"No sabés el estado de maltrato y abandono que sufría esa nena. Tenía quemaduras de cigarrillos, moretones, una mordedura de perro en una manito que nunca fue tratada. Lo pienso y no lo puedo creer". El que habla es Leandro González, cabo primero de la Policía de Córdoba, que rescató a A. del infierno que vivía en su casa y reclamó su guarda hasta que sea dada en adopción.

Eran las 3 de la madrugada del sábado cuando ingresó a la fuerza el llamado de un hombre. Denunciaba que su pareja lo había herido a cuchillazos y se había atrincherado con su hija A., de apenas 2 años y cuatro meses.

Unos minutos después, la sargenta Analía Aballay arribó a la casa del barrio Alberdi, en la Ciudad de Córdoba, a unas pocas cuadras del puente Avellaneda. Lo primero que vio fue al denunciante con heridas en una mano y un brazo. Luego ingresó a la casa por una puerta lateral y logró reducir a la madre y rescatar a la nena.

Luego de recibir el llamado de Aballay, González llegó a la casa a las 5.30. Compró comida, leche y pañales para A.. Y dio un paso más: se ofreció a darle techo, alimento y amor a la nena hasta que la Justicia defina su futuro.

"Yo tenía que retirarme a las cinco, pero me quedé voluntariamente a colaborar con Analía. Y así fue que empezamos nosotros a cuidarla", le cuenta el policía a TN. La madre de A., finalmente, quedó detenida.

El agente se sintió conmovido por el maltrato y la falta de manutención que exhibía A. "Estaba descalza con los pies lastimados y sucios. Le quisimos poner medias y se las sacaba. Los piojos se le veían a dos metros de distancia", detalló el agente. Y agregó: "Fue una escena emocionante y, a la vez, muy difícil".

González tiene 33 años, vive en el barrio Yofre Norte de la capital cordobesa y está casado con Yanina, con quien tuvo tres hijos: Santino (9 años), Bautista (8) y Bruno (un año y medio). "En la Unidad Judicial nos dijeron que podíamos pedir la guarda. Y al principio, con Analía casi que nos peleábamos para ver quién de los dos se llevaba a la nena a su casa", comentó.A. duerme en brazos de la sargenta Analía Aballay, que la rescató del maltrato que sufría en su hogar.

"Queremos que tenga una Navidad diferente"

"Llamé a mi esposa y ella estuvo de acuerdo, así que pedí la guarda. Por el momento, la chiquita fue a un hogar de menores". La Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), organismo nacional dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, decidirá sobre el futuro inmediato de A. hasta que luego se expida la Justicia. Sin embargo, González tiene esperanzas de pasar Navidad y Año Nuevo junto a la nena.

"Estoy esperando novedades, que me digan si puedo cuidarla hasta que encuentre a una familia. Queremos que reciba un poco de amor, algo diferente a lo que estaba acostumbrada", concluyó.

La jueza de instrucción porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano dispuso hoy una restricción perimetral que le impedirá al actor Fabián Gianola, denunciado por abuso sexual, acercarse a menos de 200 metros de una de las supuestas víctimas.

Tampoco podrá "tener contacto físico, de telefonía celular, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que signifique una intromisión injustificada con relación a" Fernanda Meneses.

Meneses es una de las denunciantes y acusó a Gianola de haberla querido forzar a tener relaciones sexuales, entre otros hechos, algunos de los cuales se remiten a 2011.

La otra víctima fue compañera en Radio Colonia del actor y no sólo hubo -según ella- comentarios fuera de lugar sino además tocamientos que ella detalló al declarar ante la Justicia.

En su defensa, Gianola hizo saber a través de su abogado que los hechos no existieron y que es víctima de una extorsión. Este viernes será el turno de su defensa, tras lo cual la jueza cuenta con diez días para definir su situación procesal.

La actriz y modelo Calu "Dignity" Rivero declaró hoy en la capital italiana, Roma, en el juicio que se le sigue a Juan Darthés en Brasil, acusado de abuso sexual por la actriz Thelma Fardin que lo denunció hace casi tres años por un hecho ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45.

De forma virtual, brindó testimonio durante cuatro horas desde el Consulado argentino en Roma donde se encuentra trabajando, según informó su abogada, Raquel Hermida Leyenda.

Rivero, quien denunció públicamente a Darthés por abuso sexual, contó su caso ante la justicia de Brasil.

A raíz de la acusación, el actor le inició en 2018 una causa por "daños y perjuicios".

Rivero se había referido públicamente por primera vez de su repentina salida de la novela "Dulce Amor", en 2012, en la que ella era protagonista junto con Darthés.

Durante la primera jornada del juicio por estupro agravado, que es el delito por el que está acusado Darthés en Brasil, Fardin declaró de manera virtual ante la Justicia de Brasil durante cuatro horas, hasta las 20.30, por la denuncia de violación que realizó contra el actor en 2018.

"Estoy muy cansada, muy contenta y orgullosa de que hayamos podido, no solo yo sino todas, llegar hasta acá y agradecida de haber sido escuchada en la justicia", dijo Fardin a la salida de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Y concluyó: "Ya pasó. Todo lo que yo tenía en mis manos, todo lo que yo podía hacer, lo hice. Hoy vine y me saqué esta mochila que se la dejo a la Justicia; quiero tener confianza en la Justicia".

La Justicia Federal ordenó este miércoles el allanamiento de un campo de 5 mil hectáreas en un área protegida de las islas Lechiguanas donde hay una plantación ilegal de maíz, producción vedada por su característica y escala en el humedal. Allí encontraron máquinas cosechadoras y silobolsas. El procedimiento es consecuencia de varias denuncias de organizaciones ambientalistas, pero se concretó después de un año, cuando el daño al fragil ecosistema estaba hecho y los negocios facturados.

El campo es propiedad de la empresa El Mapuche SRL., dedicada a la explotación agrícola y ganadera con domicilio en María Ignacia (Estación Vela), del partido bonaerense de Tandil. Los responsables son Fabio Ernesto Di Fonzo, como productor, y Juan Pedro Nazar -hermano del creador de la marca de indumentaria Cardon- como propietario de los terrenos. El primero ya tiene denuncias por actividades prohibidas en las islas, y otros allanamiento pedidos por la Afip por comercialización de granos en negro.

La inspección de esta semana estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Los efectivos constataron la presencia de silobolsas con maíz recién cosechado y otros contenedores con granos. El puestero del lugar confirmó que habían ingresado maquinarias para levantar la cosecha en embarcaciones que ya fueron identificadas.

Hubo un aviso de la Justicia que fue violado: una medida cautelar dictada en diciembre pasado por el mismo juez federal de Paraná Daniel Edgardo Alonso, por la que se estableció la "prohibición absoluta" de ingreso y uso de maquinarias, de aplicación de agroquímicos, movimiento de suelos, entre otras actividades perjudiciales para la conservación de esa área de humedales. La medida no se cumplió, y la Justicia no actuó hasta un año después.

Las acciones legales se iniciaron con la denuncia por actividad agrícola ilegal que presentaron las organizaciones Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (Upva) y Cuenca del Río Paraná. Pero los colectivos ambientalistas no están conformes con el accionar del juez Alonso: "Actuó solo, sin comunicarle al fiscal y a las organizaciones denunciantes, y comisionó a la Prefectura para que allane el predio de islas que en primera instancia no pudo controlar, ya que las máquinas ingresaron a pesar de la prohibición", reprocharon. Y agregaron: "Si bien el juez confirmó que la cautelar fue violada, lo hizo después de que el maíz fue levantado y vendido".

Por eso, señalaron que "la demora en el accionar del juez permitió la explotación del lugar y no logró evitar que se dañe el ambiente".

El conjunto de islas Lechiguanas comprende unas 250 mil hectáreas de humedales ubicadas en la zona del Delta del departamento Gualeguay, en el sur de Entre Ríos, frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás, que resultan vitales para la biodiversidad de la zona y el sustento del medio ambiente.

Todo ilegal

Fabián Maggi, abogado especializado en derecho ambiental, recibido en la UNR y parte del equipo legal de la ONG Cuenca del Río Paraná, explicó al sitio ERA Verde que en las cinco mil hectáreas allanadas se construyeron "terraplenes y otras obras hidráulicas, como canalizaciones y depresiones en el terreno". El ambientalista recalcó que se trata de "una zona de mucho valor ambiental, a punto que era una zona de estudio del Conicet, que la monitorea desde hace varios años y ahora fue destruida por estos empresarios que justamente decidieron hacer una explotación agrícola ganadera".

En noviembre de 2020, en pleno avance de los incendios que habían comenzado a principios de año, el colectivo Upva de Ramallo presentó una denuncia por las quemas frente a esta localidad que involucraba al mismo productor, Fabio Di Fonzo. En esa presentación, lo consideraron responsable de atentado ambiental por desviar ilegalmente un curso de agua y así dar el primer paso hacia la sequía y quema de una zona que, interpretaron con buen tino, se pretendía vaciar de agua para cultivos como los comprobados esta semana.

"Nuestra organización lleva nueve años. Desde agosto (de 2020) venimos padeciendo las quemas en las islas del lado de Entre Ríos porque las tenemos a 7 kilómetros. Hicimos varias denuncias, pero Prefectura no se hizo cargo. Dicen que no es su jurisdicción. Lo mismo con el municipio", contó en esa oportunidad la integrante de Upva Evangelina Romano a Radio Tandil.

La organización, junto a las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental, presentó ante la Justicia entrerriana en julio del año pasado un pedido de medida cautelar "por daño ambiental", sustentada "en el principio precautorio y la ley general de ambiente".

"Cuando empezaron las quemas, ya teníamos conexión con organizaciones sociales de Entre Ríos y de Santa Fe porque los focos de incendio son ciento por ciento antrópicos, es decir que los produce el hombre. Ya sea por accidente o, como en este caso, un tema agropecuario. Lo comprobamos porque hicimos un seguimiento de investigación de campo que nos llevó tres meses", explicó Romano.

"No dijimos ni una palabra para verificarlo y agarrarlos con las manos en la masa. Hay un encubrimiento detrás del sector agropecuario para sembrar en las islas. Ahora se hizo visible gracias a un video que conseguimos con un dron identificando la máquina", refirió la ambientalista. Añadió que detectaron un mosquito (para fumigar), un camión hidrante, agroquímicos como glifosato y 24D y semillas. "Todo ese material está registrado en fotos, también los tenemos en video fumigando", insistió Romano. El colectivo registró cosechadoras trillando y el buque "Flecha Misionera" operando en horario nocturno para evadir los controles de Prefectura.

La organización encaró una investigación con la biológa e investigadora del Conicet Natalia Morandeira. El trabajo permitió cursar una denuncia con pruebas sobre dos terraplenes en las Lechiguanas que cierran para secado sendas áreas de 800 y 4500 hectáreas.

"Cerraron el paso que se llama Zanjón de San Gregorio debido a unas fotos que empezaron a circular por redes sociales, para que la gente no pasara. Los isleños y quienes tienen sus ranchos allí tampoco podían pasar. Cerraron con cadenas porque estaban fumigando y no querían que los vieran. Hicieron un terraplenado para que el agua no se filtre, secando aún más los humedales. Hicieron un secado con bombas de todas las lagunas internas. Y todo para preparar la siembra", contó Romano a Radio Tandil hace más de un año.

"El productor que denunciamos en nuestro comunicado es Fabio Di Fonzo. Lo sabemos porque los isleros nos dijeron que anda allí con la maquinaria y con un helicóptero", dijo entonces. Pasó un año, el empresario sembró, cosechó y vendió sin que la Justicia interviniera.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) decidió, por unanimidad, rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensora de Brenda Micaela Barattini, quien permanece en prisión acusada de tentativa de homicidio tras intentar cortarle el pene a su amante.

Desde esta forma, la Sala Penal confirmó la condena de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba, integrada por jurados populares.

Según precisaron desde la Justicia, el tribunal concluyó que Barattini actuó como autora del delito de tentativa de homicidio calificado por alevosía y le impuso la pena de 13 años de prisión, adicionales de ley y costas.

Además, admitió parcialmente la acción civil intentada por el damnificado y ordenó pagar la suma de 493.665 de pesos en conceptos de daño emergente, lucro cesante pasado, pérdida de chance y daño moral, más intereses.

En cuanto a los planteos de la defensa, la Justicia analizó y avaló la fundamentación de la prueba referida a la intención homicida elaborada en el fallo cuestionado. Lo hicieron motivados por los diversos indicios que convalidaron el relato de la víctima.

"En el marco del plan diseñado y previo a cometer el hecho, Barattini instaló ciertas versiones en su entorno que colocaban al damnificado en el rol de acosador; también dispuso ciertas condiciones para el encuentro que tuvieron el día del hecho que favorecieron la ejecución de la modalidad comisiva elegida; ello le permitiría luego imputarle haberla violado, lo que era mentira", precisó el TSJ.

"Gracias a la sobrevida de la víctima, el auxilio recibido esa noche y la dinámica que tuvieron estos sucesos, se inició una investigación penal inmediatamente después del acaecimiento de la agresión. Ello permitió dilucidar las acciones de la imputada al momento del acometimiento, inmediatamente después y su persistencia en él, a pesar de la actuación de terceros", agregaron.

Pese a que se desconoce el motivo por el cual Barattini concretamente agredió al damnificado, desde la Justicia descartaron que ella hubiera estado en un contexto de violencia de género. Al respecto, se infirió que la joven pudo subjetivamente percibirlo así, pero que no había datos objetivos que lo validaran. Bajo esa percepción, se especificó también que la acusada presentaba una personalidad narcisista que era compatible con el tipo de agresión ejecutada.

Entre otro de los datos probatorios está la clase de herida causada que supuso un riesgo a la vida de la víctima. Ello es así, pues ella consistió en el seccionamiento de dos arterias por las cuales corría un profuso caudal de sangre, lo que era plenamente conocido por la imputada. Tal herida, asimismo, derivó en una lesión ulterior que consistió en una limitación en el funcionamiento sexual del órgano afectado y un trastorno por estrés postraumático.

La Justicia estimó que el hecho reunía los elementos que justificaron la agravante del homicidio aplicada, mediante la cual Barattini actuó con alevosía en contra de la víctima. El damnificado se encontraba en un estado de vulnerabilidad que la acusada predispuso y del que se valió para tomarlo por sorpresa mediante un ataque certero.

Por último, la Sala Penal validó la admisión de la pérdida de chance reclamada civilmente, que la defensa objetó, y también las razones ofrecidas para la distribución de las costas civiles. (La Voz)

En el marco de una jornada provincial de Acceso a Justicia, hoy a partir de las 9:30 hs., en el CIC N° 2, ubicado en el barrio 25 de Mayo, jueces y juezas de Gualeguay junto al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y los Equipos Técnicos Interdisciplinarios llevarán a cabo una jornada del Programa La Justicia va a los Barrios.

Este es un programa del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que busca garantizar el acceso a justicia de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica y encuentran obstáculos físicos y simbólicos para requerir la atención de los Tribunales por residir en lugares alejados de los centros de atención tradicionales.

"El acceso a la justicia es una garantía constitucional que permite ejercer los derechos que reconoce la ley. En teoría todas las personas tienen las mismas posibilidades de ejercer esos derechos, pero no funciona así en la práctica debido a las limitaciones que imponen determinados factores socioeconómicos y culturales, especialmente cuando se superponen. Así, las dificultades para el acceso a la justicia de las personas que residen en lugares alejados de los centros urbanos pueden agravarse con la pobreza, la discriminación, la exclusión o el analfabetismo", explicó el Juez de Familia, Dr. Pablo Guercovich.

En ese sentido, recordó: "El programa se inició a principios de los año 2000 a instancias de la doctora Susana Medina, entonces jueza de Instrucción de Paraná. Posteriormente, tras la llegada de la magistrada al Superior Tribunal de Justicia, el programa fue ampliándose al resto de las jurisdicciones. Gualeguay fue incorporado a finales de 2019, pero la pandemia de Covid-19 retrasó su implementación efectiva, más allá del servicio telefónico alternativo con el que pretendimos aportar un granito más de arena a la efectivización de la garantía de acceso a justicia".

Asimismo, hizo hincapié en que: "De todos modos, si sos víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea; si tenes dudas sobre cómo actuar frente a un caso de abuso sexual; si querés reclamar una cuota alimentaria o crees que alguno de tus derechos está siendo vulnerado y no contás con un abogado o abogada a quien consultar, podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al teléfono del Programa: 03444-510071. Estaremos siempre disponibles para orientarte".

¿Qué consultas y trámites se pueden hacer?

Ante la Defensoría Pública, atención y asesoramiento en materia de:

- Cuota alimentaria

- Régimen de comunicación

- Guarda y tutela

- Adopción

- Restricciones a la capacidad

- Trámites en organismos públicos referidos a derecho a la salud y a la educación.

Ante la Fiscalía:

- Recepción de denuncias

- Seguimiento de legajos de investigación en trámite

- Consultas vinculadas a la comisión de delitos

Ante la Justicia de Paz:

- Certificaciones de firmas en trámites previsionales, poderes, seguros de vida, formularios de becas

- Declaraciones juradas e informaciones sumarias para gestionar asignaciones familiares, coberturas de obra social y beneficios previsionales

- Informaciones sumarias para acreditar ingresos insuficientes a los fines de tramitar DNI sin cargo y radicación de ciudadanos extranjeros

- Certificación de supervivencia

- Certificación de copias de partidas de otras provincias (que no tenga más de tres meses de expedidas)

- Certificación de copias de documentación de índole privada

Dirigentes de entidades ligadas al campo y productores expresaron su enojo y disconformidad con el fallo del Juez de Garantías Tobías Podestá que dejó en libertad a cuatro personas, con una serie de cautelares, que tenían prisión domiciliaria por un hecho de abigeato agravado en la zona rural de Perdices. El hecho fue desbaratado por integrantes de la brigada De Prevención Delitos Rurales Gualeguaychú, a cargo del Comisario Cristhian Graciani, y Sub Crio Vacari Sergio de Brigada Perdices que se desempeña en la zona rural mencionada.

El juez mencionado, el 3 de septiembre, tras escuchar la solicitud de los abogados de la defensa, en el pedido de requerimiento de la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la pena de la figura que se les endilgó a los acusados la cual es la de Abigeato doblemente agravado. Fijó un cuarto intermedio resolviendo la inconstitucionalidad del mínimo de la pena, de 4 años a 3 años de prisión, y el otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba respecto de los imputados y tener por ofrecido el monto $20.000 por cada uno de los imputados, pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $ 10.000 en favor de la parte damnificada, como reparación del daño causado, a quien se deberá notificar, con el objeto de que manifieste si acepta o no la reparación ofrecida, además de una serie de medidas cautelares.

Indudablemente el juez no tiene conocimientos de lo que cuesta un animal de 300 kilos, fueron tres los faenados, en el mercado, a lo que se debe sumar los dos años de crianza, alimentación sanidad, con una reparación por parte de las personas de $20.000 pesos y pagaderos en cuotas que suena irrisoria y hasta irrespetuosa.

Por su parte la Fiscal Martina Cedres, entrevistada por El Día, manifestó que presentó un "recurso de apelación contra la resolución del tres de septiembre y que concedido éste y elevado que sea a la Cámara de Apelaciones de Gualeguay, se deje sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la pena del y por ende el otorgamiento a dos de los imputados de la suspensión de juicio a prueba y se reenvíen las actuaciones a la instancia de procedencia a fin de que se continúe con la audiencia de elevación de causa a juicio, en el marco de la escala prevista para los delitos por los que se los acusa".

Dijo que la resolución del Juzgado en "la etapa de la elevación de la causa a juicio que se declare la inconstitucionalidad, a mi modo de ver, sin fundamentos, de manera arbitraria, otorgando la probation, está mal efectuada, por lo que tenemos que tener una etapa de audiencia en Gualeguay en una situación que no está firme". Dijo que no sabe cuándo será la audiencia, pero que el "recurso de apelación llegó y que seguramente cuando tengan la fecha me notificarán". Destacó que "nosotros tenemos muchas personas en libertad, lo cual no significa que no vayan a ir a juicio, y quiero dejar en claro que no está firme la resolución que hizo ( el juez Tobías Podestá) respecto de la inconstitucionalidad del mínimo y el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba".

Recordó que los cuatro imputados "estaban detenidos con prisión domiciliaria hasta la audiencia de remisión a juicio el 31 de agosto, quedando todos en libertad, sujetos a una serie de medidas, como la prohibición de acercamiento a la víctima, fijación de domicilio. A dos de ellos se elevó la causa a juicio al tribunal y los otros dos se les otorgó la probation".

Indicó que con los "primeros la causa va a juicio, en tanto que los restantes, con la resolución apelada, hay que ver que nos dice Gualeguay. Y si resuelve que la decisión del juez (Podestá) no fue fundada y arbitraria haremos la elevación por los dos restantes y en consecuencia el juicio a los 4 implicados."

Señaló que dos de los imputados "tienen antecedentes, y aunque se declare inconstitucional el mínimo y los condenen a dos años, la pena tiene que ser efectiva". Indicó que comparte el "malestar de la gente y siempre me pongo en contacto con la gente que trabaja en el caso como la Brigada de Abigeato". Comentó que es una realidad que el "Superior Tribunal de Justicia viene determinando la inconstitucionalidad del mínimo y dando condenas condicionales, es decir condenados, pero en libertad. Esto es una cuestión de política, y entiendo qué desde el sector, por el campo, debería haber un pedido fuerte para que no se repitan este tipo de situaciones".

Tomás, integrante de la familia damnificado, dijo que "a diferencia de otros casos de abigeato de los que fuimos víctimas, esta vez se dio con los culpables, teniendo la justicia la oportunidad de actuar con todo el rigor de la ley. Cuenta con todas las evidencias, gracias a un trabajo impecable de la policía ".

Sergio Dalcol, presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, remarcó que "la policía pese a la escasez de recursos actuó con mucho profesionalismo y eficiencia; mientras que la fiscalía pese a la cantidad de causas que, diferente índole, está trabajando muy bien. Ahora- continúa- que un juez "interprete, a pedido del abogado defensor, que la pena de 4 años es excesiva y por lo tanto inconstitucional es inclinar la balanza a favor de quienes delinquen. Y si son tan legalistas, deberían cumplir con la ley. Y si la vamos a interpretar, también lo podemos hacer nosotros que somos ciudadanos de a pié, y como tales entendemos que aquel que delinquió tiene que estar adentro. Es más, si fuera por nosotros, aunque sea un día".

Recordó que uno de los implicados "estuvo 10 años prófugo de la justicia por un delito similar, pero por una cuestión técnica-legal, el juez no podría tomarlo como antecedente. Ahora si nos vamos a basar en estos tecnicismos, aplicamos los mismos cuando nos conviene interpretar la ley. Si el daño que ocurrió le parece poco recuerdo que se "trataba de cuatro personas con armas de fuego, en horas de la noche, en el campo, robando en donde se encontraba una mujer sola. Que más quieren para que una persona sea condenada y vaya a prisión, que la propietaria sea reducida, atada, que la violen, le peguen un balazo a un productor. ¿Qué es lo que necesita la justicia para proceder en estos casos?.

José Colombatto (Presidente de Farer) dijo que "volvemos a la puerta giratoria de la justicia que venimos denunciando desde hace un tiempo. Pareciera que la misma está a favor del delincuente y no de la gente que quiere trabajar, salir adelante y que quiere otro tipo de país, Lamentablemente esto viene de larga data y desde FARER venimos denunciando que los legisladores son los que tienen la llave para cambiar las leyes, porque el delito de abigeato es prácticamente excarcelable. Un delito que cada vez es más común y los políticos no hacen nada para que se implementen leyes más duras y brindarle más herramientas a la justicia. En el caso de la policía que los detiene y ve cómo funciona la puerta giratoria. Además trabajar en el campo y conseguir pruebas en el campo es más complejo. Se necesita una decisión política que es la de que en el Código Penal el abigeato debería ser contemplado de otra manera".

Matías Martiarena, Vice del Distrito Tres de Federación Agraria, dijo que " la entidad, por FAA, ha pedido en reiteradas oportunidades que la justicia tenga una fiscalía específica de delito de abigeato, teniendo en cuenta que uno de estos casos cae en una fiscalía, el fiscal tiene mil problemas que no tienen que ver con el caso específico de abigeato y el tratamiento que el delito merece". Sostuvo que si en la "provincia hubiera una fiscalía específica entendemos que estas cuestiones judiciales no pasarían y que a cuatro personas que detuvieron con tres novillos faenados, que tiraron un arma que al otro día encontró la policía anden sueltos por la calle como si nada". Cerró diciendo que es "una burla para todos los productores, para el mismo personal de abigeato que tiene identificados a estos sujetos, los detienen con las manos en la carne, los llevan a Jefatura, para luego terminar liberados y en muchos casos se pasean por frente a las Comisarias a modo de burla".

Finalmente, Juan Diego Etchevehere, Director de la Sociedad Rural Argentina señaló que "Los productores agropecuarios, al igual que la sociedad toda, necesitamos sentir que vivimos en un estado de derecho, donde la normas jurídicas se cumplan y apliquen en defensa de las víctimas reales. Desde el sector vemos con preocupación cómo el abigeato asola a muchos productores ganaderos de nuestra provincia, que con impotencia observan como su derecho a la propiedad es vulnerado sin consecuencia legal alguna. Las leyes que condenan al abigeato existen, necesitamos que el gobierno y la justicia en forma permanente las hagan efectivas".

El juez de Instrucción y Correccional N° 6 de Formosa, Guillermo Caballero, dictó el procesamiento con prisión preventiva a un hombre de 23 años, acusado de haber abusado sexualmente de los hijos de su pareja, un niño de 9 años y una niña de 8, en un barrio de la capital formoseña.

En el expediente, al que tuvo acceso Télam, se explica que los hechos de abuso "habrían ocurrido en numerosas ocasiones, se estima más de 40 veces, y pese a que los chicos le contaron a su madre lo que estaba pasando, la mujer descreyó de sus dichos y siguió confiando en su pareja".

"La situación llegó a tal extremo que el varón, cansado de los padecimientos a manos de su padrastro, fue a vivir con su tía, quien tramitó ante la Justicia la tenencia del chico", describe el expediente.

El caso llegó a la Justicia por la denuncia que hizo una de las hermanas de la madre de las víctimas, iniciándose una investigación que al día de la fecha encontró una serie de pruebas que sindican al padrastro de los chicos como presunto autor de estos hechos, por lo que el juez para tomar esta resolución tuvo en cuenta lo que declararon las víctimas en Cámara Gesell, "sobre todo el varón, quien hizo un relato pormenorizado de como su padrastro abusaba de ellos por la fuerza, bajo amenaza e inclusive, mediando violencia física en más de una oportunidad".

En el dictado de su resolución, el juez Caballero consignó en el punto cuarto de su decisión una nota de lectura fácil dirigida a las víctimas de este hecho, donde les explica con un lenguaje simple y adaptado a sus edades, la determinación que tomó, el curso que tendrá el caso y la situación procesal del presunto autor, agradeciéndoles por la confianza que tuvieron al relatar lo sucedido.

En dialogo con Télam, el juez Caballero contó "que muchas veces desde la Justicia escribimos para el sector de los abogados, por eso me pareció escribirles y explicarles lo más sencillo posible, esto es algo que nos marca toda la vida".

Consideró "una buena oportunidad por lo que se viene trabajando desde el Poder Judicial con respecto al lenguaje claro en la sentencias" y destacó "la valentía de una de las víctimas al hablar por la Cámara Gesell".

Télam.

Dalma Maradona se mostró furiosa tras las declaraciones de Carlos Díaz, quien fuera psicólogo de Diego Armando Maradona en su última etapa. El especialista habló en la tarde del viernes con el programa "Instrusos", dónde soltó algunas frases que no le gustaron nada a la familia.

Recordemos que Díaz es uno de los siete imputados en la causa que investiga el fallecimiento del "10". Actualmente su carátula dice "homicidio simple con dolo eventual" y se une al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov que también presentan situaciones similares ante la justicia.

Carlos Díaz en diálogo con Intrusos. En dicha entrevista, el psicólogo comentó que era el mismo Diego el que tomaba las decisiones y dio detalles sobre su estado de salud. "Estaba transitando un consumo problemático de alcohol y también abusaba de psicofármacos", explicó. Por su parte, dejó en claro que es muy difícil tratar con personas exitosas en estos casos. "Es muy complejo establecerle límites a una persona con un consumo problemático y más aún cuando es alguien que logró todo en su vida".

De sus palabras tampoco se salvó la familia Maradona, en particular de sus hijas que ya han dejado claro que quieren ver tras las rejas a los responsables médicos del deceso de su padre. "Trato de ser compasivo con los familiares de los adictos, porque entiendo que muchas veces se encuentran muy dañados por la enfermedad de los pacientes que suele ser el emergente sintomático de un sistema disfuncional, de una familia que no funciona", confesó.

"Es la primera vez que un familiar de un paciente trata con tamaña ingratitud a los profesionales que trataron a su padre", disparó y tampoco dudó en apuntar a los seres queridos del ex director técnico de la selección, aunque no dio nombres propios. "Algunas personas de su familia estaban comprometidas y otras no. Son cuestiones muy personales".

Frente a estas declaraciones, Dalma, la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe, le respondió al psicólogo en su cuenta de Twitter. "Este tipo que va a mentir a la tele se olvida que hay miles de chats presentados en la justicia DICIENDO TODO LO CONTRARIO A LO QUE VA A MENTIR A LA TELE! No tenes vergüenza! Porque no explicas porque vos como psicólogo le gestionabas el sueldo a COSACHOV? (sic)", redactó en su primer descargo.

"Vos sos el peor de todos! En los chats esta como decías que nos ibas a manipular para que de ultima la culpa sea nuestra! TODO ESTÁ EN LA JUSTICIA! Y como le pedías a Agustina que nos mienta diciendo de donde venías vos? PORQUE VOS ESTABAS AHÍ PORQUE TE HABÍA PUESTO MATIAS", continuó a través de la red social.

El pasado 26 junio, Carlos Díaz declaró en la causa durante más de 8 horas y según trascendió, respondió más de 100 preguntas y se quebró al final. La emoción vino porque aseguró que su intervención fue "exitosa", debido a que el crack falleció sin alcohol o drogas en su cuerpo.

"Estoy harta que vayan a la tele a hablar de un tema que si hubieran hecho su trabajo NO HUBIERA PASADO! Un poco de respeto PSICOPATA!", finalizó Dalma en un último pero no menos contundente tuit.

Estoy harta que vayan a la tele a hablar de un tema que si hubieran hecho su trabajo NO HUBIERA PASADO! Un poco de respeto PSICOPATA!

Además del psicólogo, Cosachov y Luque, los otros imputados son los enfermeros Dahiana Gisela Madrid y Ricardo Omar Almirón, la médica Nancy Edith Forlini y el jefe de enfermeros Mariano Ariel Perroni.

"Voy a salir corriendo a buscarte... es que estoy, enamorada, enamorada, enamorada de tí. Y sin tu amor yo no podría vivir, porque te amo", reza el estribillo de la canción del tema "Enamorado", de Gustavo Gabriel. Sin embargo, la canción sonó hace seis años en la pista de ShowMatch en la voz de Gladys Florimonte, que con su personaje Zulma se la dedicó a Marcelo Tinelli.

El intérprete, según él original del corte, estuvo en Intrusos y acusó a la actriz de usufructuar con la canción que no es de ella. Marcelo Sergio Escudero, quien produjo el disco del cantante la denunció ante la Justicia por no pagar los derechos del tema.

"En el año 2015 surgió la posibilidad de grabar un disco con la producción de Marcelo Escudero. En el álbum estaba la canción 'Enamorado'. En el estudio estaba Gladys Florimonte", comenzó recordando Gustavo Gabriel en Instrusos y siguió: "Cuando yo canto 'Enamorado' a ella le gustó mucho, dijo que la quería usar con su personaje Zulma para Marcelo Tinelli y que diría 'esta canción es de Gustavo Gabriel'".

Contento con la idea de que su nombre sea mencionado en el que era el programa más visto del año en la televisión Argentina, el joven músico que en ese entonces tenía nada más que 17 años, aceptó la propuesta de la actriz: "Imagínense lo que es la emoción, la ilusión, la ansiedad. Y lo que acordamos no llegaba, ella hace el video y dice 'Marcelo te compuse el tema'".

"Nosotros habíamos hecho una gran producción", resaltó sobre el trabajo que les llevó a él y a su productor componer el tema, grabarlo y filmar el clip. "Pude seguir mi carrera y quiero esclarecer esta situación", cerró.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares leyeron más tarde un fragmento del a denuncia que hizo ante la Justicia Marcelo Escudero acusando a la artista de usar sin permiso la canción. "Con suma sorpresa, encuentro mirando redes sociales en mi domicilio, una campaña en la página de la Sr. Gladys Julia Florimonte con el personaje conocido como Zulma haciendo alarde de haberle compuesto al Sr. Marcelo Tinelli una canción tratándose la misma el tema musical de mi autoría titulado 'Enamorado', dice parte de la presentación ante la Justicia", decía.

Días antes, invitada al ciclo de Jey Mammon, la actriz había bromeado sobre el asunto, al cual le restó importancia: "No me metan presa, qué culiados que son. ¿Por qué me van a meter presa?".

Actualmente la humorista vive en Córdoba, donde se mudó y contó que no la está pasando bien debido a la crisis y a la pandemia. "Acá tengo mi casa y tuve también que quedarme a arreglarla un poco porque los inquilinos anteriores no fueron muy cuidadosos. Se fueron y me quedé a arreglar todo. ¿Qué iba a hacer encerrada en el departamento de Buenos Aires? Para cagar... de hambre allá, prefiero cagar... de hambre acá y por lo menos tengo aire puro y libre", dijo en diálogo con Pronto.

Con poco dinero a disposición, Gladys vendió su auto y su camioneta por no poder mantenerlos y además dio de baja algunas tarjetas de crédito. "Desde que laburé con Lanata para acá, ahorré todo lo que trabajé para este momento. ¿Cuánto te gastás en ir afuera? Un montón. Yo no viajé a ningún lado y cuando fui a lo de Del Moro gané una buena guita y lo transformé en dólares porque me idea era ir a ver a la Virgen de Guadalupe pero no pude viajar", señaló.

"Soy austera. Ahora ando en un autito de mierd... pero no me importa eso porque cuando volvamos al ruedo y a la normalidad, con laburo sé que puedo volver a comprar una camioneta como la que tenía", dijo. "No tengo lujos, ni siquiera me compro ropa. Me voy a quedar con una sola tarjeta, hoy tengo solo para sobrevivir", cerró sobre su presente.

La planta transmisora de radio Mitre en Neuquén, Prima Multimedios, fue atacada por "parte de la patota sindical de ATE Neuquén", según afirmó el responsable de la Empresa, Claude Staicos.

"Hemos sufrido un ataque violento de parte de la patota sindical de ATE Neuquén, que por una serie de difusión de temas que tienen en vilo a la provincia, como es el conflicto con los empleados de la Salud, han tomado la decisión de ir a la planta transmisora de la radio, romper los candados y violar la alarma de seguridad, abrir la locación y romper todos los equipos", resaltó Staicos.

En declaraciones a radio Mitre, precisó que el ataque, que se produjo el lunes, "tiene que ver con una cuestión ideológica" y destacó que en el gremio están "vinculados al kirchnerismo".

"No se puede creer que en el 2021 que vivimos en democracia y que supuestamente tenemos que tener una sociedad con valores, pasen estas cosas bochornosas en la ciudad de Neuquén", cuestionó el responsable de Prima Multimedio, según publica Clarín.

También indicó que el secretario general de ATE de Neuquén, Carlos Quintrique , estuvo "en persona" en la planta transmisora para "comandar este accionar".

"Son personas que están vinculadas al kirchnerismo. Incluso, hay fotos de este dirigente sindical con personalidades importantes de ese sector (político). Indudablemente el ataque tiene que ver con una cuestión ideológica", subrayó.

Para Claude Staicos, es "importante hacer visible el hecho", porque "estas personas violentas son temidas y muchos sectores, inclusive de la política y la justicia, les tienen miedo por la violencia que ejercen a la hora de conseguir lo que ellos quieren. En este caso, de acallar las voces".

"No vamos a terminar hasta que consigamos que se haga justicia. Quiero confiar en la Justicia de mi provincia, quiero confiar en la justicia federal que tambien va a actuar en el caso de censura, y quiero confiar en la sociedad de Neuquén que hoy se queda sin poder escuchar un medio de la importancia de radio Mitre", manifestó.

Adepa

Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas repudiaron el ataque.

"De acuerdo a lo denunciado por el responsable de Prima Multimedios, Claude Staicos, los agresores ingresaron ayer a la planta y destruyeron todos los equipos, impidiendo la retransmisión local de la emisora. Adepa reclama la urgente investigación del hecho por parte de la justicia, y la sanción a los responsables", señalaron en Twitter.

También, desde el sindicato de prensa de Neuquén, se denunció la detención de un periodista.

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El actor Juan Darthés, que se mudó a Brasil para evitar una eventual extradición luego de haber sido acusado por su ex compañera Thelma Fardin por abuso sexual agravado, podría ser investigado y eventualmente juzgado en el el vecino país. La actriz denunció a Darthés en 2018 por una violación que habría ocurrido años antes en Nicaragua. El 17 de noviembre de 2019 la justicia de Nicaragua emitió un pedido de detención de Darthés por "violación agravada", pero para ese entonces el actor estaba viviendo en Brasil, que no permite que sus ciudadanos sean extraditados. El actor de 56 años es nacido en São Paulo.

Pero si avanza la investigación judicial contra Darthés en Brasil entonces podría tener que responder por la denuncia de violación entablada por Fardin.

Según afirmó Pía Shaw en el programa "LAM", Jazmín Stuart comunicó en el chat de Actrices Argentinas que había novedades en el caso de Fardin: la Justicia de Brasil va a pedir la acusación formal del actor en ese país.

Las integrantes de Actrices Argentinas convocaron a una conferencia de prensa para este miércoles a las 11 en el Centro Cultural Recoleta en la que darán a conocer las novedades.

A partir de la acusación formal Darthés pasará a necesitar un abogado en Brasil además de Fernando Burlando, que lo representa en Argentina, y de quienes lo patrocinan en Nicaragua, donde las autoridades emitieron hace tiempo una circular roja de Interpol.

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) volvió a criticar a la Justicia y a pedir que el Estado en todos sus estamentos "coordine acciones para no dilapidar esfuerzos".

"No sabemos si es impericia o ausencia de voluntad de la Justicia o falencias legislativas que dejan abiertas esas ventanas al delito para que no tenga consecuencias" destaca el comunicado.

LA NOTA

En la madrugada del viernes 19 de marzo, la Brigada de Prevención de Delitos Rurales del departamento Gualeguay detuvo a dos personas que recientemente habían "carneado" una ternera en la zona de Paso Alonso. Pese a que el animal fue encontrado en el baúl del vehículo donde se transportaban, de que se les encontró un arma de fuego y que tenían antecedentes, antes de cumplirse dos horas de estar detenidos fueron liberados por orden judicial.

Este hecho no es aislado, se suma a múltiples episodios de similares características que vienen teniendo lugar en toda la provincia, dejando en el aire una sensación concreta de inseguridad y desamparo para los productores que observan como intrusan sus propiedades y son víctimas reiteradas de delitos ante el desdén de la Justicia.

Desde la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) no podemos sino condenar, no sólo los hechos delictivos, sino también la impasible actitud del sistema judicial entrerriano que echa por tierra los enormes esfuerzos de los productores y de las distintas brigadas de Prevención de Delitos Rurales de la provincia que arriesgan sus vidas todos los días enfrentándose a delincuentes, casi siempre en posesión de armas de fuego.

Cabe resaltar que la mayoría de las sociedades rurales entrerrianas colaboran a través de aportes de combustible y otros elementos con dichos cuerpos policiales para un eficaz accionar, pero advertimos que en definitiva ese esfuerzo resulta en vano ante la "puerta giratoria" de la Justicia que termina liberando luego de un rato a los delincuentes.

No sabemos si es impericia o ausencia de voluntad de la Justicia o falencias legislativas que dejan abiertas esas ventanas al delito para que no tenga consecuencias. En cualquiera de los casos, urge que el Estado en todos sus estamentos coordine acciones para no dilapidar esfuerzos y para que reine la justicia -tan pregonada desde el discurso-, pero lejana en los hechos.

En definitiva, hoy los productores nos encontramos en un estado de indefensión alarmante que necesita ser subsanado en lo inmediato.

Andrea Lescano, la madre de Micaela García, la joven estudiante víctima de femicidio en abril de 2017 en Gualeguay, reclamó sanciones para los organismos estatales que deberían haber protegido a Fátima Acevedo, la mujer asesinada el año pasado en Paraná. Si bien destacó la condena a perpetua que recibió recientemente Jorge Martínez, criticó al Poder Judicial por su desempeño en los casos de violencia de género. Además sostuvo que la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género no está siendo bien aplicada.

En diálogo con la Radio de UNO, Lescano destacó lo sucedido el lunes en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sin embargo pidió no quedarse en un solo día. "Esta bueno que se utilice, pero tiene que ser el día a día", y solicitó que el Poder Judicial sea para todos los ciudadanos. "La Justicia tiene que se para todos los ciudadanos. Nosotros estamos apuntando a las víctimas, pero si no vas con un nombre y una chapa no te atienden".

En ese sentido contó: "Cada vez que nos llega un caso a la Fundación Micaela, que nos llegan casi todos los días de todo el país. Lo primero que hacemos es pedirle que se acerquen al lugar donde tienen que denunciar. Si no los atienden tenemos que empezar a hacer llamados para conseguir que los atienda. La Justicia no tiene que ser solo para el que tiene un reconocimiento".

Por otra parte, Lescano sostuvo que "mientras que la Ley Micaela se siga aplicando como estamos haciendo en la provincia de Entre Ríos, no vamos a cambiar absolutamente nada con charlas magistrales de personas que digan 'soy expertas en la materia'. Acá no necesitamos expertas, necesitamos bajar a tierra y modificar lo que tenemos en cada lugar. Con conceptos y libritos no vamos a cambiar la realidad. Principalmente lo que pasa en Entre Ríos".

Lescano propuso la realización de más talleres para lograr cambiar a aquellas personas que no creen en la problemática. "Se piensa que es un Universidad y en realidad tenemos que llegar a aquel que no quiere cambiar. Y más que nada a nuestros funcionarios. Se creen que con esas charlitas de media hora o una hora listo. Yo los veo en las charlas virtuales. Si no te interpelas y no reflexionas no habrá un cambio", y sentenció: "En Entre Ríos del caso Micaela no se habla".

Caso Fátima

La madre de la joven de Concepción del Uruguay se explayó sobre el caso de Fátima Acevedo, la joven de Paraná que a pesar de las denuncias que realizó contra su expareja terminó siendo asesinada. "Veo que no aprendimos nada. Nuestros gobernantes no aprendieron nada. Simplemente les importa el poder, el sillón. y No le importa la sociedad como dicen en campaña. Les importa tener el sillón y nada más. Lo de Fátima fue aberrante. Y sin embargo, ahora el jurado popular fue excelente. La sociedad es más coherente que nuestros funcionarios. Nuestra sociedad con la coherencia. En los juzgados se pierden los legajos de las denuncias".

En ese sentido precisó: "En el caso de Fátima tendría que haber sanción para los organismos que deberían haber cuidado a Fátima y no la cuidaron. Estaba en un hogar en un refugio sin control. Estaba más expuesta que en su propia casa. A mi me da impotencia, rabia porque lucho y hoy en día no tengo a mi hija. Me dicen ya está, pero no está. Lucho por el futuro de mis nietos para que estén un poco mejor. Todos tendríamos que hacer un pequeño aporte para que esto cambie".

Andrea Lescano habló sobre Néstor Pavón, quien fue condenado por la Justicia por haber encubierto a Sebastián Wagner, el femicida de Micaela. La mujer describió todo lo que vienen realizando en la causa para tratar de revertir la situación del condenado que ya se encuentra en libertad y el fin de semana fue repudiado en una fiesta en Gualeguay. "Ahora estamos esperando que nos respondan la Queja que presentamos en la Corte Suprema de Justicia. Presentamos este recurso que cuesta 100.000 pesos que nosotros como trabajadores no tenemos. Si pagamos ese fondo no comemos por varios meses. A nosotros no nos cae la plata del cielo, somos gente trabajadora. Los abogados que nos asesores que hay un artículo de la Ley 26.485 que nadie lo usa que dice que 'en caso de violencia de genero o femicido se puede obtener el patrocinio gratuito'. Si lo aceptan bien y si no vernos como podemos hacer para juntar el dinero. Para ir en Queja se necesitas abogados especializados y dinero", dijo la mujer que afirmó: "El agresor tiene todo gratuito y nosotros los familiares tenemos que pagar. Hay muchas trabas. Esa es la realidad que tenemos. El nuestro como ha sido un caso muy emblemático los abogados hacen todo en forma gratuita. Si no, nosotros no hubiésemos podido pagar los abogados" .

La mamá de la joven que estudiaba profesorado de Educación Física en la ciudad de Gualeguay aseguró que "con el caso de Mica hay pruebas que Pavón es coautor. Hay varias pruebas, pero la Justicia no las tiene en cuenta y no la analizaron", y recordó algunas de las demoras que hubo en la causa que terminaron perjudicando la recolección de pruebas. "Ella despareció un sábado y recién el martes a la noche el Banco Nación entregó las cámaras para determinar por donde había caminado Micaela. Los vecinos todos colaboraron con las cámaras. Una vez que el Banco Nación entregó los videos se puede determinar que era el auto de Sebastián Wagner".

"Tomar conciencia de la gravedad"

"Hay que tomar conciencia de la gravedad que estamos pasando las mujeres, los géneros disidentes y nuestras niñas niños y adolescentes. Hay muchos abusos sexuales intrafamiliar, pero si no tomamos la dimensión nunca vamos a cambiar", sentenció Lescano.

"Se piensa que la Justicia cuando hay un caso de violación, violencia de género o femicidio ellos van van tras las pruebas directas, y la violencia de género se puede comprobar a través de pruebas indirectas, pero para eso tenés que saber como es el ciclo de la violencia y como actúa la víctima y también el accionar del agresor".

"Hay una estadísticas que cuando ya hay violencia es como un espiral el ciclo de la violencia. Y si va la mujer a realizar la denuncia y cuando vuelve porque no tiene otro lugar para estar con el agresor sabemos que en tres meses habrá un femicidio si el Estado no actúa".

Axel vivió momentos muy difíciles después de que una mujer lo denunciara en 2019 por abuso sexual por una joven de Río Negro, a raíz de un hecho que, según contó la víctima, habría ocurrido en 2017.En diálogo con Intrusos, Soledad Pastorutti, compañera y amiga del cantante, se refirió al tema, muy incómoda.

El artista volvió a las redes sociales a principios de 2020 después de que la falta de testimonios de los testigos presentados ante la justicia por la demandante generó que la causa se suspendiera al menos hasta que aparezcan pruebas que avalen su testimonio.

"Tenemos relación con Axel y nos saludamos para los cumpleaños y las Fiestas. No sé en qué quedó la situación pero creo que en la nada. No se sabe según la Justicia qué pasó. Sé que sufrió mucho y hay que esperar a ver qué dice la Justicia", expresó ante la insistencia de los panelistas.

Débora D' Amato le preguntó qué pensaba ella como mujer y la Sole fue contundente: "No admito ningún tipo de violencia contra nadie y menos contra una mujer. Tengo dos hijas y pienso en cómo darles herramientas para que puedan defenderse. Lo único que sé es que si me entero de que alguien se manda una macana, por decirlo de una manera light, por supuesto que no voy a estar de acuerdo en ningún sentido. No lo soportaría ni lo perdonaría".

El juez del Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Concepción del Uruguay, Mariano Morahan, resolvió hacer lugar a la demanda presentada por una ciudadana por incumplimiento contractual y daños y prejuicios contra la empresa Swiss Medical S.A, así como la aplicación de una multa civil.

La prestadora fue condenada a pagar la suma de 3.408.067 pesos a demandante. La sentencia de la Justicia entrerriana está firme.

En representación al grupo familiar, una afiliada demandó a Swiss Medical S.A. por daños y perjuicios por no haber brindado la requerida internación domiciliaria prescripta por el médico oncólogo a su esposo (quien luego falleció) y padres de sus hijos, quien se encontraba en estado agónico, dejándolo librado en su domicilio particular sin asistencia médica alguna a los dolores propios del cáncer de páncreas con metástasis en hígado, debiendo la familia presenciar tal circunstancia. Al responder la demanda, la empresa no produjo la prueba pericial necesaria que contraríe las presentadas por la demandante.

Entre otros fundamentos, el juez Mariano Morahan recuerda que tiene dicho calificada doctrina judicial nacional que: "La empresa de medicina prepaga debe poner en marcha todos los recursos necesarios para evitar que se ofrezca al enfermo una atención médica deficiente.

Y concluyó "en la efectiva existencia del daño moral invocado por los actores a partir de la concreta situación de desamparo a la que fueron sometidos por parte de la empresa contratante demandada, quien encontrándose debidamente impuesta de tal delicada situación omitió efectivizar los insoslayables y urgentes cuidados paliativos que el estado agónico del afiliado requería -cónyuge y padre de aquellos-, exhibiéndose asimismo y en la especie la clara vulneración de derechos humanos fundamentales tutelados tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales como resultan ser la vida y la salud, habiendo expuesto a todo el grupo familiar a vivenciar sin asistencia alguna el sufrimiento del extinto filiado, resta en definitiva abordar la labor de cuantificación del presente rubro".

Las estrellas del Real Madrid, la dupla Cristiano-Dybala en la Juventus, la imparable máquina alemana del Bayern Munich, los millones del PSG de Nyemar y Mbappé, las tácticas de Klopp en el Liverpool, el siempre amenazante City de Guardiola, los problemas internos en el Barcelona, la resistencia del presidente Bartomeu o la frialdad del entrenador Ronald Koeman probablemente no sean los escollos más difíciles que enfrentará Lionel Messi en la temporada 20/21. Al astro argentino lo espera una causa judicial que puede generarle un problemón mucho más significativo que el fracaso deportivo. Lo que puede perder no es la Champions, sino la libertad.

Federico Rettori es un fotógrafo que ha tomado imágenes en buena parte del mundo y que dedicó una parte de su vida trabajando para la Fundación Leo Messi. Primero lo hizo ad honorem y luego fue nombrado parte del staff que se desempeñaba en Rosario bajo el mando de Jorge Messi, el padre del futbolista. Fue director de Desarrollo y Gestión. Conocedor como pocos de los manejos de la entidad “sin fines de lucro“, se presentó en la justicia y presentó una demanda que puede poner en jaque la estabilidad jurídica de la Pulga.

Según su denuncia, sumas millonarias que debían ser destinadas a la ayuda social fueron desviadas a cuentas vinculadas con el deportista o a cuentas offshore cuya finalidad es evadir impuestos. Messi ya afrontó un proceso judicial en España que derivó en una condena.

En una entrevista exclusiva que le brindó al sitio Negocios&Política, Rettori habló por primera vez con la prensa mundial y destapó parte de la olla que emana los peores aromas de una de las familias más queridas del país.

“Básicamente, una fundación sin fines de lucro no debe tener fines de lucro. Las fundaciones son organizaciones a las cuales el estado les permite tener un montón de beneficios fiscales para llevar adelante diferentes proyectos sociales. En 2014 notifiqué a Jorge Messi de lo que estaba pasando: no se estaba invirtiendo el dinero que se estaba recaudando. La fundación tenía ingresos millonarios, pero los proyectos estaban frenados y esa plata iba adonde no debía. Lo que digo está respaldado por documentación y cientos de mails” le dijo Rettori al portal especializado.

Según el denunciante, “se cerraban convenios multimillonarios con la fundación, salían por internet, se hacían públicos, pero cuando tenían que verse traducidos en proyectos sociales no llegaba el dinero. Al principio nos dijeron que había tiempo para invertir socialmente, lo cual es cierto. Pero luego de trabajar con él (Por Jorge Messi), y ver que el dinero no llegaba y quería que invirtieramos un porcentaje mínimo en comparación a los ingresos, decidí irme porque todo me parecía una pantalla, una mentira. Se los dije a todos“.

Por la denuncia de Rettori se tramitan dos causas: una en la justicia federal de la Argentina, y otra en España.

El enfrentamiento entre Apple y Epic Games promete varios rounds y esta semana asistimos a uno nuevo. Yvonne Gonzalez Rogers, la jueza del caso, estableció que las partes entreguen sus argumentos legales en forma completa el 28 de septiembre a La justicia. ¿Qué ocurrirá hasta entonces?, ¿Fortnite regresará a la App Store? Además, ¿Epic Games y sus servicios, incluyendo al motor gráfico Unreal Engine, tendrán las puertas cerradas en todos los dispositivos con una manzana mordida en el lomo?

// Epic Games demanda a Apple por retirar Fortnite del App Store

A la espera de decisiones firmes, Gonzalez Rogers estableció una serie de medidas temporales. Por un lado, Apple no podrá cerrar la cuenta de Epic Games en la App Store, tal como habían dicho que ocurriría a partir del 28 de agosto. En este sentido, los servicios del desarrollador seguirán disponibles para los usuarios; también Unreal Engine, un software creado y comercializado por Epic Games que se emplea para el diseño de muchos videojuegos. El developer, estableció la jueza, “es libre de mantener los acuerdos con Apple” conforme el proceso judicial sigue su rumbo.

“Hay un potencial gran daño tanto a la plataforma Unreal Engine como a la industria de los videojuegos en general”, notó al respecto la encargada del caso en referencia a un posible bloqueo de aquellos servicios.

Por: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH | (Foto: EFE/EPA).

Ahora bien, el dato que interesa a muchos: ¿qué pasará con el exitoso juego de supervivencia hasta que se conozca un fallo final? En este punto no hay buenas noticias para Epic Games, tal como nota The Verge en su repaso: la jueza indicó que Apple no está obligado a ofrecer renovado acceso a Fortnite: Battle Royale en su tienda de aplicaciones.

Según señaló, “el juzgado observa que Epic Games eligió estratégicamente romper sus acuerdo con Apple, que cambiaron el status quo”. La jueza de California del Norte agregó que “no identificaron acciones que sugieran que la Corte debería imponer un nuevo status quo a favor de Epic Games”.

El germen del conflicto

Tal como contamos en TN Tecno, el enfrentamiento entre las partes escaló hace algunas jornadas cuando Epic Games omitió el sistema de pagos de Apple en su popular juego Fortnite, eludiendo la comisión del 30% que la empresa de Cupertino exige a los desarrolladores de los ingresos monetarios que consiguen con sus herramientas.

El fabricante de iPhone señaló que esa práctica es contraria a los términos y condiciones de su tienda, y eliminó el videogame del catálogo. Google hizo lo propio en la Play Store, tal como contamos acá. Luego de las respectivas expulsiones, Epic Games dijo que demandaría a las dos empresas que controlan el negocio de las aplicaciones móviles.

Por el momento, Apple no está obligado a que Fornite regrese a la App Store (Foto: AFP/Chris Delmas).

Por el momento, Apple no está obligado a que Fornite regrese a la App Store (Foto: AFP/Chris Delmas).

¿La justicia barrerá con esa tasa? “Mientras que el juzgado prevé que los expertos opinarán que la toma del 30% de Apple es anticompetitiva, el juzgado duda que un experto sugiera una alternativa de 0%. Ni siquiera Epic Games da sus productos de forma gratuita”, notó al respecto la jueza Gonzales Rogers.

Naturalmente, Epic Games era consciente de las consecuencias de su jugada. Ese movimiento en el tablero procuró exponer la política de pagos, tanto de Apple como de Google, que consideran injusta. En rigor, no es la primera vez que manifiestan en forma pública su descontento.

“El 30% es desproporcionado en vista a los servicios que ofrecen las tiendas”, había señalado el CEO de la compañía de desarrollo, Tim Sweeney. En esta línea, en más de una oportunidad denunciaron que esa práctica deja en claro las prácticas monopólicas y el abuso de posición dominante de los dueños de las tiendas.

// Facebook apoya a Fortnite y apunta contra Apple por la comisión del 30% en la tienda de apps

Tal como señalamos al comienzo de este repaso, se esperan más rounds en este choque y seguramente habrá muchos otros antes del 28 de septiembre cuando las partes presenten formalmente sus argumentos. Mientras tanto, Epic Games suma apoyo: Microsoft se mostró de su lado en esta disputa, Spotify ya había manifestado quejas similares, y Facebook aplaudió la movida tildando de injusta la comisión del 30% que se lleva Apple.