuiciamiento, a partir de la reforma constitucional de 1994. Sin embargo, otros procesos de remoción no llegan a culminar debido a “las decenas de renuncias de magistrados durante el trámite de su proceso de remoción”, aclara el autor de la investigación.

De los 45 jueces federales que tuvieron dictámenes de juicio político, 36 no continuaron en sus cargos, ya sea por ser removidos o porque renunciaron antes del dictamen o después de ser acusados por el Consejo. (Ver anexo: “Procesos de remoción JME 1999-2023”).

El dato es llamativo si se lo compara con, por ejemplo, Estados Unidos, donde en 230 años de vigencia de la constitución norteamericana de 1787 sólo han sido destituidos por juicio político 13 jueces federales.

Sobre el motivo del por qué se aceleró el proceso en los últimos años, el doctor Santiago explica: “Se advierte un importante incremento de los juicios políticos a jueces en los últimos veinte años como consecuencia del aumento de las situaciones de mala conducta y mal desempeño que han rodeado la actuación de los jueces federales en los últimos años y de un relativo mejor funcionamiento de los procesos de remoción a partir de la reforma de 1994”.

“Nos parece que el escándalo ha rodeado con demasiada frecuencia el quehacer de los jueces federales impactando negativamente en la imagen y la consideración pública”, agrega Santiago.

Otro dato llamativo es que desde hace seis años el Consejo de la Magistratura no ha decidido ninguna acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento. Al respecto, Alfonso Santiago sostiene que: “Esto habla de cierta parálisis en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de ciertas coberturas políticas que impiden el avance y decisión en casos en que la acusación parece más que procedente como es el caso del juez Bento de Mendoza”.

Para el análisis el especialista tuvo en cuenta las distintas integraciones del Consejo de la Magistratura y las categorizó en seis etapas distintas: las dos primeras bajo la vigencia de la ley 24.937, las tres subsiguientes bajo el régimen de la 26.080 y, finalmente, la actual que se inicia con la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.080 por la Corte Suprema en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” (2021) por la que recobra la vigencia del régimen anterior, previsto en la Ley 24.937. Fuente: Universidad Austral

A fines del mes pasado el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos envió a la Cámara de Senadores tres iniciativas legislativas para crear ochos nuevos juzgados en la provincia: una de las iniciativas dispone la creación de cuatro Juzgados de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en las jurisdicciones de Concordia, Gualeguaychú, Paraná y Concepción del Uruguay; el segundo proyecto dispone la creación de un nuevo Juzgado de Garantías en Concordia y el consiste en crear tres Juzgados de Familia Especializados en Violencia de Género, dos con asiento en Paraná y otro en Concordia.

Los proyectos ingresaron en la sesión que tuvo este miércoles el Senado y fueron girados a la Comisión de Legislación General -que preside Francisco Maradey- para su tratamiento.

Juzgados de Familia

Uno de los proyectos dispone la creación de cuatro Juzgados de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en las jurisdicciones de Concordia, Gualeguaychú, Paraná y Concepción del Uruguay.

La presentación “surge ante el aumento sostenido del trabajo de los Juzgados de Familia, consecuencia de la ampliación de competencias dispuesta a través de la Ley Procesal de Familia”.

“Eso hace que se encuentren desbordados de causas sensibles y que requieren una respuesta jurisdiccional con más celeridad y calidad”, argumentaron desde el Poder Judicial. En este marco, indicaron que “durante el período febrero-diciembre de 2022 se iniciaron en los tres Juzgados de Familia de Concordia 3.039 causas (promedio, 276 por mes); en los dos Juzgados de Gualeguaychú 1.903 causas (promedio 173 por mes); en los cuatro de Paraná, 6.699 causas (promedio 609 por mes); y en los dos Juzgados de Concepción del Uruguay, 2.173 (promedio 197 por mes)”.

Asimismo, se destaca que, del total de las causas iniciadas en las jurisdicciones, gran cantidad de ellas corresponden a denuncias y redenuncias de violencia familiar o contra la mujer; durante febrero-diciembre de 2022, en Concordia hubo 1.986, en Gualeguay 821, en Paraná 3.431 y en Concepción del Uruguay 986.

Además, se señala el aumento demográfico en las cuatro jurisdicciones.

La propuesta se funda en la imperiosa necesidad de fortalecer el tratamiento de la familia y especialmente la atención de los niños, niñas y adolescentes.

Nuevo Juzgado de Garantías

Otro de los proyectos que el Superior Tribunal envió al Senado propicia la creación de un nuevo Juzgado de Garantías en Concordia. “La incorporación persigue una equitativa y eficiente redistribución de la actividad jurisdiccional, garantizándose una correcta gestión administrativa de los recursos humanos y materiales con que se cuenta”, se señala en los fundamentos,

También se destaca el crecimiento demográfico significativo del departamento Concordia, reflejado en el número de causas a las que se debe dar respuesta.

Según el censo 2010 había 170.033 habitantes y, de acuerdo con el de 2022 se elevó a 199.634 habitantes, lo que implica un crecimiento poblacional del 17 por ciento. Por otra parte, el número total de audiencias realizadas durante dicho período fue superior en Concordia, donde se realizaron 1.744 y mientras que en Paraná se concretaron 1.316.

Ante esto aparece la imperiosa necesidad de la creación de un nuevo Juzgado de Garantías para poder atender urgencias simultáneas sin perder la eficiencia funcional.

Juzgados de Familia Especializados en Violencia de Género

El tercer proyecto consiste en crear tres Juzgados de Familia Especializados en Violencia de Género, dos con asiento en Paraná y otro en Concordia.

En los fundamentos del proyecto, el STJ sostiene que el volumen de causas de violencia que se tramitan en la provincia es considerable, principalmente en el fuero de Familia, presentando un alto impacto en la cantidad de expedientes que se tramitan.

Conforme los datos registrados en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (Rejucav), en el año 2022 se recibieron casi 12.000 denuncias y redenuncias. Las jurisdicciones de Paraná (3.431 denuncias y redenuncias en 2022), Concordia (1.986 denuncias y redenuncias en 2022), Uruguay (994 denuncias y redenuncias en 2022), Gualeguaychú (821 denuncias y redenuncias en 2022) y Victoria (805 denuncias y redenuncias en 2022), son las que cuentan con mayores índices.

De los índices del Rejucav se desprende que el aumento exponencial de las causas en el sistema de Justicia se manifiesta en la sobresaturación del fuero de Familia, que además de los procesos de violencia, debe atender otras problemáticas que también requieren de una respuesta pronta y eficaz.

Durante 2022, en los Juzgados de Familia de Paraná se recepcionaron, 3.431 denuncias de violencia (inicios de expedientes y redenuncias), el doble que en 2021. A eso se suman 4.422 demandas en otros procesos, en tanto que las denuncias de violencia representaron el 44 por ciento de los procesos tramitados en dichos Juzgados. Eso implica la atención de 285 causas de violencias al mes y 14 por día.

En los Juzgados de Familia de Concordia, durante 2022, se recepcionaron 1.986 denuncias de violencia (inicios de expedientes y redenuncias), sumadas a otras 1.961 demandas en otros procesos.

Las denuncias de violencia representaron el 50,3 por ciento de los procesos tramitados en dichos Juzgados, implicando la atención de 165,5 causas de violencia al mes y 8,2 por día.

El STJ sostiene que, del análisis de la estadística comparada con las demás jurisdicciones, se estima prioritario comenzar con implementación en Paraná y en Concordia. (APF)

La feria afecta a todo el personal del la Justicia y a los distintos fueros que la integran. Durante ese período, el Poder Judicial garantizará el servicio de justicia a través de magistrados, funcionarios y personal de los Tribunales que trabajarán de guardia en horarios especiales.

La feria judicial coincidirà con el receso escolar dispuesto por el Consejo General de Educación. 

Este martes a las 9 habrá una reunión conjunta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y la de Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de ley por el que se crean 52.853 horas cátedra en el ámbito del Consejo General de Educación.“Para el nivel de educación primaria se crearán 15.395 horas, para el nivel secundario 28.692, para la Dirección de Jóvenes y Adultos se crearán 5.392 y para la Dirección de Educación Técnico Profesional 3.374”, se indica en la iniciativa, a la que accedió esta Agencia.“Dicho pedido se fundamenta en un análisis y estudio con las Direcciones de Nivel y Modalidades del Consejo General de Educación que tuvo por objetivo identificar puntualmente el incremento de horas desde la última Ley de Presupuesto del año 2013 y que cuyas demandas responden a diferentes variables, como el aumento de la densidad poblacional en las distintas ciudades entrerrianas, que implicó la apertura de nuevas escuelas”, se señala en el proyecto.Para brindar más detalles respecto a este tema expondrán como invitados ante la comisión representantes del máximo órgano educativo entrerriano.• Cargos en la JusticiaPor otro lado, a las 12 se reunirá  la Comisión de Legislación General y la de Presupuesto y Hacienda para tratar un proyecto de Ley por el que se crean 152 cargos en el Poder Judicial y 67 en el Ministerio Público de la Defensa.• Legislación GeneralEn tanto, a las 11:30 hará lo propio la Comisión de Legislación General del Senado para tratar varios temas: por un lado, un proyecto de ley por el que se declara “Fiesta Provincial” a la actual “Fiesta Provincial de la Cerveza” que se realiza en la ciudad de Crespo.También un proyecto por el que se autoriza al Gobierno de la Provincia a transferir a título de donación dos fracciones de terrenos de su propiedad, ubicados en el departamento Villaguay, Municipio de Villaguay, uno a favor de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) con el cargo de destinar a la construcción de residencias estudiantiles y el otro a favor de la Municipalidad de Villaguay con el cargo de destinar el inmueble a tareas de mantenimiento del pozo de agua de red.Además abordará un proyecto de ley por el que se autoriza al Gobierno de la Provincia a aceptar la donación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Diamante destinado a la construcción de un edificio escolar de Jornada Extendida NINA para la Escuela Primaria Nº 30 “La Concordia” y otro por el que se modifica el artículo 1º de la Ley Nº 10.938 que autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar una donación efectuada por la Municipalidad de Gobernador Mansilla.Además un proyecto de Ley por el que se autoriza al Gobierno de Entre Ríos a aceptar la donación efectuada por la Municipalidad de Seguí, de un inmueble de su propiedad, con cargo de construir un Centro de Salud.También está dentro del temario el tratamiento de un proyecto de ley por el que se autoriza al Gobierno de la Provincia a aceptar el ofrecimiento de donación de un inmueble propiedad del Municipio de Gilbert, Departamento Gualeguaychú, con destino a la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 20 de dicha localidad y un proyecto de ley por el que se autoriza al Gobierno de Entre Ríos a aceptar la donación de un inmueble de la Municipalidad de San Benito con destino a la construcción de un jardín infantil.

Martes, en Estación Lazo

Este martes, la actividad se realizará en la Junta de Gobierno de Estación Lazo, en General Galarza, de 9 a 12. Allí, integrantes del Juzgado de Paz y personal del PAMI de Gualeguay atenderán a las personas que residen en el lugar. Harán lo propio profesionales de la Secretaría de Prevención y Adicciones y Convivencia Ciudadana (SEPPAC); del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF ) y de áreas de adultos mayores y de desarrollo social municipal de la localidad.

Miércoles, en Concordia

El miércoles, el programa atenderá en Concordia. Será en la Escuela N°4 Lavarden, ubicada en Laprida al 2799, de 9.30 a 11.30  En la jornada participará el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, el Juzgado de Paz y el Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes.

Jueves en Pueblo Belgrano e Islas del Ibicuy

El jueves “La Justicia va a los barrios” atenderá en Pueblo Belgrano, en el Departamento Gualeguaychú, en la  Oficina de Desarrollo Social, de 8.30 a 11.  Allí estarán trabajando integrantes del Juzgado de Paz de Gualeguaychú; la jueza de Paz, Carina Denis y la secretaria, Catalina Eusebio Centeno, entre otros.

En Ñancay, en el departamento Islas del Ibicuy, la jornada se realizará en el Centro de Salud “Román Hornos” de 7.45 a 12.15hs. Será coordinada por la Jueza de Paz de Ceibas, María Marta Britos. Tendrá el acompañamiento de personal del Registro Civil local.

Ante los equipos de “La Justicia va a los barrios” en una escuela, en un club o en espacios públicos, se podrán hacer denuncias por violencia familiar, intrafamiliar o de género. También se pueden formular consultas sobre el seguimiento de denuncias en trámite, cuota alimentaria y divorcios y pedir asesoramiento sobre régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad o delitos. A su vez, gestionar certificaciones de firmas en trámites previsionales, poderes, seguros de vida o declaraciones juradas para tramitar asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social, al igual que certificados de supervivencia.

Sobre el programa

El programa se implementó en 2004 por iniciativa de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia y directora académica ad honorem del Instituto “Dr. Juan B. Alberdi”, Susana Medina. A partir de 2018, y a propuesta de la magistrada, se aplica como política permanente del Poder Judicial de Entre Ríos. Su alcance también puede apreciarse en el link: https://www.jusentrerios.gov.ar/la-justicia-va-a-los-barrios/.

Participan funcionarios/as judiciales, profesionales de equipos interdisciplinarios y cuenta también con la colaboración de organismos como el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (AnSes),el Instituto de Discapacidad provincial (IproDi), y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, (PAMI) según sea la modalidad de la jornada en cada jurisdicción. Se ha sumado a las jornadas el Tribunal Electoral Provincial con el fin de permitir a la ciudadanía acceder al Registro Electoral a fin de facilitar su depuración, ya sea por errores u omisiones que pudieran ocurrir.

¿Qué consultas y trámites se pueden hacer?

Ante el Ministerio Público de la Defensa:

*Atención y asesoramiento en materia de cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad.

*Trámites ante organismos públicos tendientes a garantizar el derecho a la salud y a la educación.

Ante el Ministerio Público Fiscal:

*Recepción de denuncias.

*Seguimiento de denuncias en trámite.

*Atención de consultas, vinculadas a la comisión de delitos.

Ante el Juzgado de Paz: Traer DNI:

*Certificaciones de firmas en trámites previsionales, poderes, seguros de vida, formularios de becas.

*Declaraciones juradas para gestionar asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social.

*Informaciones sumarias para tramitar beneficios previsionales, asignaciones familiares, obra social. (Concurrir con dos testigos mayores de 18 años con DNI)

*Informaciones sumarias para acreditar ingresos insuficientes, a fin de tramitar DNI sin cargo, y a fin de que ciudadanos extranjeros tramiten la radicación.

*Certificados de supervivencia.

*Certificación de copias de partidas de distintas provincias (que no tengan más de tres meses de expedidas).

*Certificación de copias de documentación de índole privada.