La Cámara de Diputados provincial dio sanción definitiva al proyecto de Ley de Enfermería, que desde hace cinco años venía siendo analizado en la Legislatura. La votación fue por unanimidad y con las gradas del recinto repletas de enfermeras y enfermeros. En este marco, El Debate Pregón dialogó al respecto con el Licenciado en Enfermería David Sánchez, quien se desempeña en el Hospital San Antonio.

"La Legislatura de la provincia de Entre Ríos sancionó con fuerza de Ley la Carrera de Enfermería. Con sentimientos de orgullo puedo decir en lo personal que estamos transitando una etapa de reconocimiento y de cambio, si bien es un proceso que amerita tiempos, destacamos que el presente se hizo realidad en un contexto pos pandemia donde creo es un incentivo que da a pensar que no todo está perdido", comenzó Sánchez.

Y añadió: "Lo más importante será la reglamentación. Estoy conforme porque negociaron todos los interesados. La ley ya fue aprobada, falta la promulgación y la publicación en el Boletín Oficial. Después el Ministerio debe redactar el decreto reglamentario para que luego entre en vigencia".

Con respecto a los principales puntos, mencionó: "De acuerdo a los niveles establecidos por el Ministerio de Educación, el nivel de formación de Enfermeros es el pre grado, o sea, un nivel técnico. El nivel profesional o grado académico lo da el título de Licenciado. Después vienen los niveles de Pos grado".

"En cuanto a la Capacitación y Perfeccionamiento, el Ministerio de Salud de la provincia deberá estimular y facilitar la superación y perfeccionamiento de su personal mediante la creación de cursos de capacitación o especialización", indicó.

Asimismo, señaló: "Otros de los puntos más importantes de la ley tienen que ver con la creación de la Dirección de Enfermería, el Aumento de los tramos, los Cargos Jerárquicos para Atención Primaria de la Salud (APS)".

"La situación cambia en muchos aspectos si hacemos un análisis comparativo. La actual Ley que ampara el ejercicio profesional del enfermero es la Ley Nacional 24004, Ley Provincial 8899. En la ley 9564 se puede observar lo que aprueban diputados y lo que modifica el Senado", comentó.

En tanto, expresó: "Con respecto al título de Licenciado, el mismo en la actualidad es remunerado, esto refleja un gran crecimiento, por tal motivo, estamos trabajando desde Buenos Aires en un masivo grupo, al que pertenezco, el cual se denomina `Especialidades de Enfermería´ que integran colegas de todo el país, tratando de reflejar y hacer notar en el proyecto de ley Nacional la importancia de los cuidados específicos con su preparación reconocida como título de especialista y el reconocimiento monetario".

Asimismo, indicó respecto a la nueva Ley: "Existe conformidad en el desarrollo de la misma ya que se trataron los temas que se venían debatiendo hace un tiempo. En la provincia de Entre Ríos celebramos ser reconocidos como profesionales de la salud".

Por último, destacó: "Como aspecto a resaltar, creo que este es un impulso para contemplar con profesionalismo y responsabilidad el cumplimiento de dicha ley en todos sus artículos como situación de hecho para el crecimiento de las instituciones de salud desde una visión holística donde el fin único sea brindar cuidados de calidad a nuestros pacientes".

En el marco de la 14 ° sesión que celebró el Senado entrerriano, el cuerpo aprobó y pasó a Diputados para su revisión, un proyecto que modifica diversos artículos de la Ley N° 8.801 de reglamentación del Ejercicio de las Ciencias Agropecuarias y la creación del Colegio de Profesionales de la Agronomía.

Se trata de una iniciativa de autoría del senador Francisco Morchio y de su par Armando Gay. Al referirse al tema, Morchio expresó: "Es un proyecto para adecuar a las nuevas normativas poniendo la ley al día de los tiempos que corren. Entre otras cosas, con la ley de paridad de género ", destacó y puso el acento en" la buena idea del Colegio de pedirnos a los dos presidentes de bloque que seamos quienes firman como autores del proyecto para dar la discusión".

Luego, el senador Gay valoró la presentación conjunta y destacó "la demostración de una construcción en política distinta, que todos debemos tomar y profundizar. Se trata de fortalecer las coincidencias, obvio que tenemos diferencias, pero hay búsqueda de puntos de encuentro". Y consideró que la iniciativa "va en sintonía con la ley que votó esta Cámara, de contemplar la paridad de género".

Por su parte, la senadora Claudia Gieco explicó que el proyecto fue tratado "con muchísima responsabilidad" y remarcó la amplia participación del Colegio y el acompañamiento de las y los senadores.

Alrededor de 2.000 empresas pidieron registrarse en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, de las cuales 530 avanzaron en la presentación de la documentación y esperan ser evaluadas para su registro definitivo, destacó la subsecretaria del área, María Apólito

Se trata del régimen creado por la Ley 27.506, que apunta a promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones de las empresas que se dediquen a servicios basados en el conocimiento.

"Nuestro objetivo es que en un plazo de 4 meses desde que se completa la documentación podamos validar e ingresar a las empresas en el régimen", indicó en una entrevista con Télam.

También subrayó que el plan de largo plazo es incrementar las exportaciones de valor agregado con un incremento de la competitividad de las industrias de la mano de soluciones tecnológicas locales, así como asegurar la continuidad de las investigaciones en el sector público.

Los siguientes son los tramos principales de la entrevista

Télam: ¿Cuántas empresas están ya recibiendo los beneficios de la promoción de economía del conocimiento? .

María Apólito: Solicitaron la inscripción y están haciendo el proceso unas 2.000 empresas. De ellas que van completando papeles, ya hay a la primera semana de agosto 530 que cerraron la inscripción y que están siendo evaluadas para ver si cumplen todos los requisitos. Es un trabajo que estamos separando en el equipo entre las diferentes actividades.

Hay 250 empresas que vienen del régimen anterior, Estas ya son parte del régimen, lo que tuvieron que hacer fue la ratificación de la adhesión. Entre las nuevas, la mayoría son de software, seguidas por la producción audiovisual y biotecnología, industria 4.0 y servicios de investigación y desarrollo.

En el régimen anterior (la ley de promoción de la industria de software) el trámite llevaba unos 18 meses. Nosotros vamos a intentar que no pasen más de 4 meses desde que subsanan la última documentación.

T.: Los diferentes programas de capacitación, del Ministerio de Desarrollo Productivo, otros organismos, nodos del conocimiento, régimen de economía del conocimiento, ¿son parte de una misma visión integral? ¿Cómo se articulan?

MA.: La visión es la que se baja desde Presidencia y es que tenemos que lograr más producción y más empleo. Casi todos los ministerios, el de Trabajo a la cabeza, están tratando de avanzar en medidas que tienen que ver con esto.

También trabajamos con la Secretaría de Innovación y vamos a cruzar las bases de datos para ver que quienes están en Argentina Programa no sea la misma gente que está en otras becas. La capacitación de Argentina Programa es un medio para encontrar un empleo. En la última etapa intervienen directamente las empresas, casi que estamos asegurando que una persona que llega al tramo final es vista por alguna empresa del sector y se capacita no solo en un lenguaje especifico sino que lo va llevando a una transición para que sea el futuro trabajador de esa empresa.

T: La capacitación es para trabajadores de base del sector ¿Se está pensando alguna iniciativa para asegurar que no haya después un cuello de botella porque faltan ingenieros?

MA: Estamos avanzado con las universidades y con el Conicet para posibilitar incentivos por proyectos que generen desarrollos patentables o destino de propiedad intelectual. A través del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec), generar una línea para que las personas ya recibidas o en la carrera del Conicet no se vayan al sector privado sino que sigan investigando en el sector público de investigación.

Para los profesores de las universidades también estamos viendo incentivos para que se actualicen y se formen, y con las empresas tenemos un acuerdo para que les paguen de alguna manera un incentivo a quienes se quedan y terminan la carrera. Incentivos que también reconoceremos como el porcentaje capacitación que tienen que aportar

Es decir hay un parte nuestra desde la acción pública y otra parte de las empresas para sostener a los que tienen que terminar la carrera.

T: ¿La iniciativa Nodos del Conocimiento apunta a que Argentina sea un polo tecnológico en la región, a incentivar la exportación de horas hombre o de valor agregado?

MA: Nosotros creemos que el sector de software está lo suficientemente maduro para pensar que puede exportar calidad en términos de innovación y licencias, no horas hombre. Yo imagino que con los nodos las empresas de software de San Juan se dediquen a pensar soluciones al sector de la minería y que puedan ser ellas las que aporten a las pymes y multinacionales las soluciones tecnológicas para llegar a una minería 4.0, y que las empresas no traigan un llave en mano desde Australia porque la empresa que se instala es australiana.

El concepto es que estos nodos tengan alguna especialización orientada a la matriz productiva donde están insertos. Lo mismo con la biotecnología. Además de lograr esta coordinación virtuosa entre Estado, academia y sector productivo; buscamos que se orienten a la matriz productiva para que sea más competitiva localmente. Si después que logramos la competitividad local salimos a vender las soluciones al mundo, mucho mejor.

Hay sectores que están mucho más cerca de eso y otros que los tendremos esperar.

T: ¿Soluciones verticales para que la industria sea más competitiva en el exterior y a su vez que las soluciones verticales se puedan exportar en sí mismas?

MA: Es el plan de largo plazo y hay muchas cosas que tienen que coincidir. Tenemos que pensar en un Conicet distinto más orientado al sector productivo; mejorar nuestra currícula universitarias para adecuarla a las necesidades productivas para lo cual ya hay alguna iniciativa del ministerio de Educación.

Va a llevar un tiempo ordenar las acciones del Estado, pero trataremos de ir liderando aquellas en las que les podemos resolver al sector productivo argentino algunas cuestiones más rápidamente .

Este miércoles 18 de agosto se ejecuta el primero de los dos paros dispuestos por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) contra lo que consideran una "derogación de facto" de la ley que establece el sistema salarial del Poder Judicial entrerriano, por parte del Gobierno provincial.

"Estamos muy conformes con los porcentajes de acatamiento, son muy altos en toda la provincia", expresó Brnusak al dar a conocer la adhesión de las distintas filiales a la medida, que alcanzó el 95,5% en Concordia; 90% en Paraná; 95% en Gualeguaychú; 80% en Uruguay y 100% en Federación y Villaguay. Además se registró un 95% de acatamiento en Federal, Colón y Gualeguay; en Victoria un 96%; en Nogoyá 85%; en Diamante y Tala casi 100%; y 80% en la filial La Paz-Feliciano.

En tanto, Brnusak destacó la situación del personal judicial de San Salvador, donde no hay filial de AJER. En otras oportunidades sólo dos trabajadores acataban las acciones gremiales, pero esta vez, gracias al acompañamiento de la filial Concordia "se encuentran más contenidos" y se plegaron a la medida, alcanzando un 50% de adhesión.

· Continuidad de las medidas

El plan de lucha -que fue definido en Plenario provincial de AJER- continuará la semana próxima con otro paro total de actividades de 24 horas el miércoles 25 de agosto, sin asistencia a los lugares de trabajo y con quite de colaboración.

Luego, el viernes 27 de agosto, se celebrará un nuevo Plenario provincial en el que se evaluará, de acuerdo a la respuesta del Gobierno, si se continúan o intensifican las acciones gremiales.

AJER también resolvió realizar las consultas para iniciar las acciones legales correspondientes.

La medida de fuerza es en reclamo a "la inmediata restitución y aplicación integral" de la Ley 10.068, denominada ley de enganche, que establece el sistema salarial del Poder Judicial y que había quedado suspendida mientras regía la ley de emergencia provincial. Al no prorrogarse la emergencia, la ley de enganche se encuentra actualmente en vigencia. Pese a ello, el Gobierno otorgó al sector, mediante el decreto N° 1.805, un aumento salarial del 8%. Los judiciales consideran que esto constituye "una derogación de facto" de la ley de enganche.

Tres comisiones del Senado entrerriano retomarán el trabajo legislativo esta semana bajo modalidad no presencial. En principio este martes a las 11, está previsto que la Comisión de Legislación General que preside la senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista), se reúna para tratar el expediente N° 13.881 por el que se propone un nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la violencia contra las mujeres por razones de género.

En tanto, el miércoles a las 9, se convoca a las y los senadores de la Comisión de Producción, que preside el senador por el departamento Gualeguay, Francisco Morchio (Cambiemos), para abordar el expediente N° 13786 por el que se declara de Interés Provincial la Generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, adhiriendo la provincia a la ley nacional N° 27.242 de fomento a la generación de energía eléctrica de origen renovable.

Del mismo modo, tratarán el expediente N° 14043 por el que se modifican artículos de la ley N°8250 Inspección Veterinaria.

En otro orden, trabajarán el expediente N° 14044 por el que se modifican artículos de la ley N° 7292 Faenamiento, abastecimiento, industrialización, transporte y comercialización de carne para el consumo interno.

A partir de las 10 está convocada la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que preside Ester González (Feliciano-Frente Justicialista) para abordar el expediente que tiene por objeto regular el patrimonio cultural de bienes materiales e inmateriales de la provincia, además de adherir a la Ley Nacional N°25.197 sobre Régimen del Registro del Patrimonio Cultural.

Los bloques de senadores, senadoras, diputados y diputadas del Frente Justicialista Creer Entre Ríos manifestaron su apoyo a la decisión del gobernador Gustavo Bordet de no prorrogar la vigencia de la ley de emergencia en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional en la provincia, cuyo plazo inicial vence el 30 de junio. La norma contempla la posibilidad de una extensión de seis meses, que el Ejecutivo provincial no utilizará.

"Con mucho orgullo podemos decirle hoy a los entrerrianos y las entrerrianas que su gobierno provincial utilizó esta herramienta, junto a otras decisiones de gestión, para darle sustentabilidad a la provincia en medio de un contexto inédito e imprevisible", se indicó en una declaración conjunta.

En el mismo sentido, se destacó que los 2.000 millones de pesos adicionales que surgieron de la aplicación de esta ley fueron invertidos en el sistema de salud, en políticas sociales, de seguridad y en el sistema previsional en el marco de la pandemia.

También indicaron que gracias a las políticas de austeridad y a la mejora en la calidad del gasto público, la provincia pudo incrementar la inversión total en lo que va de la emergencia sanitaria en casi 4.000 millones de pesos. Destacaron además que la renegociación de la deuda provincial que se llevó adelante permitió también un alivio en las finanzas.

"Por eso agradecemos a entrerrianos y entrerrianas haber comprendido la situación en la que nos puso la pandemia y felicitamos al gobernador Gustavo Bordet por respetar la palabra empeñada, como siempre lo hace, en cuanto a no extender la vigencia de la ley si no resultaba necesario", se indicó en la declaración.

"Hoy la prórroga de la ley no hace falta y eso es producto de políticas públicas serias llevadas adelante en un contexto absolutamente adverso, lo que nos llena de orgullo y satisfacción", añade el texto.

El Gobierno nacional reglamentó parte de los cambios a la Ley de Impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría, con lo cual entran en vigencia los modificaciones dispuestas mediante la ley 27.617, sancionada en el Congreso el mes pasado.

De esta manera, la reducción del impuesto a las ganancias para los aportantes del sistema hará que cerca de 1.270.000 de trabajadores y jubilados que cobran hasta $150.000 en bruto dejen de pagar este impuesto con retroactividad a enero, monto a partir del cual se conformará una nueva escala de deducciones.

La devolución de los importes retenidos se hará en 5 cuotas a partir del mes de julio, lo que equivale a un esfuerzo fiscal de más de $40.000 millones.

La reducción en ganancias forma parte del paquete de medidas que se han ido anunciando para morigerar el impacto de la segunda ola de coronavirus que supone un gasto total, por encima de lo establecido en el Presupuesto 2021, superior a los $480.000 millones o el equivalente de 1,3% del PIB.

El decreto 336, publicado hoy en el Boletín Oficial, excluye al aguinaldo del cálculo de la base imponible; elimina el tope de deducción por hijos con discapacidad; introduce la figura de concubino dentro de las cargas de familia; y exime del pago a las horas horas extras o guardias del personal de salud hasta septiembre.

El decreto reglamentó la normativa con el fin de brindar precisiones respecto de las nuevas exenciones introducidas en el tributo, así como establecer las pautas para el cómputo de la deducción adicional y los parámetros para su incremento en los casos definidos en la ley.

A partir de los cambios que entran en vigencia se elevó el mínimo no imponible para el pago de Ganancias para retirados, jubilados y pensionados, de seis a ocho haberes mínimos garantizados.

En adelante, sólo pagarán el impuesto los beneficiarios que perciben haberes brutos iguales o mayores a $164.571,52 mensuales y este piso se ajustará automáticamente cada tres meses, por aplicación de la ley de movilidad jubilatoria.

Este beneficio para retirados, jubilados y pensionados aplicará siempre y cuando el contribuyente no tenga otros ingresos distintos a los del haber de pasividad.

Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única.

Asimismo, se excluye del cálculo del impuesto el pago del sueldo anual complementario para quienes los haberes brutos mensuales no superen la suma de $150.000.

Se incrementa en una vez el monto a deducir por cada hijo o hija con discapacidad y se amplía la deducción prevista por cónyuge, a los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo.

Del mismo modo, se excluye del gravamen el reintegro documentado con comprobantes de gastos de guardería y/o jardín materno infantil para hijos, hijas, hijastros e hijastras de hasta tres años, siempre que revistan para la trabajadora o el trabajador la condición de cargas de familia.

La Secretaría de Comercio Interior estableció la obligatoriedad, en todos los comercios alcanzados por la Ley de Góndolas, de señalizar con una cartelería destacada el producto de menor precio por unidad de medida.

Lo hizo a través de la resolución 485/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, que reglamentó el inciso C) del artículo 7 de la Ley de Góndolas, que exige que los productos más baratos por unidad en cada góndola deben estar a altura equidistante entre el primer y el último estante, y determina que el valor no puede ser de "carácter transitorio".

De esta forma, el precio más bajo no podrá surgir de ofertas, bonificaciones o descuentos de cualquier tipo.

A su vez, el producto más barato deberá estar exhibido con cartelería perpendicular a la góndola que indique la leyenda de "MENOR PRECIO por unidad de medida. Ley 27.545".

El objetivo de esta medida es profundizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Góndolas, robusteciendo la competencia y dando mayor transparencia a la comercialización de determinados productos para el beneficio de las consumidoras y consumidores.

La ley busca generar un trato igualitario entre los diferentes proveedores para evitar prácticas que perjudiquen o pongan en riesgo la libre competencia o generen distorsiones de mercado, y ampliar la oferta de productos, para que puedan tener un lugar en la góndola aquellos bienes elaborados por las micro, pequeñas y medianas empresas, o por el sector de la agricultura familiar, campesina, indígena, de la economía popular y de cooperativas y asociaciones mutuales.

La lista de productos, considerados esenciales, abarcados por esta resolución está compuesta por: leches fresca y larga vida, manteca, queso crema, yogur bebible y no bebible, tapas para tarta y empanadas, mayonesa, conserva de tomate en puré y en lata, pastas secas, arroz, harina de maíz, aceite de girasol, pan rallado y rebozadores.

También se incluyen harina de trigo, panes envasados, galletitas de agua, yerba mate, mermeladas, dulces y jaleas, dulce de leche, azúcar blanca, agua sin gas, desodorantes y antitranspirantes, jabón de tocador, champú, acondicionador, algodones, cremas dentales, pañales infantiles y para adultos,

Del mismo modo, contiene productos de gestión menstrual, jabón líquido, en polvo y suavizantes para ropa, lavandina líquida (excepto para ropa), detergente, limpiadores para pisos, repelente, papel higiénico y rollos de cocina.

La resolución entrará en vigencia a partir del 26 de mayo próximo.

Fuente: Télam

Los judiciales iniciaron el lunes pasado un plan de lucha que consiste en asambleas de dos horas, con retención de servicios, los días lunes y jueves, durante todo el mes de marzo. La modalidad de la protesta "la define cada una de las 15 filiales", explicó a esta Agencia el secretario general de AJER, Mario Brnuzak. Lo mismo ocurre con el horario en que se aplica la medida, aunque "la mayoría la implementa de 11 a 13", detalló.

Este jueves en todas las localidades realizaron "manifestaciones fuera de los edificios, con carteles, pancartas y haciendo un poco de ruido", comentó el titular del sindicato. En Paraná, en tanto, también marcharon alrededor de Casa de Gobierno.

Brnuzak informó que hasta el momento no han tenido ningún acercamiento ni han recibido convocatoria al diálogo, ni de parte de las autoridades del Poder Ejecutivo ni del Judicial. "Creemos que todavía no va a haber conversaciones", estimó al respecto.

En tanto, aseguró: "Por ahora seguimos de cerca las paritarias, porque estamos con la ley de enganche suspendida por la ley de emergencia, y a raíz de eso tenemos la misma actualización salarial que el Gobierno otorga en paritarias". Sobre este punto agregó: "Tenemos entendido que al momento de cerrar las paritarias, el Gobierno prometió volver a abrirlas en mayo".

Los judiciales rechazan la suba salarial "concedida unilateralmente por el Gobierno", la cual aseguran "dista mucho del 15% anunciado". Según se precisó desde el gremio, para los primeros cargos del escalafón con poca antigüedad, ese porcentaje representa una "cifra irrisoria".

"El 15% es mentiroso, realmente no impacta en el bolsillo del trabajador. Y uno de los motivos es la ley de emergencia", sostuvo Brnuzak en declaraciones a esta Agencia.

Por último anunció que la semana próxima, lunes y jueves, continuarán las acciones en las 15 filiales de la provincia, y se prevén movilizaciones en algunas localidades, entre ellas Gualeguay. (APFDigital)

Lucy Grimalt, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Entre Ríos, dio cuenta en Telenoche de cómo se prepara la provincia para comenzar a aplicar la Ley de aborto Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-.

"Estamos organizando en forma progresiva ir formando equipos de salud para ampliar el servicio. Es algo que ya había por causales, pero ahora se incorpora la interrupción voluntaria hasta la semana 14" indicó la especialista. Y agregó: "La interrupción es parte de las prácticas obstétricas que ya se venían realizando".

Durante un acto que encabezará el jueves a las 18.30 el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, quedará promulgada la ley del aborto sancionada el 30 de diciembre. El jefe de Estado también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1.000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado el mismo día.

Según se anticipó, con ese acto el Gobierno buscará resaltar el peso histórico de la ley del aborto, que para sus impulsores amplía los derechos de las mujeres, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.

Además, el gobierno de Alberto Fernández hará hincapié en que Argentina se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en disponer de una legislación de este tipo y se sumó a una lista de 66 naciones del mundo que permiten el aborto, mayoritariamente ubicadas en el hemisferio norte.

Hasta ahora la ley exponía a las mujeres que acudían al aborto a una condena de cárcel y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante. Ahora, las mujeres podrán interrumpir un embarazo hasta la semana 14 sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.

La ceremonia, prevista para las 18.30, reunirá a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladores nacionales y a la mayoría de los funcionarios del Gabinete nacional, entre ellos, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con un rol clave en la motorización de la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Los 1.000 días

El plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

El objetivo apunta a afianzar el "derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad" para las "niñas y los niños con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años, personas que cursen embarazos de alto riesgo o padezcan trombofilia, mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género y niñas y adolescentes embarazadas.

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández el Gobierno oficializó la ley de movilidad jubilatoria, sancionada el martes en Diputados. La actualización de haberes combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación de los salarios, que surge del porcentaje más alto entre el medido por el INDEC y el índice RIPTE que realiza el Ministerio de Trabajo. No tiene en cuenta la inflación, lo que fue cuestionado por la oposición.

Lay ley se promulgó a través del decreto 1/2021 publicado en el Boletín Oficial y determinó que las actualizaciones en jubilaciones, pensiones y asignaciones se aplicarán trimestralmente a partir del 1° de marzo. Abarcarán además a los haberes correspondientes a junio, septiembre y diciembre.

El cálculo es similar al que se estableció en 2008 durante el primer mandato presidencial de Cristina Kirchner. La fórmula estuvo vigente hasta fines de 2017 cuando el gobierno de Cambiemos consiguió que se votara una diferente metodología de actualizaciones de haberes, que tenía en cuenta la variación de precios como uno de sus componentes.

La directora ejecutiva de la Anses Fernanda Raverta afirmó que con la nueva fórmula más de 7,2 millones de jubilados y pensionados tendrán "la previsibilidad de un aumento trimestral" en los haberes. Sostuvo que con los aumentos por decreto lograron una mejora de 35,3%, lo que señaló que "representó mejores aumentos que en cualquier actividad de cualquier sector de trabajadores activos".

El Presidente anunció el domingo en un acto en Chapadmalal que promulgaría la ley y dijo que está "muy contento de que el decreto número uno del año sea para los jubilados". Señaló que cuando asumió en diciembre de 2019 dijo que "tenía una prioridad, que era prestarles más atención a los más necesitados".

Sostuvo en referencia a las críticas de la oposición por la ley: "Los que se quejan de que no sostuvimos la fórmula de la gestión anterior son los mismos que hicieron caer el 20% el ingreso real de los jubilados". Dijo que la nueva fórmula "en términos reales hará crecer el 20% de los ingresos".

La Ley de Góndolas, que el Congreso Nacional aprobó en febrero en el cierre de las anteriores sesiones extraordinarias, y que estaba pendiente de reglamentación, se aplicará desde la semana venidera. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que se está terminando la reglamentación de la norma para su publicación en el Boletín Oficial. Consideró que su puesta en funcionamiento "implicará que haya mayor oferta en la misma góndola y eso hará que exista la posibilidad de juego de competencia, y los precios tiendan a mantenerse estables o hasta incluso en las promociones a bajar un poco".

La ley tiene por objetivo contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar "sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores". Además, apunta a "evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado".

La norma establece que los productos de una marca no pueden ocupar más del 30 por ciento de la góndola y que de un producto, por ejemplo, de fideos o galletitas, debe haber, como mínimo, cinco marcas diferentes. A su vez, el 25 por ciento de los productos deben ser de las Pymes, cooperativas o mutuales y el 5 por ciento de los productos deben ser de empresas de agricultura familiar, campesina o indígena o de la economía popular.

También se consigna que los productos de menor precio deben estar en el sector medio de la góndola y en la primera página del sitio web donde se muestren los productos; mientras que en la isla de exhibición y en los exhibidores que están pegados a la caja donde se cobra, el 50 por ciento del espacio debe estar ocupado por productos de micro y pequeñas empresas nacionales, de cooperativas y de mutuales.

En otro apartado, se indica que los supermercados deberán contemplar distintos plazos y condiciones de contratación a los distintos proveedores según sean pymes o sectores de la economía popular, y no podrán exigir aportes o adelantos financieros a los proveedores ni imponerles la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión como condición para exhibir los productos.

De acuerdo con informe de Focus Market, los precios de los productos de consumo masivo continúan al alza en noviembre, incluso en un contexto en el que el consumo masivo tuvo una caída fue de 4 por ciento.

Las categorías de productos que más aumentaron en noviembre respecto del mes anterior se encuentran aceite (9,8 por ciento), chocolates (9,4), jugos líquidos (6,6), aguas saborizadas sin gas (6,6), salchichas (6,6), snacks (5,8), pan de molde (5,3), té (4,6), galletas (4,6) y aguas saborizadas con gas (4,5).

Según el relevamiento, las categorías de productos que más aumentaron en forma interanual en noviembre son aceite (75,3), yerba (74,3), azúcar (66,9), huevos (63,8), arroz (62,4), té (55,5), conservas (54,6), enlatado de pescado (52), pan de molde (51,8) y puré de tomate (50,3).