Hace casi una semana, la justicia tucumana resolvió rechazar la demanda de indemnización presentada por los hijos de Héctor Omar Hoffmann, conocido como Sergio Denis, contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y el extitular del ente, Raúl Francisco Armisén. La sentencia dictaminó que la causa directa del accidente que terminó con la vida del cantante fue su propia conducta. Frente a este fallo, Bárbara Hoffman, una de sus hijas, volvió a sincerarse y habló en profundidad en Infobae al Amanecer (Infobae en Vivo) sobre el caso, sus sensaciones y el trasfondo real del reclamo.

En llamada telefónica con el equipo del ciclo, Bárbara aclaró desde el inicio cuál es el verdadero motor de la familia en este proceso judicial. “Muchas veces, el título sale como que lo que estamos pidiendo es una indemnización. Si se ve en el expediente, la indemnización es por 13 millones de pesos. La vida de mi papá claramente no valía 13 millones de pesos. Es pura y simbólica. Y esto no se trata en absoluto de dinero, por eso es simbólica, porque si hubiéramos tenido que poner una cifra, de lo que valía la vida de mi papá, no era esa”, explicó. Remarcó que el objetivo de la demanda siempre fue pedir justicia y visibilizar la negligencia cometida por el Teatro Mercedes Sosa en Tucumán.

Bárbara recordó que hubo dos causas, una penal y una civil, ambas impulsadas por la familia. “La causa penal, como lo conté un montón de veces, se bajó porque la justicia de Tucumán también determinó que nadie era responsable de la muerte de mi papá. Yo siempre digo que mi papá murió el 11 de marzo del 2019, el día que cayó, porque después de eso no volvió a tener contacto con la realidad nunca más”, relató con crudeza.

Consultada sobre los detalles del caso, Bárbara fue contundente al describir las irregularidades presentes en el teatro durante la noche del accidente: “Esa línea fluorescente que vos decís no estaba. La pasarela, esas escalinatas por donde papá camina antes de caer, no estaban permitidas por la municipalidad para estar ahí. Eso no podía estar ahí y estaba igual. El foso no podía estar descubierto porque ya se habían comprado los materiales para taparlo y tampoco se había hecho la obra. El teatro cerró un solo día para hacer las pericias y después de ellas recién aparecieron por lo menos esas tiras refractarias que vos decís. Ni siquiera estaban puestas.”

Además, Hoffman cuestionó la actitud del director del teatro Mercedes Sosa, quien, a pesar de ser funcionario público, jamás fue removido del cargo ni se apartó de sus funciones mientras se esclarecía lo ocurrido. “Se manejaron en todo momento con una impunidad total y ni hablar de ni siquiera acercarse a preguntar si papá evolucionaba bien o no el mes entero que estuvo internado en Tucumán. Nunca hubo un acercamiento, nunca hubo nada de parte de ellos”, lamentó.

Sobre el fallo adverso de la justicia y la decisión de responsabilizar al propio artista, Bárbara no ocultó su indignación: “No nos asombra, pero sí nos parece una atrocidad culpar al artista de su caída. Mi papá, lógicamente, no se subió el 11 de marzo al teatro Mercedes Sosa para morir ahí. Es una locura, es violento escucharlo, qué sé yo. Leerlo es como revivir de vuelta una pesadilla que no se termina nunca.”

La hija de Sergio Denis confirmó que la familia ya apeló el fallo: “Ayer nos pusimos en contacto con los abogados y ya les avisamos de nuestro lado que lo que vamos a hacer es apelar, así que está en proceso y ellos están trabajando para eso.” Reconoció, sin embargo, que el camino será largo y tedioso. “Hace siete años que estamos con esta causa y no hay ninguna devolución a favor. Todo es muy lento. Lamentablemente, la justicia es muy lenta y, en nuestro caso, muy injusta.”

Respecto al futuro del proceso judicial, Bárbara explicó: “Ahora es apelar y esperar nuevamente la resolución. Son muchas instancias. Mucha gente dice: ‘Pasen la causa a Buenos Aires’. Sí, ojalá. Si fuera tan simple ya lo hubiéramos hecho. Lamentablemente, hay que esperar cada una de las instancias. Pasa por la corte, va a casaciones, y todo demora un año. Venimos en ese camino, que es el que lamentablemente nos tocó, haciendo todo lo que está a nuestro alcance y tratando de mantener la calma, tener paciencia y creer que existe algo mejor que todo esto que nos viene tocando.”

Así, Bárbara dejó en claro que el reclamo de la familia no es económico, sino simbólico y ético. El objetivo es visibilizar la negligencia y exigir justicia para Sergio Denis, un artista que, según su hija, nunca debió haber estado expuesto a semejante peligro en el escenario. La lucha continúa, con la esperanza de que la verdad y la responsabilidad finalmente salgan a la luz.

El dato más significativo surge del relevamiento realizado durante la prueba piloto: la declaratoria de herederos, que con el sistema tradicional demandaba un promedio de 19 meses, ahora puede resolverse en 26 días hábiles.

La presentación se realizó este lunes en el Salón Lucio Dato del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en Paraná, y estuvo encabezada por la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Gisela Schumacher, junto a los integrantes de la Comisión de Trabajo para la Automatización de Procesos Sucesorios sin Testamentar: Mariano Ludueño, Juan Marcelo Micheloud y Vanesa Selenscig Pimentel.

Durante la presentación, Schumacher destacó que la herramienta fue desarrollada íntegramente por el Área de Informática del Superior Tribunal de Justicia, lo que garantiza el control y la custodia de la información, la seguridad jurídica de los datos y una adaptación específica a las necesidades de los juzgados entrerrianos.

Además, remarcó que el proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre magistrados, equipos técnicos y representantes de la abogacía, quienes participaron en la construcción del sistema.

Por su parte, el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel, señaló que el STJ incorporó durante la etapa piloto las observaciones y propuestas realizadas por la institución, permitiendo perfeccionar el funcionamiento de la plataforma antes de su puesta en marcha definitiva.

Tras la presentación institucional, el encuentro continuó con un conversatorio en el que los especialistas respondieron consultas de los abogados sobre la operatoria del nuevo sistema.

La actividad forma parte de un plan integral de capacitación impulsado por la Sala Civil del STJ junto al Instituto Alberdi y el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

Hasta el momento, las tres ediciones de las capacitaciones virtuales reunieron a 1.130 abogados y 539 integrantes del Poder Judicial. Además, se informó que una nueva cohorte comenzará el 11 de agosto, con inscripción ya habilitada.

La implementación definitiva del sistema comenzó el 1 de agosto de 2026, en cumplimiento del Acuerdo General Nº 16/26 del Superior Tribunal de Justicia.

La prueba piloto, desarrollada entre noviembre de 2025 y julio de 2026, se realizó en juzgados de Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia, donde se evaluó el desempeño de la herramienta.

El informe elaborado por el Área de Planificación y Estadística del STJ confirmó una mejora sustancial en los tiempos de resolución de los expedientes sucesorios, consolidando una importante modernización del servicio de Justicia en Entre Ríos mediante la digitalización y automatización de estos procesos.

La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación del caso $LIBRA al ordenar el congelamiento de decenas de billeteras virtuales presuntamente vinculadas a la operatoria bajo sospecha. Además, dispuso que los principales exchanges internacionales de criptomonedas entreguen información para identificar a los titulares de esas cuentas y aportar datos que permitan reconstruir el recorrido del dinero.

La medida fue dictada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, luego de un informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal. Según la resolución judicial, existen elementos suficientes para adoptar una medida cautelar debido a que se encuentran acreditados tanto "la verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora", condiciones necesarias para evitar que los activos digitales sean transferidos o desaparezcan antes de que finalice la investigación.

El magistrado sostuvo que el congelamiento de las billeteras busca garantizar una eventual ejecución de medidas patrimoniales y un posible decomiso de bienes que pudieran estar relacionados con hechos ilícitos.

El informe técnico incorporado al expediente reconstruyó el recorrido de los activos digitales desde las denominadas "Team Libra Wallets" hacia distintas direcciones intermedias y, posteriormente, a plataformas internacionales de intercambio de criptomonedas. Los investigadores detectaron una "secuencia continua e ininterrumpida de transacciones on-chain" que permitió vincular las distintas billeteras dentro de una misma estructura de movimientos financieros. Parte de los fondos llegaron a servicios como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance, entre otros.

El fallo también hace referencia a una posible maniobra conocida como "pitufeo digital" o "smurfing", utilizada para dificultar el seguimiento del dinero: una vez que los fondos llegaron a una cuenta centralizada, fueron distribuidos diariamente en múltiples billeteras vinculadas a distintos proveedores de servicios de activos virtuales. Para el juez, esta estrategia habría tenido como finalidad fragmentar los montos para convertir posteriormente los activos en moneda tradicional o dificultar el rastreo de las operaciones.

La investigación procura determinar las circunstancias que rodearon el lanzamiento y la promoción del criptoactivo $LIBRA. La resolución recuerda que el 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando el proyecto y el contrato para adquirir el token. Según la denuncia que dio origen a la causa, tras esa publicación el valor del activo pasó de 0,01 a casi 5 dólares, aunque horas más tarde sufrió un fuerte desplome.

La presentación judicial sostiene que esa operatoria habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares por parte de un reducido grupo de billeteras, mientras más de 40.000 personas que habían adquirido el token sufrieron pérdidas por la caída del precio.

Además del congelamiento de las billeteras virtuales, el juez ordenó a Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex remitir toda la información disponible sobre los usuarios vinculados a las cuentas investigadas. Entre los datos solicitados figuran la documentación utilizada para abrir las cuentas (KYC), registros de direcciones IP, historial de movimientos de criptomonedas, cuentas bancarias asociadas, direcciones empleadas para enviar o recibir fondos y documentación interna relacionada con las operaciones.

Las diligencias serán realizadas por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal y, cuando resulte necesario, contarán con la intervención de Interpol. Para el magistrado, la rapidez con la que pueden movilizarse los activos digitales hace necesario mantener inmovilizadas las cuentas investigadas, con el objetivo de evitar que el dinero desaparezca y se produzca un perjuicio irreparable para el avance de la causa.

Esta convocatoria surge tras confirmarse que el orden de mérito actual para las jurisdicciones de Gualeguay y La Paz se encuentra agotado.

Inscripciones y plazos

De acuerdo con la Resolución Nº 254/26, el proceso de inscripción se realizará exclusivamente de manera online a través del sitio web oficial del Poder Judicial (www.jusentrerios.gov.ar). El período para postularse comenzará el 27 de julio de 2026 a las 07:00 hs. y se extenderá hasta el 5 de agosto de 2026 a las 13:00 hs.

Es fundamental que los aspirantes declaren una cuenta de correo electrónico válida, ya que todas las notificaciones oficiales se enviarán por esa vía.Requisitos para los postulantes

Para participar del concurso, los interesados deberán adjuntar la documentación que acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a.Tener al menos 18 años de edad.Presentar DNI (frente y dorso).Poseer Título Secundario o Certificado Analítico.Certificado de Antecedentes Penales (emitido con una antigüedad no mayor a tres meses).Declaración jurada de no poseer inhibiciones legales.

Las solicitudes que no reúnan estas condiciones serán rechazadas de inmediato sin más trámite.

Capacitación y Evaluación

Los concursantes deberán participar de una Capacitación y Evaluación Virtual Obligatoria, cuya fecha y modalidad de ejecución se comunicarán oportunamente.

Como apoyo a los aspirantes, el Poder Judicial ha elaborado un Manual de Estudios actualizado. Este material busca brindar una guía de contenidos sobre conceptos de derecho, lenguaje jurídico e instituciones, necesarios para el desempeño de las tareas de un escribiente.

Tribunal Examinador

El tribunal encargado de evaluar a los postulantes ya ha sido designado. Para la jurisdicción de Gualeguay, estará integrado por el Dr. Dardo Oscar Tortul, la Dra. Rosa María Fernández Campasso, la Dra. Mónica María Terraza, el Dr. Pablo Mariano Guercovich y la Dra. Alejandra María Cristina Gómez. En La Paz, el tribunal lo componen el Dr. Diego Rodriguez, la Dra. Silvia A. Vega y el Dr. Ramón Lell.

Finalmente, se ha invitado a la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) para designar veedores que supervisen el desarrollo de la convocatoria. 

La concentración comenzó en horas de la noche en  donde los manifestantes se desplazaron de manera pacífica hasta los Tribunales de Justicia, portando pancartas, fotos y consignas que exigían el esclarecimiento del hecho y el avance de la causa judicial. Durante el recorrido, se vivieron momentos de fuerte carga emocional, con aplausos, silencio respetuoso y mensajes de acompañamiento a la familia.

Los organizadores destacaron la amplia participación de la comunidad y remarcaron que la marcha tuvo como único objetivo mantener visible el reclamo, pedir respuestas y evitar que el caso quede impune. “No buscamos violencia, solo justicia y que se sepa la verdad”, expresaron familiares de Matteo, quienes agradecieron el apoyo recibido por parte de vecinos, instituciones y amigos.

La movilización reflejó una vez más la preocupación social por los siniestros viales y la necesidad de que las investigaciones avancen con celeridad y transparencia. En ese sentido, los presentes reiteraron el pedido a la Justicia para que se determinen responsabilidades y se actúe conforme a la ley.

Desde el entorno de la familia adelantaron que continuarán reclamando por vías pacíficas hasta obtener respuestas concretas, y remarcaron la importancia de no olvidar lo ocurrido. La marcha de ayer dejó en claro que Gualeguay acompaña el pedido de justicia por Matteo Rothar y mantiene vivo el reclamo.

Entre febrero y noviembre de 2025, el Poder Judicial de Entre Ríos registró 2.522.298 actos procesales, una cifra que refleja la intensa actividad desarrollada en los distintos fueros e instancias del sistema judicial provincial.

Durante ese período se contabilizaron 1.057.055 presentaciones digitales realizadas por abogados y abogadas, consolidando el uso de herramientas tecnológicas en la tramitación de causas y fortaleciendo los procesos de modernización judicial. En promedio, se registraron 19.163 movimientos diarios en los días con actividad, lo que evidencia una dinámica sostenida del servicio de justicia.

En cuanto al ingreso de expedientes, se iniciaron 79.969 causas en todos los fueros e instancias. Respecto de la producción jurisdiccional, se dictaron 42.665 sentencias definitivas y 79.493 resoluciones interlocutorias, alcanzando un total de 122.158 resoluciones.

En primera instancia, los mayores volúmenes de resoluciones correspondieron a los fueros de Familia (24.891), Penal (24.315) y Civil y Comercial (23.408).En segunda instancia, los órganos no penales emitieron 2.422 sentencias y 3.449 autos, sumando 5.871 resoluciones.Por su parte, en la instancia superior, las Salas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Tribunal en Pleno dictaron 1.791 resoluciones, de las cuales 1.058 fueron sentencias y 733 autos.

En materia no penal, se dictaron 36.744 sentencias definitivas y 59.676 resoluciones interlocutorias, totalizando 96.420 resoluciones, entre ellas 699 procedimientos constitucionales. En tanto, en materia penal, se emitieron 5.921 sentencias y 19.817 autos, alcanzando 25.738 resoluciones.

Durante el mismo período se llevaron a cabo 22.547 audiencias en primera instancia, además de 3.193 audiencias de mediación penal, lo que reafirma la relevancia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos dentro del sistema judicial.

Las familias de los cuatro trabajadores que murieron tras ser chocados en la ruta provincial 39 por el exfuncionario provincial, Juan Ruíz Orrico, quien conducía alcoholizado, avanzaron un casillero en su esperanza de lograr justicia. En febrero de 2026 será el debate oral.

Al momento del siniestro vial fatal, Ruíz Orrico era titular del Instituto Portuario de Entre Ríos. Conducía borracho y a exceso de velocidad en un automóvil del estado entrerriano, a pesar de estar prohibido usar vehículos oficiales para cuestiones particulares. El excandidato a intendente de Concepción del Uruguay de Juntos por Entre Ríos había estado cenando en la casa de Mauro Vazón, presidente del Consejo de la Magistratura.

Tras un largo peregrinar de las familias de las víctimas del siniestro vial, ocurrido el 20 de junio de 2024, se fijo que el juicio comenzará el 18 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 27, en Concepción del Uruguay.

El fatal accidente sucedió en la madrugada del 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, cuando el vehículo Chevrolet Corsa en el que viajaban los trabajadores avícolas fue embestido frontalmente por un auto oficial que conducía Ruiz Orrico. Las pericias realizadas determinaron que el acusado presentaba 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento de producirse el choque.

Como consecuencia del violento impacto, fallecieron de manera instantánea Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos jóvenes originarios de Basavilbaso que se dirigían a sus lugares de trabajo.

El juicio será encabezado por el juez Darío Crespo, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, quien asumió la competencia del caso después de que todos los magistrados del tribunal de Concepción del Uruguay se excusaran de intervenir debido a que mantienen relación con la jueza María Evangelina Bruzzo, esposa de Ruiz Orrico.

Las familias de las víctimas tienen miedo que los lazos de amistad del imputado hagan que evite una pena de prisión efectiva, condena que le cabría a cualquier ciudadano común por la cantidad de víctimas.

A principios de este mes, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por los abogados defensores de Ruiz Orrico, quienes buscaban apartar al querellante Mario Arcusin del proceso.

El máximo tribunal provincial destacó que los argumentos esgrimidos por la defensa ya habían sido tratados y resueltos adecuadamente por la Cámara de Casación Penal en instancias anteriores.

En abril pasado, la vocal Melisa María Ríos había rechazado un pedido de idéntica naturaleza presentado para apartar a la querella particular, decisión que permitió proceder a la remisión a juicio oral de la causa, la cual incluye la imputación por el delito de “Homicidio culposo” a Ruiz Orrico.

La defensa del exfuncionario provincial, representada por los abogados Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez, también había apelado esa resolución sin obtener resultados favorables, consolidándose así el camino procesal hacia la realización del juicio oral y público que se desarrollará durante nueve días en febrero de 2026.

La fijación de fecha definitiva para el juicio representa un hito significativo en este caso que conmocionó a la sociedad y ha seguido un complejo derrotero judicial marcado por los recursos de la defensa y las cuestiones de competencia derivadas de las relaciones personales entre los magistrados y la familia del imputado.Fuente: Ahora

La decisión del Máximo Tribunal —firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— ratifica la validez de la investigación y habilita el inicio del juicio oral previsto para el 6 de noviembre, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 7.

Además, la Corte revocó el sobreseimiento de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, en una causa paralela por lavado de dinero. El fallo beneficia el pedido de la Procuración General de la Nación y la Unidad de Información Financiera (UIF), que habían solicitado la continuidad de la investigación tras denunciar maniobras de blanqueo millonarias.

En su voto, los magistrados coincidieron con los argumentos del procurador general al sostener que el sobreseimiento anterior —dictado por el juez Luis Rodríguez en 2015— solo abarcaba el transporte de dinero, pero no las operaciones financieras que implicarían lavado de activos.

La causa Cuadernos tuvo su origen en los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó viajes y entregas de dinero vinculadas al entonces subsecretario Roberto Baratta. Las confesiones de imputados colaboradores como Carlos Wagner, José López y Ernesto Clarens permitieron reconstruir una red de pagos ilegales entre funcionarios y contratistas del Estado.

El fallo también rechazó recursos presentados por otros empresarios como Cristóbal López, Aldo Roggio, Mario Rovella y Juan Carlos De Goycoechea, consolidando así la continuidad del proceso judicial que involucra a una de las causas más emblemáticas de corrupción de las últimas décadas.

La resolución de la Corte marca un nuevo capítulo en un expediente clave para la Justicia argentina, que tendrá en el banquillo a la expresidenta y a parte del entramado político-empresarial que dominó la obra pública durante más de una década.

Durante su intervención, Burruchaga repasó su formación profesional y su experiencia en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, destacando como un momento clave de su carrera su participación en la causa por el femicidio de Micaela García. Actualmente se desempeña en la Fiscalía de Nogoyá, pero remarcó su fuerte vínculo con Gualeguay: “Tengo mi familia allí y conozco la Fiscalía”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de fortalecer los recursos humanos y técnicos en el Ministerio Público.

Las audiencias fueron organizadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, en cumplimiento de lo que establece el artículo 103 inciso 2° de la Constitución Provincial, y contaron con la participación de los senadores Juan Pablo Cosso, Rafael Cavagna, Jaime Benedetti, Gustavo Vergara y Nancy Miranda.

Las entrevistas a los candidatos incluyeron preguntas sobre su situación patrimonial, sus motivaciones para ejercer el cargo, sus valores democráticos, y su visión sobre temas actuales como el juicio por jurado o los plazos razonables en los procesos judiciales.

Los antecedentes de cada postulante y los videos de las exposiciones pueden consultarse en la página oficial del Senado entrerriano: www.senadoer.gob.ar.

El término "ignominia" alude a la deshonra pública, una humillación que afecta tanto al individuo involucrado como a las instituciones que representa. En este caso, la imagen del diputado siendo interceptado con una suma exorbitante de dinero en efectivo genera un impacto devastador. Más allá de las posibles justificaciones legales o explicaciones que pueda ofrecer, la percepción pública se ve marcada por el estigma de la corrupción, una sombra que se cierne sobre la clase política en su conjunto.

Los daños de este tipo de episodios no se limitan al plano individual. Cada caso de sospecha o confirmación de corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, debilitando uno de los pilares fundamentales de la República. La corrupción no es solo un delito económico; es también un ataque al contrato social que sostiene la convivencia democrática. Cuando los representantes públicos, quienes tienen el mandato de legislar y administrar en beneficio de todos, caen bajo la sospecha de conductas deshonestas, se genera una sensación de desamparo y desafección en la ciudadanía.

El caso de Kueider se suma a una larga lista de escándalos que han jalonado la historia reciente de la política argentina. La repetición de estos hechos crea una narrativa perniciosa: la de un Estado capturado por intereses mezquinos. Esta narrativa no solo afecta la credibilidad de quienes gobiernan, sino también la voluntad de los ciudadanos de participar en la vida pública, alimentando un círculo vicioso de apatía y desconfianza.

El impacto económico de la corrupción también es significativo. Los recursos que podrían destinarse a políticas públicas esenciales como educación, salud y seguridad, terminan desviándose hacia circuitos de enriquecimiento ilícito. El episodio de Kueider, con una suma de dinero que supera ampliamente el ingreso anual de un ciudadano promedio, pone en evidencia la desigualdad que perpetúa la corrupción: mientras unos pocos acumulan fortunas en la sombra, la mayoría enfrenta dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.

La República se basa en principios de transparencia, responsabilidad y equidad. Sin embargo, estos principios quedan en entredicho cada vez que un representante público se ve involucrado en hechos sospechosos. Los ciudadanos se preguntan cuántos otros casos quedan ocultos, cuántas mochilas cargadas de dólares cruzan fronteras sin ser detectadas y cuánto se pierde en el camino hacia un país más justo.

Para mitigar los daños que estos episodios generan, es imprescindible que las instituciones reaccionen con firmeza. La justicia debe actuar con celeridad y transparencia, garantizando que no haya espacios para la impunidad. Además, la sociedad civil debe exigir cambios estructurales que reduzcan las oportunidades de corrupción. Desde reformas en el financiamiento de la política hasta la implementación de tecnologías que aumenten la trazabilidad de los fondos públicos, hay herramientas disponibles que pueden fortalecer la integridad institucional.

El caso Kueider debe servir como un llamado de atención. No solo se trata de un episodio vergonzoso para un funcionario público, sino de una señal de alarma para una sociedad que no puede permitirse normalizar la ignominia. La construcción de una República fuerte requiere de ciudadanos comprometidos y de representantes públicos que entiendan la magnitud de su responsabilidad. En definitiva, el costo de la corrupción no se mide solo en dólares, sino en la calidad de vida, la confianza y el futuro de todos los argentinos.

Julián Lazo Stegeman 

En ninguna localidad se perpetraron los hechos planificados, sin embargo la posible incitación a cometerlos, ameritó la intervención de la justicia. De hecho, una de las causas derivó en allanamiento, con el propósito de colectar el dispositivo virtual que compromete a la persona acusada.

Pudo confirmar que el primer episodio tuvo lugar en San Salvador. Una mujer difundió a través de un posteo de Facebook, un explícito llamado a saquear, haciendo mención incluso que tenía "en vista" a los comercios que serían afectados. En cortas oraciones, la usuaria de la red social arengaba a todo el que quisiera "sumarse".

La Unidad Fiscal de San Salvador dispuso el inicio de actuaciones, para lo cual encomendó tareas investigativas a la Policía de Entre Ríos -que lleva ya una semana en activa alerta de la situación-, lográndose prontamente la correcta identificación de la persona en cuestión, tratándose de una joven de esa misma localidad.

El segundo expediente se sustancia en Gualeguay, donde se viralizó una convocatoria a través de WhatsApp, para saquear comercios de esa ciudad. La Fiscalía en Turno recibió el informe de una minuciosa investigación policial, que pudo individualizar a tres personas: dos mujeres y un hombre, con diferentes roles en la presunta tipificación. A su vez, dichos sospechados están vinculados entre sí, en razón de su participación en una ONG de índole social.

En la última jornada, funcionarios del Gobierno Nacional han ratificado que serán "atentos custodios" del acabado proceso que la Justicia debe llevar adelante en cada una de las situaciones que alteran o pretenden desestabilizar la tranquilidad social.

Sucede que el "Orden Público" es un bien jurídico penalmente tutelado y por consiguiente, digno de protección legal. De allí radica, que quien incite o atente contra él, corresponde que se le aplique la sanción prevista. A modo de referencia, el Código Penal Argentino determina una pena de 3 a 6 años de prisión, para quien públicamente incitare a la violencia colectiva.

El Poder Judicial de Entre Ríos se ha activado en tal sentido, aguardándose los respectivos avances que presenten las mencionadas instrucciones penales.

En ese marco, el jurado emitió su veredicto el cual resultó condenatorio, por lo que los acusados deberán cumplir una condena de acuerdo a los cargos que les fueron imputados.

Tras ello, se realizará una audiencia de cesura donde el Juez Técnico que interviene en el caso, Dr. Roberto Javier Cadenas, impondrá la pena que corresponda.

En principio, Tellechea, sobre quien pesaba la acusación de homicidio calificado por alevosía respecto de Jesús Fernández y homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa en perjuicio de Valeria Velarde, viuda de Fernández, recibiría pena de prisión perpetua.

Las dos mujeres mayores de edad imputadas en la causa fueron encontradas culpables de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa en perjuicio de Valeria Velarde, mientras que la menor de edad fue condenada por Tentativa de Homicidio Simple.

Por último, el menor fue absuelto por falta de elementos.

Concretamente, la Fiscalía atribuyó a Tellechea que durante la madrugada del 1 de enero de 2022 intervino en una agresión de la que participaron al menos 15 personas. Los imputados portaban armas blancas con las que asestaron golpes a Jesús Leonardo Fernández, quien recibió siete puntazos, tres los cuales penetraron en el dorso del tórax y le provocaron lesión pulmonar con hemotórax derecho y hemoneumotórax izquierdo, causándole la muerte minutos después por hemorragia masiva.

A su vez a Tellechea, Ovelar, Rodríguez, DDA y ALT se les imputa que en esa fecha y hora, también en el parque Quintana de Gualeguay, actuando en base a un plan común y aprovechándose de que Valeria Vanesa Velarde no podía defenderse, le propinaron una severa golpiza apta para darle a muerte.

En tanto, a principios de julio del año pasado, Axel Rafael Godoy fue condenado a 19 años de prisión efectiva tras un juicio abreviado por el hecho.

Como se mencionó, el juez técnico que dirige el proceso es el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Dr. Roberto Javier Cadenas, mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Rodrigo Molina y la querella particular fue ejercida por el abogado Javier Ronconi.

La defensa de dos imputados estuvo a cargo de la abogada Susana Alarcón, en tanto que a los otros tres los patrocinó Agustina Quattrocchi en su doble carácter de defensora y representante del Ministerio Pupilar, ya que hay menores imputados.

Tres impugnaciones presentadas a última hora encendieron las alarmas sobre los concursos para cubrir los nuevos cargos de la Fiscalía Anticorrupción y que se extiende a la composición del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, tras la tensión que envolvió la destitución de Cecilia Goyeneche y el debate por la reforma del organismo.

El dirigente radical Humberto Varisco cuestionó el proceso que busca cubrir los cargos de la nueva Fiscalía Anticorrupción, pero fue más allá porque también puso en crisis la designación de los representantes del Colegio de la Abogacía y de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial en el Consejo de la Magistratura.

La elección de los representantes de la abogacía ya había sido motivo de discordia. La ley establece que el estamento tendrá dos representantes, que se designarán por el voto directo de quienes estén matriculados y que al menos uno de ellos deberá tener domicilio real en cualquier punto diferente a la capital provincial.

Esa representación la ejercen Alberto Sampayo y Andrea Saxer, ambos de Paraná, y ambos fueron admitidos por el Consejo de la Magistratura. Los suplentes son Enzo Cabrera, de Gualeguay; y hará María Fabiana Danne, de Colón.

Varisco sostiene que “una lectura clara y concisa (de la ley) indica que hay que integrar el estamento de titulares de la abogacía con alguien del interior y respetando la paridad. Por lo cual, el Colegio de la Abogacía cumple con el requisito de la paridad, pero no con la de un matriculado o matriculada del interior, ya que ambos titulares son de la capital entrerriana, y este requisito no se subsana con que una de las suplentes sea del interior” y le achaca esa responsabilidad al presidente del Consejo de la Magistratura.

Respecto del estamento de jueces, fiscales y defensores, dice el dirigente radical, “el problema radica en el padrón confeccionado para las elecciones de los representantes, ya que tiene como punto de partida los asociados y asociadas, independientemente si son funcionarios judiciales o no afiliados a la asociación”, y en las elecciones celebradas en 2022, había “personas que no eran funcionarios judiciales y, funcionarios judiciales que, al no estar afiliados a la asociación, no pudieron ni siquiera tener el derecho o la posibilidad de votar”. Tampoco podrían ser elegidos.

Si este planteo tuviera acogida, podría trabarse ya no el concurso de la Fiscalía Anticorrupción, sino el funcionamiento de todo el Consejo de la Magistratura, ya que abriría la posibilidad de habilitar nuevas elecciones en ambos estamentos.

“Hay una serie de sospechas y suspicacias que llevan a pensar que hay algo más que problemas técnicos”, dijo Varisco al ser consultado por el programa En el dos mil también, que se emite por Radio Costa Paraná. En el escrito, el dirigente radical sugirió además que podría haber algún tipo de “direccionamiento”.

Las impugnaciones, además, plantean deficiencias técnicas. El abogado paranaense Esteban Leonel Rodríguez, asesor legal de la Municipalidad de La Paz, sostuvo que la resolución de convocatoria al concurso contiene vicios en el procedimiento y contiene una alegada falsedad de causa, por lo que solicitó que se disponga de un nuevo llamado con estricto apego a la legalidad.

Varisco, por su parte, denunció que “históricamente el Consejo de la Magistratura se ha caracterizado por subir a su sitio web las resoluciones y, además, las actas de la asamblea”, pero desde que está bajo la presidencia de Mariano Churruarín “ha perdido esa costumbre” y agregó que las reuniones del organismo se han vuelto “totalmente secretas porque no se conoce la orden del día como tampoco lo que se discute”.

Rodríguez –que sugirió en su escrito que podría anotarse para concursar, aunque finalmente no lo hizo– sostuvo además que la resolución a través de la cual se dispuso el llamado a concurso habría sido una decisión del presidente del Consejo de la Magistratura, sin convocar al resto de los integrantes del organismo asesor; aunque hace la salvedad de utilizar el potencial porque, según dijo, pudo pasar desapercibida o las comunicaciones pudieron haberse cursado en forma privada o personal.

El otro aspecto que cuestiona es que tampoco se cumplió con la publicidad de la convocatoria al sorteo de los jurados técnicos que deberán examinar a los postulantes. Sobre ese punto, Varisco fue más allá al señalar que hubo una “simulación de un sorteo público” y advirtió que previamente hubo una “depuración” de la lista, algo que en su momento reconstruyó Página Judicial sobre la propuesta que se debatió internamente para que aquellos abogados que defiendan a dirigentes políticos en causas de corrupción quedaran excluidos de cualquier jurado técnico, tal como ocurrió.

A última hora se conoció una tercera impugnación, presentada por el fiscal de Concordia José Arias, anotado para participar del concurso, quien también planteó que “se digitaron los jurados técnicos”, cuestionó la “exclusión” de 17 abogados del listado de especialistas en Derecho Penal y sugirió que no hubo sorteo.

“La situación genera un peligro inminente a los postulantes de estos concursos con solo tener en cuenta que las correcciones que realicen ‘jurados técnicos no especializados’ del examen de oposición podría ser confirmada por vía del silencio (administrativa y judicial), señaló Arias. “Se fulmina el derecho a ser examinado y evaluado responsablemente por un jurado idóneo y especializado”, agregó.

El fiscal también impugnó el hecho de que se convocó al concurso sin haber establecido de antemano los criterios para la calificación de antecedentes que se aplicarán a los postulantes.

La pelota ahora la tiene el Consejo de la Magistratura.

 Ismael Passaglia fue subsecretario del ministerio de Salud bonaerense entre 1989 y 1991, y más tarde concejal y diputado provincial por el peronismo desde 2005 a 2011, cuando asumió como intendente de San Nicolás. Con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en el poder, pegó el salto al oficialismo y en 2017 pasó a estar al frente del Instituto de la Vivienda de la provincia. En aquel entonces, dejó a cargo del ejecutivo municipal a su hijo Manuel, quien en las elecciones previas había encabezado la lista de concejales del Frente para la Victoria y hoy promueve la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Su hermano Ismael Santiago se convirtió en legislador provincial en 2021.  

Sin embargo, no es el nepotismo ni mucho menos el panquequismo político la principal acusación que recae en la actualidad sobre el clan familiar: en el marco de una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, los fiscales Matías Di Lello y Carlos Martín Amad solicitaron al juez federal Marcelo Bailaque que indague a Ismael, su esposa Liliana Ana Gaibazzi, sus hijos Ismael Santiago, Manuel, María y Delfina, a Denisse Gastellú -esposa de Ismael Santiago-, y otras cuatro personas que habrían actuado como testaferros en las maniobras para ocultar bienes.  

La investigación enumera una extensa red de cuentas y bienes de lujo, entre los que destacan tres departamentos sobre la exclusiva avenida Figueroa Alcorta; una vivienda en La Barra, Uruguay; más de dos mil hectáreas de campo en distintas provincias y 12 vehículos (entre ellos, una camioneta BMW X1, una Mercedes Benz GLC300 OffRoad, una camioneta Audi Q3 Quattro, una motocicleta Yamaha YFM350R y un auto un Peugeot 307 descapotable, entre otros).  

Los fiscales destacaron “el elevado nivel de vida detentado por todos los miembros de la familia Passaglia, con innumerables viajes al exterior, elevados gastos mediante tarjetas de crédito de titularidad de Ismael J. Passaglia; adquisición de productos suntuosos, adquisición de divisas extranjeras, así como tenencias de plazos fijos del grupo familiar por sumas millonarias».

En base a las pruebas recabadas, Di Lello y Amad consideraron que Ismael José Passaglia alcanzó “un patrimonio de significativa importancia, que en modo alguno podría justificarse con los ingresos lícitos percibidos en el ejercicio de la función pública”. Así, “habría intentado disimular la calidad ilícita de los fondos utilizados para la adquisición de los distintos bienes incorporándolos a nombre propio y de los integrantes de su núcleo familiar”.

Por otra parte, al inicio de la investigación se dio intervención a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y, en el marco de la fiscalización efectuada, algunos imputados debieron rectificar sus declaraciones juradas por los impuestos a los bienes personales y ganancias, correspondientes a los periodos fiscales 2012, 2014, 2015, 2018 y 2020.  

Más leña al fuego…En varias oportunidades, el actual intendente Manuel Passaglia reclamó al Gobierno medidas para controlar los incendios que azotan al delta del Paraná y lamentó sus efectos sobre el aire que respiran los nicoleños. “Si no sabe o no quiere resolver el problema, debería dar un paso al costado”, lanzó en agosto de este año en clara alusión al ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié.  

El titular de la cartera nacional no tardó en responderle al advertir que parte de las denuncias por el inicio de los incendios intencionales “coinciden con las coordenadas de campos de tu propiedad”, tierras ubicadas en las Islas de Gualeguay, al sur de la provincia de Entre Ríos, y que hoy están en la mira de la Justicia.  

Fuente: canalabierto.com.ar

Con una amplia convocatoria de funcionarios judiciales, ejecutivos, legislativos y magistrados se llevó adelante un nuevo encuentro del Congreso Argentino de Justicia Constitucional, que tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de septiembre en el Centro de Convenciones Provincial Fórum de Santiago del Estero.La temática abordada en este encuentro fue el amparo como Herramienta de Protección Constitucional y Convencional. La titular de la cartera de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, disertó sobre este tema y formó parte del panel de cierre de las jornadas.“Las conclusiones fueron verdaderamente valiosas, referidas a los derechos fundamentales de las personas. Entiendo que sirven no solo a la función pública, sino que nutren a quienes forman parte de los estrados judiciales que tienen que resolver cuestiones constitucionales y también a quienes estamos en labor ejecutiva”, sostuvo Romero.

En primer término el STJER recibió a los jueces del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay -Darío Crespo, Dardo Tórtul y Javier Cadenas-, acudiendo después la jueza Alejandra Gómez y el juez Sebastián Elal, titulares de los Juzgados de Garantías Nº 1 y 2, respectivamente.

Los y las vocales del Alto Cuerpo también dialogaron con el juez de Familia, Pablo Guercovich y con Eusebio Urteaga, secretario del Juzgado del Trabajo; con el juez Fabián Morahan y la jueza Teresita Ferreyra, responsables de los Juzgados en lo Civil y Comercial Nº 1 y 2, respectivamente; y con el juez de Paz (interino) de Gualeguay, Federico Antola y la jueza de Paz de General Galarza, Ilse Corfield.

Además recibieron al médico forense Miguel Nadalín, a la mediadora penal Analía Ahibe, a autoridades de la sección Gualeguay del Colegio de la Abogacía, y a dirigentes de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER): Mario Brnusak, Héctor López Benítez y Agustina Saratino.

Estuvieron presentes el vicepresidente del STJER, Daniel Carubia y los vocales Miguel Ángel Giorgio y Martín Carbonell, en tanto que la vocal Gisela Schumaher participó de manera remota.

Fuente: SIC-STJER

Recordemos que Erro había sido acusado hace más de 10 años por la instalación de un medidor eléctrico ambulante en un local donde se llevaron a cabo actos de campaña política. 

La causa penal por el supuesto uso inadecuado de un medidor de luz del municipio de Gualeguay, insumió el trabajo de nueve jueces, cuatro fiscales y de la misma Corte Suprema de Justicia. Entidad declaró inadmisible el planteo para revertir la absolución dictada en favor de Luis Erro y el ex funcionario Alfredo Dellagiustina.

En este marco, fue el mismo Erro quien anunció ayer por la mañana, la medida a través de su Facebook alegando que “se acabó la mentira”, al tiempo que daba la noticia del fin de la famosa causa conocida como “la causa del medidor”

“Se terminó la mentira, duró 14 años, una causa inventada por 7 pesos de consumo de luz de un medidor en el año 2008, fue prestad a una (Reunión del Consejo de la Mujer), ese mismo año como intendente de mi pueblo, mes a mes durante un año, por una promesa que hice en campaña aporté 900 pesos por mes a rentas generales de la municipalidad de Gualeguay, total $10.800”, comenzaba escribiendo el ex intendente. 

Y continuaba “El procurador Fiscal de la Provincia de E. Rios, gastó 40 mil pesos (de la provincia lógico) para ir hasta la Corte Suprema de Justicia con esta causa aberrante. La provincia gastó más de 15 millones de pesos entre horas hombre sueldos, y recursos en una causa orquestada por político/s amigos del Procurador”

Asimismo, en su descargo recordó a su Padre y a su hermano, ambos fallecidos hace poco tiempo “Para vos viejo, no sé dónde andarás, recuerdo tu deseo de no irte antes de ver terminado lo que armaron, a vos Seba, estarás festejando, tenías razón, a la larga los malos tienen que perder, la justicia real llega. Aunque, nunca pensé que no estaríamos juntos en este momento”.

En otro párrafo termino agradeciendo a sus abogados y amigos “Mochi” y “Guille”, afirmando “siempre confiaron, a mis padres, hijos, amigos, a todos los que bancaron desde que comenzó esta farsa motorizada y apoyada por varios nefastos políticos”

Y finalmente sostuvo “Al Negro Della Giustina y su familia, a quien, por querer ensuciarme, lo arrastraron en esta causa injusta 14 años. Y por último, gracias a los vecinos, a la buena gente de mi pueblo, siempre sentí el respaldo, en la calle, barrio, comercios, donde voy están. Vamos x Más”

El viernes, durante la mañana, se realizará la segunda “Jornada provincial de acceso a Justicia” cuyo propósito es garantizar el servicio a las personas que más lo necesitan y ofrecerle respuestas sin necesidad de que concurran a los tribunales de su localidad. La actividad se enmarca en la que semanalmente realiza el programa “La Justicia va a los barrios” en todas las jurisdicciones.

Integrantes de magistratura y funcionariado del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal, así como profesionales de equipos técnicos interdisciplinarios, con la colaboración de organismos como el Registro Civil Móvil o de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), trabajarán en los barrios para garantizar el servicio de Justicia a las personas más vulnerables.

Los/as interesados/as en acudir a la jornada pueden consultar en cada jurisdicción el lugar en el que se realizará la atención de los funcionarios y funcionarias judiciales.

1. ALDEA SANTA MARÍA (jurisdicción Cerrito)Escuela N°39 Perito Moreno (calle Monseñor Alfonso Kaul N°110), de 9 a 11.30.2. ANTONIO TOMÁS (jurisdicción Pueblo Brugo)Escuela Nº 72 Guillermo Hudson (sobre Ruta Prov. Nº 8), de 9 a 12.3. BOVRIL:Nuevo edificio del Concejo Deliberante (calle Pte. Perón entre Martín Fierro y Bv. San Martín), de 9 a 12.4. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY:Centro de Salud del Barrio 150 Viviendas (calle Carlos Granillo Posse Nº 842), de 8.30 a 12.5. CONCORDIA:Escuela N°14 Coronel Antonio Navarro (Bv. San Lorenzo Oeste N°995 y Villaguay), de 9 a 12.6. CONSCRIPTO BERNARDI (jurisdicción Federal):Salón de usos múltiples - Predio de la Ex Estación de Ferrocarril (sobre calle 9 de julio), de 9.30 a 12.30.7. FELICIANO:Salón Comunitario del Barrio El Cardal (Ejido Sur), de 9 a 12.8. GUALEGUAYCHÚ:Centro de Convenciones Municipal (Corsódromo Local), de 9 a 13.9. INGENIERO SAJAROFF (jurisdicción Villaguay):Salón Multiuso Comunal (calles Presidente Alfonsín y Alberto Balbuena), de 8.30 a 12.10. LA PAZEscuela Nina N°7 San Lorenzo (calles Racedo y Alvarado - Barrio Feria), de 8 a 11.11. LARROQUE:Parque de la Estación (calle Tomás de Rocamora N° 341), de 8 a 12.12. NOGOYÁ:Centro de Salud Dr. Mello, barrio Chañar (calle Estela Salcedo s/n), de 9 a 12.13. PARANÁ:Puerto Sánchez, calle El Pescador y Escalera Villalba, de 9 a 12.14. PARAJE GUAYAQUIL (jurisdicción Federación)Escuela N°42/Secundaria N°8 Gral. Pascual Pringles, de 9 a 12.15. PARAJE MAZARUCA (jurisdicción Ibicuy)Escuela Nº 28 José Hernández, de 9 a 12.16. PUEBLO CAZES (jurisdicción Colón)Centro de Salud de Pueblo Cazes, de 9 a 12.17. PUERTO ALVEAR (jurisdicción Diamante)Salón Comunal, de 9 a 12.18. PUNTA DEL MONTE – Octavo Distrito (jurisdicción Gualeguay), de 9 a 12.19. ROSARIO DEL TALA:Salón de Usos Múltiples del Barrio Sagrada Familia (calle Paulino Monzón, entre calles Jujuy y Chaco), de 8.30 a 12.20. SANTA ANITA (jurisdicción Villa San Marcial):Salón de Jubilados (calle Conrado Hummel 414), de 9 a 12.21. TABOSSI (jurisdicción Viale):Escuela º75 General Alvear (calle Pte. J. D. Perón N°256), de 9 a 12.22. VICTORIA:Escuela N°47 Bernardino Rivadavia (calle Vélez Sarsfield1058), de 8.30 a 11.30.23. VILLA PARANACITO:Salón Comunitario del Barrio Sagastume (barrio ex Hogar Adultos Mayores), de 9 a 12.30.

DETALLES

¿Qué trámites se pueden hacer?

Ante Integrantes del Ministerio Público de la Defensa:Atención y asesoramiento en materia de cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad.Trámites ante organismos públicos tendientes a garantizar el derecho a la salud y a la educación.Ante Integrantes del Ministerio Público Fiscal:Recepción de denuncias y seguimiento de denuncias en trámite.Atención de consultas vinculadas a la comisión de delitos.

Ante Integrantes de Juzgado de Paz:Certificaciones de firmas en trámites previsionales, poderes, seguros de vida, formularios de becas.Declaraciones juradas para gestionar asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social.

Por informaciones sumarias para tramitar beneficios previsionales, asignaciones familiares, obra social, se debe concurrir con dos testigos, mayores de 18 años, con DNI.Informaciones sumarias para acreditar ingresos insuficientes, a fin de tramitar DNI sin cargo, y a fin de que las personas ciudadanas extranjeras tramiten la radicación.Certificados de supervivencia.Certificación de copias de partidas de distintas provincias (que no tengan más de tres meses de expedidas).Certificación de copias de documentación de índole privada.

La Justicia va a los Barrios es un programa del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que busca garantizar el acceso a justicia de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica y encuentran obstáculos físicos y simbólicos para requerir la atención de los Tribunales por residir en lugares alejados de los centros de atención tradicionales.

Estarán integrantes de la justicia de Familia y de Paz, la Defensoría, el Ministerio Público Fiscal y del Equipo Técnico Interdisciplinario. También la Secretaría de Prevención de Adicciones y Convivencia Ciudadana (SEPACC) de la Municipalidad.

En ese sentido, señalaron: “Si sos víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea; si tenés dudas sobre cómo actuar frente a un caso de abuso sexual; si querés reclamar una cuota alimentaria o crees que alguno de tus derechos está siendo vulnerado y no contás con un abogado o abogada a quien consultar, acercate este lunes 2 de mayo al Salón Comunitario del barrio Dunat. Podemos orientarte”.

El acceso a la justicia es una garantía constitucional que permite ejercer los derechos que reconoce la ley. En teoría todas las personas tienen las mismas posibilidades de ejercer esos derechos, pero no funciona de ese modo en la práctica debido a las limitaciones que imponen determinados factores socioeconómicos y culturales, especialmente cuando se superponen. Así, las dificultades para el acceso a la justicia de las personas que residen en lugares alejados de los centros urbanos pueden agravarse con la pobreza, la discriminación, la exclusión o el analfabetismo.

De acuerdo a lo informado, el temario del examen incluirá los siguientes tópicos: derechos y garantías fundamentales del imputado; derechos de la víctima de un delito; sujetos procesales; actos procesales y términos; actividad procesal inválida o defectuosa; competencia; normas fundamentales de la investigación penal preparatoria; apertura de la causa, archivo y desestimación; medidas de coerción y de injerencia; y práctica probatoria.

También, incluye según el comunicado enviado a El Entre Ríos, los siguiente temas: procedimiento abreviado; suspensión del juicio a prueba, mediación y conciliación; sobreseimiento del imputado; recursos durante la IPP (Investigación Penal Preparatorio); Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal; régimen de la acción; principio de legalidad y oportunidad de la acción; violencia y perspectiva de género; narcomenudeo; régimen penal de la niñez y de la adolescencia; delitos sexuales; jurisprudencia sobre los tópicos detallados en este temario.