Maxi Ghione difundió un video en Instagram luego de recuperar la libertad, tras la audiencia judicial realizada en Rafaela. El actor pidió disculpas a sus allegados, aseguró que cometió “una macana” y reclamó la restitución de su teléfono celular y de las armas secuestradas durante el allanamiento en su casa de Lehmann. Además, se lamentó por que su situación perjudicó una relación sentimental que tenía.

Ghione había sido detenido el 29 de septiembre en un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI). El viernes 2 de octubre quedó en libertad luego de la audiencia en los tribunales de Rafaela. La fiscal Cecilia Doro confirmó que fue imputado por amenazas y tenencia de armas, mientras la hipótesis de una presunta privación ilegítima de la libertad continúa bajo análisis.

En el video, el actor evitó referirse en detalle a la denuncia, aunque reconoció que atravesó días difíciles. “Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió. Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida”, afirmó.

Ghione vinculó su estado personal con problemas que, dijo, no quería exponer públicamente. Relató que el auto de su madre, fallecida en 2010, había permanecido detenido durante nueve años y se había averiado cuando decidió probarlo. “A veces uno quiere apagarse, quiere desaparecer, quiere anestesiarse. Y me mandé una macana”, sostuvo.

El actor también afirmó que está dispuesto a realizarse estudios. “Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto”, manifestó. “Mandé una cagada, una macana, pero no quiere decir que sea adicto”, agregó.

También reclamó por las armas incautadas, que incluyen un arma larga, cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y más de 90 municiones. El material quedó incorporado a la causa para establecer su procedencia y su situación registral. Ghione se definió como coleccionista y legítimo usuario de armas de uso civil condicional. “Cualquiera que entre a mi casa va a ver armas por todos lados, porque soy coleccionista de armas, porque tengo todos los papeles en regla”, afirmó. Además, señaló que practica tiro en un polígono y que es socio honorario del Tiro Federal de San Fernando.

“No las quiero perder. Son de herencia familiar, son muy importantes para mí y es el único deporte que practico: tiro con armas de fuego en el polígono”, expresó al pedir que le devuelvan los elementos secuestrados. El actor aseguró que no tiene antecedentes penales y rechazó que su liberación esté sujeta a una condena o a una modalidad condicional. “Nunca en mi vida cometí un delito”, sostuvo. Luego agregó: “Soy inocente, no estoy en libertad condicional, estoy en libertad”.

En el cierre de su descargo, el actor agradeció a quienes le enviaron mensajes de apoyo y se refirió a las consecuencias personales del caso. “Nunca en mi vida imaginé que iba a leer tantos comentarios, pero miles y miles y miles de comentarios a favor mío”, dijo. Finalmente, reveló: “Todo esto que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo”.

La investigación se inició a partir de la denuncia de Emiliano Tarragona, un escort quien afirmó que acudió a la vivienda de Ghione el 20 de septiembre tras ser contratado para un encuentro. El denunciante sostuvo que permaneció cerca de cinco horas en el lugar, que el actor le exhibió dos armas de fuego y que se sintió impedido de retirarse.

“No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad”, relató Tarragona. También sostuvo que, tras dejar la vivienda, reclamó un pago que consideraba adeudado y recibió mensajes que interpretó como amenazas. Ghione no respondió de manera directa a esos señalamientos en el video.

Cerca de un centenar de productores entrerrianos, junto a representantes de las entidades gremiales del sector —FAA Filial Entre Ríos, SRA Distrito Entre Ríos y FARER—, se reunieron en el Establecimiento Yola, en cercanías de Sir Leonard, departamento La Paz, Entre Ríos, con autoridades policiales para reclamar medidas urgentes ante el avance descontrolado del delito rural y la violación permanente de la propiedad privada de los productores.

 Entre las medidas solicitadas se encuentra el pedido  a funcionarios judiciales que cumplan con su deber público, que investiguen las innumerables denuncias efectuadas, que adopten medidas efectivas para esclarecer los hechos delictivos, que impulsen los procesos en tiempo y forma y que logren sentencias que condenen a los responsables. Situaciones que, a esta altura, son demandas de toda la sociedad local. 

La falta de estos cambios, considerados necesarios y urgentes, hace que los productores rurales continúen viviendo como si el Estado de derecho no existiera. 

Durante el encuentro se destacó la labor realizada por el personal de la Policía Rural, pero también se reclamó el otorgamiento del equipamiento necesario e imprescindible para que pueda desarrollar eficazmente su tarea de prevención y seguridad. En concreto, se solicitó que cada destacamento cuente con drones térmicos y miras nocturnas. 

Asimismo, se reclamó la colocación de cámaras de seguridad en rutas, caminos rurales y accesos, integradas a un sistema de monitoreo y control policial que permita una respuesta rápida ante situaciones delictivas. 

El epicentro del reclamo está dirigido a las zonas agropecuarias cercanas a las localidades de Bovril, Avigdor, Sauce de Luna, Santa Elena, La Paz y Villaguay.  

La firma del petitorio que reúne los reclamos estuvo encabezada por los dirigentes gremiales, Matías Martiarena, Sebastián Klug y Marcelo Schreiner, por FAA Entre Ríos; Mariano Berisso y Mayda Spiazzi, por SRA Entre Ríos; y Maximiliano Müller, por FARER, y contó con el acompañamiento de la mayoría de los productores presentes.

A continuación se detallan las firmas recolectadas durante la asamblea de productores rurales:

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió este jueves la acción de amparo presentada por un grupo de padres, Agmer y la Fundación Cauce, contra el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares implementado por la Provincia.

El máximo tribunal provincial hizo lugar parcialmente al recurso de apelación presentado por los amparistas y precisó el alcance de la sentencia dictada el 21 de agosto. La resolución establece que la obligación del Estado provincial no se limita a excluir productos alcanzados por sellos de advertencia. También debe adecuar las prestaciones alimentarias a los estándares de alimentación saludable establecidos por la Ley Provincial 10.594.

El fallo sostiene, al mismo tiempo, que corresponde al Poder Ejecutivo determinar los mecanismos técnicos y organizativos necesarios para cumplir con esos estándares. De esta manera, el Tribunal no sustituye las facultades propias de la Administración ni dispone modificaciones específicas sobre la forma en que debe organizarse el servicio de alimentación escolar.

En ese sentido, los jueces señalaron que el cumplimiento de la sentencia no puede reducirse a verificar la presencia o ausencia de sellos de advertencia. También debe contemplar la composición nutricional de los productos y el cumplimiento efectivo de las normas vigentes sobre alimentación saludable.

La resolución tampoco dispone el regreso al sistema de desayunos y meriendas que funcionaba anteriormente ni establece la sustitución del esquema adoptado por el Gobierno provincial. El Ejecutivo conserva así la potestad para definir cómo implementar la política alimentaria, aunque deberá garantizar que las prestaciones se ajusten a las exigencias establecidas por la legislación provincial.

El Superior Tribunal también rechazó otros planteos formulados durante el proceso judicial. Entre ellos, desestimó el pedido para que se ordenara la presentación de los menús completos del nuevo sistema y la acreditación genérica y anticipada del cumplimiento de todos los estándares invocados por los amparistas.

El Tribunal indicó que cualquier controversia vinculada con un eventual incumplimiento deberá plantearse en la etapa de ejecución de sentencia, siempre que exista una situación concreta que deba ser revisada.

La Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, ordenó frenar las obras del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la plataforma continental argentina, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La decisión fue tomada por la jueza federal Mariel Borruto en el marco de una acción preventiva por daño ambiental colectivo, iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) contra las compañías Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited.

La resolución dispone que Rockhopper y Navitas, "en cuanto de ellas dependa", se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales vinculados con Sea Lion, denominado "León Marino" en el expediente. La prohibición alcanza la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, conductos y sistemas de fondeo, además de las unidades flotantes destinadas a la producción y almacenamiento de hidrocarburos, y también comprende el inicio de la extracción comercial de petróleo.

Las empresas denunciadas deberán, además, especificar las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas para apoyar la explotación, junto con eventuales ampliaciones o la incorporación de nuevos pozos relacionados con el proyecto. También tendrán que entregar los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelos de derrames y planes de contingencia, y preservar íntegramente toda la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa vinculada a Sea Lion, sin poder destruirla, alterarla ni ocultarla.

La magistrada no hizo lugar, por el momento, al pedido de prohibir nuevos contratos de financiación, desembolsos y transferencias vinculados al proyecto, al considerar que podría afectar operaciones y a terceros aún no identificados.

La jueza aclaró desde el comienzo que se trata de una medida cautelar y que, por lo tanto, no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas demandadas. La magistrada consideró que resultan aplicables normas argentinas al emprendimiento porque se proyecta sobre la plataforma continental argentina.

En ese marco, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que informe, en un plazo de diez días, si Rockhopper y Navitas contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de alguna autoridad argentina para desarrollar actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos correspondientes a la plataforma continental argentina.

Un día antes de conocerse la resolución, el Gobierno del Reino Unido había advertido que, según su posición, ningún poder del Estado argentino tiene jurisdicción sobre la zona de las Islas Malvinas. "El Reino Unido no encuentra fundamento alguno sobre el cual los tribunales de cualquier país fuera de Argentina pudieran ejercer legítimamente jurisdicción respecto de estas medidas", sostuvo un comunicado oficial publicado bajo el título "Hacer negocios con las Islas Malvinas".

Por su parte, Navitas había señalado que opera mediante licencias "válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las islas Malvinas" y que no prevé que las acciones judiciales emprendidas en Argentina "tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo" de Sea Lion.

La denuncia contra el proyecto Sea Lion había sido presentada el 1 de septiembre por el CECIM y la AAdeAA, que sostuvieron que las compañías avanzaban con el emprendimiento sin haber realizado ante las autoridades argentinas el procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la legislación nacional. Días antes, el 8 de septiembre, Navitas y Rockhopper, junto a otras petroleras que operan en Malvinas, ya habían sido denunciadas penalmente por el Gobierno argentino ante el juez federal Julián Ercolini, en Buenos Aires.

La crisis financiera que atraviesa Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo en los tribunales. La Justicia dispuso el embargo de determinados inmuebles vinculados a integrantes de la familia De Grazia, mientras que en un expediente relacionado con Avex también ordenó una inhibición general de bienes que alcanza a la empresa y a cinco personas vinculadas al grupo empresario.

Las resoluciones surgieron a partir de reclamos de entidades financieras por obligaciones impagas. Al mismo tiempo, Granja Tres Arroyos enfrenta múltiples ejecuciones y cuatro pedidos de quiebra promovidos por diferentes acreedores.

En una de las causas, iniciada por una deuda atribuida a Granja Tres Arroyos y sus garantes, el monto reclamado alcanza aproximadamente 1.195 millones de pesos, a los que se suman otros 600 millones estimados en concepto de intereses y costas. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°19 ordenó avanzar con embargos sobre propiedades que, según los registros correspondientes, pertenezcan a Joaquín De Grazia o Elba Elisa De Grazia.

Entre los inmuebles señalados figuran un departamento y una cochera situados en la avenida Francisco Beiró, en la Ciudad de Buenos Aires; un terreno ubicado en Canning y una propiedad dentro del Highland Park Country Club, en Pilar. La resolución establece que las medidas deberán efectivizarse sobre aquellos bienes cuya titularidad sea confirmada registralmente. Por el momento, el magistrado no hizo lugar al pedido de una inhibición general dentro de ese expediente.

Una segunda causa involucra a Avex SA por una deuda de 115.000 dólares, más aproximadamente 34.500 dólares calculados provisoriamente por intereses y gastos judiciales. En este caso, el Juzgado Comercial N°16 dispuso embargos sobre determinados inmuebles y, además, estableció una inhibición general de bienes para Avex y cinco personas relacionadas con la compañía: Elba Elisa De Grazia, Inés Magallanes, Joaquín De Grazia, Marcelo Carlos De Grazia y Romina Paola Elizabeth Pato.

En Concepción del Uruguay, la empresa desvinculó recientemente a 350 trabajadores de una dotación aproximada de 900 empleados. Los telegramas enviados por la compañía atribuyeron la decisión a una fuerte reducción del trabajo, mientras que desde el sector gremial se denunciaron importantes atrasos salariales.

En paralelo con los procesos judiciales, Granja Tres Arroyos intenta avanzar en una reestructuración de pasivos estimados en 350,9 millones de dólares.

Hace casi una semana, la justicia tucumana resolvió rechazar la demanda de indemnización presentada por los hijos de Héctor Omar Hoffmann, conocido como Sergio Denis, contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y el extitular del ente, Raúl Francisco Armisén. La sentencia dictaminó que la causa directa del accidente que terminó con la vida del cantante fue su propia conducta. Frente a este fallo, Bárbara Hoffman, una de sus hijas, volvió a sincerarse y habló en profundidad en Infobae al Amanecer (Infobae en Vivo) sobre el caso, sus sensaciones y el trasfondo real del reclamo.

En llamada telefónica con el equipo del ciclo, Bárbara aclaró desde el inicio cuál es el verdadero motor de la familia en este proceso judicial. “Muchas veces, el título sale como que lo que estamos pidiendo es una indemnización. Si se ve en el expediente, la indemnización es por 13 millones de pesos. La vida de mi papá claramente no valía 13 millones de pesos. Es pura y simbólica. Y esto no se trata en absoluto de dinero, por eso es simbólica, porque si hubiéramos tenido que poner una cifra, de lo que valía la vida de mi papá, no era esa”, explicó. Remarcó que el objetivo de la demanda siempre fue pedir justicia y visibilizar la negligencia cometida por el Teatro Mercedes Sosa en Tucumán.

Bárbara recordó que hubo dos causas, una penal y una civil, ambas impulsadas por la familia. “La causa penal, como lo conté un montón de veces, se bajó porque la justicia de Tucumán también determinó que nadie era responsable de la muerte de mi papá. Yo siempre digo que mi papá murió el 11 de marzo del 2019, el día que cayó, porque después de eso no volvió a tener contacto con la realidad nunca más”, relató con crudeza.

Consultada sobre los detalles del caso, Bárbara fue contundente al describir las irregularidades presentes en el teatro durante la noche del accidente: “Esa línea fluorescente que vos decís no estaba. La pasarela, esas escalinatas por donde papá camina antes de caer, no estaban permitidas por la municipalidad para estar ahí. Eso no podía estar ahí y estaba igual. El foso no podía estar descubierto porque ya se habían comprado los materiales para taparlo y tampoco se había hecho la obra. El teatro cerró un solo día para hacer las pericias y después de ellas recién aparecieron por lo menos esas tiras refractarias que vos decís. Ni siquiera estaban puestas.”

Además, Hoffman cuestionó la actitud del director del teatro Mercedes Sosa, quien, a pesar de ser funcionario público, jamás fue removido del cargo ni se apartó de sus funciones mientras se esclarecía lo ocurrido. “Se manejaron en todo momento con una impunidad total y ni hablar de ni siquiera acercarse a preguntar si papá evolucionaba bien o no el mes entero que estuvo internado en Tucumán. Nunca hubo un acercamiento, nunca hubo nada de parte de ellos”, lamentó.

Sobre el fallo adverso de la justicia y la decisión de responsabilizar al propio artista, Bárbara no ocultó su indignación: “No nos asombra, pero sí nos parece una atrocidad culpar al artista de su caída. Mi papá, lógicamente, no se subió el 11 de marzo al teatro Mercedes Sosa para morir ahí. Es una locura, es violento escucharlo, qué sé yo. Leerlo es como revivir de vuelta una pesadilla que no se termina nunca.”

La hija de Sergio Denis confirmó que la familia ya apeló el fallo: “Ayer nos pusimos en contacto con los abogados y ya les avisamos de nuestro lado que lo que vamos a hacer es apelar, así que está en proceso y ellos están trabajando para eso.” Reconoció, sin embargo, que el camino será largo y tedioso. “Hace siete años que estamos con esta causa y no hay ninguna devolución a favor. Todo es muy lento. Lamentablemente, la justicia es muy lenta y, en nuestro caso, muy injusta.”

Respecto al futuro del proceso judicial, Bárbara explicó: “Ahora es apelar y esperar nuevamente la resolución. Son muchas instancias. Mucha gente dice: ‘Pasen la causa a Buenos Aires’. Sí, ojalá. Si fuera tan simple ya lo hubiéramos hecho. Lamentablemente, hay que esperar cada una de las instancias. Pasa por la corte, va a casaciones, y todo demora un año. Venimos en ese camino, que es el que lamentablemente nos tocó, haciendo todo lo que está a nuestro alcance y tratando de mantener la calma, tener paciencia y creer que existe algo mejor que todo esto que nos viene tocando.”

Así, Bárbara dejó en claro que el reclamo de la familia no es económico, sino simbólico y ético. El objetivo es visibilizar la negligencia y exigir justicia para Sergio Denis, un artista que, según su hija, nunca debió haber estado expuesto a semejante peligro en el escenario. La lucha continúa, con la esperanza de que la verdad y la responsabilidad finalmente salgan a la luz.

El dato más significativo surge del relevamiento realizado durante la prueba piloto: la declaratoria de herederos, que con el sistema tradicional demandaba un promedio de 19 meses, ahora puede resolverse en 26 días hábiles.

La presentación se realizó este lunes en el Salón Lucio Dato del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en Paraná, y estuvo encabezada por la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Gisela Schumacher, junto a los integrantes de la Comisión de Trabajo para la Automatización de Procesos Sucesorios sin Testamentar: Mariano Ludueño, Juan Marcelo Micheloud y Vanesa Selenscig Pimentel.

Durante la presentación, Schumacher destacó que la herramienta fue desarrollada íntegramente por el Área de Informática del Superior Tribunal de Justicia, lo que garantiza el control y la custodia de la información, la seguridad jurídica de los datos y una adaptación específica a las necesidades de los juzgados entrerrianos.

Además, remarcó que el proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre magistrados, equipos técnicos y representantes de la abogacía, quienes participaron en la construcción del sistema.

Por su parte, el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel, señaló que el STJ incorporó durante la etapa piloto las observaciones y propuestas realizadas por la institución, permitiendo perfeccionar el funcionamiento de la plataforma antes de su puesta en marcha definitiva.

Tras la presentación institucional, el encuentro continuó con un conversatorio en el que los especialistas respondieron consultas de los abogados sobre la operatoria del nuevo sistema.

La actividad forma parte de un plan integral de capacitación impulsado por la Sala Civil del STJ junto al Instituto Alberdi y el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

Hasta el momento, las tres ediciones de las capacitaciones virtuales reunieron a 1.130 abogados y 539 integrantes del Poder Judicial. Además, se informó que una nueva cohorte comenzará el 11 de agosto, con inscripción ya habilitada.

La implementación definitiva del sistema comenzó el 1 de agosto de 2026, en cumplimiento del Acuerdo General Nº 16/26 del Superior Tribunal de Justicia.

La prueba piloto, desarrollada entre noviembre de 2025 y julio de 2026, se realizó en juzgados de Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia, donde se evaluó el desempeño de la herramienta.

El informe elaborado por el Área de Planificación y Estadística del STJ confirmó una mejora sustancial en los tiempos de resolución de los expedientes sucesorios, consolidando una importante modernización del servicio de Justicia en Entre Ríos mediante la digitalización y automatización de estos procesos.

La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación del caso $LIBRA al ordenar el congelamiento de decenas de billeteras virtuales presuntamente vinculadas a la operatoria bajo sospecha. Además, dispuso que los principales exchanges internacionales de criptomonedas entreguen información para identificar a los titulares de esas cuentas y aportar datos que permitan reconstruir el recorrido del dinero.

La medida fue dictada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, luego de un informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal. Según la resolución judicial, existen elementos suficientes para adoptar una medida cautelar debido a que se encuentran acreditados tanto "la verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora", condiciones necesarias para evitar que los activos digitales sean transferidos o desaparezcan antes de que finalice la investigación.

El magistrado sostuvo que el congelamiento de las billeteras busca garantizar una eventual ejecución de medidas patrimoniales y un posible decomiso de bienes que pudieran estar relacionados con hechos ilícitos.

El informe técnico incorporado al expediente reconstruyó el recorrido de los activos digitales desde las denominadas "Team Libra Wallets" hacia distintas direcciones intermedias y, posteriormente, a plataformas internacionales de intercambio de criptomonedas. Los investigadores detectaron una "secuencia continua e ininterrumpida de transacciones on-chain" que permitió vincular las distintas billeteras dentro de una misma estructura de movimientos financieros. Parte de los fondos llegaron a servicios como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance, entre otros.

El fallo también hace referencia a una posible maniobra conocida como "pitufeo digital" o "smurfing", utilizada para dificultar el seguimiento del dinero: una vez que los fondos llegaron a una cuenta centralizada, fueron distribuidos diariamente en múltiples billeteras vinculadas a distintos proveedores de servicios de activos virtuales. Para el juez, esta estrategia habría tenido como finalidad fragmentar los montos para convertir posteriormente los activos en moneda tradicional o dificultar el rastreo de las operaciones.

La investigación procura determinar las circunstancias que rodearon el lanzamiento y la promoción del criptoactivo $LIBRA. La resolución recuerda que el 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando el proyecto y el contrato para adquirir el token. Según la denuncia que dio origen a la causa, tras esa publicación el valor del activo pasó de 0,01 a casi 5 dólares, aunque horas más tarde sufrió un fuerte desplome.

La presentación judicial sostiene que esa operatoria habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares por parte de un reducido grupo de billeteras, mientras más de 40.000 personas que habían adquirido el token sufrieron pérdidas por la caída del precio.

Además del congelamiento de las billeteras virtuales, el juez ordenó a Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex remitir toda la información disponible sobre los usuarios vinculados a las cuentas investigadas. Entre los datos solicitados figuran la documentación utilizada para abrir las cuentas (KYC), registros de direcciones IP, historial de movimientos de criptomonedas, cuentas bancarias asociadas, direcciones empleadas para enviar o recibir fondos y documentación interna relacionada con las operaciones.

Las diligencias serán realizadas por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal y, cuando resulte necesario, contarán con la intervención de Interpol. Para el magistrado, la rapidez con la que pueden movilizarse los activos digitales hace necesario mantener inmovilizadas las cuentas investigadas, con el objetivo de evitar que el dinero desaparezca y se produzca un perjuicio irreparable para el avance de la causa.

Esta convocatoria surge tras confirmarse que el orden de mérito actual para las jurisdicciones de Gualeguay y La Paz se encuentra agotado.

Inscripciones y plazos

De acuerdo con la Resolución Nº 254/26, el proceso de inscripción se realizará exclusivamente de manera online a través del sitio web oficial del Poder Judicial (www.jusentrerios.gov.ar). El período para postularse comenzará el 27 de julio de 2026 a las 07:00 hs. y se extenderá hasta el 5 de agosto de 2026 a las 13:00 hs.

Es fundamental que los aspirantes declaren una cuenta de correo electrónico válida, ya que todas las notificaciones oficiales se enviarán por esa vía.Requisitos para los postulantes

Para participar del concurso, los interesados deberán adjuntar la documentación que acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a.Tener al menos 18 años de edad.Presentar DNI (frente y dorso).Poseer Título Secundario o Certificado Analítico.Certificado de Antecedentes Penales (emitido con una antigüedad no mayor a tres meses).Declaración jurada de no poseer inhibiciones legales.

Las solicitudes que no reúnan estas condiciones serán rechazadas de inmediato sin más trámite.

Capacitación y Evaluación

Los concursantes deberán participar de una Capacitación y Evaluación Virtual Obligatoria, cuya fecha y modalidad de ejecución se comunicarán oportunamente.

Como apoyo a los aspirantes, el Poder Judicial ha elaborado un Manual de Estudios actualizado. Este material busca brindar una guía de contenidos sobre conceptos de derecho, lenguaje jurídico e instituciones, necesarios para el desempeño de las tareas de un escribiente.

Tribunal Examinador

El tribunal encargado de evaluar a los postulantes ya ha sido designado. Para la jurisdicción de Gualeguay, estará integrado por el Dr. Dardo Oscar Tortul, la Dra. Rosa María Fernández Campasso, la Dra. Mónica María Terraza, el Dr. Pablo Mariano Guercovich y la Dra. Alejandra María Cristina Gómez. En La Paz, el tribunal lo componen el Dr. Diego Rodriguez, la Dra. Silvia A. Vega y el Dr. Ramón Lell.

Finalmente, se ha invitado a la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) para designar veedores que supervisen el desarrollo de la convocatoria. 

La concentración comenzó en horas de la noche en  donde los manifestantes se desplazaron de manera pacífica hasta los Tribunales de Justicia, portando pancartas, fotos y consignas que exigían el esclarecimiento del hecho y el avance de la causa judicial. Durante el recorrido, se vivieron momentos de fuerte carga emocional, con aplausos, silencio respetuoso y mensajes de acompañamiento a la familia.

Los organizadores destacaron la amplia participación de la comunidad y remarcaron que la marcha tuvo como único objetivo mantener visible el reclamo, pedir respuestas y evitar que el caso quede impune. “No buscamos violencia, solo justicia y que se sepa la verdad”, expresaron familiares de Matteo, quienes agradecieron el apoyo recibido por parte de vecinos, instituciones y amigos.

La movilización reflejó una vez más la preocupación social por los siniestros viales y la necesidad de que las investigaciones avancen con celeridad y transparencia. En ese sentido, los presentes reiteraron el pedido a la Justicia para que se determinen responsabilidades y se actúe conforme a la ley.

Desde el entorno de la familia adelantaron que continuarán reclamando por vías pacíficas hasta obtener respuestas concretas, y remarcaron la importancia de no olvidar lo ocurrido. La marcha de ayer dejó en claro que Gualeguay acompaña el pedido de justicia por Matteo Rothar y mantiene vivo el reclamo.

Entre febrero y noviembre de 2025, el Poder Judicial de Entre Ríos registró 2.522.298 actos procesales, una cifra que refleja la intensa actividad desarrollada en los distintos fueros e instancias del sistema judicial provincial.

Durante ese período se contabilizaron 1.057.055 presentaciones digitales realizadas por abogados y abogadas, consolidando el uso de herramientas tecnológicas en la tramitación de causas y fortaleciendo los procesos de modernización judicial. En promedio, se registraron 19.163 movimientos diarios en los días con actividad, lo que evidencia una dinámica sostenida del servicio de justicia.

En cuanto al ingreso de expedientes, se iniciaron 79.969 causas en todos los fueros e instancias. Respecto de la producción jurisdiccional, se dictaron 42.665 sentencias definitivas y 79.493 resoluciones interlocutorias, alcanzando un total de 122.158 resoluciones.

En primera instancia, los mayores volúmenes de resoluciones correspondieron a los fueros de Familia (24.891), Penal (24.315) y Civil y Comercial (23.408).En segunda instancia, los órganos no penales emitieron 2.422 sentencias y 3.449 autos, sumando 5.871 resoluciones.Por su parte, en la instancia superior, las Salas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Tribunal en Pleno dictaron 1.791 resoluciones, de las cuales 1.058 fueron sentencias y 733 autos.

En materia no penal, se dictaron 36.744 sentencias definitivas y 59.676 resoluciones interlocutorias, totalizando 96.420 resoluciones, entre ellas 699 procedimientos constitucionales. En tanto, en materia penal, se emitieron 5.921 sentencias y 19.817 autos, alcanzando 25.738 resoluciones.

Durante el mismo período se llevaron a cabo 22.547 audiencias en primera instancia, además de 3.193 audiencias de mediación penal, lo que reafirma la relevancia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos dentro del sistema judicial.

Las familias de los cuatro trabajadores que murieron tras ser chocados en la ruta provincial 39 por el exfuncionario provincial, Juan Ruíz Orrico, quien conducía alcoholizado, avanzaron un casillero en su esperanza de lograr justicia. En febrero de 2026 será el debate oral.

Al momento del siniestro vial fatal, Ruíz Orrico era titular del Instituto Portuario de Entre Ríos. Conducía borracho y a exceso de velocidad en un automóvil del estado entrerriano, a pesar de estar prohibido usar vehículos oficiales para cuestiones particulares. El excandidato a intendente de Concepción del Uruguay de Juntos por Entre Ríos había estado cenando en la casa de Mauro Vazón, presidente del Consejo de la Magistratura.

Tras un largo peregrinar de las familias de las víctimas del siniestro vial, ocurrido el 20 de junio de 2024, se fijo que el juicio comenzará el 18 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 27, en Concepción del Uruguay.

El fatal accidente sucedió en la madrugada del 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, cuando el vehículo Chevrolet Corsa en el que viajaban los trabajadores avícolas fue embestido frontalmente por un auto oficial que conducía Ruiz Orrico. Las pericias realizadas determinaron que el acusado presentaba 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento de producirse el choque.

Como consecuencia del violento impacto, fallecieron de manera instantánea Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos jóvenes originarios de Basavilbaso que se dirigían a sus lugares de trabajo.

El juicio será encabezado por el juez Darío Crespo, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, quien asumió la competencia del caso después de que todos los magistrados del tribunal de Concepción del Uruguay se excusaran de intervenir debido a que mantienen relación con la jueza María Evangelina Bruzzo, esposa de Ruiz Orrico.

Las familias de las víctimas tienen miedo que los lazos de amistad del imputado hagan que evite una pena de prisión efectiva, condena que le cabría a cualquier ciudadano común por la cantidad de víctimas.

A principios de este mes, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por los abogados defensores de Ruiz Orrico, quienes buscaban apartar al querellante Mario Arcusin del proceso.

El máximo tribunal provincial destacó que los argumentos esgrimidos por la defensa ya habían sido tratados y resueltos adecuadamente por la Cámara de Casación Penal en instancias anteriores.

En abril pasado, la vocal Melisa María Ríos había rechazado un pedido de idéntica naturaleza presentado para apartar a la querella particular, decisión que permitió proceder a la remisión a juicio oral de la causa, la cual incluye la imputación por el delito de “Homicidio culposo” a Ruiz Orrico.

La defensa del exfuncionario provincial, representada por los abogados Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez, también había apelado esa resolución sin obtener resultados favorables, consolidándose así el camino procesal hacia la realización del juicio oral y público que se desarrollará durante nueve días en febrero de 2026.

La fijación de fecha definitiva para el juicio representa un hito significativo en este caso que conmocionó a la sociedad y ha seguido un complejo derrotero judicial marcado por los recursos de la defensa y las cuestiones de competencia derivadas de las relaciones personales entre los magistrados y la familia del imputado.Fuente: Ahora

La decisión del Máximo Tribunal —firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— ratifica la validez de la investigación y habilita el inicio del juicio oral previsto para el 6 de noviembre, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 7.

Además, la Corte revocó el sobreseimiento de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, en una causa paralela por lavado de dinero. El fallo beneficia el pedido de la Procuración General de la Nación y la Unidad de Información Financiera (UIF), que habían solicitado la continuidad de la investigación tras denunciar maniobras de blanqueo millonarias.

En su voto, los magistrados coincidieron con los argumentos del procurador general al sostener que el sobreseimiento anterior —dictado por el juez Luis Rodríguez en 2015— solo abarcaba el transporte de dinero, pero no las operaciones financieras que implicarían lavado de activos.

La causa Cuadernos tuvo su origen en los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó viajes y entregas de dinero vinculadas al entonces subsecretario Roberto Baratta. Las confesiones de imputados colaboradores como Carlos Wagner, José López y Ernesto Clarens permitieron reconstruir una red de pagos ilegales entre funcionarios y contratistas del Estado.

El fallo también rechazó recursos presentados por otros empresarios como Cristóbal López, Aldo Roggio, Mario Rovella y Juan Carlos De Goycoechea, consolidando así la continuidad del proceso judicial que involucra a una de las causas más emblemáticas de corrupción de las últimas décadas.

La resolución de la Corte marca un nuevo capítulo en un expediente clave para la Justicia argentina, que tendrá en el banquillo a la expresidenta y a parte del entramado político-empresarial que dominó la obra pública durante más de una década.

Durante su intervención, Burruchaga repasó su formación profesional y su experiencia en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, destacando como un momento clave de su carrera su participación en la causa por el femicidio de Micaela García. Actualmente se desempeña en la Fiscalía de Nogoyá, pero remarcó su fuerte vínculo con Gualeguay: “Tengo mi familia allí y conozco la Fiscalía”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de fortalecer los recursos humanos y técnicos en el Ministerio Público.

Las audiencias fueron organizadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, en cumplimiento de lo que establece el artículo 103 inciso 2° de la Constitución Provincial, y contaron con la participación de los senadores Juan Pablo Cosso, Rafael Cavagna, Jaime Benedetti, Gustavo Vergara y Nancy Miranda.

Las entrevistas a los candidatos incluyeron preguntas sobre su situación patrimonial, sus motivaciones para ejercer el cargo, sus valores democráticos, y su visión sobre temas actuales como el juicio por jurado o los plazos razonables en los procesos judiciales.

Los antecedentes de cada postulante y los videos de las exposiciones pueden consultarse en la página oficial del Senado entrerriano: www.senadoer.gob.ar.

El término "ignominia" alude a la deshonra pública, una humillación que afecta tanto al individuo involucrado como a las instituciones que representa. En este caso, la imagen del diputado siendo interceptado con una suma exorbitante de dinero en efectivo genera un impacto devastador. Más allá de las posibles justificaciones legales o explicaciones que pueda ofrecer, la percepción pública se ve marcada por el estigma de la corrupción, una sombra que se cierne sobre la clase política en su conjunto.

Los daños de este tipo de episodios no se limitan al plano individual. Cada caso de sospecha o confirmación de corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, debilitando uno de los pilares fundamentales de la República. La corrupción no es solo un delito económico; es también un ataque al contrato social que sostiene la convivencia democrática. Cuando los representantes públicos, quienes tienen el mandato de legislar y administrar en beneficio de todos, caen bajo la sospecha de conductas deshonestas, se genera una sensación de desamparo y desafección en la ciudadanía.

El caso de Kueider se suma a una larga lista de escándalos que han jalonado la historia reciente de la política argentina. La repetición de estos hechos crea una narrativa perniciosa: la de un Estado capturado por intereses mezquinos. Esta narrativa no solo afecta la credibilidad de quienes gobiernan, sino también la voluntad de los ciudadanos de participar en la vida pública, alimentando un círculo vicioso de apatía y desconfianza.

El impacto económico de la corrupción también es significativo. Los recursos que podrían destinarse a políticas públicas esenciales como educación, salud y seguridad, terminan desviándose hacia circuitos de enriquecimiento ilícito. El episodio de Kueider, con una suma de dinero que supera ampliamente el ingreso anual de un ciudadano promedio, pone en evidencia la desigualdad que perpetúa la corrupción: mientras unos pocos acumulan fortunas en la sombra, la mayoría enfrenta dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.

La República se basa en principios de transparencia, responsabilidad y equidad. Sin embargo, estos principios quedan en entredicho cada vez que un representante público se ve involucrado en hechos sospechosos. Los ciudadanos se preguntan cuántos otros casos quedan ocultos, cuántas mochilas cargadas de dólares cruzan fronteras sin ser detectadas y cuánto se pierde en el camino hacia un país más justo.

Para mitigar los daños que estos episodios generan, es imprescindible que las instituciones reaccionen con firmeza. La justicia debe actuar con celeridad y transparencia, garantizando que no haya espacios para la impunidad. Además, la sociedad civil debe exigir cambios estructurales que reduzcan las oportunidades de corrupción. Desde reformas en el financiamiento de la política hasta la implementación de tecnologías que aumenten la trazabilidad de los fondos públicos, hay herramientas disponibles que pueden fortalecer la integridad institucional.

El caso Kueider debe servir como un llamado de atención. No solo se trata de un episodio vergonzoso para un funcionario público, sino de una señal de alarma para una sociedad que no puede permitirse normalizar la ignominia. La construcción de una República fuerte requiere de ciudadanos comprometidos y de representantes públicos que entiendan la magnitud de su responsabilidad. En definitiva, el costo de la corrupción no se mide solo en dólares, sino en la calidad de vida, la confianza y el futuro de todos los argentinos.

Julián Lazo Stegeman 

En ninguna localidad se perpetraron los hechos planificados, sin embargo la posible incitación a cometerlos, ameritó la intervención de la justicia. De hecho, una de las causas derivó en allanamiento, con el propósito de colectar el dispositivo virtual que compromete a la persona acusada.

Pudo confirmar que el primer episodio tuvo lugar en San Salvador. Una mujer difundió a través de un posteo de Facebook, un explícito llamado a saquear, haciendo mención incluso que tenía "en vista" a los comercios que serían afectados. En cortas oraciones, la usuaria de la red social arengaba a todo el que quisiera "sumarse".

La Unidad Fiscal de San Salvador dispuso el inicio de actuaciones, para lo cual encomendó tareas investigativas a la Policía de Entre Ríos -que lleva ya una semana en activa alerta de la situación-, lográndose prontamente la correcta identificación de la persona en cuestión, tratándose de una joven de esa misma localidad.

El segundo expediente se sustancia en Gualeguay, donde se viralizó una convocatoria a través de WhatsApp, para saquear comercios de esa ciudad. La Fiscalía en Turno recibió el informe de una minuciosa investigación policial, que pudo individualizar a tres personas: dos mujeres y un hombre, con diferentes roles en la presunta tipificación. A su vez, dichos sospechados están vinculados entre sí, en razón de su participación en una ONG de índole social.

En la última jornada, funcionarios del Gobierno Nacional han ratificado que serán "atentos custodios" del acabado proceso que la Justicia debe llevar adelante en cada una de las situaciones que alteran o pretenden desestabilizar la tranquilidad social.

Sucede que el "Orden Público" es un bien jurídico penalmente tutelado y por consiguiente, digno de protección legal. De allí radica, que quien incite o atente contra él, corresponde que se le aplique la sanción prevista. A modo de referencia, el Código Penal Argentino determina una pena de 3 a 6 años de prisión, para quien públicamente incitare a la violencia colectiva.

El Poder Judicial de Entre Ríos se ha activado en tal sentido, aguardándose los respectivos avances que presenten las mencionadas instrucciones penales.

En ese marco, el jurado emitió su veredicto el cual resultó condenatorio, por lo que los acusados deberán cumplir una condena de acuerdo a los cargos que les fueron imputados.

Tras ello, se realizará una audiencia de cesura donde el Juez Técnico que interviene en el caso, Dr. Roberto Javier Cadenas, impondrá la pena que corresponda.

En principio, Tellechea, sobre quien pesaba la acusación de homicidio calificado por alevosía respecto de Jesús Fernández y homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa en perjuicio de Valeria Velarde, viuda de Fernández, recibiría pena de prisión perpetua.

Las dos mujeres mayores de edad imputadas en la causa fueron encontradas culpables de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa en perjuicio de Valeria Velarde, mientras que la menor de edad fue condenada por Tentativa de Homicidio Simple.

Por último, el menor fue absuelto por falta de elementos.

Concretamente, la Fiscalía atribuyó a Tellechea que durante la madrugada del 1 de enero de 2022 intervino en una agresión de la que participaron al menos 15 personas. Los imputados portaban armas blancas con las que asestaron golpes a Jesús Leonardo Fernández, quien recibió siete puntazos, tres los cuales penetraron en el dorso del tórax y le provocaron lesión pulmonar con hemotórax derecho y hemoneumotórax izquierdo, causándole la muerte minutos después por hemorragia masiva.

A su vez a Tellechea, Ovelar, Rodríguez, DDA y ALT se les imputa que en esa fecha y hora, también en el parque Quintana de Gualeguay, actuando en base a un plan común y aprovechándose de que Valeria Vanesa Velarde no podía defenderse, le propinaron una severa golpiza apta para darle a muerte.

En tanto, a principios de julio del año pasado, Axel Rafael Godoy fue condenado a 19 años de prisión efectiva tras un juicio abreviado por el hecho.

Como se mencionó, el juez técnico que dirige el proceso es el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Dr. Roberto Javier Cadenas, mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Rodrigo Molina y la querella particular fue ejercida por el abogado Javier Ronconi.

La defensa de dos imputados estuvo a cargo de la abogada Susana Alarcón, en tanto que a los otros tres los patrocinó Agustina Quattrocchi en su doble carácter de defensora y representante del Ministerio Pupilar, ya que hay menores imputados.

Tres impugnaciones presentadas a última hora encendieron las alarmas sobre los concursos para cubrir los nuevos cargos de la Fiscalía Anticorrupción y que se extiende a la composición del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, tras la tensión que envolvió la destitución de Cecilia Goyeneche y el debate por la reforma del organismo.

El dirigente radical Humberto Varisco cuestionó el proceso que busca cubrir los cargos de la nueva Fiscalía Anticorrupción, pero fue más allá porque también puso en crisis la designación de los representantes del Colegio de la Abogacía y de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial en el Consejo de la Magistratura.

La elección de los representantes de la abogacía ya había sido motivo de discordia. La ley establece que el estamento tendrá dos representantes, que se designarán por el voto directo de quienes estén matriculados y que al menos uno de ellos deberá tener domicilio real en cualquier punto diferente a la capital provincial.

Esa representación la ejercen Alberto Sampayo y Andrea Saxer, ambos de Paraná, y ambos fueron admitidos por el Consejo de la Magistratura. Los suplentes son Enzo Cabrera, de Gualeguay; y hará María Fabiana Danne, de Colón.

Varisco sostiene que “una lectura clara y concisa (de la ley) indica que hay que integrar el estamento de titulares de la abogacía con alguien del interior y respetando la paridad. Por lo cual, el Colegio de la Abogacía cumple con el requisito de la paridad, pero no con la de un matriculado o matriculada del interior, ya que ambos titulares son de la capital entrerriana, y este requisito no se subsana con que una de las suplentes sea del interior” y le achaca esa responsabilidad al presidente del Consejo de la Magistratura.

Respecto del estamento de jueces, fiscales y defensores, dice el dirigente radical, “el problema radica en el padrón confeccionado para las elecciones de los representantes, ya que tiene como punto de partida los asociados y asociadas, independientemente si son funcionarios judiciales o no afiliados a la asociación”, y en las elecciones celebradas en 2022, había “personas que no eran funcionarios judiciales y, funcionarios judiciales que, al no estar afiliados a la asociación, no pudieron ni siquiera tener el derecho o la posibilidad de votar”. Tampoco podrían ser elegidos.

Si este planteo tuviera acogida, podría trabarse ya no el concurso de la Fiscalía Anticorrupción, sino el funcionamiento de todo el Consejo de la Magistratura, ya que abriría la posibilidad de habilitar nuevas elecciones en ambos estamentos.

“Hay una serie de sospechas y suspicacias que llevan a pensar que hay algo más que problemas técnicos”, dijo Varisco al ser consultado por el programa En el dos mil también, que se emite por Radio Costa Paraná. En el escrito, el dirigente radical sugirió además que podría haber algún tipo de “direccionamiento”.

Las impugnaciones, además, plantean deficiencias técnicas. El abogado paranaense Esteban Leonel Rodríguez, asesor legal de la Municipalidad de La Paz, sostuvo que la resolución de convocatoria al concurso contiene vicios en el procedimiento y contiene una alegada falsedad de causa, por lo que solicitó que se disponga de un nuevo llamado con estricto apego a la legalidad.

Varisco, por su parte, denunció que “históricamente el Consejo de la Magistratura se ha caracterizado por subir a su sitio web las resoluciones y, además, las actas de la asamblea”, pero desde que está bajo la presidencia de Mariano Churruarín “ha perdido esa costumbre” y agregó que las reuniones del organismo se han vuelto “totalmente secretas porque no se conoce la orden del día como tampoco lo que se discute”.

Rodríguez –que sugirió en su escrito que podría anotarse para concursar, aunque finalmente no lo hizo– sostuvo además que la resolución a través de la cual se dispuso el llamado a concurso habría sido una decisión del presidente del Consejo de la Magistratura, sin convocar al resto de los integrantes del organismo asesor; aunque hace la salvedad de utilizar el potencial porque, según dijo, pudo pasar desapercibida o las comunicaciones pudieron haberse cursado en forma privada o personal.

El otro aspecto que cuestiona es que tampoco se cumplió con la publicidad de la convocatoria al sorteo de los jurados técnicos que deberán examinar a los postulantes. Sobre ese punto, Varisco fue más allá al señalar que hubo una “simulación de un sorteo público” y advirtió que previamente hubo una “depuración” de la lista, algo que en su momento reconstruyó Página Judicial sobre la propuesta que se debatió internamente para que aquellos abogados que defiendan a dirigentes políticos en causas de corrupción quedaran excluidos de cualquier jurado técnico, tal como ocurrió.

A última hora se conoció una tercera impugnación, presentada por el fiscal de Concordia José Arias, anotado para participar del concurso, quien también planteó que “se digitaron los jurados técnicos”, cuestionó la “exclusión” de 17 abogados del listado de especialistas en Derecho Penal y sugirió que no hubo sorteo.

“La situación genera un peligro inminente a los postulantes de estos concursos con solo tener en cuenta que las correcciones que realicen ‘jurados técnicos no especializados’ del examen de oposición podría ser confirmada por vía del silencio (administrativa y judicial), señaló Arias. “Se fulmina el derecho a ser examinado y evaluado responsablemente por un jurado idóneo y especializado”, agregó.

El fiscal también impugnó el hecho de que se convocó al concurso sin haber establecido de antemano los criterios para la calificación de antecedentes que se aplicarán a los postulantes.

La pelota ahora la tiene el Consejo de la Magistratura.

 Ismael Passaglia fue subsecretario del ministerio de Salud bonaerense entre 1989 y 1991, y más tarde concejal y diputado provincial por el peronismo desde 2005 a 2011, cuando asumió como intendente de San Nicolás. Con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en el poder, pegó el salto al oficialismo y en 2017 pasó a estar al frente del Instituto de la Vivienda de la provincia. En aquel entonces, dejó a cargo del ejecutivo municipal a su hijo Manuel, quien en las elecciones previas había encabezado la lista de concejales del Frente para la Victoria y hoy promueve la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Su hermano Ismael Santiago se convirtió en legislador provincial en 2021.  

Sin embargo, no es el nepotismo ni mucho menos el panquequismo político la principal acusación que recae en la actualidad sobre el clan familiar: en el marco de una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, los fiscales Matías Di Lello y Carlos Martín Amad solicitaron al juez federal Marcelo Bailaque que indague a Ismael, su esposa Liliana Ana Gaibazzi, sus hijos Ismael Santiago, Manuel, María y Delfina, a Denisse Gastellú -esposa de Ismael Santiago-, y otras cuatro personas que habrían actuado como testaferros en las maniobras para ocultar bienes.  

La investigación enumera una extensa red de cuentas y bienes de lujo, entre los que destacan tres departamentos sobre la exclusiva avenida Figueroa Alcorta; una vivienda en La Barra, Uruguay; más de dos mil hectáreas de campo en distintas provincias y 12 vehículos (entre ellos, una camioneta BMW X1, una Mercedes Benz GLC300 OffRoad, una camioneta Audi Q3 Quattro, una motocicleta Yamaha YFM350R y un auto un Peugeot 307 descapotable, entre otros).  

Los fiscales destacaron “el elevado nivel de vida detentado por todos los miembros de la familia Passaglia, con innumerables viajes al exterior, elevados gastos mediante tarjetas de crédito de titularidad de Ismael J. Passaglia; adquisición de productos suntuosos, adquisición de divisas extranjeras, así como tenencias de plazos fijos del grupo familiar por sumas millonarias».

En base a las pruebas recabadas, Di Lello y Amad consideraron que Ismael José Passaglia alcanzó “un patrimonio de significativa importancia, que en modo alguno podría justificarse con los ingresos lícitos percibidos en el ejercicio de la función pública”. Así, “habría intentado disimular la calidad ilícita de los fondos utilizados para la adquisición de los distintos bienes incorporándolos a nombre propio y de los integrantes de su núcleo familiar”.

Por otra parte, al inicio de la investigación se dio intervención a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y, en el marco de la fiscalización efectuada, algunos imputados debieron rectificar sus declaraciones juradas por los impuestos a los bienes personales y ganancias, correspondientes a los periodos fiscales 2012, 2014, 2015, 2018 y 2020.  

Más leña al fuego…En varias oportunidades, el actual intendente Manuel Passaglia reclamó al Gobierno medidas para controlar los incendios que azotan al delta del Paraná y lamentó sus efectos sobre el aire que respiran los nicoleños. “Si no sabe o no quiere resolver el problema, debería dar un paso al costado”, lanzó en agosto de este año en clara alusión al ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié.  

El titular de la cartera nacional no tardó en responderle al advertir que parte de las denuncias por el inicio de los incendios intencionales “coinciden con las coordenadas de campos de tu propiedad”, tierras ubicadas en las Islas de Gualeguay, al sur de la provincia de Entre Ríos, y que hoy están en la mira de la Justicia.  

Fuente: canalabierto.com.ar

Con una amplia convocatoria de funcionarios judiciales, ejecutivos, legislativos y magistrados se llevó adelante un nuevo encuentro del Congreso Argentino de Justicia Constitucional, que tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de septiembre en el Centro de Convenciones Provincial Fórum de Santiago del Estero.La temática abordada en este encuentro fue el amparo como Herramienta de Protección Constitucional y Convencional. La titular de la cartera de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, disertó sobre este tema y formó parte del panel de cierre de las jornadas.“Las conclusiones fueron verdaderamente valiosas, referidas a los derechos fundamentales de las personas. Entiendo que sirven no solo a la función pública, sino que nutren a quienes forman parte de los estrados judiciales que tienen que resolver cuestiones constitucionales y también a quienes estamos en labor ejecutiva”, sostuvo Romero.