La concentración comenzó en horas de la noche en  donde los manifestantes se desplazaron de manera pacífica hasta los Tribunales de Justicia, portando pancartas, fotos y consignas que exigían el esclarecimiento del hecho y el avance de la causa judicial. Durante el recorrido, se vivieron momentos de fuerte carga emocional, con aplausos, silencio respetuoso y mensajes de acompañamiento a la familia.

Los organizadores destacaron la amplia participación de la comunidad y remarcaron que la marcha tuvo como único objetivo mantener visible el reclamo, pedir respuestas y evitar que el caso quede impune. “No buscamos violencia, solo justicia y que se sepa la verdad”, expresaron familiares de Matteo, quienes agradecieron el apoyo recibido por parte de vecinos, instituciones y amigos.

La movilización reflejó una vez más la preocupación social por los siniestros viales y la necesidad de que las investigaciones avancen con celeridad y transparencia. En ese sentido, los presentes reiteraron el pedido a la Justicia para que se determinen responsabilidades y se actúe conforme a la ley.

Desde el entorno de la familia adelantaron que continuarán reclamando por vías pacíficas hasta obtener respuestas concretas, y remarcaron la importancia de no olvidar lo ocurrido. La marcha de ayer dejó en claro que Gualeguay acompaña el pedido de justicia por Matteo Rothar y mantiene vivo el reclamo.

Entre febrero y noviembre de 2025, el Poder Judicial de Entre Ríos registró 2.522.298 actos procesales, una cifra que refleja la intensa actividad desarrollada en los distintos fueros e instancias del sistema judicial provincial.

Durante ese período se contabilizaron 1.057.055 presentaciones digitales realizadas por abogados y abogadas, consolidando el uso de herramientas tecnológicas en la tramitación de causas y fortaleciendo los procesos de modernización judicial. En promedio, se registraron 19.163 movimientos diarios en los días con actividad, lo que evidencia una dinámica sostenida del servicio de justicia.

En cuanto al ingreso de expedientes, se iniciaron 79.969 causas en todos los fueros e instancias. Respecto de la producción jurisdiccional, se dictaron 42.665 sentencias definitivas y 79.493 resoluciones interlocutorias, alcanzando un total de 122.158 resoluciones.

En primera instancia, los mayores volúmenes de resoluciones correspondieron a los fueros de Familia (24.891), Penal (24.315) y Civil y Comercial (23.408).En segunda instancia, los órganos no penales emitieron 2.422 sentencias y 3.449 autos, sumando 5.871 resoluciones.Por su parte, en la instancia superior, las Salas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Tribunal en Pleno dictaron 1.791 resoluciones, de las cuales 1.058 fueron sentencias y 733 autos.

En materia no penal, se dictaron 36.744 sentencias definitivas y 59.676 resoluciones interlocutorias, totalizando 96.420 resoluciones, entre ellas 699 procedimientos constitucionales. En tanto, en materia penal, se emitieron 5.921 sentencias y 19.817 autos, alcanzando 25.738 resoluciones.

Durante el mismo período se llevaron a cabo 22.547 audiencias en primera instancia, además de 3.193 audiencias de mediación penal, lo que reafirma la relevancia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos dentro del sistema judicial.

Las familias de los cuatro trabajadores que murieron tras ser chocados en la ruta provincial 39 por el exfuncionario provincial, Juan Ruíz Orrico, quien conducía alcoholizado, avanzaron un casillero en su esperanza de lograr justicia. En febrero de 2026 será el debate oral.

Al momento del siniestro vial fatal, Ruíz Orrico era titular del Instituto Portuario de Entre Ríos. Conducía borracho y a exceso de velocidad en un automóvil del estado entrerriano, a pesar de estar prohibido usar vehículos oficiales para cuestiones particulares. El excandidato a intendente de Concepción del Uruguay de Juntos por Entre Ríos había estado cenando en la casa de Mauro Vazón, presidente del Consejo de la Magistratura.

Tras un largo peregrinar de las familias de las víctimas del siniestro vial, ocurrido el 20 de junio de 2024, se fijo que el juicio comenzará el 18 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 27, en Concepción del Uruguay.

El fatal accidente sucedió en la madrugada del 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, cuando el vehículo Chevrolet Corsa en el que viajaban los trabajadores avícolas fue embestido frontalmente por un auto oficial que conducía Ruiz Orrico. Las pericias realizadas determinaron que el acusado presentaba 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento de producirse el choque.

Como consecuencia del violento impacto, fallecieron de manera instantánea Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos jóvenes originarios de Basavilbaso que se dirigían a sus lugares de trabajo.

El juicio será encabezado por el juez Darío Crespo, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, quien asumió la competencia del caso después de que todos los magistrados del tribunal de Concepción del Uruguay se excusaran de intervenir debido a que mantienen relación con la jueza María Evangelina Bruzzo, esposa de Ruiz Orrico.

Las familias de las víctimas tienen miedo que los lazos de amistad del imputado hagan que evite una pena de prisión efectiva, condena que le cabría a cualquier ciudadano común por la cantidad de víctimas.

A principios de este mes, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por los abogados defensores de Ruiz Orrico, quienes buscaban apartar al querellante Mario Arcusin del proceso.

El máximo tribunal provincial destacó que los argumentos esgrimidos por la defensa ya habían sido tratados y resueltos adecuadamente por la Cámara de Casación Penal en instancias anteriores.

En abril pasado, la vocal Melisa María Ríos había rechazado un pedido de idéntica naturaleza presentado para apartar a la querella particular, decisión que permitió proceder a la remisión a juicio oral de la causa, la cual incluye la imputación por el delito de “Homicidio culposo” a Ruiz Orrico.

La defensa del exfuncionario provincial, representada por los abogados Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez, también había apelado esa resolución sin obtener resultados favorables, consolidándose así el camino procesal hacia la realización del juicio oral y público que se desarrollará durante nueve días en febrero de 2026.

La fijación de fecha definitiva para el juicio representa un hito significativo en este caso que conmocionó a la sociedad y ha seguido un complejo derrotero judicial marcado por los recursos de la defensa y las cuestiones de competencia derivadas de las relaciones personales entre los magistrados y la familia del imputado.Fuente: Ahora

La decisión del Máximo Tribunal —firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— ratifica la validez de la investigación y habilita el inicio del juicio oral previsto para el 6 de noviembre, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 7.

Además, la Corte revocó el sobreseimiento de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, en una causa paralela por lavado de dinero. El fallo beneficia el pedido de la Procuración General de la Nación y la Unidad de Información Financiera (UIF), que habían solicitado la continuidad de la investigación tras denunciar maniobras de blanqueo millonarias.

En su voto, los magistrados coincidieron con los argumentos del procurador general al sostener que el sobreseimiento anterior —dictado por el juez Luis Rodríguez en 2015— solo abarcaba el transporte de dinero, pero no las operaciones financieras que implicarían lavado de activos.

La causa Cuadernos tuvo su origen en los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó viajes y entregas de dinero vinculadas al entonces subsecretario Roberto Baratta. Las confesiones de imputados colaboradores como Carlos Wagner, José López y Ernesto Clarens permitieron reconstruir una red de pagos ilegales entre funcionarios y contratistas del Estado.

El fallo también rechazó recursos presentados por otros empresarios como Cristóbal López, Aldo Roggio, Mario Rovella y Juan Carlos De Goycoechea, consolidando así la continuidad del proceso judicial que involucra a una de las causas más emblemáticas de corrupción de las últimas décadas.

La resolución de la Corte marca un nuevo capítulo en un expediente clave para la Justicia argentina, que tendrá en el banquillo a la expresidenta y a parte del entramado político-empresarial que dominó la obra pública durante más de una década.

Durante su intervención, Burruchaga repasó su formación profesional y su experiencia en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, destacando como un momento clave de su carrera su participación en la causa por el femicidio de Micaela García. Actualmente se desempeña en la Fiscalía de Nogoyá, pero remarcó su fuerte vínculo con Gualeguay: “Tengo mi familia allí y conozco la Fiscalía”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de fortalecer los recursos humanos y técnicos en el Ministerio Público.

Las audiencias fueron organizadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, en cumplimiento de lo que establece el artículo 103 inciso 2° de la Constitución Provincial, y contaron con la participación de los senadores Juan Pablo Cosso, Rafael Cavagna, Jaime Benedetti, Gustavo Vergara y Nancy Miranda.

Las entrevistas a los candidatos incluyeron preguntas sobre su situación patrimonial, sus motivaciones para ejercer el cargo, sus valores democráticos, y su visión sobre temas actuales como el juicio por jurado o los plazos razonables en los procesos judiciales.

Los antecedentes de cada postulante y los videos de las exposiciones pueden consultarse en la página oficial del Senado entrerriano: www.senadoer.gob.ar.

El término "ignominia" alude a la deshonra pública, una humillación que afecta tanto al individuo involucrado como a las instituciones que representa. En este caso, la imagen del diputado siendo interceptado con una suma exorbitante de dinero en efectivo genera un impacto devastador. Más allá de las posibles justificaciones legales o explicaciones que pueda ofrecer, la percepción pública se ve marcada por el estigma de la corrupción, una sombra que se cierne sobre la clase política en su conjunto.

Los daños de este tipo de episodios no se limitan al plano individual. Cada caso de sospecha o confirmación de corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, debilitando uno de los pilares fundamentales de la República. La corrupción no es solo un delito económico; es también un ataque al contrato social que sostiene la convivencia democrática. Cuando los representantes públicos, quienes tienen el mandato de legislar y administrar en beneficio de todos, caen bajo la sospecha de conductas deshonestas, se genera una sensación de desamparo y desafección en la ciudadanía.

El caso de Kueider se suma a una larga lista de escándalos que han jalonado la historia reciente de la política argentina. La repetición de estos hechos crea una narrativa perniciosa: la de un Estado capturado por intereses mezquinos. Esta narrativa no solo afecta la credibilidad de quienes gobiernan, sino también la voluntad de los ciudadanos de participar en la vida pública, alimentando un círculo vicioso de apatía y desconfianza.

El impacto económico de la corrupción también es significativo. Los recursos que podrían destinarse a políticas públicas esenciales como educación, salud y seguridad, terminan desviándose hacia circuitos de enriquecimiento ilícito. El episodio de Kueider, con una suma de dinero que supera ampliamente el ingreso anual de un ciudadano promedio, pone en evidencia la desigualdad que perpetúa la corrupción: mientras unos pocos acumulan fortunas en la sombra, la mayoría enfrenta dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.

La República se basa en principios de transparencia, responsabilidad y equidad. Sin embargo, estos principios quedan en entredicho cada vez que un representante público se ve involucrado en hechos sospechosos. Los ciudadanos se preguntan cuántos otros casos quedan ocultos, cuántas mochilas cargadas de dólares cruzan fronteras sin ser detectadas y cuánto se pierde en el camino hacia un país más justo.

Para mitigar los daños que estos episodios generan, es imprescindible que las instituciones reaccionen con firmeza. La justicia debe actuar con celeridad y transparencia, garantizando que no haya espacios para la impunidad. Además, la sociedad civil debe exigir cambios estructurales que reduzcan las oportunidades de corrupción. Desde reformas en el financiamiento de la política hasta la implementación de tecnologías que aumenten la trazabilidad de los fondos públicos, hay herramientas disponibles que pueden fortalecer la integridad institucional.

El caso Kueider debe servir como un llamado de atención. No solo se trata de un episodio vergonzoso para un funcionario público, sino de una señal de alarma para una sociedad que no puede permitirse normalizar la ignominia. La construcción de una República fuerte requiere de ciudadanos comprometidos y de representantes públicos que entiendan la magnitud de su responsabilidad. En definitiva, el costo de la corrupción no se mide solo en dólares, sino en la calidad de vida, la confianza y el futuro de todos los argentinos.

Julián Lazo Stegeman 

En ninguna localidad se perpetraron los hechos planificados, sin embargo la posible incitación a cometerlos, ameritó la intervención de la justicia. De hecho, una de las causas derivó en allanamiento, con el propósito de colectar el dispositivo virtual que compromete a la persona acusada.

Pudo confirmar que el primer episodio tuvo lugar en San Salvador. Una mujer difundió a través de un posteo de Facebook, un explícito llamado a saquear, haciendo mención incluso que tenía "en vista" a los comercios que serían afectados. En cortas oraciones, la usuaria de la red social arengaba a todo el que quisiera "sumarse".

La Unidad Fiscal de San Salvador dispuso el inicio de actuaciones, para lo cual encomendó tareas investigativas a la Policía de Entre Ríos -que lleva ya una semana en activa alerta de la situación-, lográndose prontamente la correcta identificación de la persona en cuestión, tratándose de una joven de esa misma localidad.

El segundo expediente se sustancia en Gualeguay, donde se viralizó una convocatoria a través de WhatsApp, para saquear comercios de esa ciudad. La Fiscalía en Turno recibió el informe de una minuciosa investigación policial, que pudo individualizar a tres personas: dos mujeres y un hombre, con diferentes roles en la presunta tipificación. A su vez, dichos sospechados están vinculados entre sí, en razón de su participación en una ONG de índole social.

En la última jornada, funcionarios del Gobierno Nacional han ratificado que serán "atentos custodios" del acabado proceso que la Justicia debe llevar adelante en cada una de las situaciones que alteran o pretenden desestabilizar la tranquilidad social.

Sucede que el "Orden Público" es un bien jurídico penalmente tutelado y por consiguiente, digno de protección legal. De allí radica, que quien incite o atente contra él, corresponde que se le aplique la sanción prevista. A modo de referencia, el Código Penal Argentino determina una pena de 3 a 6 años de prisión, para quien públicamente incitare a la violencia colectiva.

El Poder Judicial de Entre Ríos se ha activado en tal sentido, aguardándose los respectivos avances que presenten las mencionadas instrucciones penales.

En ese marco, el jurado emitió su veredicto el cual resultó condenatorio, por lo que los acusados deberán cumplir una condena de acuerdo a los cargos que les fueron imputados.

Tras ello, se realizará una audiencia de cesura donde el Juez Técnico que interviene en el caso, Dr. Roberto Javier Cadenas, impondrá la pena que corresponda.

En principio, Tellechea, sobre quien pesaba la acusación de homicidio calificado por alevosía respecto de Jesús Fernández y homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa en perjuicio de Valeria Velarde, viuda de Fernández, recibiría pena de prisión perpetua.

Las dos mujeres mayores de edad imputadas en la causa fueron encontradas culpables de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa en perjuicio de Valeria Velarde, mientras que la menor de edad fue condenada por Tentativa de Homicidio Simple.

Por último, el menor fue absuelto por falta de elementos.

Concretamente, la Fiscalía atribuyó a Tellechea que durante la madrugada del 1 de enero de 2022 intervino en una agresión de la que participaron al menos 15 personas. Los imputados portaban armas blancas con las que asestaron golpes a Jesús Leonardo Fernández, quien recibió siete puntazos, tres los cuales penetraron en el dorso del tórax y le provocaron lesión pulmonar con hemotórax derecho y hemoneumotórax izquierdo, causándole la muerte minutos después por hemorragia masiva.

A su vez a Tellechea, Ovelar, Rodríguez, DDA y ALT se les imputa que en esa fecha y hora, también en el parque Quintana de Gualeguay, actuando en base a un plan común y aprovechándose de que Valeria Vanesa Velarde no podía defenderse, le propinaron una severa golpiza apta para darle a muerte.

En tanto, a principios de julio del año pasado, Axel Rafael Godoy fue condenado a 19 años de prisión efectiva tras un juicio abreviado por el hecho.

Como se mencionó, el juez técnico que dirige el proceso es el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Dr. Roberto Javier Cadenas, mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Rodrigo Molina y la querella particular fue ejercida por el abogado Javier Ronconi.

La defensa de dos imputados estuvo a cargo de la abogada Susana Alarcón, en tanto que a los otros tres los patrocinó Agustina Quattrocchi en su doble carácter de defensora y representante del Ministerio Pupilar, ya que hay menores imputados.

Tres impugnaciones presentadas a última hora encendieron las alarmas sobre los concursos para cubrir los nuevos cargos de la Fiscalía Anticorrupción y que se extiende a la composición del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, tras la tensión que envolvió la destitución de Cecilia Goyeneche y el debate por la reforma del organismo.

El dirigente radical Humberto Varisco cuestionó el proceso que busca cubrir los cargos de la nueva Fiscalía Anticorrupción, pero fue más allá porque también puso en crisis la designación de los representantes del Colegio de la Abogacía y de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial en el Consejo de la Magistratura.

La elección de los representantes de la abogacía ya había sido motivo de discordia. La ley establece que el estamento tendrá dos representantes, que se designarán por el voto directo de quienes estén matriculados y que al menos uno de ellos deberá tener domicilio real en cualquier punto diferente a la capital provincial.

Esa representación la ejercen Alberto Sampayo y Andrea Saxer, ambos de Paraná, y ambos fueron admitidos por el Consejo de la Magistratura. Los suplentes son Enzo Cabrera, de Gualeguay; y hará María Fabiana Danne, de Colón.

Varisco sostiene que “una lectura clara y concisa (de la ley) indica que hay que integrar el estamento de titulares de la abogacía con alguien del interior y respetando la paridad. Por lo cual, el Colegio de la Abogacía cumple con el requisito de la paridad, pero no con la de un matriculado o matriculada del interior, ya que ambos titulares son de la capital entrerriana, y este requisito no se subsana con que una de las suplentes sea del interior” y le achaca esa responsabilidad al presidente del Consejo de la Magistratura.

Respecto del estamento de jueces, fiscales y defensores, dice el dirigente radical, “el problema radica en el padrón confeccionado para las elecciones de los representantes, ya que tiene como punto de partida los asociados y asociadas, independientemente si son funcionarios judiciales o no afiliados a la asociación”, y en las elecciones celebradas en 2022, había “personas que no eran funcionarios judiciales y, funcionarios judiciales que, al no estar afiliados a la asociación, no pudieron ni siquiera tener el derecho o la posibilidad de votar”. Tampoco podrían ser elegidos.

Si este planteo tuviera acogida, podría trabarse ya no el concurso de la Fiscalía Anticorrupción, sino el funcionamiento de todo el Consejo de la Magistratura, ya que abriría la posibilidad de habilitar nuevas elecciones en ambos estamentos.

“Hay una serie de sospechas y suspicacias que llevan a pensar que hay algo más que problemas técnicos”, dijo Varisco al ser consultado por el programa En el dos mil también, que se emite por Radio Costa Paraná. En el escrito, el dirigente radical sugirió además que podría haber algún tipo de “direccionamiento”.

Las impugnaciones, además, plantean deficiencias técnicas. El abogado paranaense Esteban Leonel Rodríguez, asesor legal de la Municipalidad de La Paz, sostuvo que la resolución de convocatoria al concurso contiene vicios en el procedimiento y contiene una alegada falsedad de causa, por lo que solicitó que se disponga de un nuevo llamado con estricto apego a la legalidad.

Varisco, por su parte, denunció que “históricamente el Consejo de la Magistratura se ha caracterizado por subir a su sitio web las resoluciones y, además, las actas de la asamblea”, pero desde que está bajo la presidencia de Mariano Churruarín “ha perdido esa costumbre” y agregó que las reuniones del organismo se han vuelto “totalmente secretas porque no se conoce la orden del día como tampoco lo que se discute”.

Rodríguez –que sugirió en su escrito que podría anotarse para concursar, aunque finalmente no lo hizo– sostuvo además que la resolución a través de la cual se dispuso el llamado a concurso habría sido una decisión del presidente del Consejo de la Magistratura, sin convocar al resto de los integrantes del organismo asesor; aunque hace la salvedad de utilizar el potencial porque, según dijo, pudo pasar desapercibida o las comunicaciones pudieron haberse cursado en forma privada o personal.

El otro aspecto que cuestiona es que tampoco se cumplió con la publicidad de la convocatoria al sorteo de los jurados técnicos que deberán examinar a los postulantes. Sobre ese punto, Varisco fue más allá al señalar que hubo una “simulación de un sorteo público” y advirtió que previamente hubo una “depuración” de la lista, algo que en su momento reconstruyó Página Judicial sobre la propuesta que se debatió internamente para que aquellos abogados que defiendan a dirigentes políticos en causas de corrupción quedaran excluidos de cualquier jurado técnico, tal como ocurrió.

A última hora se conoció una tercera impugnación, presentada por el fiscal de Concordia José Arias, anotado para participar del concurso, quien también planteó que “se digitaron los jurados técnicos”, cuestionó la “exclusión” de 17 abogados del listado de especialistas en Derecho Penal y sugirió que no hubo sorteo.

“La situación genera un peligro inminente a los postulantes de estos concursos con solo tener en cuenta que las correcciones que realicen ‘jurados técnicos no especializados’ del examen de oposición podría ser confirmada por vía del silencio (administrativa y judicial), señaló Arias. “Se fulmina el derecho a ser examinado y evaluado responsablemente por un jurado idóneo y especializado”, agregó.

El fiscal también impugnó el hecho de que se convocó al concurso sin haber establecido de antemano los criterios para la calificación de antecedentes que se aplicarán a los postulantes.

La pelota ahora la tiene el Consejo de la Magistratura.

 Ismael Passaglia fue subsecretario del ministerio de Salud bonaerense entre 1989 y 1991, y más tarde concejal y diputado provincial por el peronismo desde 2005 a 2011, cuando asumió como intendente de San Nicolás. Con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en el poder, pegó el salto al oficialismo y en 2017 pasó a estar al frente del Instituto de la Vivienda de la provincia. En aquel entonces, dejó a cargo del ejecutivo municipal a su hijo Manuel, quien en las elecciones previas había encabezado la lista de concejales del Frente para la Victoria y hoy promueve la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Su hermano Ismael Santiago se convirtió en legislador provincial en 2021.  

Sin embargo, no es el nepotismo ni mucho menos el panquequismo político la principal acusación que recae en la actualidad sobre el clan familiar: en el marco de una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, los fiscales Matías Di Lello y Carlos Martín Amad solicitaron al juez federal Marcelo Bailaque que indague a Ismael, su esposa Liliana Ana Gaibazzi, sus hijos Ismael Santiago, Manuel, María y Delfina, a Denisse Gastellú -esposa de Ismael Santiago-, y otras cuatro personas que habrían actuado como testaferros en las maniobras para ocultar bienes.  

La investigación enumera una extensa red de cuentas y bienes de lujo, entre los que destacan tres departamentos sobre la exclusiva avenida Figueroa Alcorta; una vivienda en La Barra, Uruguay; más de dos mil hectáreas de campo en distintas provincias y 12 vehículos (entre ellos, una camioneta BMW X1, una Mercedes Benz GLC300 OffRoad, una camioneta Audi Q3 Quattro, una motocicleta Yamaha YFM350R y un auto un Peugeot 307 descapotable, entre otros).  

Los fiscales destacaron “el elevado nivel de vida detentado por todos los miembros de la familia Passaglia, con innumerables viajes al exterior, elevados gastos mediante tarjetas de crédito de titularidad de Ismael J. Passaglia; adquisición de productos suntuosos, adquisición de divisas extranjeras, así como tenencias de plazos fijos del grupo familiar por sumas millonarias».

En base a las pruebas recabadas, Di Lello y Amad consideraron que Ismael José Passaglia alcanzó “un patrimonio de significativa importancia, que en modo alguno podría justificarse con los ingresos lícitos percibidos en el ejercicio de la función pública”. Así, “habría intentado disimular la calidad ilícita de los fondos utilizados para la adquisición de los distintos bienes incorporándolos a nombre propio y de los integrantes de su núcleo familiar”.

Por otra parte, al inicio de la investigación se dio intervención a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y, en el marco de la fiscalización efectuada, algunos imputados debieron rectificar sus declaraciones juradas por los impuestos a los bienes personales y ganancias, correspondientes a los periodos fiscales 2012, 2014, 2015, 2018 y 2020.  

Más leña al fuego…En varias oportunidades, el actual intendente Manuel Passaglia reclamó al Gobierno medidas para controlar los incendios que azotan al delta del Paraná y lamentó sus efectos sobre el aire que respiran los nicoleños. “Si no sabe o no quiere resolver el problema, debería dar un paso al costado”, lanzó en agosto de este año en clara alusión al ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié.  

El titular de la cartera nacional no tardó en responderle al advertir que parte de las denuncias por el inicio de los incendios intencionales “coinciden con las coordenadas de campos de tu propiedad”, tierras ubicadas en las Islas de Gualeguay, al sur de la provincia de Entre Ríos, y que hoy están en la mira de la Justicia.  

Fuente: canalabierto.com.ar

Con una amplia convocatoria de funcionarios judiciales, ejecutivos, legislativos y magistrados se llevó adelante un nuevo encuentro del Congreso Argentino de Justicia Constitucional, que tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de septiembre en el Centro de Convenciones Provincial Fórum de Santiago del Estero.La temática abordada en este encuentro fue el amparo como Herramienta de Protección Constitucional y Convencional. La titular de la cartera de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, disertó sobre este tema y formó parte del panel de cierre de las jornadas.“Las conclusiones fueron verdaderamente valiosas, referidas a los derechos fundamentales de las personas. Entiendo que sirven no solo a la función pública, sino que nutren a quienes forman parte de los estrados judiciales que tienen que resolver cuestiones constitucionales y también a quienes estamos en labor ejecutiva”, sostuvo Romero.

En primer término el STJER recibió a los jueces del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay -Darío Crespo, Dardo Tórtul y Javier Cadenas-, acudiendo después la jueza Alejandra Gómez y el juez Sebastián Elal, titulares de los Juzgados de Garantías Nº 1 y 2, respectivamente.

Los y las vocales del Alto Cuerpo también dialogaron con el juez de Familia, Pablo Guercovich y con Eusebio Urteaga, secretario del Juzgado del Trabajo; con el juez Fabián Morahan y la jueza Teresita Ferreyra, responsables de los Juzgados en lo Civil y Comercial Nº 1 y 2, respectivamente; y con el juez de Paz (interino) de Gualeguay, Federico Antola y la jueza de Paz de General Galarza, Ilse Corfield.

Además recibieron al médico forense Miguel Nadalín, a la mediadora penal Analía Ahibe, a autoridades de la sección Gualeguay del Colegio de la Abogacía, y a dirigentes de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER): Mario Brnusak, Héctor López Benítez y Agustina Saratino.

Estuvieron presentes el vicepresidente del STJER, Daniel Carubia y los vocales Miguel Ángel Giorgio y Martín Carbonell, en tanto que la vocal Gisela Schumaher participó de manera remota.

Fuente: SIC-STJER

Recordemos que Erro había sido acusado hace más de 10 años por la instalación de un medidor eléctrico ambulante en un local donde se llevaron a cabo actos de campaña política. 

La causa penal por el supuesto uso inadecuado de un medidor de luz del municipio de Gualeguay, insumió el trabajo de nueve jueces, cuatro fiscales y de la misma Corte Suprema de Justicia. Entidad declaró inadmisible el planteo para revertir la absolución dictada en favor de Luis Erro y el ex funcionario Alfredo Dellagiustina.

En este marco, fue el mismo Erro quien anunció ayer por la mañana, la medida a través de su Facebook alegando que “se acabó la mentira”, al tiempo que daba la noticia del fin de la famosa causa conocida como “la causa del medidor”

“Se terminó la mentira, duró 14 años, una causa inventada por 7 pesos de consumo de luz de un medidor en el año 2008, fue prestad a una (Reunión del Consejo de la Mujer), ese mismo año como intendente de mi pueblo, mes a mes durante un año, por una promesa que hice en campaña aporté 900 pesos por mes a rentas generales de la municipalidad de Gualeguay, total $10.800”, comenzaba escribiendo el ex intendente. 

Y continuaba “El procurador Fiscal de la Provincia de E. Rios, gastó 40 mil pesos (de la provincia lógico) para ir hasta la Corte Suprema de Justicia con esta causa aberrante. La provincia gastó más de 15 millones de pesos entre horas hombre sueldos, y recursos en una causa orquestada por político/s amigos del Procurador”

Asimismo, en su descargo recordó a su Padre y a su hermano, ambos fallecidos hace poco tiempo “Para vos viejo, no sé dónde andarás, recuerdo tu deseo de no irte antes de ver terminado lo que armaron, a vos Seba, estarás festejando, tenías razón, a la larga los malos tienen que perder, la justicia real llega. Aunque, nunca pensé que no estaríamos juntos en este momento”.

En otro párrafo termino agradeciendo a sus abogados y amigos “Mochi” y “Guille”, afirmando “siempre confiaron, a mis padres, hijos, amigos, a todos los que bancaron desde que comenzó esta farsa motorizada y apoyada por varios nefastos políticos”

Y finalmente sostuvo “Al Negro Della Giustina y su familia, a quien, por querer ensuciarme, lo arrastraron en esta causa injusta 14 años. Y por último, gracias a los vecinos, a la buena gente de mi pueblo, siempre sentí el respaldo, en la calle, barrio, comercios, donde voy están. Vamos x Más”

El viernes, durante la mañana, se realizará la segunda “Jornada provincial de acceso a Justicia” cuyo propósito es garantizar el servicio a las personas que más lo necesitan y ofrecerle respuestas sin necesidad de que concurran a los tribunales de su localidad. La actividad se enmarca en la que semanalmente realiza el programa “La Justicia va a los barrios” en todas las jurisdicciones.

Integrantes de magistratura y funcionariado del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal, así como profesionales de equipos técnicos interdisciplinarios, con la colaboración de organismos como el Registro Civil Móvil o de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), trabajarán en los barrios para garantizar el servicio de Justicia a las personas más vulnerables.

Los/as interesados/as en acudir a la jornada pueden consultar en cada jurisdicción el lugar en el que se realizará la atención de los funcionarios y funcionarias judiciales.

1. ALDEA SANTA MARÍA (jurisdicción Cerrito)Escuela N°39 Perito Moreno (calle Monseñor Alfonso Kaul N°110), de 9 a 11.30.2. ANTONIO TOMÁS (jurisdicción Pueblo Brugo)Escuela Nº 72 Guillermo Hudson (sobre Ruta Prov. Nº 8), de 9 a 12.3. BOVRIL:Nuevo edificio del Concejo Deliberante (calle Pte. Perón entre Martín Fierro y Bv. San Martín), de 9 a 12.4. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY:Centro de Salud del Barrio 150 Viviendas (calle Carlos Granillo Posse Nº 842), de 8.30 a 12.5. CONCORDIA:Escuela N°14 Coronel Antonio Navarro (Bv. San Lorenzo Oeste N°995 y Villaguay), de 9 a 12.6. CONSCRIPTO BERNARDI (jurisdicción Federal):Salón de usos múltiples - Predio de la Ex Estación de Ferrocarril (sobre calle 9 de julio), de 9.30 a 12.30.7. FELICIANO:Salón Comunitario del Barrio El Cardal (Ejido Sur), de 9 a 12.8. GUALEGUAYCHÚ:Centro de Convenciones Municipal (Corsódromo Local), de 9 a 13.9. INGENIERO SAJAROFF (jurisdicción Villaguay):Salón Multiuso Comunal (calles Presidente Alfonsín y Alberto Balbuena), de 8.30 a 12.10. LA PAZEscuela Nina N°7 San Lorenzo (calles Racedo y Alvarado - Barrio Feria), de 8 a 11.11. LARROQUE:Parque de la Estación (calle Tomás de Rocamora N° 341), de 8 a 12.12. NOGOYÁ:Centro de Salud Dr. Mello, barrio Chañar (calle Estela Salcedo s/n), de 9 a 12.13. PARANÁ:Puerto Sánchez, calle El Pescador y Escalera Villalba, de 9 a 12.14. PARAJE GUAYAQUIL (jurisdicción Federación)Escuela N°42/Secundaria N°8 Gral. Pascual Pringles, de 9 a 12.15. PARAJE MAZARUCA (jurisdicción Ibicuy)Escuela Nº 28 José Hernández, de 9 a 12.16. PUEBLO CAZES (jurisdicción Colón)Centro de Salud de Pueblo Cazes, de 9 a 12.17. PUERTO ALVEAR (jurisdicción Diamante)Salón Comunal, de 9 a 12.18. PUNTA DEL MONTE – Octavo Distrito (jurisdicción Gualeguay), de 9 a 12.19. ROSARIO DEL TALA:Salón de Usos Múltiples del Barrio Sagrada Familia (calle Paulino Monzón, entre calles Jujuy y Chaco), de 8.30 a 12.20. SANTA ANITA (jurisdicción Villa San Marcial):Salón de Jubilados (calle Conrado Hummel 414), de 9 a 12.21. TABOSSI (jurisdicción Viale):Escuela º75 General Alvear (calle Pte. J. D. Perón N°256), de 9 a 12.22. VICTORIA:Escuela N°47 Bernardino Rivadavia (calle Vélez Sarsfield1058), de 8.30 a 11.30.23. VILLA PARANACITO:Salón Comunitario del Barrio Sagastume (barrio ex Hogar Adultos Mayores), de 9 a 12.30.

DETALLES

¿Qué trámites se pueden hacer?

Ante Integrantes del Ministerio Público de la Defensa:Atención y asesoramiento en materia de cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad.Trámites ante organismos públicos tendientes a garantizar el derecho a la salud y a la educación.Ante Integrantes del Ministerio Público Fiscal:Recepción de denuncias y seguimiento de denuncias en trámite.Atención de consultas vinculadas a la comisión de delitos.

Ante Integrantes de Juzgado de Paz:Certificaciones de firmas en trámites previsionales, poderes, seguros de vida, formularios de becas.Declaraciones juradas para gestionar asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social.

Por informaciones sumarias para tramitar beneficios previsionales, asignaciones familiares, obra social, se debe concurrir con dos testigos, mayores de 18 años, con DNI.Informaciones sumarias para acreditar ingresos insuficientes, a fin de tramitar DNI sin cargo, y a fin de que las personas ciudadanas extranjeras tramiten la radicación.Certificados de supervivencia.Certificación de copias de partidas de distintas provincias (que no tengan más de tres meses de expedidas).Certificación de copias de documentación de índole privada.

La Justicia va a los Barrios es un programa del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que busca garantizar el acceso a justicia de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica y encuentran obstáculos físicos y simbólicos para requerir la atención de los Tribunales por residir en lugares alejados de los centros de atención tradicionales.

Estarán integrantes de la justicia de Familia y de Paz, la Defensoría, el Ministerio Público Fiscal y del Equipo Técnico Interdisciplinario. También la Secretaría de Prevención de Adicciones y Convivencia Ciudadana (SEPACC) de la Municipalidad.

En ese sentido, señalaron: “Si sos víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea; si tenés dudas sobre cómo actuar frente a un caso de abuso sexual; si querés reclamar una cuota alimentaria o crees que alguno de tus derechos está siendo vulnerado y no contás con un abogado o abogada a quien consultar, acercate este lunes 2 de mayo al Salón Comunitario del barrio Dunat. Podemos orientarte”.

El acceso a la justicia es una garantía constitucional que permite ejercer los derechos que reconoce la ley. En teoría todas las personas tienen las mismas posibilidades de ejercer esos derechos, pero no funciona de ese modo en la práctica debido a las limitaciones que imponen determinados factores socioeconómicos y culturales, especialmente cuando se superponen. Así, las dificultades para el acceso a la justicia de las personas que residen en lugares alejados de los centros urbanos pueden agravarse con la pobreza, la discriminación, la exclusión o el analfabetismo.

De acuerdo a lo informado, el temario del examen incluirá los siguientes tópicos: derechos y garantías fundamentales del imputado; derechos de la víctima de un delito; sujetos procesales; actos procesales y términos; actividad procesal inválida o defectuosa; competencia; normas fundamentales de la investigación penal preparatoria; apertura de la causa, archivo y desestimación; medidas de coerción y de injerencia; y práctica probatoria.

También, incluye según el comunicado enviado a El Entre Ríos, los siguiente temas: procedimiento abreviado; suspensión del juicio a prueba, mediación y conciliación; sobreseimiento del imputado; recursos durante la IPP (Investigación Penal Preparatorio); Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal; régimen de la acción; principio de legalidad y oportunidad de la acción; violencia y perspectiva de género; narcomenudeo; régimen penal de la niñez y de la adolescencia; delitos sexuales; jurisprudencia sobre los tópicos detallados en este temario.

El programa del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), "La Justicia va a los barrios" que dirige la vocal del alto cuerpo, Susana Medina, realizó un balance de la actividad desarrollada durante 2021 y anticipó que en 2022 realizará dos jornadas provinciales: Una en junio y la otra en septiembre.

Desde el Programa y al hacer un balance de lo actuado este año, se señaló que en 2021, "La Justicia va a los barrios" atendió presencialmente a vecinos y vecinas de 21 localidades de la provincia.

A su vez, se efectuaron 645 trámites y/o consultas judiciales de forma presencial, y se brindó orientación a más de 100 personas vía whatsapp.

El Registro Civil Móvil, que acompaña la actividad de "La Justicia va a los barrios" llevó a cabo 107 trámites identificatorios durante las diferentes jornadas que se concretaron en el año.

Bajo protocolos sanitarios, participaron este año en las visitas a los barrios los diferentes equipos de trabajo que se consolidaron para ejecutar y llevar adelante el programa: 150 funcionarios, magistrados y empleados judiciales integran ad honorem el programa en la provincia.

A su vez, se realizó una reunión de articulación con la coordinadora del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD) en Argentina, Dra. Nora Luzi, para promover actividades conjuntas en 2022.

El Programa "La Justicia va a los barrios" sigue creciendo, y como resultado de las reuniones mantenidas durante 2021 con los equipos de todas las jurisdicciones , se ha previsto realizar durante 2022 dos jornadas provinciales de "Acceso a Justicia": Una en el mes de junio, y la otra en el mes de septiembre.

EQUIPOS Y COORDINACIÓN

1. CEIBAS: Dra. Marta Britos - Jueza de Paz.

2. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY: Dra. Evangelina Bruzzo- Vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia.

3. CONCORDIA: Dra. María del Luján Giorgio -Vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia.

4. COLÓN: Dr. Javier Simón - Juez de Paz.

5. DIAMANTE: Dra. Josefina Etienot- Jueza de Familia.

6. FEDERACIÓN: Dr. Juan Ángel Fornerón- Juez Civil y Comercial.

7. FEDERAL: Dra. Soledad Villalonga - Jueza de Familia.

8. GUALEGUAY: Dr. Pablo Guercovich - Juez de Familia.

9. GUALEGUAYCHÚ: Dr. Arturo Dumón - Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones.

10. IBICUY: Dra. Silvia Rivero - Jueza de Paz.

11. LA PAZ: Dra. Silvia Vega - Jueza Civil y C/ Dr. Raúl Flores - Juez de Familia.

12. NOGOYÁ: Dr. Oscar Rossi - Defensor.

13. PARANÁ: Dr. Pablo Barbirotto - Juez Penal de N.N y A.

14. PUEBLO BRUGO: Dra. Fernanda Schoenfeld - Jueza de Paz.

15. ROSARIO DEL TALA: Dra. Silvina Cabrera - Jueza de Garantía.

16. SAN JOSÉ DE FELICIANO: Dr. Emir Artero - Juez de Garantías/ Dra. Emilce Mármol- Secretaria Juzgado de Garantías.

17. SAN SALVADOR: Dr. Ricardo Larocca - Juez Civil, Comercial y Laboral.

18. URDINARRAIN: Dra. Silvina Martínez Lort - Jueza de Paz.

19. VIALE: Dra. Ayelén Bracco - Jueza de Paz.

20. VICTORIA: Dra. Maricela Faccendini - Secretaria del Juzgado Civil y Comercial.

21. VILLA PARANACITO: Dr. Abel Rodríguez- Juez de Paz.

22. VILLAGUAY: Dra. Anahí Polizzi - Juez de Familia y Penal de N,N y A.

"La justicia no sirve para nada", afirma Joaquín Benedetti, en un posteo en sus redes sociales.

Joaquín es hermano de Tatiana y Camilo, los dos jóvenes que fallecieron el 20 de junio del 2018 en un accidente de tránsito en la localidad de Enrique Carbó.

Recordemos el hecho, en la mañana del miércoles 20 de junio del 2018, se produjo un trágico choque frontal entre un automóvil y un camión cerca de la localidad de Enrique Carbó. El siniestro ocurrió en el km 3 de la Ruta Provincial 16 debido a que el conductor del camión se cruzó de carril, impactando con el auto en el que iban Tatiana y Camilo. A raíz de esto, ambos hermanos perdieron la vida, mientras que el conductor del camión no sufrió lesiones.

Según la información, en ese entonces, el camión venía de Larroque, donde habría realizado una carga de producción, dirigiéndose hacia Gualeguay mientras que el automóvil se dirigía desde nuestra ciudad hacia la vecina localidad de Enrique Carbó.

Este hecho conmovió no solo a todo Carbó sino a la ciudad de Gualeguay entera, ya que los jóvenes tenían muchos familiares y amigos en nuestra localidad.

Hoy en día, se supo que Roberto Daniel Gonzales, el conductor del camión, oriundo de la provincia de Córdoba, fue condenado a solo 3 años de prisión. Ante esto, el hermano de los jóvenes fallecidos, expresó su descontento en redes afirmando "el juez lo nombro culpable de las muertes por cruzarse de carril hacia el carril de mis hermanos, pero así es la justicia 3 años de prisión que son excarcelables y no va a ir preso"

Prosiguiendo "porque a pesar de todas las pruebas en contra del conductor del camión, el juez nos dijo que fue una desgracia. Desgracia es nuestra justicia de la cual forma parte señor juez. No pude hacer nada por mis hermanos, solo pintar un cartel para crear concientización para que nos cuidemos más al conducir"

La jueza de instrucción porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano dispuso hoy una restricción perimetral que le impedirá al actor Fabián Gianola, denunciado por abuso sexual, acercarse a menos de 200 metros de una de las supuestas víctimas.

Tampoco podrá "tener contacto físico, de telefonía celular, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que signifique una intromisión injustificada con relación a" Fernanda Meneses.

Meneses es una de las denunciantes y acusó a Gianola de haberla querido forzar a tener relaciones sexuales, entre otros hechos, algunos de los cuales se remiten a 2011.

La otra víctima fue compañera en Radio Colonia del actor y no sólo hubo -según ella- comentarios fuera de lugar sino además tocamientos que ella detalló al declarar ante la Justicia.

En su defensa, Gianola hizo saber a través de su abogado que los hechos no existieron y que es víctima de una extorsión. Este viernes será el turno de su defensa, tras lo cual la jueza cuenta con diez días para definir su situación procesal.

La difusión que tuvo el caso del niño Lucio Dupuy, de cinco años, quien falleció en un hospital de La Pampa a raíz de las heridas recibidas presuntamente por su madre y su pareja, motivó que las denuncias por maltrato a la niñez al programa del Ministerio de Justicia de la Nación se multiplicaran en un 73% en los últimos cinco días.

La psicóloga especializada en maltrato infantil y directora del programa "Las Víctimas contra las Violencias", Eva Giberti, dijo a Télam que se trata "de un incremento exponencial que no se daba desde la denuncia de Thelma Fardín por violación contra Juan Darthés" y aseguró que "cada vez son más los chicos que se animan a denunciar".

"Son denuncias hecha por sus protagonistas, o por vecinos del mismo barrio o por niños que aseguran que un familiar suyo es abusado. Acá las víctimas son absolutamente ingenuas e inocentes y no pueden hacer nada para defenderse", destacó Giberti.

La conmoción por el asesinato del nene de 5 años trascendió las fronteras de La Pampa al ser descubiertos todo tipo de golpes, quemaduras de cigarrillo, mordeduras y abusos sexuales que databan de años.

Las acusadas son su madre Magdalena Valenti y su novia Abigail Pérez y, tras la autopsia, se descubrió que el niño tenía heridas de vieja data y que la causa de la muerte fue por hemorragia interna a raíz de un golpe, presuntamente provocado por una de las tantas palizas que recibía.

"Los sistemas de protección hacia los niños están fracasando ante situaciones como esta, porque la escuela y el barrio tendrían que haber estado viendo lo que pasaba. En esos sistemas hay varias cosas que no funcionan bien, protocolos hay, esta el síndrome del niño golpeado que es típico, pero aquí tenemos a dos perversas que se ocupaban placenteramente de golpearlo", refirió Giberti.

Línea 137

Para Giberti lo que ocurrió después de la difusión de este hecho lamentable es que se haya superado en un 73% la media de denuncias que recibimos y aseguró que "cada vez más son chicos de 7, 8, 9 y 10 años los que se animan a denunciar en la línea 137".

Esta vía totalmente anónima es utilizada por los niños mediante los llamados por WhatsApp "y no sólo llaman para denunciar el maltrato o abuso que reciben sino que también lo hacen cuando se enteran de que por ejemplo una tía es abusada", destacó la profesional.

Entre los meses de octubre de 2020 y septiembre de 2021, las consultas recibidas por el Programa a través de la Línea Nacional 137 y la línea de WhatsApp fueron 15.118, para un total de 20.520 víctimas (pueden existir más de una víctima por consulta), de las cuales 9.989 fueron niños, niñas y adolescentes.

En la cuarentena los llamados a la línea 137 por violencias intra familiares y/o sexuales aumentaron un 20% respecto al mismo período de 2019.

En la cuarentena los llamados a la línea 137 por violencias intra familiares y/o sexuales aumentaron un 20% respecto al mismo período de 2019. La cantidad total de niñas y niños que sufrieron estos tipos de violencias se incrementó un 23%, mientras que hubo un aumento del 28% en violencia familiar y del 13% en violencia sexual.

En tanto, la cantidad de chicos y chicas que fueron violentados/as en el entorno digital, lo que incluye principalmente al grooming y la utilización de imágenes en pornografía, creció un 267%".

La invisibilización del niño

"Lo novedoso e impresionante que vemos este año es como los chicos llaman. Tenemos una perversión que aumenta, pero también tenemos gente que se ocupa. Los que denuncian los niños son las situaciones de maltrato y las cuentan a las operadoras con mucha valentía", dijo Giberti.

Pero el hecho de que los adultos no denuncien un hecho de maltrato tiene que ver "por un lado con la naturalización de la violencia y por el otro con el no registro del chico como persona sujeta de derechos: La invisibilización del niño es un fenómeno que ocurre en toda América Latina", remarcó Giberti.

"Tampoco la Justicia los ve como personas -dijo la especialista- , hay mucha legislación en favor de los chicos pero los que tienen que intervenir no los ven como personas".

En los casos de abuso, "es difícil probarlo salvo que haya habido penetración y sabemos que los abusos están muy lejos de ser sólo un acto físico. Hay tocamientos, manoseos, muestra de imágenes pornográficas, las formas de abuso son de una variedad enorme".

Y explicó que, en este contexto, "los medios juegan un papel fundamental. Pese a lo terrible del hecho sufrido, los chicos cuando llaman a la línea 137 no tienen reparos en decir su nombre, donde viven y asombra que ellos mismos digan que fueron abusados".

La Justicia

Por otra parte, Giberti consideró que la legislación que hay en la Argentina en la materia "es aceptable", pero dijo que los responsables de llevar justicia "tienen que estudiar y escucharnos a los psicólogos que estamos en el terreno. La Justicia no sólo es machista, sino fanáticamente patriarcal".

Y esto, concluyó, "incide en el juzgamiento de los casos de maltrato y abuso infantil, por eso cuesta tanto conseguir que un abusador de niños vaya preso. La tendencia es que una vez que se consolida la denuncia, cuenten con la simpatía de mucha gente de la Justicia".