La búsqueda contempla:

Desde el organismo informaron que quienes aspiren a integrar los ETI deberán cumplir con distintos requisitos establecidos por la normativa vigente, entre ellos residir en la localidad donde desempeñarán funciones, contar con título habilitante, acreditar experiencia profesional mínima de tres años ininterrumpidos y poseer formación específica en temática de familia y perspectiva de género.

Además, se deberán respetar las incompatibilidades previstas en las leyes provinciales correspondientes y contar con disponibilidad horaria conforme a lo estipulado por la legislación judicial.

Entre los requisitos destacados se encuentran:

Las postulaciones se realizarán de manera online mediante un formulario habilitado por el Poder Judicial y permanecerá disponible hasta el 1 de junio de 2026 a las 8 de la mañana.

El formulario de inscripción puede completarse a través de:Formulario de inscripción ETI Gualeguay

Para consultar las normativas y requisitos completos, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del Poder Judicial de Entre Ríos:

La medida fue dispuesta por el juez Javier Cadenas durante una audiencia de apelación solicitada por la fiscal Mariangeles Schell, con la presencia del imputado y de su abogado defensor, Rubén Gallardo. Según se informó, el magistrado respaldó los argumentos técnicos presentados por la Fiscalía, aunque consideró que, debido al tiempo transcurrido en la investigación, correspondía modificar la modalidad de detención y conceder el arresto domiciliario mientras continúa el proceso judicial.

El acusado cumplirá la medida en la ciudad de Crespo, de donde es oriundo.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del 1° de mayo en el acceso norte a Gualeguay, en la intersección de las rutas 11 y 12. En un primer momento, la muerte de Cecilia Cardona, vecina del barrio Dunat de 47 años, había sido presentada como un accidente vial.

Sin embargo, el avance de la investigación y el análisis de cámaras de seguridad permitieron descartar esa hipótesis inicial. De acuerdo a la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el episodio se habría originado tras una discusión vinculada al pago de servicios sexuales.

La principal línea investigativa sostiene que la víctima habría intentado impedir que el conductor se retirara sin pagar, abriendo la puerta del camión. En ese contexto, el chofer aceleró la marcha y Cecilia terminó siendo arrollada por el vehículo.

Debido a la identidad de género de la víctima, el Ministerio Público Fiscal encuadró el caso dentro del protocolo de muertes violentas con perspectiva de género y la causa es investigada preliminarmente como homicidio agravado por razones de género, figura conocida como transfemicidio.

Cabe recordar que el camionero fue detenido por personal policial a unos 30 kilómetros del lugar del hecho, sobre Ruta 12, mientras se dirigía hacia General Galarza.

La investigación continúa con la recolección de pericias y evidencias fílmicas que permitan esclarecer completamente lo sucedido.

Desde el espacio expresaron un fuerte reclamo público y sostuvieron que el hecho no debe ser considerado como un accidente. “No fue un accidente, fue un transfemicidio”, señalaron.

“Cecilia no era un número más. Cecilia era de este Gualeguay que la adoptó, en su barrio, con sus historias y sus experiencias, con la de salir a la calle a buscarse la vida, a buscarse el pan, y hoy ya no está”, manifestaron desde Diversidad.

Además, indicaron que desde que tomaron conocimiento de lo ocurrido vienen siguiendo “el minuto a minuto de la causa” y que mantienen contacto con la familia de Cecilia y con el abogado Javier Ronconi, quien —según informaron— cuenta con poder para actuar como querellante.

Desde el Colectivo Diversidad también cuestionaron que el imputado no se encuentre detenido con prisión preventiva. En ese sentido, expresaron: “Creemos que está claro, en las evidencias, que hubo odio y alevosía”.

Asimismo, remarcaron su postura respecto de la calificación del hecho: “No se trata de un homicidio culposo con dolo eventual. Es un transfemicidio y lo sostenemos”.

En el comunicado, el espacio vinculó el reclamo con un contexto más amplio de violencia hacia mujeres y disidencias. “Hoy nuestra sociedad está marcada por la violencia, la crisis política, económica y social. El odio está apoderado de nuestra sociedad y las compañeras trans lo ven reflejado”, indicaron.

Finalmente, reiteraron el pedido para que se declare la emergencia nacional en violencia de género y reclamaron mayor presencia del Estado. “El Estado tiene que hacerse cargo y generar políticas públicas para poder enfrentar la situación que vivimos a diario las mujeres y las disidencias”, concluyeron.

El expediente está caratulado como “homicidio culposo”, una calificación clave dentro del proceso judicial, ya que implica que el hecho se produjo sin intención (sin dolo), sino como consecuencia de una acción negligente o imprudente.

La fijación de la fecha judicial llega luego de meses de reclamos sostenidos por parte de la familia de Matteo, quienes realizaron distintas marchas y manifestaciones en la ciudad exigiendo avances en la causa y justicia por lo ocurrido.

Desde este medio se ha acompañado el proceso informativo, reflejando en reiteradas oportunidades el testimonio de los familiares y, especialmente, el dolor y la lucha de la madre del joven, quien se convirtió en una de las principales voces del pedido de justicia.

Uno de los puntos centrales del caso es que se ha aceptado la responsabilidad en el hecho, lo cual será formalizado a través del juicio abreviado. Este tipo de procedimiento permite resolver la causa sin llegar a un juicio oral tradicional, mediante un acuerdo entre las partes.

Dicho reconocimiento quedará documentado en la audiencia prevista para el 13 de mayo, instancia que marcará un paso clave en el proceso judicial.

Más allá del avance procesal, el caso continúa generando fuerte repercusión en la comunidad de Gualeguay. La calificación de “culposo” ha sido uno de los aspectos más debatidos, en un contexto donde la familia y gran parte de la sociedad reclaman justicia.

Desde El Debate Pregón, se continuará informando sobre cada instancia de este proceso, que mantiene en vilo a la ciudad y que tiene como eje central la búsqueda de respuestas por la muerte de Matteo Rothar.

La medida fue dictada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que dispuso frenar de inmediato las obras al considerar que avanzar con la demolición podría generar un daño irreversible.

Según se desprende del fallo, los magistrados sostuvieron que, en caso de concretarse la destrucción del edificio, no sería posible revertir la situación, aun cuando posteriormente la Justicia falle en contra del proyecto. En ese sentido, remarcaron que la intervención judicial debe producirse antes de que se materialice cualquier perjuicio sobre el patrimonio cultural.

La resolución se produjo tras las presentaciones realizadas por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y distintas organizaciones, entre ellas Basta de Demoler, Fundación Ciudad y Observatorio del Derecho a la Ciudad, que cuestionaron la intervención prevista sobre el inmueble.

El proyecto en discusión contempla la demolición de una parte significativa del estadio actual para construir una nueva estructura con mayor capacidad y dimensiones. La iniciativa implicaría intervenir más de 11.600 metros cuadrados y conservar solo una porción menor del edificio original.

Uno de los ejes centrales del fallo radica en la protección del valor patrimonial del Luna Park, que posee la categoría de Monumento Histórico Nacional, lo que establece límites estrictos a las modificaciones estructurales.

El conflicto judicial se extiende desde hace varios meses. En diciembre de 2025 se había dictado una primera suspensión, luego en marzo de 2026 se habilitaron avances en otra instancia, y ahora la Justicia volvió a frenar el proceso.

Por el momento, la demolición permanece suspendida mientras se resuelve el fondo de la causa, lo que podría derivar en cambios sustanciales del proyecto o incluso en su cancelación definitiva.

El caso mantiene en tensión a distintos sectores, ya que el Luna Park no solo es un estadio emblemático, sino también un símbolo de la historia cultural argentina, escenario de eventos deportivos, recitales y actos políticos a lo largo de décadas. Fuente:N.A.

El cambio en la conducción de la cartera se produjo luego de varios intentos de renuncia por parte de Cúneo Libarona, situación que derivó finalmente en la designación de Mahiques al frente del Ministerio de Justicia.

Durante la jornada, Milei recibió al ahora exministro para definir la transición en el área. Tras confirmarse el nombramiento, el propio Mahiques utilizó sus redes sociales para agradecer al presidente por la confianza depositada.

“Gracias al presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, expresó el flamante funcionario.

En el mismo mensaje agregó que el rumbo planteado por el Gobierno requiere instituciones sólidas y un sistema jurídico confiable. “Ese camino exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, sostuvo.

Junto con la designación del nuevo ministro también se confirmó quién ocupará la vicecartera. Santiago Viola será el viceministro de Justicia. Se trata de un abogado cercano al círculo político de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con vínculos con los dirigentes Eduardo y Martín Menem.

De esta manera, el Gobierno nacional concreta un cambio en una de las áreas clave del gabinete, en medio de la reorganización del equipo de gestión impulsada por el presidente.

Mónica Patricia García y Fernando López Durán, son los representantes de la firma Bee Witch, que el 5 de noviembre de 2018 fueron condenados por la Justicia de Gualeguay por el delito de estafas reiteradas en perjuicio de 24 productores apícolas de Nogoyá.

La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena contra dos empresarios de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires, por estafar a productores de miel de Entre Ríos en 2016. No obstante, hizo lugar a una leve reducción de las penas.

La estafa consistió en librar 84 cheques diferidos y sin fondos. Sin conocer que la empresa estaba en quiebra, los productores entregaron más de 200 mil kilos de miel y nunca vieron un peso por el producto. La maniobra defraudatoria se calculó en cuatro millones de pesos de entonces.

García fue sentenciada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo; y su socio a dos años y 8 meses de cárcel.

El tribunal, conformado por los jueces Darío Crespo, Javier Cadenas y Dardo Tórtul, consideró que "ha quedado debidamente probado en lo sustancial que los mismos (García y López Durán) resultaron constitutivos de reiteradas maniobras defraudatorias consumadas por ambos imputados en perjuicio de 24 productores de miel de nuestra provincia, a quienes, con conocimiento previo y cierto de que no les cumplirían las condiciones acordadas, ocultando la real situación económica y financiera de la firma que representaban, aparentando una solvencia que ya no tenían, y librando cheques de pago diferido en cantidad significativa, por millonarios montos, que también sabían al tiempo de su emisión y entrega que a sus vencimientos no cumplirían, induciéndolos a error, logran a través de tales ardides y engaños, les entreguen importantes cantidades de la miel que producían, defraudando de este modo la confianza y el crédito que les otorgaran fruto de aquellas maniobras, todo lo cual aconteció en las fechas y en las circunstancias atribuidas".

Apelada

La sentencia fue apelada por los defensores de los acusados, Carlos Aurelio Arias y Andrés Arias, quienes enumeraron 14 motivos de agravios contra la resolución de primera instancia, a la que calificaron de arbitraria, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

Al contestar el recurso, los fiscales Jorge Gamal Taleb y Rodrigo Molina pidieron que la sentencia sea confirmada, pero con una salvedad: que se morigere la pena en cinco meses para cada uno de los acusados puesto que comenzaron a reparar el daño provocado a los productores en el marco del concurso preventivo de la firma.

El 9 de diciembre de 2020, la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti, rechazó los planteos defensivos, confirmó las condenas e hizo lugar a la reducción de las penas.

Según la resolución, a Mónica García le aplicaron una pena de dos años y siete meses de cárcel de cumplimiento efectivo. Se trata de una reducción de tres meses respecto de la sentencia inicial. Mientras que a López Durán le dieron dos años y tres meses de prisión, lo que significó una reducción de cinco meses.

Resolución de Casación

El voto que confirmó las condenas estuvo a cargo de la jueza Marcela Badano, quien señaló que el Tribunal de primera instancia ponderó la dimensión total del daño. Indicó que la firma Bee Witch se fue de Entre Ríos sin pagar 230 mil kilos de miel, que son alrededor de 370 tambores con el producto; y que luego los productores se enteraron que las cuentas bancarias de la empresa estaban en rojo y por lo tanto no tenían fondos para abonarles. Poco tiempo después la empresa se presentó en concurso preventivo.

"Los imputados sabían de sus dificultades financieras al tiempo de llevar a cabo las compras, al tiempo de conseguir la entrega de la miel, y entregar los cheques sabiendo que no serían abonados; su derrumbe era inminente, y eso es lo que ocultaron celosamente a los productores, antes de hacer una operación de mucha envergadura; así los hicieron caer en error mediante los libramientos a plazo, sabiendo que no habría forma de atenderlos", entendió la jueza, coincidiendo con el fallo de primera instancia. (Fuente: diario "El argentino" de Gualeguaychu).